Pero es imposible pensar en la economía del conocimiento con una economía fallida y una infraestructura sin planificación ni mantenimiento.Los países desarrollados realizan una importante inversión en ciencia básica, el motor del conocimiento, pero esa inversión solo es posible y eficiente con una economía fuerte. Sin una base económica sólida no hay infraestructura de conocimiento significativa. Las políticas científicas de nuestro país son discursos vacíos. El supuesto desarrollo científico argentino de las últimas décadas es una infraestructura endeble, con poca planificación y, sobre todo, sin mantenimiento. Nada diferente al resto de la Argentina. Ha sido más gasto que inversión, con multiplicación de asalariados sin recursos para que, como albañiles sin cemento, construyan caminos a la nada. Aún así, paradójicamente, la “economía del conocimiento” está presente en el agro, una actividad competitiva a nivel mundial.bPese a que se la suele presentar como una producción primaria sin valor agregado de chacareros primitivos y avaros, el agro ha aumentado su productividad con desarrollos tan simples como la siembra directa o tan sofisticados como los transgénicos. Si la economía de Argentina aún no naufragó irremediablemente ha sido gracias una agroindustria basada en la ciencia y la tecnología. Pero no se trata de evitar el naufragio sino de navegar, algo imposible en un mar de restricciones. Sin una economía sana, equilibrada y previsible no hay desarrollo científico sostenible (ni ningún desarrollo). Podrá haber buenos científicos, pero no ciencia. Quizás haya algún sector que funcione mejor, pero no habrá una mejora de conjunto. Hoy Argentina no contribuye de manera significativa en la creación de conocimiento, no tiene un sistema eficiente y amplio de transferencia de conocimientos, y, más grave aún, carece de un mercado de capitales y bursátil relevante, sin inversores de riesgo que apuntalen empresas incipientes y sin libertad de mercado que permita la creación dinámica de emprendimientos tecnológicos en un sistema competitivo. Y nada de esto será posible sin contar, en primer lugar, con una macroeconomía racional en la que el Estado no sea un obstáculo sino un facilitador de infraestructura para que los privados generen riqueza.»
El Senado convirtió en ley la promoción de la bio y nanotecnología
Tras la media sanción en Diputados, el Senado de la Nación convirtió en ley la Promoción de la Bio y Nanotecnología que prorroga y amplía hasta el año 2034 la Ley N° 26.270, que otorga beneficios fiscales a empresas que realicen inversiones en proyectos innovadores en estos sectores clave para la ciencia y la tecnología.
De su relevancia, escriben Vera Álvarez, presidenta de la FAN, Fundación Argentina de Nanotecnología, y Federico Ariel, vocal del Consejo de Administración.ooooo
El proyecto de Ley de Promoción de la Bio y Nanotecnología, aprobado en la Cámara de Diputados y ahora convertido en ley por el Senado, dispone prolongar el otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas que inviertan en estas áreas estratégicas del conocimiento. Su objetivo es promover la inversión en tecnología en diversos sectores de destacada fortaleza en nuestro país, e impulsar la creación de miles de puestos de trabajo en todo el territorio. La Ley original N° 26.270 fue aprobada en 2007 con una vigencia de 15 años y se refería exclusivamente a la Biotecnología Moderna.0 ¿Qué es la Biotecnología Moderna?La Biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Su desarrollo se basa en conocimientos de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética. La biología molecular, en particular, es una rama de la bioquímica que gira en torno a lo que conocemos como Dogma Central de la Biología, y que dice a grandes rasgos que el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteínas. La vida en nuestro planeta se basa en este Dogma Central. El sistema científico argentino se caracteriza por una sólida comunidad de biología molecular en diferentes modelos: plantas, animales, microorganismos. La fortaleza de esta comunidad deriva muy probablemente de la tradición científica argentina en fisiología y en química biológica, que nos ha dado tres premios Nobel, sin ir más lejos.
El gran salto de la Biotecnología Moderna se explica principalmente por los avances en biología molecular, es decir, en una profunda comprensión de la actividad de los genes, que permite modular su expresión para mejorar productos y procesos, así como diseñar vacunas y nuevas terapias génicas. Sin embargo, para transformar conocimientos de biología molecular en biotecnología, -ciencia en aplicaciones tecnológicas-, se requiere de una inversión muy alta y sostenida. Y también requiere de una dinámica vinculación del sistema científico con el sector productivo. Todavía existe una brecha importante entre el potencial derivado de nuestros avances científicos, y la posibilidad real de desarrollar tecnologías que generen riqueza, sustituyendo importaciones e incluso incrementando la exportación de productos y servicios de alto valor agregado.
¿Qué es la Nanotecnología y por qué se incluye en este nuevo proyecto de ley?La Nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica (con al menos una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros). Se trata de una interdisciplina porque en ella convergen conocimientos de la química, la física, la biología, la ciencia de materiales y las ingenierías. La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a dicha escala. Cuando se manipula la materia a una escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Considerada una tecnología de propósito general por su capacidad de ofrecer innovaciones a industrias muy disímiles entre sí como la medicina, los alimentos y la electrónica, la nanotecnología se ha convertido en un campo de relevancia en el desarrollo científico y tecnológico de los países, y la Argentina no es la excepción. En la actualidad, el país cuenta con 335 grupos en 91 institutos de ciencia y tecnología que desarrollan líneas de investigación en el tema y, a su vez, según el relevamiento realizado, existen 73 empresas nacionales que comercializan productos o procesos con sus aportes o están en proceso de hacerlo. La nanotecnología está presente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en barbijos, kits de diagnóstico, vacunas, agroinsumos sostenibles, medicamentos para cáncer, remediación de aguas contaminadas, entre otras cosas.
