La sociedad argentina y el campo. Segunda parte

La primera parte de este artículo está aquí. Se indicó ahí en los últimos párrafos que, en las elecciones legislativas de 1914, ya bajo la Ley Sáenz Peña, cuando la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen fue por primera vez a las urnas en la provincia de Buenos Aires, Yrigoyen eligió para  encabezar su lista de diputados al estanciero Leonardo Pereyra Iraola, uno de los ganaderos más conspicuos del país. E hizo una muy buena elección. Roy Hora apuntó «Fue quizás la última vez que un exponente tan emblemático de la alta burguesía agraria que había liderado el formidable proceso de cambio rural del medio siglo previo estuvo en condiciones de encarnar un ideal inclusivo de comunidad.»

«La era democrática no fue amable con los poderosos, y mucho menos con los poderosos del campo. Y estos, a su vez, le pagaron con la misma moneda. En los años de entreguerras, un foso cada vez más profundo, cavado al calor de la intensificación del conflicto social y la pérdida de centralidad económica del sector agroexportador, comenzó a dividir ambos mundos. El empresariado del campo fue en una dirección; la sociedad, en otra.

Conflicto, industria y democratización

Comencemos por la disputa social. En el curso de la década de 1910, los conflictos entre terratenientes y agricultores arrendatarios cobraron intensidad, lo que desprestigió a los propietarios y los empujó hacia el lado negativo de la ecuación política. Para la década de 1920, esta impugnación, nacida tímidamente con la huelga de Alcorta, Santa Fe, de 1912, se extendió a toda la región pampeana. También se impuso en la ciudad, tal como lo muestra la simpatía con que fue recibida por la población porteña la marcha al Congreso con que, en agosto de 1921, los chacareros de la Federación Agraria reclamaron una ley de arrendamientos que acotara el poder propietario. Ganaderos pequeños y medianos también elevaron sus quejas contra los grandes estancieros, diferenciándose y por momentos enfrentando a aquellos cuyo liderazgo hasta entonces habían aceptado.

La Gran Depresión de comienzos de la década de 1930, que golpeó con dureza al campo, reafirmó este humor antielitista: de allí en adelante, la imagen pública del gran estanciero quedó asociada, cada vez más, al egoísmo y el atraso productivo. Desprestigiados y corroídos por la crítica popular, el terrateniente y su mundo terminaron de consagrarse como un obstáculo al progreso de la comunidad.

La sociedad rural no solo expuso sus divisiones a la luz del día. La crisis del 30 marcó el comienzo de una etapa de declinación ya no del ascendiente de las elites rurales, sino del patrón de desarrollo centrado en las exportaciones pampeanas. En esos años, el motor económico del país se fue quedando sin energía. El cierre del mercado mundial hizo que la capacidad de integración social del país agroexportador se dañara de manera irremediable. La desocupación comenzó a ceder hacia 1933, pero los salarios permanecieron estancados por una década. Para trabajadores que se habían acostumbrado a que el progreso era el orden natural de las cosas, fue la señal de que vivían en un país distinto al de 1900 o 1920. Ese retroceso despejó el camino para la formulación de un nuevo horizonte a partir de la cual desplegar las aspiraciones de bienestar de las mayorías: la nueva nación crecida al calor de la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. El peronismo y el desarrollismo encarnaron, cada uno a su manera, las promesas de esta nueva era.

Dividido internamente e impedido de formular una propuesta capaz de interpelar a los actores y protagonistas de un país cada vez más industrial, y en el que la población urbana ya superaba ampliamente a la rural (la tasa de urbanización en 1947 era de 62%, y se elevaba a 72% en la región pampeana), el agro quedó confinado a la irrelevancia, como un mero proveedor de recursos con que apuntalar la expansión de la ciudad. Allí, en las grandes urbes litorales, en torno de la manufactura y los servicios, se calmaban la sed de justicia social y las demandas de incorporación de las mayorías. Allí se labraba el futuro del país y hacia allí migraron, desde las provincias pampeanas y pronto también desde el interior profundo, los que anhelaban mejorar su condición. El campo era el pasado y, a juicio de muchos, un pasado en el que no había nada valioso para rescatar.

