El boom de las exportaciones energéticas y, en mucha menor medida, de las mineras, ya ha cambiado para bien el panorama de las cuentas externas argentinas. Para la próxima década se espera que el alivio sea aún mucho mayor, aunque especialistas advierten que, incluso en el escenario más optimista, el ingreso adicional de dólares no permitirá alcanzar los niveles que presentan los países más ricos en recursos naturales (RRNN) y deberá estar acompañado de una política industrial, científica y tecnológica.
La reversión en el saldo de la balanza energética en los últimos años es un factor determinante a la hora de explicar por qué el país acumula 31 meses consecutivos con superávit comercial. Entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 el resultado acumulado se quintuplicó, desde los u$s2.800 millones hasta los casi u$s14.000 millones; según la consultora LCG, el 20% de ese incremento lo aportó el sector de Combustibles y Energía.
Vale recordar que, entre 2011 y 2023, las importaciones en este rubro superaron a las exportaciones. El giro de 180 grados a partir de entonces, gracias a la maduración de la producción no convencional de Vaca Muerta y el desarrollo de infraestructura de transporte, es una de las razones por las cuales hoy tenemos una apreciación cambiaria similar a la de 2017, pero con una cuente corriente mucho menos deteriorada.
Energía y minería: una locomotora de dólares que no logra acercarnos a los países más ricos en recursos naturales
Por el momento es el petróleo el que tracciona las ventas a otros países en energía y minería, con el litio y el oro aportando también lo suyo, en un contexto de precios internacionales favorables. Hacia adelante, se espera que el cobre se sume a esta ola a partir de nuevos proyectos.
De acuerdo con un informe de la organización Fundar, en base a datos del Ministerio de Economía, en 2025 las exportaciones netas (es decir, descontando las importaciones) de estos dos sectores «estrella» de la economía local totalizaron unos u$s13.000 millones. Para 2035, se estima que las mismas treparán a u$s75.000 millones, casi seis veces más que las observadas el año pasado.
En caso de cumplirse esa proyección, Fundar calculó que las ventas externas de productos primarios por habitante se triplicarían, desde los u$s1.060 actuales hasta los u$s3.179. Esa cifra permitiría superar a países como Brasil, Perú, Estados Unidos, Uruguay o Rusia, pero no a aquellas naciones más apalancadas en los RRNN, como Chile, Australia, Canadá, Noruega o los Estados petroleros de Medio Oriente, entre otros.
«Las industrias extractivas serán una locomotora de dólares, pero no de tantos dólares como solemos creer», señaló la entidad dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas para el desarrollo. Es por ello que sostienen que esa locomotora de dólares debe «arrastrar a otros vagones»: en otras palabras, debe contribuir a fortalecer encadenamientos productivos que traccionen la actividad en otros sectores, como industrias o servicios proveedores.
La importancia de los encadenamientos productivos en Argentina
Esta postura se apoya en el hecho de que Argentina es un territorio con un capital natural per cápita que equivale a un 16% del que tiene Australia, a un 33% del de Canadá y a un 60% del de Chile. Un reflejo de que los recursos naturales no alcanzan por sí solos para darle trabajo a un país con 47 millones de personas, con una extensa y diversa geografía, y con capacidades acumuladas en muchos otros rubros.
En ese sentido, desde Fundar sostuvieron, en diálogo con periodistas, que «la Argentina extractiva» puede hacer que las exportaciones e incluso el Producto Bruto Interno (PBI) mejore, pero, si no viene acompañada de una política productiva inteligente, arrastra pocos proveedores locales, poco empleo formal, poca creación de empresas y poco desarrollo científico-tecnológico. «El riesgo es un territorio más rico mientras dure el boom, con una economía dual y una sociedad más conflictiva», alertaron.
Como alternativa, desde la organización proponen un modelo productivo que también ponga el foco en hacer crecer las exportaciones y el PBI, pero generando estos efectos multiplicadores que permitirían maximizar la generación de empleo formal y cortar, por lo menos en parte, con esta economía dividida en «ganadores» y «perdedores». Y este modelo lejos está de ser una utopía, sostienen, teniendo en cuenta que ya existen 10.000 empresas proveedoras de petróleo y gas distribuidas en las 24 provincias, aunque fundamentalmente en la región Pampeana y en la Patagonia.
Tres países que lograron enganchar a la locomotora con sus vagones
En el marco de una exposición ante la prensa, Daniel Schteingart, Director de Desarrollo Productivo de Fundar, puso como ejemplos los casos de Noruega, Australia y Canadá, tres países que lograron un desarrollo basado en RRNN pero con «vagones enganchados a la locomotora». Y lo hicieron, según detalló el especialista, con una estrategia distinta en cada caso: Noruega con una postura mucho más estatista y nacionalista, y Australia con una desindustrialización planificada, aunque ambos con financiamiento público y un horizonte claro.
En Fundar defienden la idea de que «sin macro no se puede, pero solo con la macro no alcanza». En esa línea, resaltan que, de los 150 países que tienen estabilidad macroeconómica, solo 40 son desarrollados, y que todos ellos tienen un denominador común: estructuras productivas complejas, no solo extractivas.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una caída superior al 40% en su capacidad de compra. El fuerte impacto inflacionario de la devaluación inicial provocó un retroceso durante los primeros meses de gestión del 30%, que no fue revertido. Por el contrario, desde hace dos años se registran contracciones mensuales consecutivas.
Los datos se desprenden del último informe de CIFRA sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil. El reporte señala que, ante la falta de acuerdos en las negociaciones en este período, cabe precisar que todos los incrementos nominales se definieron por decisión de la Secretaría de Trabajo, resultando en valores alineados con las propuestas empresariales que convalidaron la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
Desde la asunción del actual gobierno de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una caída superior al 40% en su capacidad de compra.
El detalle de un salario mínimo que cada vez alcanza para menos
De esta manera, según el informe de CIFRA, el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990.
Según el informe de CIFRA, el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990.
El informe detalla que hace diez años, en junio de 2016, en un dato que sin perder simpleza es una muestra de la economía real, una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan; hoy, con un valor horario de $1.839, se requieren dos horas y media de trabajo para el mismo bien. La brecha es aún mayor en productos como la carne picada, donde se pasó de requerir dos horas de trabajo en 2016 a prácticamente 6 horas en la actualidad.
En ese marco, según el informe, el salario mínimo del pasado mes de junio cubrió apenas poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una familia “tipo” y se necesitaron más de 4 salarios mínimos para alcanzar la línea de pobreza.
La fuerte desvalorización del trabajo se evidencia también en relación con los servicios, entre ellos el transporte público. En 2016 se pagaba un viaje de ida y vuelta en subte con 15 minutos de trabajo percibiendo el salario mínimo; hoy para pagar el mismo viaje sería necesario trabajar 1 hora y 41 minutos a ese salario.
