Un proyecto de ley que dispone aplicar sellos de advertencia a los alimentos con exceso de azúcares, grasas y sodio, genera fuerte rechazo en la industria. Ayer, un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen favorable.
El forcejeo en torno a una medida que busca la protección del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de la población ha durado mucho. En AgendAR lo hemos seguido de cerca, desde que la OMS comenzó a exigirlo, casi 3 años atrás. La nota más reciente: Etiquetado frontal: la ley para saber qué comemos, y el lobby que la enfrenta. Ahora, el debate se calentó.
«El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen «natural», «light», «2×1», «sin azúcares», «0 calorías»: algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal.
¿Qué tiene mi comida?
El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.
Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, algo que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos.
Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.
Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.
Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas.
Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.
Días antes de que se reiniciara la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur.
Finalmente, el etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen favorable en Diputados y está más cerca de convertirse en ley. Por amplia mayoría, un plenario de comisiones votó sin cambios el proyecto de ley con media sanción del Senado. Los envases tendráctógonos negros para informar la presencia de alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. Las sociedades médicas y las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el avance.
Igualmente, la historia no ha terminado. Si bien el dictamente fue acompañado por el oficialismo y la oposición, dentro de los bloques hay diputados que se oponen a la medida. Habrá que esperar la votación de la ley.