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Un modelo rengo: crece la actividad, pero cae la inversión

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La semana pasada nos enteramos que pasó algo muy poco usual. El INDEC informó que el PBI creció 0,7% en el primer trimestre del 2026, un dato que convive con una caída de la inversión del 1,7% y de las importaciones del 2,5%. En general, estos tres números se mueven en la misma dirección.

Es probable que la contracción de la industria manufacturera (cayó un 1,7%) tenga mucho que ver con esto, porque el grueso de la inversión la hace a industria y porque esta inversión es, en buena medida, bienes de capital e insumos importados.

Que inviertan las empresas argentinas es fundamental. Pero también es importante que lo hagan empresas extranjeras (“IED” por Inversión Extranjera Directa, para los amigos). Las multis hacen inversiones que las locales a veces no pueden hacer (por la complejidad y la escala), te pueden ayudar a ganar mercados y hasta transferirte tecnologías más modernas que las que ya hay en el país.

Bueno resulta que, pese a que llegó Javier Milei, seguimos recibiendo muy poca IED en comparación con la región. Aunque es llamativa la falta de inversión de argentinos y extranjeros, en un gobierno market friendly que está haciendo un ajuste gigantesco, no es casualidad. Precisamente por el ajuste, el mercado interno sigue estando muy anémico y el sector que vive de venderle al mundo es todavía muy pequeño como para arrastrar al resto.

Golpeando las puertas del cepo 

Lo que se puede ver es que la tasa de inversión, actualmente en torno al 16% del PIB, sigue por debajo de los niveles que tenía en el 2004. Los flujos netos de IED vienen cayendo en picada desde que asumió Milei y cerraron el 2025 en terreno negativo, algo que no pasaba desde el 2003. Se destaca, además, un llamativo pico en el año 2023; a esto me quiero referir. Pero antes dos aclaraciones.

Aclaración 1: el dato de IED mezcla fusiones y adquisiciones con inversión nueva. A veces es útil que una empresa extranjera adquiera una nacional, porque puede traer las ventajas que te comentaba más arriba. Pero ojo que mucha IED no necesariamente significa que haya muchos fierros nuevos.

Aclaración 2: que la IED sea negativa significa básicamente que, en su conjunto, las empresas extranjeras están girando más fondos de los que están ingresando. 

Al mirar el número, hay una trampa conceptual que conviene señalar, porque muchos analistas, por ignorancia o malicia, incurren en ella. Tomemos el caso de 2023. Ese año Argentina se había destacado como el tercer destino de IED en América Latina.

Te cuento un secreto: ese dato se explica por las restricciones cambiarias, que prácticamente obligaron a las empresas extranjeras a reinvertir, ante las dificultades que tenían para girar dividendos al exterior por las vías habituales. Es como si alguien te quisiera convencer de que una fiesta está buenísima porque la gente no se va y sigue bailando, pero sin tener en cuenta que no hay bondis para volver a casa. Buena parte de la IED que recibimos en estos últimos años es en realidad capital atrapado que no podía salir, y que empezó a hacerlo cuando se flexibilizó el cepo. 

No casualmente el panorama es en términos generales muy pobre: nadie quiere ir a una fiesta de la que no puede volverse. Mirá lo que pasó entre 2010 y el 2024 (no te puedo mostrar el 2025, porque no hay datos para todos los países). Estamos casi últimos, apenas por arriba de Paraguay, midiendo la IED como fracción del PIB. Incluso sin datos completos de 2025 para la región, sabemos que Argentina cerró con saldo neto negativo de IED, algo que casi ningún país de la región enfrentó ese año.

No todo el panorama sea tan desalentador y es muy fácil encontrar excepciones. Basta con sacar los pies del AMBA y poner la lupa en Neuquén, San Juan o Mendoza, donde están las actividades que vienen exhibiendo un buen dinamismo. Ahí la cosa está un poco mejor.

Pero lo que está claro es que, en general, hay poco interés de parte de empresas extranjeras y nacionales por hundir capital en la Argentina. Algunos se imaginaban que con Milei esto iba a cambiar rápidamente, pero no fue así, no por casualidad, sino por razones que tienen que ver con el diseño de la política macroeconómica.

Democracia china

El gobierno celebra cada vez que una multi abre una filial en el país, como si estuviéramos ante un verdadero boom de empresas transnacionales que se instalan en nuestro país. La última vez fue cuando la cadena Miniso abrió un local en el Shopping Dot. 

Lo que no te cuenta el relato oficialista es que en ese mismo acto de inversión están algunas de las razones del estancamiento general: la apertura importadora. La propia Miniso se dedica a traer muñecos de China.

La otra razón es que energía, minería, agro y finanzas vienen bien, pero los sectores con mucha capacidad de tracción, como la industria y la construcción, siguen para atrás.

Cuando no hay mercado, se hunde la inversión que apunta directamente a crear capacidad instalada. Puede haber algo de gasto para otros ítems asociados, pero ningún empresario va a invertir si no puede vender. Además, la industria tiene un margen importante de máquinas sin utilizar, por lo que, antes de seguir hundiendo capital, hay que utilizar el que ya existe. Durante abril, el grado de utilización de la capacidad instalada se situó apenas por debajo del 60%.

Con la competencia de importados mordiendo los talones y un mercado interno que no crece lo suficiente, a lo sumo habrá actos puntuales de inversión, particularmente en sectores con perspectivas de colocar la producción en el exterior, o de empresas nuevas que vienen a quitarle el lugar a las que ya están. Pero la inversión agregada seguirá siendo baja por un buen rato.

Lluvia de inversiones de noviembre

El gobierno tiene un argumento para contraponerle a estos números. Sonido de redoblante…:  los anuncios. En efecto, ya se prometieron unos USD 34.400 millones en nuevas inversiones. Si googleás vas a encontrar que se revolean cifras que equivalen prácticamente a toda la inversión que hoy tenemos (unas 3 o 4 veces más del monto anterior).

El problema, además de que son unos pocos proyectos muy grandes, es que por ahora son nada más que eso, promesas. 

Lamentablemente, dato mata relato y del dicho al hecho hay un largo trecho. Para que una empresa, nacional o extranjera, decida invertir necesita un mercado. Mientras no lo tengan, no importa cuántos beneficios impositivos o exenciones se ofrezcan. Hoy por hoy, el RIGI y el Súper RIGI son regímenes demasiado generosos diseñados para seducir al capital, pero que no enamoran al grueso de las empresas y, lo que es peor, pueden terminar siendo aprovechados por aquellas que no lo necesitan.

Hay una forma de impulsar la actividad que, por sus efectos directos e indirectos, es poderosa. El gobierno eligió deliberadamente ignorarla: hablamos de la obra pública. En el 2024 y el 2025 Milei invirtió en promedio un 0,31% del PIB, muy por debajo del promedio invertido durante la Cristina Fernández de Kirchner (en torno al 2,66%) e incluso menos que durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Tenemos el nivel más bajo de obra pública desde la crisis de la Convertibilidad.