Pérdida de Valor: Hoy se necesitan 2.5 horas de salario mínimo para comprar un kilo de pan, frente a 1 hora en 2016.
Hay una conclusión evidente que surge del trabajo de CIFRA: el salario mínimo perdió su función de piso salarial y de ser una referencia en el mercado laboral, como se evidencia en la comparación con los salarios efectivamente percibidos. En junio de 2016, este piso equivalía al 37,2% del salario promedio registrado del sector privado; en la actualidad, representa apenas el 16,6% de dicha remuneración.
El gobierno de Donald Trump planea anunciar el miércoles que ha llegado a un amplio acuerdo nuclear con Arabia Saudita que podría llevar a que el país enriquezca su propio combustible para reactores nucleares, dijeron funcionarios estadounidenses.
El acuerdo tiene como objetivo vincular aún más a Estados Unidos con el gobierno saudí a medida que la guerra con Irán está tensando esa relación. El gobierno de Trump, según los funcionarios, estima que este hecho proporcionará miles de millones de dólares a la industria nuclear estadounidense, empezando por Westinghouse, que diseña muchos de los reactores que se venden en el extranjero.
El gobierno de Trump planea firmar y anunciar formalmente el acuerdo con los saudíes el miércoles, dijeron dos funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir sobre diplomacia delicada. La gestión anunciaría los detalles al Congreso poco después.
Aunque el acuerdo probablemente tendría apoyo entre muchos republicanos, algunos legisladores estadounidenses de ambos partidos, junto con funcionarios israelíes, han expresado su oposición a dicho plan, por temor a que el reino pueda usar un proyecto nuclear civil para, eventualmente, desarrollar armas nucleares.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los reporteros que viajaban con él en Manila el miércoles que no tenía nada que decir sobre ningún acuerdo nuclear con Arabia Saudita. “Tal vez más tarde hoy, una vez que Washington despierte, haya un anuncio”, dijo. “Les prometo que se enterarán”.
Al ser preguntado sobre las preocupaciones de que el acuerdo pudiera llevar a que Arabia Saudita desarrolle armas nucleares, Rubio dijo: “Basta decir que Estados Unidos no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país del mundo que conduzca al riesgo de proliferación”.
El acuerdo ha estado en discusión durante años, y durante el gobierno de Joe Biden se concibió como parte de un trato más amplio que incluiría el reconocimiento diplomático de Israel por parte de Arabia Saudita. Pero después de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel a manos de Hamás, esa perspectiva se desvaneció. El presidente Trump separó la propuesta de cooperación nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita de cualquier exigencia de que Arabia Saudita reconozca a Israel.
El acuerdo requerirá la revisión del Congreso, que bajo la Ley de Energía Atómica tiene el poder de votar una resolución de desaprobación. Pero, en la práctica, el acuerdo probablemente se aprobaría, porque el Congreso tendría que reunir una mayoría a prueba de veto para anular la iniciativa de Trump.
No obstante, es probable que el debate sobre el acuerdo sea feroz. Para concretar el pacto con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el líder de facto del país de 40 años, Trump tuvo que aceptar términos que podrían limitar el acceso de los inspectores internacionales a cualquier sitio del país que, según ellos, pudiera ser una vía para desviar combustible a proyectos armamentísticos.
Y acordó que, después de un estudio conjunto con Arabia Saudita sobre la economía de la producción de combustible nuclear, se les podría permitir a los saudíes enriquecer uranio o reprocesar plutonio en su territorio. The Wall Street Journal reportó el martes por la noche que Trump había aprobado el acuerdo.
El príncipe Mohammed ha prometido que construiría armas nucleares si Irán lo hace, e incluso insistió en una entrevista que lo haría “sin lugar a dudas”.
Irán ha tenido un programa nuclear que, según dice, está destinado a un uso civil, aunque ha enriquecido uranio casi a nivel de grado armamentístico tras la retirada de Trump en 2018 de un acuerdo nuclear de la era de Barack Obama. Luego, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses que se unieran a Israel para atacar los sitios nucleares de Irán en junio de 2025, y comenzar una guerra contra Irán este febrero.
Trump y el príncipe Mohammed acordaron proceder con la cooperación nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita durante una visita a la Casa Blanca por parte del príncipe en noviembre pasado. Funcionarios estadounidenses y saudíes han estado en conversaciones sobre un plan desde entonces. Estuvieron finalizando los detalles esta primavera y verano, y tenían como objetivo compartir el plan con el Congreso pronto, reportó The New York Times a principios de este mes.
El acuerdo incluye dos cartas anexas secretas acordadas con los saudíes. Se espera que el gobierno argumente que contienen información comercial confidencial y que tratan sobre cuestiones delicadas de seguridad nacional. Pero es posible que algunos miembros del Congreso no estén dispuestos a votar por el acuerdo hasta que todas las cartas se hagan públicas.
El tipo de acuerdo al que ha llegado el gobierno de Trump con Arabia Saudita se llama Acuerdo 123 (pronunciado uno-dos-tres), que establece un marco legalmente vinculante entre las naciones sobre cooperación nuclear. Las obligaciones de dicho acuerdo tienen como objetivo garantizar la no proliferación de armas nucleares. Estados Unidos tiene 26 de estos acuerdos con 51 gobiernos y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Las concesiones de Trump a los saudíes sobre los términos del acuerdo nuclear son significativas. Cuando Estados Unidos firmó un acuerdo similar con los Emiratos Árabes Unidos, que entró en vigor en 2009, hubo condiciones mucho más restrictivas. Los EAU acordaron someterse a inspecciones estrictas, y firmaron lo que se llama un “protocolo adicional” con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además acordaron renunciar al derecho de producir su propio combustible, y eliminaron la posibilidad de tener la infraestructura para producir un arma.
Ese acuerdo llegó a conocerse como el “estándar de oro” para la no proliferación nuclear. Y aunque el gobierno planea argumentar que tendrá otras restricciones vigentes —incluyendo asociaciones conjuntas con los saudíes que permitirán a Washington vigilar de cerca el programa del reino—, el hecho es que Trump se ha retractado de las restricciones negociadas por los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.
Aunque la mayor parte de las negociaciones con los EAU tuvo lugar mientras Bush ocupaba el cargo, el acuerdo fue concluido por Obama y entró en vigor en 2009.
Durante el primer gobierno de Trump, Thomas J. Barrack Jr., un empresario y principal recaudador de fondos para Trump, propuso a la Casa Blanca que las empresas estadounidenses, incluida su propia firma de capital privado, ayudaran a Arabia Saudita a construir plantas de energía nuclear. Esa propuesta se estancó, en parte debido a la renuencia saudí a aceptar las políticas de no proliferación estadounidenses.
El gobierno de Biden mantuvo conversaciones con los saudíes sobre un acuerdo nuclear civil como parte de una propuesta que haría que el reino reconociera a Israel.