Los descendientes de Leonardo Pereyra Iraola lo experimentaron en carne propia: su estancia más deslumbrante, San Juan, ubicada a las puertas de La Plata, fue expropiada en 1949, y en esas tierras nació el parque Derechos de la Ancianidad. Es indudable, sin embargo, que Juan D. Perón fue avaro con los que, desde su izquierda, le reclamaron una reforma agraria comprensiva y sistemática. El presidente justicialista se contentó con poner los recursos del sector exportador al servicio del proyecto que en verdad le importaba: una reforma de la sociedad urbana centrada en salarios elevados, pleno empleo y sindicalización, todo ello apoyado por la expansión del sector industrial. Para los arrendatarios, sin embargo, el nuevo país que había renegado del campo como motor de desarrollo no fue nada mezquino: gracias al congelamiento de los arrendamientos decretado durante la Segunda Guerra Mundial y convertido en ley en 1948, y desde entonces prolongado por más de 20 años, muchos de ellos se fueron sumando, poco a poco, al universo de los propietarios. Con un escenario sesgado a favor de los agricultores de menor escala, la línea de fractura nacida en Alcorta continuó dividiendo a la población de la campaña.

En esta etapa de veloz diversificación del tejido productivo, el Estado pudo ampliar sus fuentes de recursos fiscales. Este programa fue tomando cuerpo desde la década de 1930, con la sanción del impuesto a la renta, que volvió a la administración pública menos dependiente de los avatares del comercio exterior. Luego fueron cobrando volumen otros impuestos dependientes de la actividad interna. Pero en la medida en que la manufactura crecida al calor de la sustitución de importaciones nunca logró generar sus propias divisas, los impuestos a las exportaciones agrarias siguieron desempeñando un papel primordial en el esquema tributario. La administración de las ventas externas por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio durante el periodo 1946-1955 y luego los impuestos a las ventas externas, conocidos como retenciones, fueron sus principales manifestaciones.

Pese a que ni sus recursos naturales, ni su capital humano, ni el tamaño de sus mercados de bienes y servicios podían augurarle un futuro promisorio para el crecimiento industrial, Argentina continuó progresando. Ya no brillaba en América Latina, pero siguió avanzando e incrementando el bienestar de sus mayorías. En la década de 1970, sin embargo, la sustitución de importaciones alcanzó su techo, y paralelamente el producto y el empleo manufacturero iniciaron un retroceso que hasta el día de hoy no se ha detenido. La notable inestabilidad macroeconómica que signa al país desde entonces agravó los problemas. Todo esto coincidió con una sed de divisas cada vez más intensa, producto ya no solo de las necesidades de la manufactura sino de las demandas de consumo de una sociedad que reclama más bienes y servicios que los que su economía puede generar.

Las limitaciones del patrón de crecimiento centrado en la industrialización por sustitución de importaciones no conmovieron la visión negativa sobre el sector rural y su empresariado forjada en el curso del medio siglo previo. La principal protesta rural de la década de 1980 lo pone de relieve. El rechazo suscitado por el «camionetazo» que una importante asociación propietaria, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), organizó en marzo de 1985 contra un alza de las retenciones a las exportaciones decidida por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín revela que, todavía entonces, los voceros del campo no podían asociarse a ningún proyecto de futuro. Esa protesta fue percibida como la expresión del egoísmo de un empresariado que no podía ver más allá de su propio interés, casi siempre opuesto al del resto de los argentinos. Aupadas por un amplio respaldo ciudadano, predominante en las clases medias urbanas, las fuerzas de seguridad sacaron a los ruralistas de la calle y las rutas sin miramientos. Nadie osó salir en su defensa. Todo esto nos recuerda que, en el renacer de nuestra democracia, expresiones como «empresa agraria» y «modernidad productiva» seguían perteneciendo a universos retóricos enfrentados.

Para entonces, sin embargo, la pampa comenzaba a despertarse de la larga siesta que anestesió su potencial expansivo desde la Gran Depresión. Atenazadas entre un mercado mundial que osciló entre la atonía y el proteccionismo, y una política pública más orientada a extraer recursos que a promover el crecimiento, las exportaciones agrícolas se mantuvieron literalmente estancadas entre 1930 y 1960. En ese lapso, Argentina perdió cerca de dos terceras partes de su participación en los mercados mundiales de productos agrícolas. En la década de 1960, tractores y semillas híbridas comenzaron a revertir la caída. Por otros 30 años, sin embargo, la recuperación fue lenta. El terreno perdido comenzó a recuperarse a mayor velocidad desde la década de 1990. El principal factor fue una importante reducción en los costos del capital, que acercó a la agricultura pampeana a la frontera tecnológica internacional. Desde 2002, una fuerte expansión de la demanda asiática, que llevó los precios a las nubes, le dio bríos a este ciclo de crecimiento.

