La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de catalogar los brotes de viruela símica (mpox) en la República Democrática del Congo y otras regiones de África como una emergencia sanitaria global. Se confirmaron casos en niños y adultos en más de una docena de naciones, y una nueva variante del virus se está propagando. En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta el 4 de agosto de este año se detectaron cinco casos de viruela de mono, de los cuales ninguno fue fatal. Tres fueron casos importados y los otros dos permanecen en estudio.
La viruela del simio, una infección zoonótica que es endémica en buena parte del continente africano, despertó cierto nivel de alarma a nivel mundial por la aparición de casos en Portugal, Reino Unido y EstadosUnidos, entre otros países, sin que hubiera contacto entre el primer caso importado y los otros infectados.
A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África informaron que los brotes de viruela símica representan una emergencia de salud pública, con más de 500 muertes registradas, e instaron a la comunidad internacional a ayudar a frenar la propagación del virus. “Esto es algo que debería preocuparnos a todos… La posibilidad de una mayor propagación en África y a nivel global es muy alarmante”, expresó ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Según informó el Ministerio de Salud de la Nación a este medio, de los cinco pacientes confirmados en el país uno corresponde a la provincia de Buenos Aires; dos, a la Capital; uno, a Santa Fe, y otro, a Río Negro. Del total, cuatro son varones.
Se consultó a expertos locales para entender de qué se trata esta enfermedad, cómo se transmite y qué grado de letalidad tiene. Los especialistas destacaron que se puede transmitir entre humanos o de algún otro mamífero hacia el humano. Agregaron que el índice de letalidad de la enfermedad varía según la variante: la más virulenta alcanza una mortalidad del 10%. También resaltaron que no hay un tratamiento específico para la viruela de simio.
El contagio
Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica que el virus que la provoca pertenece a una familia cuyo miembro más conocido es el de la viruela. “La viruela se erradicó en 1980, pero desde esa fecha hasta la actualidad hubo brotes en monos en países fuera de África. Por ejemplo, en Texas, Estado Unidos, hubo un brote por unos animales que habían ingresado desde África; esos animales contagiaron al perro y el perro, a los humanos. La transmisión puede suceder de animal a humano o puede ser interhumana. Es persona a persona a través del contacto directo con lesiones o con elementos contaminados como ropa, gasas o apósitos. También por gotas al hablar y por vía sexual, si bien hay alguna controversia acerca de la vía sexual”, indica la experta.
Los síntomas más comunes, añade Guzzi, son la fiebre y el malestar general, que aparecen más o menos dos semanas después del contacto con el virus. “A eso se le suma la aparición de lesiones con aspecto de pústulas que surgen en la zona de la boca, los genitales, el ano, y también pueden afectar manos y eventualmente las plantas de los pies. Todo ello es acompañado de la inflamación de los ganglios, en general en relación a las zonas donde aparecen las lesiones. El cuadro suele durar de dos a cuatro semanas y, en general, se resuelve espontáneamente”, detalla Guzzi.
El problema es que, en algunas personas, sobre todo en pacientes con inmunosupresión severa con niveles bajos de defensas, la infección puede ser severa. También tiene mayor severidad en niños pequeños y puede ocasionalmente ser mortal. “Más o menos se estima una mortalidad del 10% en niños con la última variante reportada en África y del 5% en adultos”, resalta la infectóloga.
“La viruela símica es típica de África. Este tipo de virus, que es un orthopoxvirus, está relacionado con los simios u otros mamíferos, como el que surgió de las vacas del norte de Inglaterra. A partir de ese virus, se hizo la vacuna de la viruela”, explica Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral.
¿Hay tratamientos disponibles?
“Que yo conozca, para la viruela símica no hay vacunas. Pongo en duda si podría funcionar la vacuna clásica contra la viruela, porque el genoma podría ser diferente. El paciente tiene que pasar la enfermedad, no hay muchos tratamientos. Sucede lo mismo que con la varicela. Hay que hacer hincapié en los cuidados necesarios cuando uno viaja a lugares como África. Debemos intentar evitar el contacto con animales silvestres”, destaca Casanueva.
“No hay un tratamiento específico, sino un tratamiento de sostén. La vacuna que se considera efectiva es la de la viruela tradicional, que ya no se encuentra en circulación en el mundo. Pero se podría lograr vacunar en caso de que eso fuera necesario. Hay un tratamiento que se aprobó en 2022 con un antiviral que se llama tecovirimat, pero su uso solo está recomendado en pacientes muy frágiles con inmunosupresión severa”, argumenta Guzzi.
“Hay vacunas específicas en Estados Unidos, Canadá y Europa para viruela símica, pero nosotros no las tenemos disponibles en la Argentina. Los que somos lo suficientemente viejos como para tener vacuna contra la viruela, tenemos un 30% a un 40% de inmunidad cruzada. Pero las personas jóvenes que son las más expuestas, porque esto está asociado en general a la actividad sexual no protegida y múltiples parejas sexuales, en general es población no vacunada, salvo que se hubieran vacunado en el exterior”, advierte la infectóloga Elena Obieta.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Financiamiento Universitario, que busca recuperar los salarios de quienes trabajan en las universidades y que fueron aumentados de manera unilateral por el Gobierno muy por debajo de la inflación acumulada, con lo que muchos quedaron por debajo de la línea de pobreza.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por la diputada Danya Tavela (UCR), fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se espera que tenga un resultado favorable en la de Senadores. La iniciativa busca darle recomponer salarios que no tuvieron discusión paritaria, atrasados con respecto a la inflación acumulada en el año y que en muchos casos quedaron por debajo de la línea de pobreza. Tavela, exsecretaria de Políticas Universitaria durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y exvicerrectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), presentó el proyecto que contó con firmas de diputados de la UCR y de Hacemos Coalición Federal. La iniciativa legislativa, que debía tratarse el martes 14 a las 4 de la tarde, terminó siendo discutido entre las 5 y las 7:30 de la mañana del día siguiente y contó con tres dictámenes: uno de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO que lo vaciaban de contenido, otro de Unión por la Patria que agregaba también la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y el de la UCR, que finalmente fue el aprobado.
«Después de la marcha que se realizó se dio paso a esta situación, en la que nos vemos en emergencia por los salarios docentes», dijo Tavela.
Tavela, que es la autora del proyecto, dijo: “Es el Congreso de la Nación es el que establece el presupuesto para las Universidades Nacionales pero, como Massa y Milei acordaron no presentar un presupuesto para esta año, entonces no hubo presupuesto y se trabaja con el de 2023, y con las ambiciones electorales del Gobierno. Hasta abril no hubo ninguna actualización de gastos de funcionamiento y, después de la marcha que se realizó se dio paso a esta situación, en la que nos vemos en emergencia por los salarios docentes. Por eso, la Ley de Financiamiento Universitario resuelve, solo para este año, por lo que no se hizo por la Ley de Presupuesto”. Hoy, la mitad de los docentes y no docentes cobran un salario menor a la línea de pobreza y el salario inicial de un docente es de 200.000 pesos, por lo que el Consejo Interuniversitario Nacional ha pedido a todas las universidades que declaren la emergencia salarial. En estos ocho meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei estuvo dando aumentos de forma unilateral sin ser aprobados por paritarias con los sindicatos. Los primeros aumentos de sueldo habían sido acordados por el gobierno anterior y fueron de 6% en diciembre y 10% en febrero. Posteriormente, el actual Gobierno impuso aumentos de forma unilateral de un 12% en marzo, 9% en mayo y 7,5 % en julio, con lo que las compensaciones quedaron lejos del 134% de inflación acumulada. Para el mes de agosto se impuso un aumento del 3% y para septiembre del 2%, cuando se espera que la inflación casi duplique esos números. El proyecto de ley aprobado por Diputados considera, en su artículo 6, que la actualización podrá no ser por el índice de inflación si hay paritarias aprobadas por ambas partes y no de forma unilateral. El proyecto fue aprobado con 147 votos a favor y 77 en contra. La mayor objeción desde el oficialismo fue planteada por la diputada del PRO Daiana Fernández Molero debido a que no se explicitaba de donde saldrían los fondos para el financiamiento.
En tanto, el artículo 7 fue rechazado. En él se establecía que la asignación de recursos a cada universidad se haría en función de la cantidad de alumnos, tipo y cantidad de carreras, hospitales, escuelas y actividad científica a cargo. La diputada Tavela consideraba que la iniciativa era una forma de transparentar el reparto entre universidades y le dijo a TSS: “El artículo 7 se cayó porque UxP y LLA votaron en conjunto para que haya discrecionalidad a la hora de asignar los presupuestos universitarios y que no haya criterios objetivos. Me molesta mucho porque no podés decir que sos el cambio y no votar eso, y no podés decir que apoyás a la educación pública y no votar eso”. La diputada Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria) argumentó durante el debate que este tipo de asignaciones presupuestarias basadas en la cantidad de alumnos perjudican a las universidades nuevas del interior que no forman parte del corredor de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y a las carreras nuevas.
