El Senado aprobó anoche con cambios el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, por lo cual la iniciativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados deberá retornar a ese recinto para su ratificación. Esto fue anticipado en una exhaustiva nota publicada en AgendAR hace dos días, donde se detallan las modificaciones sufridas por el proyecto original desde diciembre de 2019
La iniciativa fue aprobada por el Frente de Todos con 42 votos afirmativos, con la ausencia de Juntos por el Cambio, que se retiró del recinto en rechazo al protocolo de sesiones virtuales.
La norma incentiva la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización y reemplaza a la ley 27.506, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno en enero pasado.
Al abrir el debate, el senador oficialista, Alfredo Luenzo, señaló que «este nuevo proyecto de ley apunta a generar empleabilidad, capacitación y mayores inversiones en investigación y desarrollo. Por cada dólar de costo fiscal se espera exportar 33 dólares. Hemos incorporado modificaciones para hacer una ley virtuosa».
A su turno, su compañera de bancada, la senadora salteña Nora del Valle, expresó: «Esta ley ha conjugado dos cuestiones, la normativa que hacía falta para regular el desarrollo del sector y un régimen fiscal a través de un régimen de promociones. Va a ser un aporte para el desarrollo y el mejoramiento de nuestra matriz productiva».
En tanto, el senador de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmermann, advirtió que el nuevo texto modificado reduce los incentivos dados a las empresas. «Entendemos que este es un capital que está relacionado a lo personal, al talento y que si no tienen un marco normativo, pueden estar tentados por otros países. El proyecto proveniente de Diputados posee mayores incentivos fiscales que el modificado».
Para el senador pampeano del Frente de Todos, Daniel Lovera, destacó la importancia de este sector para la economía argentina. «Es el tercer complejo exportador del país. Las modificaciones propuestas tienen especial consideración por las Pymes y un marcado perfil federal».
Por su parte, el senador Oscar Parrilli advirtió la necesidad de “ser muy cautelosos en la administración de la ley para evitar que haya empresarios que la utilicen para obtener ganancias a costa del Estado».
Para el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, las modificaciones “limitan la ley y ponen “trabas a esta industria”. “No estamos en desacuerdo con cuidar los recursos del Estado, pero necesitamos generar confianza, porque esta ley busca crear empleo y ampliar un sector”. “Es muy importante que sancionemos rápidamente esta ley, por eso planteamos aprobar la versión que vino de Diputados”.
Al cierre, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, indicó: «Hemos llegado a un mejor proyecto del que vino de la Cámara de Diputados porque hemos mantenido reuniones con el Gobierno, empresarios, el sector gremial”. “Estamos generando una mejor ley para que las empresas generen empleo, pero para que también generen divisas”.
Tras su sanción en Diputados el pasado 25 de junio, los senadores introdujeron una serie de modificaciones a la iniciativa que propone un esquema de tramos para el beneficio en Impuesto a las Ganancias para las empresas del sector. El texto original preveía un descuento del 60% para todos y ahora se plantea que ese porcentaje sea para las empresas chicas, mientras que sería de 40% para las medianas y sólo del 20% para las más grandes.
Además, se incorporó una definición más detallada de los servicios profesionales alcanzados por el régimen de promoción y se estableció que accederán «únicamente en la medida que sean de exportación y que estén comprendidos» en rubros como «jurídicos y contabilidad, traducción, publicidad, diseño, arquitectura y recursos humanos».
También, se estableció que el bono fiscal a otorgar a las empresas alcanzadas, que equivaldrá al 70% de las contribuciones patronales, será intransferible y por 24 meses, no aplicable para Ganancias.
Para acceder a los beneficios las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas o presentar un caso ante la Autoridad de Aplicación cuando no alcance ese porcentaje.