Ayer hablamos en AgendAR de Vicentin y su ruta, de la firma que fundaron los hermanos Máximo, Pedro y Roberto Vicentin, llegados desde Italia en 1920, a gran exportadora de cereales, al default, convocatoria y acusación judicial. El licenciado Roberto Pons, Magister en Economía de la UBA y apreciado formador de economistas, explica por qué ese camino resultó primero tentador y después inevitable:
«No quiero caer en una discusión ideológica ni de oportunidad política sobre el envío al Congreso Nacional del pedido de utilidad pública y posterior expropiación para la empresa Vicentin. Solo digo que la expropiación es una institución jurídica bicentenaria en la Argentina (artículos 123 y 124 del proyecto de Constitución aprobado en 1819 por el Congreso de Tucumán, cuando aún Venezuela no existía como país) y tiene mucho más de doscientos años de vigencia en Europa. Y las razones de política de Estado y de defensa de otra gran institución jurídica-económica, la propiedad privada, se debatirán en el Congreso.
Por eso quisiera exponer el contexto en el cual esta medida ha entrado a discutirse. Vicentin, hasta la cosecha 2015/16 era una próspera empresa agro-industrial, con un crecimiento constante y sano económicamente. No solo se transformó en uno de los más importantes exportadores de aceites y otros productos, sino que además se fue diversificando en varios otros negocios agro-industriales.
Como cualquier otra empresa que se mueve en este rubro, el crédito cumplía la función que los fundadores de la teoría económica -Adam Smith, para citar a un referente de la confianza en la libre empresa y las señales del mercado- consideraban que debía ser: el lubricante del funcionamiento de la economía real. Y el Banco Nación allí estaba, teniendo en Vicentín una empresa confiable y solvente, en un negocio que siempre es rentable. Escuché a un dirigente rural cooperativista decir que los productores son desconfiados y sólo negocian con aquellas empresas que le merecen confianza.
En otros términos, el crecimiento sano y constante de Vicentín durante decenas de años es el resultado de su propios méritos de gestión, de la confianza que daba a sus productores y también del concurso del Banco Nación, pre-financiando exportaciones, además de otras líneas de crédito.
Pero pasaron cosas. Cambiaron las reglas de juego. Un día el Estado consideró que las retenciones a la exportación eran una pesada herencia y que los exportadores no tenían la obligación de liquidar las divisas al momento de hacer líquidas sus exportaciones, y que para esterilizar la entrada de dólares por los préstamos había que crear instrumentos financieros con altas tasas de interés y de rentabilidad.
Y Vicentín, a partir del 2016 se adaptó perfectamente a las nuevas reglas de juego.
Si el propio Gobierno muestra desprecio por las retenciones y su cuerpo de Ministros se maneja con fondos en paraísos fiscales, no se preocuparán demasiado si la empresa se vende a sí misma exportando (triangulando) a sociedades creadas ad-hoc en Paraguay y en Uruguay.
Si el propio Estado me propone que no liquide las exportaciones, por qué voy a cancelar la prefinanciación que me otorgan los bancos, especialmente el Nación. Y si el BCRA me promociona la entrada de divisas para “arbitrar” con la tasa de interés (la llamada popularmente bicicleta financiera), por qué no aprovechar la ocasión y crear el único Fideicomiso de Exportación que tiene la Argentina: VICENTIN EXPORTACIONES.
Resulta, entonces, que puedo simultáneamente tener la ventaja de disponer de dólares afuera y dólares adentro, apalancándome con la prefinanciación de exportaciones que renuevo permanentemente en el BANCO NACION y colocando participaciones del FIDEICOMISO en el exterior para especular financieramente en la Argentina. ¿Y cuál sería mi garantía en ambos casos? Pues las mismas cartas de crédito de exportación!
Alguien dirá que si exporto por 4.000 millones de dólares y me endeudo en la Argentina en 300 millones y otros 300 en el Fideicomiso, todo suma sólo un 15% del valor de mis cartas de crédito. Pero, si mi rentabilidad bruta no llega al 5%, es menor que las tasas de interés que han subido: no puedo solventar el endeudamiento si se frena la rueda de la fortuna.
Y pasaron otras cosas: Macri tuvo que aumentar las retenciones a la exportación y tuvo que obligar a ingresar las divisas de exportación después de las PASO. El castillo se cae, los productores no cobran y el Estado bobo no cobra y comienzo a negociar con mi socio externo, GLENCORE, el traspaso de acciones de la empresa controlante del Grupo, RENOVA.
Se apresura la devaluación y el Banco Nación, al que han descapitalizado, pasa a tener a fines de 2019, un deudor que supera coeficientes técnicos que el BCRA acepta como riesgo de crédito. Y pasaron otras cosas: en el Banco Nación asumen las autoridades de otro Gobierno y ponen la lupa sobre este tema.
Cuando esto sucede y aún no se hablaba de concurso ni de quiebra, me sorprendió que ante la negativa de los productores, que dejaron de tener confianza, a abastecer de granos a las aceiteras -técnicamente es muy perjudicial que paren– fueron sus competidores, Cargill entre otros, que le “prestaron grano” para que continuara la producción. Me recordó una charla con Felix Luna, que, refiriéndose al código de camaradería entre los militares, decía que el código penal lo denominaba complicidad.
Me queda una última reflexión. Si la empresa está concursada, debería estar asegurada la integridad del interés de los acreedores por el Juez y el síndico. Pero la quiebra es de una, y sola una, firma de la densa red de empresas del GRUPO, siendo la controladora una tercera. El Juez hasta que no demuestre que es un grupo económico para hacerlo responsable del conjunto del negocio, solo tiene en sus manos una empresa con deudas – principalmente con el Estado, los productores y potencialmente los trabajadores – y con poco o casi nada para responder.»
Roberto Pons