La inclusión de la Nanotecnología al régimen favorece a un área de desarrollo horizontal y multipropósito de la Economía del Conocimiento que puede generar avances y nuevas tecnologías para un gran número de sectores productivos, como salud, textil, microelectrónica, ambiente, químico, energías renovables y agroindustrial, entre otros.
¿Se relacionan la Bio y la Nanotecnología?
La complementación de la Bio y la Nanotecnología en esta iniciativa resulta superadora y creativa. Se trata de disciplinas que dialogan en permanencia. Podríamos mencionar como ejemplo al desarrollo de vacunas de tecnología de ARN en el contexto de la pandemia. Estas nuevas tecnologías derivan de la biología y la bioquímica del ARN, es decir, un claro caso de aplicación de la biología molecular en una tecnología para la salud. A su vez, ese ARN necesitó de un nanovehículo lipídico para su transporte en nuestro organismo y liberación en nuestras células. Las nuevas vacunas son el resultado de la combinación de nano y biotecnologías. Y ese potencial puede ser aprovechado no sólo en salud humana, sino también en tecnologías más limpias y específicas en el agro, alimentos, y otras aplicaciones. Nos urge que legislemos en pos del despliegue de nuestras capacidades científicas en este tipo de desarrollos tecnológicos de vanguardia.
Esta Ley entre otras: un marco legal coherente para el desarrollo tecnológico nacional.Esta Ley puede ser una señal más de la importancia que tiene la Ciencia y Tecnología como motor industrial para nuestro país y del compromiso de diversos sectores para que este camino pueda transitarse. En esta articulación resulta central el rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia para pensar y diseñar la política científico tecnológica nacional, así como para definir el lugar que queremos que la ciencia, la tecnología y la innovación ocupen en un proyecto de desarrollo soberano de nuestro país.
Se encuentra además en concordancia con otras dos leyes: la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Como antecedente para el caso de la Nanotecnología, se generaron normas complementarias y aclaratorias que rigen el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la Ley N° 27.506 y su modificatoria, reglamentado por el Decreto N° 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020 para incluir a la Nanotecnología. La encargada de la ejecución operativa del régimen era la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, ahora transformada en Secretaría, otra señal de la importancia que tiene el conocimiento para nuestro país. Entre estos beneficios, el actual proyecto de ley contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener: (1) amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, (2) devolución anticipada del IVA, (3) otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de I+D con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los beneficios fiscales se modifican para que sean compatibles con la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada en 2020 y que ya ha mostrado números muy claros de lo que el aporte del Estado puede lograr en los sectores del conocimiento: U$S 6400 millones en exportaciones de servicios basados en el conocimiento en 2021. El 1% del PBI representaron los Servicios basados en el conocimiento, asociado a 454 mil puestos de trabajo; la aprobación de 529 empresas en el régimen de Promoción de Economía del Conocimiento; más de 200 empresas de biotecnología en todo el país; 764 proyectos aprobados en el marco de esta Ley, sólo por citar algunos números relevantes. Resulta importante destacar que esta Ley de Promoción contempla también la sustentabilidad y las necesidades de la población. Además, incluye la conformación de una Comisión Consultiva integrada por actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para dar seguimiento al instrumento, pertinencia de los proyectos, y poder expedirse en recomendaciones. Tenemos la posibilidad de implementar políticas públicas que puedan ser revisables y que podamos rediscutir en función de un proyecto de país y de las necesidades dinámicas de nuestra sociedad. La Ciencia y Tecnología como herramienta de transformación.La Ciencia, Tecnología e Innovación son motores de la Economía. Motores que generan trabajo, bienes y servicios de alto valor agregado, reforzando nuestra soberanía e incluso, como vimos durante la pandemia, salvando vidas. La Bio y la Nanotecnología cuentan con un gran potencial basado en el desarrollo y la innovación que surgen de los cientos de investigadores e investigadoras en laboratorios y centros a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En la FAN en particular estamos acompañando a 15 emprendimientos basados en estas tecnologías que están creciendo, llevando lo desarrollado en los laboratorios a la sociedad y que, como ejemplo de lo que es posible lograr, se reconvirtieron durante la pandemia para dar respuesta a necesidades concretas. De estas iniciativas derivaron kits de diagnóstico, el suero equino hiperinmune, materiales de protección, entre otras aplicaciones concretas. Todos estos proyectos contaron con el apoyo y financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Agencia I+D+i. Esta experiencia reciente demuestra que no hablamos de gasto público, sino de inversión en desarrollo científico tecnológico, traducido en soberanía nacional.
El proceso sostenido de vinculación público-privado depende de reglas claras y del financiamiento. Las reglas claras se establecen con marcos legales. Esta Ley en particular propone estimular la vinculación público-privada, mediante los beneficios a empresas que articulen investigación y desarrollo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si bien los beneficios fiscales y los estímulos impactan directamente en el sector privado, los proyectos requieren del soporte y el apoyo de investigadores e investigadoras del sector público (UUNN; CONICET, INTI, INTA; CNEA y demás instituciones de nuestro país).
Sostener en el tiempo el rumbo de crecimiento basado en Ciencia y Tecnología depende fuertemente del consenso político y social a través de los sucesivos gobiernos. En esta gestión, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia I+D+i han diversificado y reforzado las herramientas de financiamiento del sistema científico, y también tecnológico. Por su parte, la continuidad de la vigencia de la Ley que estamos discutiendo hoy sobre Biotecnología, incluyendo además ahora a la Nanotecnología, resulta fundamental para convocar al sector productivo a realizar inversiones articuladamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y poder proyectar un plan de acciones a mediano y largo plazo.
