Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN)

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Esta Academia se pronuncia en relación con los recientes cambios en la concepción y misión de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Para ello, historia algunos cambios importantes en la conducción de los organismo de ciencia y técnica en nuestro país:

A mediados de 1996 hubo un cambio significativo en la conducción de la CyT del país con la designación de nuevas autoridades, cambio que no fue ajeno a la tarea desarrollada por la ANCEFN desde 1995.

El nuevo secretario de CyT asumió con un mandato muy específico: reorganizar el CONICET. Se constituyeron grupos de trabajos para discutir el tema en profundidad. De esas discusiones surgieron varias recomendaciones. Una de ellas, la conveniencia de separar los roles de gobierno (la definición de políticas), de la promoción (el financiamiento de los proyectos científicos) y de la ejecución (organismos e institutos).

La promoción, o sea financiar ciencia, era la función principal del CONICET al momento de su creación en 1958 (por iniciativa de la ANCEFN). Luego se creó la carrera del investigador y gradualmente se fueron creando institutos y programas.

En 1994-95 el número de “unidades ejecutoras” había llegado a cerca de 200. Este crecimiento provocó que la mayor parte del presupuesto del CONICET fuera destinado a la operación y mantenimiento de las unidades ejecutoras y a la carrera del investigador y personal de apoyo, restando recursos para financiar proyectos científicos. En esos años, sólo el 1-2% del presupuesto del CONICET iba a este fin. El dinero disponible para este propósito era tan ínfimo que se usaba el método denominado “1/N”, por el cual esos limitados recursos se repartían por igual a todos los grupos. Los subsidios eran del orden de USD 1000 para cada grupo y no se justificaba hacer llamados a concursos.

¿Qué hacer frente a esta situación? Se decidió, por un lado, introducir condiciones para la existencia de nuevas unidades ejecutoras (esto quedó reflejado en el decreto 1661/96) y, por otro lado, crear una agencia cuyo exclusivo fin fuera la financiación de proyectos, sin sustraer nada al CONICET; ni fondos, ni funciones. El CONICET, como todos los otros organismos del sistema de CyT público podrían continuar financiando proyectos, pero la financiación a nivel nacional, igualitaria para todas las instituciones, sería función de una nueva entidad en cuyo decreto de creación, el 1660/96, se establecía la prohibición de financiar institutos y personal científico; sólo podía financiar (promover) proyectos científicos y tecnológicos.

El desafío fue encontrar fondos frescos para financiar esta Agencia sin afectar al CONICET. Estos fondos fueron obtenidos del Programa de Modernización Tecnológica (PMT) que pocos años antes se había gestionado desde el Ministerio de Economía en un acuerdo con el BID. El financiamiento fue dividido en dos fondos: el FONCYT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) y el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino). En el transcurso del tiempo se agregaron otros fondos como el FONSOFT (promoción de la industria del software) y el FONARSEC (consorcios público-privados para responder a demandas de la sociedad, la empresa y el estado).

Es destacable el impacto que tuvo el FONCYT en el desarrollo científico nacional a través de sus proyectos PICT con distintas modalidades. En el primer concurso (PICT 97), se adjudicaron unos 300 subsidios (30% de las solicitudes) por USD 25 mil por año para proyectos bianuales con cobertura nacional; en los siguientes, este monto se incrementó a USD 50 mil por año para proyectos de 3 años. O sea, un aumento de 50 veces respecto a lo que estaba disponible solo para los investigadores del CONICET en los años anteriores a la reforma.

Vale la pena señalar varios aspectos novedosos que le dieron al FONCYT un carácter innovador. En primer lugar, el sistema de evaluación de la calidad basado en el juicio de pares anónimos internacional (inédito en Argentina). La elección de estos pares quedó bajo la responsabilidad de un científico de prestigio para cada una de las disciplinas quien antes de hacerse cargo firmaba un compromiso de confidencialidad y calidad, y cuya identidad era pública.

En segundo lugar, luego de decidido el orden de mérito por calidad, se realizaba una evaluación de la pertinencia a cargo de comisiones asesoras coordinadas también por gente de prestigio que también firmaban compromisos de actuar éticamente y cuidando la calidad de todas las acciones que se tomaran.

Tercero, el directorio de la Agencia aprobaba los subsidios según la recomendación de los pares y de las comisiones asesoras sin poder modificar el orden de mérito establecido a menos que hubiera habido errores de procedimiento; de otro modo el directorio tenía vedado hacer modificaciones.

Cuarto, los proyectos debían ser presentados por un “grupo responsable”, cuyos miembros se comprometían a no participar en más de dos proyectos con una dedicación mínima de 20 horas semanales. Esto evitaba el extendido hábito del “prestanombre”: incluir en la nómina alguien de prestigio que no tuviera real compromiso de tiempo dedicado al proyecto.

Quinto, los montos de los subsidios (incluían becarios) debían tener relación con la propuesta y una vez otorgados, el recipiendario se obligaba a presentar un informe final para su evaluación la cual se tomaría en cuenta en futuras presentaciones. Se restituía así la buena costumbre de establecer un contrato de cumplimiento mutuo entre entidad otorgante y beneficiario.

Con estas premisas se originó un sistema de CyT federal construido sobre dos pilares: las instituciones y sus recursos humanos, y los proyectos científicos. Los primeros requerían estabilidad, pero los segundos debían estar sujetos al procedimiento de concursos altamente competitivos (asegurando calidad) y renovarse cada 2 o 3 años (lo que durara el proyecto). Esta concepción de la Agencia potenció una actividad científica de calidad en distintas instituciones y en toda la geografía nacional.

A lo largo de los años los PICT se constituyeron en la fuente más importante del financiamiento de la investigación científica de calidad en universidades, institutos de investigación y distintos organismos científicos distribuidos en todo el territorio nacional.

La hibernación de las actividades de la Agencia en los dos últimos años, la anulación de los PICT 2022 y del concurso de los PICT 2023, producirán un daño incalculable en el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.

Asimismo, el hecho de orientar los programas de la Agencia únicamente a proyectos respaldados por empresas y dirigidos por investigadores probados implica limitar la creatividad de la investigación, y cercena el crecimiento de grupos de jóvenes investigadores. La relevancia de la investigación básica en el proceso de innovación se refleja en el argumento dado por la Academia sueca en el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, quien “demostró que, si las innovaciones han de sucederse mutuamente en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber qué algo funciona, sino también tener explicaciones científicas de por qué.”

En virtud de lo expuesto, esta Academia solicita a las autoridades pertinentes que rehabiliten el financiamiento necesario para los proyectos científicos de calidad que se desarrollan en todas las disciplinas y en distintas instituciones distribuidas en todo el territorio nacional.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025

Un subproducto descartable del biodiésel argentino será una materia prima clave

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La Argentina, líder en biodiésel, tiene un problema de excedentes de glicerol. Un equipo del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral encontró un método sustentable para transformar este producto secundario en alcohol alílico, una materia prima estratégica utilizada en plásticos y fármacos.

La Argentina es uno de los principales productores mundiales de biodiésel a base de aceite de soja. Este biocombustible se mezcla con el gasoil que usan autos, camiones y maquinaria agrícola, lo que reduce la dependencia del petróleo importado y disminuye las emisiones contaminantes. Pero esta industria clave, que busca ser una alternativa sostenible, genera un subproducto masivo. Por cada 10 kilogramos de combustible renovable, sobra aproximadamente un kilo de glicerol, más conocido como glicerina.

​Según la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), en los años de mayor producción, la industria llegó a generar más de 300.000 toneladas de glicerina cruda, un volumen suficiente para llenar más de 120 piletas olímpicas. ​La producción nacional se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe, donde se acumulan enormes cantidades de glicerina cruda que no se aprovechan en su totalidad. “Se está produciendo mucho más glicerol del que se consume”, explica Nicolás Stiven Castellanos Buitrago, becario doctoral del CONICET-INCAPE (Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral).

Aunque la glicerina es valiosa y se usa en cremas, jabones o productos farmacéuticos por sus propiedades para retener agua, el volumen generado por la industria del biodiésel es tan grande que las aplicaciones tradicionales no dan abasto para absorber todo el excedente disponible. Este problema masivo es, sin embargo, una gran oportunidad. A diferencia de otras biomasas (como cereales o azúcares), la glicerina cruda no es comestible, eliminando el debate ético de competir con la seguridad alimentaria. Esta característica consolida al subproducto como una materia prima sostenible con enorme potencial.

​El objetivo del equipo es, precisamente, convertir ese excedente en productos de mayor valor agregado. Castellanos Buitrago, un químico colombiano que llegó a la Argentina hace cuatro años, trabaja en transformar la glicerina en alcohol alílico, un compuesto versátil que sirve de base para polímeros, plásticos, medicamentos, perfumes y pesticidas especializados.

“Estamos encontrándole un uso a un subproducto que se desaprovecha y, al mismo tiempo, obtenemos un producto más sustentable”, afirma Castellanos Buitrago.

La propuesta encajaba con su formación en catálisis ambiental, ya que, según explica, “es fundamental abordar el desarrollo de procesos químicos más sostenibles que puedan reemplazar el uso de petroquímicos”. El proyecto está dirigido por Verónica Díez y Pablo Luggren, ambos investigadores del GICIC (Grupo de investigación en Ciencia e Ingeniería catalíticas) en CONICET-INCAPE. Castellanos Buitrago encontró la oportunidad de enfrentar uno de los dilemas concretos de la economía circular: convertir el sobrante de una industria verde en la materia prima de otra.

Pero, ¿cómo se logra esta transformación química en el laboratorio? Castellanos Buitrago lo compara con preparar un postre: “Cuando cocinamos, medimos el efecto de si el horno está más caliente o más frío, el tiempo de cocción, o la cantidad de ingredientes». En su área de trabajo, la situación es similar. El equipo ajusta parámetros como la temperatura, el tiempo de reacción y las proporciones exactas de los reactivos para encontrar la receta perfecta. El desafío principal es la selectividad: lograr que la reacción vaya directo del punto A al punto B, sin generar subproductos no deseados. “La clave es maximizar la cantidad del producto que queremos y minimizar lo que sobra. Para eso, usamos catalizadores”, explica el becario del CONICET.

Los catalizadores son la piedra angular de la industria química moderna. Son sustancias que, sin consumirse en el proceso, aceleran las reacciones. Un catalizador hace que una transformación que en la naturaleza llevaría años, en el laboratorio se realice en apenas unas horas. El equipo utiliza un método llamado catálisis heterogénea, donde los reactivos son líquidos y los catalizadores son polvos sólidos que se pueden filtrar y reutilizar fácilmente. Han probado diferentes combinaciones de elementos soportados en materiales comunes como alúmina o sílice.

Tras meses de experimentación, el catalizador que mejor resultado generó está basado en renio soportado en alúmina. El trabajo de investigación ahora se centra en entender molecularmente por qué funciona tan bien, estudiando sus propiedades físicas y químicas para, eventualmente, escalar la producción y hacerla viable a gran escala.

Ventaja estratégica y optimización económica

La ruta química propuesta por el equipo de investigación ofrece ventajas frente a los métodos tradicionales de la industria petroquímica, con una diferencia en la eficiencia y la fuente de origen. Actualmente, el alcohol alílico se produce a partir del óxido de propileno, un derivado directo del petróleo. Esta ruta es costosa en energía y genera subproductos contaminantes. Además, requiere un paso previo intensivo, donde catalizadores y altas temperaturas rompen grandes moléculas en bloques más pequeños. El proyecto del INCAPE evita toda esta cadena petroquímica, saltando directamente a una fuente de biomasa ya disponible.

La importancia de apuntar al alcohol alílico radica en su versatilidad como compuesto plataforma, un químico base. Es un intermediario utilizado globalmente para fabricar una amplia gama de productos, desde plásticos y poliésteres hasta precursores de ciertos fármacos. Al obtenerlo de la glicerina de biomasa y no de fuentes fósiles, el proyecto logra un doble beneficio: “Estamos encontrándole un uso a un subproducto que se desaprovecha y, al mismo tiempo, obtenemos un producto más sustentable”, afirma el investigador.

Esto genera también un menor costo energético, porque la ruta petroquímica implica altas temperaturas y múltiples etapas. De esta forma, la ruta basada en glicerol es más directa, usa una fuente renovable, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y permite obtener un producto de alta pureza.

El proyecto está dirigido por Verónica Díez y Pablo Luggren (en la foto junto a Castellanos Buitrago), ambos investigadores del GICIC (Grupo de investigación en Ciencia e Ingeniería catalíticas) en CONICET-INCAPE.

La conversión de glicerol a alcohol alílico ha sido estudiada por otros grupos de investigación empleando condiciones que hasta ahora no son competitivas frente al método tradicional. ​La contribución del equipo argentino apunta a hacer el proceso competitivo económicamente y aplicable a las condiciones reales de la industria. Para lograrlo, están optimizando los reactivos. También están trabajando en reducir el contenido de renio del catalizador: “El renio es un metal noble, muy costoso. Entre menos cantidad necesitemos, mejor desde el punto de vista económico”. Estas mejoras técnicas son fundamentales para lograr competir eventualmente con los métodos tradicionales.

Del laboratorio a la planta industrial

Si bien han logrado escalar el proceso dentro del laboratorio, pasando de volúmenes de 1 mililitro a 10 veces esa cantidad, dar el salto a una escala industrial es otro asunto: “Para evaluarlo a mayor escala habría que hacer un análisis de viabilidad técnica y económica», reconoce el investigador.

Trabajar con reacciones químicas a altas temperaturas y con compuestos que pueden ser corrosivos no ha sido un camino sencillo: “Prácticamente, empezamos de cero con este proceso en el grupo. Nunca se había trabajado con este tipo de reactor a altas temperaturas, entonces hubo que estandarizar todos los parámetros instrumentales”, detalla Castellanos Buitrago.

Desde el punto de vista químico, el principal obstáculo es la estabilidad del catalizador en el tiempo. La viabilidad económica depende de la reutilización: “A medida que se van usando, van perdiendo su actividad. El desafío es encontrar un catalizador que pueda reutilizarse varias veces para que su aplicación sea competitiva económicamente”, señala.

El salto del laboratorio a la industria también implica trabajar con impurezas reales. En el laboratorio se trabaja con reactivos de alta pureza, pero en la industria los compuestos vienen contaminados: “Una de nuestras tareas es evaluar glicerina directamente de la industria, tal como viene, con todas sus impurezas, para asegurarnos de que la solución funcione en el mundo real”, explica.

Hacia el futuro de la investigación 

Más allá de estas optimizaciones, originalmente el proyecto contemplaba ir un paso más allá y convertir el alcohol alílico en ácido 3-hidroxipropiónico (3-HP), otro compuesto plataforma con aplicaciones en bioplásticos, productos biodegradables y solventes.  Sin embargo, esta etapa presenta desafíos técnicos considerables: “La reacción de oxidación para obtener el 3-HP genera muchos subproductos. Algunos estudios han usado catalizadores de oro, pero pensar en oro resulta un costo inaccesible”, explica Castellanos Buitrago. Por ahora, el equipo ha decidido concentrarse en optimizar la primera etapa (la síntesis del alcohol alílico) que ya de por sí es un producto valioso y para el cual han obtenido resultados prometedores.

En cuanto al financiamiento, el investigador reconoce el trabajo del día a día: “No hay que desconocer que los recursos son más limitados por la situación del país y la reducción en la cantidad de proyectos. Sin embargo, quiero rescatar la gestión que han tenido mis directores en conseguir proyectos colaborativos con la provincia, el país y la universidad”.

La estrategia ha sido priorizar vínculos con otros grupos y hacer un uso eficiente de equipos a través de la cooperación: “Hace poco estuve en Brasil haciendo una pasantía en la Universidad Federal de Ceará. Fue financiada por el gobierno brasilero en el marco de un programa para generar intercambios entre los dos países”, relata.

Actualmente, el científico se encuentra en el cuarto año de su doctorado, habiendo logrado resultados sólidos en la optimización del alcohol alílico. El paso definitivo para que la Argentina logre escalar esta tecnología y convertir el glicerol en un insumo estratégico implicará continuar esta línea de investigación. Además, el enfoque inmediato del equipo está puesto en los estudios que asegurarán la viabilidad final del proceso: “Tenemos que completar estudios clave, como la caracterización detallada de los catalizadores y el estudio del mecanismo de reacción”, concluye el investigador.

Matías Ortale

Vuelve la Alumbrera. La multinacional Glencore ve una oportunidad en el cobre argentino

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Días atrás, en Londres, la multinacional Glencore realizó una conferencia para el mercado de capitales con inversores internacionales y dedicó un capítulo especial a las inversiones mineras que desarrolla en Catamarca y San Juan. “La Argentina tiene el potencial de estar entre los mayores productores de cobre del mundo”, señala una de las diapositivas que introduce un análisis detallado sobre las ventajas de producir en el país.

Ese mismo día, la compañía con sede en Suiza anunció que volverá a reactivar el que fue el mayor proyecto de cobre de la Argentina: Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Fue la última mina en producir ese mineral en abundancia y cerró en 2018, tras 21 años de operación. Alcanzó su nivel máximo de producción en 2002, con 203,7 mil toneladas anuales.

Ahora, con los precios internacionales del cobre en máximos históricos —US$4,85 la libra—, Glencore adelantó que prevé el inicio de la producción para el primer semestre de 2028. Para ese momento, estima que Alumbrera producirá alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

“La demanda de energía crece más rápido que la población porque cada vez hay más actividades que consumen energía. Hoy el mundo utiliza 25 millones de toneladas de cobre y se espera que en diez años consuma 35 millones. Esas 10 millones de toneladas adicionales tienen que salir de algún lado y los yacimientos existentes están llegando a sus techos históricos de producción. La Argentina tiene una oportunidad única de aportar cobre al mercado”, explica Martín Pérez de Solay, CEO local de la compañía, quien viajó especialmente a Londres para la presentación.

El cobre se utiliza en baterías, paneles solares, aerogeneradores eólicos, movilidad eléctrica, electrónica, redes eléctricas e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial (IA), que crece cada día. Es el tercer mejor conductor de electricidad de la tabla periódica, detrás del oro y la plata, pero con precios más accesibles, lo que lo convierte en el mineral ideal para la electrificación de la última milla.

Además de reactivar Bajo de la Alumbrera, Glencore tiene otros dos proyectos en carpeta en la Argentina, ambos ya presentados para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de MARA —al lado de Alumbrera—, que demandará una inversión de US$4500 millones, y El Pachón, en San Juan, que requerirá US$9000 millones.

MARA significa Minera Alumbrera Agua Rica y abarca ambos yacimientos. La idea de Glencore es extender la vida de Alumbrera entre 2028 y 2031 y, a partir de entonces, comenzar a producir el mineral de Agua Rica.

Presentación de Glencore ante inversores internacionales, donde destacó el potencial de la Argentina
Presentación de Glencore ante inversores internacionales, donde destacó el potencial de la Argentina

“Hoy contamos con la planta de concentración, el mineraloducto de Alumbrera a Tucumán, la planta de filtros, el sistema ferroviario y el shiploader en el puerto de Rosario. Toda la infraestructura está lista para el reinicio de Alumbrera y luego para comenzar a extraer en Agua Rica. La idea es operar en una cadena sin fallas. Somos el único proyecto capaz de poner cobre argentino tan rápido de vuelta en el mercado”, dice Pérez de Solay.

Una vez aprobada la adhesión de MARA al RIGI, Glencore deberá abrir la mina —que es a cielo abierto—, construir los caminos de acceso y realizar un túnel de 38 kilómetros por el cerro Aconquija para conectar Agua Rica con Bajo de la Alumbrera.

“Para El Pachón se requiere aún más desarrollo, especialmente en transporte ferroviario y en infraestructura portuaria. Si bien la actividad más cercana es la de Los Pelambres, que está a solo cinco kilómetros, pero del lado chileno, hay otros proyectos en la zona argentina, como Filo del Sol y Josemaría (BHP y Lundin Mining), Los Azules (McEwen, Stellantis y Nuton) y San Jorge (Zonda Metals GmBH y Alberdi Energía)”, detalla.

La construcción de Bajo de la Alumbrera comenzó en 1993, a cargo de la empresa MIM Holdings, luego vendida a Xstrata. Tras la fusión con Glencore en 2013, la compañía suiza tomó el control del proyecto.

Glencore es también un histórico actor del negocio de granos en la Argentina a través de Viterra, su unidad recientemente vendida a Bunge. “La empresa es extremadamente diversificada, con un negocio minero muy fuerte y otro de trading. Es el principal productor de carbón en Australia, Sudáfrica y Canadá —destinado a la energía térmica y a la producción de acero—, y posee un negocio relevante de níquel y zinc, además de activos de cobre en la República Democrática del Congo, Chile y Perú”, enumera el ejecutivo minero.

“Aceleramos nuestro crecimiento en la Argentina por varios factores. Primero, por la demanda global de cobre, que es indiscutible y está respaldada por los precios. Además, la situación fiscal local se volvió más atractiva. Antes, el país tenía una carga tributaria considerablemente más alta que Chile y Perú, dificultades para pagar deuda externa y girar dividendos, y una estabilidad jurídica cuestionable”, señala Pérez de Solay.

“Hoy, con un esquema como el RIGI, la carga tributaria es similar a la de Chile y Perú. También hay un marco de estabilidad cambiaria que permite acceder al mercado de cambios y repagar las deudas necesarias para financiar estas inversiones”, agrega.

A precios actuales, la producción de 75.000 toneladas de cobre equivale a exportaciones por US$700 millones. “Eso es lo que generará la reapertura de Alumbrera en sus cuatro años de actividad, sin contar los ingresos por oro y molibdeno”, detalla.