El presupuesto 2026 prevé gastos de capital que mantienen el 0,32% del PBI. Una decisión lamentable. La obra pública, además de ser fundamental, tiene la capacidad de traccionar a la inversión en general. Con estos niveles de gasto de capital, el Estado argentino prácticamente no tiene los recursos comprometidos como para construir rutas, redes de agua, infraestructura energética, ni ampliar la conectividad y esto, además de ser menos inversión pública, significa menos actividad y menos incentivos para que inviertan los privados. 

La apuesta del gobierno es a que toda la inversión, incluso la que tradicionalmente hacía el sector público, la haga el sector privado, y que nos salve Vaca Muerta. El problema es que, con toda la furia, los sectores estrella concretan hoy por hoy una décima parte de toda la inversión del país. El resto la suelen hacer actividades que no vienen tan bien y no tienen razones para hacerla.

Emiliano Libman

YPF se asocia a la italiana ENI y a XRG, de Abu Dabi, para desarrollar el proyecto Argentina LNG

El proyecto Argentina LNG es una iniciativa para desarrollar la exportación de gas natural licuado (GNL) proveniente principalmente de Vaca Muerta. Se trata de un proyecto integrado upstream-midstream con una inversión estimada inicialmente en torno a los 20.000-50.000 millones de dólares en sus distintas fases, que busca posicionar a Argentina como exportador relevante de GNL.

YPF, la compañía italiana Eni y XRG -empresa internacional de la petrolera estatal de Abu Dhabi ADNOC- anunciaron la firma de acuerdos definitivos para el desarrollo del segmento upstream del proyecto Argentina LNG. La operación contempla la transferencia de participaciones accionarias en la sociedad vehículo UPCO ARLNG I S.A.U., que concentrará la titularidad de tres bloques de gas no convencional en la cuenca de Vaca Muerta afectados al plan de exportación.

De acuerdo con los términos informados, Eni y XRG adquirirán cada una un 32% del capital social de la mencionada sociedad, mientras que la petrolera argentina retendrá el 36% restante y la condición de operador. La transacción final se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones regulatorias precedentes, entre las que se destaca la aprobación de la transferencia de las áreas hidrocarburíferas por parte de la autoridad de aplicación correspondiente.

Los bloques dedicados al abastecimiento del proyecto de licuefacción son Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II. El ingreso de los socios internacionales convalida las proyecciones que anticipaban aquellas negociaciones para incorporar a las socias en esta ventana de la Cuenca Neuquina con el objetivo de apuntalar las inversiones necesarias en producción.

Previo a este esquema de asociación, el 30 de abril de 2026, YPF consolidó el 100% de la titularidad de los bloques tras concretar un intercambio de activos (swap) con Pluspetrol. Mediante dicho acuerdo, la petrolera local absorbió el 50% de la participación que Pluspetrol mantenía en las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, resolviendo así la reconfiguración accionaria necesaria para dar ingreso a las corporaciones extranjeras.

“Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Las áreas de desarrollo conjunto en gas seco y húmedo

Las áreas involucradas suman superficie en las ventanas de gas húmedo y seco de la formación no convencional. Las Tacanas cuenta con una extensión de 323 kilómetros cuadrados al sur de Rincón del Mangrullo, orientada al gas seco; Aguada Villanueva abarca 50 kilómetros cuadrados con presencia de gas condensado; y Meseta Buena Esperanza cubre 303 kilómetros cuadrados con potencial de gas rico en derivados líquidos.

La viabilidad regulatoria del upstream en áreas de gas húmedo demandó adecuaciones normativas a nivel nacional a fines de 2025, permitiendo que proyectos con derivados líquidos asociados pudieran encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los comunicados de las empresas detallan que la producción de estos bloques permitirá tanto el abastecimiento de gas como la monetización de los condensados asociados al fluido.

El esquema logístico integral proyecta la exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL mediante la utilización de dos unidades flotantes de licuefacción.

Los nuevos datos técnicos provistos por las compañías indican que los recursos extraídos de estos bloques se destinarán a alimentar una capacidad total de licuefacción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL. Esta infraestructura de procesamiento planificada para el proyecto integral se estructurará mediante la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad de 6 MTPA cada una.

Cerca de las firmas habían estimado que la fase integral del proyecto requerirá desembolsos por US$ 16.000 millones en el segmento de infraestructura de transporte y licuefacción (midstream y puertos), y otros US$ 12.000 millones dedicados exclusivamente al upstream. El proyecto vincula de forma integrada la extracción en la Cuenca Neuquina con gasoductos y plantas terminales para transformar el fluido en gas natural licuado (GNL) de exportación.

El desembarco de XRG y ENI en Vaca Muerta

Para XRG, subsidiaria de la estatal ADNOC, la transacción representa su inserción directa en la cuenca no convencional de la Argentina. La firma árabe precisó que la inversión se alinea con su estrategia global de expansión en gas natural y GNL, sumándose a su cartera de activos que incluye participaciones en proyectos de infraestructura en los Estados Unidos (Rio Grande LNG), Azerbaiyán (campo Absheron), Turkmenistán y Mozambique.

Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó que la “Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad. Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo».

«Esta transacción le da a XRG un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales. Estamos muy contentos de asociarnos con YPF, un socio altamente capaz y estratégico con amplia experiencia en el sector energético argentino y un rol líder en el desarrollo de Vaca Muerta», y con Eni, un desarrollador líder de proyectos de GNL flotante.», afirmó Al Aryani

Por su parte, Eni consignó que la firma del contrato de compraventa de acciones (SPA) responde a su estrategia corporativa de diversificación geográfica y fortalecimiento de su cartera de gas natural y GNL de equidad. El Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, Guido Brusco, comentó que “la entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales»

«Vaca Muerta -detalló- es una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos: nuestra participación nos posiciona a lo largo de toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales, generando valor mientras contribuimos a la seguridad energética global”.

El cronograma de trabajo acordado por el consorcio tripartito contempla avanzar de forma inmediata en las fases técnicas siguientes con el objetivo de formalizar la Decisión Final de Inversión (FID, según la sigla en inglés) antes del cierre de 2026. La firma de este compromiso financiero y operativo resultará determinante para viabilizar el inicio de la construcción de las facilidades del upstream y asegurar el fondeo requerido para el montaje de la infraestructura de midstream y licuefacción.

Ignacio Ortiz

La Justicia europea confirmó la multa a Google por u$s 4.700 millones

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La principal corte de la Unión Europea ratificó este jueves la multa récord de US$ 4.700 millones impuesta a Google por abuso de posición dominante. De esta manera, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) rechazó el segundo y último intento de la firma estadounidense por revertir la sanción antimonopolio más grande jamás aplicada por el bloque continental.

El litigio, que se remonta a una resolución original de la Comisión Europea en 2018, concluyó su camino judicial con una penalidad que asciende a los US$ 4.700 millones (4.100 millones de euros), declarando además a Alphabet —empresa matriz de Google— como responsable solidaria del pago.

