La energía de origen nuclear es producida en EE.UU. por 96 distintos reactores. Mas no se construyen nuevas plantas desde 1977, y existe un prejuicio antinuclear que, menor que en algunos países de Europa, no deja de ser significativo. Pero esto está cambiando.
Donald Trump, no ambientalista ingenuo él, está muy en favor de construir nuevas centrales, y competir para hacerlo en el exterior. Y hay un sector en el Partido Republicano resuelto a avanzar en esa dirección. El hecho nuevo, que apunta el periodista Nicolás Deza en este informado artículo, es que en la plataforma del Partido Demócrata para estas elecciones aparece por primera vez la energía nuclear como una herramienta en la lucha contra el cambio climático y por una «justicia ambiental». Cualquiera sea el resultado el 3 de noviembre, la política nuclear estadounidense habrá cambiado. Lo que tendrá repercusiones en el resto del globo. También entre nosotros.
ooooo
La Convención Nacional Demócrata no sólo ungió a Joe Biden como candidato a presidente para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Las delegaciones del Partido Demócrata también aprobaron la plataforma electoral propuesta por el comité nacional del partido, con un marcado énfasis en la temática del cambio climático y la lucha por la “justicia ambiental”. No hubo grandes sorpresas con respecto a plataformas anteriores, aunque sí una novedad: el partido toma en cuenta nuevamente a la energía nuclear.
Para “combatir la crisis climática y lograr justicia ambiental” la plataforma demócrata propone descarbonizar por completo para el 2035 el sector de generación de electricidad. Semejante desafío implica adoptar “estándares tecnológicamente neutrales en energía limpia y eficiencia energética” para incorporar “todas las tecnologías libres de emisiones de carbono”, entre las cuales figuran “la nuclear existente y de avanzada”. La diferenciación responde a otra de las propuestas, que llama a apoyar las inversiones públicas y privadas en tecnologías innovadoras como “la nuclear avanzada que elimina los residuos asociados con la tecnología nuclear convencional”.
Biden será así el primer candidato demócrata desde las elecciones de 1972 en cuya plataforma electoral se incluye a la energía nuclear. En ese entonces existía la Comisión de Energía Atómica (actual Departamento de Energía) y comenzaba a despegar la construcción de centrales nucleares en la gran mayoría de los Estados. El gobierno federal tenía un claro interés en la promoción doméstica e internacional de su industria nuclear civil.
Pero el panorama actual de la energía nuclear en los EE.UU. es otro. La flota actual de 94 reactores civiles encuentra dificultades para mantenerse en pie, en un entorno económico y político favorable a otras fuentes de energía. Dos reactores (Indian Point y Duane Arnold) se sumaron este año a la lista de más de treinta unidades retiradas de forma permanente en las últimas décadas. La situación empeora si se considera que once de esos cierres ocurrieron en los últimos ocho años. La realidad contrasta con la tímida expectativa generada en la industria nuclear en la segunda mitad de la década de los 2000 debido a los altos precios internacionales del gas y petróleo, pulverizada con el ingreso en escena del shale gas. En los últimos seis años, la participación del gas natural en el sector de generación eléctrica trepó del 26 al 37%. La nuclear orilla el 20% del total.
Rita Baranwal, secretaria de la Oficina de Energía Nuclear del Departamento de Energía (DoE), resumió el debate que atraviesa al sector. “La energía nuclear avanzada está un paso más cerca de la comercialización, pero aún necesitamos nuestra flota actual. No hay ninguna razón técnica por la que nuestros reactores no puedan funcionar a un alto nivel durante 80 años o más, y deberíamos exprimir todos los electrones que podamos de ellos durante el mayor tiempo posible”, expresó Baranwal, en referencia a la aprobación del regulador nuclear del primer diseño de un reactor avanzado en el país (el NuScale) y al anuncio de Exelon Generation de que cerrará dos de sus centrales nucleares en Illinois.
El caso de Exelon y sus dos centrales (Byron y Dresden) no es necesariamente aplicable al resto de las centrales del país. Un reporte reciente del Instituto de la Energía Nuclear da cuenta nuevamente de las ventajas económicas de las centrales nucleares. Con buenos precios de la energía, la alta inversión inicial de capital (muchas veces condicionada por los retrasos de construcción) en una nueva central suele ser amortizada a los pocos años de entrar en operación. Pasado ese período, sus bajos costos operativos las transforman en unidades rentables y ques pueden durar décadas. Con un plus político muy atractivo: permitir a los consumidores el acceso a tarifas eléctricas bajas, como es el caso de Francia.
No obstante, sí resulta muy representativo de las transformaciones en curso en el mercado eléctrico estadounidense. Exelon viene aduciendo que se necesita de un mecanismo para compensar los bajos precios que las empresas transportadoras de energía están pagando a los generadores por la electricidad. En el gobierno de Illinois piensan de forma similar, pero en favor de los generadores renovables. ¿Cuál es la incompatibilidad en satisfacer a generadores nucleares y renovables, si son mayormente libres de emisiones?
La discordia esta en las subastas de energía. Exelon y la Clean Jobs Coalition trabajaron en un proyecto de ley para alcanzar un 100% de generación eléctrica con fuentes renovables en Illinois para el 2050. El componente central de la propuesta consiste en darle poder a una agencia estatal para realizar sus propias subastas de energía. Esto permitiría a los generadores nucleares y renovables subastar en mejores condiciones frente a los generadores que usan gas natural. Desde la Clean Jobs Coalition consideran que PJM y MISO, dos empresas transportadoras que operan en Illinois y muchos estados del noreste y centro estadounidense, realizan subastas que disminuyen significativamente los precios de la energía, volviendo solo viables a los proyectos con gas natural.