Martín Pérez de Solay, CEO local de Glencore, expuso en Londres que la Argentina podría posicionarse entre los principales productores globales de cobre
Martín Pérez de Solay, CEO local de Glencore, expuso en Londres que la Argentina podría posicionarse entre los principales productores globales de cobreGlencore

Hoy el cobre no paga retenciones por exportación, aunque sí regalías del 3% a las provincias. Pérez de Solay subraya además que se trata de una industria que deja divisas a través de infraestructura —como caminos y líneas eléctricas—, compra de equipamiento y pago de salarios y proveedores.

Si bien Alumbrera y Agua Rica no están afectados por la Ley de Glaciares, la modificación de la norma es seguida de cerca para avanzar con El Pachón. “Si la ley no se aclara, la Argentina tiene que evaluar qué hace con tres cuartas partes del potencial mineral. Es necesario precisar una normativa que, tal como está redactada, por su falta de claridad, impide avanzar con esos proyectos. Lo importante es asegurar el desarrollo sin afectar las reservas estratégicas de agua ni las fuentes de recarga hidroeléctrica”, dice.

Glencore produce en total 850.000 toneladas de cobre anuales y apunta a llegar al millón en los próximos años. “La demanda industrial de cobre será cada vez mayor y queremos ser parte de ese mercado en expansión. El cobre es fundamental en ese proceso”, concluye Pérez de Solay.

Sofía Diamante

Techint evalúa cerrar la planta SIAT si se usan tubos chinos para exportar el gas de Vaca Muerta

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Paolo Rocca, líder del conglomerado Techint, evalúa bajar la persiana de la histórica planta SIAT Tenaris en Valentín Alsina si finalmente se eligen caños chinos para el gasoducto de 480 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina de San Antonio Este, el primer ducto dedicado exclusivamente a las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

La definición se conocerá en las próximas semanas, pero el mensaje ya llegó a los despachos oficiales: si Argentina impulsa exportaciones de GNL con insumos chinos, Rocca podría suspender la actividad en la principal fábrica de tubos del país.

La planta SIAT —inaugurada en 1948— emplea entre 300 y 400 trabajadores y hoy produce los caños para el proyecto Duplicar Norte. Pero el futuro está en suspenso.

Una licitación global que incomoda a Techint

El proceso lo lidera el Vehículo de Proyecto Único (VPU) San Matías Pipeline, presentado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Además de China, compiten empresas de India, España, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía.

La compra será para el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

  • La decisión se tomará exclusivamente por precio y competitividad.

El antecedente que disparó la alarma de Rocca

En noviembre arribaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños chinos revestidos de concreto, destinados a pequeños tramos onshore y offshore del sistema que conectará el gasoducto San Martín con la zona portuaria.

Ese embarque produjo una reacción inmediata. Tenaris viene cotizando entre 10% y 25% más caro que fabricantes internacionales, y esa brecha preocupa al empresario, que denuncia competencia desleal por parte de China.

En la industria señalan que el diferencial responde a la mayor calidad del acero de Techint, pero en proyectos de márgenes tan ajustados, ese argumento no siempre alcanza.

La amenaza explícita: cerrar SIAT si ganan los chinos

De acuerdo con fuentes del sector, Rocca considera una medida extrema: suspender la actividad en SIAT Tenaris si un proyecto argentino de exportación decide comprarle a China.

No sería solo un conflicto comercial. Para Rocca, sería una señal política y estratégica: Argentina optaría por exportar materias primas sin integrar valor industrial nacional.

La advertencia ya circula en el Gobierno. La respuesta oficial es directa: «Las licitaciones son transparentes y gana la mejor opción. El precio es clave».

Según reportó Ariel Maciel en Perfil, hay malestar en algunos sectores que entienen que Techint está presionando.

  • «Tenaris está presionando para ganar una licitación que aún está en curso. Creen que solo compiten con China, pero también hay otros proveedores con chances de ganar y ser más competitivos que ellos. De hecho, en las últimas licitaciones internacionales, Techint presentó costos por los caños que fueron 25% más caros que las ofertas más competitivas», señalaron a Perfil fuentes conocedoras del tema.

«Es una operación», dicen desde una empresa vinculada al desarrollo del proyecto.

El negocio del GNL: márgenes mínimos y presión por bajar costos

Los proyectos de exportación de GNL en todo el mundo trabajan con rentabilidades acotadas, y una diferencia de costos de 10% o 25% en los caños puede implicar sobrecostos de US$ 50 millones, lo que pondría en jaque la viabilidad del gasoducto.

El esquema de precios es claro:

  • Gas puesto en Río Negro: US$ 4,50 por MMBTU
  • Licuefacción: US$ 3
  • Transporte marítimo: US$ 1,20

Para ser rentable exportando a Europa, todo el upstream —desde Vaca Muerta hasta la costa— debe operar por debajo de US$ 2

Con ese mapa de costos, el precio del acero deja de ser un detalle.

Quién lidera el proyecto y por qué pesa China

El consorcio Southern Energy será el encargado del ducto y de las exportaciones.

La conducción está en manos de PAE, que tiene entre sus accionistas a la estatal china CNOOC, dueña del 25% en Bridas.

Por eso, para Rocca, que el proyecto termine comprando a China sería un doble golpe: competir contra precios más bajos y, además, perder un megacliente influenciado por Beijing.

Cómo sería la expansión del GNL argentino

Southern Energy planea exportar:

  • 2,45 MTPA de GNL desde 2027 vía el barco Hilli Episeyo.
  • +3,5 MTPA adicionales desde 2028 mediante el barco MK II.
  • El negocio total podría generar US$ 2.500 millones por año.

Mientras tanto, YPF avanza con ENI (Italia) y XRG/Adnoc (Emiratos) en un proyecto aún más grande para 2029-2030, estimado en US$ 12.500 millones, aunque la salida de Shell encendió alarmas.

Vaca Muerta, GNL y la batalla silenciosa por la industria local

Lo que está en juego no es solo un contrato: es el rol de la industria metalúrgica argentina en la cadena de valor del GNL.

Si China se impone por precio, Techint anticipa un riesgo sistémico: pérdida de actividad, caída de empleo y dependencia creciente de insumos importados.

Si Argentina obliga a comprar local, el riesgo es otro: proyectos menos competitivos y exportaciones que podrían no ser rentables.

Esa tensión —industria vs. competitividad— quedó al rojo vivo.

“No podés sustituir las indemnizaciones con un contrato donde no exista el concepto de indemnización”

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Eduardo Levy Yeyati es un economista muy respetado por sus colegas. Aún por los heterodoxos, que dicen «Liberal pero inteligente». Escribió en 2018 el libro Después del trabajo: El empleo argentino en la cuarta revolución industrial y desde entonces se ha convertido en uno de los economistas consultados cuando aparecen proyectos de reforma laboral, lo que sucede con frecuencia monótona. Esta entrevista es de octubre de 2021, cuando la promovía Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau a la cabeza. Sus respuestas siguen siendo de interés.

¿Qué opina del proyecto de eliminar la indemnización por despido? Si uno mira Latinoamérica, no necesariamente una mayor flexibilización laboral trae mayor empleo en blanco…

Primero hay que definir flexibilización. O sea, hay dos tipos de flexibilización cuando uno habla de las relaciones laborales. Una se denomina flexibilización interna, que es básicamente flexibilizar las condiciones de convenio, cuántas horas trabajadas, el fondo de horas, la movilidad geográfica, en fin, todas las condiciones de trabajo se pueden flexibilizar más o menos. Después está la flexibilización externa, que tiene que ver con los costos de entrada y salida. Si vos mirás el caso de Dinamarca, no hay costos de salida, no hay indemnización, pero como contraprestación vos tenés un seguro de desempleo que ahora constitucionalmente no puede ser menor a dos años y tenés una tasa de reemplazo del seguro de desempleo mucho más alta y mucha formación profesional. De modo que la gente que está bajo el seguro de desempleo rápidamente se reinserta. La idea es no dar estabilidad laboral sino estabilidad del ingreso de los trabajadores. En Dinamarca funciona. No digo que funcione en un país como la Argentina, pero sí en algunos lugares de Europa. Es el régimen que la Unión Europea proclama como el modelo a seguir en toda la zona del euro. Ahora, miremos lo que pasa en la Argentina. Ha habido algunos proyectos que apelan a esta flexibilización externa, pero pasan algunas cosas por alto. La idea de flexibilización externa en Argentina tiene que ver, a mi juicio, con reducir, no el costo laboral, sino el riesgo legal y político que tiene el empleador en relación al costo de salida de sus trabajadores. El riesgo legal es básicamente el riesgo de litigio, que el trabajador y el abogado laboralista terminen cobrando mucho más que lo que fija la ley de contrato de trabajo. Y el riesgo político es que, en el caso de una recesión en donde aumenta la presión para despedir, las empresas tienen menos dinero, pero te impongan la prohibición de despidos o te suban la indemnización. Entonces vos decís que la ley de contratos de trabajo paga un mes por año trabajado, pero seguramente, cuando quiera reducir la planta, me van a imponer un costo adicional para reducir los despidos. Desde el punto de vista macro, está bien. Desde el punto de vista del empleador, implica que el costo es el doble o el triple. El régimen que he estado proponiendo tanto para los independientes como para ciertos contratos laborales en la emergencia laboral tiene que ver con reducir esos riesgos. Vos no podés sustituir las indemnizaciones con un nuevo contrato donde no exista el concepto de indemnización. Por varias razones: una de ellas es que perderían los trabajadores derechos adquiridos, pero aparte porque políticamente es inviable, no sería aceptado ni por el movimiento sindical ni por la Corte Suprema. Lo que podés es proponer un régimen paralelo de emergencia. Estamos en una emergencia laboral. Veníamos sin crear empleo y la pandemia destruyó muchos empleos a pesar de la prohibición de despidos. Estaremos en algún momento sacando la prohibición de despidos, con lo cual posiblemente se destruyan más. Entonces tiene sentido proponer un régimen opcional, en el sentido que tiene que estar avalado por cada uno de los convenios. La idea es que no reemplace al actual, sino que sirva para los nuevos trabajadores jóvenes que hoy no consiguen empleo, los trabajadores adultos desplazados por la pandemia. Puede ser que algunos gremios digan “no necesitamos eso”, pero hay varias ramas en donde los mismos dirigentes sindicales saben que están perdiendo miembros porque no se crean trabajos.

¿En qué medida la flexibilización de las normas laborales generan más trabajo o más trabajo en blanco?

Cuando vos tenés un problema con varias causas, si vos atacás una de las causas, algún efecto positivo va a tener, pero no necesariamente vas a eliminar las otras causas. En Argentina, Latinoamérica y el mundo en desarrollo cuesta crear empleos formales. De hecho, nosotros tenemos un nivel de precarización inferior a la media latinoamericana. Hay un caso excepcional, Uruguay, que es muy formal, pero en la mayoría de los casos hay poco empleo formal y la Argentina se está acercando a eso. La cantidad de empleo formal privado está estancada hace más o menos diez años y representa una proporción menor del trabajo. Entonces no vamos a resolver eso con flexibilizar la salida. Sí puede ayudar en el margen. Si vos comparás entre países el índice de flexibilización, ese índice incluye las diferentes definiciones de flexibilización, no sólo las del costo de salida. Pero aparte estás comparando entre países que sufren el mismo problema y las causas de esos problemas no necesariamente son la flexibilización. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad. La mayor parte de los empleos informales está en microempresas de hasta cinco empleados. ¿Por qué son informales? ¿Porque son caros? No. ¿Por que el microempresario es negrero por naturaleza? No, es porque el sistema tributario argentino en muchos casos hace que, por la baja productividad de esas empresas, no puedan estar en blanco. Entonces no hay mucho que puedas hacer desde el lado de la oferta de trabajo para blanquear a esta gente. Uno tiene que tener muy en claro cuáles son las causas del problema laboral, porque si no, vas a estar tocando botones sin ninguna respuesta. Entonces vos querés facilitarles la entrada, pero después tenés que formarlos para que esos trabajadores tengan las competencias que demanda la empresa. Flexibilizás, incluso bajando el costo laboral, como muchas veces se ha hecho con reducción de cargas, pero eso no te va a generar un impacto visible en la demanda laboral si no resolvés las otras causas. Al final del día tampoco vas a generar empleo para toda la gente que está excluida. Ya es hora de reconocerlo. No me canso de decirlo. Vos tenés que pensar en aumentar la demanda de empleo formal, pero, por otro lado, tenés que pensar cómo resolver la situación de gente que nunca va a tener en su vida útil un empleo formal. Pensar que con una ley vas a resolver un problema que tiene cinco, seis, siete causas estructurales, me parece que es demasiado ingenuo y que empantana la discusión, porque vos tenés que estar discutiendo todas esas causas y sus remedios simultáneamente.

¿Cómo se crea empleo en blanco? ¿Fomentando sectores de avanzada, como Toyota o exportadores de economía del conocimiento, que no alcanzan a cubrir las vacantes? ¿Y qué hacer con los trabajadores de la economía popular?

Tenemos que tener en cuenta que hay una heterogeneidad en el mercado laboral. Tenés casos como la industria basada en el conocimiento, software, las empresas tecnológicas y también el caso de Toyota, que son muy rentables, cuya falta de creación de empleo no tiene tanto que ver con el costo. De hecho, hay un exceso de demanda. Entonces te tenés que preguntar por qué a Toyota o a la fintech o a la empresa de software le cuesta conseguir gente y es un problema muchas veces de formación. En el caso de Toyota fue muy claro, tampoco era trabajo calificado, lo cual hace más valioso lo de Toyota. Porque tenemos mucha oferta de trabajadores de calificación media y baja. Toyota quería secundario completo y no encontraba graduados que tuvieran las competencias mínimas que necesitaba para un trabajo de calificación media. Tenías el título, pero no sabías interpretar las instrucciones. Entonces hay un problema de formación. Podés facilitar la entrada en algunos casos con el tema de la pseudo flexibilización externa, pero después tenés que tener un instituto de formación profesional que profesionalice la formación laboral, tendrías que tener mejor secundario. A esos chicos que ya salieron del secundario no lo pueden mandar de vuelta al secundario. Estos empleadores no te van a pedir menos salario, ni siquiera te van a pedir más flexibilización, te van a pedir que tengan las competencias. Para las microempresas, sí tenés que generar un régimen para formalizar. No podés pedirle a la empresa de cinco trabajadores que trabaja con un nivel de productividad muy modesto que tenga el mismo régimen, con una altísima cantidad de impuestos, con un montón de costos de transacción, de producción, de información tiene hoy el régimen tributario argentino. No sólo no les dan los números, ni siquiera saben cómo hacerlo. Tenés que armar un régimen para esa empresa que se hace esa empresa. Cada uno de estos problemas no tiene una solución sino varias, no hay una bala para todos. En el caso de la economía popular, hay típicamente dos visiones. Una, que trata de insertar a los actores en la economía general. Es la visión del empalme. Es muy difícil hacer empalmes, pero hay muchos programas, de hecho hay uno vigente ahora, donde el Estado le paga parte del sueldo y lo empuja a entrar en un empleo formal por un tiempo. Después retira la ayuda. El éxito de estos programas ha sido muy modesto. De 500 mil trabajadores, empalman 5.000 o 6.000. Cuando retiras el auxilio, no funciona. Puede ser que sea la formación: muchos trabajadores no la tienen. Entonces la gente que mira eso dice “bueno, olvidate, nunca van a tener suficientes empleos en la economía moderna, tenemos que resolverlo por afuera”. El problema de resolverlo por afuera es el siguiente. Primero, desde el punto de vista moral, es desigual. Es asumir que vas a tener ciudadanos o trabajadores de primera y de segunda, porque los que están por fuera van a trabajar con menos recursos, menos productividad, menos ingresos y van a estar permanentemente subsidiados por el Estado. Lo segundo es que no tenés el dinero para ese equilibrio, porque ese subsidio permanente de un millón, dos millones de trabajadores, te cuesta más y aparte retroalimenta la precarización y la exclusión, porque los hijos de esos trabajadores también van a estar en eso y van a ir creciendo proporcionalmente más que el resto. Es un punto insostenible. Aparte, no te olvides de que ninguno de ellos aporta al fisco. La respuesta no es simple, pero hay algunos ensayos que me parece que son más razonables. Por ejemplo, muchas de estas gentes tienen trabajos informales, de cuentapropismo. Entonces vos querrías no darles el cheque y que ellos se arreglen. Entonces le das un préstamo para que compren mejores máquinas, les facilitás un lugar de exposición de sus productos, le das conocimientos sobre cómo hacer para que las condiciones sanitarias los hagan disponibles. Estas ayudas son tanto para los productores de los barrios vulnerables de la capital como para los microproductores turísticos del NOA. El tema es qué sabe hacer el Estado argentino. Básicamente dos cosas: perdonar impuestos o dar subsidios y transferencias. Pero cuando los bajás a la territorialidad, ¿por qué no vas a formar al tipo que hace la comida típica en La Rioja o al tipo que cocina en el Barrio 31? ¿Por qué no le preguntas qué cosas necesita y lo complementás? Hacés un microempresario, aunque sea por arriba de la línea de subsistencia, para liberarlo del cheque. Al Estado le cuesta muchísimo hacer eso. No tiene gente, no le interesa. No es cuestión de tirarles un cheque por la cabeza y decirles “bueno, ya está, arréglense ustedes, autoorganícense”. Porque la autoorganización de la economía popular es una ilusión. La gente no está autoorganizada y hay organizaciones de base que reclaman una transferencia a través del cheque. Pero esas organizaciones de base hacen bastante poco para generar empleo sustentable. Tienen algunas cooperativas, hacen algunas actividades, pero acá estamos hablando de millones de personas y te puedo asegurar que esas millones de personas se las arreglan por las suyas y eso es por falta de Estado. Entonces vos querés una política que haga viable esas actividades. El Estado tiene que bajar, acompañarlos, formarlos y hacer esas actividades más viables.

Algunos dicen que para crear más empleo se necesita crecimiento económico como el que hubo después de 2001. ¿Cómo se recrea el crecimiento?

Hay dos temas. Uno es que el crecimiento que vos viste a partir de mediados de 2002, en gran medida, fue una recuperación de una crisis. La caída del desempleo se debió a que venías de un 25% y bajaste a niveles de 10%, incluso a un dígito. Eso no se debió a ninguna política en particular, sino a un rebote muy acelerado. La gente que había quedado despedida fue reinsertada. Nosotros no estamos ahí ahora. Eso no va a pasar. Nosotros tuvimos crecimiento tres o cuatro trimestres seguidos, del segundo de 2017 al primero de 2018, antes de la crisis, a una tasa de 3,7% y no creamos empleo privado. No se da naturalmente, no en un país con todas las trabas al empleo privado que tiene la Argentina. No es sólo crecimiento lo que necesitas, necesitás promover la creación de empresas, necesitas que las empresas pequeñas crezcan y generen más empleo. Tenemos un problema de enanismo empresario. Necesitás que las microempresas se formalicen. Necesitás un nuevo régimen tributario adaptado a la realidad nuestra. Y necesitás también condiciones laborales que faciliten la inserción y que sean creíbles en el tiempo. Si el empleador piensa que esto va a durar dos años, tampoco va a servir para nada.

El economista Eduardo Levy Yeyati.
El economista Eduardo Levy Yeyati. Universidad Di Tella.

Va a ser difícil que alguien crea que va a durar más de dos años porque cada cuatro años cambia todo en este país.

Sí, no te estoy diciendo que sea fácil. Estamos en problemas estructurales en el sentido de que hay falta de credibilidad.

Alejandro Rebossio

Milei ordenó votar en las Naciones Unidas contra el cooperativismo

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El gobierno de Javier Milei sumó el lunes un nuevo y resonante papelón a nivel diplomático al votar en contra de la Resolución “Las cooperativas en el desarrollo social” en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Esta resolución, que celebra y promueve el papel de las cooperativas a nivel global, fue aprobada con una abrumadora mayoría de 179 votos a favor, registrando solo tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Los tres países tienen un histórico desarrollo de la economía cooperativa.

La posición argentina generó sorpresa e indignación en el sector. En especial, si se considera el profundo arraigo y la vitalidad del movimiento cooperativo en el país, así como el hecho de que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, esté presidida por un argentino: Ariel Guarco.

El veto de Argentina a una iniciativa que busca fortalecer herramientas probadas para el desarrollo social y económico contrasta fuertemente con la realidad del país. Las estadísticas oficiales indican que existen cerca de 20 mil cooperativas activas en Argentina, que nuclean a aproximadamente 18 millones de asociados. Estas cifras no solo demuestran la extensión del movimiento, sino también su rol crucial en la economía local.

La resolución de la ONU

La resolución de la ONU da cuenta de lo actuado durante el Año Internacional de las Cooperativas 2025 y exhorta a los gobiernos de todo el mundo a brindar un apoyo activo a estas entidades. El texto insta a los países a reforzar el ecosistema empresarial para las cooperativas, y las reconoce como “empresas comerciales sostenibles y pujantes”. También promueve que sigan contribuyendo a la generación de empleo decente, la erradicación de la pobreza y del hambre, la educación y la protección social (incluida la cobertura sanitaria universal). 

La resolución impulsa la inclusión financiera y la creación de opciones de vivienda asequibles en zonas urbanas y rurales. Y apunta a examinar la legislación y los reglamentos vigentes para hacer que el entorno jurídico sea más propicio a su creación y crecimiento, mejorando aspectos clave como el acceso al capital, la autonomía, la competitividad y la tributación justa. Todos estos objetivos parecen haber desencadenado el rechazo del gobierno de Milei.

ONU

La paradoja del liderazgo argentino a nivel global

La decisión de la delegación argentina es aún más incomprensible si se atiende al rol de liderazgo que ejerce el país dentro del cooperativismo global. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, representa a 315 federaciones y organizaciones en 107 países, sumando a más de mil millones de personas en todo el planeta. Esta inmensa red de tres millones de cooperativas a nivel global es responsable de la creación de empleos para el 10% de la población activa mundial.

