Argentina necesita los Astilleros Río Santiago

Ayer AgendAR subió la noticia Llega un nuevo buque para la Armada Argentina. Y dijimos «Es un paso necesario, frente a la indefensión actual. Pero seguimos sosteniendo que una sabia política de defensa debe apoyarse en el desarrollo y fabricación nacional del equipamiento. En agosto del año pasado dijimos que Argentina necesita los Astilleros Río Santiago. Es una asignatura pendiente para el nuevo gobierno nacional.»

Y Daniel Arias, que había escrito esa nota hace más de un año, furioso con Macri, Aguad y Faurie, está ahora esperanzado conque el nuevo gobierno cumpla con esa con esa asignatura pendiente. Ha reescrito la nota, en el marco de la consigna con que comienza.

«Es hora de reflotar el mayor astillero argentino y con él, nuestra presencia en nuestro mar.

Con un Presidente de la Nación «a estrenar» y ganoso de reflotar la industria nacional, con un Ministro de Defensa que ya dio pruebas de estar interesado en defender a su país y que además es ingeniero, con un gobernador bonaerense que debe lidiar con la desocupación en La Plata y además es economista y keynesiano, con un Ministro de Interior que fue Secretario General de Presidencia y sabe de qué estamos hablando, compatriotas, con más de 500 pesqueros piratas operando impunemente en el Mar Argentino, es el momento de poner en quilla las Patrulleras Oceánicas OPV-80 de la Prefectura Naval Argentina.

Son barcos cuya ingeniería ya tenemos comprada, y cuya construcción puede devolverle la vida a los enormes Astilleros Río Santiago (ARS). Además, de su radarística, sistemas de tiro y comunicaciones puede ocuparse INVAP, la firma nuclear y aeroespacial barilochense.

Acabamos de comisionar en la Flota de Mar una patrullera oceánica francesa de 2da. mano comprada a precio de escándalo. Hay 3 más por venir, un total de 4 «peludos de regalo», decisiones del gobierno anterior que habrá que bancarse o afrontar juicios internacionales. Pero el rumbo general puede y debe revertirse: la AFIP puede recaudar mucha plata si dejamos de regalar el mar, y ARBA mucha más si esas magníficas instalaciones industriales en Ensenada se reactivan. Entro en materia.

El 26 de julio de 2018 el presidente Mauricio Macri y su par francés, Michel Macron, decidieron indirectamente -otra vez sopa- el cierre de los Astilleros Río Santiago (ARS), que eran hasta la década de los ’80, los mayores, mejor equipados y calificados de Sudamérica. Lo hicieron al firmar la compra para la Armada Argentina de 4 patrulleras francesas OPV de Naval Group, nuevo nombre de la constructora naval más vieja del mundo (la fundó Luis XIII en 1631).

Antes, Macri coqueteó con españoles e israelíes, pero en ningún momento él o su Ministro de Defensa, Oscar Aguad, consideraron llevar a término un plan que ya cumple 20 años dando vueltas por las cancillerías de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, y que sólo estos dos últimos países vienen cumpliendo. El plan es (era) el de equipar a todo el Cono Sur con un diseño común de patrullera, la OPV-80 del astillero alemán Fassmer. La estandarización regional de partes, componentes, respuestos, equipamiento y procedimientos de reparación de las Fassmer habría bajado el precio de construcción y asegurado muchos años de servicio de estos barcos en las cinco marinas de guerra. Esos planes regionales arruinan negocios pestilentes de compra de chatarra de la OTAN, y asustan a nuestros colonizados mentales, con o sin gorra, y que son unos cuantos.

OPV de la Armada de Chile

En números fríos, Macri prefirió pagarle a Francia U$ 328 millones por 4 patrulleras “llave en mano”, en lugar de construir 5 unidades nuevas en los Astilleros Río Santiago, con el agravante de que la primera en entregarse a la Argentina, «L’Androit», ya tiene 7 años de uso en la Marina Francesa. Es la que acaba de recibirse en el inventario naval, con el nombre de ARA Bouchard.