El proyecto tenía apoyo de varios bloques de la UCR, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y el FIT, pero solo contó con firmas de los primeros tres. Consultada sobre esto, Tavela dijo: “No hacía falta tener firmas de diputados del peronismo en el proyecto porque en la otra cámara, si el peronismo no consigue los votos para su dictamen, puede aprobar el nuestro. A veces, sumar firmas de otros espacios hace que se desvirtúe el proyecto y se pierda la centralidad de lo que se está dicutiendo”.
«Hubiéramos querido tener el acompañamiento del radicalismo para tratar el incentivo docente (FONID)», dijo Yasky.
Por su parte, el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria) dijo: “Nosotros vamos a apoyar el proyecto porque la crisis universitaria se explica porque el 90% del presupuesto lo insumen los salarios y eso no ha sido actualizado. Hubiéramos querido tener el acompañamiento del radicalismo para tratar el incentivo docente (FONID), que sería un 15% de la erogación de salarios de las provincias, es una cifra muy grande, pero vamos a apoyar a pesar de hacerlo sin la posibilidad de tratar esto”. El proyecto tiene amplias posibilidades de ser aprobado también en la Cámara de Senadores y luego deberá enfrentar la posibilidad de ser vetado por el presidente Milei, quien ha expresado en muchas oportunidades que vetará todos los proyectos que considere que van en contra del equilibrio fiscal o cualquier erogación no decicida por él mismo. “Creo que si el Ejecutivo lo veta le va a poner una lápida al ciclo universitario este año. No creo que lleguen a tanto. Ahora tienen una oportunidad, porque lo vota el Congreso, de tener una salida. Si hay un veto creo que el Gobierno sabe que abre las puertas a una gran reacción de los sectores populares que ya se manifestaron a principios de este año”, expresó Yasky. Tavela, por su parte, dijo: “No sé qué puede pasar con el veto presidencial, no puedo anticipar las conductas de nadie y mucho menos de la figura presidencial. No puedo legislar pensando en qué va a hacer el presidente”.
El importante crecimiento de la producción del shale neuquino y el anuncio de grandes inversiones como la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada en la provincia de Río Negro, abren una gran expectativa en cuanto a futuras exportaciones de hidrocarburos.
En ese sentido se espera que los mercados externos continúen ganando relevancia a medida que la producción y la infraestructura para su transporte sigan creciendo, ya abastecidos los mercados locales.
Durante los primeros seis meses de 2024, de las 21 empresas que realizaron exportaciones de petróleo al mercado externo desde la provincia, YPF encabeza ese ranking con el 21%, seguida por Vista Energy con el 15% y Shell se ubica con el 14%.
Los datos oficiales indican que durante primer semestre de este año se exportaron 22,4 millones de barriles de petróleo, un 57% más en comparación con 2023. Las exportaciones hacia Chile, a través del oleoducto transandino (Otasa), representaron más del 40% del total.
Este aumento no solo absorbió el incremento en la producción, sino también los volúmenes liberados por una menor demanda local. Las exportaciones generaron 1.719 millones de dólares, con un precio promedio de 76,8 dólares por barril, lo que equivale a 723 millones de dólares más que en el mismo período del año anterior.
Estas cifras van de la mano con un notable aumento de la producción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén que entre enero y junio alcanzó los 388.000 barriles de petróleo por díay de 93,94 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, lo que significa incrementos del 20% y el 11%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.
En total, las exportaciones de petróleo y gas en la provincia en el primer semestre de 2024 alcanzaron los U$S 1.960 millones, 635 millones más que en 2023, proyectando excelentes expectativas a futuro.
Para la cuenca Neuquina, – según las previsiones de E&E- se prevé que la producción se expande a una tasa acumulativa del 1,2% mensual, en línea con la variación de la producción verificada entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2023.
Se contempla una capacidad de exportación a través del gasoducto Transandino de 80.000 barriles por día (bpd) hasta el mes de diciembre de 2024; y en enero de 2025 se amplía a 95.000 bpd.
Por su parte, se contempla un incremento en la capacidad de transporte de OLDELVAL en diciembre de 2024, alcanzando los 377.000 bpd mientras que a partir de marzo 2025 se considera una capacidad de 540.000 bpd.
Para la cuenca del Golfo San Jorge se considera una tasa de declino interanual de la producción del 4,6%, mientras que para las cuencas Austral y NOA un declino interanual del 9,0%, en ambos casos, en línea con lo registrado durante el primer semestre de 2024 con relación al mismo período de 2023.
Para cada cuenca se considera que se mantienen constantes los volúmenes destinados al mercado interno del último año (estimados a partir de la diferencia entre la producción y las exportaciones). De este modo, las exportaciones de crudo a nivel país promediarían los 183.000 bpd en 2024 y los 236.000 bpd en 2025.
A nivel país- de acuerdo con los datos de la consultora- durante el primer semestre de 2024 las exportaciones de petróleo se ubicaron en el valor más elevado desde el año 2005.El volumen exportado alcanzó los 168.000 bpd, un 157% por encima del promedio verificado durante los 10 años previos.
En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) un profesor se sorprendió pocos meses atrás con la interrupción de una alumna de cuarto año, que levantó la mano para preguntarle qué era un estereotipo. Semanas antes, otros estudiantes le habían consultado el significado de la palabra “redundante” y de la expresión “es un lugar común”.
La profesora universitaria María Bosch dice enfrentarse a diario con dudas similares y errores de ortografía que considera graves. En la última fecha de finales, corrigió un examen que tenía una respuesta de diez líneas sin ningún tipo de signo de puntuación: ”¡Ni siquiera un punto!”. Poco antes, en la misma universidad privada con sede en San Isidro, una de sus alumnas de Comunicación Social dio una presentación sobre la Guerra de Malvinas refiriéndose a los excombatientes como “los exconvictos de Malvinas”, sin distinguir la diferencia entre ambos términos.
Los ejemplos, de lo más variados, son tema de conversación entre las cátedras. Reflejan, según autoridades, docentes y directivos consultados, un fenómeno que se volvió cada vez más visible en las universidades argentinas: el deficiente nivel académico con el que los estudiantes ingresan al nivel superior. El problema es también, según admiten autoridades educativas en reuniones reservadas, uno de los principales reclamos que realizaron este año los rectores universitarios.
En los últimos años los docentes detectan, además de un nivel académico bajo, un manejo del lenguaje más acotado, así como problemas de concentración, de atención y de tolerancia a la frustración. En medio de este panorama, algunas universidades comenzaron a pensar y diseñar cambios en el dictado de las materias y en las estructuras de sus carreras, sumada la implementación de cursos niveladores.
“Hay una clara percepción entre los docentes de que los alumnos que ingresan a la universidad, en su gran mayoría, no cuentan con los conocimientos básicos de matemática y tienen una baja performance en lectocomprensión, lo que dificulta su inserción exitosa en el nivel superior”, afirma Paula Iglesias, responsable de Soporte a la Gestión Educativa de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Iglesias destaca que, según docentes de esta casa de estudios, el mayor déficit se da en el ámbito de la lectoescritura. “Hoy, a diferencia de procesos educativos recientes, el docente relata que el alumno no comprende los textos, las consignas, las rúbricas de examen”, detalla a este diario.
Nivel en caída
Los docentes consultados coinciden en que el nivel de los estudiantes viene en caída desde hace, al menos, dos décadas y en que el fenómeno se acentuó con la pandemia. “La pandemia lo único que hizo fue desnudar el problema. Hoy ya es indisimulable, incluso entre los estudiantes que hicieron primario y secundario en muy buenos colegios privados. El primer año de universidad pasó a ser como una continuación del secundario”, sostiene Bosch.
Deficiencias similares, en diferentes áreas, se observan entre los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, apunta Xavier Pérez, secretario de coordinación general y docente de Análisis Matemático y Álgebra del Ciclo Básico Común (CBC). “Hay un descenso general de ciertas capacidades, sobre todo en ciencias duras, problemas en manejos matemáticos muy elementales. Repasamos cosas que deberían traer del secundario”, sentencia.
