El futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay cerró el año con un cambio de rumbo y la consolidación de la Administración General de Puertos (AGP) como actor principal de la vía navegable.
En la superficie, sólo es cambio brocrático de jurisdicción, pero determinante en un proceso que nunca pudo encarrilarse y cruza intereses de empresas de peso del dragado internacional, de las provincias y de la Nación.
El nuevo ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano -vinculado al sector del peronismo que responde a Sergio Massa- dio una ronda de prensa en la semana y dijo que es momento de “dar previsibilidad” al proceso, algo que blanquea la faltas de certezas hasta ahora. Quedó en claro tanto por las indefiniciones del proceso de la concesión, que arrancó a discutirse a mediados de 2020, como por los recurrentes parches ante la resbalosa licitación de fondo que nunca pudo encauzarse.
Giuliano intentó darle tono doctrinario al tema. “Federalización, normalización y correr el velo sobre lo sucedido durante los últimos 26 años que tuvo una concesión privada”, avisó.
De esta forma, ese esquema de contrato de obra pública sin aval del Estado y con los privados administrando exclusivamente el negocio será historia.
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Mientras, deberá tenerse en cuenta que el gobierno paraguayo pidió este viernes 30/12 a las autoridades argentinas que se suspenda la aplicación de un peaje en un tramo de la hidrovía Para, que debía entrar en vigor ayer domingo 1 de enero.
Esto nos recuerda que en la «autopista fluvial» Paraná-Paraguay tienen jurisdicción, e intereses, otros 4 países: Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.