Desde 2017, la ACI está presidida por el argentino Ariel Guarco, reelecto en 2022 y proveniente del cooperativismo de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de Guarco y la ACI se ha centrado en posicionar al cooperativismo como una herramienta fundamental para brindar soluciones a los grandes desafíos del planeta, incluyendo la generación de trabajo, el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente.

La proclamación del 2025 como Año Internacional de las Cooperativas por parte de la Asamblea General de la ONU, bajo el tema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, a solo trece años de la celebración anterior, subrayaba la importancia que el organismo global le otorga a este modelo.

El voto negativo del gobierno de Milei no solo va a contramano de la tradición argentina, sino que también desoye el llamamiento de la comunidad internacional a apoyar un modelo que, a nivel mundial, ha demostrado ser un motor de desarrollo sostenible y una fuerza para la inclusión. Al unirse a una lista de solo tres países en contra, Argentina se aísla de la posición de la vasta mayoría de las naciones en un tema que, paradójicamente, cuenta con un líder argentino al frente de su máxima representación internacional.

Manuel Barrientos

Meloni se suma a Macron para enfriar el acuerdo UE – Mercosur. Lula lanza un ultimátum

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumó al pedido de su par francés, Emmanuel Macron, al pedido de aplazamiento del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea (UE). Desde Brasil, el presidente Lula da Silva sentó una clara posición si no se firma en los próximos días.

La presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, pretende firmar el convenio este sábado 20 de diciembre en la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Brasil, pero primero el visto bueno del Consejo de la UE.

«Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días», declaró Meloni en un discurso al Parlamento, ya que algunas salvaguardas solicitadas para proteger a sus agricultores «no han sido concluidas», informó AFP.

Sin embargo, Meloni se mostró «muy confiada» en que a principios de 2026 estarán dadas las condiciones para firmar este acuerdo entre la UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La oposición de Roma cayó como un balde de agua fría para la Comisión, que insistió en los últimos días en la importancia de sellar el acuerdo antes de fin de año. Junto con Francia, Polonia y Hungría, Italia puede formar una minoría de bloqueo entre los 27 Estados miembros de la UE, lo que impediría que se examinara el acuerdo esta semana, indicó AFP.

«Los jefes de Estado y de gobierno debatirán el tema en la cumbre europea» de este jueves 18, aseguró a la AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión.

OTAN Ursula von der Leyen 18082025

El ultimátum de Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Macron y a Meloni que asuman «sus responsabilidades»,lanzó una especie de ultimátum a los europeos.

«Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente», sostuvo durante una reunión ministerial en Brasilia. «Si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos».

El pacto UE-Mercosur, negociado desde 1999, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina.

Al igual que España, Alemania instó a firmar el tratado esta semana y su jefe del Gobierno, Friedrich Merz, prometió ejercer una presión «intensa» sobre sus socios europeos el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, instando a no «regatear» en los grandes tratados comerciales.

Un diplomático europeo admitió de forma anónima antes de la cumbre que «la situación puede ponerse muy tensa». «Si hubiera una voluntad de imponerlo por parte de las instancias europeas, Francia se opondría de manera muy firme», afirmó Macron este miércoles, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El dirigente francés se encuentra bajo una fuerte presión para detener la firma del pacto ya que el conjunto de la clase política es unánime contra el acuerdo en su forma actual.

Los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción.

París, por eso, pide una «cláusula de salvaguarda» en caso de perturbación del mercado, así como medidas «espejo» para que los productos importados respeten las normas ambientales y sanitarias de la UE y controles sanitarios reforzados.

Protestas en Bruselas

El líder del primer sindicato agrícola francés, FNESA, Arnaud Rousseau, llamó a Macron a «votar no» si el acuerdo se somete a votación el jueves, cuando se espera una manifestación de 10.000 agricultores en Bruselas.

Para tranquilizar al sector, la UE añadió medidas de salvaguarda: un seguimiento de productos sensibles como la carne vacuna, las aves de corral o el azúcar, y la promesa de intervenir en caso de desestabilización del mercado.

Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ya se designó su reemplazo

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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informó, a través de un comunicado que transcribimos, que en el día de ayer el Dr. Ing. Germán Guido Lavalle presentó su renuncia como titular del organismo, cerrando una etapa de 2 años de gestión en la que alcanzó una serie de hitos que revalorizaron el sector nuclear.

Entre otras cosas, se impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP); se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y se posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.

En consecuencia, el Secretario de Asuntos Nucleares, Dr. Federico Ramos Napoli, designó al Ing. Martín Porro como nuevo Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Con 30 años de experiencia en el sector, el Ing. Porro ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general.

Asimismo, ha liderado proyectos de eficiencia energética tanto en la Secretaría de Energía de la Nación como a escala internacional. En el último año se desempeñó como Gerente de Producción de Dioxitek S.A., consiguiendo un récord histórico de producción de Dióxido de Uranio (UO2) este año.

Su designación inaugura una nueva etapa que buscará potenciar al máximo las capacidades del sector, reorganizando y eficientizando los recursos estratégicos de esta Comisión.

¿Un Megacentro de datos en la Patagonia? AgendAR evalúa el proyecto que se anuncia

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Para evaluar la seriedad del proyecto que se anuncia en los medios locales desde hace dos meses, nos basamos en la información disponible hasta hoy.

¿De qué se trata este proyecto? Se refiere a un acuerdo de intención (Letter of Intent) firmado en octubre de 2025 entre OpenAI y la empresa argentina Sur Energy (fundada por Emiliano Kargieman —conocido por Satellogic—, Matías Travizano y Stan Chudnovsky). 

El objetivo es explorar la construcción de un gran centro de datos para IA en la Patagonia argentina, con una inversión potencial de hasta US$ 25.000 millones. Se lo presenta como parte de oportunidades en energías renovables y como un proyecto que podría generar empleos y posicionar a Argentina en la IA global (incluso se lo vincula en algunos medios al «Stargate» de OpenAI, aunque no está confirmado como tal).

Importante: Es solo una carta de intención para «explorar» el proyecto, no un compromiso firme ni inversión ejecutada. No hay evidencia pública de fondos transferidos, contratos definitivos o avances concretos en los últimos dos meses.

¿Qué dicen medios de EE.UU. o Europa?La principal fuente internacional es el blog oficial de OpenAI (octubre 2025), donde anuncian el LOI (carta de intención) y lo describen como una oportunidad exploratoria.

Hay menciones en sitios menores o especializados de EE.UU., como The Real Deal (enfocado en bienes raíces) o blogs independientes (uno escéptico titulado «Smoke & OpenAI Mirrors», que sugiere que podría ser más promoción que realidad).

No hay cobertura significativa en grandes medios estadounidenses o europeos como TechCrunch, Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian o la BBC. 

La mayor parte de la difusión está en medios argentinos/latinoamericanos (La Nación, Buenos Aires Times, Buenos Aires Herald, etc.) y sitios regionales, donde se presenta con entusiasmo, alineado con las políticas del gobierno de Milei para atraer inversiones en IA.

Datos positivos: Está involucrada OpenAI directamente (no es solo rumor), Kargieman es un emprendedor reconocido en el sector espacial/IA, y Argentina tiene ventajas en energía renovable para data centers.

Preocupaciones: Es solo una intención no vinculante. Muchos proyectos similares quedan en nada (es común en anuncios de esta escala). Pasaron dos meses sin noticias de avances concretos o cobertura  internacional amplia, lo que sugiere que, por ahora, es más aspiracional y promocional (impulsado por el gobierno de Milei) que un proyecto en marcha.
La falta de interés en medios globales clave indica que no se lo ve aún como un desarrollo mayor en el ecosistema tech internacional.
No hay «inversiones reales» confirmadas hasta ahora.

En resumen, el proyecto genera entusiasmo local, pero parece prematuro considerarlo «serio» en términos de ejecución. Es una oportunidad interesante, pero con alto riesgo de que no se materialice pronto. Si surge algo nuevo (por ejemplo, un acuerdo definitivo), cambiaría el panorama.

Redacción de AgendAR

Argentina en el mar VIII – ¿Que pasó con el ARA San Juan?

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«Publicado en El blog de Abel el 9 de diciembre de 2017»

Este posteo surge de un video que me hace llegar un visitante de este blog, que usa el nic Leo. En sus palabras «Sale de un foro de entusiastas de simuladores de submarinos que suele tener gente que ha prestado servicio en ellos. El tipo afirma que prestó servicio como sonarista en la armada de EEUU durante más de 20 años y hace un análisis de los pictogramas que publicó CTBTO».

CTBTPO es la sigla (en inglés) de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Es el organismo que monitorea todo el planeta, continentes y mares. Y es el que brindó los datos al gobierno argentino y a la Armada sobre una explosión no nuclear en la fecha en que se perdió contacto con el San Juan, en la zona, aproximadamente, dónde podría estar navegando. Este reportaje al Embajador Rafael Grossi -el argentino que más conoce del tema- da los detalles del asunto.

Ahora, lo que dice el video es una interpretación de esos datos. Se lo hice llegar a Daniel Arias, que puede evaluarla mucho mejor que yo. Este es su informe, que decidí sumar a los capítulos «Argentina en el Mar» que estoy publicando en el blog (A quienes les interese, cliqueen en la categoría «ciencia y técnica», en la columna a la derecha).

Hay algo peor que perder un submarino

Los interesados en saber qué pasó con el submarino ARA San Juan, (SUSJ, SUbmarino San Juan) son, además de más de 40 millones de argentinos, muchas otras personas en el resto del planeta. Especialmente en los Ministerios de Defensa (como les dicen ahora a los viejos Ministerios de Guerra y Marina). El TR-1700 de Thyssen era, pese a su diseño «setentista», un submarino de excelencia probada en más de una maniobra militar internacional. Aunque hasta el 15 de noviembre de este año sólo había 2 en funciones en todo el planeta, esta fuerza tan reducida todavía tenía un potencial de disuasión.

Por eso el asunto se ha vuelto mundial y hay tantos interesados en encontrar los restos del SUSJ y hacer su autopsia. Entre muchas versiones conspirativas, algunas francamente estúpidas, resulta interesante una que circula por Youtube, volcada en este video.

Los lectores anglófonos y pacientes encontrarán un largo análisis de los datos de hidrofonía de la red mundial del CTBTO. Ese es un organismo internacional civil, dirigido contra la proliferación de armas nucleares. Depende de las Naciones Unidas, y su función única y exclusiva es detectar, medir y triangular con exactitud en el mapamundi explosiones subterráneas mediante sismógrafos, y submarinas mediante hidrófonos. Es una red sumamente sensible, ya que logró detectar y ubicar un evento de una energía mucho menor que la de una explosión nuclear.

El video al que remito a los anglófonos, tecnófilos y pacientes consta de muy pocas imágenes y un largo audio en el que habla un tal «Jive Turkey», aparentemente un ex submarinista de la US Navy. No pude encontrar objeciones intelectuales a sus conclusiones, aunque no conozco al individuo ni puedo certificar su existencia real o su credibilidad. Es una hora y media de elucubraciones y conclusiones personales de alguien que parece convincentemente experto, sobre un total de 7 minutos de imágenes hidrofónicas del CTBTO. Ese organismo no las confirma ni niega.

A los argentinos nos interesa, porque la conclusión técnica más importante es que el SUSJ no fue atacado por un torpedo, sino que se accidentó, y añadió su nombre tardíamente a una lista larguísima de sumergibles y submarinos de decenas de naciones perdidos por problemas de baterías. La escasa información que pueden tener para legos como nosotros los procesos de indagación y deducción del tal Jive Turkey (si existe!) es que se van construyendo de un modo muy parecido al que anima la mente de un detective, un científico o un forense. Ignoro si son la verdad, pero resultan verosímiles.

Jive Turkey va descartando hipótesis a las que inicialmente da alguna credibilidad, y cerrando el campo de búsqueda hasta que tiene su momento «Eureka», de revelación. Resumo sus ideas centrales para los impacientes: olvídense de torpedos ingleses. Tampoco argentinos: no parece haber estallado espontáneamente ninguno de los que el SUSJ llevaba a bordo, como sucedió con el submarino nuclear ruso Kursk el 12 de agosto de 2000, y probablemente también, pero mucho antes al USS Scorpion, el 30 de junio de 1968 (la US Navy no dice «esta boca es mía» al respecto, Jive Turkey sí).

La hidrofonía del estallido de un alto explosivo en un gráfico es una espiga, breve, seca y dura como la de un martillazo. Más allá de su energía, lo importante es la distribución de esa energía en el tiempo: no hay una rampa ascendente y otra descendente. Por el contrario, esa rampa sí aparece en el primer registro sónico del accidente del SUSJ captada por los hidrófonos pertenecientes al CTBTO de la Isla de Ascensión, en medio del Atlántico, y los de la isla Crozet, en medio del Océano Índico.

Esa rampa ascendente y descendente de energía, que dura varios segundos, es consistente con la deflagración de hidrógeno molecular (H2) dentro del casco de presión del SUSJ. Como evento probable, sería secundario a las reacciones químicas incontrolables entre el agua de mar, con su carga de cloruro de sodio , y el combo de ácido sulfúrico y plomo de baterías convencionales.

Ya estas reacciones son en sí incendiarias e involucran arcos eléctricos de enorme amperaje. Pero la combinación del hidrógeno liberado con el oxígeno atmosférico interior del submarino, que forma agua, es de las más exotérmicas de toda la química orgánica. Más allá de su energía termomecánica y sónica, esa deflagración sí puede tener la forma de rampa que identifica Jive Turkey en el primer registro. Algo explotó, pero de un modo muy distinto al de un torpedo o mina.

El segundo evento sónico significativo captado por HA10, el hidrófono de Ascensión (el más perfecto), es de menor energía pero se prolonga aproximadamente 20 segundos. Jive Turkey tira varias hipótesis hasta que le sobreviene una revelación: es algo que ha escuchado más de una vez como hidrofonista. Está seguro de que es un intento de «soplado», el más importante mecanismo de rescate de un submarino en emergencia.

El soplado consiste en vaciar los tanques de balasto, que cuando se inundan de agua de mar le dan flotación negativa al submarino y lo sumergen. Este vaciado se hizo durante la mayor parte de la historia submarinística con la inyección de aire comprimido contenido en botellones, que desaloja el agua como un pistón. En el SUSJ, innovador para su época, esa función eyectiva la cumplía una carga de hidracina, un combustible líquido aeroespacial de segunda generación cuya oxidación genera enormes volúmenes de gases de combustión a presiones muy altas.

El intento de «soplado» sucede un minuto y veinte segundos después de la explosión inicial. Eso significa, para Jive Turkey, que durante ese lapso el submarino estuvo probablemente hundiéndose, pero adentro del casco de presión había todavía gente viva capaz de accionar ese mecanismo de autorrescate. En un submarino todo el mundo sabe hacer casi todas las tareas, el grado de preparación técnica es muy superior al de una nave de superficie.

Alguien estaba vivo y trató de «soplar» los tanques. Un submarino no se autorrescata en forma automática cuando sus sensores detectan una emergencia. Eso lo podría devolver a la superficie bajo ataque enemigo, e incrementar las posibilidades de su aniquilamiento o captura.

De un modo bastante desgarrador para cualquier argentino, y para casi todo submarinista de cualquier país, el «soplado» falla. Eso probablemente significa que el casco externo del submarino estaba averiado, y los gases de combustión de hidracina que debían vaciar de agua los tanques se perdieron por los agujeros, venteándose en el mar. No pudieron «inflar» los tanques de lastre y darle flotabilidad positiva.

Hay más eventos sónicos posteriores, de baja intensidad pero cierta duración, que Jive Turkey duda bastante en atribuir a impacto contra el fondo. No está seguro, pero esos ruidos le parecen más bien consecuencia del «crumpling» a aplastamiento lento de un casco de presión compartimentado. Esta implosión, inevitable en un TR-1700 a más de 600 metros de profundidad, no es un evento instantáneo. Como forma de muerte, es impiadosa.

Todo lo que dice el tal Jive Turkey cierra bien con la data técnica del TR-1700. Es un submarino oceánico, de ataque estratégico a larga distancia, que logró hacer viajes de hasta 18.000 km. a profundidad de snórkel, y es bueno haciendo eso, pero en general en aguas más profundas.

El TR-1700 no se lleva demasiado bien con oleajes de 8 metros, como imperaban el 15 de noviembre de 2017 en la zona en la que presuntamente se accidentó. En realidad, este oleaje puede serle fatal a cualquier submarino de propulsión diésel-eléctrica, salvo que sea un modelo diseñado con casco en «V» para navegar mayormente en la superficie, como la mayoría de los modelos de los U-Böoten alemanes de la 2da Guerra. En el ventoso y ripioso Mar Argentino, lo mejor es navegar DEBAJO de la profundidad de snórkel, pero para eso se necesitan sistemas de potencia sofisticados, como el AIP o el nuclear, ambos superiores al diésel-eléctrico, que ya cumple un siglo en funciones.

Nuestra plataforma submarina tiene aguas bajas y sometidas a vientos extremos. El oleaje resultante es brutal. Con una galerna, el oleaje llega a tapar 5 metros el snórkel, cuyo sistema de cierre no es perfecto y termina aspirando agua. El asunto es cuánta aspira, y adónde va a parar y cómo se la saca. Los bancos de baterías son una masa considerable: cada unidad pesa 500 kg. y hay 960. Están situados en el nivel más inferior de un TR-1700, que tiene dos cubiertas, para equilibrar mejor la nave. El agua ingerida por el snórkel puede ir a parar ahí, y si hablamos de toneladas, el peligro electroquímico es enorme.

Viajar con un TR-1700 bajo oleaje extremo a profundidad de snórkel no es únicamente peligroso, sino doloroso y discapacitante para la gente. Cuando el snórkel se obtura para impedir o limitar el ingreso de agua de mar, los motores diésel absorben instantáneamente tanto aire que la presión atmosférica dentro del submarino baja de 1030 milibares a 700. La tripulación siente que le revientan los tímpanos hacia afuera. Cuando eso sucede varias veces por minuto durante horas y días, es bastante enloquecedor. Los submarinistas no son únicamente personas muy capacitadas por sobre su jerarquía y función nominal, experta en convivencia y anormalmente tranquila en las emergencias, además de insensible a la claustrofobia. Son además gente de un estoicismo superlativo.

Oceánico como el TR-1700 o costero como el HW Tipo 209, bastante más chico y una década y media más viejo, ambas clases de submarino argentino son resueltamente malas para navegar en superficie. Casi no tienen «obra muerta» emergente de la línea de flotación. Apenas si sobresalen del agua con sus «velas» y los tubos ubicados sobre la misma: snórkel, periscopio, antenas de radar y comunicaciones.

Un sub diésel-electrico de posguerra es poco marinero en la superficie porque es cilíndrico como un zepelín, o más bien como un cigarro «figuerado». Eso en inmersión lo vuelve muy hidrodinámico, silencioso y capaz de desviar las pulsos sónicos de un sonar activo. Pero ese diseño, en superficie y con mal tiempo, lo hace rolar locamente a babor y a estribor, lo que significa que dentro de los espacios habitados todo tripulante que no esté amarrado a su cama o a su asiento ante su puesto de combate, puede partirse la cabeza o fracturarse algún miembro.

De modo que con mar gruesa y por elegir entre peor y meramente malo, es preferible avanzar a profundidad de snórkel, entre 20 y 40 metros según los distintos modelos y marcas, y arriesgarsee a una mojadura y eventual inundación de baterías, si el viaje es largo y la tempestad de viento en superficie duran demasiado.

La verdad es que los únicos subs que soportarían bien condiciones de bajo fondo, alto viento y oleaje terrible (como imperan en el Mar del Norte o en el Mar Argentino) son los que tienen propulsión anaerobia, o AIP, Air Independent Power. El AIP consiste en una planta electrógena térmica no convencional (puede ser un motor Stirling, uno de ciclo abierto o una «fuel cell») para recargar las baterías y moverse a una velocidad modesta (5 nudos), pero eso sí, tranquilamente y sin sacudidas. Esto se hace a la profundidad que sea conveniente para evitar la detección.

Nuestro SUSJ, así como su gemelo sobreviviente, el ARA Santa Cruz, mostraron ser muy silenciosos y maniobrables. En ocasión de combates simulados contra otras flotas de las Américas, a fines de los ’80 y principios de los ’90, lograron ponerse a distancia de tiro sin ser detectados, y «hundir» dos veces a un submarino nuclear estadounidense Clase Los Ángeles. Lo mismo le pasó al portaviones nuclear US CV Nimitz: la considerable escolta de fragatas y destructores que lo rodeaban no se percataron de su presencia.

Nuevamente, esto explica las causas del interés internacional por la pérdida del SUSJ. Sólo había dos TR-1700 en el mundo, pero seguían siendo temibles por su sigilo, alcance, sensores y capacidad de fuego: podían disparar salvas de más de 6 torpedos guiados por minuto. En 1992 y si la cosa hubiera sido guerra y no maniobras, el Nimitz no habría tenido chances.

Y eso que estamos hablando de una versión muy moderna de un concepto muy viejo. Cuando no usan sus motores diésel, los AIP son aún más silenciosos, prácticamente indetectables para hidrófonos y sonar. En varios ejercicios de guerra recientes, el Götland, un pequeño AIP sueco, se cansó de hundir al superportaviones nuclear yanqui USN Ronald Reagan sin siquiera ser detectado por la tupida escolta perimetral de fragatas, o por sus helicópteros, o por los subs nucleares de ataque yanquis, cuyo costo por unidad es el de 8 Götlands. Walter Polnar, un analista yanqui de guerra naval que murió en marzo de este año, dijo que el Götland literalmente hacía círculos alrededor de su desprevenida presa.

