La fuga de cerebros no se detiene en los organismos científicos y tecnológicos de Argentina. Si se tiene en cuenta el último año de Alberto Fernández y el inicio del mandato de Javier Milei, entre jubilaciones y renuncias, ya son 62 las bajas docentes en el Instituto Balseiro nada más. El principal problema es que los puestos son cubiertos por jóvenes recién graduados y no equiparan la experiencia de aquellos que dejan la institución. Para completar el cóctel, si años previos los estudiantes inscriptos a sus doctorados en Ingeniería y Física eran entre 15 y 25, a octubre de este año no hay ni uno solo. En la actualidad, los jóvenes no vislumbran buenas chances de progreso en suelo local.
En diálogo con Página 12, el director del Balseiro, Mariano Cantero, cuyo discurso puede condensarse en su desgarrador “Estoy desesperado”, detalla el panorama: “Trato de ser muy cuidadoso con la investidura presidencial y con los legisladores, pero hay que contar fría y crudamente la realidad que estamos pasando”. Y continúa: “Las instituciones no son las infraestructuras, sino las personas. La caída en los salarios de los científicos no comenzó ahora, ya estábamos bajos; lo que ocurre es que en el presente todo se aceleró a un ritmo que da temor. Con seis meses más así, no queda nada. Hay mucha angustia entre los docentes y los no docentes, porque no llegan a fin de mes”.
Como cualquiera podría haber aventurado durante la campaña, la motosierra libertaria no distingue “lo que funciona” de lo que no, y comienza a deshilacharse un instituto de punta con décadas de dedicación y resultados que avalan su prestigio. La comparación con los 90, cuando Argentina tenía el cartel “Se vende”, es muy clara según el ingeniero nuclear. “Esto mismo que vivimos hoy, lo viví como estudiante del Balseiro a fines de los 90. La diferencia es que el mundo va mucho más rápido. Por eso, el impacto de perder recursos humanos hoy es mucho más extremo con respecto a lo que sucedía hace 30 años”.
“Me quita el sueño esta preocupación” es una frase que se cuela en medio de su relato. Para colmo, dice Cantero, “el contexto no ayuda a los alumnos y profesores que podrían venir, porque Bariloche es una ciudad carísima”. Según refiere, entre el alquiler de una casa, el colegio de los chicos y alguna actividad extra, la comida y los impuestos, superan el millón y medio de pesos. “Nuestros salarios están bajísimos, son una miseria”, remata.
Formados por el Estado, expulsados por el gobierno
Uno de los aspectos que suelen destacarse con la fuga de cerebros es que se pierden recursos muy valiosos, en la medida en que se marchan cuando el Estado ya ha dedicado una inversión considerable en su formación de grado, doctorado, posdoctorado y en un eventual ingreso a instituciones como Conicet. Precisamente, cuando llega el momento de que los investigadores retornen la formación recibida a través de resultados y la educación, a su vez, de nuevos recursos humanos –cuando alcanzan la madurez en la carrera– deben marcharse porque el país les cierra las puertas.
En este sentido, la mayoría de las renuncias que destaca Cantero corresponden a la franja etaria de investigadores que tienen entre 35 y 45 años, es decir, que poseen entre 5 y 10 años de experiencia en los diferentes campos disciplinares. En cambio quienes se incorporan como profesores para cubrir las vacantes, tienen 28 o 30 años y están recién doctorados. En esa brecha, se pierden 15 años de experiencia. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido durante el último mes, cuando renunció el director de la carrera de Ingeniería Nuclear, doctor especialista en temas electrónicos que se fue a Estados Unidos. También, durante los últimos 30 días dejaron sus cargos un especialista en Inteligencia Artificial que se fue a España y otro en física de láseres que hizo lo propio y viajó a Alemania. “Si esto se espiraliza a este ritmo vamos a tener un problema grande, porque la ciencia y la tecnología avanzan muy rápido, no dan respiro. Rápidamente quedaremos relegados en temas nucleares”, advierte.
Lo mismo sucede en las universidades nacionales, cuyos docentes de prestigio comienzan a marcharse al sector privado, o bien se dedican a otros campos. “El denominado ‘valor de mercado’ de un docente-investigador del Instituto Balseiro es cuatro o cinco veces lo que gana acá. No hace falta ir a Europa o EEUU, ya que en Brasil o Uruguay un profesor de tiempo completo gana algo así como cuatro o cinco mil dólares. Las ofertas internacionales son muy altas y no las pueden rechazar”, dice.
En el pasado, cuando la brecha salarial entre lo que pagaba Argentina y lo que destinaban los países vecinos no era tan grande, los recursos humanos formados por el Balseiro fueron la llave para la creación de empresas tecnológicas como Invap, NA-SA y sus centrales nucleares de potencia, la Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE), la Fábrica de Combustibles Nucleares Argentinos, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), la Planta Industrial de Agua Pesada, así como los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia en varias regiones de Argentina.
Aulas vacías
Según el director, los docentes no solo se van por la desactualización de sus salarios con respecto a la región, sino también por las pocas o nulas ventanillas en las cuales pueden postularse para hallar un trabajo. Como se describió en notas previas, el Gobierno prácticamente paralizó las inversiones en el desarrollo nuclear del país. Lo que sucedió con el Carem, el reactor 100 por ciento argentino, es ilustrativo: aunque restaba poco tiempo para poder finalizar la obra (que redundaría en el ingreso al país de miles de millones de dólares), el gobierno decidió paralizarla y echar a todos sus empleados.
Al compás de la fuga de profesores se produce otro fenómeno: disminuyen las matrículas de inscripción a las carreras que ofrece el Instituto. “Por primera vez en la historia, a octubre de este año, no hay estudiantes de doctorado inscriptos”. De hecho, según confiesa el director, recién se están evaluando las primeras tres postulaciones, cuando tradicionalmente se inscribían y se graduaban camadas de entre 15 y 25 alumnos. Ello puede explicarse, en parte, por un sentido común: la falta de futuro.
Del Gobierno no había novedades hasta la semana pasada, cuando Eduardo Serenellini, secretario de Prensa de Presidencia de la Nación, visitó el Instituto. “Le conté lo que hacemos y quedó sorprendido gratamente. Al mismo tiempo, aproveché para compartirle que para sostener los resultados que históricamente tuvimos necesitamos tener a las personas en Argentina. Las instituciones son las personas y se nos están yendo. Podemos dar muchísimo a la Argentina, necesitamos que el presidente lo sepa”.
La Inteligencia Artificial, por ejemplo, es un tópico que el propio Javier Milei se interesa en publicitar. El país podría transformarse, desde la perspectiva del Ejecutivo, en un “polo de innovación”. Al respecto, Cantero refiere una experiencia puntual. “Estábamos armando una diplomatura en Inteligencia Artificial. La persona que estaba trabajando con nosotros y estaba armando todo acaba de irse a España. Ahora tengo que buscar cómo lo reemplazo”, dice.
Sin valor agregado
La fuga de cerebros se produce en tiempo real, en uno de las instituciones de referencia a nivel nacional e internacional. Aulas de las que participaron referentes y expertas de la talla de Juan Martín Maldacena, Karen Hallberg, Conrado Varotto y Fabiana Gennari, entre otros.
El Balseiro, creado en 1955 y de gestión compartida entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la mejor expresión que reúne a los cerebros más importantes en materia de ingenierías (nuclear, mecánica y telecomunicaciones) y física, sectores pujantes para el desarrollo de cualquier nación, menos para Argentina. También posee carreras de posgrado vinculadas a medicina nuclear, radioterapia e investigación interdisciplinaria en salud.
De hecho, como reza en su sitio oficial: “Con el convencimiento de que nuestro país debe desarrollarse en base a una matriz productiva de alto valor agregado, el Instituto Balseiro aporta profesionales y conocimiento para el sector nuclear con fines pacíficos y para áreas estratégicas, como energía, alimentos, salud, ambiente y comunicaciones”. La clave para comprender por qué este gobierno también ajusta a este Instituto radica en el fragmento: “matriz productiva con alto valor agregado”. En concreto, el actual gobierno no posee ni matriz productiva, ni tiene intenciones en agregar valor de ningún tipo.
Esta fuga forma parte de la lucha que la gestión libertaria tiene con las universidades, el sistema científico y todas las instituciones que participan de la producción del conocimiento y posibilitan, en definitiva, la movilidad social ascendente. Ese fenómeno que provoca que, a mediano plazo, la desigualdad se acote.
“Hay algo que en el medio del conflicto se pierde de vista y es que las instituciones son las personas”, define Cantero. Por eso, ajustar el bolsillo de las personas es destruir las instituciones. El gobierno lo tiene en claro, quizás por eso actúa en consecuencia.
El Gobierno nacional oficializó ayer miércoles 16 de octubre la reducción de aranceles a la importación de 89 productos con la intención que bajen los precios internos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 908/2024 e incluye café, latas para alimentos, plástico para botellas, motos, neumáticos, la licra y el poliéster de la industria textil, y algunos electrodomésticos como luces LED, cafeteras, pavas y hornos eléctricos.
“Resulta oportuno y conveniente con el fin de equilibrar los niveles de incentivos para la producción, así como también la competitividad y mejorar el precio al que acceden los consumidores a ciertos bienes, realizar modificaciones en los tratamientos arancelarios”, argumentó el Gobierno en la norma, que ya había sido anticipada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los principales productos impactados
Café: este es uno de los productos más cotidianos incluidos en la medida del Gobierno. Una baja arancelaria importante experimentará el café tostado molido, que pasará de un 35% a un 20% de impuesto a la importación. El café tostado molido es el que se encuentra en las góndolas de los supermercados. Por lo tanto, el oficialismo aguarda que esto se refleje en el bolsillo de las familias. A su vez, el producto premium cafetero también tendrá una rebaja arancelaria de 35% a 30%. Esto aplica para las cápsulas.