En abril de 2025, poco después de que Trump regresara al cargo, Chris Wright, el secretario de Energía, discutió una propuesta con el príncipe Mohammed en una visita al reino, seis meses antes de la visita del príncipe a Washington, dijeron funcionarios estadounidenses.
Trump y el príncipe Mohammed se enfrentaron en mayo por la agresión de Estados Unidos en la guerra de Irán. El príncipe se negó a permitir que el ejército estadounidense usara el espacio aéreo saudí para una operación destinada a escoltar buques cisterna comerciales a través del estrecho de Ormuz, que las fuerzas iraníes, en esencia, controlan. El acuerdo nuclear civil ayuda a poner las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita nuevamente en un terreno más estable.
Durante el gobierno de Biden, Estados Unidos y Arabia Saudita también discutían un acuerdo de defensa mutua, como parte del amplio plan que incluiría la cooperación nuclear a cambio del reconocimiento saudí de Israel. Durante mucho tiempo, los saudíes han presionado a los funcionarios estadounidenses para lograr un acuerdo de defensa mutua que sea ratificado por el Senado, de modo que los futuros presidentes estadounidenses no puedan retractarse fácilmente de él. Los funcionarios saudíes querían dicho acuerdo en parte para disuadir la agresión iraní.
Trump y el príncipe Mohammed llegaron a un entendimiento durante la reunión en la Casa Blanca en noviembre pasado sobre un acuerdo de defensa entre los dos gobiernos, que incluiría la venta de aviones de combate avanzados F-35 al reino. Pero eso no llegó a ser un tratado que el gobierno presentaría al Senado para su ratificación.
Durante la guerra de Irán este año, Arabia Saudita ha dependido de Estados Unidos para que proporcione misiles interceptores para la defensa aérea contra proyectiles iraníes. Sin embargo, a los funcionarios saudís les preocupa si la política estadounidense en Medio Oriente, incluida la asociación de Estados Unidos con Israel, está aumentando los riesgos para Arabia Saudita y otras naciones árabes del Golfo.
En parte debido a eso, los diplomáticos saudíes han estado intentando mantener conversaciones con Irán. Los dos países normalizaron relaciones diplomáticas en 2023, en un acuerdo mediado por China.
Luego de haber crecido 1,9% en abril, respecto de marzo, la actividad económica registró una caída de 0,5% en mayo, con lo que volvió a ratificar el comportamiento inestable que muestra en lo que va del año y que los analistas definen como de “serrucho”. En la medición interanual, en tanto, exhibió una tenue mejora de 0,2%.
El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Allí indicó que, con relación a igual mes de 2025, ocho de los quince sectores de actividad registraron subas en mayo. “Se destacaron Explotación de minas y canteras, con 15,7% interanual (i.a.) y Electricidad, gas y agua (8% i.a.)”, se agregó.
La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras. La suma de estos sectores aportó 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.
En contraste, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-29,3%). Este sector, junto con Industria manufacturera (-5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3%) le restó 1,4 p.p. a la variación interanual del EMAE.
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo referencia al dato mensual e interanual en su cuenta de la red social X, y, además, enfatizó: “El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses de 2026 en relación a igual período del año pasado. El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011″.
El economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, comentó que el EMAE de mayo resultó bastante peor de lo esperado. “Claramente, la aceleración de la cosecha gruesa durante ese mes no compensó el mal desempeño de los otros sectores. Con un crecimiento interanual de 0,2% y una caída mensual de 0,5%, el acumulado anual quedó con solo 1,7% anual”, indicó.
Además, Caamaño señaló que, “lamentablemente, los datos primarios de junio son peores que los de mayo, pero dado que mayo sorprendió por la negativa, es probable que compense un poco”. Y concluyó: “Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja”.
A la hora de explicar este mal resultado de mayo, el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, opinó que es probable que haya habido menos aporte del agro, a lo que se sumó que la industria tuvo un desempeño aún peor que el que ya se proyectaba. “En el caso del agro, lo que pudo haber sucedido es que el cultivo de soja fue menor que el del año pasado, ya que se sembró más maíz, y en el caso de la industria, afectada por costos energéticos y baja demanda interna”, analizó.
En líneas generales, Menescaldi dijo que este año no va a haber crecimiento de la actividad. “Solo agro, petróleo y energía crecen fuerte, pero no logran impulsar al resto de la economía porque la cadena de transmisión, compuesta por exportaciones, crédito y consumo, está rota, y la capacidad de traccionar crecimiento general es muy baja”. Y agregó: “Esto es así porque los ingresos de las familias son insuficientes y la rentabilidad de las empresas es reducida”.
El economista Martín Kalos, director ejecutivo de la consultora Epyca, dijo que este zig zag con leve amesetamiento general del que no logra salir la economía esconde una heterogeneidad muy grande. “Es lo que se popularizó como una economía a dos velocidades, pero en la que lo que se ve en realidad es que una sube y otra que baja”, afirmó.
En este sentido, Kalos remarcó que “se registran récords en muchos sectores, desde el agropecuario hasta el financiero, pasando por minas y canteras, pero, en contrapartida, siguen con rendimientos muy pobres aquellos sectores dependientes del mercado interno, como industria, comercio y construcción”. Y concluyó: “Este es un panorama que se mantuvo en los últimos tres años”.
La fortaleza del dólar contra las principales divisas del mundo, con algunas pocas excepciones como la del yuan chino, tiene varios correlatos, principalmente, en el caso del euro y del yen japonés. Por ejemplo, en el caso nipón, una combinación de baja inflación y depreciación del yen han catapultado a Tokio, entre las 70 grandes ciudades, como la más barata del mundo.
El tema es que amén del impacto en los costos domésticos en dólares hay otra arista que inquieta a los inversores y es el temor a una reversión del “carry trade”.
Por un lado, el último “Mapping the World” del Instituto de Investigación del Deutsche Bank 2026 deja en claro que la fuerte depreciación del yen de los últimos años dio lugar a una transformación estructural en el costo relativo de Japón: alquileres, restaurantes, teléfonos móviles y diversos servicios son mucho más baratos que en otras grandes capitales internacionales. Llegó a esta conclusión tras comparar los precios y los estándares de vida entre 70 capitales en seis continentes, donde se evidenció, por ejemplo, que el alquiler de un departamento de tres dormitorios cuesta en Tokio una cuarta parte que en Nueva York.
Para los economistas del banco alemán, el caso japonés refleja una notable revalorización estructural del país en términos relativos.