Es decir, el ex presidente Macri y su ex ministro Aguad evitaron pagarle al estado argentino un total de U$ 250 millones por 5 naves nuevas, y prefirieron darle U$ 78 millones más a Francia por sólo 4 unidades, todas menos modulares y polivalentes que las Fassmer. Barcos inferiores en todo sentido. Habida cuenta de que las 4 «nuevas» patrulleras deberán vigilar 1 millón de km2 de mar, no parece que puedan cambiar mucho la situación de descontrol de pesca en nuestra Plataforma Continental. Y de tener una flota patrullera estandarizada para la región, capaz de intercambiar repuestos y mantenimientos, a olvidarse.

Aguad y Macri también prefirieron sacrificar 1200 puestos de trabajo calificado en el inmenso astillero de Ensenada, que desde 2016 está nuevamente a punto de cerrar. Pero la buena noticia (al menos para Francia) fue que con esta firma en Francia se aseguraron 2000 puestos en Naval Group, que revistó hasta hace poco con nombre francés (DNCS).

¿Y qué decir del rol que tuvo en esto el Palacio San Martín? El más famoso canciller francés, Charles de Talleyrand, conservó su puesto a través de gobiernos ríspidamente diferentes: los de la Revolución Francesa, el Consulado, el Imperio de Napoleón y la restauración monárquica. Pero en todas sus volteretas (se justificó), siempre defendió los intereses permanentes de Francia. Intereses que según el propio Talleyrand, no son muy diferentes de los de Europa en general.

El ex canciller Jorge Faurie, nuestro Talleyrand criollo, no logró la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa: nadie es perfecto. Pero su jefe, Mauricio Macri, compensó de sobra no a toda Europa, pero sí al menos a Macron. Cuyos intereses, Talleyrand dixit, no son muy diferentes de los de Europa en general.

En cuanto a la Armada Argentina, supuesta beneficiaria, no está acostumbrada al autoequipamiento. En 1974 fue forzada a dotarse de naves nuevas y de construcción local, cuando el presidente Juan D. Perón pagó a Blöhm und Voss, de Hamburgo, por los planos y la tecnología de las corbetas alemanas Meko 140 “clase Espora”.

Perón eligió bien. Se construyeron 6 unidades en los Astilleros Río Santiago, entonces llamados AFNE. Aunque las Meko están viejas, tienen un diseño modular que permite cambiar o renovar en pocos días todos los sistemas de armas y sensores. Todavía hoy, 45 años después de firmada aquella operación, las Meko siguen siendo los mejores barcos de combate de la Armada.

Desde la derrota argentina en Malvinas el cierre de los ARS, así como los del complejo submarinístico CINAR, colindante con Puerto Madero, se volvió agenda de los gobiernos argentinos (no de todos, pero sí de casi todos). Ese cierre es una parte de las cláusulas de desarme unilateral exigidas por el Reino Unido en el Pacto de Madrid, el que posibilitó la rendición argentina. Documento que al parecer sigue gozando de buena salud.

El presidente Raúl Alfonsín no se propuso el cierre de los ARS, pero los dejó sin plata y sin trabajo y esperó que se murieran solos. Sin embargo, estas enormes instalaciones tienen una propensión a resucitar. De hecho, la última Meko 140 se entregó a la Armada recién en 2004.

Más proactiva, en el sentido funerario, fue la política de su sucesor, el presidente Carlos Menem. Por una parte, intentó cerrar y privatizar el CINAR, entonces llamado Tandanor-Domecq García, para hacer un barrio paquete colindante con Puerto Madero (hubo denuncias, juicios por estafa, ningún preso).