Latas para productos alimenticios: otro ítem vinculado a las góndolas de los supermercados donde el Gobierno busca generar un golpe de efecto. En este caso, la alícuota bajará de 35% a 12,6%. Es decir, una reducción de más de la mitad con la que el Ministerio de Economía pretende prolongar la desaceleración de la inflación en los alimentos, que en septiembre volvió a ubicarse debajo del 3%, algo que no se observaba desde noviembre de 2021.
Hornos y calentadores: es uno de los electrodomésticos más beneficiados por la medida del Gobierno. Pasará de un arancel de importación del 35% a uno del 20%.
Ventiladores: estos aparatos, al igual que los hornos, pasarán de un 35% a 20% de alícuota importadora. De esta manera, en la previa del verano, podrían experimentar una baja de precios, si el Gobierno consigue su objetivo.
Motos: este es uno de los sectores que empezó a mostrar un repunte ya que según datos de ACARA, los patentamientos de motos vienen creciendo intermensualmente. En este caso, su arancel baja de un 20% al 15%.
Esta medida generó una reacción de una parte del sector empresario local. “Los esfuerzos fiscales que hacen para bajar impuestos son todos para la importación”, recriminó un directivo de una cámara industrial sectorial. Este hombre del mundo pyme reconoció que el anuncio de Caputo sobre reducción de tributos generó un punto de inflexión. “Es la primera vez que meten varios productos terminados. Eso puede ayudar contra la inflación, pero nada a favor de la competitividad de los que producimos acá”, completó.
Además, desde la administración libertaria hicieron alusión a nuevos ordenamientos jurídicos y normas aprobadas a nivel nacional y regional, como el Tratado del Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el que se estableció que “el Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; y el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la decisión de la administración de Javier Milei en sus redes sociales a principios de mes. “Continuamos reduciendo aranceles a la importación. A través de un decreto estamos reduciendo aranceles a múltiples bienes de consumo que tenían aranceles elevados. Entre ellos se encuentran motos, neumáticos para autos y para motos, pequeños electrodomésticos, café, luminarias LED, etc. Además reducimos aranceles a insumos relevantes para la economía como lo son los plásticos PET (usado en botellas) y ABS (usado en diversos aparatos domésticos) e hilados sintéticos utilizados por toda la industria textil: lycra y poliéster. Por último se reduce el arancel a diversas maquinarias y se implementan las bajas ya anunciadas a moldes y matrices y equipos de riego”, enumeró el funcionario el pasado 1 de octubre.
Dentro de los bienes finales, las latas para alimentos son las que quedaron con el arancel de importación más bajo (13%).
La importación de neumáticos de autos y motos, en tanto, se ubica en el segundo puesto de los productos más beneficiados por la baja impositiva; el 35% por derechos de importación se transforma en un 16%. Le siguen las cremas y preparaciones para afeitar, cuyo arancel cae de un 35% a un 18%.
El listado de bienes finales con nuevo arancel para la importación lo completan las motos, bicicletas, el café molido, energizantes, ventiladores, calefactores eléctricos, cafeteras, pavas y hornos eléctricos, cremas solares y desodorantes, focos, tubos y artefactos LED y gafas de sol. Todos ellos pasan de un 35% a un 20% de impuestos.
En tanto, los aranceles a la importación de lycra pasarán de 18% a 2%. Además, los nuevos aranceles al plástico tendrá impactará en el que se utiliza en botellas, como por ejemplo la de gaseosas, con una reducción del 12,6% al 6%.
A continuación, la lista de productos que reducen su arancel:
Neumáticos de autos: De 35% a 16%
Neumáticos de motos: De 35 a 16%
Motos: De 35% a 20%
Bicicletas: De 35% a 20%
Café molido: De 35% a 20%
Energizantes: De 35% a 20%
Latas de alimentos: De 35% a 13%
Ventiladores: De 35% a 20%
Calefactores eléctricos: De 35% a 20%
Cafeteras, pavas y hornos eléctricos: De 35% a 20%
Cremas solares y desodorantes: De 25% a 18%
Focos, tubos y artefactos LED: De 35%/25% a 20%
Gafas de sol: De 35% a 20%
Plástico ABS: De 12,6% a 2%
Plástico PET (botellas): De 12,6% a 6%
Hilado de poliéster: De 18% a 6%
Hilado de elatómero (lycra): De 18% a 2%
Moldes y matrices: De 24%/35% a 12,6%
Maquinarias diversas: De 12,6% a 2%
Ventiladores industriales: De 35% a 20%
En esta misma línea, a principios de mayo el Gobierno informó una reducción de aranceles a importaciones en tres áreas:
En un viaje que se preparó bajo un fuerte hermetismo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió en Beijing con Huailiang Liu, presidente de China Gezhouba Group Company (CGGC), la principal accionista de la UTE que construye las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, paralizadas desde diciembre.“Estamos trabajando sin descanso para que las represas se pongan en marcha y generen los empleos que nuestra gente necesita”, afirmó Vidal desde el gigante asiático.
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, enfatizó, a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y –lo que llamó fuertemente la atención– por el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada.
El viaje de Vidal se da luego del sorpresivo giro de Javier Milei frente a China, a la que elogió recientemente, y mientras el gobierno nacional evalúa fechas posibles para concretar una reunión entre el Presidente y su par chino, Xi Jinping. En este contexto, el gobierno argentino evalúa tres momentos: la cumbre del G20 a mediados de noviembre en Brasil, la cumbre Celac-China, en abril próximo, o una bilateral antes de junio del 2025, según informó ayer este medio.
Más allá de una mejora en las relaciones entre los dos países, las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, las dos obras civiles más grandes que China tiene fuera de su territorio, están frenadas desde diciembre y el gobernador santacruceño encaró el viaje más relevante en los diez meses que lleva como gestión. En China fue recibido también por el embajador argentino en aquel país, Marcelo Suárez Salvia,quien lo acompañó en las reuniones.
El gobernador de Santa Cruz en la sede de Ghezhouba, Beijing, China.Sec de Medios
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, afirmó Vidal a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez y el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.
“China, para el gobernador Vidal, representa un aliado estratégico fundamental, ya que no solo puede proporcionar el apoyo financiero necesario para mejorar el desarrollo productivo de la provincia, sino que también puede aportar tecnologías avanzadas que acompañen el proceso de modernización urgente para la recuperación económica y el desarrollo sostenible de Santa Cruz”, sostienen desde el gobierno provincial.
No es el primer contacto de Vidal con los constructores de la obra. En enero pasado, Zhang Jun, el CEO de la empresa, viajó hasta Río Gallegos, y le había solicitado a Vidal que interceda ante el gobierno nacional con el fin de tener certezas sobre el futuro de la obra, que están detenidas desde diciembre pasado y hoy cuentan con notable retraso en su construcción. Los vínculos con China siguieron aceitándose este año: en abril se dio la firma de un convenio de cooperación en materia económica y de inversiones entre el gobierno de Santa Cruz y la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian.
“Además de ser una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la provincia, estas represas tienen el potencial de dinamizar la economía regional, generando empleo sostenible y potenciando sectores clave como el energético e industrial”, sostienen desde el gobierno provincial.
“La colaboración con China no solo apunta a concretar la construcción de las represas, sino a establecer un vínculo a largo plazo que permita a la provincia desarrollar su perfil productivo de manera sostenible”, sostienen fuentes oficiales.
Una historia de contramarchas
Más allá de las inversiones, la reactivación de las obras es clave en Santa Cruz. Sin embargo, la última adenda (la XII) entre ambos países, que establecía nuevas condiciones de la obra, aún no está firmada. Las represas se financian con un crédito que otorgó el gobierno chino, a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. A la fecha, transfirieron a la Argentina US$1850 millones del crédito total de US$4714 millones. El último desembolso realizado fue en noviembre de 2022, luego de transferir dos pagos por US$538 millones.
El proyecto hidroeléctrico se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas en su desarrollo. Arrancó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, fue frenado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando, además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado durante cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.
En 2021, ante el incumplimiento en los plazos prefijados, el financiamiento entró en suspenso hasta que la Argentina y China llegaron a un acuerdo, el año siguiente. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito. Los últimos datos oficiales disponibles indican que las obras tienen un avance cercano al 40%, en el caso de la represa Jorge Cepernic (ex-La Barrancosa), y de 25%, en el caso de la represa Néstor Kirchner (ex-Cóndor Cliff).
Las centrales están ubicadas a 145 kilómetros de El Calafatey permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional. La represa Jorge Cepernic tendrá una altura de 41 metros y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GWh por año. La Néstor Kirchner tendrá 73 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán 3167 GWh por año. En esta última, las demoras se acentuaron a partir del 2019 cuando saltaron las alertas por un desplazamiento de suelos en el área donde se estaba construyendo y desde entonces se trabaja en una readecuación del proyecto inicial.
Google tiene previsto adquirir energía nuclear de varios reactores modulares pequeños (SMR) que desarrollará Kairos Power para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial (IA).
La fase inicial de los trabajos prevé la puesta en marcha del primer SMR de Kairos Power en 2030, seguida de la instalación de otros reactores hasta 2035. En conjunto, este acuerdo permitirá suministrar hasta 500 MW de nueva energía libre de carbono a las redes eléctricas de EE.UU. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que, según Google, ayudará a que más comunidades se beneficien de una energía nuclear limpia y asequible.
