El Congreso advirtió por irregularidades en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública que gestiona el funcionamiento de las tres centrales nucleares del país. El Gobierno intentaría que la tasación la realice un banco para bajarle el precio y vender una empresa que da ganancia y es estratégica para la soberanía energética.
Durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones el pasado 18 de noviembre, diputados y senadores presentes alertaron sobre algunas acciones del Gobierno para bajar el precio de las empresas públicas para venderlas por menos de lo que valen. Uno de los casos es el de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa nacional que gestiona el funcionamiento de las tres centrales nucleares del país.
Dado que el presidente del Tribunal de Tasación de la Nación se excusó de la tarea bajo el argumento de que no estaría en condiciones de hacer la tasación de las centrales, ésta deberá ser hecha por un banco, pese a que este tribunal es el organismo que por ley debe hacer las tasaciones. En el caso de las centrales nucleares, ya hizo las de Atucha I y II en 2015 y 2017, por lo que no es entendible que ahora diga, por una nota firmada solo por su presidente y no por el pleno, que hoy ya no pueden hacer las tasaciones.
Con respecto a esta decisión del Gobierno de vender una empresa superavitaria y estratégica para la Argentina, la diputada Gabriela Estévez presentó un recurso de amparo en la Justicia para pedir la suspensión de la privatización de NASA, ya que no cumple con una justificación técnica ni económica. NASA es una empresa estatal que el año pasado dio una ganancia de 17 millones de dólares y que opera centrales que garantizan energía eléctrica estable y a bajo costo, mientras que la principal preocupación de la empresa debe estar en la seguridad y no en el fin de lucro de una eventual compradora, muy posiblemente extranjera.
NASA quedó dentro del anexo de empresas privatizables según el texto aprobado por la Ley Bases. El paquete accionario hoy está conformado en un 20% por la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA), un 1% por ENARSA y el 79% por el Ministerio de Economía. Según la intención del Gobierno, el 44% pasaría a quedar en manos de una empresa privada y un 5% para los trabajadores de la empresa.
Aún no se sabe quiénes podrían comprar el paquete accionario. Hay rumores que indican que la Corporación América, de Eduardo Eurnekián, el exempleador del presidente Javier Milei, tenía interés en la empresa aunque públicamente lo niegan. Lo mismo pasa con empresas estadounidenses que gestionan centrales nucleares en ese país.
Todo esto ocurre en el marco del plan nuclear que el Poder Ejecutivo impulsa, en el que se construirían centrales nucleares para alimentar centros de datos de empresas relacionadas con el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. El proyecto es cuestionado tanto por su factibilidad en el mediano plazo como por el impacto local en términos de la demanda de puestos laborales de valor agregado o desarrollo de la industria.
La diputada Florencia Carignano (UxP), dijo que “las empresas que hoy está tratando de privatizar el Gobierno son superavitarias. Tener a Nucleoeléctrica nos pone en un grupo muy exclusivo ya que en el continente solo Brasil, México y Estados Unidos, además de la Argentina, operan centrales de este tipo. En esto, como en muchos otros aspectos, no somos un país complementario con Estados Unidos, sino que somos competencia para sus empresas y además estaba previsto recibir inversiones chinas. NASA es una empresa estratégica para el país por el tema de energía, tarifas y por seguridad ambiental. Perderíamos soberania, y también iríamos a contramano de países como Francia, que está utilizando sus centrales nucleares para poder bajar los costos de la energía”.
En el año 2015, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández había negociado la construcción de dos centrales nucleares nuevas con financiamiento de China: una con tecnología canadiense, similar a la central de Embalse, en Córdoba, una tecnología en la que existe mucha experiencia local, y otra central con tecnología china. El gobierno de Mauricio Macri frenó esos acuerdos con la excusa de renegociar para conseguir mejores condiciones pero el proyecto quedó suspendido. La gestión de Alberto Fernández dijo que continuaría con las negociaciones pero el acuerdo no avanzó.
“Están entregando las centrales nucleares como parte de un acuerdo, que se desconoce, con Estados Unidos, a quien no le interesa que la Argentina produzca energía nuclear, y es algo que va en contra de nuestra soberanía energética”, dijo Carignano.
La Comisión Bicameral emitirá dictamen para defender a Nucleoeléctrica y remarcará las inconsistencias del proceso de privatización. Se espera que tenga muchas firmas y seguramente contará con las del bloque de Unión por la Patria. También se harán nuevas presentaciones a la Justicia para evitar que sean privatizadas y subvaluadas.
“Cuando el Tribunal de Tasaciones se autoexcluye, entonces (Luis) Caputo puede sacar una resolución ministerial para poner la tasación en manos de algún banco. El Tribunal de Tasaciones es un órgano sumamente competente que ya hizo este trabajo dos veces. Esta es una maniobra para bajarle el precio a las centrales y regalarlas sin mayor problema. La ley dice que si el tribunal encuentra algún activo intangible tiene que encontrar la manera de poder tasarlo. Un banco no tiene nada que hacer acá porque no tiene personal capacitado para esto, no hacen tasaciones y menos saben sobre centrales nucleares. Es todo una maniobra para poder vender a menor precio, una estafa para poder regalar las centrales como parte de un acuerdo con Estados Unidos”, cerró Carignano.
Matías Alonso