Después que la Universidad Católica Argentina anunció un aumento importante de la pobreza en el 1° semestre de este año, el gobierno admite en privado que el 27 de septiembre, cuando se conozca el informe del INDEC, la pobreza afectará a cerca de un 30% de la población.
Será una postal muy diferente de la que se anunció en marzo pasado, cuando desde Casa Rosada se informó que la pobreza había bajado de manera sideral en el último semestre de 2017: 25,7%, casi tres puntos menos que en el período anterior y siete por debajo de la primera medición que había hecho en su presidencia.
Un mes después, con la crisis cambiaria a toda velocidad, una devaluación superior al 50%, la inflación disparada, el índice superará en casi cinco puntos al registrado por en marzo.
Medido en cantidad de personas, los argentinos que volverán a ser clasificados como «pobres» serán más de los casi dos millones que, estadísticamente, habían dejado de serlo hace apenas cinco meses.
Nos parece necesario reconocer que estos índices son elementos necesarios para determinar políticas sociales con impacto masivo. Pero también hace falta tener presente que la pobreza y la indigencia no están expresadas en forma directa por el tipo de cambio y la inflación.
La realidad humana de la pobreza son las cosas que faltan y que hacen al bienestar y la dignidad de las personas: el empleo en blanco, la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el transporte, la seguridad.
Si se toma en cuenta esto, si se enfrenta esta realidad, tendremos claro que los argentinos pobres son muchos más que los que registran el INDEC o la UCA.