En una entrada del blog de la empresa, Michael Terrell. Director Senior de Energía y Clima de Google, declaró: «Este acuerdo forma parte de nuestros esfuerzos por desarrollar y comercializar una amplia cartera de tecnologías avanzadas de electricidad limpia para alimentar nuestros centros de datos y oficinas mundiales. Este enfoque complementará nuestro uso de energías renovables variables, como la solar y la eólica, y nos ayudará a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de energía libre de carbono 24/7 y de energía neta cero». La próxima generación de reactores nucleares avanzados ofrece una nueva vía para acelerar el despliegue nuclear gracias a su diseño simplificado y a su sólida seguridad inherente. El menor tamaño y el diseño modular pueden reducir los plazos de construcción, permitir el despliegue en más lugares y hacer más predecible la entrega final del proyecto.»
«Invertir en tecnología nuclear avanzada también puede aportar beneficios económicos directos a las comunidades de todo EE.UU. La energía nuclear tiene el mayor impacto económico de cualquier fuente de generación de energía, según el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE), y crea puestos de trabajo bien remunerados y a largo plazo. La agencia calcula que alcanzar los 200 GW de capacidad nuclear avanzada en EE.UU. para 2050 requerirá 375.000 trabajadores adicionales», añadió.
La tecnología de Kairos Power utiliza un sistema de refrigeración por sales fundidas, combinado con un combustible cerámico de tipo guijarro, para transportar eficazmente el calor a una turbina de vapor y generar energía. Este sistema de seguridad pasiva permite que el reactor funcione a baja presión, lo que posibilita un diseño de reactor nuclear más sencillo y asequible.
Los gobiernos de Argentina y Francia están por firmar una carta de intención para comprar tres submarinos Scorpène para la Armada, llave en mano y sin un centavo de construcción local. Estamos hablando de U$ 2000 millones, y de operatividad para el año del arquero. Los submarinos modernos se construyen muy despacio y en Toulon hay lista de espera, no se bajan de un anaquel al carrito y se pagan en la caja. Las tripulaciones formadas tampoco se reclutan con los clasificados de Clarín.
Las cartas de intención pueden ser declaraciones de amor, pero no contratos vinculantes. Todavía no estamos condenados a este desvarío.
Que Argentina necesita submarinos es una verdad de cajón. Pero tal vez otros y de otro tipo, y jamás en estas condiciones.
Imposible no recordar la crisis de la deuda griega en septiembre de 2008. Fue parte de la recesión mundial subsecuente al pagadiós de las inversiones «subprime». Naufragaron el centenario banco Lehman Brothers, centenares de fondos de inversión, y los dos grandes bancos federales de reaseguro hipotecario, llamados popularmente Freddie Mac y Fannie May. Millones de personas y decenas de países que creían tener casa quedaron «homeless», otros que se pensaban acreedores salieron desplumados, y cantidad de cajas de jubilaciones y seguros médicos privados se evaporaron.
Eso fue un desastre en todo el mundo, y también aquí. Pero en el caso de marras, lo que agravó la caída de la hasta entonces pujante clase media griega en la pobreza fueron 11 submarinos alemanes Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), 10 de ellos «llave en mano», uno solo construido localmente.
Se entiende que con 2000 islas a defender y demasiadas guerras con la poderosa y vecina Turquía, Grecia quiera submarinos con gran entusiasmo. ¿Pero tantos, y con tan poco astillero propio, sin nada de industria local, todo comprado a Alemania a pura deuda, eso en semejante país naviero? De la noche a la mañana esos fierros se volvieron impagables. Y Berlín decretó ajuste grado devastación. Tremendas armas, esas 11 naves: torpedearon y hundieron un país entero: el comprador. Alemania no se mojó: cobra deuda, es decir sigue comiéndose vivos a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes griegos.
No fue tan fácil, en diciembre de 2008 en Atenas y otras capitales hubo que romperles un poco la cabeza a palos y corchazos de goma, para que entendieran. Fue pedagógico y didáctico, para decirlo al modo ático.
Para ser claro cuáles deberían ser nuestras condiciones, un contraejemplo cercano, pero a la vez muy lejano.
Nuestros primos brasucas, que entienden del negocio, compraron la tecnología Scorpène (significa «escorpíón») al mismo proveedor que nosotros: Naval Group, el complejo de astilleros más viejo del mundo, fundado por el Cardenal Richelieu hace ya 400 años. Al Cardenal la muerte lo protege de saber que su Diréction des Constructions et Armes Navales (DCAN) ahora tiene nombre inglés. En contrapartida, La Huesuda lo priva de la satisfacción de constatar que a 4 siglos de fundada, su empresa sigue siendo francesa, estatal, y de saber que reemplazó a Alemania como la mejor fabricante de submarinos de Occidente.
Los cuatro Scorpène brasucas se han venido construyendo en Brasil, se llaman «clase Riachuelo», con sus 1900 toneladas son de mayor desplazamiento y autonomía que la oferta francesa habitual, tres ya están operativos (con el último por entregarse). El que se viene demorando demasiado por motivos obvios (es tecnológicamente mucho más complejo) es el Alte. Alvaro Alberto, inspirado más por el Barracuda francés. Se va construyendo de pe a pa en el mismo astillero de Itaguaí, Río de Janeiro, donde se hizo toda la clase Riachuelo.
El Alberto (el submarino, no nuestro expresidente) está en una clase propia. Con sus 4000 a 6000 toneladas, no sólo es de mayor en desplazamiento, sino que tiene motor nuclear, igualmente «feito en Brasil», y cuyo grado de avance real es secreto siempre, y desde hace demasiado. Pero vendrá, cuando venga, con capacidad de inmersión limitada únicamente por la comida a bordo.
A un submarino nuclear le sobra potencia eléctrica dar la vuelta al mundo sin emerger y a a veces a más de 30 nudos, así como para reoxigenar y depurar su atmósfera interior y potabilizar agua de mar.Los que quieran «porrada» con los primos, saben que una nave como el Alberto puede estar en cualquier lado del planeta y tendrán que gastar unos recursos navales tremendos sólo en encontrarlo. Eso si el Alberto no los encuentra primero a ellos. Y en eso consiste la gracia del arma submarina, ser el gato y no el ratón. Obviamente, el Alberto no será el último submarino nuclear de Brasil.
Brasil viene construyendo sus submarinos diésel eléctricos desde 1973, y pasó sucesivamente por las clases Humaitá, Tupí y Tikuna, todos derivados del muy popular Type 209 alemán, el submarino más exportado de la posguerra. Los 209 y sus parientes son más bien costeros y defensivos por su tamaño, baterías y autonomía, excelentes armas tácticas durante medio siglo. Pero por esos tres mismos ítems, los clase Riachuelo (y mucho más aún el Alberto) son armas ofensivas estratégicas, de alcance mundial.
El resultado más importante no es que Brasil posee ya una buena flota, con 8 subs activos. Son muchos los que quisieran pisarle el poncho a Brasil, porque ese poncho es «o mais grande do mundo»: está en todas partes. Brasil tiene 7400 km. de costas, una industria pesquera de U$ 150 mil millones, un negocio petrolero offshore de más de U$ 420 mil millones/año, y larguísimas rutas de ultramar que vinculan al país con África, Norteamérica, Europa y Medio y Lejano Oriente. Por esas vías en 2023 transitaron U$ 626.807 millones, sumando exportación e importación.
Sumando, hoy son U$ 1200 billones/año, y en el sentido latino de la palabra «billones», es decir millones de millones. Parece bastante más que el contrato inicial de U$ 7000 millones por transferencia de tecnología y capacitaciones que firmó Dilma Rousseff con Naval Group. Francia lo viene cumpliendo impecablemente, para poca felicidad de los EEUU, y Brasil lo viene pagando sin despeinarse.
En Brasilia nadie objeta el programa Prosub iniciado por Rousseff. No lo hizo ni siquiera Michel Temer, el presidente golpista que la derribó, y tampoco Jair Bolsonaro, el excapitán libertario demente que reemplazó al golpista.
Es que semejante paquete de negocios dependientes del control de los océanos genera su propio lobby. Hacia adentro, se defiende solo. Pero hacia afuera no se defiende con sólo 8 submarinos. Lo importante es Brasil ahora tiene un astillero y una cadena local de proveedores que generó miles de puestos de trabajo calificados en empresas siderúrgicas, metalúrgicas, metalmecánicas, electrónicas, ópticas, y sigue la lista. Cuando quiera más submarinos, los fabrica, y con todos sus repuestos.
El enlace entre el programa Prosub brasileño y el nuclear es de triple vía: la empresa que fabrica los cascos de los clase Riachuelo es Furnas, que nació como proveedora de los componentes pesados de las centrales nucleares. A su vez, la capacitación en motorización nuclear hará que en un futuro Brasil pueda diseñar sus propias centrales nucleares chicas tipo PWR, en lugar de comprarlas llave en mano a EEUU o a Alemania. Aquellos fueron errores de mal resultado técnico. Sería raro que los repita.
Por último, todas las partes usan un combustible estratégico: uranio enriquecido en el país. Tanto las dos plantas nucleoeléctricas activas de Brasil, las Angras 1 y 2, como la que sigue incompleta desde los ’80, Angra 3, como los submarinos clase Alberto «queman» enriquecido nacional, las nucleoeléctricas terrestres al 3,5% promedio, y los submarinos al 20%. Este es el límite al que EEUU te deja enriquecer sin mandarte los marines, o al menos tratar. Cuanto más enriquecido el combustible, rinde más megavatios por kilo, y más vida útil entre recargas.
Brasil enriquece uranio de forma pública y bajo control del OIEA desde los años ’80. Se sobrepuso a cantidad de aprietes, zancadillas y tackles diplomáticos (de adiviná quién) que atrasaron ese programa. Por eso todavía no ha terminado de construir la cantidad de cascadas de centrífugas que necesitaría un programa de centrales nucleoeléctricas y otro de submarinos nucleares. En la práctica, las centrífugas brasucas sólo alcanzan para el 75% del consumo de uranio enriquecido de las Angras 1 y 2.