«El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por Google y Alphabet contra la sentencia del Tribunal General, confirmando así la sanción impuesta a estas empresas, revisada por el Tribunal General, por sus prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android», dictaminó el TJUE a través de un comunicado oficial.

El eje de la acusación: el bloqueo a la competencia

La investigación del regulador antimonopolio de los 27 países miembro determinó que la compañía abusó de la masividad y popularidad de su sistema operativo Android para asfixiar a sus rivales en el mercado digital. Según los tribunales europeos, Google presionó sistemáticamente a los fabricantes de teléfonos móviles para que preinstalaran por defecto su propio motor de búsqueda y el navegador Google Chrome, bloqueando de forma efectiva la visibilidad de otras alternativas desarrolladas por la competencia.

Aunque la Comisión Europea fijó inicialmente la multa en 4.300 millones de euros, en 2022 el Tribunal General de la UE (la segunda instancia del bloque) redujo la cifra a los 4.100 millones de euros actuales. Google decidió apelar una vez más ante la máxima autoridad judicial europea bajo el argumento de que el caso «carecía de fundamento» y que la sanción, en realidad, «castigaba la innovación».

Sin embargo, el máximo tribunal fue tajante al desestimar esos argumentos, asegurando que el fallo de primera instancia «no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android».

La respuesta de Google

Tras conocerse la sentencia definitiva, la firma con sede en Mountain View manifestó su disconformidad con el criterio judicial europeo, defendiendo la naturaleza del software que da vida a la gran mayoría de los smartphones del planeta.

“Android ofrece más opciones para todos y da soporte a miles de empresas. Este fallo no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito”, expresó un portavoz de Google en declaraciones a la cadena de noticias CNBC.

No obstante, desde la empresa buscaron llevar tranquilidad al mercado y a sus socios comerciales al aclarar que el ecosistema técnico ya fue modificado en base a las exigencias del bloque. “En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial de 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la transparencia para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, concluyeron desde la compañía tecnológica.

Las casas prefabricadas en China irrumpen en el mercado local y encienden el debate

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La importación de una vivienda prefabricada desde China por parte de una familia de Santa Fe volvió a poner sobre la mesa el impacto que estas soluciones habitacionales pueden tener en la industria argentina. Según consignó Rosario3, la construcción, de 72 metros cuadrados, tuvo un costo de unos 700 dólares por metro cuadrado —incluidos flete y trámites aduaneros—, muy por debajo de los valores que demanda una obra tradicional en el país.

Ante este escenario, Franco Gagliardo, titular de la firma Obring y miembro de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló en diálogo con Radio 2 que estas viviendas industrializadas ofrecen una alternativa interesante para usos específicos, como campamentos mineros, desarrollos en zonas remotas o proyectos que requieren rapidez de ejecución.

Sin embargo, fue contundente al afirmar que no representan una amenaza para la construcción convencional, sino que ambos sistemas tenderán a coexistir. Para Gagliardo, el verdadero desafío del sector no pasa por resistir la llegada de estos productos, sino por reconvertirse y adoptar nuevas tecnologías que permitan elevar su competitividad.

El empresario también advirtió que la presencia de proveedores chinos ya empieza a presionar los precios de las viviendas industrializadas fabricadas en Argentina, y confirmó que cada vez son más los desarrolladores privados que importan desde el gigante asiático insumos como puertas, sanitarios y griferías, seducidos por el equilibrio entre calidad y costo que ofrecen esos productos.

Los servicios públicos, con precios regulados, aumentan muy por encima de la inflación

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Desde los primeros días de su mandato, el presidente Javier Milei implementó una serie de medidas orientadas a la desregulación y liberalización de distintos sectores de la economía. Una de las consecuencias más visibles de esta política ha sido el constante incremento de las tarifas de los servicios básicos, lo que golpea con dureza el bolsillo de los ciudadanos y profundiza la erosión del poder adquisitivo. Un ejemplo claro es el transporte público: el boleto mínimo de colectivo ya alcanza los 1.015,16 pesos, mientras que el valor máximo trepa a 1.790 pesos. Según un estudio de la UBA y el Conicet, la suba de las tarifas ha triplicado la inflación acumulada desde el inicio de la gestión libertaria.

Un reciente trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, dependiente de la UBA y el Conicet, revela que la suba de las tarifas ha triplicado la inflación acumulada desde el inicio de la gestión libertaria.

Si bien en los primeros meses se observó una desaceleración en el índice general de precios respecto del gobierno anterior, el acumulado inflacionario ya ronda el 223 por ciento.

Por otro lado, según la propia Secretaría de Transporte de la Nación, admite que la cantidad de usuarios del transporte público se redujo en el AMBA en más de 2,5 millones de personas: en el Subte un -60% (400 mil pasajeros); en trenes -48% (400 mil menos), y en los colectivos -46% (un millón 700 mil pasajeros menos)

Sin embargo, los servicios esenciales han corrido con una suerte muy distinta. El informe desglosa cifras alarmantes: el agua potable registra un alza del 418 por ciento, mientras que la electricidad aumentó un 276 por ciento. En este último caso, el fuerte impacto del cargo fijo ha disparado las facturas, que para un hogar de consumo promedio ya rondan los 150.000 pesos.

Pero el récord lo ostenta el gas natural, cuyo incremento acumulado asciende a un vertiginoso 1.048 por ciento, impulsado principalmente por la progresiva eliminación de subsidios.

Sin embargo, la tendencia no se detiene: la quita de beneficios podría profundizarse con el eventual fin del régimen de Zona Fría, que hasta ahora otorga descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento según la región y la categoría del usuario.

Usuarios del transporte público, los más golpeados

Por encima de todos los rubros, el transporte colectivo se erige como el servicio que más se ha encarecido desde noviembre de 2023, con una escalada del 1.236 por ciento. Durante junio, los micros que circulan en la provincia de Buenos Aires registraron un aumento del 4,8 por ciento, muy por encima de la inflación mensual promedio. Así, el boleto mínimo cuesta hoy 1.015,16 pesos, y el trayecto máximo —superior a 27 kilómetros— se paga a 1.790 pesos.

Usuarios sin la SUBE: en el horno

Los usuarios que no tienen la SUBE registrada afrontan tarifas aún más altas: un mínimo de 1.456,66 pesos y un máximo de 2.455,52. Para colmo, el saldo negativo de la tarjeta apenas alcanza para cubrir poco menos de dos viajes mínimos, evidenciando la creciente dificultad de la población para costear un derecho tan básico como el desplazamiento diario.

Claude Science, el modelo de Anthropic para la investigación científica y el desarrollo de fármacos

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Anthropic presentó Claude Science, su nuevo modelo IA orientado a la investigación científica. El anuncio fue hecho durante un evento con ejecutivos farmacéuticos, fundadores de empresas biotecnológicas e investigadores.

El producto se suma a la familia de herramientas especializadas de la empresa y busca ocupar, para la investigación científica, el mismo lugar que Claude Code tiene hoy en el desarrollo de software. En detalle, esta nueva escisión del modelo original estará orientada especialmente en biología computacional y desarrollo de fármacos.