La pregunta de algunos cientos de millones es si podemos reconvertir a AIP la flota que nos queda, a saber un pequeño HW Tipo 209, el Salta, costero y defensivo, y un TR-1700 oceánico y ofensivo, el Santa Cruz. La primera respuesta es sí, y lo podemos hacer aquí. También tenemos dos TR-1700 más a completar, con un grado de avance constructivo del 70% y el 30% respectivamente.

Todo esto podemos hacerlo, pero si no perdemos los astilleros CINAR. ¿Pero acaso están en peligro? Siempre lo estuvieron, pero hoy más que nunca.

Continuará

Daniel E. Arias

China tiene 30 mil fábricas inteligentes: ¿Qué pasa con el empleo?

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La imagen de las fábricas chinas que aún persiste en Occidente es la de un enorme galpón, medio mugriento y con cientos de operarios que trabajan codo a codo en jornadas interminables. Nada más lejos de la realidad de un país que desde su condición de “fábrica del mundo”, hoy cuenta con alrededor de 30.000 plantas inteligentes que combinan los últimos adelantos en Robótica, Big Data, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de optimizar lo que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) gusta calificar como la “segunda modernización de China”.

En efecto, a diferencia de lo que muchos creen, las fábricas chinas hoy suelen tener el aspecto de virtuales laboratorios, limpios hasta la exageración, con poquísimos ruidos de maquinarias y menos personas aun dando vueltas por ahí. Como muestra, valen los ejemplos de los pocos trabajadores que, a diferencia de otras épocas, hoy circulan en las plantas automotrices de Chongqing, donde se fabricaron 1.659 millones de vehículos en los primeros meses de 2025; o bien, en los talleres inteligentes de calzado de Putian, donde en una hora y pico se fabrican diseños personalizados de zapatos, botas y sandalias, a gusto y capricho del cliente de turno.

De más está señalar que nada es producto del azar. China inició este camino hace una década y en 2024 optimizó el desarrollo de las fábricas inteligentes (FI) a partir de una clasificación en cuatro niveles de acuerdo con su tecnología y nivel de integración: según esos parámetros, hoy funcionan más de 22.000 básicas, unas 7.000 avanzadas, 500 de excelencia y solo 15 alcanzan la máxima calificación de pioneras, abarcando en su conjunto más del 80% de los sectores manufactureros.

“La escala industrial de los equipos de fabricación inteligente, software industrial y soluciones sistemáticas de China ya superó los 635.500 millones de dólares”, reveló el viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Xin Guobin, en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025, celebrada en Nanjing.

Según un reciente informe sobre FI, difundido por el oficialista Diario del Pueblo, los ciclos de desarrollo industrial se han acortado casi un 30%, la eficiencia de la producción ha aumentado más del 22%, las tasas de defectos se han reducido a la mitad y las emisiones de carbono han disminuido alrededor del 20%.

China tiene 30 mil fábricas inteligentes: ¿y dónde está el empleo?

Foto: Agencia Xinhua

Reforma laboral

En este contexto, la principal señal de alerta que plantea el nuevo escenario tecnológico/productivo quizás puede sintetizarse con una frase del escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari: “Podríamos llegar a un punto en el que el sistema económico vea a millones de personas como completamente inútiles”.

Para evitarlo, en China ya no hacen las cuentas de cuántos millones de trabajadores se quedaron, o están quedando, afuera del sistema por culpa de las FI. Esa etapa quedó atrás. La respuesta actual es una ofensiva quirúrgica que incluye más formación profesional y un rediseño total del mercado de recursos humanos.

Todo esto ocurre en un contexto que, observado desde el exterior, es por lo menos particular. Desde el comienzo del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el sector de servicios de empleo viene expandiéndose a “tasas chinas” y sirve cada año a un promedio de 300 millones de trabajadores y más de 50 millones de empleadores.

Ocurre que a partir de la reciente creación – a nivel nacional- de 36 enormes ferias de empleo estatales y 29 Parques Industriales de Servicios de Recursos Humanos (PISRH), el gobierno decidió reenfocar sus esfuerzos a las FI, a la economía digital y a los servicios modernos, “con el objetivo de reducir la brecha entre la oferta de talento y las necesidades industriales, encarando la escasez de mano de obra en sectores clave”, según consignó la agencia Xinhua.

En efecto, China tiene más de 220 millones de trabajadores calificados, entre ellos unos 71 millones altamente calificados. Es una reserva de habilidades que el gobierno considera indispensable para sostener una “autosuficiencia y fortaleza de alto nivel” en ciencia, tecnología y modernización industrial. Desde Beijing, insisten que no se trata sólo de adaptarse al futuro de fábricas que “piensan por sí mismas”. La meta es garantizar que esas fábricas – cada vez más inteligentes, cada vez más autónomas – sigan necesitando manos y cerebros humanos que las diseñen, reparen y corrijan. En función de eso, en apenas cinco años, China reconoció 72 nuevas profesiones, con títulos y doctorados que hace una década no existían ni en la imaginación de los más delirantes. Es una carrera contra el tiempo para reconvertir el mercado laboral y cuidar una de las obsesiones del gobierno: mantener el desempleo urbano en niveles cercanos al 5,1% que se registró en noviembre.

China tiene 30 mil fábricas inteligentes: ¿y dónde está el empleo?

Foto: Agencia Xinhua

Para contribuir al logro de esta meta, en los últimos cinco años se destinaron más de 66.000 millones de dólares en subsidios de empleo y más U$S 18.000 millones en reembolsos laborales. No fue un gesto social, sino una suerte de seguro de estabilidad. Un amortiguador político para evitar que la transformación tecnológica arrase con todo, como amenaza ocurrir en otros países.

La segunda modernización china ya no depende sólo de la capacidad de producir. Responde a la capacidad de formar, reinventarse y retener talento, sobre todo con los más jóvenes. Mientras buena parte del mundo se pregunta qué hacer con las personas que las máquinas empiezan a reemplazar, China parece haber tomado una decisión más simple: reiniciar todos sus motores al mismo tiempo con nuevas profesiones, subsidios millonarios, parques laborales, ferias de talento y un ejército de personas dispuesto a competir en la nueva economía digitalizada.

En un contexto internacional en que las FI están reconfigurando todo el sistema productivo, China parece mostrar un camino alternativo, una inteligencia diferente que procura evitar que el empleo de cientos de millones de personas sea el primer precio a pagar.

Fernando Capotondo

LeoLabs: se confirma que sus radares pueden realizar espionaje militar

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El radar de la empresa LeoLabs Argentina SRL, instalado muy próximo a la ciudad de Tolhuin, (en la provincia argentina de Tierra del Fuego), vuelve a la escena periodística a través de la reciente confirmación, que la empresa matriz en California ha formalizado un nuevo y millonario contrato de vigilancia espacial con el gobierno de Estados Unidos, destinado explícitamente a “rastrear naves espaciales adversarias”.

Este anunciorevelado por la revista especializada SpaceNews este 9 de diciembre de 2025ratifica de manera innegable la capacidad de uso dual —civil y militar— de las estaciones de radar que la compañía opera a nivel global. Un hecho que ha sido sistemáticamente negado por la filial argentina de LeoLabs y durante dos años, por el propio gobierno de Tierra del Fuego, conducido por Gustavo Melella.

De la chatarra al espionaje

Según la publicación, LeoLabs obtuvo un contrato interinstitucional para proveer datos de vigilancia espacial al gobierno de EE. UU.alimentando la plataforma TraCSS (Sistema de Coordinación de Tráfico para el Espacio) y, crucialmente, siendo utilizado por la Célula de Operaciones Comerciales Conjuntas de la Fuerza Espacial para «evaluar amenazas» y «monitorear naves espaciales adversarias».

Este servicio va mucho más allá del rastreo de escombros espaciales —el objetivo original y único declarado por la empresa al radicarse en Argentina—, y se enmarca en una estrategia de seguridad nacional estadounidense que ya había quedado expuesta en septiembre de 2025, cuando LeoLabs demostró su capacidad para rastrear misiles hipersónicos, cohetes y drones en ejercicios conjuntos, buscando un lugar en el proyecto de defensa «Cúpula Dorada» de Donald Trump.

Una empresa británica en la provincia de Tierra del Fuego

La confirmación de la naturaleza militar de la tecnología se vuelve crítica por la arquitectura societaria de LeoLabs Argentina SRL, que está controlada por capitales con sede en Dublín (95%) y Londres (5%).

Esta composición accionaria, sumada a la alianza formalizada en julio de 2024 entre LeoLabs Inc. y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el Proyecto Tyche (destinado a desarrollar una constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento), legitimó la histórica advertencia del Estado argentino.

El Ministerio de Defensa de la Nación, bajo la gestión de Jorge Taiana, ya había emitido un informe lapidario en agosto de 2023, que culminó con la cancelación total de la autorización precaria del radar. Dicho informe fue contundente:

1.    Vulneración a la Seguridad Nacional: Permitiría al Reino Unido, potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, monitorear actividad satelital civil y militar argentina, interceptar datos y observar objetivos terrestres y marítimos.

2.    Incompatibilidad con la Defensa Nacional: La instalación es «totalmente incompatible» con la Directiva de Política de Defensa Nacional, que exige mantener el control y la inteligencia militar estratégica en los espacios aeroespaciales ante la «persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido» en el Atlántico Sur.

3.    Capacidad de Inteligencia: La ubicación geográfica de Tolhuin es estratégica, otorgando un acceso privilegiado para la obtención de datos espaciales a nivel global y la posibilidad de ser utilizados por los sistemas de inteligencia de EE. UU. y, consecuentemente, ser diseminados al Reino Unido.

La presión de Washington

Aunque el radar se encuentra aparentemente inoperativo (no ha existido ningún peritaje que lo demuestre), la presión para su reactivación de los socios de la OTAN, no cesa. En septiembre de 2025, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey, solicitó públicamente la reapertura del radar, en el marco de una estrategia para consolidar la presencia militar de EE. UU. en la región y como apoyo tecnológico para la Alianza Atlántica.

Esta solicitud ha sido analizada por diferentes medios argentinos, que señalan la confianza de LeoLabs en el alineamiento militar y diplomático del actual gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos, como un factor que podría forzar la reapertura de la instalación satelital.

La evidencia más reciente sobre la función de vigilancia militar de LeoLabs a nivel global, no solo despeja las dudas sobre el radar de Tolhuin, sino que también subraya el riesgo permanente para la soberanía y la seguridad nacional argentina, mientras este activo de control espacial, con capitales ligados a una potencia ocupante; permanezca en nuestro territorio.

De esta manera, a través de esta nueva información publicada por Space News; el reguero de mentiras hilvanadas por la actual gestión de gobierno de Gustavo Melella, es borrado por la propia empresa. Dejando al descubierto, una vez más; la necesidad de la desinstalación definitiva del campo de antenas que constituye el radar.

Comentario de AgendAR:

Sobre este tema, publicamos el 7 de julio de 2023 una nota de Daniel Arias: Más detalles sobre el radar británico instalado en Tierra del Fuego.

Las IAs compiten: la puja entre ChatGPT y Gemini 3

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Los avances de la Inteligencia Artificial parecen ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Según informa la revista digital The Decoder, OpenAI prepara lanzar la próxima semana un nuevo modelo de razonamiento que estaría por delante de Gemini 3.

En noviembre, Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó su última versión de IA, Gemini 3. Tras pruebas estándar, el nuevo modelo superó en algunos aspectos a ChatGPT, de OpenAI.

Desde 2022, OpenAI lideraba la carrera en el ámbito de la IA, tras dejar al público sin palabras con ChatGPT. Fue un triunfo sobre el gigante Alphabet, considerado hasta entonces el líder en inteligencia artificial.

A partir de ahí comenzó la carrera por la supremacía en el mercado de la IA. Hoy no está claro si OpenAI aún conserva ventaja, pero su reacción fue drástica.

Sam Altman, CEO de la compañía, declaró un «Código Rojo» en una carta interna, según The Wall Street Journal citando a The Informant. En la carta, Altman exigió a sus empleados a enfocarse en ChatGPT y relegar otros productos.

Ya no se trata solo de tener el mejor modelo

«Ahora no se trata únicamente de desarrollar los mejores modelos, sino también de asegurar acceso a potencia de cálculo y como generar ingresos», afirma Adrian Cox, analista de Deutsche Bank Research. OpenAI lideró inicialmente porque durante uno o dos años tras el lanzamiento de ChatGPT tuvo los mejores modelos.

Sin embargo, otros modelos están alcanzando a OpenAI y tienen la ventaja de estar vinculados a grandes empresas, como Gemini. «Disponen de enormes capacidades de distribución gracias a una base masiva de usuarios y de potentes recursos computacionales mediante numerosos centros de datos», añade Cox.

ChatGPT aún cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales, según Altman. Alphabet, por su parte, integra Gemini 3 directamente en su buscador, su principal fuente de ingresos. La app Gemini llega a más de 650 millones de usuarios mensuales, según Sundar Pichai en el blog de Google. «Más del 70 % de los clientes de la nube usan nuestra IA, 13 millones de desarrolladores han trabajado con nuestros modelos generativos, y eso es solo una muestra del impacto», afirma Pichai.

¿Cuándo saldrá OpenAI de los números rojos?

Mientras Google tiene múltiples vías para generar ingresos, OpenAI depende de monetizar sus modelos. Actualmente gana dinero con suscripciones para acceder a las últimas versiones de ChatGPT y con empresas que integran sus soluciones. Microsoft, gran inversor en OpenAI, también incorpora la IA en sus productos. Aun así, OpenAI no es rentable, según declaraciones atribuidas a Altman.

OpenAI no publica cifras de ingresos ni beneficios, pero en verano habría indicado a inversores que no espera beneficios hasta 2030, comentó Cox.

HSBC ofrece una visión menos optimista: aunque el ingreso podría crecer hasta 213 mil millones de dólares en 2030, los costos también aumentarían, generando pérdidas superiores a 70 mil millones, según estimaciones citadas por Financial Times.

Según pronósticos, es muy probable que Google mantenga el mejor modelo el próximo año, no OpenAI, afirma Cox.

«La gran tarea de OpenAI es crear un modelo de negocio que genere ingresos suficientes para sostener pronto mil millones de usuarios semanales», añade. Las suscripciones no parecen suficientes, por lo que OpenAI explora alternativas.

Precios bajos desde China

China avanza con determinación en la carrera. Baidu presentó en septiembre su modelo DeepSeek, que según la empresa iguala el rendimiento de GPT-5 y Gemini 2.5 Pro. China sigue su estrategia de introducir productos a precios muy bajos en mercados occidentales, como hizo con energía solar, acero y autos eléctricos. Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió en X que China podría ganar la carrera: «China está solo nanosegundos detrás de EE. UU. en IA».

«Vemos una división del mercado entre modelos pequeños, baratos y adaptables para tareas específicas, y grandes modelos sofisticados como los de OpenAI”, concluye Cox. «No creo que uno sustituya al otro; cuanto más inteligencia haya disponible, más aplicaciones surgirán».

Insa Wrede

A casi 15 años de Fukushima, el debate sobre la energía nuclear, de cara al futuro

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Casi 15 años después de Fukushima, los defensores y detractores de la energía nuclear siguen profundamente divididos sobre la gravedad del accidente y la energía nuclear en general.

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de más de 9 grados en la escala de Richter sacudió la costa este de Japón. El terremoto provocó un tsunami cuyas olas alcanzaron más de 40 metros en su punto más alto y más de 15 metros en la central nuclear de Fukushima Daiichi, donde superaron el dique de 10 metros de altura e inundaron los generadores diésel de emergencia, que eran la principal fuente de energía de reserva de la central, que ya había perdido la conexión con la red eléctrica. Aunque la central se apagó, el combustible de los reactores siguió produciendo calor de desintegración, evaporando gradualmente el agua en la que estaba sumergido inicialmente. Esta agua de refrigeración siguió hirviendo y evaporándose hasta que el combustible quedó al descubierto y comenzó a fundirse.

Tres de los reactores de la central sufrieron fusiones parciales (unidades 1, 2 y 3). El hidrógeno generado por el combustible sobrecalentado se inflamó, provocando explosiones en tres edificios de reactores (unidades 1, 3 y 4) y una dispersión generalizada de la radiactividad. Se necesitaron tres meses de incansables esfuerzos antes de que el personal de la central pudiera restablecer la refrigeración automática de las unidades dañadas y otros seis meses antes de que los reactores fueran declarados estables y en estado de «parada fría». Las medidas provisionales necesarias para restablecer la estabilidad de los reactores generaron más de 350 millones de galones de agua contaminada, que ahora se está filtrando, diluyendo y vertiendo al océano Pacífico. Los radionucleidos liberados durante las explosiones de los edificios de los reactores siguen contaminando el suelo y el aire de las localidades más cercanas a la central de Fukushima Daiichi, y las labores de descontaminación continúan.

Más de 150 000 personas fueron evacuadas de la prefectura de Fukushima en 2011. Las últimas estimaciones de noviembre de 2024 indican que más de 24 000 evacuados siguen desplazados, habiéndose reasentado fuera de la zona.

Muchos defensores de la energía nuclear describen los acontecimientos que tuvieron lugar en la central de Fukushima Daiichi como un «accidente» de probabilidad extremadamente baja o, más concretamente, como un «accidente más allá de los supuestos de diseño» causado por una serie de acontecimientos altamente improbables y ajenos al control humano. Estos defensores también describen las consecuencias del accidente como un éxito, ya que no provocó ninguna muerte inmediata relacionada con la radiación. Sin embargo, para los detractores de la energía nuclear, el mero nombre de la prefectura de Fukushima se ha convertido en sinónimo de desastre, un desastre que consideran nada inesperado y que muchos describen como un «accidente normal», lo que significa que era inevitable (Perrow, 2011).

Los defensores de la energía nuclear utilizan la experiencia de Fukushima como prueba de por qué la energía nuclear no solo debe seguir utilizándose, sino que debe utilizarse a una escala mucho mayor, si el peor resultado posible es un accidente como el de Fukushima. Los críticos consideran que el desastre de Fukushima es una condena total de la energía nuclear, y piden no solo que se detengan los nuevos proyectos de reactores, sino también que se cierren los reactores existentes. Ambas partes, aunque aparentemente se basan en los mismos hechos, los interpretan de manera muy diferente para llegar a sus conclusiones, sin que ninguna de ellas ofrezca una visión completa.

Desde sus inicios, el debate sobre la energía nuclear se ha caracterizado por una polarización extrema, con defensores y detractores que parecen habitar mundos separados al formular afirmaciones radicalmente diferentes sobre el futuro de la energía nuclear. Al formular estas afirmaciones, defensores y detractores no dialogan entre sí con la esperanza de aprender, sino que tratan de evangelizar, buscando convencer a la otra parte de lo que consideran verdades universales sobre la energía nuclear.

Estas afirmaciones de verdad absoluta se basan con frecuencia en la emoción, en imágenes apocalípticas, en una lógica rígida y en la separación de hechos relacionados (lo que llamamos «fisión retórica») o en la conexión de hechos fragmentados (lo que llamamos «fusión retórica»). Esas afirmaciones suelen estar alejadas de las experiencias vividas —positivas y negativas— de las personas afectadas por la energía nuclear, ya sea a través de los beneficios de un mayor acceso a una electricidad fiable y la reducción de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero o, en el lado negativo, a través de accidentes en centrales eléctricas, la extracción de uranio y el almacenamiento de combustible nuclear usado.

Aquí defendemos una forma diferente de debatir las numerosas cuestiones relacionadas con el uso de la energía nuclear para suministrar electricidad, una forma que va más allá de la retórica de la fisión y la fusión y reconoce la incertidumbre y la naturaleza local de la cuestión. Este modelo pide a los defensores y detractores que piensen más allá de sus identidades como defensores y aporten voces y formas de evidencia hasta ahora desconocidas a una co-creación deliberativa del futuro del planeta.

Cómo surgió el debate nuclear

En Estados Unidos, el movimiento antinuclear comenzó en la década de 1950 como respuesta a los ensayos con armas nucleares. Entre 1945 y 1992, Estados Unidos llevó a cabo 1054 ensayos nucleares, 210 de los cuales fueron ensayos atmosféricos. Las protestas antinucleares se intensificaron con el aumento de las pruebas atmosféricas de armas, especialmente después de que las realizadas en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, provocaran lluvia radiactiva y efectos generalizados, aunque no reconocidos, sobre la salud de las comunidades locales.

El Comité para la Acción No Violenta (CNVA) se formó en 1957 en respuesta al programa estadounidense de pruebas con armas nucleares. Se convirtió en el primer grupo en utilizar métodos no violentos para oponerse a las pruebas con armas nucleares, a menudo intentando entrar o entrando en instalaciones cerradas de pruebas con armas nucleares. En 1957, sus miembros intentaron entrar en la zona de pruebas nucleares Camp Mercury, cerca de Las Vegas, y en 1958 hicieron otro intento de entrar en el campo de pruebas de Eniwetok, en las Islas Marshall. Años más tarde, los intentos del CNVA de entrar en estos lugares cerrados de pruebas de armas inspirarían las protestas de Greenpeace.

Los miembros de Greenpeace (que inicialmente se autodenominaban «Comité No hagáis olas») navegaron hasta Alaska (en un barco llamado Greenpeace) en 1971 para detener una segunda prueba nuclear en la isla de Amchitka. El activismo de Greenpeace contra las pruebas nucleares se extendió también a otros países. En Francia, el activista de Greenpeace David McTaggart desempeñó un papel fundamental en la suspensión de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. El activismo de Greenpeace, que comenzó centrándose en las armas nucleares, pasó a centrarse también en el vertido de residuos radiactivos cuando, en 1993, un barco de Greenpeace documentó cómo un buque de la Armada rusa vertía residuos radiactivos en el mar de Japón, infringiendo el Convenio de Londres, un tratado internacional creado para controlar los vertidos en el océano (McCullagh, 1995).