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) es la dueña estatal de la FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) en Resende, Río de Janeiro. En tiempos de Dilma, INB firmó la construcción de la segunda etapa de Resende con Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), una especie de INVAP brasuca muy especializada en Defensa.
Todo este progreso brasuca ha sido agua para nuestro molino: cumpliendo pactos firmados en la primera presidencia de Lula, Brasil nos suministró el uranio enriquecido para el núcleo de la centralita nuclear compacta CAREM. Y es que a Brasil también le viene al pelo tener un experto nuclear de cercanías como Argentina. Eso es un socio.
VOLVIENDO A LOS SUBMARINOS
A diferencia de lo que nos pasó a nosotros en Malvinas, si a los brasucas se les rompe un Tikuna o un Riachuelo, ya son cancheros en el oficio y lo reparan en casa, sin pedirle asistencia a nadie. Los conocen porque los construyeron ellos. Si alguien amenaza alguno de sus muchos intereses marítimos, lo dicho: construyen otros más. La tecnología ya la tienen asimilada y pagada. Y al hacerlo, en lugar de aumentar su deuda, aseguran sus intereses marinos, y hacen crecer su planta industrial, su empleo y su PBI. Plata que se se sacan de un bolsillo y se ponen, con intereses, en el otro.
Dicho esto, nuestro gobierno actual parece estar optando por el modelo griego, en el cual el comprador prefiere naufragar. Y digo «parece» porque si con Naval Group se pasa del amor platónico de las cartas de intención a contratos más carnales, llenos de chanchadas de letra chica, es posible que los tres submarinos se los debamos a Francia toda la vida, y la vida de nuestros hijos.
Lo que ignoro es si los tendremos. Puede que sí, puede que no.
La Argentina está en bancarrota, no puede dedicar U$ 2000 millones a tres naves hechas íntegramente en Toulon y dejar desmantelada su flota de superficie, o clausurar para siempre su aviación naval. Tampoco puede la Armada dejar sin reequipamiento al Ejército y a la Aviación. Eso es canibalismo. O más bien, finge serlo.
Finge, porque toda la política de defensa del gobierno de Javier Milei se apoya en dos mentiras descomunales: la primera es firmarle cheques en blanco (pero sin fondos, grave detalle) a unas fuerzas armadas que desde la derrota de Malvinas vienen perdiendo casi todos sus activos por decrepitud y falta de mantenimiento. Pero fundamentalmente, las FFAA están en la lona por el cierre deliberado de los astilleros, fábricas de aviones y el enorme complejo de plantas industriales de Fabricaciones Militares. Menem lo hizo, Macri y el El Guasón suscriben.
La segunda gran mentira de la política de Defensa de Milei fue reciente la derogación por decretazo de la ley del FONDEF. Éste es (era) el Fondo Nacional de la Defensa, de 2018, que el año pasado juntaba U$ 500 millones, el 0,8% de los ingresos del estado. A cambio de independizarlos del PBI, a las cúpulas Milei les ofreció canilla libre con las compras. Entren y pidan, Papá paga.
Es todo muy ilegal, pero a la vez muy irreal, como el propio presidente. Nada bueno puede salir de semejante compra de pescado imaginario pero podrido. Las cúpulas militares deberían ser las primeras en desconfiar. Lo que les cocinan Milei y su ministro de defensa, Luis Petri a nuestras Fuerzas Armadas no es el rearme del país. Es sólo una versión recrudecida, letal y bendecida por la OTAN de su estado de desarme crónico.
Y el desarme se agrava de dos modos: mediante la compra de chatarra de la OTAN (ver el caso de los F-16 de 44 años de antigüedad). Es militarmente inútil,aunque sirva para desfiles y golpes de estado.
Lo segundo que agrava el desarme es el total desacople entre el PBI y el presupuesto de Defensa, que la ley del FONDEF trató por primera vez de unir.
El resultado de todo esto sólo puede ser el regreso de una alta oficialidad autista, oligárquica y ajena a toda industria, indiferente al empleo y de la marcha de la economía, y por último adicta al presidente -a éste mientras les sirva- pero no a la Constitución. Nada que no hayamos visto antes hasta el aborrecimiento, y nada que no hayamos visto fracasar.
Y fracasó en aquel experimento que no dejó más dudas: la Guerra de Malvinas.
Parte de la tripulación del ARA San Luis, que disparó 3 veces contra la Task Force desde un submarino donde no funcionaba nada, sobrevivió a varios torpedos antisubmarinos y unas 200 cargas de profundidad, y logró volver a puerto con el último resto de vida del motor diesel sobreviviente.
Para refrescar la memoria: en esa guerra uno de los dos submarinos relativamente modernos del país, el ARA San Luis, comprado a Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), venía flojo de mantenimiento. El almirante Emilio Massera era así, le gustaba comprar. Mantener y reparar no lo entusiasmaban tanto. Por ello el San Luis tuvo que ir al combate sin computadora de tiro y con torpedos que no funcionaban.
Transcribo un excelente relato del historiador Antonio Aira. Vale la pena leer la historia completa aquí. Le doy brevemente la palabra a Aira:
«El 19 de abril la computadora de control de tiro se avería y no puede repararse con los recursos a bordo, por lo tanto, solo se puede disparar realizando cálculos manuales y con una salva de un torpedo a la vez no con los tres que se puede disparar con la computadora. Las dificultades no se detenían. El sistema de refrigeración de los motores Diesel se avería haciendo que falle uno de ellos, esta rotura aumenta la cantidad de tiempo que los snorkels (dispositivo que permite la carga de los motores eléctricos) tienen que estar en la superficie».
Lo increíble no es que el San Luis le haya disparado tres a dos naves inglesas, sin causarles daño aparente. Pasaron 42 años y hay quienes seguimos creyendo que el 4 de mayo de 1982 surtió a una nave inglesa, y con un torpedo antisubmarino MK-37, pero la Royal Navy jamás admitió nada. Lo increíble es que el San Luis se bancara 864 horas de imersión y más de 200 cargas de profundidad y torpedos de rastreo, y aún así sobreviviera pegado al fondo -que es bastante bajo- como una almeja, indetectado por las decenas de sonoboyas, sonares embarcados y sensores magnéticos de la Task Force.
Cuando volvió rengueando con una sola máquina a la base de Marpla, fue amarrar y que el motor se detuviera definitivamente.
Mientras su par, el ARA Salta, otro Type 209, debió abstenerse de la lucha porque sufría de un chirrido de eje de hélice que no se pudo remediar en años. En el área de operaciones, habría sido más detectable que orzuelo de tuerto.
Aún así, el Salta luchó a su modo y escasa fortuna: ensayando tiro en aguas bonaerenses con los problemáticos SST-4, se le trancó un torpedo activo en el tubo de lanzamiento. Obviamente, no se podía hacer nada para sacarlo. Obviamente, el motor recalentó. La carga explosiva no estalló de puro pepe.
Imposible no mentar al viejísimo y desafortunado ARA Santa Fe, un submarino oceánico yanqui clase Balao de 1944 con (típicamente) fallas múltiples e intratables. Trató de desembarcar infantes de marina en Grytviken, isla San Pedro, Georgias del sur. Pero fue atacado a misilazos en superficie, con semejantes buracos en la vela era imposible huir en inmersión y el capitán logró encallarlo con gran muñeca junto al muelle de Caleta Vago. Allí lo capturaron los ingleses. Un argentino muerto, otro muy herido.
Salvo el coraje de las tripulaciones, falló todo, y fundamentalmente, la doctrina de adquisición y de mantenimiento. Gran contraste con el desempeño británico: bastó con que el HMS Conqueror hundiera al crucero ARA Belgrano, para que todas las unidades de la Flota de Mar tuvieran que ponerse a salvo en Puerto Belgrano hasta fines de la guerra.
Obviamente, el gobierno de Manuel Macron sabe que no le vamos a poder pagar los 3 Scorpene. Pero eso no le molesta: Francia tendrá décadas para resarcirse comiéndose a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes argentinos durante décadas, y eventualmente haciéndolos cagar a palos y a tiros, al estilo de Alemania desde 2009 con sus homólogos helénicos, por seguir usandop palabras de lo más áticas.
Arma ambigua, los submarinos, las más complejas y terribles de las naves de combate. Como dicen los submarinistas, los barcos se dividen en submarinos y blancos. Los brasileños están usando esas naves para defender y simultáneamente construir su país. Nosotros vamos de cabeza al modelo griego.
Nuestro balance técnico de Malvinas es simple: no podés reparar bien nada que no hayas construido vos, y repetidamente, hasta que esa tecnología se te hace carne y la podés no sólo repetir sino mejorar. Lo que compraste en términos de «a cambio de pieles de castor, hombre blanco darme palo de fuego» te va a servir hasta que se rompa, y probablemente menos: hasta que te quedes sin balas.
A la hora de buscar opciones, en AgendAR aceptamos transferencias de tecnología, pero no de países con los que tenemos hipótesis de conflicto. Madame la République, lamentablemente, está en el mismo club que el Reino Unido, la OTAN. Y preferimos evitar compras de esta Hermandad de la Costa, sean fastuosas o miserables.
La idea del presidente anterior, Alberto Fernández, era típicamente miserable, y sigue viva: quiso comprarle a su par de entonces, el presidente Jair Bolsonaro, algunos de sus submarinos listos para chatarra, los de la clase Tupí, empezando por el primero, el Tupí mismo, activo desde 1989. Obviamente con el astillero Alte. Storni desafectado desde tiempos de Macri para la reparación de submarinos, al Tupí debía hacérsele una reconstrucción a fondo para rasquetearle algunos años más de sobrevida, en Ituaguaí, Brasil, y a escote del comprador. La excusa de Fernández para una compra tan cara e inútil era que sin ningún submarino activo, se perdía la formación de recursos humanos. Y tiene su validez.