Desde este martes ya está disponible para todos los usuarios pagos de Claude. Además del lanzamiento, Anthropic anunció que utilizará la plataforma para desarrollar sus propios proyectos de investigación orientados a tratamientos para enfermedades raras y desatendidas.

Cómo funciona Claude Science

Al igual que Claude Code, la nueva herramienta puede ejecutar tareas complejas de manera autónoma a partir de instrucciones de alto nivel, siempre que tenga acceso a las herramientas necesarias para trabajar. Aunque Anthropic ya había incursionado en este terreno con Claude para Ciencias de la Vida – lanzado en octubre de 2026 como un conjunto de integraciones con software y bases de datos científicas-, el nuevo modelo da un paso más allá ya que se trata de un producto independiente y con capacidades específicas para investigación.

Claude Science busca competir con Google DeepMind.

«Claude Science integra estas herramientas fragmentadas en un único entorno de investigación donde los científicos pueden llevar a cabo todas las etapas de su trabajo. Ayuda a analizar la literatura y a realizar investigaciones en múltiples etapas, genera documentos detallados y permite refinar iterativamente figuras y manuscritos hasta que estén listos para su publicación. Cada resultado incluye un historial auditable de su creación, lo que permite validar y reproducir los resultados», detalló la empresa en un comunicado oficial tras el lanzamiento.

Durante la presentación del pasado martes, Eric Kauderer-Abrams, director de Ciencias Biológicas de Anthropic, detalló:»El hecho de que este producto se sitúe al mismo nivel que Claude Code y Claude Cowork como el próximo gran lanzamiento de nuestra misión demuestra su importancia«,

«Nuestra misión es desarrollar IA que contribuya al bienestar a largo plazo de la humanidad, y creemos que la mayor oportunidad para lograrlo reside en las ciencias biológicas», sentenció.

Qué puede hacer la nueva IA de Anthropic

Claude Science fue pensado para integrarse en el trabajo cotidiano de los científicos, no para reemplazar otras herramientas de la compañía. Entre sus funciones, la empresa destacó la capacidad para:

  • Escribir y ejecutar código para investigaciones científicas.
  • Administrar trabajos en clústeres de computación de alto rendimiento.
  • Garantizar la reproducibilidad de los resultados y rastrear el origen de cada análisis.
  • Integrarse con herramientas de genética, química y biología de proteínas.
  • Asistir en la identificación de potenciales candidatos a nuevos medicamentos.

Durante la presentación, Alexander Tarashansky, responsable del desarrollo de Claude Science, mostró cómo el sistema podía identificar de forma autónoma posibles tratamientos para la fenilcetonuria, una enfermedad genética poco frecuente.

La creación de nuevos fármacos, el objetivo en el horizonte

La compañía no limitará el uso de Claude Science a laboratorios externos o empresas farmacéuticas. También anunció que empleará la plataforma para desarrollar investigaciones propias sobre medicamentos destinados a enfermedades desatendidas. Según explicó Anthropic, el objetivo es doble: contribuir al desarrollo científico y, al mismo tiempo, evaluar el desempeño de la herramienta en escenarios reales de investigación.

La apuesta también tiene una dimensión comercial. Las farmacéuticas representan uno de los sectores con mayor capacidad de inversión en inteligencia artificial y podrían convertirse en clientes estratégicos para la empresa.

En ese contexto, Anthropic aseguró que se encuentra cerca de alcanzar su primer trimestre rentable, mientras avanza en acuerdos con grandes compañías y se prepara para una eventual salida a bolsa hacia finales de este año.

La competencia con Google DeepMind

El lanzamiento de Anthropic llega en un terreno ampliamente dominado por Google DeepMind, que lidera el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la ciencia. Su CEO, Demis Hassabis, y el investigador John Jumper recibieron el Premio Nobel de Química por AlphaFold – un innovador sistema de IA que predice la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos – mientras que la compañía también realizó aportes en meteorología, ciencia de materiales y otras disciplinas.

Ahora, la desarrolladora de Claude busca posicionarse ahora como uno de los principales actores del sector. La empresa considera que su experiencia en modelos capaces de programar y resolver tareas complejas puede convertirse en una ventaja para los investigadores. En esa estrategia, destaca un movimiento reciente en el sector, cuando John Jumper anunció su salida de DeepMind para incorporarse a Anthropic.

CNEA: quiénes son los despedidos y dónde trabajaban  

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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidió este martes por la mañana a 61 trabajadores que se venían desempeñando en distintas sedes del organismo. Todos estaban empleados bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, que inicialmente eran por un año y desde enero se habían comenzado a renovar por trimestre. El anuncio se concretó en medio de un fuerte operativo de la Gendarmería que rodeó la sede central de Avenida Libertador y también ingresó a los distintos pisos del organismo científico. “Por lo pronto, no hay ninguna desvinculación más prevista”, aseguraron fuentes cercanas a las autoridades de la CNEA.

“Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, aseguró el sindicato ATE CNEA a través de un comunicado en el denunció una política de desmantelamiento que también incluye una fuerte licuación salarial y el vaciamiento de capacidades adquiridas durante décadas.

“No se trata de despidos, sino de 61 contratos no renovados, de mayoría analistas/asistentes administrativos. No hubo despidos de ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado”, retrucaron fuentes cercanas a las autoridades de la CNEA.

La dirección de la CNEA destacó que “el 100% de los desvinculados fueron ingresados en el año 2023 bajo la modalidad de contrato de plazo fijo (no planta), durante la presidencia de Adriana Serquis”. “42 de los 61 desvinculados es personal que contaba solo con nivel secundario/primario”, agregaron.

Por la noche, el propio presidente de la CNEA, Martín Porro, ratificó esa posición desde su cuenta en la red social X al afirmar que «no hubo despidos de personal científico ni estratégico».

La argumentación oficial va en línea con la declaración que había formulado el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli quien el pasado 15 de abril preparó el terreno para estos despidos al postear en X que “durante años, se utilizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica –y al sector nuclear en general—como aguantadero de la política”.

Este planteo fue refutado ante EconoJournal por personal de la CNEA que precisó que el listado incluye técnicos capacitados, en su mayoría jóvenes, que en algunos casos contaban incluso con informes de desempeño positivos elaborados por los gerentes de área, los cuales no fueron tomados en cuenta por la conducción de CNEA.  

Las fuentes consultadas aseguraron, por ejemplo, que entre los despedidos está Paula Alderete, técnica en el laboratorio de microscopia de la Gerencia de Área de Energía Nuclear que funciona en el Centro Atómico Constituyentes y utiliza un microscopio SEM (Scanning Electron Microscope); Carla Melisa Navazzotti, licenciada en RR.HH., con un posgrado en Ingeniería Gerencial en la Universidad Tecnológica Nacional, que se desempeña en la Gerencia de Área CAREM, reactor modular en construcción que el gobierno frenó; Lucas Di Donatis, ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Alejandro Valentín Coria, ingeniero electrónico también egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ambos trabajaban en la Gerencia de Área CAREM. Di Donatis como analista de Seguridad Radiológica y Coria como Ingeniero de Proyectos en Instrumentación y Sistemas de Control.