En 1961, un grupo conocido como Women’s Strike for Peace (Huelga de Mujeres por la Paz) movilizó a unas 50 000 mujeres para que marcharan en protesta contra las armas nucleares en más de 60 ciudades de Estados Unidos. Esta organización comenzó a vincular las cuestiones relacionadas con las armas nucleares con la salud y las experiencias vividas por la gente común. Utilizaron lemas como «Acabemos con la carrera armamentística, no con la raza humana» y «Leche pura, no veneno». Como organización compuesta principalmente por madres, la Huelga de Mujeres por la Paz estaba especialmente preocupada por los efectos de las pruebas de armas en la salud de los niños. Esta estrategia de vincular los argumentos contra las armas nucleares con cuestiones cotidianas de salud y seguridad se impondría en todas las organizaciones durante algún tiempo.

En la década de 1960, la industria de la energía nuclear comenzó a despegar. Los reactores de agua ligera se habían convertido en el diseño líder en Estados Unidos, y los diseñadores de reactores y las empresas eléctricas estaban ampliando los diseños iniciales para centrales capaces de generar cientos de megavatios de electricidad. Durante este mismo periodo, grupos ecologistas como Friends of the Earth y Sierra Club comenzaron a expresar su preocupación por la energía nuclear.

Aunque inicialmente era proenergía nuclear, el Sierra Club comenzó a oponerse a ella a finales de la década de 1950, concretamente en lo que respecta a la central nuclear de Bodega Head, proyectada por Pacific Gas and Electric para un emplazamiento costero en el norte de California. Este proyecto se detuvo finalmente como resultado de la oposición del club y de los esfuerzos de las bases, que alegaban preocupaciones sobre la proximidad de la central propuesta a la falla de San Andrés. En ese momento, el Sierra Club no expresó un rechazo generalizado a la energía nuclear, y el grupo apoyó el uso de la energía nuclear en otros casos. Pero un segundo proyecto de central nuclear, Diablo Canyon, en la costa central de California, que finalmente se construyó, dividió al club, ya que muchos, incluido el entonces director ejecutivo David Brower, creían que el Sierra Club debía adoptar una postura más radical contra la energía nuclear (Wellock, 1992). (El club adoptó oficialmente una postura antinuclear en 1974 y amplió esa postura para incluir la oposición a la energía de fusión en 1986, aunque parece que su postura sobre la fusión está ahora cambiando).

En 1969, Brower, enfrentándose a la oposición de la junta directiva del Club, se marchó para fundar una nueva organización, Amigos de la Tierra, que desde sus inicios planteó la oposición a la energía nuclear como parte fundamental de su misión, una postura que mantiene en la actualidad. Desde su fundación, la organización ha liderado campañas para cerrar los reactores existentes y evitar la construcción de otros nuevos. Para ello, combinó el cabildeo, la educación pública y la acción directa con gran eficacia.

Las iniciativas de educación pública puestas en marcha por las organizaciones antinucleares compartían una característica común con iniciativas similares lanzadas por los defensores de la energía nuclear: ambas partían de la base de que el público era ingenuo y carecía de conocimientos sobre la energía nuclear y, salvo contadas excepciones, esgrimían argumentos universales, enmarcando sus posturas sobre la energía nuclear como la única respuesta posible para el futuro de la tecnología.

En la década de 1970, los grupos ecologistas estadounidenses comenzaron a pedir una moratoria en la construcción de centrales nucleares, y grupos regionales como la Alianza SHAD (Sound-Hudson Against Atomic Development) obtuvieron un amplio apoyo tras el accidente de Three Mile Island en 1979. SHAD logró cerrar la central nuclear de Shoreham, en Nueva York, antes incluso de que entrara en funcionamiento.

Aunque estos esfuerzos no condujeron a una prohibición nacional de la energía nuclear, muchos estados adoptaron moratorias sobre la construcción de centrales nucleares, estableciendo condiciones que restringían la construcción de nuevas centrales nucleares. La moratoria de California de 1976 sobre la energía nuclear, por ejemplo, restringió la construcción de nuevas centrales nucleares hasta que se creara un plan federal para la eliminación de residuos nucleares. Las moratorias aprobadas por Kentucky (1984), Wisconsin (1983) e Illinois (1987) citaban la ausencia de un plan federal de gestión de residuos nucleares. Cabe destacar que los tres estados han derogado total o parcialmente sus moratorias para permitir la construcción de nuevas centrales nucleares, y la derogación parcial de Illinois permite específicamente la construcción de reactores modulares avanzados y pequeños. En el momento de redactar este artículo, nueve estados de Estados Unidos siguen teniendo moratorias sobre la construcción de nuevas centrales nucleares.

Aunque tienen su origen en Estados Unidos, muchos grupos ecologistas y antinucleares han tenido una influencia significativa en otros países. En 1976, Greenpeace, el Sierra Club, Friends of the Earth y otros 20 grupos ecologistas se unieron para formar la «Campaña por un futuro sin energía nuclear», cuyo objetivo era oponerse al desarrollo de la energía nuclear en Nueva Zelanda y promover el uso de energías renovables.

Otra organización fundamental en el debate nuclear es la Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés). Fundada en 1969 por profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la organización combinaba conocimientos científicos, activismo y ecologismo. Sus fundadores abogaban por que la investigación científica se utilizara para la preservación del medio ambiente y no para el desarrollo de tecnologías militares, incluidas las armas nucleares. La UCS pronto desempeñaría también un papel importante en un debate clave sobre la energía nuclear.

En muchos países, los movimientos antinucleares comenzaron como protestas locales contra instalaciones específicas y crecieron hasta alcanzar un alcance nacional, cobrando impulso tras los accidentes de Three Mile Island y Chernóbil. En Alemania, el movimiento antinuclear comenzó en la década de 1970 con la oposición a un proyecto de energía nuclear en la ciudad de Wyhl (Glaser 2012). En Francia, en 1971 comenzaron las protestas a gran escala contra los planes para construir el primer reactor de agua ligera en Bugey (Tompkins 2016). También en Australia comenzaron en la década de 1970 las protestas contra la extracción de uranio y la propuesta de construir la central nuclear de Jervis Bay (Candela 2017). En muchos países europeos, estos movimientos locales obtuvieron el apoyo de grupos ecologistas nacionales y contribuyeron a configurar la política energética. Estos movimientos llevaron a la decisión de eliminar gradualmente la energía nuclear en Italia, Suecia, Bélgica y España. (La aplicación de estos planes de eliminación gradual ha variado, y Bélgica y Suecia han revertido recientemente su postura nacional al respecto). Tras el accidente de Fukushima en 2011, Alemania se embarcó en un plan para cerrar todas sus centrales nucleares.

Durante este periodo de creciente oposición, la industria nuclear encontró algunos aliados inesperados. Inspirado por el programa Átomos para la Paz, el astrofísico Heinz Haber escribió en 1956 el libro «Nuestro amigo el átomo». El libro, sobre los beneficios de la energía nuclear, fue ilustrado por más de 20 ilustradores de los estudios Walt Disney. (Haber era asesor científico del fundador de los estudios, Walt Disney). También formó parte de un episodio de casi una hora de duración de la serie de televisión Disneyland. El libro y el episodio fueron un esfuerzo por rehabilitar al átomo, tras la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y las continuas campañas contra los ensayos con armas nucleares. En su escrito, Haber reconoció que el átomo se había convertido en un «villano magnífico», pero también señaló que el poder del átomo podía aprovecharse «para el bienestar de toda la humanidad» (Haber, 1957).

El libro concluía con tres capítulos en los que se describían los tres deseos que el átomo concedería a la humanidad: energía, alimentos y salud, y paz. El libro de Haber y el episodio de Disneyland presentaban una visión utópica e inevitable de la energía nuclear, sin admitir los retos realistas que suponía la ampliación de la energía nuclear como fuente de energía.

En sus esfuerzos por promover la energía nuclear, la industria nuclear recurrió a los investigadores en busca de orientación sobre cómo interactuar con el público. A finales de la década de 1960, las investigaciones emergentes sobre la percepción del riesgo afirmaban que el público rara vez era «racional» a la hora de sopesar los riesgos de las distintas tecnologías. En cambio, los estudios revelaron que la percepción del riesgo por parte del público está impulsada en gran medida por las emociones. Las investigaciones demostraron que el público estaba dispuesto a asumir mayores niveles de riesgo en actividades voluntarias que en actividades involuntarias, y que los sentimientos de temor y falta de control aumentaban la sensibilidad al riesgo, lo que llevaba a las personas a centrarse en un mal resultado en lugar de en la probabilidad de que se produjera, una probabilidad que podía ser ínfima (Slovic, 2016). Una rama de la investigación, dirigida por el destacado físico y experto nuclear Chauncey Starr, se basaba en lo que hoy conocemos como el «modelo del déficit», que sugería que la percepción del público sobre el riesgo de una tecnología se basaba en un déficit de conocimiento.

Starr sugirió que la percepción pública del riesgo podía mediarse y gestionarse mediante una mejor educación y publicidad (Starr, 1969). La industria nuclear aprovechó estos hallazgos y lanzó campañas para educar al público sobre la energía nuclear. Esta forma de interactuar con el público se convirtió en la norma y persistió durante décadas. Podría decirse que persiste en la actualidad. En la década de 1980, tras el accidente de Three Mile Island, varias empresas de energía se unieron para formar el Consejo Estadounidense para la Concienciación Energética. En sus anuncios, el consejo, en un esfuerzo por ganarse la aprobación del público, vinculó la energía nuclear a otra cuestión destacada: la dependencia del petróleo extranjero.

Aunque los defensores y detractores de la energía nuclear crearon discursos separados, rara vez admitiendo la existencia del otro, hay al menos un caso de colaboración entre ambos que condujo inequívocamente al bien público al mejorar tanto el diseño como la gobernanza de las tecnologías de energía nuclear. En 1972, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos convocó audiencias sobre el diseño de los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo, una medida de seguridad vital en los reactores nucleares. Las audiencias se convocaron tras la controversia sobre las normas de seguridad de la AEC. La AEC se había diseñado con dos misiones contradictorias: regular y promover la energía nuclear. Las audiencias revelaron que estas misiones contradictorias habían comprometido fundamentalmente a la AEC, ya que la rama de desarrollo ralentizaba o retiraba la financiación a la labor de la rama reguladora.

Antes y durante los dos años que duraron las audiencias, miembros de la AEC colaboraron con la Unión de Científicos Preocupados (UCS) para sacar a la luz información que se había ocultado. Los representantes de la UCS en las audiencias, Daniel Ford (economista) y Myron Cherry (abogado), no tenían formación técnica formal, pero recibieron asesoramiento de disidentes de la AEC e investigadores nucleares de los laboratorios de la AEC. Estos disidentes proporcionaron documentos ocultos y ayudaron a los representantes de la UCS a preparar sus argumentos sobre los defectos de diseño y simulación de los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo.

Las audiencias condujeron finalmente al colapso de la AEC y a la creación de agencias reguladoras y de desarrollo independientes. También dieron lugar a nuevas normas de seguridad para los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo, que eran vitales a la luz de la continua expansión de la energía nuclear (Wellock 2012). Nada de esto habría sido posible sin la colaboración entre los bandos «anti» y «pro» nucleares. Lamentablemente, esta colaboración solo supuso una breve tregua. Pero tal vez esta insólita alianza entre los disidentes de la AEC y los activistas de la UCS presente un modelo de colaboración que podamos reutilizar en la actualidad.

Cómo es actualmente el debate a favor y en contra de la energía nuclear

Las estrategias retóricas aplicadas por los bandos a favor y en contra de la energía nuclear presentan similitudes notables. Los opositores a la energía nuclear, empezando por los activistas contra las armas nucleares, tendían a vilipendiar a las personas y organizaciones a favor de la energía nuclear y a presentar a los activistas antinucleares como «agentes morales» y defensores del medio ambiente y la salud pública (Blain, 1991). Por su parte, los defensores de la energía nuclear han presentado y siguen presentando narrativas sobre la «necesidad e inevitabilidad de la energía nuclear» (Kinsella, 2015), a menudo vinculando la energía nuclear con cuestiones sobre las que existe un consenso más amplio, como la lucha contra el cambio climático, el acceso y la seguridad energética y, más recientemente, la alimentación de la inteligencia artificial.

A lo largo de esta historia y del pasado reciente, los ejemplos de discurso polarizado tienden a dividirse en cinco categorías: argumentos basados en las emociones, imágenes apocalípticas, lógica rígida, separación de hechos relacionados (fisión retórica) o combinación estratégica de la energía nuclear con cuestiones más aceptables (fusión retórica).

Utilizamos el término «fisión retórica» para referirnos a argumentos en los que se desconectan ideas que no son lógicamente separables para promover un argumento. Por ejemplo, afirmar que el accidente de Fukushima es una historia de éxito porque no hubo muertes relacionadas con la radiación separa los numerosos resultados desastrosos del accidente de un único hecho relacionado con la radiación. Aunque técnicamente correcto, el argumento ofrece una imagen incompleta del suceso y, para muchas personas, suena falso. La fusión retórica, por otro lado, combina argumentos nucleares con otras cuestiones como forma de ganarse la aceptación del público. Por ejemplo, promover un argumento antinuclear asociando la energía con las armas. El argumento es erróneo en lo que respecta a Estados Unidos, donde la energía nuclear civil y el arsenal nuclear militar llevan mucho tiempo desvinculados explícitamente entre sí.

Los argumentos emocionales y apocalípticos suelen surgir de las organizaciones antinucleares. El Sierra Club se describe a sí mismo como «inequívocamente opuesto a la energía nuclear». En su declaración sobre la energía nuclear, el Sierra Club señala que la seguridad nuclear, la proliferación nuclear y el almacenamiento a largo plazo de los residuos nucleares hacen que «la energía nuclear sea una tecnología energética especialmente peligrosa para la humanidad». La declaración de Greenpeace sobre la energía nuclear afirma que la energía nuclear «no tiene cabida en un futuro seguro, limpio y sostenible». La organización describe la energía nuclear como cara y peligrosa y afirma que «el hecho de que la contaminación nuclear sea invisible no significa que sea limpia». En otro ejemplo, Amigos de la Tierra describe la energía nuclear como «una solución lenta y costosa a la crisis climática» y «una solución que genera residuos nocivos para los que no tenemos respuesta».

Las organizaciones profesionales y industriales del sector nuclear —como la Sociedad Nuclear Estadounidense, el Instituto de Energía Nuclear, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica y el Instituto de Operaciones de Energía Nuclear— llevan mucho tiempo favoreciendo el uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo grupo de personas y organizaciones a favor de la energía nuclear que no está formado por ingenieros nucleares ni profesionales del sector. Estos grupos consideran que su apoyo a la energía nuclear es fundamental para su identidad. Y aquí vemos ejemplos de fusión retórica, que introduce la política de identidad en los argumentos nucleares. Por ejemplo, Mothers for Nuclear, fundada en 2016, afirma que, tras «muchos años de cuestionamientos y trabajo en la última central nuclear que queda en California», los miembros del grupo cambiaron de opinión sobre la energía nuclear y ahora «apoyan la energía nuclear como nuestra mayor y más prometedora fuente de energía limpia, vital para abordar algunos de los mayores retos de nuestro mundo: el cambio climático, la contaminación atmosférica y la pobreza energética». El Breakthrough Institute afirma que las tecnologías nucleares avanzadas prometen «energía limpia y confiable con sólidos perfiles de seguridad y beneficios crecientes para la seguridad energética, el clima y el desarrollo económico», al tiempo que señala que estos beneficios «requieren un sistema regulatorio que esté equipado para otorgar licencias a tecnologías modernas a gran escala y superar los obstáculos comerciales».

Las campañas a favor de la energía nuclear más recientes muestran una amalgama de argumentos, combinando fragmentos de historias nucleares con elementos de la cultura pop y la ciencia para crear narrativas nucleares persuasivas. Las personas a favor de la energía nuclear, autodenominadas e incluso descritas por otros como «influencers nucleares», se han vuelto virales en Instagram y TikTok por sus comentarios accesibles sobre la energía nuclear. Una de estas influencers nucleares, Isabelle Boemeke, describe su trabajo como «una intersección entre el arte, la ciencia y el activismo» y «una inspiración para que los seres humanos resuelvan los problemas del mundo con optimismo». Creó su personaje Isodope para «defender la electricidad nuclear como solución al cambio climático y la desigualdad energética». Otros influencers nucleares que se identifican como millennials y miembros de la generación Z también han saltado a la fama.

Tanto los defensores como los detractores han intentado encontrar un lugar en el espíritu de la época a través del cine. Dos ejemplos recientes son Atomic Bamboozle (un cortometraje antinuclear de 2023 que se proyectó como parte de la serie de películas Nuclear-Free del Sierra Club) y Nuclear Now (un documental pronuclear de 2022 que se proyectó en varios campus universitarios de Estados Unidos).

Ambas partes dan a entender que sus argumentos pretenden ser universales. Para las organizaciones antinucleares, no hay ningún momento ni lugar en el que la energía nuclear sea deseable. Para los defensores e influyentes pro-nucleares, un mundo sin energía nuclear es inconcebible.

Lo que falta notablemente en este debate son las voces de las personas que no tienen un micrófono público y aquellas que no se alinean ideológicamente con ninguno de los dos bandos.

Cambiar los términos del debate para un futuro nuclear mejor

El debate nuclear debe cambiar, y proponemos una estrategia que puedan aplicar ambas partes. Abogamos por incorporar nuevas voces a la conversación y por poner en diálogo los puntos de vista opuestos. En concreto, proponemos una participación estratégica y generalizada de la comunidad como una forma de alejar el debate del absolutismo, el dramatismo y otras estrategias infructuosas descritas anteriormente. Reconocemos que la participación de la comunidad no es algo nuevo en el contexto nuclear, pero tampoco es la norma, y hasta la fecha casi siempre ha sido iniciada por expertos que buscan la aprobación de un proyecto nuclear.

Durante muchos años, la industria nuclear ha funcionado según el modelo «decidir-anunciar-defender» para la ubicación de nuevas instalaciones. Por supuesto, este enfoque ha encontrado mucha oposición, retrasos en los proyectos y, en algunos casos muy conocidos, como el depósito de residuos de Yucca Mountain, un rechazo total. Este enfoque para encontrar un depósito de residuos nucleares ha sido sustituido en gran medida por la ubicación basada en el consentimiento, aunque algunos argumentan que obtener el consentimiento no es suficiente. En particular, en la comunidad de la energía de fusión, la atención se ha desplazado hacia la obtención de la licencia social (Hoedl 2022), o la aceptación pública continua, para un proyecto en un contexto determinado. La licencia social se establece en gran medida mediante la creación de vías de confianza para la comunicación bidireccional entre las comunidades y los expertos, incluyendo oportunidades para aprender unos de otros. Se trata de estrategias valiosas, pero es importante señalar que este modelo sigue funcionando bajo una rúbrica de persuasión: los expertos tratan de persuadir a los no expertos para que acepten y mantengan un proyecto de energía nuclear.

Abogamos por la participación de la comunidad como estrategia para escuchar y aprender sin intención de persuadir. Estas participaciones no se centrarían ni se iniciarían deliberadamente en torno a una instalación o emplazamiento propuestos. En cambio, se centrarían en actividades de aprendizaje conjunto, en las que expertos de ambos lados del debate nuclear compartirían información sobre la energía nuclear y los miembros de la comunidad compartirían historias sobre su comunidad. Tanto los defensores como los detractores de la energía nuclear podrían crear «comités de escucha» en sus organizaciones para generar confianza, establecer comunicación e incluso empoderar a las comunidades para que inviten a proyectos nucleares a su región, en lugar de al revés. Alternativamente, las comunidades que no están interesadas en la infraestructura nuclear llegan a esa postura a través de la deliberación interna y se la comunican a los desarrolladores. Este proceso puede apoyar la toma de decisiones a nivel local, en lugar de la situación actual, en la que se sacrifican el contexto y los matices en un esfuerzo por ganar el debate y las decisiones se transforman en movimientos nacionales, como ha sido el caso tanto de los esfuerzos antinucleares como de los pronucleares.

En nuestra investigación y enseñanza sobre la participación comunitaria, también hemos descubierto que las actividades colaborativas de «creación de futuro», es decir, las propuestas que invitan a las personas a imaginar escenarios futuros deseables, pueden ser una forma poderosa de desentrañar las diferencias de perspectiva y encontrar puntos en común (Verma, Snyder y Daly, 2024). Cuando se incluye esta estrategia en la participación comunitaria, hemos visto cómo personas de ambos lados del debate nuclear cambian de opinión y se abren a ideas que nunca hubieran imaginado. La historia nos enseña que es posible encontrar puntos en común incluso en los temas más controvertidos. La improbable colaboración entre los detractores de la AEC y los activistas de la UCS descrita anteriormente es un ejemplo de ello; proponemos un modelo para fomentar más colaboraciones de este tipo y resolver nuestras diferencias de larga data en aras del bien común.

Al mismo tiempo, la participación de la comunidad puede dar voz a las personas que han convivido con la energía nuclear y sus repercusiones, para bien y para mal, y esas opiniones pueden ayudarnos a alejarnos del polarizado debate actual. Los residentes de Fukushima (Japón), por ejemplo, tienen una valiosa perspectiva sobre los riesgos y las oportunidades reales de la energía nuclear. En nuestra experiencia en Japón este verano, los residentes locales compartieron perspectivas matizadas e inesperadas sobre cómo vivieron el accidente de Fukushima Daiichi y sus consecuencias. En muchos casos, los residentes expresaron su gratitud por la energía proporcionada por el reactor y por las lecciones aprendidas a raíz del accidente. Y aunque los paneles solares y las turbinas eólicas han sustituido a la energía nuclear en esta zona, algunos esperan que la energía nuclear vuelva. Otras personas, por supuesto, no apoyaban la energía nuclear, tras haber sido testigos del desplazamiento masivo, la pérdida de seres queridos y un esfuerzo de descontaminación continuo sin un final a la vista. Pero incluso aquellos que no la apoyaban no esgrimían argumentos irracionales en contra de la energía nuclear. Al final de nuestras conversaciones, los miembros de la comunidad, con diferentes perspectivas, compartieron un picnic al aire libre, sabiendo que el futuro energético de Fukushima es incierto, pero también que las perspectivas de la comunidad forman parte del debate para la toma de decisiones.