Destacan que, por ejemplo, los restaurantes de Tokio son más baratos que los de Varsovia o de Praga y, por ejemplo, una comida para dos personas cuesta un tercio de lo que cuesta en Nueva York o en Zúrich. Brindan otros ejemplos como el del valor de una cita amorosa que en el caso de Tokio cuesta la mitad que en Londres. Pero la diferencia no la explica ninguna crisis económica nipona sino un combo de: baja inflación y una divisa muy debilitada. Ocurre que desde 2012, el yen perdió más del 50% de su valor, mientras que los precios japoneses solo han aumentado aproximadamente un 20%. Un claro ejemplo de lo que en Argentina llamaríamos tiempos de “dólar caro”. Por eso, un europeo o un estadounidense, el combo nipón convierte a Japón en un destino excepcionalmente barato. Pero claro, un “dólar caro” implica, al igual que en Argentina, una situación complicada para las familias niponas con salarios en yenes, sobre todo, en términos de consumo de productos importados o turismo internacional.
La gente del banco germano considera que esta situación se debe a la política monetaria aplicada desde aproximadamente 2012. Es que el Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas, incluso cuando otras grandes economías comenzaron a normalizar sus políticas monetarias y elevaron el precio del dinero. Así la notoria diferencia de rentabilidad entre Japón y otros mercados incentivó a los inversores a vender yenes y comprar activos denominados en monedas con tasas más elevadas, lo que en el argot del mercado se conoce como estrategia “carry trade” que, precisamente, consiste en financiarse en una moneda barata y con tasas bajas para invertir posteriormente en activos con una rentabilidad superior. Pero el problema es que, según estimaciones del mercado, la dimensión del “carry trade” oscila entre el medio billón y más de un billón de dólares.
Ahora bien, no hay duda que el yen ha sido durante años una de las monedas de financiación preferidas por los grandes operadores internacionales, pero ¿algo puede empezar a cambiar la tendencia? O sea, el gran interrogante es si la caída del yen está llegando a su fin. En ese caso, qué podría modificar significativamente este escenario: sin duda, una repatriación de capitales.
Ocurre que gran parte de los “especuladores” de “carry trade” son las propias entidades japonesas que tienen grandes inversiones en el extranjero, según el banco alemán alrededor de 3,4 billones de dólares en activos internacionales. Una proyección realizada por los estrategas del banco indica que una eventual repatriación de capitales japoneses podría alcanzar a cerca de medio billón de dólares, lo que representa casi un 10%del PIB nipón.
Hay estimaciones más dramáticas que hablan de más de 6 a 7 billones de dólares de entidades japonesas en activos extranjeros.
Está claro que el retorno de una gran cantidad de estos capitales podría fortalecer al yen y obligar a desarmar parte del “carry trade” global. Además, este proceso podría verse favorecido por un cambio en la política de inversión de los grandes fondos de pensiones y entidades financieras japonesas. Al respecto, la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, sugirió la posibilidad de orientar una mayor proporción de los activos de los fondos nacionales hacia inversiones domésticas, a la vez que, también se estudia facilitar la compra de bonos públicos japoneses dentro de determinados vehículos de ahorro con beneficios impositivos. En ese caso, si las instituciones niponas aumentan su exposición a Japón, para ello tendrían que vender una parte de sus activos extranjeros y convertir ese capital a yenes, lo cual elevaría la demanda de la moneda japonesa.
Y como en este mundo, la inteligencia artificial (IA) no puede estar ausente del análisis, porque, según el banco, puede convertirse en una oportunidad ya que la IA puede desempeñar un papel relevante en la recuperación económica de Japón. Explican que Japón enfrenta un serio desafío demográfico, ante el envejecimiento de la población y la menor tasa de natalidad, la oferta de mano de obra escasea en varios sectores económicos. Por lo tanto, aquellas tecnologías orientadas a mejorar la productividad, como la automatización, la robótica y la IA, resultan especialmente atractivas en este contexto. De ahí que el gobierno japonés manifestó su ambición de convertir al país en una de las economías más favorables al desarrollo de la IA. No debe soslayarse que Japón ostenta una fuerte base industrial que brinda ventajas para construir centros de datos, fabricar componentes y aplicar nuevas tecnologías en la producción. La apuesta es que, si Japón consigue atraer inversiones tecnológicas y elevar la productividad, podría mejorar su crecimiento potencial, aumentar la rentabilidad de los activos domésticos y así reducir la salida de capital.
Queda claro que un yen débil hace de Tokio una interesante oportunidad para turistas, visitantes, expatriados e inversores con ingresos en dólares o euros. Sin embargo, esta ventaja podría menguar si el yen empieza a recuperarse. Una suba de tasas, una repatriación de capitales o el cierre de posiciones de “carry trade” podrían provocar una apreciación significativa del yen. En ese caso, Tokio continuaría siendo competitiva por la calidad de sus servicios, la seguridad y la infraestructura, pero su “gap” competitivo en términos de dólar, frente a Nueva York, Londres o Zúrich podría comenzar a reducirse.
Si bien Japón se ha convertido en una especie de rareza de precios entre las economías desarrolladas, al erigir a Tokio como la gran capital más barata, el futuro dependerá de si el yen sigue debilitándose o inicia una recuperación capaz de transformar nuevamente el mapa mundial del costo de vida. Un desafío para el BoJ, y los apostadores al “carry trade”.
La campaña para erradicar la poliomielitis es, aparentemente, un gran éxito: ha reducido los casos de la enfermedad en un 99,98 % desde su inicio hace casi 40 años. Sin embargo, el virus es persistente y, en la última década, no se han alcanzado los objetivos de erradicación total en repetidas ocasiones. Algunos investigadores dudan de que la poliomielitis pueda erradicarse en Pakistán y Afganistán —los dos últimos focos de la enfermedad— sin un cambio de estrategia, especialmente ante la escasez de fondos sin precedentes. Algunos opinan que centrarse en la resolución de los conflictos en estos países podría permitir a los vacunadores llegar a zonas actualmente inaccesibles. Otros sugieren abandonar el objetivo de la erradicación y avanzar hacia el control global de la enfermedad.
Durante décadas, el diagnóstico se repitió como mantra: “el problema ferroviario de Argentina es que tiene muchas trochas diferentes”. La frase es correcta, pero incompleta.
El verdadero problema es que nunca se tomó una decisión técnica sobre qué estándar adoptar, y mientras tanto la red se fue desarmando hasta niveles irreversibles. Hoy, esa destrucción deja de ser solo una tragedia y se convierte en algo más incómodo: una oportunidad histórica para reconstruir con un ancho de vía unificado y una lógica regional, no nacional.
Según el análisis de AIMAS (·), entre Uruguay, Paraguay, la Mesopotamia argentina y el Sur de Brasil se acumulan 10.000 km de vías abandonadas sobre un total de 17.000. Los 7.000 restantes “no se ven muy lindos”, como sintetiza Jorge de Mendonça.
(·): AIMAS es la Asociación Intermodal de América del Sur, una organización civil fundada en 2017 con sede en Ingeniero White, Bahía Blanca, Argentina. Su principal objetivo es promover la Economía de Transporte Intermodal (ETI) para integrar de manera eficiente el uso de camiones, trenes y barcos en la región.