Y contra los ARS, Menem fue con los tapones de punta. El 21 de septiembre de 1992 para garantizar su rápido cierre lo hizo invadir desde el río por el Grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina. No tuvo en cuenta, sin embargo, que la población y la municipalidad de Ensenada se jugaban su mayor fuente de trabajo. Más de 5000 lugareños sitiaron a los comandos dentro del astillero. Los desembarcados no iban a pasar hambre, dado que podían ser reabastecidos desde el río… pero incluso Menem tenía cierta aversión por el ridículo, o al menos el ridículo extremo. A las 60 horas, los guerreros se tuvieron que retirar.

Hubo represalias. A partir de aquel momento los ARS pasaron a ser de dominio provincial y entraron a 12 años de estado de coma y abandono, administrados (es un decir) por el gobernador Eduardo Duhalde. Vale la pena googlear las fotos de esos enormes hangares vacíos, invadidos por la vegetación, las ratas y las palomas, y a punto de derrumbe. Todavía estaban llenos de las enormes máquinas-herramienta que hicieron posible que allí se construyeran desde locomotoras hasta componentes para centrales nucleares. Esas son imágenes que están en la memoria colectiva de Ensenada.

Los ARS fueron resucitando trabajosamente a partir de 2004, con pedidos de petroleros, tanqueros, graneleros y pesqueros de países y empresas nacionales y de la región. Salieron exitosamente barcos de hasta 60.000 toneladas. Pero los negocios con PDVS, la petrolera de Venezuela siempre fueron difíciles: ellos lerdos para pagar, y el ARS lerdo para construir. Y es que si no te entra un dólar del cliente, resulta difícil.

Durante el período kirchnerista las esperanzas de ARS estaban muy puestas en la construcción de las OPV-80 para la Armada, pero pasaron los años sin ningún pedido formal: el presupuesto de Defensa era bajísimo y, puestos a elegir, los ministros del área durante los gobiernos kirchneristas pusieron sus fichas en reflotar los astilleros TANDANOR y Domeq García, redenominados CINAR. En lo cual tuvieron éxito más allá de lo predecible, además.

Ojalá no hubieran faltado cinco para el peso. Los planos y la tecnología de los OPV-80 ya habían sido comprados al astillero militar chileno ASMAR en 2009. Sólo había que poner uno de estos barcos «en quilla» para salvar el plan, vacunarse contra adquisiciones externas, y más importante aún, insuflarle oxígeno al astillero platense… La última alegría económica de ARS es de 2014, una orden por 4 grandes remolcadores de diseño original para Abadía del Mar, un grupo privado. Después, la nada.

Ante la cachetada del acuerdo Macri-Macron en 2018, los ARS perdieron como cliente a su viejo dueño, la Armada, y desde entonces –paradojas de la historia- la fábrica estuvo ofreciéndole las OPV a la Prefectura, esa misma fuerza que la tomó por asalto. La oferta fue el reemplazo de los viejos patrulleros “clase Mantilla”, todos jubilables. Sin embargo, dado que la idea fija del gobierno de Macri era el cierre, estaba cantado que el ofrecimiento sería rechazado por la ex Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. 

¿Es tan polivalente esta patrullera de diseño alemán como para equipar a fuerzas marcadamente distintas, como la Armada y la Prefectura? Extrañamente, sí. Tiene dimensiones parecidas a las de la corbeta Meko 140 de la Armada, aunque ésta ostenta un armamento mucho más poderoso y diverso, incluyendo un cañón automático de 76 mm, 4 de 40 mm., y misiles antibuque MM-38 Éxocet.

Las velocidades se parecen un poco. La Meko está en los 27 nudos, y la OPV motorizada según la última oferta de ARS a la PNA tendría una velocidad de persecución apenas menor (24 nudos), pero a cambio, una autonomía larguísima, de 8000 millas. Y es que una patrullera no está hecha para enfrentarse con buques de guerra, sino para detener la pesca ilegal, razón por la cual su armamento se reduce a un modesto cañón automático de 30 mm. en proa, y un par de ametralladoras cal. 50. Pero no es imposible reconfigurar una OPV-80 para tareas más militares: es una nave inherentemente dual.