Reconocemos que muchas organizaciones pueden descartar nuestra propuesta por motivos de tiempo, costo o eficiencia. En última instancia, el polarizado debate en torno a la energía nuclear está ocultando un hecho sencillo: nuestro futuro energético común es incierto. Argumentar de forma más enérgica o agresiva no va a cambiar esa situación. La voluntad de aportar nuevas perspectivas, considerar ideas contrarias y aceptar la incertidumbre puede ser la forma más rápida de alcanzar el futuro energético limpio y seguro que todos imaginamos.

Aditi Verma y Katie Snyder

Renuncia en Ciberdefensa: irregularidades y tensiones en la cooperación estratégica con EE.UU.

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La abrupta renuncia del subsecretario de Ciberdefensa, coronel (R) ingeniero Marcelo Adrián Ozán, profundizó la crisis abierta en el Ministerio de Defensa por las denuncias administrativas vinculadas a la venta del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y las presuntas irregularidades en licitaciones de equipos críticos, obras y sistemas de entrenamiento. La dimisión, aceptada por el ministro Luis Petri el pasado 1 de diciembre, llegó apenas 19 días después de la oficialización de su designación, un lapso que expone la creciente presión institucional sobre un área clave para la seguridad nacional.

El decreto 795/2025 había sido publicado el 12 de noviembre con alcance retroactivo al 15 de septiembre, aunque en los hechos Ozán ejerció el cargo desde la fecha del Boletín Oficial. Hasta entonces actuaba como asesor de la subsecretaría, estructura que depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, liderada por Marcelo Rozas Garay, y que mantiene control funcional sobre el CCCD, bajo mando del general de brigada Luis Guimpel. Todos quedaron bajo escrutinio luego de que la Procuraduría de La primera denuncia advierte presuntas omisiones de deberes de funcionario público, anomalías en los procedimientos y falta de un plan de transición ante la enajenación del predio del CCCD, ubicado en Puerto Madero, uno de los segmentos inmobiliarios de mayor valorización del país. La subasta, realizada por USD 34 millones y ganada por el fideicomiso Madero 6 bajo el marco del Decreto 950/2024, obliga al traslado de la estructura operativa encargada de proteger la infraestructura digital crítica del sistema de Defensa. La PIA remitió cuestionarios al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac, y al propio comandante del CCCD para evaluar las decisiones adoptadas, el eventual deterioro de capacidades y el impacto estratégico de la desarticulación del predio actual.

La segunda denuncia apunta a supuestas irregularidades en licitaciones por USD 21,8 millones para la compra de equipamiento, adecuaciones edilicias y un simulador de entrenamiento. Según la presentación, estas adjudicaciones habrían sido direccionadas a proveedores previamente seleccionados mediante el uso del “secretor militar”. “, figura que impide verificar valores de referencia y limita los controles cruzados. La PIA investiga si se favoreció a determinadas empresas, si existieron sobreprecios y si se vulneraron normas de transparencia en un sector particularmente sensible.

La crisis administrativa coincidiría con un deterioro en los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de ciberdefensa. El 1 de septiembre concluyó la misión en Argentina del asesor estadounidense designado por el Departamento de Estado para elaborar y monitorear el Plan de Acción del País (PAP), documento que articula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con estándares de interoperabilidad militar, desarrollo de fuerza laboral, resiliencia operativa y protección de sistemas críticos. Ese plan, rubricado en 2024 por Petri v Guimoel en presencia del embaiador Marc Departamento de Estado para elaborar y monitorear el Plan de Acción del País (PAP), documento que articula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con estándares de interoperabilidad militar, desarrollo de fuerza laboral, resiliencia operativa y protección de sistemas críticos. Ese plan, rubricado en 2024 por Petri y Guimpel en presencia del embajador Marc Stanley, es considerado un instrumento esencial para consolidar la alineación estratégica con Washington.

Sin embargo, fuentes técnicas del área confirmaron que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares no distribuyó el PAP entre los principales mandos militares -Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea-, omisión que habría estancado su implementación. En la última evaluación, realizada el 22 de agosto, el asesor estadounidense Gus Santiago constató que el nivel de madurez cibernética permanecía en el mismo valor de un año atrás: 2.6 sobre la escala adoptada, señal inequívoca de que los objetivos no avanzaron más allá de las formulaciones iniciales.

La falta de progresos amenaza áreas críticas: la protección de sistemas de aviónica avanzada, el blindaje de redes de datos, la seguridad del software operativo de los nuevos cazas F-16 y la capacidad de respuesta ante intrusiones complejas. Para Washington, el cumplimiento del PAP es un requisito para compartir inteligencia de alto nivel, transferir tecnología sensible y cofinanciar proyectos de modernización. En términos diplomáticos, la inacción erosiona la confianza y proyecta dudas sobre la capacidad local para sostener una cooperación de largo plazo.

La renuncia de Ozán se lee así como un síntoma de una estructura que enfrenta cuestionamientos cruzados: sospechas administrativas, tensiones internas en Defensa y alertas externas sobre el estancamiento en la agenda bilateral de ciberseguridad. El Gobierno aún no anunció a su reemplazante, mientras crece la expectativa por conocer si el Departamento de Estado enviará un nuevo asesor o si se congelará temporalmente la asistencia técnica. Para un país que avanza en la modernización de capacidades militares y que necesita reconstruir credibilidad en materia de defensa digital, el vacío en la subsecretaría aparece como un riesgo adicional en un terreno donde las demoras se pagan caro.

Comentario de AgendAR:

Para que los propios EEUU, autor real de la política de ciberdefensa argentina, diga que lo de Petri es un curro inmobiliario, la cosa debe ser muy evidente. Momento de preguntarse ¿cuál es la inmobiliaria que se adueñó de Puerto Madero desde 1993? ¿Se acuerda de alguna, lector?

Una ayudita: en 1993 esa empresa fraguó una venta con testaferros para apropiarse de los terrenos de los astilleros militares TANDANOR y Domecq García.

Un verdadero «win-win-win» para Carlos Menem, La Embajada y aquel estrambótico personaje.

La Flota de Mar dejó de repararse, 4 submarinos TR-1700 quedaron sin construirse, y los recursos humanos especializados en navíos de guerra se desbandaron.

Eso nos costó dos submarinos más: el ARA San Juan, que se hundió en 2017, y su par el ARA Santa Cruz, abandonado en plena reparación de media vida por orden del MinDef.

Los falsos compradores del predio de TANDANOR y el Domecq García anunciaban un barrio chetísimo, más aún que Puerto Madero, en esas 23 hectáreas, las más caras de la Argentina.

Ante las muchas denuncias de curro flagrante, los dos astllleros quedaron sin demoler… pero sin maquinarias valuadas en U$ miles de millones. El Ministro de Defensa las desmontó y las vendió por tonelada, como chatarra. Ni el Congreso de la Nación, sumamente complaciente, quiso tocar el asunto sin ponerse guantes.

Los tribunales penales federales de Comodoro Py durmieron el caso casi 30 años.

Ningún preso a fecha de hoy.

¿Recuerda qué empresario no logró quedarse con aquellos terrenos? Hoy tiene casi un millón de hectáreas desparramadas por medio país.

Pero de sus malandanzas con Menem para quedarse con aquellas hectáreas del Ministerio de Defensa, desde 1993 le quedó la sangre en el ojo. El predio de Ciberdefensa en Puerto Madero es un premio consuelo, nomás.

¿Ahora lo identifica, lector? Sí, exactamente ése.

Daniel E. Arias

Desde el Conicet alertan por un “quiebre” en el sistema científico

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La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos del Conicet firmaron un documento para rechazar la eliminación de la convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dictada por el Gobierno nacional esta semana, y en defensa del financiamiento público de la ciencia.

En el texto, los miembros del directorio del organismo en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades expresaron su “profunda preocupación” por “la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una modalidad de convocatoria que desconoce al conjunto de áreas del conocimiento y que excluye en particular a la investigación en ciencia básica”.

En su pronunciamiento remarcaron que la cancelación de los PICT 2022 —proyectos evaluados y aprobados con presupuesto asignado— constituye “un daño irreparable” para la planificación de cientos de equipos científicos en todo el país. A esto sumaron que la exclusión de las ciencias básicas de las nuevas modalidades de financiamiento implica una “visión empobrecedora”, que desconoce que la investigación fundamental es la base sobre la cual se sostiene la innovación genuina.

También advirtieron por el impacto federal de estas medidas. Recordaron que los CCTs, presentes en todas las regiones, dependen de las convocatorias PICT para adquirir equipamiento, insumos, mantener infraestructura y formar recursos humanos. La interrupción de estos fondos —indicaron— deja paralizados numerosos proyectos provinciales y profundiza las asimetrías entre jurisdicciones.

Otro punto cuestionado fue la reducción de la diversidad de instrumentos de la Agencia a una única modalidad de convocatoria, lo que, afirmaron, limita su capacidad de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación a nivel nacional.

El documento recuerda que el sistema científico-tecnológico argentino está conformado por organismos como CONICET, INTA, INTI, CNEA, además de las universidades nacionales y la propia Agencia I+D+i, y que su funcionamiento depende del financiamiento público sostenido. “Se trata de un activo estratégico de la Nación que no puede generar valor sin previsibilidad”, señalaron.

Frente a este escenario, las autoridades de los CCTs solicitaron al Gobierno nacional que revise las decisiones adoptadas y reclamaron tres medidas puntuales: restablecer los compromisos asumidos con los PICT 2022, reabrir y garantizar convocatorias como la de 2023, y sostener un esquema de financiamiento plural y federal que incluya todas las áreas del conocimiento y reconozca la importancia crítica de la inversión científica.

“El sistema requiere estabilidad, previsibilidad y una visión estratégica de largo plazo”, concluyeron, al advertir que la construcción de una ciencia de excelencia solo es posible en un marco de desarrollo productivo y social inclusivo.

Ciencia argentina: 5 centros de investigación reconocidos en el mundo

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El Instituto Balseiro (IB) fue fundado en 1955 por impulso de José Antonio Balseiro, un físico argentino formado en Cambridge, quien lideró el proyecto junto a Jorge Sabato y Mario Mariscotti. Las instituciones fundadoras fueron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Hoy combina formación universitaria de alta exigencia con investigación científica aplicada, en estrecha colaboración con la CNEA y organismos internacionales.

En la década del 80, Francisco de la Cruz y Roberto Ronda realizaron estudios pioneros en superconductividad y criogenia y se consolidó el Laboratorio de Bajas Temperaturas, de referencia internacional.

En la década del 90, las investigaciones básicas del IB permitieron que Invap avanzara en la construcción de reactores nucleares, exportados a Perú, Argelia y Australia. También , junto a la NASA, se desarrollaron los satélites SAC-A y SAC-B.

Desde sus orígenes, la política nuclear nacional entendió que era necesario transformar la ciencia de excelencia en tecnología, innovación, transferencia al sector productivo y empresas de base tecnológica capaces de impactar en la sociedad, la economía y la inserción internacional del país. Así se ha generado un entramado de empresas de alta tecnología.

El Concurso IB50K, promovido desde hace más de 10 años, es un concurso de planes de negocio de empresas de base tecnológicas, de calidad superlativa, que se ha consolidado como un ícono del emprendedurismo científico tecnológico.

Hoy, las líneas de trabajo abarcan la Física, la Investigación Aplicada, la Ingeniería en Telecomunicaciones y la Física y Biología aplicadas a la Salud.

Por primera vez en su historia, a partir de octubre es dirigido por una mujer, la doctora en Ingeniería Graciela Bertolino. Cordobesa de nacimiento, obtuvo su título de ingeniera nuclear en 1996 y completó su doctorado con una tesis acerca de “El deterioro de las aleaciones de circonio por su interacción con hidrógeno”. Posteriormente, realizó un posdoctorado en la Ecole Polytechnique de Francia.

Como una muestra más del nivel de su cuerpo de docentes e investigadores, los doctores en Física Marina Huerta y Horacio Casini (quienes además de la carrera comparten un matrimonio y dos hijos) ganaron en 2024 uno de los premios más importantes del mundo en el campo de la física teórica: la Medalla Dirac. Comparten el reconocimiento con sus colegas japoneses Shinsei Ryu, de Princeton University, y Tadashi Takayanagi, de Kyoto University.

Juan Maldacena, quien pasa sus días enseñando entre Harvard y Princeton y cuyo trabajo, (la Teoría M o Conjetura de Maldacena) es el más citado en el mundo después de la teoría de la relatividad de Einstein, obtuvo en el Balseiro su Licenciatura en Física.

Así, el IB es una institución fundamental para la formación de capital humano de excelencia y para la investigación básica y aplicada de vanguardia. Es allí donde nace la innovación.

Fundación Instituto Leloir
Fundación Instituto Leloir

Instituto Leloir, protagonista central de la revolución en bioquímica

Fue fundado en 1947 por Luis Federico Leloir gracias al apoyo económico del empresario Jaime Campomar. Funcionaba en un garaje adaptado.

Las investigaciones revolucionarias en bioquímica acerca de los nucleótidos de azúcar, moléculas que explicaban cómo los organismos transforman y almacenan carbohidratos, le valieron a Leloir el Premio Nobel de Química en 1970.

En las décadas que siguieron, el Instituto Leloir (hoy Fundación Instituto Leloir) creció y se diversificó trabajando en temas como la estructura y función de enzimas, la regulación del metabolismo energético y de carbohidratos e iniciando tempranamente estudios de biología molecular (ADN, ARN y síntesis de proteínas). Los desarrollos en oncología molecular y terapias génicas y los estudios en neurociencias y plasticidad sináptica fueron reconocidos internacionalmente.

Hoy, el equipo de Terapia Molecular y Celular, liderado por el doctor Osvaldo Podhajcer, trabaja en un enfoque pionero para atacar, con un virus del resfrío modificado genéticamente, el cáncer diseminado. En un artículo publicado en Molecular Therapy: Oncology, se presentó un abordaje innovador para tratar tumores gastrointestintales basado en el diseño de un virus oncolítico construido a partir de promotores híbridos específicos de tumores. Bautizado AR2015, es el primero en su tipo.

Integrando ciencia básica y clínica, un equipo conformado por los doctores Martín Arán, Leonardo Pellizza y Juan Carlos Avalos desarrollaron el primer estudio de metabolómica que analizó el suero de pacientes antes y después de una crisis de epilepsia. Entre otras cosas, detectaron alteraciones importantes en siete pequeñas moléculas o metabolitos. El hallazgo pionero permite pensar en el posible desarrollo, a futuro, de kits diagnósticos rápidos.

El Laboratorio de Virología Molecular, encabezado por la doctora Andrea Gamarnik, desarrolló el kit Detect-AR Dengue, primer test de antígeno nacional para el diagnóstico del dengue. Permite establecer –en tres horas– la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus.

Un estudio del Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería de Proteínas, que lidera Gonzalo de Prat Gay, revela el mecanismo por el cual una proteína clave para evitar la proliferación de tumores pierde su función protectora y comienza a formar agregados tóxicos, de forma similar a las proteínas amiloides que se observan en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. El hallazgo podría tener múltiples implicancias a futuro.

La doctora Angeles Zorreguieta, directora del Instituto y jefa del Laboratorio de Microbiología molecular y celular, trabaja junto a su equipo en el análisis de una potencial vacuna para la prevención de la brucelosis porcina. Zorreguieta destaca el rol de Inis Biotech, la oficina de Vinculación y Transferencia de la FIL, para facilitar el impacto de los avances científicos sobre la economía y la sociedad.

INVAP
INVAP

Invap, reactores nucleares y satélites para el mundo

El Invap nace en la década del 70 en Bariloche, como un desprendimiento del Centro Atómico Bariloche (CAB) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Su fundador, Conrado Varotto (físico argentino, doctorado en el Balseiro y post doctorado en Stanford), creía que era posible vender al mundo tecnología nuclear desarrollada por el CAB. En síntesis: crear localmente tecnología de alta complejidad con impacto comercial real. En 1982, junto a la CNEA, exporta a Perú el reactor RP-0, uno de los primeros grandes contratos internacionales de tecnología argentina.

A partir de esa fecha, Invap desarrolla y exporta proyectos a Argelia, Egipto y Australia.

En los años 90, entró de lleno en la industria aeroespacial, participando en el diseño de satélites y estaciones de control. Fue Héctor (Cacho) Otheguy quien lideró y consolidó esta fase de diversificación e internacionalización. En 2007 se activa en Australia el reactor nuclear OPAL e Invap se convierte en una empresa líder en alta tecnología en América Latina.

En el área aeroespacial, desarrolló para la Conae satélites de observación de la Tierra, y posteriormente el ARSAT-1 (2014) y el ARSAT-2 (2015), primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones construidos en América Latina.

Hoy, Invap trabaja en cuatro grandes áreas:

Nuclear: reactores de investigación, plantas de producción de radioisótopos, plantas de almacenamiento de combustibles, servicios de ingeniería para plantas nucleoeléctricas; Espacial: produce satélites de aplicaciones científicas y de comunicaciones, equipos y componentes, siendo la única empresa latinoamericana que fabrica satélites geoestacionarios completos; Defensa, Seguridad y Ambiente: desarrolla soluciones para Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, radares 3D de vigilancia y control aéreo militares; Sistemas médicos: se trata de desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico y tratamiento, entre otros, equipamiento de braquiterapia, terapia radiante, protonterapia y radiofarmacia.

Los ingenieros Darío Giussi, Gabriel Absi, Marcelo Basigalup, Ignacio Grossi, Sebastián Classen y la contadora Ana Cabrera dirigen a más de 1700 personas dentro del Invap. Hoy, es presidido por Vicente Campenni, doctorado en Física, quien fue anteriormente gerente general y durante su gestión se logró la adjudicación del reactor nuclear Pallas en Holanda, compitiendo con empresas de Francia y Corea del Sur. También lideró la ejecución de una planta de Molibdeno-99 en India y el lanzamiento de los satélites SAOCOM 1A y 1B.

Campenni reforzó un modelo de empresa pública rentable. Según él, “nuestro objetivo no es ganar plata, pero si no se gana plata, no podemos cumplir nuestro objetivo”. Afirma que “no se puede disociar la ciencia y la tecnología, dado que la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para un objetivo específico”.

Ibyme
Ibyme

Ibyme: el legado de Houssay que amplió su influencia

El Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) fue fundado por el Premio Nobel Bernardo Houssay en 1944, quien logró producir insulina en la Argentina, paso fundamental para el tratamiento de la diabetes.

Así, el país fue uno de los primeros en producir insulina, después de Canadá.

El doctor Eduardo Charreau inició en 1996 en el Ibyme el desarrollo de una insulina recombinante totalmente argentina, en colaboración con empresas farmacéuticas (Beta, y Denver) y con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Conicet. Actualmente, las investigaciones sobre insulina y diabetes continúan en el Ibyme bajo la dirección de los doctores Damasia Becu, Flavia Saravia y Alejandro De Nicola.

Hoy, las áreas de investigación incluyen Biología Celular y MolecularEndocrinologíaInmunologíaNeurociencias y ComportamientoOncología y Reproducción.

En el Laboratorio de Inmunología Tumoral, el equipo de la doctora Roxana Schilaci se focaliza en encontrar las proteínas que constituyen los puntos de convergencia entre las hormonas esteroideas y los factores de crecimiento en el cáncer de mama para diseñar alternativas terapéuticas útiles en el cáncer de mama más agresivo, resistente a la terapia hormonal y a la terapia anti-tirosina quinasas.

La doctora Flavia Saravia dirige el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento, cuyo foco principal es el cerebro en condiciones fisiológicas y en patologías como la Enfermedad de Alzheimer y las estrategias para revertir ciertos procesos asociados al envejecimiento cerebral, con foco en el rol del metabolismo.

Tras más de 30 años de investigación básica sobre galectinas, el doctor Gabriel Rabinovich fundó en el Ibyme la empresa Galtec, dedicada a la producción de anticuerpos y proteínas recombinantes para el tratamiento del cáncer y de enfermedades autoinmunes. Este emprendimiento tuvo reconocimiento global: el CaixaResearch Institute (Barcelona) designó a Rabinovich como líder y director de su nuevo centro de investigación.

Otros ejemplos muestran el impacto de la investigación básica en la innovación productiva:

La doctora Adriana De Siervi inició en 2014 sus estudios sobre microARN circulantes como marcadores tempranos del desarrollo tumoral. En 2022, junto con la doctora Marina Simian, cofundó la empresa Oncoliq, dedicada al desarrollo de un kit diagnóstico de cáncer basado en sus hallazgos básicos. Oncoliq recaudó recientemente US$2,8 millones en una de las rondas seed más destacadas del ecosistema biotecnológico argentino.

Los doctores Norberto Zwirner y Mariana Fuertes tras dos décadas de trabajo, desarrollaron en Ibyme y con el apoyo del Mincyt, Conicet y GlaxoSmithKline un anticuerpo (anti-MICA) como potencial tratamiento antitumoral.

IBR
IBRveroTELLO

IBR: ciencia al servicio del agro

A fines de los años 90, un grupo de científicos en Rosario comenzó a trazar un mapa alternativo: convertir el conocimiento profundo de la biología molecular en un activo estratégico, para demostrar que la ciencia básica puede ser un motor de competitividad económica. De esa visión nació en 1999 el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).