La foto es brutal: la Cuenca del Plata —el corazón logístico del Cono Sur— perdió más de la mitad de su red ferroviaria y opera con estándares técnicos del siglo XIX. Pero justamente por eso, si hay que reconstruir casi todo, es el único momento en 150 años en el que se puede decidir un estándar único y hacerlo bien.
La propuesta que emerge desde AIMAS no es nostálgica ni romántica: es técnica y geopolítica. La tesis es simple y contundente: reconstruir sin unificar la bitola es repetir el error histórico.
Reconstruir con bitola unificada —compatible con los 32,5 toneladas por eje que ya usan Brasil y Estados Unidos— permitiría por primera vez una red interoperable entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con corredores de carga que no se detienen en cada frontera por incompatibilidad de vía.
El punto de partida no es abstracto: la nota en portugués que acompaña el análisis identifica a la región gaúcha de la Cuenca del Plata como el primer territorio lógico para esa integración: Sur y Oeste de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Mesopotamia argentina.
Es la zona donde más vías se perdieron, donde más exportaciones dependen del ferrocarril y donde la reconstrucción puede tener impacto inmediato en pymes, agro, minería, comercio y e‑commerce. No se trata de un corredor simbólico: se trata de la columna vertebral logística del Mercosur.
En paralelo, la agenda oficial de Brasil y Argentina va en dirección contraria. Ambos países avanzan en licitaciones bajo el modelo europeo de open access, que fragmenta la red, obliga a competir trenes entre sí, reduce la escala y deja fuera a la mayoría de las localidades y cargadores.
El resultado es conocido: redes reducidas, déficit crónico y dependencia de subsidios. El documento técnico de AIMAS lo sintetiza con números: incluso con el mejor estándar técnico posible, el modelo de concesionario vertical y el open access no generan excedente suficiente para mantener su propia infraestructura, mientras que el Modelo Ferroviario Integrado 5F sí logra cubrir y superar el costo de reconstrucción cuando opera con trenes mixtos, intermodalidad plena y bitola moderna.
La diferencia no es ideológica, es de diseño. El 5F plantea que compitan los negocios, no los trenes: la locomotora es el gancho común detrás del cual se ordenan vagones de terceros, furgones de paquetería, contenedores, semirremolques y servicios de e‑commerce, con el camión, los puertos y los barcos como aliados, no como enemigos.
El tren mixto deja de ser un servicio subsidiado y se convierte en el mecanismo que hace rentables ramales de baja demanda, porque sostiene la tracción y permite que el precio del flete de carga vaya íntegro al excedente. En ese esquema, más estaciones activas significan más puntos de carga, más frecuencia posible, menor costo marginal y mayor ocupación, es decir, rentabilidad.
La oportunidad regional que abre este enfoque es doble. Por un lado, reconstruir la red con un estándar técnico que permita autosustentabilidad: sin saltar a 25–32,5 t/eje, ningún modelo —ni 5F, ni concesionario, ni open access— paga su infraestructura. Por otro, usar esa reconstrucción para integrar de verdad la Cuenca del Plata, con una bitola única que conecte a los cuatro países en un sistema ferroviario interoperable, capaz de competir en costos y tiempos con los corredores de Norteamérica y Brasil.
El componente político no es menor. Durante casi dos siglos, los Estados subnacionales —provincias, municipios, prefecturas— no tuvieron participación real en la política ferroviaria, y los usuarios tampoco tuvieron poder de auditoría.
Argentina, sin embargo, ya tiene una ley que habilita otro esquema: la Ley 27.132, que permite la participación de entes locales y abre la puerta a modelos donde el Estado fija reglas y el negocio se financia con capital privado de largo plazo. Brasil podría replicar esa lógica.
Con reglas claras, estándares técnicos modernos y un modelo intermodal territorial, las concesiones de 99 años dejan de ser un tabú y se convierten en una herramienta para ordenar la inversión y la gobernanza de la red.
La pregunta que deja planteada el mensaje de Jorge de Mendonça es incómoda pero necesaria: ¿vamos a esperar tres siglos más para resolver el problema de las trochas, o vamos a aprovechar que está todo destruido para reconstruir con un estándar único y rentable? La respuesta no está en un paper ni en un manifiesto: está en las decisiones que tomen hoy los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay cuando liciten, regulen y definan cómo quieren que se mueva su economía en los próximos 100 años.
El tiempo y el acceso a los estudios varían entre los diferentes sistemas de cobertura.
“Cuando me dijeron que me tenía que operar, hubo una demora para conseguir un turno porque no había camas. En ese tiempo el tumor se expandió”. “Tuve que reprogramar tres veces los turnos porque la medicación no llegaba”. Estos no son casos aislados. Son algunos de los testimonios recopilados por la Fundación Donde Quiero Estar entre pacientes con cáncer de distintas provincias argentinas.
Las historias son distintas, pero tienen un mismo protagonista: el tiempo y el acceso. Conseguir un turno, completar estudios, obtener una autorización o recibir un medicamento oncológico, sobre todo los de alto costo, puede llevar semanas o meses.
Una investigación que integra trabajos desarrollados en distintas provincias, una encuesta nacional entre oncólogos y entrevistas con especialistas de algunos de los principales hospitales públicos del país, muestra que la brecha entre los distintos subsistemas comienza desde el diagnóstico y se profundiza a medida que aparecen tratamientos cada vez más sofisticados. En casi todos los casos, quienes dependen exclusivamente del sistema público enfrentan mayores obstáculos para acceder a estudios moleculares, medicamentos innovadores o terapias dirigidas. Incluso algunos nunca llegan a recibir la opción terapéutica más adecuada para las características biológicas de su tumor. A su vez, hay oncólogos que denuncian “presiones” por parte de las obras sociales para las que trabajan para evitar que receten terapias de alto costo.
Acceso desigual al tratamiento oncológico en la Argentina
Fuente: Asociación Argentina de Oncología Clínica. Encuesta transversal a 390 oncólogos sobre un universo de 794 profesionales registrados. Marzo de 2024
Un estudio realizado en el Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, de Tucumán, siguió el recorrido de pacientes con cáncer de pulmón avanzado atendidos en el sistema público y encontró un dato tan contundente como preocupante: ocho de cada diez perdieron la oportunidad de acceder al tratamiento dirigido más adecuado para las características de su tumor.
En una enfermedad donde la progresión puede ser rápida, los investigadores observaron que el proceso de testeo molecular y gestión del tratamiento demoró una mediana de 52,5 días, un tiempo suficiente para que muchos pacientes perdieran la ventana terapéutica ideal.
El impacto fue directo sobre las decisiones terapéuticas. La mitad de los pacientes debió iniciar una quimioterapia citotóxica empírica de urgencia porque no podía esperar el acceso a una terapia dirigida, mientras que tres de cada diez presentaron una progresión fulminante de la enfermedad o fallecieron antes de poder recibir un tratamiento de primera línea, quedando limitados a cuidados de soporte.