Además, afirmaron que a Leila Cantera, que se desempeña en la Gerencia de Área Reactor Argentino Multipropósito (RA-10) en el Centro Atómico Ezeiza, la desvincularon solo porque antes se desempeñaba en la Gerencia de Área CAREM y en la información que utilizó la presidencia del organismo para llevar adelante los recortes no figuraba su nueva dependencia interna.

Más allá de las declaraciones encontradas, los nombres de los 61 empleados desvinculados están circulando desde la mañana de este martes. Por lo tanto, se va a poder conocer su formación y trayectoria profesional en detalle durante los próximos días.  

Despidos, protestas y gendarmes en la sede de CNEA

 “Por la presente, y conforme a lo instruido por la autoridad competente, se le notifica por esta vía, y mediante el envío de carta documento al domicilio declarado en su legajo, que el contrato de trabajo a plazo fijo que lo vincula con la Comisión Nacional de Energía Atómica finalizará definitivamente el 30 de junio de 2026, por vencimiento del plazo pactado y no será renovado ni prorrogado”. Esa fue la comunicación que le llegó a los 61 contratados este martes por la mañana a través del sistema de Gestión Documental Electrónica.

La noticia sorprendió porque los delegados afirmaron que habían hablado informalmente con el presidente de CNEA, Martín Porro, y que este les había prometido que no habría despidos a fin de este mes de junio. “No nos viene dando reuniones, pero el otro día lo agarramos en un pasillo y le preguntamos si iba a haber despidos y nos dijo que no”, reveló Rodolfo Kempf, secretario de Relaciones Institucionales CTAA y vocal del Consejo Directivo ATE Nacional.

Una promesa similar había sido formulada por Porro en el Centro Atómico Bariloche a fines del primer trimestre y en esa ocasión no hubo ninguna desvinculación. Poco duró esa paz. Anteayer a la mañana temprano comenzaron a llegar los avisos.

Un análisis del listado de los despedidos realizado por EconoJournal permitió precisar que se desvinculó personal de 16 gerencias: 15 de la Gerencia de Área CAREM; 12 de la Gerencia de Área Investigación, Desarrollo e Innovación; 6 de la Gerencia de Área Energía Nuclear del Centro Atómico Constituyentes; 4 de la Gerencia de Administración y Finanzas; 4 de la Gerencia de Área Académica; 4 de la Gerencia Centro Atómico Bariloche; 3 de la Gerencia de Área Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación y los 13 restantes se distribuyen en otras ocho gerencias.

Cuando la noticia de los despidos comenzó a circular, los sindicatos y otros trabajadores de la CNEA se acercaron a la sede central para pedirle explicaciones al presidente. Porro se negó a recibirlos y recién salió de la oficina de la presidencia, en el segundo piso, cuando la Gendarmería fue a protegerlo para que saliera de la institución.  

La presencia creciente de Gendarmería viene generando polémica desde hace varios meses en la CNEA, sobre todo en la sede central donde no hay material nuclear. Fuentes cercanas a la conducción del organismo señalaron que CNEA está custodiada por Gendarmería “por ser institución estratégica”. “El personal desvinculado ingresó ilegalmente al edificio y generó disturbios. Al verse desbordada, Gendarmería pidió refuerzos, incluidos vehículos blindados”, agregaron.

Fernando Krakowiak

COMENTARIO DE AGENDAR: POR QUÉ PORRO TE APORREA

Los videos muestran que hubo palos. Los memoriosos y longevos nos acordamos de aquel invierno de 1966 en que la Guardia de Infantería de la Policía Federal irrumpió a romper cabezas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Unas cuantas cabezas.

Los beneficiados por ese tratamiento de reeducación del dictador Juan Carlos Onganía, bruto como un arado con perdón del arado, fueron el decano de Exactas, el Dr. Rolando García, la del Dr. Manuel Sadosky, fundador de la computación en Argentina, el Dr. Carlos Domingo, del Instituto de Cálculo, dos profesores visitante (Warren Ambrose, del Massachussets Institute of Technology, Félix Cernuschi, fundador del Departamento de Física de la Universidad de la República de Uruguay), pero hubo más de un centenar.

Lo que se estaba defendiendo era la autonomía universitaria argentina, lograda y perdida y recuperada tantas veces en el siglo XX.

Aquel 29 de julio de 1966, unos 400 estudiantes que habían tomado Exactas para impedir que Onganía echara a sus docentes, fue arreada hacia los camiones celulares, pero antes tuvo que pasar entre dos filas de guardias de infantería que los molieron a palos. Hubo fracturas de cráneos, mandíbulas, miembros superiores e inferiores. Estamos hablando de alrededor de 300 heridos

1300 profesores universitario de todo nivel renunciaron a sus cargos, en repudio. Decenas de imprescindible emigraron rápidamente al exterior, y fueron recibidos al toque en universidades, industrias avanzadas, laboratorios y facultades de Sudamérica, EEUU y Europa. Empezó, o más bien se reanudó, la tradición de nombramientos de personas de vuelo intelectual más bien bajito, acomodadas por la dictadura. El prestigio de la UBA también recibió palos.

Se terminaba la que todavía llamamos su época de oro.

Hay perdidas y pérdidas. En este caso, no es sólo del prestigio argentino logrado hacer funcionar tres centrales nucleóeléctricas sin ninguna ayuda de proveedores internacionales, o de haber construído casi todos nuestros reactores reactores de producción de radioisótopos, de investigación, o de formación de ingenieros, físicos y químicos nucleares.

O del prestigio de haber vendido reactores y tecnología nuclear en Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda, y sigue la lista. O el de haber sacado por knock out a EEUU del mercado de reactores multipropósito.

Gente: es el átomo. Estamos hablando de plata y de poder tecnológico y diplomático acumulados contra viento y marea durante 76 años. Eso estamos sacrificando.

Cuando estos caníbales de su propio país dicen que no van a despedir más contratados, mienten. Están tanteando la temperatura del agua con el dedo gordo. Si no se queman, el plan es echar un total de 176 contratados. Y seguir. Hasta que no quede nada.

Pero el 85% del personal de la CNEA ya está bajo la línea de pobreza. Desde que llegó la murga de Javier Milei, esta institución de unas 3000 personas ya perdió 400. Se fueron solos, muchos a la industria, muchos al exterior. Gente con décadas de formación muy especializada.

En suma, las circunstancias socioeconómicas de estos hechos son mucho peores que las de 1966, cuando Argentina era un faro regional de nivel de vida, nivel educativo, prestigio académico, potencia industrial y distribución de la riqueza. Onganía la tuvo difícil, nuestro país era muy duro. El actual es un flan.

Por eso, comparado con Onganía, Porro es un imitador incipiente.