La inversión en Ciencia y Tecnología debe ser un compromiso sostenido en el tiempo de todos los espacios políticos, lo cual se pone de manifiesto durante el tratamiento de esta Ley. Sabemos que el conocimiento es el mayor valor agregado que puede tener una sociedad. No podemos permitir NUNCA MÁS que se desfinancie la ciencia y la tecnología porque el futuro de la Argentina y el bienestar de nuestro pueblo dependen de ello.
Vera Álvarez y Federico Ariel
*Vera Álvarez es presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Es investigadora especialista en nanomateriales y vicedirectora del Insittuto Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, UNMdP-CONICET. Fue secretaria de Vinculación y Transferencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ha sido premiada por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la Fundación Bunge y Born, y L´Oreal Argentina, entre otros.**Federico Ariel es vocal del Consejo de Administración, es especialista en biología vegetal dedicado al diseño de estrategias de agricultura sustentable. Actualmente forma parte del directorio de Y-TEC y es director del Laboratorio de Epigenética y ARNs no codificantes del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, CONICET-UNL.
YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia, analizan un proyecto para exportar GNL. 1° etapa: u$s 10 mil millones
Las dos empresas petroleras firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto, donde determinarán la factibilidad de un proyecto para exportar el gas de Vaca Muerta, que podría demandar US$ 10.000 millones sólo para la primera etapa.
Desde AgendAR debemos remarcar que todavía debe determinarse si será posible. Pero la presencia de Tetronas, una de las empresas más importantes del mundo en en el ramo, dice que la posibilidad es real. Si se realiza, cambiará por sí sola el perfil exportador de nuestro país.
El gobierno anunció el acuerdo entre YPF y la malaya Petronas para el desarrollo de una planta de Gas Natural Licuado (GNL), que demandará una inversión de US$ 10.000 millones en la primera etapa. Se trata de la construcción de una planta de licuefacción para exportar el gas no convencional de Vaca Muerta a través de buques metaneros. Pese al anuncio oficial, técnicos de las empresas reconocieron que primero deben realizar un estudio de factibilidad para luego definir un proyecto ejecutivo.
Los números del acuerdo
YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA, por sus siglas en inglés), que abarca el análisis integral de todo el proyecto de licuefacción, desde el upstream, los gasoductos e infraestructura, la producción de GNL y hasta la comercialización y logística internacional. Ambas compañías planean una inversión de US$ 10.000 millones de dólares para la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL. “Dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL”, destacaron desde YPF. La Argentina importa en el pico de consumo de invierno alrededor de 35 barcos de GNL por año. Cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, el país tendrá capacidad para exportar más de 460 barcos anuales. El GNL podría implicar exportaciones por US$ 20.000 millones anuales. De concretarse estos números, el GNL podría ser uno de los principales sectores exportadores y generadores de divisas para el país. El CEO de YPF, Pablo Iuliano, dijo: “estoy muy orgulloso de la alianza estratégica que tenemos con Petronas desde 2014 y hoy damos un paso más para seguir construyendo las soluciones energéticas que el mundo y la Argentina necesitan”. “Esperamos fortalecer nuestra exitosa alianza con Petronas y unir nuestras fuerzas una vez más para desarrollar este proyecto estratégico”, indicó Pablo González, presidente del Directorio de YPF. Además de este acuerdo, YPF y Petronas firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para continuar con la colaboración en la Argentina en otras áreas como la producción de petróleo, la petroquímica y soluciones de energía limpia.China supera por primera vez a EE.UU. como país más citado por artículos científicos relevantes
El nuevo estudio muestra que China progresa en una ciencia de primer nivel que citan muchos investigadores.Otras medidas de impacto todavía colocan a Estados Unidos por delante. El The State of U.S. Science and Engineering 2022 (El estado de la ciencia y la ingeniería de EE. UU. 2022), informe publicado en enero por la National Science Foundation – NSF (Fundación Nacional de Ciencias) de EE. UU., abordó la cuestión con informes semejantes al de NISTEP. Al contabilizar y analizar la cantidad de artículos muy citados, consideran que las cifras favorecen a los países grandes y a los que gastan más en la investigación, por razones que se asemejan a la obtención de medallas olímpicas por parte de los países centrales. Su análisis mostró que las colecciones estadounidenses eran muy influyentes: de los publicados en 2018, muchos terminaron .citados más de dos veces en el 1% de los artículos principales. China, por su parte, destaca el informe, sorprendió con el incremento de 20 % de los artículos más citados; en este rubro, países como Canadá y el Reino Unido, que publican menos artículos en general, se clasificaron por delante de Estados Unidos y China. Los dos países mantiene su vinculación en un estudio de Wagner y colegas publicado en Scientometrics en 2019. Los autores utilizaron un método diferente. En coincidencia con el informe de NISTEP, encontraron que China respecto a EE.UU. publicó ese año un poco más de artículos en el 1% superior más citado. Pero en una puntuación de números reales contra los esperados, el margen entre los dos países no tuvo significación estadística. Otro artículo 2020 de los mismos autores, concluyó que la investigación de China es ligeramente más innovadora que el promedio mundial. El estudio rastreó las ideas innovadoras rescatando la frecuencia con que las referencias bibliográficas de los artículos incluían combinaciones de revistas infrecuentes en áreas dispares. Sin embargo, el efecto llamativo de las publicaciones es solo una muestra de la destreza científica de un país. Así como Estados Unidos todavía lidera indicadores como el gasto en investigación y el número de doctorados otorgados, China alcanzó la primera posición en solicitudes de patentes, sin dejar dudas que sus emprendimientos científicos conquistan terreno a una velocidad sin precedentes.
¿Economía del conocimiento o conocimiento de la economía?
