Un hecho nuevo en la sociedad argentina aparece en medio de la pandemia. Movimientos sociales -que reúnen y organizan a los desocupados y a los trabajadores precarizados- junto a algunos gremios poderosos, impulsan un plan que propone crear 4 millones de puestos de trabajo, repoblar la Argentina con nuevos pueblos y entregar tierras a comunidades agrarias, entre otros puntos.
La propuesta surgió de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y se sumaron gremios como la UOCRA, Camioneros, SMATA y ferroviarios.
Ayer a la tarde, esta conjunción de sindicatos tradicionales y movimientos sociales, con el auspicio de la Iglesia, lanzaron el Plan de Desarrollo Humano Integral. Un documento de 40 páginas que plantea: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.
En cuanto a la construcción y la integración urbana, el primer punto del plan, propone: “una alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la economía popular ”, “una planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, la creación de nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales”.
También se propone una “relocalización sustentable de parques industriales atada al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la redferroviaria conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser fiscalizada de manera trasparente en origen”.
Otro de los aspectos incluidos en este proyecto es “crear un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero, que permita descontar del impuesto a las ganancias (4° categoría) un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”. Se agrega que “El fondo tendrá una administración transparente con un sesgo de inversión orientado hacia lo productivo y la dinamización del mercado interno, con rentabilidad financiera y rentabilidad social”.Además, se propone “crear el Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados”.
Este “anteproyecto”, como lo definen sus impulsores, requiere una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos, de la cual una parte significativa «se autofinanciará a través de los programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, que suman cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”.
El resto se va a financiar, se propone, “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”. Los autores consideran que el Plan en marcha generará un efecto positivo en la actividad económica de 865 mil millones de pesos, que redundaría en mayor recaudación fiscal.
Uno de los referentes de la UTEP, Juan Grabois, lo llamó un «Plan Marshall criollo», y lo conversó con el presidente Alberto Fernández en mayo, y luego con la vicepresidenta Cristina Fernández. Desde el mundo empresario también se está mirando el proyecto con atención.
La propuesta original había surgido de Grabois y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), uno de los movimientos sociales integrado en la UTEP, y fue conversada en los últimos meses con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
“Venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo. Los trabajadores que represento (de la construcción) entran y salen de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad”, señala Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas que participó de esta propuesta, que ahora será presentada al Gobierno para que sea analizada.
De la presentación del plan, que se realizó en la sede del gremio de la construcción, en la Avenida Belgrano al 1800, Capital, participaron los sindicalistas Martínez (UOCRA), Moyano(Camioneros), Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Avalos (SMATA) y los dirigentes sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (MovimientoEvita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros, además de representantes de la Iglesia (aunque no estuvo, uno de los que participó de las conversaciones iniciales fue el obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara).
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