Pero inspirado: Porro te aporrea.

Daniel E. Arias

Abajo, una lista de los despedidos que consiguió el colega Krakowiak.

Gerencia Área Central Argentina de Elementos Modulares – CAREM (GACAREM):

  1. Fernando Jesús Cohello
  2. Franco Farid Zalazar
  3. Sabrina Queipo
  4. Alejandro Valentín Coria
  5. Florencia Vanina Peduzzi
  6. Cristian Emmanuel Barrios
  7. Alfonsina Ghiglione
  8. Anabella Ayelén Bressan
  9. Melina Daniela Parodi
  10. Lucas Di Donatis
  11. Carla Melisa Navazzotti
  12. Diego Eduardo Basualdo
  13. Guillermo Julián Anselmino
  14. Augusto Gabriel Manzi
  15. Carlos Natanael Burdiles Azocar

Gerencia de Área Investigación, Desarrollo e Innovación (GAIDI):

  1. Rocío Malen Quidel
  2. Silvina Edith Pérez Álvarez
  3. Andrea Beatriz Mozzone
  4. Marcela Edith Godoy
  5. Alejandro Petrone
  6. Érica Gamboa
  7. María Florencia Lenzano
  8. Luana Agustina Perna
  9. Facundo Leanes
  10. Natalia Josefina Ebel
  11. Camila Giselle Gómez
  12. Laura Magali Tapies

Gerencia de Área Energía Nuclear (GAEN):

  1. Ailén Bárbara Disi
  2. Paula Nicole Alderete
  3. María Eugenia Martínez
  4. Micaela Bianchi
  5. Gustavo Ariel Bosisio
  6. Gustavo Adrián Menéndez

Gerencia de Administración y Finanzas (GAYF):

  1. María Agustina González Barreiro
  2. Jimena Lazare
  3. Gastón Damián Basler Vega
  4. Marcos Servant

Gerencia de Área Académica (GAA):

  1. Verónica Ramírez
  2. Nahuel Rodríguez Caza Rocha
  3. Ramiro Sáenz Valenzuela
  4. Karina Velásquez

Gerencia Centro Atómico Bariloche (GCAB):

  1. Iván Álvarez
  2. Darío Tejeda
  3. Inda Pagano
  4. Matías Cellini

Gerencia de Área Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación (GAPRYAR):

  1. Paula Liliana Richeri
  2. Carla Ayelén Corvela Bustos
  3. Miguel Ángel Benvenuto

Gerencia de Comunicación Social (GCS):

  1. Diego Martín González
  2. Nahuel Ernesto Beglia
  3. Nora Fabiana Sánchez

Gerencia de Área Aplicaciones Nucleares a la Salud (GAANS):

  1. Juan Pablo De Marco
  2. Valeria Alejandra López

Gerencia de Vinculación Tecnológica y Empresas Asociadas (GVTYEA):

  1. Ayelén Soledad Encina
  2. Marianela Amira Pini

Gerencia de Combustibles Nucleares (GCN):

  1. Mauricio Nicolás Benegas

Gerencia de Área Articulación Institucional (GAAI):

  1. Ivana Luz Campos

Gerencia de Exploración de Materias Primas (GEMP):

  1. Rodolfo Agustín Gavagnin

Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente (GASNYA):

  1. Fermín Pablo SOSA

Gerencia de Área Reactor Argentino Multipropósito (RA-10):

  1. Leila Cantera

Gerencia de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (GTIC):

  1. Marcos Adrián Ventrice

El proyecto de Kicillof para regularizar las aplicaciones de reparto en Buenos Aires

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Seguros de accidentes a cargo de las empresas, «botones de pánico» para avisar a las fuerzas de seguridad, y microcréditos, entre otros puntos

El gobierno de Axel Kicillof formalizó el martes pasado el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley que busca poner reglas a un sector que hasta ahora creció sin marco normativo específico: el de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios a través de aplicaciones digitales.

La iniciativa, que había sido anunciada por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa y apunta a garantizar salud, seguridad, transparencia salarial y mejores condiciones de trabajo.

En aquella oportunidad, Kicillof había planteado que la regulación bonaerense busca ir en sentido contrario a la reforma laboral nacional impulsada por Javier Milei, que consagró a los trabajadores de aplicaciones como «independientes» y los dejó fuera de cualquier relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

«Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan», había sostenido el gobernador ante la Legislatura, y subrayó que el proyecto se alinea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con regulaciones ya vigentes en países como Francia, España y Gran Bretaña, donde existen garantías sobre el piso salarial de estos trabajadores.

Según los datos que maneja la cartera laboral, a nivel nacional entre 600 mil y un millón de personas trabajan a través de aplicaciones, y en el AMBA se concentra buena parte de esa actividad: se estima que cerca de medio millón de repartidores se desempeñan bajo la lógica del algoritmo, que asigna las tareas y fija el valor de cada viaje con criterios que no son transparentes para quien presta el servicio. A eso se suma la dificultad estructural de estos trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar condiciones, lo que profundiza la asimetría frente a las empresas de plataformas.

Qué aplicaciones quedarían alcanzadas

Aunque el proyecto bonaerense no menciona empresas puntuales -define de forma genérica a la «plataforma de trabajo» como cualquier forma organizativa que mediante sistemas digitales organice, promueva o facilite la prestación de un trabajo humano-, el universo de aplicaciones que operan hoy en la Argentina y que potencialmente caerían bajo este marco regulatorio incluye, en el segmento de transporte de pasajeros, a Uber, Cabify y DiDi, y en el de reparto y delivery, a Rappi, PedidosYa y Uber Eats, entre otras plataformas locales y regionales con modelos similares.

Se trata de las mismas empresas que en quedaron alcanzadas por el Decreto 407/2026 del gobierno nacional, que las puso bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y las definió como prestadores independientes excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, en sintonía con la reforma laboral impulsada por la administración libertaria. Es justamente ese esquema el que el proyecto bonaerense busca contrarrestar a nivel provincial, al reconocerles a estos trabajadores un piso de derechos que la normativa nacional no contempla.

«El gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho», planteó Correa al presentar la iniciativa, y agregó que la provincia «viene participando de este debate global en la OIT y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto».

Qué establece el proyecto

El texto enviado por el Poder Ejecutivo crea el «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales» y alcanza a toda persona que trabaje, bajo cualquier figura contractual o asociativa, en un servicio organizado o mediado por una plataforma dentro del territorio bonaerense.

Entre sus ejes centrales figuran: un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, de inscripción obligatoria para las empresas; y el deber de informar. Así, las plataformas deberán poner a disposición de las autoridades y de los representantes de los trabajadores datos sobre cantidad de personas activas, condiciones contractuales, duración media de la actividad, horas trabajadas e ingresos promedio.

También, se propone un seguro de accidentes personales obligatorio y a cargo exclusivo de las empresas, que cubra muerte accidental, invalidez total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. La cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión, e incluye los trayectos hacia y desde los centros de operación y el trayecto in itinere entre el domicilio y el lugar de trabajo.