«Sin una economía sana, equilibrada y previsible no hay desarrollo científico sostenible (ni ningún desarrollo. Podrá haber buenos científicos, pero no ciencia».
“Que gane la conciencia sobre la ignorancia”: la Dra. Chan cuestiona a quienes quieren prohibir el trigo HB4
GUALEGUAYCHÚ.- La especialista que le dio origen al trigo transgénico tolerante a sequía HB4 como investigadora del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral defendió la creación del producto frente a la posibilidad que el Concejo Deliberante local lo prohíba para esta ciudad entrerriana.
Chan disertó por videoconferencia y respondió las preguntas de los concejales. Remarcó las virtudes de una tecnología que calificó de “amigable con el ambiente” y aseguró que “es un error considerar que la producción a gran escala es antagónica con la agricultura familiar”.
Los concejales habían buscado avanzar en la aprobación de una ordenanza para prohibir ese producto en esta localidad que es la cuna política de Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura de la Nación. Bahillo fue dos veces intendente local, además de diputado provincial, legislador nacional y ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico entrerriano.
El cereal transgénico nació tras un hallazgo de un gen resistente en girasol que también se introdujo en la soja. En el caso del trigo tolerante a sequía, desarrollado por la firma Bioceres, cuenta con aprobaciones, además de la Argentina, en Brasil, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Nigeria. También cuenta ya con un aval en Estados Unidos.
En la Argentina el cereal primero tuvo una aprobación condicional a su autorización en Brasil, el mayor comprador del país, por parte del ex ministro de Agricultura, Luis Basterra. En tanto, el ex ministro Julián Domínguez después habilitó su uso para la siembra y comercialización.
El proyecto de ordenanza en Gualeguaychú prohíbe no solo el cereal transgénico, sino también el herbicida glufosinato de amonio. Chan declaró: “Aunque se plantee la prohibición del glufosinato de amonio no tendría por qué prohibirse la tecnología. Expliqué esto durante mi exposición ante el Concejo Deliberante, pero en algunos casos pareciera que se sostienen posturas cerradas, basadas en creencias”.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/F57AS4L5HBBW5AKI4OSSHTUCTQ.jpeg)
No es la primera restricción vinculada con el agro impulsada desde la gestión de Martín Piaggio, el intendente que integra el armado político de Juan Grabois dentro de la coalición oficialista. En abril de 2018 fue aprobada la ordenanza municipal Nº 12216/18 que estableció la prohibición del uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado “glifosato” y las formulaciones que lo contengan. Dicha normativa alcanzó solo al ejido urbano y no tiene alcance, ni siquiera departamental, es decir allí donde se desarrolla la producción agrícola.
En este contexto, Chan habló de la “ventaja ambiental” de la tecnología vinculada al trigo HB4: “Se usa menos agua para producir más granos, es decir, baja la producción de carbono. El agua es el recurso más valioso que tenemos y es el que, cuando falta, castiga los cultivos. Son públicos los compromisos internacionales de los diferentes países para bajar la huella de carbono y esta tecnología nos acerca a ese objetivo”.
“En el caso del trigo HB4, en Estados Unidos un estudio independiente que no responde a los intereses de ninguna empresa demostró con imágenes satelitales que a partir de su utilización se disminuye la huella de carbono. Esto es muy importante y es contrario a lo que se cree que ocurre con esta tecnología. Se trata de una herramienta para producir mejor y preservando un recurso ambiental fundamental como el agua”, señaló.
Chan apuntó que “en muchas zonas –inclusive Gualeguaychú- no se utiliza el glufosinato de amonio para producir, el químico solo se utilizó en una etapa inicial. Por lo tanto, no tiene sentido la prohibición”.
“Es la única tecnología que podemos exportar”, remarcó Chan, que agregó: “Me dolería una prohibición de estas características no por el impacto de la producción [un Concejo Deliberante no tiene jurisdicción para avanzar en la prohibición de algo dispuesto por el Estado nacional] sino por la búsqueda de un titular, aunque sea algo testimonial; es un retroceso en este sentido. Si hay que hacer un cambio es lentamente, prohibir de un día para el otro no soluciona nada ni redistribuye la riqueza”.
La investigadora subrayó que este trigo fue aprobado en naciones como Australia “donde los parámetros de control ambiental son muy altos”. Aseguró que “muchas veces se habla de los transgénicos sin conocer en profundidad del tema”. Y ejemplificó: “En el único país [Sri Lanka] donde asumió un presidente prohibiendo el uso de agroquímicos para la producción cumpliendo una promesa electoral, duro un año y medio. Lo echaron a patadas porque fundió el país, porque no había qué comer”.
“Espero que los concejales de Gualeguaychú razonen y gane la conciencia por sobre la ignorancia”, expresó la científica. Fuentes del Legislativo local confirmaron que esperarán a una nueva ronda de consultas con referentes ambientales y de la producción para luego “avanzar en obtener un despacho en Comisiones Conjuntas, en las próximas semanas”.