Lo central es que tiene un casco diseñado para soportar mar gruesa, es cómoda y espaciosa para su treintena de tripulantes, y puede y debe aguantar un mes seguido en campaña porque le sobra mar para custodiar. La OPV-80 tiene incluso un diseño “stealth”, es decir evasivo al radar. Dado el oleaje habitualmente brutal del Mar Argentino, que genera «clutter» o ecos falsos en los radares no militares, es difícil que los barcos chinos (los intrusos más frecuentes en la milla 201) la puedan detectar hasta tenerla a alcance visual, situación en la que se pueden dar por presos.

Generalmente no lo hacen, pero tampoco es fácil patotear a una OPV-80 embistiéndola entre varios pesqueros. Esa es una práctica habitual de los invasores de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, y la sufren rutinariamente los pequeños patrulleros clase Mantilla de la PNA. La OPV-80 aún en la versión propuesta para Prefectura, dotada únicamente de armas livianas, tiene otros activos con qué contraatacar: carga un helicóptero de al menos 5 toneladas, con plataforma de apontaje de 240 m2 y hangar en popa, y en su flanco de babor tiene una abertura para el despliegue de hasta 2 botes semirrígidos inflables, para partidas de abordaje y captura.

Y el helicóptero no sirve únicamente para someter a capitanes chinos o españoles que no quieren ser traídos de arrastrón ante un juez argentino. Con el equipamiento necesario de sonoboyas y bombas de profundidad, el helicóptero es la mejor arma antisubmarina desde los años ’50. Cinco unidades de capacidades tan potencialmente duales en nuestro mar serían un gesto poderoso de parte de la Argentina.

El momento es adecuado no sólo porque hay nuevos y mejores gobernantes. El permanente intento de cierre de los ARS sufrido durante el gobierno de Macri vino con cambios interesantes de titularidad sobre el Mar Argentino, que en realidad desde Puerto Madryn al sur podría llamarse Mar Español.

Desde la presidencia de Menem y hasta hoy, el poder pesquero real fue la flota alturera ibérica “legal”, las firmas con planta de fileteo en tierra. Son realmente creativas: no dejan infracción por cometer, pero además inventan nuevas. En 2006, a fuerza de sobrepesca, captura incidental, pesca de juveniles y “melliceo” o “trilliceo” de buques congeladores, los hispánicos habían vaciado de tal modo y con tanta impunidad nuestros caladeros que hubo literalmente que cerrar el mar. La merluza hubbsi había desaparecido comercialmente, y no se sabía si “rebotaría”, o cuándo. Más de 30.000 obreros en puertos patagónicos perdieron sus trabajos. Luego de un par de años, el stock de la especie se recuperó rengamente, aunque con cada crisis, cada vez queda más debajo de sus valores pre-malvineros.

El Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollos Pesqueros, INIDEP, en Mar del Plata, resumió la situación en un informe de 2017: desde 1989 España es la revendedora oficial al resto de la Unión Europea de la materia prima generada por el Mar Argentino, dijo el INIDEP sin ambages. Y añadió que el control comercial y político de España sobre nuestro mar es férreo. Inhibe toda posibilidad de las empresas locales de pescar en altura o agregar valor a la pesca criolla exportada.

Es difícil que el INIDEP vuelva a repetir opiniones tan crudas: en 2018 Macri nombró como su director a Fernando Georgiadis, como lo había sido ya 2 veces antes en épocas de Menem y de Fernando De la Rúa. Abogado de las pesqueras españolas, en su primera intervención Georgiadis entró al INIDEP como Atila en Europa: echó de sus cargos a decenas de investigadores oceanográficos para disciplinar a la tropa científica y manejó al resto con mano de hierro.

Eso sí, obtuvo laureles académicos: en diciembre de 2001, cuando su segunda aparición en el Instituto, fue declarado directamente «persona no grata» por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, a pedido de las pesqueras y los científicos locales. Lo central del trabajo de Georgiadis fue hacer que el INIDEP inventara un andamiaje estadístico falso que diera cierto soporte legal a las matufias que terminan invariablemente con el vaciamiento del mar. Y en 2018, el personaje estuvo de regreso: no hay 2 sin 3.