En simultáneo, se contempla una aplicación móvil oficial con botón de pánico para emergencias de seguridad y botón de emergencia en salud, que permitirá dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o al sistema de salud ante un accidente o una situación de riesgo.

El proyecto se apoya también en un antecedente judicial: el denominado

Paradores obligatorios en los centros de operación, depósitos y locales desde donde se organiza el reparto, con sanitarios, espacios de descanso, resguardo de pertenencias, agua potable y estacionamiento para los vehículos de trabajo, son otros de los puntos que la administración de Kicillof busca implementar.

A la vez, se impulsa la regulación de las «tiendas invisibles», los locales que operan a puertas cerradas y despachan pedidos exclusivamente a través de plataformas, que deberán garantizar esas mismas condiciones mínimas a quienes retiran la mercadería y se pretende lograr una articulación con el Banco Provincia para facilitar microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo.

La propuesta además apunta a la creación de una Mesa de Coordinación de Trabajo mediante Plataformas, presidida por el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, con funciones que incluyen desde la planificación de políticas para el sector hasta la creación de canales de atención prioritaria en áreas de tránsito, espacios de estacionamiento exclusivos y convenios de colaboración con otras jurisdicciones.

El antecedente del «fallo Rappi»

El proyecto se apoya también en un antecedente judicial: el denominado «fallo Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que convalidó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de primacía de la realidad para determinar si existe o no una relación laboral, por encima de cómo la empresa la denomine en sus contratos.

En los considerandos enviados a la Legislatura, el Ejecutivo bonaerense invoca además el artículo 39 de la Constitución provincial, que reconoce el poder de policía en materia laboral, y el artículo 42 de la Ley 10.149, que habilita a la autoridad laboral a requerir información a las empresas para garantizar transparencia y control en las relaciones de trabajo dentro de su jurisdicción. También se cita el artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que compromete a las provincias a coordinar políticas de fiscalización laboral.

Según la provincia de Buenos Aires el proyecto tendría impacto sobre 500 mil personas solo en el AMBA.

El marco internacional

El mensaje de elevación destaca que la iniciativa recoge los lineamientos surgidos de la 113ª (junio de 2025) y la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, esta última realizada en junio de este año, que adoptó en forma tripartita un Convenio sobre trabajo decente en plataformas digitales calificado como un acontecimiento de «enorme trascendencia» para el mundo del trabajo.

Ese instrumento internacional establece principios que obligan a los Estados a garantizar una adecuada determinación de la relación de trabajo, transparencia en los sistemas algorítmicos de gestión, mecanismos de revisión de decisiones automatizadas, protección de datos personales y acceso a la protección social y la libertad sindical. El proyecto también toma como referencia experiencias regulatorias ya aplicadas en España y México.

Incumplimientos y sanciones

La falta de cumplimiento de las obligaciones de registro, información y disposición de paradores quedará tipificada como infracción grave a la normativa laboral en materia de salud, seguridad e higiene, y se calificará como infracción muy grave cuando derive en riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. La fiscalización y sanción quedará a cargo del Ministerio de Trabajo, conforme la Ley 10.149 y el Pacto Federal del Trabajo.

El proyecto invita además a los municipios bonaerenses a adherir a la norma una vez sancionada, y garantiza el derecho a la protección de los datos personales de los trabajadores de acuerdo a la Ley provincial 14.214.

El por qué de la ley

Durante una entrevista radial, Kicillof advirtió contra la simplificación de presentar a los empleos de plataformas solamente como una opción “de libertad” para trabajar pocas horas mientras se estudia o durante ratos libres. «Hay diferentes situaciones: a veces tiene que ver con la voluntad o con intercalar actividades, pero otras tienen que ver con el desempleo, con que no hay posibilidades de conseguir laburos que te garanticen algún tipo de continuidad y formalidad«, planteó.

El mandatario bonaerense explicó que para quienes generan la totalidad de su ingreso a través de una plataforma, los montos variables que define el algoritmo pueden no alcanzar ni un salario mínimo pese a cargas horarias muy extensas, y puso de relieve que ante un accidente «resulta difícil certificar algún vínculo laboral».

En ese marco, apuntó contra el presidente Milei por presentarse como representante de los trabajadores de Rappi, PedidosYa y Uber al mismo tiempo que, según el gobernador, su gestión generó despidos en otras ramas de la producción como la textil y la metalúrgica. «Con todo el desempleo que generó Milei en otras ramas (…) a veces utilizan estas modalidades de trabajo, entonces hay más oferta de trabajadores con lo cual han bajado lo que se les paga, así que están peor que cuando llegó Milei», sostuvo, y remarcó que fue en ese contexto que la provincia presentó su proyecto.

Juliana Ricaldoni

YPF evalúa sumarse al negocio de los data centers con el gas excedente de Vaca Muerta

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En medio de un evento organizado por S&P Global, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, habló sobre el creciente interés del exterior por el gas natural licuado (GNL) argentino. Pero lo que más llamó la atención fue otra confesión: la petrolera con control estatal evalúa montar centros de datos, aprovechando el gas sobrante de Vaca Muerta y la experiencia de YPF Luz, su brazo de generación eléctrica.

Los data centers, o centros de datos, son instalaciones que albergan servidores dedicados al procesamiento y almacenamiento de información. Su demanda mundial creció con fuerza en los últimos años de la mano de la inteligencia artificial, que requiere una capacidad de cálculo cada vez mayor. Por su funcionamiento ininterrumpido y la necesidad de refrigeración constante, son instalaciones intensivas en consumo eléctrico: un centro de datos de gran escala puede llegar a demandar tanta energía como una ciudad mediana, lo que explica por qué las petroleras y generadoras eléctricas del mundo empezaron a mirar el negocio con atención.

“También estamos viendo data centers; tuve una reunión hoy de dos horas por este tema. Estamos analizando el norte de cómo queremos hacerlo, el proyecto económico, para ver si logramos en la Argentina hacer algún data center”, dijo Marín. YPF Luz ya tiene contratos para abastecer pequeños centros de datos de compañías telefónicas, como Claro y Personal, pero el objetivo ahora es más ambicioso: “Queremos ver si podemos hacer un megadatacenter”, agregó el ejecutivo.

Hace dos semanas, además, Marín había anunciado que YPF firmó un acuerdo con Tesla, la compañía de Elon Musk, para analizar oportunidades de colaboración e inversión en sus distintos productos y mercados. “Los autos eléctricos son mejores que los de combustión. En YPF no nos podemos quedar; tenemos que saber que tenemos que evolucionar a nuevas cosas. Y llegamos a un acuerdo con Tesla. Vendemos nafta y diésel, pero vamos a vender electricidad en las estaciones de servicio, y vamos a permitir a la gente que compra autos eléctricos cargar en nuestras estaciones. YPF es la argentinidad al palo. Nuestros clientes también usan autos eléctricos y nos debemos a ellos”, dijo Marín.