Tres proyectos de energía ligados al litio recibirán financiamiento de la Agencia I+ D + i
Estos proyectos estratégicos con participación de la CNEA fueron aprobados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
Tres proyectos de investigación impulsados por especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fueron seleccionados para recibir Aportes No Reembolsables en el marco de la Convocatoria Proyectos Estratégicos para la Transición Energética (PE Transición Energética), organizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Esta convocatoria tiene como objetivo el desarrollo de proyectos que permitan fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales que aporten al proceso de transición energética nacional. Dicho proceso comprende la promoción del “cambio estructural del sistema energético nacional desde un régimen centrado en los hidrocarburos hacia la incorporación incremental de tecnologías basadas en recursos renovables y de baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI)”, explican desde la Agencia I+D+i. Debido a que la transición energética es uno de los desafíos nacionales contemplados por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, esta convocatoria tiene la misión de impulsar, a través de la adjudicación de Aportes No Reembolsables, proyectos focalizados en atender demandas energéticas estratégicas enmarcadas en las siguientes líneas de acción: energía termosolar para aplicaciones industriales, energía eólica de potencia para generación eléctrica, producción de biocombustibles, desarrollo de la cadena de valor del litio y del hidrógeno, tecnología undimotriz y la integración a la red de estas energías. En este marco, los tres proyectos que fueron aprobados son:- Separación isotópica de litio para usos en tecnología nuclear de alto valor agregado. El objetivo es desarrollar técnicas físicas y electroquímicas de separación de los dos isótopos estables del litio, que sean ambientalmente benignas y que permitan agregar un valor a las reservas que Argentina tiene en la región de la Puna en una proporción varios órdenes de magnitud mayor a la que tiene el carbonato de litio para fabricación de baterías. Las sales de litio-7 se pueden usar para el tratamiento químico de reactores PHWR, mientras que el litio-6 se puede usar en reproductores de tritio (reactores de fusión) y otras aplicaciones en tecnología nuclear. Instituciones intervinientes: Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares (CNEA), INVAP SE y Nucleoeléctrica Argentina SA. .
- Desarrollo de generadores basados en pilas de combustible de óxido sólido alimentadas con hidrógeno producido a partir de combustibles tradicionales. Apunta a desarrollar un prototipo de Generador Eléctrico tipo Celda de Combustible SOFC de 5 kW, que permita articular esta tecnología en el país, al menor costo posible e incorporando la mayor proporción de mano de obra y tecnología local. Se partirá de un prototipo importado, se estudiará e identificarán componentes que puedan reemplazarse o desarrollarse y se construirá un segundo prototipo nacional. Se apunta a la incorporación de entre un 50 y un 60% de tecnología nacional. Los mayores desafíos tecnológicos son desarrollar el reformador y el módulo de stacks. Instituciones intervinientes: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (CNEA), Santa Fe Gas y Energías Renovables ENERFE SAPEM, y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). .
- Desarrollo tecnológico para la producción nacional de electrolito para baterías de litio “ElectroLitAr”. Se propone desarrollar la producción nacional de electrolito para baterías de ion-litio a partir de la síntesis de la sal hexafluorofosfato de litio (LiPF6) y la formulación de la preparación de soluciones específicas para tal fin. El proyecto incluye la síntesis de LiPF6 a escala laboratorio (1-10 gramos) y el posterior desarrollo en una escala de 500-1000 gramos, finalizando con el diseño conceptual de una planta de producción de aproximadamente 2 toneladas anuales. Instituciones intervinientes: Gerencia Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CNEA), YPF Tecnología SA, CLORAR Ingeniería SA y el Centro de Química Inorgánica CEQUINOR-CONICET.
A 20 años de su promulgación: sólo 3 de cada 10 recetas médicas cumple con la Ley de Genéricos
Los médicos continúan prescribiendo medicamentos por su marca en lugar de utilizar el mombre de la droga: en algunos casos, la diferencia de precios de los medicamentos entre un laboratorio y otro llega hasta un 500 por ciento.
Si bien mejoró el acceso a los medicamentos, después de dos décadas de sancionada la ley de prescripción por genéricos, sólo entre el 30 y 40 por ciento de las recetas tiene el nombre de la droga en lugar de la marca, en tanto que las diferencias de precios entre un laboratorio y otro pueden llegar hasta un 500 por ciento en un producto que tiene la misma calidad, seguridad y eficacia. Sancionada el 28 de agosto de 2002, la Ley 25.649 llamada de «Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico» surgió en un contexto de crisis social y económica en el que había serias dificultades en gran parte de la población para acceder a los remedios. «En ese momento en las farmacias veíamos que había un 50 por ciento de las recetas que estaban caídas, es decir, que de la mitad de las recetas que se emitían la gente no podía comprar los medicamentos», recordó en Rubén Sajem, presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFAr). Sajem aseguró que «los medicamentos habían aumentado mucho sin control, la brecha de precios entre una marca y otra era grandísima pero los médicos recetaban exclusivamente por marca, entonces la persona que necesitaba el medicamento no podía elegir». En ese contexto, el entonces ministro de Salud Ginés González García impulsó una ley que tuviera como objetivo mejorar el acceso y brindar información al paciente. «El proyecto de Ley se basó en una experiencia que habíamos hecho antes en la provincia de Buenos Aires; esto permitió que cuando pensamos la ley nacional, los medicamentos ya tenían en sus envases el nombre comercial pero también el del genérico y la implementación pudo ser inmediata», señaló González García. En ese marco, añadió: «La Ley permitió por un lado la transparencia, que se puedan llamar a las cosas por su nombre, y por el otro al usuario poder pelear el precio porque si no tenía que pagar lo que el médico le