Hace dos semanas, cuando el Gobierno anunció que el precio para el llamado “barril criollo” iba a ser de 45 dólares, en AgendAR dijimos que era un subsidio del Estado nacional a la actividad petrolera.
No estamos en contra de los subsidios estatales en general, y en particular en medio de la pandemia. Pero es necesario tener claros los resultados y los costos. Con este precio todos los argentinos estamos subsidiando a la actividad petrolera, y -más grave- estamos obligando a la acosada industria nacional y también al agro a pagar la energía màs cara.
Con la referencia a los resultados nos referimos al choque de intereses que se está produciendo en el seno mismo de esa actividad. Vale la pena repasar la información que reúne aquí el periodista Martín Bidegaray.
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«El decreto con el precio del petróleo a un valor local, diferente del internacional, el «barril criollo». dejó a la industria petrolera dividida. El barril de producción nacional se pagará a US$ 45, casi US$ 15 más que el petróleo Brent, el valor que se venía usando de referencia en la Argentina, y en el resto del mundo.
Salvo las provincias petroleras, que apoyan esta decisión del Gobierno nacional, el resto de la industria está dividida. Las refinadoras, como Raizen (con la marca Shell) y Trafigura (Puma) están en desacuerdo y dicen que no pueden pagar US$ 45. Las integradas, que producen y refinan como YPF y Pan American Energy, tampoco parecen estar del todo convencidas.
En YPF hay voces diferentes. «Es un gran esfuerzo y una medida importante tomada por el Gobierno», manifestó Sergio Afrontti, CEO de la compañía, en un comunicado. Pero el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, manifestó que «no vamos a comprar crudo a terceros muy posiblemente hasta fin de año». De esa forma, las productoras independientes que buscaban venderle a YPF estarían privadas de esa posibilidad.
El frente sindical también aparece dividido. «El decreto está perfecto», dice Guillermo Pereyra, secretario general del gremio de los Petroleros de Neuquén, La Pampa y Río Negro. Era importante tener un precio sostén para la actividad», agregó el sindicalista. Pero la la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), que representa, entre otros, a los 5.000 trabajadores de las refinerías que hay en el país, quedó en estado de «alerta» tras conocerse el decreto. «Se obliga a las refinerías a comprar el petróleo más caro del mundo», dijo el tesorero de la Federación, Gabriel Matarazzo. «No quiero aparecer como lobbista de las empresas, pero acá las únicas que claramente se benefician son las provincias. Este decreto puede generar consecuencias muy negativas en nuestra actividad».
El ex subsecretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, entiende que el barril «criollo» es un impuesto a las empresas. El senador nacional Pablo Daniel Blanco (de Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para que las petroleras bajen el precio de los combustibles. Al menos, 6 senadores más lo acompañan en esta iniciativa.
«El espíritu del decreto está bien, tratando de preservar la actividad. Sin embargo, las veces anteriores que hubo barril «criollo», fue fruto de un acuerdo entre productores y refinadores, con el Estado nacional y las provincias como testigo. En este caso, no hay acuerdo», detalla Francisco Romano, abogado y socio a cargo de Energía en el estudio Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, que asesora a compañías y organizaciones locales y extranjeras.
El decreto no prohíbe aumentar los precios. Aunque es improbable que eso suceda, ya que YPF debería tomar esa decisión. Como es líder de mercado, la postura de YPF condiciona al resto. El nuevo CEO de YPF Sergio Afrontti -nombrado recientemente- habría manifestado una posición diferente a la del presidente de la petrolera (Guillermo Nielsen) y a la línea gerencial, que – según el periodista- estarían en contra de la decisión. «Es un gran esfuerzo y una medida importante tomada por el Gobierno», expresó en un comunicado.
Por su parte, Miguel Galuccio, ex presidente de YPF durante la gestiòn de Cristina Kirchner, es dueño de la petrolera Vista y defiende el barril “criollo”. Durante su gestión, Galuccio aumentó los importes de de los combustibles al doble, de $ 5,480 a $ 13,01. Los aranceles para la exportación fueron reducidos a 0%, mientras que se prohibió la importación.»