«Hay problemas en manejos matemáticos muy elementales», señalan en la Facultad de Ingeniería de la UBAAlejandro Guyot
Atribuye los problemas que se evidencian en el aula a diferentes factores, entre los que resalta cuestiones vinculadas a la situación económica del país, que hace que los estudiantes se aboquen menos durante las carreras universitarias por carencias en sus hogares y también, especialmente en los últimos años, al uso problemático de las redes sociales.
“Con el exceso de uso de redes sociales, pareciera que los estudiantes están sobreestimulados. Se acostumbran a estímulos muy cortos y fuertes, y eso se traslada a la clase, a la falta de capacidad de mantener la atención. Hoy a los docentes, en general, les cuesta más retener la atención de los estudiantes en una clase larga de temáticas complejas”, afirma Pérez.
El uso problemático de redes sociales no solo afecta la capacidad de atención y concentración de los estudiantes, como demostraron numerosos estudios internacionales: la presencia misma de los dispositivos móviles afecta el funcionamiento de la clase. “Uno tiene que trabajar mucho para tratar de hacer que la clase sea interesante para el estudiante, porque si no les resulta interesante, muy rápidamente, al tener en su mano el teléfono, están en otro lado”, suma el secretario de coordinación general.
Al mismo tiempo, así como psicólogos e investigadores remarcan el vínculo entre el uso excesivo de redes sociales y la baja en la tolerancia a la frustración entre los jóvenes, los docentes afirman ver ese efecto en clase. “Les cuesta mucho sostener algo. Eso me impactó mucho este año. Aparecía mucha frustración a la hora de no poder resolver algo a la primera. La secuencia era: ‘Estoy frustrado, no puedo, no me está saliendo, entonces lo abandono’. Los períodos de investigación siempre requieren un grado de incertidumbre y frustración. Pero lo que veo es muy poca capacidad para soportar ese proceso”, describe el docente de FADU consultado, quien prefirió resguardar su identidad.
Choque cultural entre escuela y universidad
El especialista en educación universitaria Marcelo Rabossi, docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigador visitante en la State University of New York, suma otro causante, que considera primordial: la laxitud del secundario y su incompatibilidad con el nivel de exigencia de los estudios superiores.
“Lo que ocurre en la universidad está vinculado fuertemente con lo que ocurre en la escuela. Aumentó mucho la terminalidad en el secundario, pero eso ocurrió a expensas, en parte, de la calidad educativa. En el nivel secundario ha habido una cierta laxitud en cuanto a aprobar a los alumnos sin tener las competencias necesarias para para hacerlo”, explica el docente e investigador.
Es por ello, sigue, que se acentuó la diferencia cultural entre la escuela y la universidad. “Hace unas dos décadas que se ve que la escuela, en general, tiende a apiadarse del alumno. El objetivo detrás es que los chicos estén en la escuela y no en la calle. La universidad, en cambio, no se apiada: si el alumno no rinde, no rinde y lo termina expulsando. Este choque cultural es muy fuerte, y hace que la universidad termine siendo relativamente agresiva para el alumno que no llega con las competencias adecuadas para poder transitar la vida universitaria de manera exitosa. Cuatro de cada diez ingresantes no completan el primer año. Cuando controlás el dato por nivel socioeconómico, ves que los que más abandonan pertenecen a los sectores más postergados, con menor capital cultural”, advierte.
A nivel nacional, el 72% de los estudiantes secundarios no alcanza el nivel mínimo en matemática, mientras que en lectura el 54,5% de los alumnos también tienen un bajo desempeño, según se detectó en las últimas pruebas PISAArchivo
En los últimos diez años, según datos a los que tuvo acceso LN Data a partir de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Capital Humano de la Nación, mientras los ingresos a las universidades aumentaron desde 2010 a 2022 un 70,14%, la cantidad total de egresados aumentó solo un 47,55%. En 2022, último año registrado, hubo a nivel nacional 763.345 ingresos universitarios y 162.504 egresos.
En tanto, los datos del nivel medio preocupan a los especialistas. A nivel nacional, el 72% de los estudiantes secundarios no alcanza el nivel mínimo en matemática, mientras que en lectura el 54,5% de los alumnos también tienen un bajo desempeño, según se detectó en las últimas pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizadas en 2022.
Los resultados, publicados a fines de 2023, muestran que el país no presenta cambios significativos entre los puntajes previos y posteriores a la pandemia. En 2018 se notificaron resultados similares a los de 2022, según el análisis de los datos de las pruebas PISA realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación.
De los 81 países y economías que participaron de las evaluaciones, según el informe del Observatorio, la Argentina quedó en el puesto 66 en matemática, en el 58 en lectura y en el 60 en ciencias. Estos resultados marcan la desventaja argentina respecto del rendimiento académico de otros países de la región como Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Perú y Colombia, que lo superaron en las tres categorías.
Medidas
En este contexto, hay universidades privadas y públicas que comenzaron a ofrecer cursos de nivelación para los alumnos ingresantes y también talleres de adaptación a la vida universitaria de apoyo para materias clave, como matemática y escritura.
En el caso de la UADE, además de un curso de ingreso que tiene entre sus objetivos evaluar las habilidades y aptitudes de los estudiantes pero también nivelar sus conocimientos, la Oficina de Alumnos ofrece talleres para que los estudiantes “puedan transitar sus primeros pasos en la universidad de manera acompañada”, informa Iglesias.
Dentro de la Facultad de Ingeniería, en tanto, se contemplan proyectos para acortar las carreras y también su carga horaria. Pérez subraya que la iniciativa no tiene que ver exclusivamente con la situación actual, sino especialmente con intentar enmendar un problema histórico de este centro de estudios: el alto nivel de deserción.
En tanto, los docentes consultados también afirman estar adaptando sus clases para lograr acompañar mejor a los alumnos. Pablo Voyer, docente adjunto a cargo de la carrera de Diseño Industrial de la UBA, describe estos cambios como “un desafío interesante”. Al contrario que el resto de los docentes consultados, interpreta de manera positiva la situación actual de los estudiantes universitarios.
“Doy clases desde el ‘93. Es verdad que los estudiantes hoy son distintos: son más pragmáticos y desafiantes a la autoridad. El rigor no es una forma que hoy funcione con los chicos. El ‘Hay que hacerlo porque hay que hacerlo’ no está más. Se preguntan ‘¿Y esto para qué me sirve?’. Agarran y te escanean. Quieren ver si vas a ser una referencia para ellos o no. Si sos referencia, son buenísimos. Si vas en piloto automático y solo les bajás contenido, no te dan bola”, considera el docente, que da clases en una materia de quinto año.
“Algunos docentes comentan que los alumnos están cada vez más vagos, pero yo no creo que sea así. Creo que hoy tienen otros criterios para buscar el estímulo del estudio y que los profesores muchas veces no están a la altura. Vos tenés que encontrar la forma de legitimar lo que estás enseñando. Cuando vos transmitís con convicción, los chicos reaccionan”, argumenta Voyer.
Sin embargo, admite que hoy sus estudiantes tienen dificultad para la exposición oral y, a la vez, le temen. “Veo que hay más estudiantes que si se enteran de que el examen final es oral, entran en pánico. Eso yo antes no lo encontraba nunca en los estudiantes de la UBA”, concluye.
El gobierno comenzó una carrera contrarreloj paraprocurar toda la potencia que sea posible tener disponible para el verano. Las proyecciones de pico de demanda de energía para el verano elaboradas por Cammesa generan preocupación en la Secretaría de Energía. En un intento por evitar un escenario de cortes de luz por falta de energía, Cammesa esta conversando con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) la posibilidad de postergar el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I, que debería dejar de operar a fines de septiembre de este año. Para eso, deberá gestionar la pronta expiración de la licencia de operación de Atucha I, para lo cual precisará del aval del organismo regulador del sector nuclear.
En un informe elaborado en junio, Cammesa advirtió que el total de energía producida en el parque local de generación, sumadas a las importaciones de electricidad desde países vecinos, no alcanzaría para abastecer al pico de demanda que se registrará en el verano. El consumo de energía podría llegar a los 30.700 MW, es decir, más de 1.000 MW por encima que el récord histórico registrado en febrero de este año.
El faltante de potencia evaluado por Cammesa incluye la salida de servicio de Atucha I desde fines de septiembre para comenzar con el proyecto de extensión de su vida útil, que demandará dos años. Pero el gobierno ahora evalúa que el proyecto sea aplazado para luego del verano y así disponer de los 362 MW de la central nuclear para reforzar el sistema, según distintas fuentes oficiales.