prescribía». González García recordó que «fue muy difícil» su sanción pero «ganamos la batalla en la opinión pública porque se logró comprender que era una ley favorable a la gente». «Al principio hubo una adhesión casi absoluta porque se preveía que podía haber sanciones; además se hizo una amplia difusión de los beneficios de la ley y los pacientes comenzaron a exigir en las farmacias que se les dieran alternativas posibles de marcas de los medicamentos que contuviera el mismo principio activo», señaló Sajem. ¿Qué establece la Ley? La ley, que se encuentra vigente, establece que «toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/ unidad, con detalle del grado de concentración». Y añade que «la receta podrá indicar además del nombre genérico, el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades». «Al principio había sanciones previstas y mecanismos que establecían que las recetas que no se ajustaran a la prescripción por nombre genérico iban a ser declaradas no válidas y anotadas en un libro de registro, esto no se llegó a implementar», detalló Sajem. El lobby de los laboratorios Según su perspectiva, una vez que se reglamentó «empezó a haber movimiento y lobby de los laboratorios y se trató de desarticular para que se deje de cumplir». «Para 2010 ya no tenía la misma adhesión por parte de los médicos, se recetaba por marca, a veces sin incluir el genérico, y las marcas no se justificaban», graficó. Sajem indicó que «en 2015 se hizo el primer relevamiento cuando estaba como ministro (Daniel) Gollán y se lanzó una campaña de difusión sobre el derecho de los pacientes a recibir la receta con el nombre genérico, y eso dio un nuevo impulso».Actualmente, se estima que el cumplimiento de la prescripción por genérico ronda entre el 30 y 40 por ciento de las recetas.La brecha entre la marca y el genérico Según el relevamiento del CeProFAr a junio de 2022, un antiácido como el omeprazol puede tener una diferencia de precios de hasta seis veces de una marca respecto a la otra mientras que en el caso de la atorvastatina, que se usa para el control de colesterol, puede ser hasta cuatro veces más cara. Un antihipertensivo como el losartán podía encontrarse en el mercado a 982 pesos o a 3.218 pesos (más de tres veces más caro) y el enalapril variaba entre entre 763 y 2.008 pesos según la marca (unas 2,6 veces más). Un ibuprofeno puede tener un precio dos veces mayor entre una marca y otra y lo mismo sucede con las aspirinas cuyo valor por 50 comprimidos en junio podría oscilar entre 172 pesos y 534 (tres veces más). «Que la ley permita que aparezca el nombre comercial es un problema porque al leer un nombre se induce a la compra de esa marca y las marcas que se recetan, por lo general, son las más caras porque son las que el médico tiene presentes por propaganda, no porque haya alguna razón científica que lo justifique», concluyó Sajem.
Analizando el modelo uruguayo: 94 % de su electricidad proviene de fuentes renovables
La energía eólica (40 %) y la hidroeléctrica (30 %) son las fuentes principales de la electricidad que se consume en la República Oriental del Uruguay; apenas un 6 % se origina con combustibles fósiles.
Las cuestiones geográficas, no tener un sector petrolero fuerte y, sobre todo, el consenso entre partidos y la continuidad de la política pública favorecieron el cambio que se inició en los gobiernos del Frente Amplio y continúa en la gestión de Lacalle Pou con la llamada “segunda transición”, centrada en el transporte. Sin recursos naturales en abundancia por su pequeña superficie, pero con estabilidad económica y continuidad de políticas públicas, en pocos años, Uruguay logró convertirse en un país cuya matriz de generación de electricidad es casi enteramente renovable gracias al viento, el sol y el agua. Una excepción no solo en la región sino también a nivel mundial. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería uruguayo de junio pasado, el 94% de la electricidad que se consumió durante 2020 provino de fuentes sustentables, con la energía eólica a la cabeza (40 %), seguida por la hidroeléctrica (30 %), la biomasa (20 %) y la solar (4%). Apenas el 6% de la matriz eléctrica se había originado con combustibles fósiles. ¿Cómo se gestó esta reconversión acelerada a fuentes verdes de generación de electricidad? Con un acuerdo político entre todas las fuerzas con representación legislativa, visión de largo plazo, liderazgo estatal claro e inversiones privadas. “El pleno apoyo de todas las fuerzas políticas, la creación de un ecosistema transformador que permitió la llegada de inversiones y una gobernanza flexible abrieron la puerta a un cambio de matriz energética que se hizo en pocos años” explica Ramón Méndez, secretario de Energía de Uruguay entre 2008 y 2015, durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando se dio la primera transición hacia las energías verdes. Como cuenta el argentino Pablo Bertinat, investigador, docente y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional (regional Rosario), esta transformación se hizo “no sin debate” más que nada por parte de los sindicatos, ya que antes la provisión de electricidad dependía del Estado mientras que la incorporación de renovables “se hizo con ingreso de los privados bajo un modelo de mercado tradicional, en un país con fuertes valores relacionados con lo público”. Por sus características geográficas, Uruguay puede generar un 30 % de la electricidad que consume en represas hidroeléctricas (en la foto, Salto Grande) y también invirtió en otras renovables: un 40 % proviene de energía eólica. Ahora, con un Gobierno de distinto color político al que la inició (Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional), el desafío es encarar lo que en ese país llaman “la segunda transición energética” mediante la descarbonización del resto del consumo de energía, todavía muy dependiente del petróleo en el sector del transporte (el principal sector emisor de CO2).
La transición energética uruguaya se concretó con una inversión privada equivalente al 12 % de su PBI en un proceso liderado por la empresa estatal de generación y distribución eléctrica, UTE.
La segunda etapa de la transición energética uruguaya incluye la paulatina conversión de los vehículos a combustión por eléctricos y la revalorización del transporte público. Según Méndez, la transformación de la matriz eléctrica uruguaya implicó 50 mil nuevos puestos de trabajo, en un país con 3.5 millones.