Pero el panorama general del Mar Argentino está cambiando. La más  expoliadora de las firmas españolas, Arbumasa, con base operativa en Puerto Deseado, fue comprada en 2018 por una pesquera china. De creerle al «Faro de Vigo», muy pendiente de todo lo que pasa en nuestra plataforma continental, ya se hicieron chinas otras pesqueras grandes y medianas, incluso en Mar del Plata: Altamare, Chiarpesca, Lan Fish, Patagonian Seafood, Ardapez, Arhepez, al compás de U$ 760 millones a fecha de julio de 2017. Y siguen los pases.

De modo que hoy sí que somos el choripán del sandwich. Hay chinos operando legalmente desde la costa, en lugar de los españoles, y chinos ilegales en la milla 201, metiéndose 50 o 60 millas de noche en la ZEE.

Los ilegales forman ciudades flotantes de hasta 500 barcos. Esas armadas que de noche brillan tanto como el alumbrado público de Comodoro Rivadavia, pertenecen un 40% a China, un 20% a Corea del Sur, otro 20% a Taiwan y un 15%… a España, siempre firme. Son barcos «poteros», que con sus luces atraen y capturan más de 500 toneladas/año de calamar Illex argentinus y Loligo. Ese robo nos cuesta alrededor de U$ 1000 milones/año. Pero además, como los calamares son especies «forrajeras», de las cuales dependen indirectamente los superpredadores escasos y de alto precio (como la merluza negra austral), su sobrepesca constituye un desastre para el ecosistema pesquero y la industria local.

En 2017 la pesca «conservacionista» (haceme reir) bajo licencia de Port Stanley generó U$ 228 millones, y el 75% de las capturas fueron compradas por… sí, adivinó, España. Los «islanders» pueden pasar de los Windsor: son súbditos económicos reales de la monarquía equivocada. De triunfar el Brexit, los reinos borbónicos, por mandato de la UE, podrían verse obligados (a su pesar) a ponerle tarifas aduaneras a la pesca malvinera, por británica y «extrazona». Y si esto sucede, Port Stanley, sitio fundacionalmente pragmático, le venderá directamente el calamar a China.

Como escenario de pérdida agravada de soberanía, todo va consolidando una pesadilla cada vez más perfecta para cualquier gobierno con intenciones de que seamos un país y no simplemente un lugar. No sólo la Prefectura necesita los OPV-80. También la Armada. También La Plata. También el país. Según el experto en pesquerías Dr. César Lerena, estamos perdiendo aproximadamente U$ 2000 millones/año de peces de aleta y de moluscos por extraccionismo irrestricto, y si se tiene en cuenta la torta de valor agregado de los productos finales, suman U$ 14.000 millones.

Vigilar a los pesqueros piratas no es tarea para submarinos, como el lamentado ARA San Juan. Los submarinos son naves que para ser silenciosas no tienen siquiera armamento de cubierta, lo necesario para detener a un pesquero. O a muchos.

Y es que la vigilancia policial del mar no pasa por la doctrina Chocobar: no podemos torpedear y hundir a quienes nos roban. Sí podemos traerlos a puerto, juzgarlos ante la ley local, decomisar sus barcos y, mucho más doloroso aún, dejarlos sin sus artes de pesca. En muchos casos, valen más que las naves.

Aceptar el cierre de los Astilleros Río Santiago con 5 patrulleros que deberían estar ya operativos, es perder la poca fuerza de negociación que nos queda sobre nuestro propio mar.

AgendAR no cree que esto haya sido un plan del gobierno de Macri, si no otra avivada de Macron. AgendAR no cree que el gobierno de Macri haya tenido siquiera planes para el Mar Argentino. Pero China sí.»

Daniel E. Arias