El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, lo que podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo que el oficialismo está detrás de ese objetivo para semillas. En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola. El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a 10 millones de pesos.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada. Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara baja, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo.
«La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)», indicó Benedetti. De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la mismísima industria semillera, que si juega mal sus cartas se arriesga a un primer tractorazo «en contra» por parte de los chacareros más chicos, que entre cánones y agroquímicos dolarizados, viven literalmente cambiando la plata. Son tantos los que han cerrado sus empresas que el frente político de las entidades del campo, tan monolítico en 2008, hoy se va agrietando porque «el chiquitaje» está que hierve. Nada quiebra tanto ese tipo de poder como las quiebras.
Hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas. Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. «Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante», apuntó el legislador.
¿Entonces lo que sugiere Benedetti es que como Monsanto (que ya no existe, ahora es Bayer) hizo siempre lo que se le daba la gana con los productores, lo puedan hacer también todas las demás firmas de biociencias, las llamadas «obtentoras»?
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja Bt, resistente a larvas taladradoras, y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. Pero desde mucho antes, a pocos años de introducir en 1994 su primera semilla «best seller», la RR, resistente al desmalezador glifosato, empezó a hacer controles propios en los puertos, con un oficial de justicia, algún ejecutivo de la firma y los químicos de la misma, con equipos de detección capaces de dar positivos aún en casos de que soja no recombinante se hubiera mezclado con algo de RR, lo que sucede inevitablemente en todo silo y todo acopio. En esos casos, el «señalado» tenía que pagar al contado e «in situ» el canon, o no embarcaba, y se le pudría la camionada en puerto.
Era tan irritante el manejo del aparato de Justicia que exhibía Monsanto que para evitar episodios violentos se legisló una resolución oficial, la cual determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) podía realizar este tipo de controles.
AgendAR había publicado hace un año Cuestionan el apuro del gobierno por la Ley de Semillas.