Nota de AgendAR:
La siguiente comparativa de precios de la electricidad domiciliaria es de 2018, y la doy como buena porque desde entonces, como dijo alguno, en el campo energético «pasaron cosas». Refleja el estado de las cosas antes de la guerra de Ucrania y de sequías en las principales cuencas hidroeléctricas del mundo, y que ya van por su tercer año. En 2018, los uruguayos ya pagaban 260 dólares por megavatio/hora. Los brasileños, 186, los chilenos 177, los bolivianos 105 y los argentinos, 95. El precio más bajo era el de los paraguayos, con 70 dólares el MW/h. Sólo Nicaragua y Haití tienen electricidad más cara que Uruguay. Las cifras no significan necesariamente que la electricidad eólica sea muy salada frente a la hidráulica predominante en Brasil, o al combo térmico + otras fuentes de Chile y Argentina. En realidad, la eólica es cada vez más barata por inversión inicial, salvo que se midan algunos costos, normalmente ocultos, asociados a la misma. Y el principal es el «respaldo caliente» (eso se aclara después). Los precios que pagan las casas son resultados de polinomios abigarrados en casi todo el mundo -y máxime el mundo pobre- debido a los subsidios gubernamentales. Hablo de subsidios directos o indirectos, declarados u ocultos, para con las petroleras, para las «utilities» que fabrican electricidad, o para con los usuarios; o la combinación que se quiera de estos factores. En electricidad, el estado prescindente y mirón es un verso marca cañón. A alguien está subsidiando. El precio de la electricidad es altamente político incluso en las economías desarrolladas. Esto lo redescubrió por las malas el presidente francés Emmanuele Macron cuando en 2020 pretendió apurar el cierre de las 58 centrales nucleares construidas en los ’70 y ’80, que en su país ponen aún el 71% de la electricidad circulante. En su reemplazo, Macron iba por un sistema más dominado por firmas privadas, por mayores importaciones de gas y por descargar las nuevas tarifas sobre los usuarios. Vista desde 2022, con el gas ruso vendido con restricciones y literalmente a precio de guerra, no era la mejor idea. Pero en 2020 y con todavía una relativa paz en Ucrania, tampoco era buena. Ante los tarifazos de 2020, Francia entera fue a una huelga insurreccional, la de los Gilets Jaunes, o Chalecos Amarillos, la primera revuelta de raíz energética de la historia moderna. Tras un mes de furia y con el país paralizado, Macron, que es muy pro-mercado pero no suicida, puso marcha atrás «a velocidad warp»: Francia seguirá nuclear, y de sus 56 reactores no decomisionados, 32 están en reparaciones y/o extensión de vida útil. Ahora el país incluso tiene planes de nuevas centrales, e incluso de renacionalizar Électricité de France. Hasta los tarifazos de 2020, Francia, geológicamente insospechable de tener hidrocarburos en sus dominios metropolitanos, producía tanta electricidad que la exportaba a toda la UE, especialmente a Alemania. Entre 2010 y 2020, a U$ 130 el MW/h, logró tener la factura eléctrica residencial más baja de Europa Occidental. Alemania mientras tanto estaba cerrando sus 18 centrales nucleares, de las que sólo quedan 3 en línea. Cada vez más dependiente del gas y petróleo rusos y quemando su propio carbón e importándolo desde Polonia, antes de que se armara la podrida en Ucrania en 2021 ya tenía el precio eléctrico domiciliario más alto de la región: U$ 350 el MW/h. Volvamos «al paisito», como lo llaman sus habitantes. Lo que hace especialmente cara la electricidad en Uruguay es que la plata se la lleva el viento, y la arrastra hacia afuera del país. En las miles de turbinas eólicas que se empezaron a importar durante la presidencia del Pepe Mujica no hay componentes electromecánicos locales en absoluto. Con poca historia metalúrgica o metalmecánica propia, lo único que atinó a poner de nacional el Uruguay en su curso eólico fueron las torres de los molinos: se empezaron a sustituir las de acero por hormigón, una rareza audaz… pero funcionó. Sin embargo, las torres constituyen menos del 20% del costo de una turbina lista para entrar en servicio. Los parques eólicos en línea toman mano de obra calificada, pero escasa: son mayormente operados por computadora, con pequeños planteles humanos. Ignoro cómo esto generó 50.000 nuevos puestos de trabajo, según jura Ramón Méndez, el exsecretario de Energía de ese país. Sin embargo, es creíble. El ing. Hugo Brendstrup, históricamente a cargo de diseño eólico en INVAP, probablemente me dio la respuesta hace unos años al referirse a la Argentina, que en 2016 estaba subsidiando la libre importación de equipos eólicos, y destruyendo así las posibilidades de los 3 fabricantes nacionales con historial: IMPSA, NRG y la propia INVAP. «Pero no totalmente», me aclaró Brendstrup: explicó que el mantenimiento de estos aparatos sometidos a enorme desgaste es intenso, y aunque la repuestería provenga de afuera, forzosamente se requiere de mano de obra experta y local para los reemplazos. Algo de plata y de trabajo se queda en casa. Vivir del viento se puede, demuestra Uruguay, pero el precio puede ser alto no sólo cuando llegan las facturas, sino mucho más cuando fallan las lluvias. Un país tan eólico como Uruguay necesita de una enorme potencia de respaldo rápidamente despachable cuando falla el viento, que no sólo es intermitente sino impredecible en tiempo real. Esa potencia en general se podía conseguir rápidamente de la central hidráulica de Salto Grande, con 1800 MWe instalados, ya que la República Oriental es propietaria legal del 50% de su producción, y desarrolló aceitados mecanismos de compraventa de potencia en tiempo real con Argentina (y con Brasil y Paraguay). Pero el río Uruguay ha estado sometido al mismo estiaje despiadado que el Paraná por la misma falta de lluvias en las nacientes brasileñas de la Cuenca del Plata. Esta sequía, causada por una recurrente oscilación hemisférica del clima llamada «La Niña», ya está cursando