El CEO de YPF también adelantó que la compañía analiza abastecer parte de sus estaciones de servicio con paneles solares. “Estamos poniendo baterías en el sur para abastecer picos de consumo y hablamos con Tesla para entrar a las baterías de Tesla con YPF Luz en un futuro posible”, señaló.

Sobre el horizonte de precios, Marín anticipó que a partir de 2027 podrían registrarse valores de energía más bajos, aunque sostuvo que la compañía no piensa frenar su ritmo de producción. “No queremos parar el tren. Por eso nos preparamos para eso, haciendo foco en reducir costos para adaptarnos a los precios bajos”, dijo.

S&P Global proyecta que el Brent, la cotización internacional de referencia, se ubique en torno a los US$70 por barril. Para este año se esperaba un valor algo por debajo de los US$65, pero el precio se disparó hasta los US$118 tras la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

En busca de US$4000 millones

En el mismo evento, Michael Meding, vicepresidente y gerente general de Los Azules, el proyecto de cobre que la canadiense McEwen Inc. desarrolla en San Juan, se refirió a la necesidad de financiamiento para avanzar con la construcción de la mina. El directivo, de nacionalidad alemana, bromeó al abrir su presentación: dijo que respondía cualquier pregunta, “menos sobre el Mundial de fútbol”, en referencia a la eliminación de la selección alemana ante Paraguay por penales un día antes. “Fue un desastre ayer”, dijo, antes de asegurar que ahora iba a alentar a la Argentina.

Los Azules fue admitido en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre del año pasado. El proyecto demanda una inversión mínima de US$3200 millones y prevé una producción de 250.000 toneladas de cobre por año, con un costo de producción de US$2,11 por libra. Según Meding, la construcción podría comenzar a inicios de 2027, para lo cual la compañía busca reunir US$4000 millones.

Michael Meding, vicepresidente y gerente general de Los Azules, explicó la búsqueda de US$4000 millones para desarrollar la mina de cobre sanjuanina
Michael Meding, vicepresidente y gerente general de Los Azules, explicó la búsqueda de US$4000 millones para desarrollar la mina de cobre sanjuaninaLUIS ROBAYO – AFP

“Tenemos un código QR por si quieren contribuir con el desarrollo del cobre en la Argentina. Aceptamos Mercado Pago”, bromeó. El estudio de factibilidad del proyecto ya fue presentado y la producción comercial está prevista para 2030.

Meding remarcó que solamente cinco proyectos de cobre en la Argentina —Vicuña, El Pachón, Mara (ex Bajo la Alumbrera), Taca Taca y Los Azules— podrían cubrir hasta el 15% de las 10 millones de toneladas de cobre que el mundo necesitará en 2035, con un total de 1,5 millones de toneladas.

El ejecutivo señaló que a la Argentina le falta acceso al capital y que el RIGI ayuda a recuperar la confianza necesaria para sostener esa conversación con los inversores. “A pesar de los esfuerzos y los resultados del gobierno de Javier Milei y del equipo económico en materia de desregulación, el costo de la Argentina todavía es muy alto”, dijo, y agregó que, si bien el impuesto a las ganancias bajó, la carga impositiva asociada sigue siendo elevada.

Los US$4000 millones que requiere Los Azules, explicó, no pueden conseguirse en la Bolsa de Buenos Aires, por lo que la compañía debe salir a buscarlos en los mercados internacionales. “Hay que recuperar confianza y posicionarse como un socio confiable a largo plazo, más allá de la materia prima, y ver que los cambios implementados durante esta gestión se mantengan en el tiempo”, concluyó.

Sofía Diamante

El proyecto de Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

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El presidente, Javier Milei, anunció ante legisladores de su espacio político que el Poder Ejecutivo está preparando una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con el objetivo central de acotar las finalidades de la autoridad monetaria y priorizar la estabilidad de la inflación. Otra misión sería dotar de una mayor independencia al organismo, aunque los especialistas ponen en tela de juicio este punto, teniendo en cuenta el accionar desde que los libertarios llegaron a la Casa Rosada.

La Carta Orgánica del BCRA es una ley que establece los principios fundamentales de la autoridad monetaria local, su finalidad, y sus principales funciones y facultades. En cuanto a la finalidad, sostiene que el banco debería «promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social«.

Asimismo, explicita ocho funciones y facultades que le son atribuibles a la entidad que hoy conduce Santiago Bausili. Las mismas son las siguientes:

  1. Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras
  2. Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, y regular y orientar el crédito
  3. Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional
  4. Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos
  5. Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales
  6. Ejecutar la política cambiaria de acuerdo con la legislación que sancione el Congreso
  7. Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria
  8. Contribuir a la protección los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia

El FMI pide una mayor independencia del BCRA, a contramano del accionar reciente

La reforma de la Carta Orgánica es un reiterado pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), para fortalecer la independencia del BCRA y reforzar los resguardos contra la emisión para financiar el déficit fiscal. En esta ocasión, el Poder Ejecutivo pareciera estar por atender esta demanda.

«A priori es una buena noticia, ya que es una forma de acotar la discrecionalidad de la política monetaria y el uso por parte del gobierno de turno. Pero hay que tener en cuenta que es un pedido del FMI y que es el propio Gobierno el que no cree en la independencia del BCRA designando como presidente del mismo a una persona del equipo económico del ministro de Economía», dijo a Ámbito Nicolás Bertholet, economista de la consultora Paramétrica.

Para el Gobierno, el BCRA solo debería priorizar la inflación: ¿se complica la compra de reservas?

Un punto central de la reforma sería, según pudo averiguar este medio, la eliminación de las modificaciones que impulsó Mercedes Marcó del Pont en 2012. Una de las principales críticas que realiza el oficialismo actual es la de haber licuado a la estabilidad monetaria como finalidad principal del las políticas del Central. «Por cualquier motivo puede emitir dinero», cuestionó Milei hace apenas unos días, en clara referencia a las otras finalidades del artículo 3 de la Carta, como el «empleo» o el «desarrollo económico con equidad social».

«El tema de volver a un solo mandato puede servir para fortalecer la reputación del BCRA en su lucha contra la inflación, pero tampoco tener un mandato múltiple es un problema per se, ya que varios países lo tienen«, agregó Bertholet, aunque aclaró que «en el contexto de Argentina es importante asegurar la disciplina fiscal y que el BCRA no actúe subordinado la Tesoro».

Sobre este punto, el economista de OPEN, Federico Machado, sostuvo que, dada la orientación de las últimas decisiones del BCRA, la reforma «va a complicar al Central, porque este semestre al menos no tuvo como prioridad bajar la inflación«. «Entre enero y junio se emitieron $15,5 billones para comprar reservas. Esto yo lo veo muy bien, pero va en contra de tener como único objetivo la estabilidad de precios», remarcó.

En 2012 también se amplió la capacidad del BCRA para asistir al Tesoro mediante adelantos transitorios y se eliminaron algunas restricciones sobre el destino de esos recursos, algo que el Gobierno quiere revertir, de acuerdo con lo que trascendió hasta el momento.

Santiago Reina