Con sus ingresos de marzo, los jubilados del sistema general de la Anses pudieron comprar un 16,1% menos de lo que podían adquirir en diciembre con lo percibido en ese entonces. Ese recorte del poder adquisitivo es la manera en que se notó en los bolsillos el ajuste del gasto público en términos reales que, con otros factores, le permitió al gobierno de Javier Milei lograr un superávit fiscal en el primer trimestre del año. Es el efecto “licuadora”, que implica congelar el gasto, o subirlo nominalmente, pero muy por debajo de la inflación.
Si se compara la capacidad de compra de los haberes (considerando los bonos que cobra alrededor del 45% de los jubilados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social) con los de un año atrás, la caída en marzo fue de entre 28,5% y 43,7%, según de cuánto sean los ingresos. En este mes, para el cual se estima que la inflación será de alrededor de 10%, el sistema de actualizaciones entra en un punto de inflexión y la situación tenderá a aliviarse: a partir de ahora habrá reajustes mensuales y por inflación, y solo por abril al porcentaje de la variación del IPC se le agrega una recomposición extraordinaria (la suba de los haberes -no del bono- es, concretamente, de 27,4%).
En marzo se otorgó la primera recomposición de este año y fue de 27,18%, luego de dos meses en los que los haberes se mantuvieron sin variación. En el primer trimestre, según el Indec, la inflación acumulada fue de 51,6%: el índice fue de 20,6% en enero, de 13,2% en febrero y de 11% en marzo. En 2023, en tanto, como efecto del alza de precios y de la aplicación de la fórmula de movilidad diseñada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las prestaciones se deterioraron, en términos reales, entre un 14,1% un 37,4%.
La modalidad de reajustes aprobada por ley a fines de 2020 y que quedará sin efecto este año, resultó muy insuficiente frente a una inflación con tendencia creciente, que en los 12 meses del año pasado fue de 211,4% (la movilidad jubilatoria resultó de 110,9%). Esa fórmula del gobierno anterior perjudicó a los jubilados con especial fuerza en diciembre último: ese mes se le aplicó un tope al porcentaje de suba de las prestaciones (un tope que se había previsto en la ley), incluso en un contexto en el cual ya se venía dando una fuerte caída del valor real de los haberes. Así, en lugar de otorgarse un reajuste de entre 28% y 29% (el porcentaje resultante del cálculo), solamente se dio un 20,87%.
En su discurso por cadena nacional del lunes por la noche, el presidente Milei afirmó que “de los 5 puntos de déficit del Tesoro que ajustamos, solo 0,4% responden a una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones”.
La licuación de los haberes, sin embargo, no fue un hecho menor para superar el déficit de las cuentas públicas. Las prestaciones de la seguridad social fueron el 40,2% del gasto total, según consigna un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Y el efecto en los bolsillos no fue menor para los jubilados y pensionados, cuyo poder de compra se deteriora casi continuamente desde fines de 2017.
Dentro del primer trimestre de este año, el deterioro del valor de los ingresos con respecto a diciembre se sintió con mayor fuerza en febrero. En el primer bimestre, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 36,6%, al tiempo que los montos percibidos no se modificaron. Esa situación se tradujo en una caída del poder de compra de 26,8% en comparación con diciembre de 2023. En tanto, solo en el primer mes del año la caída respecto de diciembre fue de 17,1%.
Pérdidas diferenciadas en el último año
En los primeros tres meses del año la pérdida fue de igual magnitud para todos. En cambio, cuando se miran los datos interanuales, existen diferencias según cuál sea la situación de cada persona frente al pago de bonos o refuerzos, que responde a una política discrecional.
En marzo último y en comparación con igual mes de 2023, el ingreso de quienes cobran solo el haber mínimo y, por tanto, reciben el refuerzo que en marzo fue de $70.000, tuvieron un deterioro de poder adquisitivo de 28,5% (en su mayoría, son personas que accedieron a su prestación por moratorias). En tanto, la caída fue de 40,9% para quienes nunca recibieron el refuerzo. Y de mayor magnitud aún, de 43,7%, para los jubilados que un año atrás percibían un bono, pero dejaron de cobrarlo en septiembre pasado. Este último es el caso, por ejemplo, de alguien que en marzo de este año tuvo un haber bruto de $229.173 y que en el tercer mes de 2023 había cobrado $100.000 más un bono de $5000.
Durante 2023, en tanto, quienes tienen solo un haber mínimo fueron también (por cobrar el bono) quienes menos perdieron. Pero, aun con el refuerzo, tuvieron en diciembre un ingreso que les alcanzó para comprar un 14,2% menos que lo que habían podido adquirir con lo percibido a fines de 2022. Quienes nunca percibieron el refuerzo sufrieron una caída del valor real de sus ingresos de 32,3%, y quienes cobraban bonos, pero ya no los tuvieron más desde septiembre de 2023, perdieron en el período un 37,4%.
Gasto licuado
En los números macro del Estado, esa pérdida en los bolsillos tuvo su correlato en una caída de 31,4%, en términos reales, del gasto asignado las prestaciones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es decir, en el primer trimestre se destinó a las jubilaciones y pensiones casi un tercio menos de recursos que en igual período de 2023, medidos los datos en términos reales (corregidos por inflación).
“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, como así también de la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, analiza el informe de la OPC.
Qué pasará de ahora en más
La fórmula de movilidad a la que alude el comentario es la incluida en la ley 27.609. A partir de julio próximo ya no regirá más y los reajustes trimestrales que se derivan de ella serán reemplazados por subas mensuales que irán replicando los porcentajes de variación del IPC con un rezago de dos meses.
Entre abril y junio rige, por disposición del DNU 274, un sistema de transición o “empalme”. La fórmula aún está vigente y el Gobierno va otorgando subas cada mes a manera de anticipos. El primer aumento bajo ese esquema provisorio es el de este mes de abril (un 27,4%, que surge de considerar el IPC de febrero y de agregar un incremento extraordinario); el segundo reajuste, en mayo, será de 11% (ese fue el nivel de inflación de marzo), y el tercero, en junio, replicará la variación que haya tenido el índice de precios en el actual mes de abril.
Cuando llegue junio, el incremento acumulado en el trimestre se comparará con el resultado de la fórmula que rigió en los últimos años (porque, como ya se comentó, sigue vigente hasta ese mes). Ese resultado estará basado en la variación que tuvieron la recaudación de impuestos y los salarios en el primer trimestre de este año. Si el índice surgido de ese cálculo es mayor que la suba efectivamente otorgada en los tres meses, se compensará esa diferencia con una suba extra.
La movilidad jubilatoria se aplica sobre los haberes propiamente dichos. No alcanza al monto del bono que, de hecho, mantiene en abril y en mayo el mismo valor que ya tuvo en marzo.
Silvia Stang