«Se esta evaluando con NASA la eventual postergación de la salida por extensión de vida útil por unos meses para reforzar la disponibilidad de potencia en el verano, como parte de acciones contingentes en base a la evaluación de riesgos realizada. Se requiere acuerdo de la Autoridad Regulatoria Nuclear por tema licencia y coordinación a cargo de NASA», señaló una fuente dentro de Cammesa en estricto off.
Para proceder en esa dirección, Cammesa o la Secretaría de Energía debería elevar una notificación formal a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo que regula el sector nuclear.
Factibilidad
Allegados de Nucleoeléctrica consultadas por este medio señalaron dos factores a considerar respecto a Atucha I: el combustible disponible dentro del reactor y el vencimiento de la licencia de operación. Ambos factores están directamente vinculados con el comienzo del proyecto de extensión de vida, pautado para el mes que viene y programado desde hace mucho tiempo.
Las fuentes observaron que el combustible alcanza para dos o tres meses de operación, por lo que Atucha I debería salir de servicio lo antes posible para ser reactivada en diciembre. «El combustible que hay (en el reactor) esta justo planificado para el momento que tenga que parar, por lo cual no es loco (sic) que la quieran parar ahora y que le demos continuidad en verano, pero no sabemos bien qué va a pasar», explicó una de las fuentes.
Un tema más sensible es relativo a la licencia de operación de Atucha I. «NASA técnicamente podría operar en el verano suspendiendo ahora, pero no es una decisión que pueda tomar NASA porque la licencia vence el 29 de septiembre y NASA no le puede pedir eso a la ARN, se tiene que resolver desde arriba (NdR: por instrucción de la Secretaría) e igual es complicado«, explicó otra de las fuentes.
El comienzo del proyecto está programado para septiembre. La obra implicará una salida de servicio de la central nuclear por dos años para realizar las tareas que permitirán extender su vida operativa por otras dos décadas. El proyecto lleva mucho más de una década en planificación y fue técnicamente aprobado por la ARN.
La licencia original de operación de Atucha I es por 32 años de «operación a plena potencia», una métrica que no equivale a años calendarios. Esa licencia venció en 2018, pero en 2014 la ARN otorgó una licencia de operación más allá de su vida original de diseño por diez años calendarios. Esta licencia expirará el 29 de septiembre. «NASA no le va a pedir a la ARN extender la licencia, es imposible eso», concluyó de forma tajante una de las fuentes consultadas.
Con el trasfondo idílico del Volcán y el Lago Villarrica, del 19 al 23 de agosto próximos se celebrará en Pucón, Araucanía, la reunión del Comité Científico para la Investigación sobre la Antártida (SCAR, por su nombre en inglés). Con más de 1.400 participantes, será la mayor conferencia científica que se haya realizado hasta ahora sobre el continente austral. Su preocupación central será el cambio climático, pero también se tratarán los brotes de gripe aviar registrados allí, el tratamiento de los residuos humanos, los microplásticos y la disminución del krill. Todos temas científicos que pronto serán presa de la competencia hegemónica entre el bloque occidental y el euroasiático. Nuestro país deberá estar atento, particularmente, a las demandas para poner al continente polar bajo un régimen internacional de gobierno y desconocer los reclamos de soberanía registrados al firmarse el Tratado Antártico en 1959, dado que detrás de la supuesta internacionalización se esconde la ambición hegemónica de las potencias anglosajonas y sus aliados.
“Ciencia antártica: encrucijada para una nueva esperanza”, es el título de la conferencia internacional que se realizará entre el 19 y el 23 de agosto en Pucón. Se realizarán charlas, exposición de pósters, conferencias magistrales, simposios y workshops, en 50 áreas del conocimiento. La última década ha sido la más cálida en la Antártida desde el comienzo de la medición instrumental y durante los últimos cuatro años la reducción de su hielo marino ha alcanzado cifras récord. Las especies intolerantes al cambio se repliegan hacia el interior del continente, mientras que las que lo toleran comienzan a competir con especies invasoras llegadas desde otras latitudes.
Además de los impactos del cambio climático, la gripe aviar, los microplásticos y el krill, la reunión también se centrará en las áreas marinas protegidas y las políticas que estimulen la participación femenina y de jóvenes en la ciencia antártica.
La reunión científica de Pucón es la continuación de la 46ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM-46, por su nombre en inglés) y la 26ª del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CEP-26, por su nombre en inglés), que se celebraron en Kochi, estado de Kerala (India), del 20 al 30 de mayo pasados. Si bien la firma del Tratado Antártico en 1959, en plena Guerra Fría fue una demostración del poder que puede tener la diplomacia aun en los momentos más difíciles de la política internacional, desde hace unos veinte años la competencia entre las grandes potencias se fue agudizando también en la Antártida.
El ATCM se caracteriza por la particularidad de que en sus reuniones las decisiones sólo se adoptan por consenso. Si bien este principio hace mucho más lento el proceso resolutivo, garantiza, en cambio, que las resoluciones adoptadas sean acatadas por todos los miembros. El principio de consensualidad ha sido especialmente práctico, para proteger los derechos soberanos de Argentina. De hecho, entre los países miembros del Tratado Antártico hay una mayoría de aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña. En muchas ocasiones sólo nos apoyaban Rusia, China, Sudáfrica y Brasil. En esta relación de fuerzas adversa el principio de consensualidad ha sido el principal salvavidas de la soberanía argentina.
En el marco del Tratado Antártico el continente austral se administra a través de reuniones consultivas (bianuales hasta 1991, anuales desde entonces). Originariamente vigente por 50 años, el Tratado fue prorrogado por el Protocolo de Protección Ambiental hasta 2048. Podría ser terminado antes por acuerdo unánime de los miembros, pero eso es altamente improbable. A partir de 2048, en tanto, para modificarlo o abolirlo bastará con que un miembro lo solicite y obtenga los votos de la mayoría de los firmantes.
El Tratado dispone que el área antártica sólo debe usarse con fines pacíficos, pero permite el uso de personal y equipo militar en apoyo de actividades científicas. Incluye, además, bajo la jurisdicción del Tratado todas las tierras y las barreras de hielo al sur de los 60°00′ de latitud Sur, pero no el alta mar al sur de ese paralelo. También faculta a los Estados a inspeccionar cualquier área y cualquier instalación en el continente. El Tratado, finalmente, quedó abierto a la adhesión de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas. De hecho, a los doce signatarios originarios se sumaron a lo largo de los años 44 países más, hasta llegar a los actuales 56 signatarios. Además del Tratado se han incorporado a la normativa antártica 170 recomendaciones adoptadas en las reuniones consultivas y ratificadas por los Estados miembros, así como el Protocolo sobre Protección Ambiental en vigencia desde el 14 de enero de 1998.
El Tratado Antártico considera dos clases de miembros: los consultivos o plenos, con voz, voto y veto, y los miembros no consultivos, o adherentes, que cuentan solo con derecho a voz. La Secretaría del Tratado tiene sede en Buenos Aires. Siete de los Estados miembros del Tratado Antártico (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido) mantienen reclamaciones de soberanía sobre sectores del territorio antártico que durante la vigencia del tratado las mismas están “congeladas”, no pueden ser ampliadas o modificadas ni se permiten nuevas. Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Noruega y Francia se reconocen mutuamente sus reclamaciones antárticas. Argentina y Chile también se reconocen mutuamente derechos antárticos. Sin embargo, el autodenominado “Territorio Antártico Británico” (BAT, por su nombre en inglés) se yuxtapone con el sector argentino y con el chileno e incluye las islas Shetland y Orkney del Sur. Rusia (antes la URSS) y Estados Unidos hicieron en el Tratado reserva de su posterior derecho a presentar reclamaciones de soberanía, pero todavía no efectivizaron el reclamo.
Gran Bretaña tiene en el continente seis bases, tres permanentes y tres temporarias. Estados Unidos, en tanto, tiene tres bases permanentes y dos estivales en la Antártida Oriental. A pesar de que está prohibido por el Tratado, éste es el único país que tiene instalaciones militares en una base (McMurdo). También China tiene cinco bases en ese continente.
Por su parte, el Sector Antártico Argentino comprende el territorio entre los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste al sur del paralelo de 60° de latitud Sur. Forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 23.775) y tiene una superficie de 1.461.597 km², de los cuales 965.314 km² corresponden a tierra firme.
Dentro del Sector Antártico Argentino, nuestro país administra trece bases o estaciones, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). De este modo, Argentina es el país con más presencia en el Continente Antártico. Nuestro país tiene presencia permanente en la Antártida desde 1904 y desde 1927 hizo constar internacionalmente su afirmación de soberanía sobre el territorio del actual Sector Antártico. En 1940 se creó la Comisión Nacional del Antártico, hoy Dirección, encargada de coordinar la actividad nacional en ese continente, islas adyacentes y aguas territoriales. También desde 1940 Argentina y Chile se reconocieron mutuamente sus aspiraciones de soberanía superpuestas y se comprometieron a resolverlas pacíficamente.
