La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Financiamiento Universitario, que busca recuperar los salarios de quienes trabajan en las universidades y que fueron aumentados de manera unilateral por el Gobierno muy por debajo de la inflación acumulada, con lo que muchos quedaron por debajo de la línea de pobreza.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por la diputada Danya Tavela (UCR), fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se espera que tenga un resultado favorable en la de Senadores. La iniciativa busca darle recomponer salarios que no tuvieron discusión paritaria, atrasados con respecto a la inflación acumulada en el año y que en muchos casos quedaron por debajo de la línea de pobreza.
Tavela, exsecretaria de Políticas Universitaria durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y exvicerrectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), presentó el proyecto que contó con firmas de diputados de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.
La iniciativa legislativa, que debía tratarse el martes 14 a las 4 de la tarde, terminó siendo discutido entre las 5 y las 7:30 de la mañana del día siguiente y contó con tres dictámenes: uno de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO que lo vaciaban de contenido, otro de Unión por la Patria que agregaba también la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y el de la UCR, que finalmente fue el aprobado.
Tavela, que es la autora del proyecto, dijo: “Es el Congreso de la Nación es el que establece el presupuesto para las Universidades Nacionales pero, como Massa y Milei acordaron no presentar un presupuesto para esta año, entonces no hubo presupuesto y se trabaja con el de 2023, y con las ambiciones electorales del Gobierno. Hasta abril no hubo ninguna actualización de gastos de funcionamiento y, después de la marcha que se realizó se dio paso a esta situación, en la que nos vemos en emergencia por los salarios docentes. Por eso, la Ley de Financiamiento Universitario resuelve, solo para este año, por lo que no se hizo por la Ley de Presupuesto”.
Hoy, la mitad de los docentes y no docentes cobran un salario menor a la línea de pobreza y el salario inicial de un docente es de 200.000 pesos, por lo que el Consejo Interuniversitario Nacional ha pedido a todas las universidades que declaren la emergencia salarial. En estos ocho meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei estuvo dando aumentos de forma unilateral sin ser aprobados por paritarias con los sindicatos. Los primeros aumentos de sueldo habían sido acordados por el gobierno anterior y fueron de 6% en diciembre y 10% en febrero. Posteriormente, el actual Gobierno impuso aumentos de forma unilateral de un 12% en marzo, 9% en mayo y 7,5 % en julio, con lo que las compensaciones quedaron lejos del 134% de inflación acumulada. Para el mes de agosto se impuso un aumento del 3% y para septiembre del 2%, cuando se espera que la inflación casi duplique esos números. El proyecto de ley aprobado por Diputados considera, en su artículo 6, que la actualización podrá no ser por el índice de inflación si hay paritarias aprobadas por ambas partes y no de forma unilateral.
El proyecto fue aprobado con 147 votos a favor y 77 en contra. La mayor objeción desde el oficialismo fue planteada por la diputada del PRO Daiana Fernández Molero debido a que no se explicitaba de donde saldrían los fondos para el financiamiento.
En tanto, el artículo 7 fue rechazado. En él se establecía que la asignación de recursos a cada universidad se haría en función de la cantidad de alumnos, tipo y cantidad de carreras, hospitales, escuelas y actividad científica a cargo. La diputada Tavela consideraba que la iniciativa era una forma de transparentar el reparto entre universidades y le dijo a TSS: “El artículo 7 se cayó porque UxP y LLA votaron en conjunto para que haya discrecionalidad a la hora de asignar los presupuestos universitarios y que no haya criterios objetivos. Me molesta mucho porque no podés decir que sos el cambio y no votar eso, y no podés decir que apoyás a la educación pública y no votar eso”.
La diputada Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria) argumentó durante el debate que este tipo de asignaciones presupuestarias basadas en la cantidad de alumnos perjudican a las universidades nuevas del interior que no forman parte del corredor de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y a las carreras nuevas.
El proyecto tenía apoyo de varios bloques de la UCR, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y el FIT, pero solo contó con firmas de los primeros tres. Consultada sobre esto, Tavela dijo: “No hacía falta tener firmas de diputados del peronismo en el proyecto porque en la otra cámara, si el peronismo no consigue los votos para su dictamen, puede aprobar el nuestro. A veces, sumar firmas de otros espacios hace que se desvirtúe el proyecto y se pierda la centralidad de lo que se está dicutiendo”.
Por su parte, el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria) dijo: “Nosotros vamos a apoyar el proyecto porque la crisis universitaria se explica porque el 90% del presupuesto lo insumen los salarios y eso no ha sido actualizado. Hubiéramos querido tener el acompañamiento del radicalismo para tratar el incentivo docente (FONID), que sería un 15% de la erogación de salarios de las provincias, es una cifra muy grande, pero vamos a apoyar a pesar de hacerlo sin la posibilidad de tratar esto”.
El proyecto tiene amplias posibilidades de ser aprobado también en la Cámara de Senadores y luego deberá enfrentar la posibilidad de ser vetado por el presidente Milei, quien ha expresado en muchas oportunidades que vetará todos los proyectos que considere que van en contra del equilibrio fiscal o cualquier erogación no decicida por él mismo. “Creo que si el Ejecutivo lo veta le va a poner una lápida al ciclo universitario este año. No creo que lleguen a tanto. Ahora tienen una oportunidad, porque lo vota el Congreso, de tener una salida. Si hay un veto creo que el Gobierno sabe que abre las puertas a una gran reacción de los sectores populares que ya se manifestaron a principios de este año”, expresó Yasky. Tavela, por su parte, dijo: “No sé qué puede pasar con el veto presidencial, no puedo anticipar las conductas de nadie y mucho menos de la figura presidencial. No puedo legislar pensando en qué va a hacer el presidente”.
Matías Alonso