Pero hay modos peores de perderlos: ya en 2017 murieron innecesariamente 44 tripulantes por salir de patrulla con un submarino mal reparado: el segundo ARA San Juan, que cuando nuevo era un excelente TR-1700 de ThyssenKrupp, militarmente superior al Type 209. Diseñados en Alemania en tiempos de Massera, que rima con chequera, íbamos a tener 6 de esos, 2 llave en mano y 4 hechos en el país, en el astillero Domecq García.
Pero en 1993 y a pedido de Su Graciosa Majestad, ese peligroso astillero lo cerró Carlos Menem.
En 2006 lo reabrió Néstor Kirchner, con el nombre de Alte. Storni, pero las impresionantes máquinas herramienta computadas compradas a ThyssenKrupp habían sido vendidas como chatarra por la patota de Menem, y fue un calvario volver a reunir parte del vejo elenco de ingenieros y técnicos navales especializados en submarinos. No es que ponés un clasificado en Clarín y aparecen. Regresó más o menos la mitad. Alguno había sobrevivido desde los ’90 hasta 2004 con un quiosco de revistas.
Lo que se dice, un regreso a la nada. En 2017, el Ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad, tras el hundimiento del ARA San Juan, decidió dejar su gemelo, el ARA Santa Fe, a medio reparar y lo dio de baja. También dio de baja el ya viejísimo San Luis original, el que había sobrevivido a 200 cargas de profundidad británicas. No sobrevivió a la temible lapicera del ministro Aguad.
También, quizás con la misma lapicera, dio de baja (y esto es lo principal) todo propósito de mantener, reparar y sobretodo, construir submarinos en un astillero propio. Y en el Storni quedaron, rojos de óxido, los cascos de dos TR-1700 «nonatos», construidos al 71 y al 36% respectivamente. Están congelados en ese estado desde 1993. El Dr. José Converti, reactorista de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue persuadido de diseñar un motor nuclear para uno de ellos. Ese motor obviamente jamás hubo un mango para construirlo y testearlo.¿En qué submarino ponerlo, además?
La propuesta de AgendAR en materia de defensa es industrialista. Lo que queremos es recuperar un astillero capaz de construir submarinos, no comprarlos llave en mano. Eso requiere de una política de reconstrucción de la industria de defensa que supimos construir entre 1927 y 1989. Junto a la nuclear, fue nuestra industria más industrializante, por la longitud y sofisticación de la cadena de proveedores privados que generó, y las decenas de miles de empleos calificados que generó.
La desaparición de esa industria ya nos hizo perder 2,4 millones de km2 de Mar Argentino que debería ser Zona Económica Exclusiva de nuestro país y hoy pertenecen al Reino Unido. Es algo que los medios y la cancillería argentina callan enérgicamente. Y es que lo que sigue inevitablemente es perder provincias. Es difícil creer de cuántos pisos de altura nos caímos. Fueron muchos. ¿Y todavía podemos seguir cayendo?
Podemos.Caramba… ¿No era el nombre de un partido político?
También podemos cambiar la música.
Desde que empezó la Guerra de Ucrania, este país, que no tuvo jamás una Armada que despeinara a sus vecinos, empezó a usar, diseñar y fabricar todo tipo de drones navales, desde los misiles de crucero antibuque Poseidón a más de una decena de modelos de barquitos kamikaze. Son silenciosos, autónomos, rudimentarios y no mucho mayores que un kayak.
También se dotaron seguramente de algunos torpedos de largo alcance, snórkel para que el motor respire y el «data link» emita posición y reciba instrucciones, y con capacidad de patrulla. De eso Kiev prefiere no hablar.
Lo cierto es que con esta flota tan improvisada y atípica, una Armada Brancaleone en todo sentido, Ucrania ya le hundió 26 barcos a la considerable Flota Rusa del Mar Negro. Desde fines de 2023 la tiene arrinconada y casi sin poder salir en los puertos de Sebastopol y Novorossiysk. Ucrania está perdiendo la guerra por tierra, y de modo bastante evidente, pero no así por mar. Sin su guerrilla aérea y acuática de drones navales, Ucrania ya sería un país mediterráneo.
El Toloka, equivalente submarino ucraniano de un dron patrullero kamikaze aéreo. Según el analista de defensa submarina británico, H.I. Sutton, este Toloka mide 2,5 metros. Las grandes aletas lo ayudan en la maniobra, puede patrullar en forma autónoma totalmente sumergido (Sutton no especifica tiempos o distancias). El mástil tiene una cámara y equipos de comunicaciones, y probablemente se usa en adquisición de blanco y trayectoria final. Hay dos versiones mayores, una de 12,5 metros, que todavía no se construyó.
En la emergencia argentina actual, yo empezaría por imitar a los ucranianos. No hay que ser un genio para ello, hay más de 50 países construyendo sus propios drones navales, desde superpotencias a países de medio pelo como nosotros. Los drones son baratos, se desarrollan rápido, a veces demuestran ser terriblemente eficientes y difíciles de detectar, y se hacen con recursos propios, sin cargar la deuda externa.
Tenemos una recesión colosal, astilleros del estado en franco desuso, un par de decenas de astilleros privados sin casi trabajo, y varias facultades de ingeniería excelentes.
Todos estos actores se tirarían de palomita sobre un proyecto de reconstrucción de nuestro poder naval con industria propia. Creemos que nuestros almirantes no. Pero nos encantaría que opinaran.
Tenemos también una empresa como INVAP, el más respetado constructor de pequeños reactores nucleares del mundo, del helidrón naval RUAS-160, cuya orden de despliegue la Armada viene demorando desde 2018. INVAP también diseñó y construyó de todos nuestros satélites exitosos, los de la CONAE y los de ARSAT. Aparatos que, como todos los satélites, por sus sensores y sistemas automatizados de navegación y mantenimiento de órbita, son drones espaciales, infinitamente más complejos que los kayaks kamikaze ucranianos.
Tiro la idea, por si alguna vez volvemos a tener un gobierno que gobierne para el país, o algún almirante industrialista como don Segundo Storni. Pinta que mejor es esperar sentados.
Sigue la historia de nuestra posible compra a Francia, tal como la cuenta, sin espinas, Zona Militar.
Daniel E. Arias
OOOOO
Conforme a lo reportado por La Tribune, “…Argentina y Francia podrían firmar una carta de intención (LoI) el 15 de octubre, que definirá las condiciones para la compra de tres Scorpènes, así como la prestación de servicios (repuestos y capacitación)…”. La rúbrica de un documento para avanzar en la adquisición de los submarinos fabricados por el astillero Naval Group la adelantamos desde este espacio el pasado 3 de octubre, mencionando que la posible compra superaría la inversión de US$ 2.000 millones, monto que contemplaría tres submarinos de ataque Scorpène, así como la provisión de servicios asociados, repuestos y entrenamiento.
Los recientes avances en las negociaciones bilaterales se dieron en el marco de la visita oficial del Ministro de Defensa Luis Petri a Francia, ocasión en la cual se reunió con su homólogo francés, Sébastien Lecornu. El titular de la cartera de Defensa argentina expresó durante su presencia en París que “Seguimos fortaleciendo nuestra cooperación en defensa, trabajando juntos para abordar los desafíos internacionales”.
La Tribune también reveló detalles adicionales respecto a la potencial compra de la Argentina. El requerimiento de la Armada Argentina sería por los Scorpène Evolved, variante que desplaza unas 2.000 toneladas y está equipada con baterías de iones de litio. Asimismo, el medio parisino reportó que “…La firma de esta carta de intención, que podría haberse rubricado ya en diciembre de 2023, es un hito muy importante de cara a la notificación de un futuro contrato…”.
Vale recordar que, pese a que la firma de una Carta de Intención no es del tipo vinculante entre las partes, el documento sienta un precedente favorable con Naval Group, astillero con el cual ya se tiene experiencia y que oportunamente propuso a su submarino clase Scorpène como candidatos para el proyecto de la Armada Argentina. A nivel regional, el Scorpène es operado por la Armada de Chile, mientras que la Marina de Brasil está en proceso de incorporar su tercera unidad, de un total de cuatro, denominados clase Riachuelo.
Prioridad para la Armada Argentina
En el corto plazo, la Armada Argentina fijó como prioridad la recuperación de la capacidad submarina, decisión que es acompañada por el Ministerio de Defensa. “…Es una importancia estratégica en el corto plazo incorporar una unidad que esté operativa y que una marina esté a punto de desafectarla, porque están prontos a la incorporación de algún otro medio más moderno…” expresó oportunamente el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Carlos María Allievi, en referencia a uno de los pasos previsto para iniciar la recuperación.
El titular de la Armada Argentina también manifestó que, pensando en el mediano y largo plazo, la Fuerza completó un estudio técnico y tuvo dos ofertas que son de publico conocimiento: la de Naval Group, que son los Scorpène; y los de Thyssen, que son los submarinos 209 nueva generación, NG. Esas propuestas fueron analizadas operativamente, y se recibieron las ofertas de los costos y presupuestos. Esa es una decisión que se va a tener que tomar para el mediano a largo plazo.
Foto: Marinha do Brasil
La compra de nuevos submarinos se verá reflejada recién en varios años, lapso durante el cual la Armada Argentina deberá llevar adelante diversos trabajos para contar con las tripulaciones, infraestructura y demás recursos. Iniciativa que lógicamente deberá ser apoyada e impulsada desde el Ministerio y poder Político atento la relevancia estratégica que representa este tipo de material para la Argentina y sus intereses marítimos.
La falta de vuelos logísticos y el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina han llevado a una crisis en la investigación antártica.
La semana pasada se confirmó que no habrá vuelos de despliegue de personal científico hacia la Base Marambio en el mes de octubre, sumándose a las cancelaciones de agosto y septiembre.