Según Juan José Zarba, jefe del Servicio de Oncología del hospital tucumano y uno de los autores del trabajo, el cuello de botella comienza mucho antes de que el paciente llegue al oncólogo. “En cáncer de pulmón, primero tiene que conseguir un turno con el neumonólogo, realizar una fibrobroncoscopía, una tomografía y otros estudios. Solo ese proceso puede demorar cerca de dos meses. Después aparece otro desafío: obtener el diagnóstico molecular, gestionar la autorización y conseguir la medicación. Muchas veces la enfermedad no espera y debemos comenzar una quimioterapia. Y esto sucede con muchos tipos de cáncer. En cáncer de cuello uterino, por ejemplo, también vemos demoras de tres o cuatro meses desde los primeros síntomas hasta el inicio del tratamiento”.
A pesar de lo descripto, según el Ministerio de Salud de la Nación, si bien el cáncer continúa siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre las personas de 5 a 59 años, una reciente publicación del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) muestra una tendencia descendente en la mortalidad de la mayoría de los tumores más frecuentes en la Argentina entre 2015 y 2024.
Muchos pacientes debieron iniciar una quimioterapia de urgencia porque no pudieron esperar el acceso a una terapia dirigidaShutterstock
En cuanto al acceso al diagnóstico, los datos del RITA (Registro Institucional de Tumores de Argentina), que reúne información de aproximadamente 40.000 pacientes atendidos en hospitales públicos entre 2012 y 2025, muestran que, en los cinco tumores más frecuentes (cáncer de cuello uterino, mama, colorrectal, pulmón y neoplasias hematológicas), transcurren entre dos y tres meses desde el inicio de los síntomas hasta la primera consulta, y alrededor de un mes a un mes y medio hasta alcanzar el diagnóstico. En relación con el acceso al tratamiento, la mediana fue de un mes para los tumores hematológicos y de 2,3 meses para el cáncer de cuello uterino.
Lo observado en Tucumán no constituye un caso aislado. La fotografía nacional más completa sobre acceso a la atención oncológica fue elaborada por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) a partir de una encuesta respondida por 390 oncólogos de todo el país.
La primera gran brecha aparece en el acceso al tratamiento indicado. Según los oncólogos, el 68,7% de los pacientes con medicina prepaga recibe desde el inicio el esquema terapéutico completo prescripto por el especialista. Ese porcentaje desciende al 54,8% entre quienes tienen obras sociales provinciales, al 47,4% en las obras sociales sindicales, al 34,9% en PAMI y apenas alcanza el 9,9% entre quienes dependen exclusivamente del sistema público.
Sobre el acceso a inmunoterapias, el 89% de quienes tienen medicina prepaga accede de manera habitual. Esa proporción en el sistema público cae al 36,1%, mientras que el 10,8% nunca logra acceder.
Las complicaciones en el acceso a la medicina varían según el lugar de residenciaMy Ocean Production
En los estudios moleculares que permiten definir si un paciente puede recibir inmunoterapia, el 95,5% de los pacientes con cobertura privada accede de manera habitual, mientras que en el sistema público ese porcentaje desciende al 72,6%. El 8,8% directamente no llega a acceder.
El relevamiento de la Fundación Donde Quiero Estar mostró las dificultades para acceder al diagnóstico y al tratamiento. El relevamiento evaluó el recorrido de 153 pacientes oncológicos en la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Misiones. Uno de los puntos más preocupantes de las conclusiones del trabajo fue que las pacientes con cáncer de mama esperaron 125 días desde la primera consulta hasta el inicio de la terapia.
A su vez, las complicaciones varían según el lugar de residencia. Mientras que el 55% de los pacientes de la provincia de Buenos Aires reportó problemas para obtener la medicación indicada, esa proporción fue del 50% en Tierra del Fuego, del 38% en la Ciudad de Buenos Aires y descendió al 26% en Misiones.
Esa realidad también quedó reflejada en un estudio realizado en el Hospital San Bernardo de Salta, que evaluó el acceso al tratamiento de 78 pacientes oncológicos atendidos en esa institución durante 2024. Allí, uno de cada dos inició la terapia después de las cuatro semanas recomendadas y, en el 94,7% de los casos, la demora estuvo vinculada a un mismo motivo: la falta de medicación. Las mayores dificultades se concentraron en los anticuerpos monoclonales. Apenas cuatro de cada diez pacientes que necesitaban estas terapias lograron recibirlas y la demora promedio alcanzó las 8,8 semanas, más del doble de la observada con la quimioterapia convencional.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que el acceso al diagnóstico molecular es uno de los principales desafíos para consolidar la medicina de precisión en oncología. Según explicaron, hoy las pruebas diagnósticas y los tratamientos suelen tener circuitos regulatorios y de financiamiento separados, lo que puede generar demoras y dificultades de acceso. Frente a ese escenario, la estrategia oficial apunta a evaluar en conjunto el test y la terapia, bajo un enfoque de medicina basada en valor, con modelos de financiamiento sostenibles y mecanismos de cobertura que prioricen aquellas intervenciones con beneficio clínico demostrado.
En paralelo, indicaron que se trabaja en fortalecer redes de laboratorios de referencia, mejorar la capacidad diagnóstica y actualizar los marcos regulatorios para incorporar biomarcadores y medicina de precisión dentro de las políticas públicas.
Para Diego Kaen, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Enrique Vera Barros de La Rioja, expresidente de la AAOC, el escenario refleja un cambio profundo en los desafíos de la especialidad. “La ANMAT aprueba nuevas drogas y los pacientes saben que existen porque hoy están mucho más informados y llegan al consultorio preguntando por ellas. Pero después muchas veces las obras sociales o las prepagas no las autorizan por el costo”, describe.
Kaen advierte además sobre una situación que, asegura, comenzó a repetirse con mayor frecuencia en distintos puntos del país. “Estamos recibiendo denuncias de oncólogos que son presionados para ser removidos de las cartillas por indicar medicamentos de alto costo. Es una forma de presión sobre el médico. El oncólogo termina administrando costos cuando su única preocupación debería ser indicar el mejor tratamiento posible”, resalta Kaen.
Para Kaen, otro de los grandes desafíos es el acceso al diagnóstico molecular. “Por ejemplo, hoy prácticamente ningún paciente con cáncer de pulmón debería iniciar tratamiento sin un estudio molecular. Sin embargo, en la Argentina menos del 30% accede a ese análisis y la enorme mayoría de esos estudios terminan siendo financiados por la propia industria. El otro 70% directamente no se estudia porque no tiene acceso”.
El especialista considera que el problema excede a cada hospital y requiere una estrategia nacional. “No podés dejar a Jujuy, La Rioja o Tierra del Fuego negociando individualmente medicamentos oncológicos. Las provincias más chicas terminan comprando a través de droguerías y pagan mucho más caro. Al menos para los hospitales públicos debería existir una compra centralizada con una distribución equitativa”, sugiere.