El avance de la ocupación pacífica de la Antártida por Argentina es una política de Estado que se ha venido desarrollando a lo largo de las décadas. Esta continuidad ha convertido a nuestro país en la principal potencia antártica. La línea principal de esta ocupación es la investigación en ciencias duras sobre la geografía, la geología, el clima y el medio ambiente antártico y cubre un amplio espectro disciplinario.
Sin embargo, desde el inicio de la presencia argentina en la Antártida nuestros derechos fueron impugnados por Inglaterra, llegándose en varias ocasiones al borde de enfrentamientos militares (1903, 1943 y 1952/53). Además, el avance del turismo y de la pesca comercial (ésta, gracias al calentamiento de las aguas superficiales), junto con el cambio climático, acrecientan el interés económico en la región. El turismo todavía no ha sido regulado y su creciente masificación plantea problemas de todo tipo: legales, sanitarios, fiscales y medioambientales.
El Tratado Antártico rige sobre las tierras y hielos continentales, pero no sobre los mares circunantárticos. Si se considera el clima relativamente más benigno del norte de la Antártida Argentina, puede entenderse la codicia de las grandes flotas pesqueras, especialmente la española, por las riquezas de las aguas antárticas.
El cambio climático está modificando aceleradamente el escenario geopolítico: Como señaló recientemente Marcelo Brignoni en Tektónikos, “los espacios marítimos de la Antártida están adquiriendo un nuevo valor estratégico, al punto de que las propias corporaciones privadas transnacionales están proyectando la explotación comercial del continente. De esta forma, se potencia la militarización de estos espacios de cara a la revisión del Tratado Antártico en 2041 y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente en 2048”.
Y más adelante añade: “en los últimos años tanto Washington como Londres han señalado su ‘preocupación’ sobre presuntas actividades de China y sobre todo de Rusia en la supuesta exploración y explotación de los recursos naturales antárticos, a lo que han ‘contestado’ con la construcción de nuevas bases antárticas y actualmente, con la construcción de una quinta base británica, igualando el número de bases estadounidenses, a las que deben sumarse los asentamientos australianos, que juntos representan al AUKUS en la Antártida”
“El AUKUS (Australia-United Kingdom-United States), explica el autor, se presentó como la Alianza Estratégica Militar complementaria de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por parte centralmente del Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos con Australia de invitado. Se anunció públicamente el 15 de septiembre de 2021 para la región del Océano Indo-Pacífico, aunque su pretensión incluye además el Atlántico Sur.”
“La probable incorporación de Nueva Zelanda en un corto plazo posibilitaría a esta alianza geopolítica militar reclamar soberanía en más de la mitad del territorio antártico. De hecho, con una creciente cantidad de rompehielos y de submarinos nucleares, AUKUS se plantea controlar los accesos a la Antártida”.
Cuando AUKUS fue firmado en 2021, se lo presentó como un pacto para la defensa del Indo-Pacífico, sugiriendo que se trataba de una alianza antichina. Para ello, ya entonces fue invitado a sumarse Japón. Sin embargo, los países firmantes ya forman parte del pacto “Cinco Ojos” (Five Eyes) para el intercambio de inteligencia con Canadá y Nueva Zelanda, que EE.UU., Australia y Japón ya participan con India en el pacto Quad (Quadrilateral Security Dialogue), firmado también en 2021 y que EE.UU., Australia y Nueva Zelanda participan desde la década de 1950 en la alianza ANZUS. Si fuera sólo para la defensa del Indo-Pacífico, entonces, AUKUS sería superfluo.
En realidad, AUKUS adquiere sentido si se invierte el mapa: China se está expandiendo hacia la Antártida y ya tiene allí cinco bases: una en la Antártida Occidental (en las Islas Shetland del Sur) y cuatro en la Antártida Oriental. Si, efectivamente, EE.UU., Gran Bretaña y Australia se aliaron para contener a China, es, principalmente, para hacerlo en la Antártida y los mares circundantes. Si a ellos se une Noruega (otro miembro de la OTAN), la alianza suma reclamos de soberanía sobre 80% del continente.
¿Qué ofrece Gran Bretaña a esta coalición? El Reino Unido desde su ‘Collar de Perlas’ atlántico (Islas de Ascensión, Santa Helena y Tristán de Acuña) junto a la ocupación ilegal de Malvinas, proyecta su poder en tres continentes (África, América del Sur y Antártida), estableciendo además sobre cuatro océanos (Atlántico, Pacífico, Indico y Antártico) un control aéreo y marítimo. Esto se expresa en una militarización de toda la región desde la base instalada a partir de 1982 en Monte Agradable, Islas Malvinas. A las posesiones atlánticas debe añadirse el llamado Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por su nombre en inglés) del que dependen las islas y grupos de islas de Diego García, Tres Hermanos, Egmont, Nelson, Peros Banhos, Águila, Islas Salomón y Peligrosa. Aunque en las islas no hay población civil permanente, habitualmente están estacionados allí unos 4.000 militares y civiles estadounidenses contratados y británicos. El territorio tiene una superficie total de 60 km2.
Es decir que, mediante las dos cadenas de islas bajo su dominio (en el Atlántico y en el Índico), a pesar de su menguado poder y de sus magras capacidades navales, Gran Bretaña ofrece a AUKUS el control sobre una porción importante del Océano Antártico. A su vez, la incorporación de nuevos aliados al control de la Antártida permite a Estados Unidos compensar la baja de recursos destinados a las zonas polares en los últimos veinte años.
Puede concluirse que China, Rusia y Argentina están amenazados en el continente antártico por el mismo competidor: la OTAN del sur o AUKUS. Aunque estas dos potencias no han presentado reclamos territoriales sobre la Antártida, en la medida en que AUKUS busca tomar el control sobre el Océano Antártico, amenaza la navegación en todos los mares australes y, por lo tanto, la libertad de navegación y comercio. En este contexto estratégico los reclamos por la internacionalización de la Antártida deben entenderse como la manifestación de EE.UU., Gran Bretaña y sus aliados de su voluntad de controlar hegemónicamente el continente austral. Por el contrario, sólo el reconocimiento de los reclamos de soberanía bajo las normas de la ONU puede asegurar que el Continente Antártico continúe siendo un bien común de la humanidad.
Para Argentina su sector antártico es una continuidad geoeconómica natural y su internacionalización traería consigo la pérdida de control sobre el Atlántico Sur y sobre los pasos interoceánicos. No tenemos alternativa: Argentina será antártica o no será.
La NASA informó un duro pronóstico para los dos astronautas que se encuentran varados en el espacio hace ya más de dos meses, luego de las complicaciones mecánicas que se produjeron en la nave Starliner y de acuerdo a los primeros trascendidos, el escenario no es para nada alentador, ya que su regreso a la Tierra podría lograrse en 2025, sin una fecha definida.
Según comunicó la agencia espacial estadounidense, la astronave presentó una fuga de de helio en la cápsula, un cierre fallido en las válvulas propulsoras y, por último, un apagón abrupto en cinco propulsores de maniobras.
Los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Butch Willmore y Suni Williams, pende de un hilo, ya que las averías encontradas son mucho más graves de lo esperado.
Por su parte, el ejecutivo de la agencia espacial estadounidense, Scott Hubbard, sostuvo que “los astronautas están un poco estancados aunque ciertamente no varados” y precisó que “están a salvo a bordo de la estación espacial con muchos suministros y trabajo por hacer”.
La NASA estudia ahora que puedan regresar a la Tierra en una nave espacial construida por SpaceX, la empresa espacial del multimillonario emprendedor Elon Musk. También está la opción de hacerlo en una cápsula rusa Suyoz, que está ubicada en la Estación Espacial Internacional por cualquier emergencia.
La compañía multinacional norteamericana sufrió un duro revés tras la problemática que se encuentran los cosmonautas atrapados en el espacio, ya que aspiraba a posicionarse como la principal competencia de la empresa encabezada propiedad del magnate sudafricano.
Astronave Starliner
Las autoridades de Boeing expresaron que quieren tomarse más tiempo para comprender la causa raíz de los problemas surgidos y aseguraron: “No vamos a fijar una fecha específica hasta que completemos esas pruebas, observemos el árbol de fallas y luego entendamos el camino a seguir”, comunicó el gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich.