Durante los últimos meses de invierno y primavera, el personal científico del Instituto Antártico Argentino (IAA) y otras instituciones debería haber sido desplegado a la Base Marambio para luego ser distribuido a otras bases argentinas, como Petrel, Esperanza y Carlini, además de los campamentos ubicados en la misma isla. Estos traslados, que suelen realizarse en esta época mediante los helicópteros Bell 212 apostados en Marambio, han sido suspendidos debido a que ambas aeronaves llevan más de dos meses fuera de servicio, sin perspectivas de reparación durante lo que queda del mes.
La despreocupación e irresponsabilidad de las autoridades son evidentes, como lo demuestra la cancelación del estudio del pingüino emperador, una especie emblemática de la Antártida y gravemente amenazada por el cambio climático. Esta interrupción en la investigación, por segundo año consecutivo, refleja la falta de compromiso con la conservación de la biodiversidad en el continente, consecuencia directa de la incapacidad de los responsables para garantizar la logística en los tiempos establecidos.
La investigación científica en la Antártida es fundamental para garantizar la acción soberana del país. Desde la firma del Tratado Antártico, el continente ha sido destinado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional. La gestión de recursos y el uso del suelo, como la construcción de nuevas bases o la regulación de áreas pesqueras, dependen de los mejores datos científicos disponibles, siempre bajo la lógica de la preservación del ecosistema.
El desfinanciamiento sistemático de la ciencia en Argentina es un problema crónico que ha debilitado progresivamente la capacidad operativa científica del país. Aunque en el pasado se logró sobrellevar la situación, las últimas campañas antárticas han sufrido demoras y cancelaciones. Sin embargo, el gobierno actual de Javier Milei ha asestado el golpe final a la ciencia y la labor científica debido a sus decisiones que afectan negativamente la investigación y el desarrollo en Argentina. Una de las medidas más polémicas ha sido la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de su plan de gobierno, además del recorte de fondos para instituciones científicas prestigiosas como el CONICET.
En línea con su política de desmantelar el Estado, Milei espera que los investigadores se autofinancien, lo que deja a la ciencia pública en una posición crítica. Es fundamental reconocer que esta situación pone en riesgo el futuro de la investigación científica en Argentina.
La logística antártica argentina, actualmente a cargo del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), enfrenta serias dificultades. La antigüedad de sus aviones y embarcaciones, la falta de recursos para repuestos y el mal estado de muchos de ellos han agravado la situación. Los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, con más de 50 años de servicio, y las embarcaciones gemelas «Bahía Agradable» y «Canal de Beagle», con más de 30 años de operación, junto al rompehielos «Almirante Irízar», son los principales medios encargados de las operaciones logísticas al sur del paralelo 60°. Sin embargo, estos recursos están sometidos a una considerable sobreexigencia y las embarcaciones suelen operar con exceso de personal.
También se deben considerar las pérdidas del buque polar «Bahía Paraíso» en 1989 y el incidente con el avión Twin Otter, que sufrió daños al quedar atrapado en una grieta.
Además, los helicópteros multipropósito MI-17, utilizados en campañas antárticas, fueron donados al gobierno de Ucrania, como parte del alineamiento de Argentina en el conflicto entre la OTAN y Rusia. Estos helicópteros, capaces de transportar hasta 5,000 kg mediante gancho de carga y trasladar a más de 35 personas, estaban preparados para realizar tareas de búsqueda y rescate (SAR), lucha contra incendios y patrullaje en entornos hostiles. Poco después de la donación, se informó que uno de ellos habría sido derribado.
La problemática logística y el incumplimiento de los trabajos científicos en la Antártida se agravan en el contexto del traspaso de la Administración de las bases e instalaciones antárticas de la Cancillería al Ministerio de Defensa. Al perder sus funciones, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) se debilita, mientras que el Comando Conjunto Antártico asume el control, decidiendo a discreción la cantidad de plazas científicas y la operatividad de los medios logísticos.
En un mundo donde las relaciones y tratados internacionales se desvanecen ante el fuego de las guerras y los quebrantos económicos de los Estados, Argentina no es inmune. El contexto actual, exacerbado por el pacto Mondino-Benny y la presencia naval estadounidense en el Mar Argentino, pone de manifiesto la disposición del Gobierno a ceder sus reclamos de soberanía sobre territorios extraterritoriales. A su vez, esto amenaza los 120 años de presencia argentina en la Antártida, donde trabajadores han operado sin interrupciones en las latitudes más extremas.
Este escenario geopolítico, sumado a la debilidad de la DNA y los problemas logísticos del COCOANTAR, genera una creciente preocupación en la comunidad científica y diplomática: ¿podrá Argentina asegurar la continuidad de sus trabajos científicos y cumplir con los compromisos internacionales, fundamentales para mantener nuestros reclamos de soberanía?
La conflictividad en el Hospital Garrahan sigue creciendo. Con medidas de fuerza que se suceden desde hace ocho semanas por los salarios y una fuga de profesionales especializados hacia el sector privado, se reconfiguran turnos o intervenciones que puedan esperar y servicios que estén afectados. A la par, en el inmenso hall del ingreso por la calle Pichincha, se nota el aumento de la demanda en ese centro nacional de referencia en pediatría con cerca de 4800 empleados.
La decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de echar a los integrantes del Consejo de Administración porque habían resuelto pagar un bono complementario de $500.000 a todo el personal generó enorme desconcierto interno. A la par, puso aún más en alerta a los gremios y la asociación profesional con representación en el hospital.
El dinero para ese bono no provenía del presupuesto anual del hospital que comparten entre la Nación (80%) y la Ciudad (20%). La fuente era un aumento del 433% en la facturación durante los últimos nueve meses a través del recupero de prestaciones y servicios a obras sociales y prepagas, provincias y países de la región. Se había cobrado el mes pasado poco menos del 50% de $10.000 millones facturados y se podía hacer frente a un bono extraordinario de medio millón de pesos para cada empleado del hospital. En un cálculo rápido, el pago de ese plus iba a demandar unos $2400 millones, menos de la cuarta parte de fondos que estaban ingresando por el recupero.
“Era la primera vez que ese beneficio también alcanzaba a los residentes y becarios que están atrasados con respecto de los residentes de la Ciudad y la provincia [de Buenos Aires]”, destacó uno de los profesionales que tiene a cargo médicos en formación en el servicio. “Los bonos se dan en forma habitual y no es plata que tiene que enviar el Gobierno”.
Ese bono, por planilla complementaria, no solo paliaba las necesidades económicas que venía expresando el personal. Ayudaba a reducir la conflictividad interna.
De ahí que la medida tomada por el flamante ministro, al día siguiente de prestar juramento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, no se termina de comprender en el Garrahan. Basta, si no, con preguntar a los que ahí trabajan. Es que el mismo día que Lugones echó a los consejeros, refrendó la decisión del Consejo de Administración de pagar el bono, que se efectivizó a las 24 horas.
Recursos genuinos
En los recibos de sueldo del personal del Garrahan, hay un ítem por recursos genuinos todos los meses: son $200.000 que cobra el personal para mejorar el ingreso y provienen del mismo fondo que el bono adicional de $500.000. Solo que, en lugar de abonarlo en dos o tres meses con los salarios, se definió hacerlo en un solo pago y se hizo en diálogo con delegados gremiales.
“Hace más de dos meses que, por un reclamo genuino por el retraso salarial, empezamos a conversar con el consejo para que le retransmitieran al Ministerio de Salud preocupaciones puntuales porque había profesionales con excelente formación, prestigio y antigüedad que estaban empezando a buscar trabajo en el sector privado por mejores salarios y eso iba a dañar la calidad de la atención en el hospital”, dijo la comisión interna de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que el 30 de septiembre suscribió un acta acuerdo por el pago del bono.
“Tomamos conocimiento de que en los últimos seis meses presentaron la renuncia 30 profesionales de distintas áreas por mejores propuestas laborales. Esto no se había visto en mucho tiempo”, continuaron. En más de un servicio, mencionaron a este medio que la principal opción está siendo la industria farmacéutica, seguida de búsquedas de propuestas en el exterior.
Al respecto, tras la publicación de esta nota, desde el Ministerio de Salud de la Nación pidieron aclarar que el año pasado “renunciaron, en total, 85 trabajadores, mientras que en 2024, 66. En 2023, renunciaron 14 médicos especialistas y, este año. van 16. Los números indican que no hay fuga, sino que se mantuvo el promedio de los últimos años”.
Copia del acta acuerdo firmada con UPCN el 30 de septiembre; a los dos días, el nuevo ministro de Salud echó al Consejo de Administración, pero refrendó la decisión
Los niveles salariales más bajos –camilleros, operarios y ayudantes– empezaron a quedar muy retrasados con respecto de la canasta básica. Se sucedieron reuniones con la gestión anterior en el Ministerio de Salud, pero si la solución dependía del presupuesto anual no tenía aprobación de Economía porque cualquier aumento salarial está sujeto de las paritarias para la Administración Pública Nacional. “Quedamos empantanados y empezamos a buscar alternativas con las autoridades del hospital, que por decreto tiene recursos propios por recupero de prestaciones que puede distribuir entre el personal”, continuaron.
En ese contexto, UPCN suscribió el acta acuerdo con los consejeros. También lo hizo el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la ciudad de Buenos Aires (Sutecba), según refirieron en el hospital, no así la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aunque con la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) aceptaron la medida. “Era un monto importante y ayudaría mejor a los trabajadores que están con deudas, retraso en el pago de las tarjetas, los alquileres, servicios y compras diarias”, refirió uno de los delegados que suscribió el acta.