su tercer año, y da pocos respiros. Esto significa que los faltantes de electricidad en tierras charrúas hay que llenarlos «a la alemana», importando electricidad e hidrocarburos para quemar en las centrales térmicas, lo que impacta de modo inelástico sobre las tarifas domiciliarias. Pero también sobre las heladeras y equipos de aire acondicionado, porque se queman a lo pavote con las fluctuaciones de voltaje de la red. Y el inmenso factor de penetración eólico en la torta eléctrica uruguaya genera oscilaciones difíciles de planchar, salvo que se tenga mucho «respaldo caliente». El respaldo caliente son centrales térmicas en funcionamiento pero fuera de red, es decir, contaminando y costando hidrocarburos, pero sin producir electricidad. Hay que mantenerlas calientes para que hagan de paracaídas de la red en cuanto se cae el viento. El respaldo caliente es algo de lo que el ecologista de a pie no oyó hablar jamás, y que el ecologista informado prefiere no mentar. Los precios homicidas de la electricidad en Alemania vienen, en buena medida, del respaldo caliente de tanta potencia eólica instalada (se triplicó en la última década y llegó a 63.760 MWe). Cuánto respaldo caliente se le pone al viento es una decisión política y económica de cada país. Pero la naturaleza tiene modos objetivos y brutales de tomar las riendas sobre estas decisiones. En estos años de Niña, con lluvias a la baja, Uruguay está sobregirado en respaldo caliente. Es decir, perdiendo plata en importar hidrocarburos que se queman sí o sí, y dan electricidad a veces sí y a veces no. Las cosas que pasan en Uruguay con la electricidad no son demasiado ideológicas. Provienen de «condiciones de contorno» desfavorables: el país no posee un metro cúbico de gas o petróleo propios. Si los fratres yoruguas apostaron desmedidamente al viento no fue -gran diferencia con los alemanes- por gusto ni por timba: «el paisito» siempre le tuvo una fe enorme al río igualmente enorme que le da nombre a la República Oriental, el poderoso Uruguay, tan lleno de correderas y saltos, que, con sus años de estiajes y otros de avenidas, en general se apegó históricamente a un caudal promedio siempre mayor de 4000 m3/segundo, y desde los ’90, de 5.500 m3/segundo (medido en Salto Grande). Pero el cambio climático que está secando los ríos hidroeléctricos de EEUU, Europa y Asia también está desatado en Sudamérica. Ese río gigante y casi de montaña que discurre al Oeste de la República Oriental siempre fue considerado un recurso «de base», en términos eléctricos. Pero esas viejas certezas se están devaluando. En Argentina pasaron dos años y medio en que se podía caminar por el fondo del Paraná. Y ahora sabemos que Yacyretá y Salto Grande dan electricidad de base… si llueve en Brasil. Y estuvo casi tres años sin llover. Nosotros al menos tenemos una represa en cada uno de estos ríos gigantes, Uruguay una sola. Si el Paraná hoy te deja pagando, no quieras ver el azulado Uruguay, que lleva normalmente un cuarto del caudal de su colosal primo marrón. Los sinsabores del consumidor final domiciliario en Uruguay son bastante independientes de la orientación política y económica de los gobiernos, pero sólo hasta cierto punto. Uruguay no puede comprarse otro río. Está buscando hidrocarburos «off shore», pero puede haberlos o no, o haberlos y ser de extracción difícil o cara. Se verá. Un punto fuerte de nuestros vecinos, al respecto, es que planifican a largo plazo y se apegan a planes. Pero, como me dicen mis amigos de Prospectiva en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), unos buenos megavatios nucleoeléctricos, independientes de la doble ruleta rusa del clima y del gas, a Uruguay le vendrían joya.Daniel E. Arias
La NASA aborta un segundo intento de lanzar el megacohete de la misión Artemis I
El primer ensayo fue abortado el lunes 29 de agosto porque uno de los motores no se enfriaba correctamente, lo que pudo deberse al fallo del sensor de temperatura. Ahora, se detectó una pérdida de combustible en el cohete SLS. Éste es un vuelo de prueba, antes de hacerlo con astronautas, pero los técnicos de la agencia espacial no quieren correr riesgos. Es sólo el comienzo de un largo esfuerzo que culminará en el regreso de la exploración humana a la luna. Esta vez, para permanecer.
Reproducimos la nota de Nora Bär:
«Con más de 100 metros de altura, equivalente a la de un edificio de 32 pisos, transcurren sus últimas horas en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, la misma que vio salir despedidos hace medio siglo a los 12 únicos hombres que estamparon su huella en la Luna, el cohete SLS con la cápsula Orion. El lunes 29 de agosto (si surgiera algún inconveniente, las fechas alternativas son el 2 y el 5 de septiembre), en una ventana de dos horas que comienza a las 9.33 am., partirá entre el feroz rugido de sus motores y una danza de llamas y nubes de humo con destino a una órbita muy elíptica en torno de nuestro satélite natural. El viaje recorrerá en total 2,1 millones de kilómetros y al volver alcanzará velocidades de hasta 40.000 km por hora. La cápsula Orión debería amerizar en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, el 10 de octubre.
“Hacer sustentable la vida a largo plazo en otro sistema es un desafío impresionante –explica Colazo–. La radiación no solo afecta los equipamientos, sino la vida humana, por supuesto. Y la idea es plantar una base en el Polo Sur lunar”.
Además, probarán el paquete de demostración Calisto, que combina la tecnología de Alexa, de Amazon, y de Webex, de Cisco, para crear una asistente digital, algo así como una “Alexa espacial”, que futuros astronautas podrían usar como interfaz para conocer el estado de los sistemas de soporte vital y otros.
Al principio, Orion volará a unos 100 km sobre la superficie de la Luna, y luego usará su fuerza gravitacional para insertarse en una órbita muy elíptica que se extiende hasta más de 64.000 km de distancia.
Nora Bär