Compuesto por 240 profesionales formados en la Argentina y en el exterior, con doctorados y post doctorados, dio origen a seis startups de base tecnológica.

El IBR se presenta con una matriz diversa de líneas de investigación —agrobiotecnología, biomedicina, microbiología y biología estructural—. Allí se estudia desde la regulación del crecimiento vegetal hasta los mecanismos de resistencia a bacterias. Tres de sus referentes —Néstor Carrillo (fisiología vegetal), Diego de Mendoza (microbiología) y Alejandro Vila (biología estructural)— fueron galardonados con el Premio Konex. A esto se suma la distinción de De Mendoza como Investigador de la Nación y Premio Fundación Bunge y Born.

Entre los hitos de este año, figuran los trabajos de Leticia Llarrull en Angewandte Chemie, describiendo reacciones moleculares claves en la resistencia moleculares; y de Javier Palatnik en Nature Plants, quien profundizó en los mecanismos de regeneración en plantas, un hallazgo con potencial directo para diseñar cultivos más eficientes. Por su parte, Alejandro Vila logró un “doble hit”: reveló en Nature Communications cómo funcionan las proteínas de las bacterias que usan metales esenciales, y por otra parte The Lancet Infectious Diseases, una de las publicaciones de ciencias médicas de mayor impacto mundial, acaba de publicar un estudio desarrollado por su equipo en el que participan, (entre otros) los doctores Brenda Warecki y Pablo Tomatis, en el que abordan la problemática de las infecciones por bacterias multirresistentes a antibióticos.

Según Vila, “la resistencia a los antibióticos es una pandemia silenciosa. Antes, cuando surgía un nuevo antibiótico en el mercado, la resistencia se veía a los cuatro o cinco años. Ahora, cuando salen nuevos fármacos, ya vemos que hay resistencia preexistente”.

Con una cartera de patentes nacionales e internacionales, espacio para incubación de empresas –BioR– y seis startups originadas en sus laboratorios, el IBR valida el modelo de Company Building científico. Un caso es Fecundis, la empresa cofundada por el investigador Darío Krapf que desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia reproductiva en humanos y animales, atacando un problema global con propiedad intelectual propia.

Alicia Caballero

La autora es doctora en Economía. Exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, exdirectora del Banco Nación y expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Detrás de la compra de los F-16, el Sistema de Defensa argentino se derrumba

El 6 de diciembre el presidente de la Nación, Javier Milei, junto con su ministro de Defensa saliente, Luis Petri y altos jefes militares, participaron en la presentación de los aviones F-16 adquiridos en Dinamarca. La adquisición de este sistema de armas, fue objeto de una intensa campaña de publicidad o, mejor dicho, de acción psicológica, para contrarrestar cualquier opinión contraria a la decisión de adquirir dichos cazas, con sus implicancias políticas y económicas.

Desde el punto de vista político, forma parte de una narrativa para poner en evidencia la existencia de una gestión en el área de Defensa, a diferencia del kirchnerismo. El arribo de ocho vehículos de combate ICV Stryker 8×8 destinados a la X Brigada de Infantería Mecanizada, desplegada en La Pampa, también fue anunciado con “bombos y platillos” como otro de los grandes éxitos de la gestión mileísta. Estamos frente a “puestas de escena” cuando la realidad de la Defensa Nacional en Argentina es bien distinta. 

¿Qué es el Sistema de Defensa Nacional? ¿En qué situación está?

La ley 23.554 de Defensa Nacional de 1987 establece las bases jurídicas y la organización del Sistema de Defensa Nacional, al que podemos definir como el conjunto de instituciones, funcionarios y la ciudadanía, organizada y preparada para planificar, conducir y ejecutar la defensa nacional. La citada norma establece una clara estructura donde encontramos al presidente de la Nación, el Consejo de Defensa Nacional, el Congreso de la Nación, el ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y el pueblo de la Nación (organizado a través de los servicios militar, civil, movilización y defensa civil). 


Obviando la increíble destrucción del Sistema de Defensa, Martín Menem mira sonriente el abrazo entre Luis Petri y Javier Milei durante la presentación de los F-16 de segunda mano.

El presidente es responsable de la dirección de la Defensa Nacional y, en caso de conflicto armado, cuenta según la ley con el Consejo de Defensa Nacional para el asesoramiento y asistencia en la conducción estratégica de la misma y al Comité de Crisis, para la conducción estratégica militar.  En tiempos de paz, las pautas orientadoras sobre la política de Defensa Nacional, surgen de la Apreciación y Resolución de la Estrategia Nacional, tarea en la que interviene el Consejo de Defensa (organismo formado por los ministros, titular del organismo de inteligencia nacional, vicepresidente y representantes de las comisiones de Defensa del Congreso) en calidad de órgano de asesoramiento y de debate estratégico. Este Consejo nunca fue convocado desde que fuera creado en 1987. Asimismo, tiene la responsabilidad de la redacción de anteproyectos de ley de Inteligencia, Orgánica de las Fuerzas Armadas; Territorial y de Movilización Nacional; Orgánica para la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval; Producción para la Defensa; Inteligencia Nacional; y Secreto de Estado.

La actual ley de Inteligencia fue iniciativa del poder ejecutivo, nunca convocó al Consejo de Defensa. No existe ningún proyecto sobre ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ni de secreto de Estado. En cuanto a las normas sobre Gendarmería y Prefectura, por medio de sendos decretos de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad, fueron modificadas a instancias del ministerio de Seguridad nacional. En cuanto a las leyes de Producción de Defensa y Movilización, existen numerosos proyectos en el Congreso y el ministerio de Defensa, pero ninguno llegó muy lejos. Por ejemplo ¿qué utilidad tendría una ley de Movilización? Más allá de una situación de conflicto, en caso de emergencia nacional, ante una catástrofe de magnitud, como fue la pandemia COVID 19, el estado tendría las herramientas para conocer capacidades industriales, logísticas, recursos humanos para hacer frente a una emergencia y movilizarlas en el momento indicado. 

En caso de una crisis grave, estamos ante vacíos en materia de movilización, organización territorial, confusión de roles y niveles de la conducción de la defensa, agregándose que el sistema de defensa, como está previsto por la ley, nunca fue activado. Los vacíos en materia de planeamiento, quedan reflejados en no haber actualizado la directiva de Defensa Nacional que data de 2021. 

Desde hace años, también se espera una ley de Reservistas. El personal que presta el servicio militar nunca más pisa un cuartel. Existe una pequeña estructura de reservistas, pero carentes de una capacidad operativa real. La gestión de Petri, como la de sus antecesores, mantuvo una absoluta indiferencia al respecto. Esto se traduce, por ejemplo, en caso de una emergencia, no disponer de herramientas para convocar a personal entrenado para complementar las organizaciones existentes. 


Los abrazos, una constante en la presentación de los F-16. Algo similar ocurrió con los submarinos «llave en mano», que volvieron a hipotecar el futuro industrial de Argentina.

El Sistema de Defensa Nacional, previsto por la ley 23.554 de Defensa, solo existe en el papel. En estos dos años de gestión del Luis Petri no hubo avances para adecuar por lo menos el marco jurídico que la citada norma exige y menos en materia de planeamiento. Por ende, el país carece de sistema de movilización, organización de reservistas, reforma militar, etcétera. 

La política de “bienestar” del personal militar en tiempos libertarios  

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha sido de público conocimientoEn 2023 y a pesar que la entidad tenía problemas en cuanto a la calidad de sus prestaciones, tenía un superávit de 2.960 millones de pesos. En dos años, las estimaciones sobre las deudas contraídas durante la gestión libertaria rondan entre los 126.000 millones a 220.000 millones, afectando las prestaciones del instituto en todo el país y llegando en 2025 a un nivel de gravedad que afecta los tratamientos contra el VIH, cáncer, diabetes, crisis en las farmacias del IOSFA.

En dieciocho meses pasaron tres presidentes, que tuvieron que lidiar con denuncias sobre contrataciones, recortes de servicios, toma de deuda por cifras multimillonarias (40.000 millones de pesos pedidos a la caja militar, el Instituto de Ayuda Financiera, con tasas de interés muy superiores al otorgado por el sistema bancario). Los retrasos de entrega de medicamentos / tratamientos incrementó los litigios tanto en el plano administrativo como judicial, con amparos por la falta de entrega de medicamentos. El desmantelamiento de las auditorías -como denuncian sectores sindicales- impidió controles internos sobre presuntas irregularidades. Tal y como lo dio a conocer REALPOLITIK, en octubre de 2025 el ministerio de Defensa tuvo que liberar 15.000 millones de pesos para cubrir deudas para seis droguerías, entre ellas la cuestionada Suizo Argentina por el caso ANDIS.  

La crisis de IOSFA llevó, al parecer, al ministerio de Defensa a proponer dividir la entidad, que engloba también a beneficiarios de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Mientras tanto, hay 600 mil afiliados rehenes de la crisis de la obra social. En el gobierno que dice defender la libertad, no adopta medidas para que los afiliados a IOSFA tengan el derecho a optar por los distintos agentes de salud, como prevé la ley 23.660, agregándose que tampoco se habla de colocar a la obra social militar bajo la supervisión de la superintendencia de Servicios de Salud, organismo responsable de la fiscalización, regular y control del sistema de obra sociales. Esto mejoraría sin ninguna duda a la transparencia, contrarrestar irregularidades y aplicar sanciones. 

COVIARA, una empresa de larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, creada para desarrollos inmobiliarios para la Armada y Prefectura Naval, históricamente fue una organización con reducido personal y con cuentas ordenadas. Desde 1996 no recibe aportes del Tesoro nacional, llegó a diciembre de 2023 con cuarenta empleados y cuentas equilibradas. Tiene un historial exitoso de haber construido 8 mil viviendas. La gestión Petri terminó con una empresa que en poco tiempo alcanzó un déficit de 1.000 millones de pesos y en el marco del programa privatizador del gobierno, fue decidido su transformación en sociedad anónima, para abrir paso a su fusión con la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, entidad creada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para desarrollos inmobiliarios en terrenos que pertenecieron a los ferrocarriles, con el objetivo de promover el fortalecimiento del fondo de garantía de la ANSES.

Realmente sería interesante saber el fundamento para fusionar una empresa de desarrollo inmobiliario específico para las Fuerzas Armadas con una entidad creada para el desarrollo de predios ferroviarios y otros terrenos ociosos, en espacios verdes, emprendimientos inmobiliarios con una función social, además de generar recursos para la ANSES. El premio consuelo al desguace del único organismo de las Fuerzas Armadas con capacidad de construir viviendas, fue un programa de créditos del Banco de la Nación Argentina para el acceso a la primera vivienda para personal militar. 

El ministerio de Defensa anunció con “bombos y platillos” que el personal del Servicio Militar Voluntario tendría la obligación de terminar la educación secundaria, anunciando un plan de estudios adaptado al personal de tropa, con participación del ministerio de Capital Humano. Asimismo el decreto 372/2025 faculta al ministerio de Defensa para celebrar convenios con organismos públicos y privados, nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales para la implementación de programas de capacitación laboral con certificaciones y/o titulaciones oficiales. Los cambios introducidos por el decreto guardan silencio sobre aspectos en materia de beneficios previstos por la ley 24.429 que regular el Servicio Militar Voluntario, que en su artículo 9º dispone:

b) Se les otorgarán condiciones preferenciales o puntaje adicional para su ingreso a la administración pública nacional y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, poder judicial de la nación y poder legislativo nacional, y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales. Se invita a las provincias a adherirse a lo establecido en el presente inciso y a solicitar a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones seguir igual temperamento;

c) El cumplimiento del SMV generará los beneficios y ventajas que fije la reglamentación para el ingreso a todas las fuerzas de seguridad, policiales y al Servicio Penitenciario;

d) Las fuerzas armadas podrán certificar la capacidad laboral en aquellos casos que desempeñen o sean capacitados para oficios o tareas de aplicación civil;

e) Se otorgarán facilidades para el ingreso a los institutos militares.

Lamentablemente el decreto 372/2025 guardó silencio al respecto y pone en evidencia que las medidas anunciadas simplemente eran para “la foto” y mera “narrativa” de la estrategia de marketing de Luis Petri para mostrar “gestión”. 


Petri posando frente a los F-16 de segunda mano, un capítulo que se suma al de las fragatas danesas Iver Huitfeldt consideradas «chatarra naval».

Se estima que casi el 60 por ciento del personal militar en actividad cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, afectando obviamente las jerarquías más bajas, especialmente suboficiales y soldados. En dos años unos 19 mil efectivos abandonaron el uniforme, especialmente por razones económicas. Por ejemplo, un capitán del Ejército o teniente de navío de la Armada, a mediados del año 2025, tuvo un salario de alrededor de 1.109.913, mientras que un subteniente o alférez (primera jerarquía de oficial del Ejército y Fuerza Aérea respectivamente) apenas supera los 800 mil. Entre los suboficiales, los salarios oscilan entre 765 y 850 mil.

En muchos casos, los ingresos están por debajo de la línea de pobreza, que en agosto fue de 1.160.780 para una familia tipo, en los términos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Es diversos medios fue publicado el salario básico de un cabo enfermero, de unos 500 mil. La carrera militar es sacrificada, por el proceso de selección, las exigencias profesionales y la movilidad geográfica, esto no se ve compensado con salarios y programas de bienestar. Pocos los dicen pero la “fuga” abarca cuadros altamente capacitados, que afecta el funcionamiento de organismos logísticos, la flota aérea militar, el sistema de salud, por dar unos ejemplos. 

El “diktat” de Estados Unidos: las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico

La Argentina pasó del voluntarismo patriotero del kirchnerismo, lleno de expresiones sobre Malvinas, la Pampa Azul, los intereses marítimos -que en los hechos no se tradujo ni en el desarrollo de capacidades defensivas, geoestrategia para contrarrestar el accionar británico en el Atlántico Sur o la puesta en marcha de la base integrada de Ushuaia- a un alineamiento “automático” con Estados Unidos, donde la cuestión Malvinas pasó a segundo plano y el discurso se centró en la vaguedad que las Fuerzas Armadas vienen a defender la “libertad de los argentinos” y comenzó a deslizarse en el discurso una agenda que viene desde Washington, especialmente en involucrar a los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Así lo manifestó el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en defensa de su proyecto de reforma de ley de Seguridad Interior: “Llegó el momento de garantizar que ante amenazas terroristas vamos a utilizar todo el poder y la potencia del estado, y todos los instrumentos a disposición del estado, entre ellos el instrumento militar”. En este punto, la pregunta obligada es a qué amenaza terrorista se refiere el ministro. No lo aclaró.

Cabe recordar qué decía el proyecto, que por suerte duerme el sueño de los justos en la comisión de Defensa de Diputados: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina – Ley 11.179 (TO 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia. En el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración. En caso de detectar un presunto delito, las Fuerzas Armadas deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente, según corresponda. El ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las Fuerzas de Seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de Seguridad Interior».

El contenido del proyecto parece indicar que los asesores del ministerio de Defensa no saben o no entienden que el personal militar no está capacitado para acciones propias de una fuerza policialAdemás, es interesante resaltar, a este gobierno tan cercano a Estados Unidos, en dicho país, la Posse Comitatus Act prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses actuar en cuestiones de seguridad interior, solo en condiciones que sea autorizado expresamente por el Congreso en casos excepcionales, ante conatos de guerra civil o sedición. 

Una vez más, Petri siguió la “costumbre” común en los titulares del ministerio de Defensa -iniciada en 2011 con la Operación Escudo Norte- de enviar a militares en apoyo a las fuerzas federales a vigilar la Frontera Norte. La resolución que prevé la Operación Julio Argentino Roca, como se denomina el despliegue de fuerzas militares en la zona norte de nuestro país, tenía previsto el inicio de las actividades en abril de 2025, pero finalmente el despliegue comenzó en agosto, por medio de otra resolución (prueba del nivel planeamiento en lo que respecta al equipo político del ministerio de Defensa).

El grado de improvisación de la resolución 347/2025 es notorio. En su artículo 1 dice: “Dispónese el inicio de la ‘Operación Presidente Julio Argentino Roca’, en adelante ‘Operación Roca’, que implicará el despliegue de medios y personal a desarrollarse en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025”. No se fijan objetivos, por ende, afecta al planeamiento y a los medios desplegados. Estamos otra vez ante la improvisación, agregándose un tema no exento de polémica: la facultad de aprehensión en caso de flagrancia. Las reglas de empeñamiento que determinan bajo las circunstancias que puedan ser detenidos civiles por personal militar en casos de flagrancia, fueron declaradas de carácter reservado. Un hecho inadmisible en tiempos de democracia. A ello se agrega que la resolución entra en colisión con la ley 24.059 de Seguridad Interior, que es muy clara respecto a las circunstancias en las que pueden actuar las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Solo es aceptable dictar reglas de empeñamiento o enfrentamiento, tengan carácter reservado en caso de un conflicto armado. 

La Operación Roca,es una manera encubierta de dar roles policiales a las Fuerzas Armadas para lidiar con problemas tales como el contrabando, tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos de índole federal. Asimismo, la eficacia del patrullaje tiene limitaciones sin inteligencia y ante la falta de cooperación transfronteriza con organismos de seguridad de Bolivia. Un tema espinoso es la ley de Derribos como aplica Brasil, de la que Patricia Bullrich era ferviente partidaria, pero Estados Unidos no está de acuerdo con su aplicación y al parecer el gobierno argentino es permeable a esta postura.

Por ende, en la frontera norte solo hay fuerzas terrestres, apoyados por un avión de Diamond de patrulla y reconocimiento, algunos helicópteros cargados de años, radares fijos y móviles, pero con ausencia de medios aéreos destinados a la interceptación y policía aérea. Las plataformas ideales son el IA-63 Pampa y el avión de ataque liviano FMA IA-58 Pucará, cuyo programa de modernización está paralizado. El ministerio de Defensa tampoco explica por qué nunca se adquirió un avión de alerta temprana como exige del decreto 1407/2004 de creación del Sistema Nacional de Vigilancia Aeroespacial. 

El fracaso de la gestión de las empresas de Defensa

La llegada del presidente Javier Milei a la presidencia abrió nuevamente las puertas para las privatizaciones al mejor estilo de la década del 90. De años de manejo irresponsable, con excepciones, pasamos a una política de deshacerse de valiosos activos del estado, donde una vez más, como en tiempos del menemismo, el ahorro público pasa a manos privadas con un criterio recaudador. Las empresas del área de defensa no fueron la excepción.

La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), ubicada en la provincia de Córdoba, es crónica de un fracaso, agregándose el amateurismo con el cual se maneja la empresaincluyendo al ministerio de Defensa, en especial cuando una ignota empleada hizo una serie de modificaciones al contrato de modernización de seis aviones Pampa III “Block 2”. La justificación de la exjefa de asesores de Luis Petri, Luciana Carrasco, en la Cámara de Diputados, fue que hubo errores administrativos –no quedó en claro cuáles– y que no permitiría que contratos de defensa “salvaran” a la empresa con problemas de gestión. Un detalle que la funcionaria olvidó, es que el estado nacional es el principal accionista y el ministerio de Defensa tiene responsabilidades. Si hay mala gestión, ello atañe al organismo al que ella pertenecía. Asimismo, demuestra desconocimiento al impedir que la Fuerza Aérea disponga de medios adecuados para entrenamiento avanzado, con los recursos tecnológicos correspondientes, para los futuros pilotos de los aviones F-16, la nueva “joya de la corona” de la aeronáutica militar.

FAdeA está íntimamente ligada a la Fuerza Aérea. La temática de la investigación, desarrollo y producción, en lo que específicamente le corresponde, fue considerada y estructurada por dicha institución como una actividad más, insertas en las direcciones Generales de Sistemas y Material. La primera era responsable de la investigación, desarrollo y administración de proyectos, siendo la parte ejecutiva la dirección de material, tanto en la fabricación (la ex Área Material Córdoba, hoy FAdeA) como al mantenimiento y reparación. La privatización del Área Material Córdoba / Fábrica Militar de Aviones rompió con este equilibrio, dado que la citada entidad estaba orientada a producir aeronaves específicas para la Fuerza Aérea, además de mantenimiento y modernización del material aéreo en servicio. En síntesis, nunca tuvo un fin comercial. Por sus capacidades e instalaciones, debería haber sido el centro de apoyo a los aviones F-16, pero curiosamente la Fuerza Aérea, dispersando medios y recursos, invirtió el esfuerzo en el Área Material Río Cuarto, agregándose que las otras fuerzas también tienen instalaciones de mantenimiento aeronáutico y, como señaló el ingeniero Ricardo Runza, reconocido experto en la materia: “Es como tener cinco FAdeA, lo que genera un gasto ineficiente”. 

Fabricaciones Militares SAU también atraviesa problemas, a pesar de tener una oportunidad con el potencial del negocio minero que demanda el uso de explosivos, el ministerio de Defensa poco y nada hace para la puesta en valor de la Fábrica Militar de Explosivos y Pólvoras de Azul, conocida como FANAZULLa planta está completamente paralizada.

La planta de Jáchal fue desmantelada a pesar del potencial del negocio de la minería en la región de Cuyo. Despidos, recortes de presupuesto, llevaron a un “estado de alerta” gremial. La planta de Río Tercero, está una situación crítica, afectada por los retiros voluntarios, líneas de producción paralizadas (como la metalmecánica, destinada a reparar/construir vagones). En este sentido, la crisis de Petroquímica Río Tercero que compraba el 90 por ciento de ácido nítrico, que garantizaba el pago de salarios de la fábrica militar, fue un golpe de gracia.