En las últimas semanas cobró visibilidad el proyecto que tiene YPF en carpeta junto con Petronas para instalar una planta de gas natural licuado (GNL) en el puerto Punta Colorada, en Río Negro. Sin embargo, previamente, la petrolera con control estatal tiene otro proyecto más concreto en marcha. Se trata de la construcción de las instalaciones para exportar petróleo desde esa provincia, que comenzará a hacerse realidad con la construcción de un nuevo oleoducto que conecte Vaca Muerta con la localidad rionegrina de Sierra Grande.
Esta iniciativa nació bajo la gestión del presidente anterior de YPF, Pablo González, y continúa actualmente bajo la dirección de Horacio Marín, quien el viernes pasado dio detalles del proyecto en una conferencia con inversores.
En mayo, YPF comenzó la construcción de los primeros 130 kilómetros del oleoducto Vaca Muerta Sur, que implicó una inversión de US$200 millones. El primer tramo se extiende entre las localidades de Añelo, en Neuquén, y Allen, en Río Negro, donde se conectará con el sistema de Oldelval, que es la empresa que opera el único ducto que transporta el petróleo hasta Bahía Blanca, donde hoy salen las exportaciones del no convencional. Este oleoducto no alcanza actualmente para transportar toda la producción de Vaca Muerta, por lo cual hay empresas que transportan el petróleo en camiones hasta Bahía Blanca, a un costo promedio de US$10 el barril.
En los próximos meses, YPF adjudicará la construcción del tramo del oleoducto que conectará Allen con Punta Colorada. Tendrá una longitud de 440 km, implicará una inversión de US$2500 millones y permitirá transportar en la segunda mitad de 2026 alrededor de 180.000 barriles diarios. El plan implica instalar a lo largo de los próximos años nuevas plantas de bombeo para incrementar la capacidad de transporte a 500.000 barriles diarios para 2027 y a 700.000 para 2028.
YPF Vaca Muerta Sur oleducto
“Este proyecto es un cambio de juego para YPF y la Argentina: aumentará significativamente la capacidad de exportación y desbloqueará el cuello de botella de los recursos de la formación de Vaca Muerta”, dijo Marín en una presentación en inglés con inversores.
“El VMOS [por Vaca Muerta south oil pipeline] será una infraestructura dedicada exclusivamente a la exportación y su terminal offshore estará ubicada en el puerto de aguas profundas, que permitirá la llegada de los buques grandes llamados VLCC [Very Large Crude Carrier], que transportan alrededor de 2 millones de barriles. Además de bajar las tarifas, este barco abrirá nuevas oportunidades de mercados internacionales para todas los productores argentinos, como el mercado asiático”, explicó el presidente y CEO de YPF.
A los valores actuales del barril de petróleo, de US$80, la cotización Brent que se toma de referencia en la Argentina, cada buque VLCC exportado implicaría ingreso de divisas por US$160 millones al país.
La petrolera está liderando el desarrollo del proyecto como el principal transportador, pero al mismo tiempo comenzó la negociación para crear un consorcio de exportación con los otros productores locales de Vaca Muerta. Cada empresa “reservará” su capacidad de transporte e ingresará como accionista del oleoducto.
Según detalló Marín, ya recibieron ofertas para cubrir alrededor de dos tercios de la capacidad de transporte total y son optimistas en concluir este proceso antes de octubre. Las empresas que adquieran más del 10% de la capacidad tendrán un lugar en la mesa de directorio del consorcio.
“Desde el punto de vista técnico, ya hemos completado la ingeniería de diseño básica para el oleoducto y estamos progresando en la revisión de diseño del sistema de transporte terminal. Simultáneamente, aseguramos todos los permisos de aprobación gubernamental y permisos ambientales”, dijo.
El CEO de YPF también confirmó que ingresarán en el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI) con este proyecto cuando sea completamente regulado.
El puerto Punta Colorada, por la profundidad de sus aguas, permite la llegada de buques VLCC (Very Large Crude Carrier), que transportan alrededor de 2 millones de barriles; los de Bahía Blanca transportan hasta 500.000 barrilesTommy Chia SG – Shutterstock
Al mismo tiempo, YPF también está exportando de manera regular petróleo a Chile. “Continuamos con nuestro enfoque de acelerar la evacuación hacia el Pacífico. Durante el segundo trimestre del año, incrementamos la exportación de petróleo a Chile a 29.000 barriles por día a través del oleoducto Transatlántico, alcanzando una ganancia excepcional de casi US$220 millones. Esto representa el 11% de nuestra producción total de petróleo”, dijo Marín.
En junio, el país produjo 676.000 barriles de petróleo por día, lo que significa un aumento de 6,1% con relación al mismo mes del año pasado, según datos de la consultora Energía y Economía (EyE). Este crecimiento se explicó enteramente gracias a la producción de Vaca Muerta, que se expandió 28,6% y produjo 373.600 barriles diarios, y compensó la caída de 12,8% de la producción convencional de otras cuencas. Del total, la Argentina exporta alrededor de 150.000 barriles diarios hoy en día.
Precios internos de la nafta
Los precios de venta del petróleo fueron claves para que YPF muestre una mejora en su resultado financiero del segundo trimestre. Además de aumentar 20% las exportaciones del petróleo no convencional con relación al año pasado, la empresa con control estatal aumentó el precio en surtidor de los combustibles y redujo la diferencia con el valor de paridad de importación a 3%.
“Los ingresos de YPF crecieron un 13%, principalmente gracias a una recuperación en los precios del combustible, pero parcialmente afectados por una caída de 6% en la demanda”, admitieron en YPF.
“Si baja el precio internacional del petróleo, seré el primero en reducir el valor del combustible. Pero también si el precio aumenta mucho, aumentaré los precios. Estamos trabajando para que sea un mercado libre y decidir según la demanda, la oferta y la competencia”, concluyó Marín.
Sofía Diamante
Comentario de AgendAR:
Hay dos cosas que no se arreglan con un caño desde Vaca Muerta a Punta Colorada. La primera es la falta de plantas de refino en toda la Patagonia, situación que con esta propuesta de Marín sigue intacta. La nafta y el gasoil que se usan en la Patagonia hoy deben bajar en camión hasta las estaciones de servicio de la estepa y la cordillera patagónicas desde las refinerías de Mendoza y la Pampa Húmeda, tras haber subido hasta allí como crudo, en el caso pampeano, generalmente en barco.
Este viaje de ida y vuelta entre regiones es carísimo, deja pueblos enteros sin combustible días y semanas «porque no llegó el camión de YPF». Eso, en la ecorregión petrolífera argentina por excelencia.
Peor aún, esto hace de la Patagonia una especie de emirato frío, que exporta a otras ecorregiones (y ahora al mundo) sin siquiera el corto valor agregado local que supone el refino, y poder vender al menos naftas, gasoil, aceites lubricantes y producir localmente el alquitrán para pavimentar las rutas. Exportar combustibles sin valor agregado es exportar trabajo. Como si aquí sobrara.
Algunas de las insuficiencias de nuestro modelo, tan primario, le empiojan terriblemente la vida a los patagónicos, pero también al país. Cuando en alguna de las dos rutas nacionales asfaltadas de esta zona, básicamente la 3 y la 40, hay un camión tanque subiendo lentamente una cuesta, detrás se forma una caravana de automovilistas desesperados por pasar.
Nada fácil, porque las rutas son de dos carriles, mano y contramano, y siempre de frente hay camiones. Los que cargan equipo petrolero más que rodar, navegan, por velocidad y tamaño. Los tortazos frontales y las salidas de ruta para evitarlo son frecuentes. Todo esto es malo para el habitante, peor aún para el turista, pero si se piensa en el país… ¿cuánta combustible gastamos al cuete en mover combustible? ¿O no se puede generar localmente?
Los trenes, te los debo.
Si, ya sé, a esas patotas neoliberales que colonizan YPF de forma recidivante desde el siglo pasado, la idea de refinar para el mercado interno lea hace ruido. Supongo que la de exportar productos refinados lea hace mucho más ruido. Y es que pagar empleo local y lidiar con sindicatos les hace un ruido incluso peor.
Una cosa que no se remedia con el entusiasmo marinero de Marín es la enorme amplitud mareológica del Golfo de San Matías. La mínima entre pleamar y bajamar anda en los 3,60 metros, y la máxima, en los 7,50 metros.
En el puerto pesquero de San Antonio Oeste, en el fondo occidental del Golfo, los barcos deben ser patachones, de gran manga, para quedar apoyados en la desaforada pampa de barro gris que forma el fondo durante la bajamar, y sin tumbarse de lado. Barco que se tumba, se inunda cuando vuelve la pleamar, y vuelve con la velocidad de un pequeño tsunami, dos veces por día.