La preocupación también alcanza a uno de los principales centros públicos especializados en cáncer del país. En el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA, reconocen que las mayores dificultades aparecen una vez indicado el tratamiento, aunque destacan que el Roffo no es el encargado de proveer las drogas, sino que son los bancos de drogas de las provincias los que deben enviarlas.
“Cuando el paciente ingresa al Roffo y podemos asumir su atención, los tiempos para cirugía o radioterapia suelen ser relativamente cortos. El problema aparece con las terapias de precisión”, explica Adalberto Rodríguez, director del Área Técnica del instituto. “Hoy hablamos de mejores terapias, pero más costosas. Eso genera cada vez más pedidos de autorizaciones, auditorías y documentación adicional, lo que genera demoras”, describe.
Un importante oncólogo de un hospital público nacional de alta complejidad, que pidió reserva de identidad por tratarse de un tema sensible, resume el dilema cotidiano que enfrentan muchos equipos médicos: «A veces sabemos cuál sería el mejor tratamiento para un paciente, pero terminamos indicando otro porque es el único que probablemente podamos conseguir en un tiempo razonable. Son decisiones muy difíciles porque la enfermedad no espera”.
En paralelo, varios de los especialistas consultados expresaron preocupación por la decisión del Gobierno de integrar las funciones del Instituto Nacional del Cáncer a la estructura del Ministerio de Salud, bajo el nombre de Dirección Nacional del Cáncer (DNC). Mientras la cartera sanitaria sostuvo que se trata de una reorganización administrativa destinada a reducir estructuras duplicadas, que no afecta al funcionamiento ni a los programas presentes y futuros.
“En los últimos años se debilitaron varios programas de prevención y detección precoz. Antes existían estrategias nacionales consolidadas para cáncer de mama, cuello uterino y colon. Hoy muchos de esos programas funcionan con mayores dificultades. La reorganización del Instituto Nacional del Cáncer probablemente influyó en ese proceso: por ejemplo, el programa de test de VPH lleva tiempo con problemas para acceder a reactivos y ya no existe el mismo nivel de coordinación que había”, lamenta Zarba.
Estados Unidos aplicará desde este mes un arancel del 25% sobre las importaciones del Brasil, que excluirá a «productos energéticos» y tierras raras aunque alcanzará al bioetanol. La medida marca la intención de EE.UU. de retomar la presión comercialcontra sus socios comerciales tras una pausa forzada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de ese país que fue adverso en materia arancelaria para la administración de Donald Trump.
En concreto, la máxima instancia judicial estadounidense en febrero había dejado sin efecto los aranceles recíprocos que el gobierno aplicó contra decenas de países a mediados de 2025 invocando una ley de emergencia internacional (IEEPA).
Con ese recurso legal denegado por la corte, el gobierno estadounidense ahora recurrió a la Sección 301 de una ley comercial de 1974 para sancionar al Brasil, lo que anticipa probables aranceles también contra la India, China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea en los próximos meses.
El Representante Comercial de los EE.UU., Jamieson Greer, anunció el jueves pasado la aplicación de un arancel general del 25% sobre las importaciones desde Brasil a partir del 22 de julio, tras una investigación sobre «prácticas comerciales desleales» amparada en la Sección 301.
El arancel del 25% alcanzará al etanol, azúcar, muebles, maquinaria, calzado y otros productos. En cambio, el gobierno dejó exceptuados a productos más sensibles como petróleo y sus combustibles derivados (“productos energéticos”), tierras raras, aeronaves y sus componentes, carne vacuna y café, entre otros.
La Oficina del Representante Comercial aclaró que este gravamen no afectará a los productos que ya están alcanzados por los aranceles aplicados bajo la Sección 232 de otra ley comercial de 1962, tales como acero, aluminio, cobre, automóviles y otros bienes. El acero brasileño está pagando un gravamen de 50%.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el presidente brasileño Lula da Silva y su gobierno «no han negociado con Estados Unidos de buena fe». «Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo para el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de ello», declaró Rubio en un posteo en X.
Aranceles: EE.UU. presiona a Brasil por el bioetanol
El petróleo y sus combustibles derivados han quedado exceptuados de todos los aranceles que la administración Trump aplicó hasta ahora contra otros países. Sin embargo, el bioetanol, un combustible producido a partir del maíz o la caña de azúcar, fue particularmente alcanzado en el nuevo arancel contra Brasil.
La Oficina del Representante Comercial justificó el arancel del 25% citando prácticas comerciales del Brasil que afectan al comercio con los EE.UU., que van desde el trato arancelario desigual para el etanol estadounidense y la falta de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, hasta la deforestación de la selva amazónica y las barreras al comercio digital.
«Las amplias negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no han resuelto estas cuestiones; sin embargo, seguimos abiertos a continuar negociando con Brasil para lograr los cambios, largamente necesarios, que aborden los problemas identificados en esta investigación», declaró Greer.
El ministro de Comercio de Brasil, Marcio Elias Rosa, evaluó que el 18% de las exportaciones brasileñas a EE.UU. se verán afectadas por este arancel, lo que representa unos 7000 millones de dólares. La Cámara de Comercio Estadounidense (Amcham) en Brasil señaló que la medida sitúa a «Brasil entre los países que enfrentan las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense».
En lo que respecta al etanol se advierte que las exportaciones de EE.UU. a Brasil en 2025 totalizaron US$ 96 millones, una caída de 87% en comparación con 2018, debido al restablecimiento de un arancel. «Brasil ha dejado de aplicar el trato arancelario equilibrado que mantenía anteriormente y no ha correspondido al trato arancelario favorable que Estados Unidos otorga al etanol brasileño», argumentó el gobierno.
El impacto del arancel sobre los productores de bioetanol será acotado dado que las exportaciones ya eran bajas de por sí. Los productores más afectados serán los del nordeste del Brasil, aunque ahora pueden acceder al mercado europeo gracias al acuerdo comercialentre el Mercosur y de la Unión Europea.
Los productores brasileños afirman que EE.UU. lleva décadas aplicando políticas restrictivas contra la importación de azúcar, lo que compensa con creces el desequilibrio en el comercio de etanol y azúcar. Al mismo tiempo, el arancel aplicado al etanol estadounidense se rige por las normas del Mercosur.
«La política de etanol de Brasil está plenamente alineada con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se aplica de manera no discriminatoria y cumple con los compromisos multilaterales asumidos por Brasil», declaró la Asociación de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía de Brasil (Unica).
La entidad argumentó que la reducción de las exportaciones de etanol estadounidense al mercado brasileño se debe principalmente a la expansión de la producción nacional, especialmente de etanol a base de maíz.
La creciente producción es alentada en parte por el aumento en el corte obligatorio de etanol en los combustibles. El gobierno brasileño elevó este año el corte obligatorio de etanol en las naftas del 30 al 32% a partir del 1 de agosto.