Pero ese proyecto de subastas parece haber perdido apoyo político en el gobierno. Las cámaras de empresas de energías renovables alegaron que para alcanzar los objetivos de la ley solo se necesita cobrar un recargo en las tarifas de luz para alentar la instalación de proyectos de generación renovable, sin tener que crear un mercado de capacidad local (y entrar en conflicto con las transportadoras). En la Clean Jobs Coalition hay posiciones dividas al respecto, aunque todo el mundo es consciente de que es relevante cuidar a las seis centrales nucleares existentes: representan el 50% de toda la electricidad generada dentro del Estado, quinto consumidor de energía del país. Demasiada energía para creer que se puede suplir solo con renovables.
Sucede que el meollo de la cuestión energética “verde” sigue siendo la intermitencia del sol y del viento. Si presentarse en una subasta y comprometer a largo plazo la entrega de un bien que aún no se tiene es en sí complejo, imaginen lo difícil que es comprometer algo que depende de un factor tan caprichoso como la meteorología. Las empresas que ya operan parques renovables o que tienen proyectos en carpeta aspiran a que las tecnologías de almacenamiento de energía solucionen la dificultad técnica de la intermitencia y puedan subastar en mejores condiciones en el futuro. Sin embargo, esa aspiración obliga a reconsiderar el sostenimiento de los programas federales de subsidios para los nuevos proyectos con renovables más almacenamiento.
A nivel federal, los programas impulsados por la administración Obama comenzaron a expirar. De hecho, el presidente Trump (insospechado de ser un amigo de la energía “verde”) renovó hasta 2021 un subsidio para nuevos proyectos eólicos a punto de expirar. ¿Qué haría Biden si es elegido presidente? Es muy probable que renueve e impulse otros programas de incentivos, que no tendrán la misma potencia que un impuesto federal a las emisiones de carbono, una idea que la campaña enfrió y que el propio candidato parece haber sepultado en discusiones privadas.
Sería una derrota tanto para la industria de las renovables como para la industria nuclear. Un estudio del Instituto de Energía de la Universidad de Texas analizó los programas de subsidios federales en el sector de la electricidad. Identificaron 116 programas federales de apoyo al sector energético por un total de 60.000 millones por año, de los cuales 17.900 millones fueron alocados en 2013 (0,1% del PBI) para subsidiar la generación de electricidad (cifra que ha ido disminuyendo desde entonces). Al desagregar los datos de generación, las renovables reciben casi todos los subsidios directos. Sin embargo, estos últimos, que no reciben subsidios directos por generar electricidad, se benefician indirectamente de los subsidios a la producción de los insumos energéticos que utilizan (gas natural, principalmente).
Parecen unas monedas en términos del PBI de la primera potencia mundial. Pero otra forma de abordar el asunto es considerando las “externalidades” ambientales y económicas (costos reales, sin subsidios) de la energía fósil. Un reporte del FMI sintetizó estos elementos en el concepto de “subsidios después de impuestos”: refleja “cuánto pagarían los consumidores si los precios reflejaran completamente los costos de suministro más los impuestos necesarios para reflejar los costos ambientales y los requisitos de ingresos”. Desde este enfoque, la cifra estimada para el 2015 es de 649.000 millones en “post-tax subsidies”.
Será un enfoque subjetivo (¿cómo se calculan económicamente las externalidades ambientales de la energía?), pero lo subjetivo es profundamente político. Los enfoques de “externalidades” (negativas, por definición) refuerzan el concepto de que es necesaria una acción federal más decisiva para lograr objetivos como los fijados por el Acuerdo de París (al que el Partido Demócrata dice que regresá si ganan las elecciones). El Partido Republicano hace hincapié en que los costos de la transición a una “economía verde” vulneran la competitividad industrial americana. Biden no lo cree dramático: se compensarían en forma de barreras para arancelarias “verdes”. La continuidad de la guerra comercial americana «by green means».
¿Cuál es el lugar de la energía nuclear en este escenario? Por lo pronto, existe un renovado consenso bipartidario (expresado con mayor fuerza en el comité de Energía del Senado, presidido por la demócrata Murkowski) de que el sector debe ser apoyado. No es una idea necesariamente popular entre los votantes demócratas, pero las dinámicas del mercado y la lógica ambiental imperan: en donde se retira energía nuclear (casi nula en emisiones) entra el gas natural (mucho mejor que el carbón y mucho peor que la nuclear y eólica). La geopolítica de la energía nuclear también envía señales al gobierno, debidamente leídas por la administración Trump y plasmadas en el plan presentado por el DoE para revitalizar la competitividad de la industria nuclear.
Una falencia de este consenso es que se traduce en un enfoque excesivamente orientado al segmento de los reactores avanzados. Hay un leve reconocimiento bipartidario de la necesidad de mantener vigente a la flota actual de reactores convencionales, pero una política activa para potenciarla no se divisa en el horizonte. En cambio, Biden prometió inversiones en tecnologías energéticas limpias por 400.000 millones de dólares, como parte de su plan “verde” de 2 billones. ¿Cuánto de eso sería destinado a desarrollar e impulsar la adopción de “nuevas tecnologías nucleares”? El tiempo lo dirá, si es que gana las elecciones.
Nicolás Deza