En el puerto exportador fruta y hortalizas del Alto Valle, San Antonio Este, los mercantes transoceánicos de tipo «reefer» (para cargas refrigeradas) amarran a muelles flotantes. Estos muelles son de hormigón casetonado: flotan como buques, suben y bajan con las mareas, amarrados con grandes anillos de acero a enormes columnas de hormigón clavadas en el fondo. De otro modo, las corrientes de marea y los vientos los sacarían a altamar.
Punta Colorada es el tercer puerto de este golfo, y está en su costa más alejada de mar abierto, la occidental, bastante rectilínea. Hay dos playas codiciadas por el turismo en este lugar del Golfo: Las Grutas y Arenas Doradas. Un puerto petrolero genera constantes derrames incluso en operación normal, sin mediar accidentes, y las corrientes predominantes en el Golfo, motorizadas en un 80% por las mareas, son giratorias: hay un giro central ciclónico, es decir de sentido circulatorio horario, con forma de «ocho», y varios giros más pequeños, ciclónicos y anticiclónicos, abrazando la zona de playas, y todo este raro patrón varía con la época del año.
Pero lo que queda en claro de la lectura de la bibliografía oceanográfica es que un derrame en el Golfo no se disipará fácilmente en aguas abiertas. La boca del Golfo es grandota, de 64 km., pero está lejos. Uno se pregunta la lógica de que la provincia decida la probable ruina de ambas playas porque TECHINT, hoy bajo capa de YPF, se ha emperrado en poner su puerto allí.
Probablemente don Marín sabe que si trata de poner su puerto en San Antonio Oeste, que al menos tiene una ciudad para trabajadores estables, infraestructura y agua potable, la industria pesquera artesanal, particularmente la de pulpos y mariscos costeros, le dará toda la guerra del mundo, y un poco más. Por supuesto, con el poder del estado provincial y del nacional TECHINT, hoy llamada YPF, les puede pasar por encima a las empresitas locales.
Pero si todavía existe periodismo en Argentina, se hará una fiesta con este caso de David y Goliath.
Una costa tan recta no tiene abrigo alguno del viento, que puede ser bastante salvaje. Es cuestión de proporciones: el Golfo de San Matías en sí está muy rodeado de tierra seca por Norte, Oeste y Sur, pero es enorme (casi 20.000 km2). Y este tramo de costa en particular, la Oeste, está muy expuesto a vientos. Punta Colorada no es un «puerto de abrigo». Eso es algo casi inexistente en la Patagonia.
En Punta Colorada, la franja intermareal (la que se ubica entre la línea de mareas máximas y la de mínimas), está jalonada de restingas rocosas, surcos de roca excavados y rastrillados por los arroyitos que forma la bajamar en las pozas de marea. Es una morfología de costa muy típica de toda nuestra Paragonia. Las restingas interceptan en ángulo recto la línea de la playa, y bajan más allá de la intermareal, a profundidades de hasta 15 o 20 metros. Son perfectamente visibles desde un avión, dada la transparencia del agua.
La transparencia actual, para ser preciso. Con un puerto petrolero en zona, olvídate, cariño.
En este sitio, el más desolado de la costa del Golfo, hay un muelle gigantesco de vigas de acero entretejidas. Se adentra 1,5 km. en el mar, buscando aguas más profundas. En su extremo, hay dos cabezales de descarga, hechos para llenar las bodegas de dos barcos a la vez con pellets de hierro, el producto final de la extinta empresa estatal HIPASAM. Fue construido en los ’70, y usado por las dos sucesivas empresas que trataron de operar la mina de Sierra Grande. Esta tiene casi 80 km. de grandes galerías y es la más profunda del país: 500 metros de profundidad desde la superficie. Todo en esta parte del país es tirando a enorme.
¿Se usará este muelle, una vez reparado, para exportar crudo? Ignoro si es técnicamente posible salvarlo (está muy oxidado) y si se lo puede adaptar a transportar líquidos por caños, en lugar de pellets de hierro por cinta transportadora. Quizás sea factible. Pero lo que me parece puro verso es que desde esta costa y en este golfo puedan operar tanqueros VLCC.
Miden 330 metros de eslora, 55 de manga, calan 28 metros, cargan con 320.000 toneladas de peso muerto. Pese a esas dimensiones colosales, tienen un solo y más bien pequeño timón y una única hélice, para bajar costos de construcción, de modo que maniobran pésimo. Incluso yendo a poca máquina, tardan hasta 15 minutos en detenerse, y «la frenada» dura hasta 8 kilómetros. Son una combinación muy mala de angurria corporativa y principio de inercia. Pueden operar en muy pocos puertos, por ende.
Protagonizan accidentes épicos en que emporcan costas y destruyen industrias locales durante décadas, especialmente la pesca costera y el turismo. La seguidilla bajó un poco cuando más de 170 países le hicieron firmar a la International Maritime Organization, agencia de la ONU, el doble casco obligatorio. Pero si el lector le pide su opinión sobre la IMO y la ONU a los pescadores gallegos del Cap Finisterre, en decenas de pueblitos le contarán que perdieron su empresa, o el trabajo, porque en 2002 el tanquero Prestige se hundió 50 km. mar adentro, y aún a 3800 metros de profundidad siguó empetrolando la costa durante años. Y ojo, que no era de los grandes.
No quiera imaginarse siquiera, lector, un accidente así en un golfo de sólo 180 metros de profundidad, cerrado por tres lados, y con un intercambio de agua bastante limitado con el mar abierto. Y si el petróleo derramado logra salir del Golfo y la Corriente de Río de Janeiro lo lleva hacia el sur, ahí nomás está Punta Valdés, con su show de animales marinos costeros, y la mayor recaudación turística de la Patagonia. Si yo fuera guardafaunas en Punta Norte, u hotelero en Puerto Madryn, estaría con los pelos de punta.
Un tanquero normalito, un Coastal Tanker de apenas 50.000 toneladas de peso muerto, cala 16 metros. En el muelle actual de Punta Colorada en bajamar hay 12 metros de agua: un Coastal sorprendido por la bajamar quedaría varado, el casco, doble y todo, probablemente se partiría por el peso de la carga sobre la quilla, y a sumar las fuerzas incontrolables del oleaje. No haría falta una tempestad, sólo un atraso de 6 horas en la partida.
Los límites, para quienes los entienden, los da la geografía. Para quienes los entienden, subrayo.
Supongo que Marín piensa hacer un muelle nuevo y más largo. Si quiere llegar con él a una profundidad de 40 metros en bajamar, así se da el gustazo de traer barcos VLCC, tendrá que ser una obra titánica, así TECHINT gana mucha plata. Pero ¿sabe qué, Marín? Con la mía, no.
O como hoy reúne las fuerzas de una multinacional con sede en Luxemburgo y la petrolera del estado, con el poder inmenso que tiene hoy por poroteo electoral, tal vez Marín esté pensando en rehacer el Golfo, detener la Luna y así prohibir la bajamar, y de paso frenar el viento. Los petroleros piensan todo a lo grande, ya se sabe, y pueden todo. Y como en Punta Colorada no hay agua dulce, cosa que un puerto con población residente necesita, también Marín logre hacer llover sobre la zona.
La Patria, en tal caso, agradecida.
Pero mientras Marín no haga llover, lo sensato es que el oleoducto acceda al mar desde Bahía Blanca, puerto mediocre y barroso si lo hay, pero abrigado, con mareas discretas, desde el cual operan tanqueros de hasta 60.000 toneladas desde hace décadas, y por ahora sin accidentes.
Se trata de una variedad de lechuga crespa, cuya característica más sobresaliente es que, en la misma superficie productiva, se lograron plantas de casi el doble de peso.
La lechuga es la tercera hortaliza de hoja más consumida en todo el mundo y también en la Argentina. Por esto, un equipo de especialistas del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO) del INTA, desde hace 15 años se enfoca en la mejora del cultivo. Ahora, gracias a la edición génica mejoraron la variedad de lechuga crespa Grand rapids y obtuvieron una planta con mayor cantidad de hojas y floración retrasada, lo que impacta en el peso y, además, permite extender la época de comercialización de la hortaliza.
“Logramos apagar un gen que interviene en el desarrollo de la planta y evaluamos numerosos ejemplares hasta encontrar la que presentaba las características que buscábamos, es decir, plantas más grandes y con floración retrasada”, explicó Valeria Beracochea –investigadora del IABIMO del INTA– quien indicó que la bautizaron como lechuga Cisne porque “en el invernáculo, se veían hermosas, sobresalían notoriamente y se diferenciaban a simple vista de las otras plantas”.