El consejo que desplazó Lugones lo presidía, desde febrero, Oscar Imventarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático del hospital pediátrico y expresidente de la Asociación Internacional Hepato-Pancreato-Biliar (IHPBA, por su nombre en inglés) y la Sociedad Argentina de Trasplante. Tras completar su formación en la Universidad de Pittsburgh, volvió al país y, en 1992, creó los dos primeros programas de trasplante hepático del país en el sistema público de salud: para chicos en el Garrahan y para adultos en el Hospital Argerich. Continuará al frente del servicio en el hospital pediátrico, según se indicó ante la consulta.
Durante su gestión, se firmaron convenios con los ministerios de Salud de 15 de las 24 provincias para recuperar costos de prestaciones a pacientes derivados y otros servicios de capacitación profesional, mientras que se suscribieron acuerdos Garrahan Internacional con Uruguay y Paraguay para ordenar la demanda de los pacientes extranjeros –que sean derivados en lugar de llegar por turismo médico– y recuperar los costos de atención.
Un 40% de los pacientes oncopediátricos del país se atienden en el Garrahan y, con este tipo de convenios, se facturan las prestaciones a las provincias que los derivan. También con la Organización Panamericana de la Salud se suscribió un acuerdo para entrenar a médicos de países de la región con capacitaciones remotas, otra fuente de ingresos genuinos.
Abuso de poder
Con el cambio de consejeros, en Salud se decidió reducir de cuatro a tres el número de representantes que tiene la Nación en el órgano que conduce el hospital. La presidencia pasaría a tener doble voto en las decisiones. En el convenio con la Ciudad, que se actualizó en 2017, se definieron en cinco los miembros. El representante porteño, en tanto, sigue en funciones.
Hasta el momento, no se publicaron las designaciones en el Boletín Oficial. “Hoy, el hospital no tiene presidente”, coinciden profesionales y gremios ante la consulta sobre la toma de decisiones de administración y vías de diálogo.
Esta semana, mientras se llevaba adelante la primera de dos jornadas de paro, la diputada Marcela Campagnoli, vocal de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja del Congreso Nacional, y Elisa Carrió (Coalición Cívica) denunciaron al nuevo ministro por abuso de poder. Consideran que la decisión de separar de sus cargos a las autoridades del hospital fue “arbitraria” de parte de Lugones y persigue “evitar un efecto contagio en los reclamos salariales” en los demás organismos nacionales en la órbita de Salud.
“La arbitrariedad e ilegalidad estaría dada en la atribución de facultades por parte del ministro que no le son propias, las que habrían motivado su orden abusiva de solicitar la renuncia del Consejo”, señalaron en el escrito. Es que en la comunicación oficial inicial sobre el desplazamiento se atribuyó la decisión a que “la entrega de esas sumas [por el bono de $500.000] no obedece directamente a la negociación de la pauta salarial” en relación con las paritarias de la APN.
Por lo tanto, para las denunciantes, “la directiva impartida tiene por único fin amedrentar a toda autoridad administrativa para que se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando actué en contra de las normas legalmente vigentes”.
Anteayer, cuando concluyó el paro por 48 horas de esta semana, hubo que volver a reordenar turnos y servicios. Ante la consulta, en el hospital comunicaron que, durante la medida de fuerza, el servicio de Emergencias operó con la Guardia de 24 horas para la atención de pacientes durante ambos días, se reprogramaron consultas ambulatorias y cirugías en ambas jornadas de paro.
El martes próximo, en una nueva asamblea, se decidirán más medidas. “Pedimos $1,5 millones de sueldo inicial, igual a la canasta básica (hoy, los sueldos comienzan en $500.000 el personal de mantenimiento y $900.000 un médico con 15 años de especialización). Reclamamos un aumento de las guardias de 24 horas, que nos pagan $6000 la hora, la mitad que en los privados, y rechazamos el impuesto al salario, entre otros puntos. Por estas condiciones estamos perdiendo personal altamente calificado, irremplazable”, señalaron desde APyT, que lidera las movilizaciones con ATE y Autoconvocados. “Están jugando al límite con la salud pública y están creando las condiciones para una verdadera marea blanca”, lanzó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
En tanto, en la comisión interna de UPCN consideran que esta situación de conflicto “le hace daño” al hospital. “Hay una gran mayoría silenciosa dentro del hospital que no está acompañando las medidas, pero no por eso la está pasando bien. No puede ser que las familias que llegan con sus hijos que necesitan atención tengan que encontrarse con un hospital convulsionado”, plantearon.
La válvula Clover, desarrollada por el cirujano cardiovascular Osvaldo Amerio, junto con su socio, Carlos Schvezov, promete revolucionar el campo de los reemplazos valvulares cardíacos.
Este innovador dispositivo busca combinar las fortalezas de las válvulas biológicas y mecánicas, eliminando sus principales desventajas. Mientras que las válvulas biológicas evitan la necesidad de anticoagulantes, tienden a desgastarse en 8 a 10 años, y las válvulas mecánicas, aunque más duraderas, requieren medicación de por vida. Clover, en cambio, apunta a ofrecer una solución duradera sin la necesidad de anticoagulantes, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo la probabilidad de reoperaciones.
El desarrollo de Clover surgió de la experiencia y observación de Amerio a lo largo de su carrera como cirujano cardíaco. Tras formarse en Brasil, identificó la necesidad de una válvula que resolviera los problemas actuales de las opciones disponibles. “La idea fue crear una válvula mecánica con diseño de biológica para tener un flujo central sin turbulencias y evitar los coágulos”, explicó Amerio.
El largo camino desde la idea inicial hasta la creación del prototipo final ha estado lleno de desafíos técnicos y colaboraciones estratégicas, que incluyeron la alianza con la Fundación Barceló y el apoyo de inversores clave.
La Fundación Barceló, a través de su incubadora Incubando Salud, jugó un papel crucial en el impulso del proyecto Clover. Se trata de la primera incubadora en América Latina especializada en salud, con más de 12 años de experiencia en la promoción de startups enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas. Con un programa federal de incubación, busca ideas innovadoras en el sector de la salud, desde dispositivos médicos hasta plataformas digitales, y se enfoca en el perfeccionamiento de planes de negocios, la validación de MVPs (productos mínimos viables) y la expansión internacional.
Hasta la fecha, la incubadora ha evaluado más de 800 modelos de negocio, incubado a más de 45 startups e invertido en seis de ellas, utilizando un fondo de inversión con un total de 450.000 dólares. Amerio y su equipo participaron en uno de estos programas, donde recibieron formación y apoyo clave para estructurar el proyecto Clover. “En ese momento, no éramos una empresa, sino un proyecto de laboratorio bastante avanzado”, comentó Amerio.
Durante este proceso, el equipo de Clover fue premiado con el primer lugar en un concurso de la Fundación, lo que les dio mayor visibilidad y acceso a nuevos recursos.
La importancia de las válvulas cardíacas
Amerio describe la importancia de las válvulas cardíacas en el sistema circulatorio, resaltando que las más afectadas suelen ser las del lado izquierdo del corazón: la válvula mitral y la aórtica. Estas válvulas funcionan como compuertas unidireccionales que permiten el flujo de sangre. Sin embargo, el desgaste natural y enfermedades pueden provocar estenosis (cuando la válvula no abre completamente) o insuficiencia (cuando no cierra correctamente). Ambos casos son indicaciones claras para el reemplazo valvular. Aunque hoy en día existen procedimientos mínimamente invasivos como el TAVI (implante de válvula aórtica transcatéter), Amerio enfatiza que “en los últimos 40 años, no ha habido modificaciones disruptivas en el diseño de las válvulas, solo incrementales”.
El proceso de desarrollo de Clover ha sido largo y meticuloso. Amerio relata que tras regresar a la Argentina, colaboró con la Facultad de Ingeniería en Misiones, donde trabajó con doctores en ingeniería especializados en modelado de materiales. “Primero simulamos las válvulas existentes y luego comenzamos a modelar la nuestra”, detalla.
Después de múltiples pruebas y simulaciones utilizando un software único en el país, lograron fabricar los primeros prototipos, que fueron testeados en Estados Unidos con resultados alentadores.
La inserción de Clover en el ecosistema de startups de salud fue otro paso clave en su desarrollo. Gracias a su experiencia en Incubando Salud, el proyecto avanzó significativamente, y esto permitió que Clover obtuviera cinco patentes en Estados Unidos y Europa. Estos avances atrajeron la inversión del Centro de Innovación Tecnológica y Sociales de Suncor (Cites), que ha sido fundamental para seguir avanzando en los estudios preclínicos. Amerio destaca que el próximo gran hito es el estudio en animales, etapa previa a las pruebas en humanos. Para este paso, el equipo está buscando una inversión de 1,5 millones de dólares, lo cual les permitirá completar los estudios y avanzar en los complejos procesos regulatorios.
En cuanto a los desafíos que enfrentan, Amerio explica que el proceso regulatorio para dispositivos implantables como las válvulas cardíacas es especialmente complicado, pero confían en los resultados obtenidos hasta ahora. “El estudio in vitro nos muestra que la válvula tiene una hidrodinámica excelente, con valores de resistencia y apertura muy prometedores”, asegura el cirujano.
A pesar de los obstáculos, el equipo de Clover mantiene un optimismo cauteloso, esperando que los próximos estudios en animales confirmen el éxito del proyecto. Con los estudios preclínicos a punto de finalizar y el interés creciente de inversores, la válvula ideal podría estar más cerca de lo que se piensa.
El 52,9% de pobreza en el primer semestre de 2024 informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio lugar a una confusión de parte del ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular de Palacio de Hacienda razonó que la tasa de pobreza de 58% de 2002 había duplicado la del comienzo de la crisis de fin de siglo, y que ahora, bajo su gestión, ese aumento fue de 11 puntos (41,7% a 52,9%). Caputo se atribuyó el mérito de haber conducido “un programa económico serio” para salir del atolladero y, en cambio, “desde una situación mucho menos crítica” (¡en 2001!), la debacle fue de mayor escala.