Fue entonces cuando cobró envergadura una agricultura más dinámica y más plenamente capitalista, cuya punta de lanza fue el sistema de cultivo conservacionista de mínimo laboreo del suelo conocido como siembra directa (es decir, sin arado ni labranza). En comparación con otras regiones productoras de bienes agrícolas de clima templado en América del Norte, Europa central o Asia, la calidad y baratura del suelo siguen constituyendo un rasgo diferencial de la agricultura granífera argentina, que llevan a un uso intensivo de este factor. Desde la década de 1990, sin embargo, la inversión en tecnología desempeña un papel más central en el proceso productivo que en cualquier otra etapa del desarrollo agrícola pampeano del último siglo. Y esto, a su vez, estimula las economías de escala y premia a las empresas de espaldas financieras más anchas y gestión más profesionalizada.

El salto tecnológico

Convertidas en la vanguardia tecnológica del campo, las firmas de mayor tamaño constituyen el más importante impulsor de un proceso de concentración productiva todavía en curso. Estas empresas son las principales responsables del auge productivo que, con la soja como nave insignia, llevó la cosecha de granos de 40 millones a casi 150 millones de toneladas en los últimos 30 años. Aunque menos espectaculares, otros procesos de transformación se observan en la ganadería vacuna, impulsada por la tecnología del confinamiento o feedlot y, sobre todo, en la expansiva «industria» aviar, responsable hoy de más de 40% del consumo de carne en el país.

Este nuevo escenario signado por el cambio tecnológico ha incrementado la presión sobre las chacras familiares. En el curso de las últimas tres décadas cerca de un tercio de estas empresas desapareció. Diversos elementos sugieren que ese porcentaje es superior en los distritos dominados por la agricultura exportable. Desplazados del proceso productivo, muchos agricultores cedieron sus tierras a empresas de mayor envergadura y pasaron a convertirse en rentistas. Al calor de este proceso de concentración productiva, el mundo agrícola actual se perfila como la contracara del forjado en la «primera globalización». A comienzos del siglo XX, los terratenientes imponían su voluntad sobre un vasto universo de chacras familiares, cuyo trabajo explotaban. Hoy son los grandes empresarios los que, en su condición de arrendatarios, labran la tierra de numerosos pequeños y medianos rentistas. Cuando a mediados de la década de 2000 el más famoso de estos nuevos potentados rurales se describía como un «sin tierra» –para entonces su firma explotaba casi 100.000 hectáreas ajenas–, cometía algo más que una boutade1. Arrinconada la explotación familiar, acotado el papel de la propiedad del suelo como factor determinante del patrón de desarrollo, el capital extiende su dominio sobre el campo.

En un punto, sin embargo, el expansivo capitalismo agrario de nuestro tiempo no es el ciego expropiador que en su momento creyó ver Karl Kautsky. Las empresas de enorme tamaño, esas que controlan decenas e incluso cientos de miles de hectáreas, han demostrado ser criaturas frágiles: abruptos cambios en los mercados y en la política pública penalizan las estrategias de expansión muy veloces. La producción de commodities con una tecnología cuyo manejo está al alcance de muchas empresas hace del campo un ámbito poco favorable para la emergencia de unicornios del maíz o de la soja. Y si dirigimos la atención hacia el otro extremo del universo propietario, podemos constatar que muchos pequeños productores sufrieron el rigor de los nuevos tiempos, pero no al punto de verse obligados a desprenderse de su patrimonio. Las liquidaciones forzadas de tierra fueron un fenómeno limitado a la década de 1990, de poca significación relativa.

En resumen: parcialmente acotada en la cumbre, la concentración productiva convive con una estructura de propiedad en la que todavía existen grandes propiedades pero que aun así tiene una impronta mesocrática, hija de la partición hereditaria y de las leyes de congelamiento de los arrendamientos de la década de 1940, y sostenida desde hace un par de décadas por la metamorfosis de muchos agricultores en rentistas. A su vez, esta agricultura se apoya sobre un vasto universo de empresas proveedoras de servicios, algunas de ellas con cientos de empleados pero otras de escala familiar, cuya prosperidad depende del éxito de la economía de la siembra directa.

Estos procesos empujaron la constitución de un bloque agrario heterogéneo pero que, desde el punto de vista de la política de los intereses, carece de fisuras internas de importancia2. Allí convive una variedad de empresas de servicios –productores y proveedores de insumos, contratistas de maquinaria, AgTech que ofrecen servicios especializados, agrónomos y transportistas– junto con los agricultores que tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural aspiran a representar. Por primera vez en tres cuartos de siglo, este conjunto diverso pero con intereses confluyentes no solo puede exhibir una unidad que, si bien sometida a tensiones, no se ha quebrado en más de una década. También encarna la voz de un campo que ha logrado volver a hablar el lenguaje de la modernidad productiva. En el compost cultural que alimenta la imaginación de esta comunidad empresaria hay mucho más de futuro que de pasado.»

(Concluirá mañana)