Gabriela Soto –directora del Laboratorio de Ingeniería Genética de Leguminosas del IGEAF-IABIMO– señaló que “además, demostramos que podemos apagar, de forma específica y precisa, un único gen. Con el dominio de esta tecnología podremos mejorar otras especies vegetales”.
Esta planta y sus descendientes se evaluaron durante tres generaciones en invernadero y en un sistema hidropónico presentando las mismas características. Actualmente y siempre bajo la órbita del INTA, con la quinta generación de estas plantas se están realizando ensayos a campo como etapa final necesaria para analizar su productividad y la respuesta frente a variaciones climáticas y la presencia de posibles patógenos o insectos.
“Como último paso y con los resultados que se obtengan de esta evaluación a campo, se podrá realizar la inscripción de esta nueva variedad en el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) para poder avanzar hacia su comercialización”, indicó la especialista del INTA.
La nueva lechuga Cisne representa un progreso significativo para la horticultura nacional debido a que permitirá a los productores comercializarlas en menos tiempo y con el mismo peso que la variedad convencional, lo que representa una ganancia directa para los horticultores.
Este desarrollo podría ser utilizado tanto por PyMEs como por productores familiares y se podrá manejar bajo diferentes sistemas de producción: a campo o en invernadero, en la agricultura orgánica o también en sistemas hidropónicos.
“Esta planta y su descendencia fue evaluada durante tres generaciones en invernadero y en un sistema hidropónico mostrando siempre las mismas características”, expresó Beracochea quien destacó la relevancia de este trabajo debido a que desde 1991 el INTA no registra una nueva variedad de lechuga.
En este sentido, Marisa López Bilbao –directora del grupo de mejoramiento de Asteráceas del IABIMO– aclaró que, aunque se han desarrollado variedades de lechuga a nivel nacional e internacional con diversos grados de tolerancia a estreses bióticos, como algunas enfermedades, “hasta el momento no se han podido producir cultivares de lechuga con rendimientos considerablemente mayores, por eso la importancia de este trabajo”.
En medio de esa sentencia de 286 páginas dictada después de casi cuatro años de procedimientos judiciales y miles de terabytes de evidencia, hay tres palabras que lo ocupan todo: “Google es monopolista”, escribió el juez federal norteamericano Amit Mehta, y agregó que la empresa “actuaba como tal”. Su fallo, firmado el 5 de agosto, podría desencadenar grandes cambios en el megamillonario mercado de las búsquedas por internet, pero también en todo el resto del sector tecnológico.
Google tramita alrededor del 90% de las búsquedas por internet que hacen los norteamericanos, incluidas las realizadas desde el celular: esos son los cimientos del mayor negocio publicitario del mundo. En parte, la gente usa Google porque hace bien las búsquedas, pero también porque suele ser el motor de búsqueda “por default” de sus teléfonos y computadoras. Y Google mantiene esa posición pagándoles colosales sumas de dinero a los fabricantes de celulares y desarrolladores de navegadores para seguir siendo su motor de búsqueda predeterminado: durante el juicio se supo que en 2021 esos pagos ascendieron a la friolera de 26.000 millones de dólares.
Los adversarios de Google, respaldados por el Departamento de Justicia norteamericano, venían denunciando desde hace años que a través de esos acuerdos la empresa tenía un control absoluto de las búsquedas online: hacían casi imposible que los competidores tuvieran llegada a nuevos usuarios —¿por qué migrar a otro motor de búsqueda si ya aparece directamente la barra de Google en la pantalla de inicio?—, y también blindaban a Google en su trinchera de dominio, ya que sus algoritmos mejoraban minuto a minuto gracias al imparable flujo de millones de búsquedas al día. Según la sentencia del juez Mehta, esos acuerdos son efectivamente violatorios de la ley antimonopolio.
El desenlace de la causa representa una victoria en la larga cruzada de los organismos reguladores de Estados Unidos contra las gigantes tecnológicas. El Departamento de Justicia, que también ha demandado a Apple, tiene otra causa abierta contra Google por su negocio publicitario y que llegará a instancia de juicio en marzo del año que viene. La Comisión Federal de Comercio, otro organismos de defensa de la competencia, ha presentado demandas contra Meta y Amazon. Los juristas expertos en el tema celebraron la victoria del Departamento de Justicia sobre Google como el fallo judicial más importante en materia de regulación tecnológica desde 2001, cuando Microsoft fue condenada por prácticas monopólicas.
A los mercados pareció importarles bastante menos: tras conocerse la noticias, las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, cayeron apenas un 2%. Los inversores tiene en reservarse su opinión, porque todavía hay dos cosas importantes en el aire. Primero, Google va a apelar y la apelación puede demorar años. Segundo, el tribunal todavía tiene que proponer las correcciones para solucionar el problema que ha identificado. Muchos analistas consideran improbable que el juez proponga una gran receta estructural, como ordenar la separación de Android, el sistema operativo de Google, del resto de la empresa. Otra posible corrección sería obligar a Google ha compartir sus datos de búsqueda con sus competidores, para ayudarlos a entrenar sus propios algoritmos. Pero esa opción también es dudosa, porque además de alentar temores sobre la privacidad de los datos —desde entonces, ya no sería una, sino muchas las empresas que conocerán nuestro historial de búsquedas—, también entraña la necesidad de controles y monitoreos permanentes, algo que la Justicia siempre intenta evitar.
Lo más probable es que a Google no le permitan seguir pagando para ser el motor de búsqueda predeterminado en plataformas como el iPhone. En su lugar, los usuarios tendrían la posibilidad de elegir entre distintos buscadores, algo similar a lo que ya ocurre en la Unión Europea, donde en 2018 la Justicia le ordenó a Google que ofreciera a los usuarios la posibilidad de elegir su motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos con sistema operativo Android (hace poco, Apple se vio obligada a hacer lo mismo con el navegador de sus iPhone). Hasta ahora, cuando se enfrentan a esas opciones, los usuarios parecen optar mayoritariamente por lo que ya conocen: según el sitio de noticias Search Engine Land, para el año 2021 la participación de Google en el total de búsquedas en la UE no se había modificado.
Si Google se viera obligado a poner fin a los acuerdos en cuestión, el gran perdedor inmediato podría ser Apple, que recibe unos 20.000 millones de dólares al año para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado del iPhone, cifra que se reveló durante el juicio. Ese monto equivale al 18% de las ganancias operativas de Apple del año pasado, o sea que prohibir esas acuerdos la privaría de una gran proporción de sus ingresos. De todos modos, la mayoría de los usuarios de todos modos tal vez sigan con Google. Sin embargo, a largo plazo la más perjudicada podría ser Google. Hasta ahora Apple tenía pocos incentivos comerciales para lanzar su propio motor de búsqueda, porque tal como lo señaló el juez Mehta en su sentencia, de haberlo hecho, habría perdido esa ganancia que Google le regala todos los años. Si se prohibiera ese cómodo acuerdo, Apple tendría muchos mejores motivos para desarrollar su propio negocio de búsquedas en iPhone, sumado a los ingresos publicitarios que le reportaría. En los últimos años, Apple empezó a desarrollar su negocio publicitario en torno a su tienda de aplicaciones, y los analistas de medios de comunicación anticipan que muy pronto veremos anuncios publicitarios en Apple TV+, el servicio de streaming de la compañía. Un nuevo motor de búsqueda propio sería una incorporación muy atractiva.
En julio pasado, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, lanzó SearchGPT, su propio motor de búsqueda impulsado por IAShutterstock – Shutterstock
Además, cuando les presenten la opción de reconsiderar su motor de búsqueda predeterminado, los usuarios también podrían sentir curiosidad y probar los nuevos formatos impulsados por inteligencia artificial (IA). Los motores que utilizan esa tecnología, como Perplexity, aseguran que sus resultados de búsqueda son mejores que los de Google. Y el 25 de julio, OpenAI, creador de ChatGPT, lanzó SearchGPT, su propio motor de búsqueda impulsado por IA.
Apple también está apostando fuertemente por alternativas impulsadas por inteligencia artificial. Siri, su asistente de voz, hasta ahora es poco más que un cronómetro cómodo de usar, pero en los próximos meses le inyectarán una nueva versión impulsada por inteligencia artificial, diseñada para ayudar directamente a los usuarios con el tipo de respuestas que antes habrían que tenido que rastrear en Internet. Como vemos, con el tiempo podrían aparecer formas novedosas de acceder a la información global capaces de generar disrupciones de tal magnitud en el negocio de Google que los detractores de las corporaciones no son capaces de imaginar.