El último gran modelo de lenguaje (LLM) construido en China está impresionando a los científicos con su tamaño y capacidades. La semana pasada, Moonshot AI, con sede en Pekín, presentó ‘Kimi K3’, un potente modelo de lenguaje de razonamiento que puede manejar grandes extensiones de texto. Las pruebas realizadas por la propia empresa encontraron que K3 puede igualar o superar a los modelos rivales estadounidenses en tareas como la codificación y la manipulación de hojas de cálculo.
Desde DeepSeek, ningún modelo de inteligencia artificial chino había causado tanto revuelo. «Es un punto de inflexión,» dice Joel Pearson, un neurocientífico cognitivo en UNSW Sydney en Australia, quien estudia cómo la IA está afectando la vida de las personas. «La gente lo está llamando un ‘momento Sputnik'», añade.
Tres días después del lanzamiento del modelo, Moonshot AI dijo que había pausado las nuevas inscripciones para K3 porque la demanda había llevado su sistema cerca de los límites de su capacidad de procesamiento.
El lanzamiento del modelo, el 16 de julio, se produjo justo antes de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 en Shanghái. La conferencia comenzó con el presidente chino Xi Jinping anunciando el inicio formal de una alianza global para crear una regulación que asegure que la IA sea segura y beneficie a las personas. «Desde la perspectiva de China, todos los países deberían adoptar un enfoque centrado en las personas y desarrollar la IA para el bien y para el beneficio de todos,» dijo Xi en la conferencia, añadiendo que la IA debería ser un motor para la «prosperidad compartida y la seguridad común».
El momento del lanzamiento de Kimi K3 es significativo, dice Mehwish Nasim, investigadora de IA en la Universidad de Australia Occidental en Perth. El modelo fue lanzado solo unas semanas después de Claude Fable 5 por la empresa estadounidense Anthropic, y días después de que OpenAI lanzara su último modelo GPT-5.6. «China está señalando su ambición no solo de construir sistemas de IA de vanguardia, sino también de ayudar a dar forma al ecosistema internacional de IA y su gobernanza,» dice ella.
El modelo de mayor peso abierto
K3 es de peso abierto, al igual que su predecesor Kimi K2 y los modelos DeepSeek, que fueron desarrollados por una empresa de Hangzhou del mismo nombre, lo que significa que sus componentes principales están disponibles públicamente y pueden ser descargados y modificados por investigadores de forma gratuita, mientras que la información sobre el entrenamiento del modelo es privada. También se puede acceder a él utilizando una ‘interfaz de programación de aplicaciones’, que permite a los software comunicarse, a un costo menor que los LLMs propietarios, como los de OpenAI, Google y Anthropic. Esos LLM son de peso cerrado, lo que significa que no se pueden descargar ni modificar.
Moonshot dice que los pesos, o parámetros, se publicarán el 27 de julio. Rahul Shome, un investigador de robótica e IA en la Universidad Nacional de Australia en Canberra, dice que ha habido un impulso por parte de consumidores, desarrolladores e investigadores para hacer que los modelos de IA sean de peso abierto. K3 es particularmente emocionante porque sería el modelo de pesos abiertos más grande, dice Shome, con 2.8 billones de parámetros y una memoria de trabajo de un millón de tokens (las unidades de texto utilizadas por los modelos de IA). Sin embargo, el modelo es demasiado grande para ejecutarse en dispositivos personales, por lo que probablemente requerirá una inversión significativa por parte de las instituciones para ejecutarlo, añade.
La gran memoria de trabajo de K3 significa que podría recordar el contenido de miles de líneas de código o un libro entero y reducir la probabilidad de producir información fabricada llamada alucinación, dice Niusha Shafiabady, investigadora de inteligencia computacional en la Universidad Católica Australiana en Sídney. Shafiabady dice que va a probar K3 por sí misma pidiéndole que resuma los hallazgos de la investigación.
Cerrar la brecha
El rendimiento y las capacidades de los modelos de pesos abiertos han estado históricamente por detrás de los de los modelos propietarios estadounidenses. Pero la brecha parece ser la más estrecha que jamás haya sido, dice Aaron Snoswell, investigador de responsabilidad de IA en el Laboratorio de IA Generativa de la Universidad de Tecnología de Queensland, Brisbane.
Pearson dice que los modelos de código abierto chinos están cambiando la forma en que los inversores y usuarios perciben el valor de los modelos de vanguardia estadounidenses. Google, Anthropic y OpenAI gastan miles de millones de dólares entrenando sus modelos en comparación con los presupuestos mucho más bajos de las empresas chinas. Además, los usuarios podrían perder el acceso a los modelos estadounidenses si el gobierno decide imponer restricciones, dice Pearson. El mes pasado, Anthropic desactivó temporalmente sus modelos más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, para todos los usuarios después de que el gobierno de EE. UU. le ordenara suspender el acceso a los ciudadanos extranjeros. El acceso a Fable 5 se restauró este mes, pero Mythos 5 solo está disponible para organizaciones específicas de EE. UU.
Toby Walsh, un científico informático de la UNSW, dice que las empresas chinas de IA han podido construir modelos de IA de vanguardia a pesar de que Estados Unidos restringe el acceso de China a chips avanzados de IA, citando preocupaciones de seguridad nacional. «Uno sospecha que la necesidad aquí fue la madre de la invención,» añade.
Kimi K2.5 se hizo popular en China, en parte porque es bueno para ejecutar agentes de IA, cuyo uso ha explotado en el último año más o menos, dice William Guey, quien está estudiando modelos de IA en la Universidad de Tsinghua en Pekín. Estas herramientas autónomas pueden llevar a cabo acciones específicas como descargar artículos de investigación de Internet o escanear sitios web. K3 también está bien ajustado para ejecutar agentes de IA, añade Walsh, que es lo que a mucha gente le interesa.
Las empresas chinas de IA están apuntando a desarrolladores y consumidores estadounidenses para que utilicen LLMs chinos, dice Snoswell.
Pero queda por ver si habrá una adopción generalizada de K3 más allá de China, dice Nasim. La adopción probablemente dependerá de cómo las universidades y los gobiernos evalúen los riesgos de seguridad del modelo, añade, incluyendo cómo se almacenan y utilizan los datos de los usuarios por parte de la empresa, y si terceros pueden acceder a ellos.
Las propias políticas de China podrían limitar su uso fuera de sus fronteras. A principios de este mes, el gobierno del país supuestamente se reunió con las empresas chinas de IA Alibaba, Z.ai y ByteDance para discutir la posible restricción del acceso de los usuarios en el extranjero a los modelos de IA nacionales, según un informe de los medios.
Aun así, Walsh dice que K3 es una indicación de que los investigadores tendrán una selección diversa de modelos de peso abierto y propietarios para elegir. «Es una evidencia de que la IA no va a ser un mercado de ganador se lo lleva todo,» añade.