El razonamiento, de por sí enrevesado, abre enormes dudas sobre la supuesta mayor gravedad de la crisis actual, el punto de partida y de llegada para medir esos períodos, o la autopercepción de que el programa que instrumenta el ministro es “serio” frente al supuesto vacío de 2002. Por esta vez, cabe dejar de lado las polémicas valorativas difundidas por un Gobierno que juega a diario con cifras como 17.000% de inflación, 95% de pobreza y una jubilación imaginaria que les gana a los precios.
El dato relevante de la intervención de Caputo es que el 58% de pobreza en 2002 al que aludió estaba equivocado a los fines de la comparación. Ocurre que el INDEC realizó un cambio en la integración de la canasta básica que mide la pobreza, por lo que, de ser medida con el criterio actual, el indicador de 22 años atrás sería 65,5%. El 58% aludido por Caputo se refería al registro de aquel momento. Una lectura correcta habría incluso ayudado al ministro en su narrativa de que el crecimiento de la pobreza fue más grave en 2002.
A Caputo se lo aclaró en Twitter Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de la ONG Fundar y exdirector de Estudios para la Producción durante el Gobierno de Alberto Fernández. El ministro debería haber tenido en cuenta el cambio metodológico del INDEC, porque fue implementado durante el Ejecutivo de Mauricio Macri, que él integraba como titular de Finanzas.
Ministro, el gráfico que usted comparte está mal. ¿No sabe acaso que en 2016 el @INDECArgentina cambió la forma de medir la pobreza y que ese cambio metodológico introdujo 10 puntos de pobres? Le dejo aquí una serie comparable en el tiempo. Saludos. t.co/o1u0KY2RYPpic.twitter.com/0iIB6nj0JP
El equívoco a la hora de ponderar dos cifras de pobreza en un período relativamente corto dentro de un mismo país da la pauta del peso de las variaciones metodológicas para arribar a conclusiones fallidas.
“La pobreza y la indigencia se miden a partir de la encuesta de hogares, comparando los ingresos familiares con valores monetarios que representan la línea de pobreza —precio de la canasta básica total— y la línea de indigencia —precio de la canasta básica alimentaria—, respectivamente”, explica a elDiarioAR Leopoldo Tornarolli, investigador del CEDLAS-UNLP y docente en Política Económica I en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.
A lo largo del tiempo, el Indec ha realizado cambios en la forma de medición, que incluyeron el área geográfica del estudio, cantidad y contenidos de las preguntas a los hogares, y extensión de la muestra. En la actualidad, el registro se hace durante todo el año en todos los aglomerados de al menos 100.000 habitantes. En la década de 1970, la encuesta se restringía a la Capital Federal y algunos partidos del Gran Buenos Aires, y a dos meses particulares, explica Tornarolli.
Un ejemplo frecuente de distorsión es cuando se comparan datos de pobreza por ingresos entre países, tomando como base los informes de los sistemas estadísticos nacionales. Los métodos de registro son distintos y, sobre todo, varía la composición de las canastas que delimitan los universos de pobreza e indigencia. En ese punto, la canasta de Argentina es bastante más exigente en los elementos que la componen que la de la mayoría de los países de la región.
Así, se llega al absurdo de leer estadísticas en las que Argentina duplica o triplica la pobreza de países como Perú, Paraguay y Brasil, y quintuplica la de Chile, algo que desmienten tanto una mera visita con ojos atentos a las ciudades y periferias de esas naciones, como estadísticas abarcativas y homologables, elaboradas por organismos internacionales. Entre ellas, la más conocida es el índice de desarrollo humano (IDH) llevado a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un estudio multidimensional que incluye la variable de ingresos, pero no se limita a ella. En cuanto al IDH, el país latinoamericano mejor posicionado es Chile, que desplazó hace años a Argentina al segundo lugar. Resulta obvio que una economía no puede estar entre las de mayor IDH y, a la vez, mayor pobreza.
Más calorías
La alta línea de pobreza de Argentina en relación a otros países de América Latina se debe a dos cuestiones centrales. “Los requisitos nutricionales sobre los que Argentina construye la canasta son altos para la región: 2.750 kilocalorías diarias, contra entre 2.000 y 2.500 en casi toda la región, por lo que la canasta alimentaria ya es más exigente”, indica Tornarolli.
Además, el ratio entre el gasto total y el gasto en alimentos para un grupo específico de la población es más elevado en Argentina, y ese factor se usa para multiplicar la canasta básica alimentaria —que mide la indigencia— y obtener con ello la canasta básica total —límite de pobreza—, dice el docente de La Plata. “Explicado más intuitivamente, los hogares de referencia para ese cálculo destinan una proporción menor al gasto alimentario en Argentina —porque la canasta es más rica— que en otros países, y por ello el ratio es mayor”, agrega.
Las comparaciones también se ven afectadas por otros aspectos, como el ítem “´renta implícita de la vivienda propia´, un monto que algunos países adicionan al ingreso de los propietarios como si se ahorraran un alquiler, y eso, al no existir en la medición argentina, también eleva la pobreza”, dice Tornarolli.
Hay formas de establecer comparaciones con canastas homologables o con un piso de ingresos establecido en, por ejemplo, el equivalente a US$5 por día por habitante. Como aclaró Schteingart en otro tuit, con un parámetro uniforme, Argentina tenía treinta puntos menos de pobreza que el promedio de América Latina en 2017. En 2024, tan sólo tres puntos menos. El cuadro pinta una debacle histórica.
El paraíso perdido
Otro error habitual en el debate público argentino, en el que incurren dirigentes con altas responsabilidades, analistas y periodistas, es la comparación con las décadas de 1960 y 1970. No es extraño escuchar que, en aquellos años, la pobreza casi no existía. Por lo general, se atribuye un 4% de pobres antes del Rodrigazo de 1975.
La existencia de villas de emergencia en las grandes ciudades llevaba décadas en la Argentina de 1970. Además, la pobreza rural en provincias del norte, con conexiones a servicios muy insuficientes y mucha menor escolaridad que ahora, sobre todo en el nivel secundario, deberían ser de por sí un motivo desalentador para quienes dibujan la panacea del país de medio siglo atrás.
“Realmente no existe una canasta alimentaria de los setenta como para compararla con la actual. Los cálculos para esa década recién se hicieron en la segunda mitad de los ochenta, y los investigadores que los hicieron usaron como referencia valores que en algún momento otro colega mencionaba en algún documento de la época, pero no fue una construcción paso a paso de una canasta como es la actual”, aclara Tornarolli.
Una variación sustancial que invalida la comparación lineal es cómo se componía el ingreso familiar, que es medido en la Encuesta Permanente de Hogares. El registro se basa en los ingresos laborales, que en la década de 1970 constituían una porción mayor que ahora en los sectores más vulnerables. “En los últimos quince o veinte años, creció mucho la importancia de las transferencias directas de ingreso del Estado hacia los hogares, y la captación de ellos en la EPH dista de ser perfecta”, puntualiza el experto de la Universidad de La Plata. Si no se capta bien, por ejemplo, el peso de la asignación universal por hijo o los programas alimentarios, el indicador de pobreza e indigencia será más alto.
El rastro de Moreno
A las dificultades propias de entender un instrumento estadístico complejo y la agitación habitual del debate político, se suma un factor que ha sido devastador para consensuar una discusión en torno a datos.
La intervención del INDEC parte de Guillermo Moreno a instancias de los Kirchner falsificó el índice de precios durante años, para que el valor anual estuviera por debajo del 10%, cuando en realidad estaba por encima del 20%.
Esa gesta, además del deterioro institucional, el costo económico y el aumento de la litigiosidad en territorio extranjero con tenedores de bonos, actuó como un lastre para el valor de la palabra pública del kirchnerismo. La erosión de la legitimidad discursiva afecta a rubros en los que los Gobiernos de Néstor y Cristina tuvieron logros relevantes para mostrar, entre ellos, la disminución de la pobreza y la desigualdad entre 2003 y 2011. A la vez, sus rivales encontraron un campo para dar rienda suelta a un festival de datos dudosos o directamente disparatados, como exhibe a diario el Gobierno de los hermanos Milei y como antes lo hizo el de Macri.
A partir de 2016, el Ejecutivo de Cambiemos comenzó a aplicar una canasta básica más exigente, que dio un indicador de pobreza cercano a 30%. La necesidad y forma de variación generó polémica, pero recuperó el consenso sobre la confiabilidad del registro.
No obstante, Tornarolli marca un “side effect” producto de los años de datos falsos. Los hogares encuestados se volvieron más renuentes a brindar información, a la vez que aumentó la subdeclaración de los ingresos familiares.
El especialista de la Universidad de La Plata atribuye como hipótesis que la peor calidad de la encuesta obedece a menos entrenamiento y compromiso de los encuestadores y desconfianza en el organismo por parte de los consultados, resabios del período 2007-2015,.
Más allá de esas cuestiones, la comparación entre décadas incluye una dificultad intrínseca, que está vinculada a los hábitos del consumo. La administración del tiempo, los servicios en el hogar, el consumo de kilos de carne por año, la mayor tasa de escolaridad privada, el mayor empleo femenino, la existencia del freezer y un largo etcétera son elementos que modificaron sustancialmente la composición de las canastas total y alimentaria.
Con todo, Tornarolli arriesga: “Con una medición similar a la actual, y salvando los problemas mencionados, la pobreza por ingresos en los setenta es bastante seguro que fuera mayor al 10% y, con bastante probabilidad, cercana al 20%”.
Algo más aproximado a menos de la mitad que en la actualidad y parecido a la Argentina del comienzo del segundo Gobierno de Cristina y algún período intermedio del menemismo.