El veterano periodista y profesor de Historia, Fernando Del Corro, escribió esta provocativa crónica de un default argentino, y su reestructuración, hace 130 años. La compartimos:
«El endeudamiento externo y la eventual cesación de pagos forman parte de las endemias argentinas. En el primer caso desde los albores de la independencia, con el legendario -y oprobioso- empréstito de la británica Baring Brothers tomado por la administración rivadaviana en 1824; en el segundo, a partir de la crisis que el modelo agroexportador de la generación del ´80 ya tuvo a una década de su formalización, cuando en 1890 el presidente Juárez Celman fuera obligado a renunciar y en su reemplazo asumiera su vicepresidente Carlos Pellegrini.
Fue en esa circunstancia cuando la misma banca Baring Brothers, principal agente financiero del estado nacional, estuvo a punto de cerrar sus puertas, de resultas del colapso argentino, mientras diversos exponentes del mundo internacional de las finanzas solicitaban la invasión a nuestro país. Se destacó entre ellos George Campbell, marqués de Lorne, que en la “Deutsche Revue” pidió a Alemania la ocupación militar, en términos más o menos coincidentes con los expuestos al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda por las autoridades del entonces Banco de Londres y América del Sur, hoy Lloyd’s Bank.
Mientras el gobierno de Pellegrini, surgido de la crisis de 1890, trataba de ordenar las finanzas y afrontar la crisis externa, el 24 de julio de 1891, el gerente de la sucursal Buenos Aires del Banco de Londres, de apellido Pritchard, planteó a James Ferguson, subsecretario del Foreign Office, las pretensiones de los inversores ingleses en la Argentina. “La condición del país es tal que sólo la intervención de otras potencias puede determinar un buen gobierno y, lo más efectivo de todo, sería que, de acuerdo con otras, alguna potencia interviniera y estableciera un gobierno provisional. Ninguna está interesada como Gran Bretaña, pues los súbditos británicos tienen invertidos 200 millones de libras en el país”, señaló el reclamo donde, además, se sugirió hacer participar de la operación militar a los Estados Unidos de América.
Todo ello tenía una explicación. Pellegrini, acuciado por los problemas de las finanzas públicas había aplicado impuestos especiales sobre los depósitos constituidos en los bancos extranjeros y sobre los dividendos de éstos. Algo acorde con los reclamos sociales según surge de los informes de junio de 1891 de dos funcionarios de la embajada británica como Pakenham y Hervet. Este último, agregado comercial, llegó a poner en duda que pudiese permanecer en la Argentina a raíz de los sentimientos antibritánicos que incluyeron manifestaciones violentas frente al propio Banco de Londres. Los ahorristas, en tanto, retiraban sus depósitos de las entidades financieras de ese origen, provocando una fuerte corrida.
Una prueba de los ánimos de cobrar deudas a los tiros vigentes por aquellos años la dio la invasión, en 1902, precisamente por parte de Alemania y el Reino Unido, más Italia, a Venezuela. Fue frenada, y no casualmente, por la fuerte presión que el gobierno argentino hiciera ante la administración estadounidense de Theodore Roosevelt quien, a su vez, obligó al retiro de las tropas europeas que ya habían ocupado varios puertos de esa nación caribeña. Una circunstancia que dio lugar a la famosa doctrina del canciller argentino Luis María Drago, según la cual no es lícito cobrar deudas por la fuerza.
La invasión a la Argentina no se concretó, entre otros motivos, por la oposición del entonces canciller de Gran Bretaña, Robert Cecil, marqués de Salisbury. Ante el rechazo de la invasión por parte de lord Salisbury, la empresa “Morton, Rose & Co” propuso una alternativa menos violenta.
Visionariamente, se anticipó al actual Fondo Monetario Internacional y pidió la instalación en Buenos Aires de un representante permanente del gobierno de Su Majestad cuya misión fuese controlar la economía argentina y orientar al gobierno del país sobre las políticas a implementar. Algo que tampoco aceptó el titular del Foreign Office a pesar de las muchas presiones de los grupos económicos con intereses en esta orilla del Río de la Plata, incluso a pesar de opiniones como la vertida por la revista The Bankers Magazine el 20 de junio de 1891: “Hoy día existen en Buenos Aires docenas de hombres que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado a la Justicia.»
«Hay muchos ocupando prominentes posiciones en el Parlamento, que estuvieron implicados en las transacciones que condujeron a la revuelta de julio (de 1890)». No todos los acreedores participaban de los mismos criterios. Por ejemplo el barón de Rothschild fue de los partidarios de un acuerdo aún contra algunas posturas del propio Banco de Inglaterra que sostenía una línea más dura. Fue así que en enero de 1891 ya Rothschild, que con un grupo de acreedores había impuesto su criterio a dicho banco, firmó un acuerdo con el gobierno argentino por el que se otorgó al país un empréstito de consolidación y un período de gracia para el pago de deudas por espacio de tres años sin compromisos de adoptar políticas determinadas.
Claro que Pellegrini, para afrontar la crisis ya había adoptado medidas. Por ejemplo, una de ellas, fue solicitar a los bancos extranjeros un aporte especial por 50 millones de pesos que, transformados en oro, sirvieron para amortizar parte del capital adeudado a la Baring.
Muchos no vieron ese acuerdo de buen agrado. Así lo relató el Buenos Aires Standard el 5 de junio de 1891: “Los banqueros y millonarios de Londres no pueden tener idea de los amargos sentimientos engendrados por el infortunado préstamo “Moratoribus – Rothschild”. Aparentemente imaginaban estar haciendo un gran favor a la Argentina al impedir la bancarrota financiera de Baring Brothers. Pero todo el negocio se ve aquí desde una perspectiva muy diferente.»
«Las banderas inglesas en la Plaza Victoria fueron desgarradas por argentinos bien trajeados y la reciente corrida para retirar fondos del Banco de Londres fue celebrada y aplaudida en muchos círculos que anteriormente nunca nos habían demostrado ninguna mala voluntad.»
El gran arreglo se logró más tarde, 127 años atrás, cuando el presidente Luis Sáenz Peña retomó la negociación con los acreedores. Allí fue decisiva la intervención del ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien impuso que Argentina pagase de acuerdo con su posibilidad real de pago, sin caer en nuevos endeudamientos.
El 3 de julio de 1893 Romero, mediante un nuevo acuerdo con Rothschild en Londres obtuvo una reducción de los intereses de un tercio durante un lustro. Se pactó que en ese período se debían girar al Banco de Inglaterra 1.565.000 libras y que el mismo se encargara de ir pagando a los tenedores de bonos argentinos. Fue el llamado “Arreglo Romero”.
Dicho arreglo, pactado en forma directa con los acreedores, también resolvió la cuestión de las deudas provinciales que fueron asumidas por la Nación al tiempo que se eliminaron las garantías reales que habían sido otorgadas oportunamente.
Para Romero, según instrucciones a los negociadores, debía descartarse tomar nuevas deudas para pagar las anteriores porque ello lleva, necesariamente, a un callejón sin salida. Y lo esencial fue que el dinero para el pago de la deuda debía surgir de los superávits de la balanza comercial. Si no los había se postergaba automáticamente el vencimiento del caso.
Los acreedores querían cobrar y ayudaron a incrementar la adquisición de bienes en la Argentina y las importaciones desde nuestro país. Como sostenían los romanos inspirados en el dios Jano, el de las dos caras, más de dos milenios atrás, estudiar el pasado con una de ellas es clave para proyectar el futuro con la otra.»
Fernando Del Corro