Existe la posibilidad cierta del cierre de una planta industrial clave en la producción de químicos vitales para fabricar explosivos, pólvoras, etcétera. La planta de Villa María solo produce pólvoras monóbasicas, quedando paralizada la producción Nitroglicerina y Dinamitas, como el área de planta de ácidos y nitrocelulosasLa fábrica Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, sobrevive produciendo chalecos y municiones

Tandanor SACIyN fue el taller de reparaciones navales más grande del Atlántico Sur en su momento, hoy acumula deudas con proveedores; tiene proyectos paralizados como la construcción de una docena de remolcadores. La empresa padece las consecuencias de la política económica, que afecta a la industria naval. A ello se agrega la falta de creatividad para aprovechar las instalaciones del astillero Almirante Storni, en asociación con el sector privado.

El “gran éxito” del área de Industria del ministerio de Defensa es organizar congresos y seminarios, como el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa, llevado a cabo los primeros días de octubre de 2025, donde expusieron empresas, las fuerzas armadas, organismos de ciencia y tecnología. En otras palabras, una expresión de deseo a cielo abiertoPuro marketingcomo la tradicional entrega de medallas a veteranos de la guerra de Malvinas. Espectáculo de bandas, visitas abiertas al público.

Mientras los funcionarios del área de Defensa se llenan la boca de proyectos, Fabricaciones Militares es objeto de una estrategia de vaciamiento, FAdeA SA agoniza y Tandanor se llena de deudas.

Los países vecinos siguen otra estrategia. Chile apuesta a un ambicioso programa de construcciones navales y la fabricación del avión de instrucción básica Newen. Brasil se posiciona como exportador de aeronaves militares con sus productos estrella: el avión de transporte táctico KC390 y el avión de ataque liviano Super Tucano. Perú va por un programa de construcción de fragatas y cierra acuerdos para ensamblar blindados con tecnología surcoreana (paso previo a desarrollar capacidades de fabricación). 

Defensa Nacional en Argentina, un espejismo

En dos años de gestión libertaria de la Defensa el país sigue sin un Sistema de Defensa Nacional operativo. La negativa de invertir en obra pública afecta la “preparación territorial”, o sea, el desarrollo de infraestructuras de utilidad para el desarrollo, pero también para la defensa nacional (puertos, aeropuertos, redes ferroviarias que puedan emplearse para el despliegue de fuerzas en una crisis).

El presidente Javier Milei posando frente al F-16 de segunda mano comprado a Dinamarca.

El campo de batalla del siglo XXI demanda innovación tecnológica, algo difícil en el clima de austeridad fiscal, además de observar escasos avances en materia de sistemas no tripulados, ciberdefensa, sistemas de comando y control; defensa antiaérea moderna; de adquirir una plataforma aérea de alerta temprana; un despliegue inadecuado, que obedece a criterios geopolíticos ya superados; falta de expectativa profesional por bajos salarios y prestaciones sociales deficitarias; faltan millares de soldados para un adecuado funcionamiento de las unidades; un complejo industrial en agonía, con pérdida de recursos humanos valiosos y capacidades productivas difíciles de recuperar.

Bases y cuarteles están en mal estado. La lista sigue. No cabe duda que la gestión libertaria, ironías del destino, se asemeja al kirchnerismo que tanto crítica: improvisación, narrativa y voluntarismo. Mientras tanto, la Argentina permanece indefensa e inerme frente a un escenario internacional cada vez más inseguro y voraz por los recursos naturales. Y es precisamente a raíz de estas riquezas que, tarde o temprano, el mundo golpeará nuestras puertas.

Jorge Suárez

Después de Petronas, Shell se retira del proyecto Argentina LNG

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Luego de que Petronas se retirara en diciembre del año pasado del proyecto de exportación de gas natural licuado que lidera YPF, Shell apareció inmediatamente como su reemplazante neutralizando la incertidumbre que había generado la salida de la compañía de Malasia. Sin embargo, un año después es la propia Shell la que decidió bajarse.  

“Shell ha decidido no avanzar con la fase inicial del proyecto de GNL de Argentina. Inicialmente, Shell solo participó en la fase pre-FEED. Seguimos considerando a Argentina como un mercado de crecimiento potencialmente atractivo para la exportación de GNL. Por lo tanto, Shell continúa explorando opciones de expansión con YPF para el GNL de Argentina”, aseguró la firma a través de un breve comunicado.

La decisión de Shell se vio influenciada por varias razones y, si bien en el último año YPF logró también sumar a la italiana ENI y pugna por conseguir el desembarco de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi, lo cierto es que el retiro de la compañía angloholandesa no es una buena noticia para el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado.

Tercero en discordia

Fuentes del mercado reconocieron que el ingreso de ENI descolocó a Shell. El proyecto inicial era solo con YPF y de pronto la firma angloholandesa se encontró con un tercer socio con el que no tiene una relación muy fluida en el escenario internacional. Son compañías con una cultura institucional diferente que no terminan de congeniar. Por lo tanto, ese desembarco introdujo ruido en la relación con YPF.

En diciembre de 2024, YPF y Shell habían firmado el acuerdo de desarrollo del proyecto consistente en la instalación de un buque licuefactor con una capacidad de 6 MTPA. A su vez, en junio de este año, YPF y ENI firmaron un nuevo acuerdo, en el que se definieron los pasos requeridos para alcanzar la decisión final de inversión de la última fase del proyecto “Argentina LNG”, que prevé la incorporación de 2 buques con una capacidad conjunta de 12 MTPA. Además, se informó que YPF, Shell y ENI integrarían estas fases para optimizar costos y acelerar plazos. De este modo, ambas fases iban a avanzar de manera conjunta compartiendo infraestructura clave

YPF, por su parte, parece sentirse más cómoda con ENI que con Shell. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, entabló una relación fluida con su par italiano Claudio Descalzi, que nunca llegó a tener con las autoridades globales de Shell. Además, el paraguas político que brinda la buena relación entre el presidente Javier Milei y la presidenta de Italia Giorgia Meloni también colaboró para estrechar ese vínculo.

Horacio Marín junto a su par italiano de ENI Claudio Descalzi. En el fondo, Javier Milei y Giorgia Meloni.

Presiones privadas y públicas

Al mismo tiempo que reforzó su alianza con ENI, en su afán de acelerar los plazos del proyecto —que de concretarse llevará el desarrollo de Vaca Muerta a otro nivel global— la compañía controlada por el Estado Nacional empezó a presionar a Shell para que se comprometiera más con la iniciativa, primero de forma privada y luego públicamente. “Estamos trabajando para cerrar el acuerdo, pero si no es Shell será otra compañía, la vida es así«, aseguró Marín en el último Forbes Energy Summit para referirse a la marcha de la denominada Fase III del proyecto Argentina LNG.  

«La velocidad que le estamos imponiendo con ENI y ADNOC no es una forma normal de hacer las cosas. Ya tenemos los barcos, negociaciones encaminadas, vamos muy rápido», agregó para diferenciar del ritmo de las charlas con Shell.

Esa presión pública incomodó a Shell, la cual, al verse forzada a tener que definir en plazos que no eran los que tenía previstos, decidió finalmente dar un paso al costado.

El desafío de la integración

En medio de esa negociación hubo otro dato que molestó a la compañía angloholandesa. YPF negocia el desembarco de la italiana ENI en tres áreas de Vaca Muerta en la ventana de gas húmedo donde la petrolera está asociada con Pluspetrol: Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza. Cuando se enteró de esta negociación, Shell dejó trascender en privado que le interesaba sumarse, pero su pedido no tuvo una buena recepción por parte de YPF.

La salida de Shell supone un doble desafío para YPF. Por un lado, porque desde el punto de vista financiero es un golpe para el proyecto que esta compañía haya quedado afuera. Y, por otro lado, porque la intención es que los socios de Argentina LNG trabajen de manera integrada a lo largo de toda la cadena de producción.

Shell ya está trabajando en el upstream de Vaca Muerta, donde acaba de inaugurar una planta de tratamiento de petróleo y gas en Bajada de Añelo, una de las áreas que opera en Neuquén. ENI y ADNOC, en cambio, no operan en la formación no convencional y su desembarco va a llevar cierto tiempo en caso de que las negociaciones avancen.

Fernando Krakowiak y Nicolás Gandini

A 60 años que Jorge Leal llevó la bandera argentina al Polo Sur

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Jorge Edgar Leal nació en 1921 en Rosario de la Frontera, Salta, en el extremo noroeste argentino. Ingresó de joven al Colegio Militar de la Nación y desarrolló la carrera militar hasta que llegó a sus oídos la noticia de que el general hernán Pujato, a cargo del recientemente creado Instituto Antártico Argentino (IAA), necesitaba oficiales.

Fue entonces, a inicios de la década del cincuenta, cuando su vida dio un giro inesperado. Desde la tierra de Güemes partió, con poco más de treinta años de edad, hacia misiones de frontera en las regiones más australes del país. A partir de ese momento, su destino quedó para siempre ligado al continente blanco.

El gobierno de entonces, encabezado por Juan D. Perón, fue decisivo para el reclamo argentino de soberanía sobre una porción de la Antártida y mares adyacentes. Desde 1943, cuando Gran Bretaña lanzó la Operación Tabarín, la tensión en el sur se intensificó: Inglaterra buscaba fortalecer su presencia para sostener sus exigencias sobre un espacio que abarca la totalidad del territorio pretendido por Chile y Argentina. El presidente Perón tomó cartas en el asunto e inició una etapa de crecimiento y consolidación de la presencia nacional en la región antártica. En ese sentido, una de sus decisiones paradigmáticas fue la implantación en 1946 del mapa bicontinental de la Argentina (el mismo que en 2010 fue declarado obligatorio para el uso en organismos públicos). Más adelante, en 1951, se puso en marcha el IAA dentro del Ministerio de Asuntos Técnicos, siendo el primer organismo científico antártico del mundo. Y el mismo año se estableció la base San Martín, la primera continental al sur del Círculo Polar.

Fue en ese contexto que Hernán Pujato seleccionó a Jorge E. Leal para fundar una nueva base del Ejército en la Antártida. Así fue que, en 1953 y con escasos medios, el joven oficial de Caballería estableció la base Esperanza —que hoy constituye un pequeño poblado y alberga la primera y única escuela del continente—. Luego cumplió funciones en la base San Martín y en la base Belgrano I. Este último destino le fue asignado tras el golpe de 1955 y la destitución de Pujato debido a sus vínculos con el peronismo.

A partir de entonces, Leal se convirtió en la figura central del Ejército en la Antártida, llegando a ocupar el cargo de Director Nacional del Antártico (DNA) tras su creación en 1969.

A fines de la década de 1950 se establecieron internacionalmente las bases del régimen jurídico antártico. Luego del Año Geofísico Internacional (1957-1958), se avanzó en la firma del Tratado Antártico (1959). Leal participó activamente en este proceso crucial para la historia del continente blanco y para la defensa de la posición argentina en la mesa de negociación. Nuestro país había sido pionero en la exploración de la región, con hitos indiscutibles como la presencia permanente desde 1904 en la base Orcadas, la más antigua del continente.

Sin embargo, requería alcanzar un objetivo simbólicamente decisivo: ser una de las naciones capaces de llegar al Polo Sur. Noruega, Gran Bretaña, la expedición transantártica de la Commonwealth y los Estados Unidos —que en 1957-1958 establecieron la base Amundsen-Scott en el propio vértice sur del planeta— ya lo habían logrado. Por eso, a comienzos de los años sesenta, la Argentina se propuso alcanzar también esa meta.

La preparación

Antes de la excursión terrestre, se realizaron dos viajes al Polo Sur por aire. Primero, fue la Armada la que a inicios de 1962 logró aterrizar dos aviones C-47 de la Aviación Naval, izando por primera vez la bandera argentina en el extremo austral del mundo. Segundo, fue la Fuerza Aérea la que repitió la proeza en noviembre de 1965, con tres aviones, uno los cuales continuó viaje hasta la base McMurdo de los Estados Unidos, atravesando todo el continente y constituyéndose en el primer vuelo transpolar argentino. Ambos fueron logros significativos y los datos cartográficos que aportaron fueron de importancia ya que el territorio entre el Mar de Weddell y el polo era prácticamente desconocido.

Pero el verdadero desafío era lograr llegar por tierra, tarea que fue encomendada al Ejército y, en particular, a Jorge E. Leal. Durante tres años, el coronel trabajó en cada detalle. A fines de 1963, desde la base Belgrano se iniciaron los estudios de terreno para definir posibles rutas hacia el interior de la meseta antártica. Esa planificación incluía establecer una base de apoyo intermedia —aproximadamente a los 83° de latitud sur— equipada con provisiones, combustible y material técnico.

Para la travesía se seleccionaron seis tractores snow-cat, capaces de desplazarse sobre la nieve y arrastrar trineos cargados de suministros. También se definieron el vestuario, el equipamiento, las herramientas mecánicas y la composición del grupo. La correcta selección del personal era fundamental: en un entorno tan extremo no solo se ponía a prueba la preparación técnica, sino también la fortaleza anímica de cada integrante.

Debe tenerse en cuenta que, tras la firma del Tratado Antártico, la expedición debía poseer un carácter eminentemente científico. Por ello se trasladó personal especializado y equipos destinados a realizar mediciones en glaciología, meteorología y gravimetría. Sin embargo, la misión también respondía a un objetivo estratégico fundamental: afirmar la capacidad argentina de alcanzar todos los rincones del territorio que considera propio en la Antártida. No se trataba sólo de una hazaña exploratoria o de un proyecto científico, sino también de un acto deliberado de soberanía territorial.

La expedición

El 26 de octubre de 1965 comenzó la Operación 90. A partir del reconocimiento aéreo se tenía una idea general del terreno, pero aún se ignoraban sus peligros concretos; por eso el avance debía ser lento y extremadamente cuidadoso. El equipo, integrado por diez hombres, partió desde la base Belgrano situada en la Barrera de Hielos Filchner. Hasta el Polo Sur los separaban unos 1.500 kilómetros mayormente desconocidos.

Es fundamental destacar el papel de la patrulla que abrió camino —la llamada Patrulla 82, compuesta por cuatro hombres con trineos tirados por perros— que cartografió montañas desconocidas (como el cordón Santa Fe) y marcó una ruta segura evitando grietas y zonas intransitables. El 4 de noviembre, la patrulla de apoyo y la columna de asalto se reunieron en base Sobral —instalada ese mismo año como base científica avanzada— donde realizaron mantenimiento mecánico.

La dureza de la travesía quedó registrada en el informe de viaje de Leal, así como en numerosos relatos posteriores: grietas enormes, tormentas, frío extremo y situaciones de riesgo. De hecho, uno de los mecánicos resultó herido en Sobral y debió ser reemplazado, lo cual alteró la composición del grupo, aunque no detuvo la misión. En la Antártida, por aquellos tiempos, incluso una lesión menor podía convertirse en una amenaza grave.

Desde base Sobral continuaron hacia la meseta, enfrentando ventiscas, grietas y la vastedad implacable del continente blanco. La columna principal avanzó con seis tractores snow-cat, que remolcaban trineos cargados con provisiones, combustible y equipos. El trayecto fue duro: tormentas constantes, temperaturas inferiores a –30 °C, luz permanente del verano polar y un terreno traicionero con grietas capaces de engullir un convoy completo. Por lo que el esfuerzo físico y mental es muy alto, con largas marchas, desgaste permanente de la maquinaria y condiciones meteorológicas severas. A ello se sumaban dificultades de orientación, ya que la brújula no funciona en esas latitudes y durante el día polar no pueden usarse las estrellas. Además, el fenómeno del “blanqueo antártico” —la ausencia total de sombras por la reflexión uniforme de la luz— eliminaba el contraste y la percepción de profundidad, generando desorientación y riesgos permanentes.

Luego, en medio de la nada, en la inmensidad del continente blanco, llegó un nuevo problema: el hielo. Cuenta Alfredo Pérez, el último sobreviviente de la expedición, que “no teníamos experiencia en la altura. Siempre trabajamos en el llano. Nuestros esquíes estaban hechos para operar en la nieve. Pero cuando alcanzamos los 1200 metros de altura se acabó la nieve y apareció hielo… ¡y el hielo nos rompió los patines de los trineos en los que llevábamos la carga! De pronto, entendimos que teníamos que volver, no nos quedaba otra, porque no teníamos donde llevar la nafta. Imagínese, habíamos hecho ya casi 600 kilómetros… Los trineos no estaban preparados para suelo duro, eran para nieve. Y a nosotros ni se nos ocurrió que íbamos a encontrar hielo”.

Sin embargo, cuando estaban por bajar los brazos, encontraron una solución muy argentina para su problema. ¡Lo ataron con alambre! Continúa Pérez: “estuvimos dos días soldando con la autógena, atando con alambre y con soga. Así logramos recuperar cinco trineos y pudimos seguir. A partir de ahí bajamos aún más la velocidad, anduvimos con muchísimo cuidado, despacito”.

Finalmente, tras 45 días, el 10 de diciembre de 1965 el grupo alcanzó el Polo Sur. Por primera vez en la historia, la Argentina llegó por tierra con su bandera al extremo austral de su territorio: 7.582 kilómetros al sur de La Quiaca. El equipo que alcanzó el Polo Sur bajo el mando del coronel Leal estuvo formado por diez integrantes: Jorge Edgar Leal (jefe del grupo), Gustavo Adolfo Giró (segundo jefe y responsable de las tareas científicas), Ricardo Bautista Ceppi (suboficial principal, mecánico), Julio César Ortíz y Alfredo Florencio Pérez (sargentos ayudantes, mecánicos), Jorge Raúl Rodríguez, Roberto Humberto Carrión, Adolfo Oscar Moreno y Domingo Zacarías (sargentos primeros, mecánicos, topógrafos y comunicaciones), y Oscar Ramón Alfonso (cabo, patrulla).

Tras cinco días de recuperación en la base Amundsen-Scott (¡luego los estadounidenses mandaron el gasto de comida a la embajada argentina!), el 15 de diciembre iniciaron el regreso, que fue más rápido al recorrer un camino conocido. El 31 de diciembre estaban de vuelta en la base Belgrano. La expedición completa duró 66 días y recorrió cerca de 2.980 kilómetros, llegando al vértice absoluto del país: el extremo del mundo.

El legado

Argentina se convirtió en el primer país en alcanzar el Polo Sur partiendo del mar de Weddell y regresando a él, siempre dentro del Sector Antártico Argentino. Además del valor simbólico y político, la misión dejó un legado científico significativo: durante la marcha se realizaron observaciones geológicas, gravimétricas y meteorológicas que aportaron información inédita sobre una de las zonas menos conocidas del continente.

Pero la cuestión de fondo de la Operación 90 no era simplemente explorar: era ejercer soberanía. Para Leal, la expedición representaba la prueba concreta de que la Argentina poseía la capacidad técnica, logística y humana para alcanzar “los últimos reductos” de su territorio antártico. Para él, la misión tenía un propósito central: “afirmar la capacidad argentina de alcanzar todos los rincones de lo que considera su territorio soberano, fortaleciendo los derechos de soberanía que el país esgrime en la Antártida Argentina.” Al llegar al Polo Sur por tierra, el país demostró que podía conectar su presencia efectiva con el extremo más remoto de la Tierra.

La gesta consagró a Leal —hasta su fallecimiento en 2017— como uno de los grandes referentes de la Antártida Argentina, junto a Hernán Pujato, a quien siempre reivindicó. Y su compromiso no terminó con la expedición: continuó participando en políticas de presencia y apoyo logístico, impulsando la defensa de los derechos argentinos en el sistema antártico e integrando debates sobre el futuro de la región. Su figura encarna la voluntad de una nación de llevar su bandera hasta los confines del mundo, aun con recursos limitados, sacrificio y determinación. La Operación 90 dejó una huella indeleble en la historia antártica nacional.

Dos elementos más deben ser resaltados sobre Jorge E. Leal. Por un lado, en sus escritos y declaraciones, insistió en una visión americana del continente blanco. Sostenía que esa parte de la Antártida corresponde “a todos los países sudamericanos que tengan interés en ir”, es decir, una Antártida sudamericana, vinculada geológica y geográficamente al continente por la continuidad de la cordillera de los Andes. De este modo, rechazaba las pretensiones británicas sobre los territorios antárticos reclamados por Chile y Argentina.

Por otro lado, destacó por su defensa de la democracia. Mantuvo una postura crítica frente a los sucesivos golpes de Estado, así como hacia los gobiernos militares. Postura que en tres oportunidades le significó ser detenido por sus colegas de armas. Tras el retorno democrático, en 1984, fue uno de los cofundadores del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), del cual fue su primer presidente.

Hoy, cuando una parte importante de las Fuerzas Armadas asume el triste papel de acompañar y celebrar la entrega absoluta de la soberanía por parte del gobierno de Javier Milei, es más importante que nunca recuperar para las nuevas generaciones la historia de Jorge Leal, del CEMIDA y de tantos militares de la línea sanmartiniana que alguna vez dieron gloria a la Argentina.

Fuentes

Jorge Edgar Leal escribió un informe donde narra día por día los avatares de la expedición. El libro se titula Operación 90 y fue editado en 1976 por el Instituto Antártico Argentino. Se encuentra disponible en la Biblioteca Pública de la UNLP. Además, pueden consultarse las entrevistas de 2013 a Leal en el portal Educ.ar y de 2024 a Alfredo Pérez en La Nación. En 2017, año del fallecimiento de Leal, aparecieron varias notas en la prensa alusivas a su vida y obra, tales como la del Centro Cultural Argentino de Montaña, La Nación e Infobae. Por último, sobre el contexto, recomendamos el libro “La pugna antártica”, de Pablo Fontana, y la línea histórica publicada en la página web de la Dirección Nacional del Antártico. En el Museo Antártico “General de División Hernán Pujato” se puede observar parte de los equipos y vestuario utilizados en la Operación 90

Santiago Liaudat