Dice José Luis Antúnez, en la columna de opinión en la que contesta afirmaciones de Julián Gadano, quien presidió NA-SA en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri.
«Teniendo en cuenta recientes declaraciones en medios periodísticos que tienen por objetivo sembrar dudas sobre el contrato recientemente firmado por Nucleoeléctrica Argentina S.A. con la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), es importante clarificar algunas cuestiones.
Cabe destacar que el 23 de junio de 2021, nuestro gobierno aprobó el Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina S.A., que contempla la finalización del contrato EPC para la construcción del reactor de tipo Hualong, así como también la reactivación del proyecto nacional tipo CANDU. La reciente firma del Contrato se encuentra en línea con lo instruido por el Gobierno Nacional y se constituye como un hito alcanzado luego de 9 años de negociaciones entre Nucleoeléctrica Argentina S.A., CNNC y los gobiernos de ambos países.
Resulta extraño que representantes de la oposición se sorprendan con la firma de este importante acuerdo, particularmente teniendo en cuenta que sostienen haber sido parte activa de las negociaciones durante el gobierno de Macri.
Al mismo tiempo, es importante mencionar que es falso que el reactor CANDU es antiguo y caro; es una tecnología actualizada a los más altos estándares de seguridad, competitiva bajo todo concepto y con plena vigencia en la actualidad. Prueba de ello es que se sigue construyendo en el mundo.
Es más, los países que cuentan con centrales de tipo CANDU ya han extendido su vida útil, están ejecutando los proyectos o se encuentran planificándolos. El error conceptual de la cancelación del proyecto tipo CANDU celebrada como un logro por la administración anterior, además de perjudicar a la industria nacional, le costó al estado nacional más de 470 millones de dólares -monto equivalente al costo que tendrá la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I «Juan D. Perón»-.
Además del claro perjuicio económico, se despidieron más de 250 técnicos y profesionales altamente calificados y se desarticularon las capacidades de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en la gestión de proyectos nucleares.
LA «COHERENCIA INTERTEMPORAL» DEL SECTOR NUCLEAR: LOS IMPROVISADOS NO SOMOS NOSOTROS
Al momento de hacernos cargo de la compañía, el proyecto de contrato recibido en diciembre del 2019 estaba incompleto. De acuerdo a lo informado oportunamente por la actual conducción de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la compañía ha alcanzado un acuerdo con la CNNC y las empresas subsidiarias responsables de ejecutar el Proyecto. No obstante, para poder dar comienzo con las obras, se deberá seguir trabajando, particularmente considerando la necesidad de cumplimentar con las condiciones precedentes para que el contrato entre en vigor, entre las que encuentra la transferencia de tecnología para la fabricación de los combustibles
Además, el Contrato prevé el cumplimiento de la legislación de ambos países, incluyendo la asignación del financiamiento en línea con la Ley N° 27.122.
Asimismo, resulta oportuno indicar que el Proyecto IV Central Nuclear o «Atucha III» fue incluido en la Ley de Presupuesto de 2021 y fue contemplado en el proyecto para 2022, que irresponsablemente la oposición decidió no apoyar.
Además, el Gobierno argentino en sus distintas instancias se encuentra absolutamente coordinado respecto al vínculo con la República Popular China y los proyectos enmarcados dentro de la Asociación Estratégica Integral. A diferencia de lo ocurrido en la gestión Macri, la Secretaría de Energía como accionista mayoritario de Nucleoeléctrica Argentina S.A., el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada argentina en China han trabajado articuladamente para poder hacer de la visita oficial del Presidente de la Nación un encuentro con un saldo altamente positivo para la continuidad del proyecto Atucha III. El Gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está dando el impulso final a la contratación que naciera hace más de una década.
Lo que sí consideramos improvisación fue la decisión del gobierno de Macri al anunciar la construcción de una central nuclear Hualong en Rio Negro en el año 2017, iniciativa que fracasó y tuvo como resultado que la Provincia prohibiera el proyecto por Ley N° 5227 y obtuviera la ratificación de esa decisión a través de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia provincial en 2018.
Por su parte, desde el punto de vista de la planificación energética argentina, de no mediar la incorporación de centrales nucleares de mediana y alta potencia como el Hualong o el tipo CANDU, el sostenimiento de la participación de la energía nuclear en la matriz eléctrica será imposible. El escenario nacional e internacional no cambió radicalmente y no existe contradicción entre la promoción de la participación de la energía nuclear en la matriz energética y la construcción de reactores nucleares de distintos tamaños.
Asimismo, el mundo parece haber encontrado en los reactores modulares pequeños y medianos (SMR, por sus siglas en inglés) una incipiente alternativa para la generación de energía, los que actualmente se encuentran en diversas instancias de planificación e implementación. Al momento solo 3 países se encuentran en una etapa avanzada en el desarrollo de este tipo de tecnología: Argentina, China y Rusia, quien ya opera 2 centrales flotantes tipo SMR. Al respecto, de las 52 centrales nucleares actualmente en construcción, solamente 2 prototipos son de tipo SMR: el Lingong en China y el CAREM en Argentina. El resto son centrales nucleares similares al Hualong o al tipo CANDU.
En este sentido, Nucleoeléctrica Argentina S.A se encuentra absolutamente comprometida en la colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la finalización del Proyecto CAREM. La construcción del prototipo del primer SMR de diseño argentino contó desde su inicio con la participación de la compañía, quien a través de la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares (UGPN) fue responsable del primer hormigonado en febrero de 2014. Tras la desarticulación de la UGPN durante el 2018 y su posterior recuperación en abril de 2020, Nucleoeléctrica y CNEA volvieron a suscribir los contratos necesarios para reactivar las obras que se habían detenido de hecho en noviembre de 2019, situación que se puso de manifiesto con la salida del contratista privado a inicios de 2020.
Mención aparte merece la cadena de suministros que la administración de Macri pondera, pero se dedicó sistemáticamente a vulnerar. Durante 4 años el sector nuclear argentino sufrió duros embates: la paralización de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en 2017 obliga a Nucleoeléctrica a comprar este insumo fundamental en el exterior; la paralización del Proyecto Nueva Planta de Dióxido de Uranio (NPU) en la Provincia de Formosa en 2018 obligó a la actual gestión de la compañía Dioxitek S.A. a invertir dinero en el reacondicionamiento de una obra abandonada; y la importante deuda que registraba Nucleoeléctrica con empresas proveedoras nucleares nacionales las puso en serios riesgos financieros, solo para mencionar algunos casos.
Finalmente, el Gobierno Nacional continuará revirtiendo el daño hecho por la administración Macri, que tiró por la borda más de 70 años de desarrollo soberano e independiente de la ciencia, la tecnología y la industria nacional para la generación de energía nuclear.»