Los nuevos capitalistas petroleros argentinos. ¿Nace una «burguesía nacional»?

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El sector hidrocarburífico argentino atraviesa una mutación estructural sin precedentes desde la privatización de YPF en los años noventa. En menos de  treinta meses del gobierno de Javier Milei, algunos de los gigantes mundiales del sector abandonaron el país: Petronas (Malasia), Exxon Mobil (Estados Unidos), Equinor (Noruega), ENAP Sipetrol (Chile), y la red de Raízen/Shell. Su lugar fue ocupado por consorcios con importante participación de capitales nacionales o, directamente, por firmas argentinas.

El hecho no es menor: se trata de una transferencia patrimonial de activos estratégicos a escala histórica, ejecutada en tiempo récord. La pregunta que emerge —incómoda, necesaria— no es técnica sino política: ¿estamos ante el nacimiento de una nueva burguesía nacional, o ante una variante sofisticada del viejo rentismo vernáculo con traje de Wall Street?

La retirada de las multinacionales y el vacío que dejaron

Las razones del repliegue multinacional son heterogéneas pero confluentes. La volatilidad macroeconómica argentina, los controles de cambio, las dificultades para repatriar utilidades y la percepción de riesgo regulatorio alejaron a operadores acostumbrados a horizontes de planeamiento de veinte años. Para una Petronas o una Exxon con cartera global, Argentina representaba una posición marginal en un mundo donde Qatar, Guyana o el Pérmico norteamericano ofrecían retornos con menor fricción institucional. La salida no fue pánico, fue racionalidad corporativa transnacional.

El resultado fue un mercado de activos premium disponibles a precios de oportunidad. Vista adquirió la operación de Petronas en Vaca Muerta, y el sector energético se convirtió en el epicentro del proceso de argentinización de activos: represas, distribuidoras, bloques de Vaca Muerta y la red de alta tensión cambiaron de manos en menos de dos años. Quien tuvo acceso a capital —o a crédito— en ese momento compró infraestructura que el Estado tardó décadas en construir.

El nuevo núcleo: ¿Quiénes son y cómo operan?

El mapa del nuevo poder empresarial energético argentino admite al menos tres capas analíticas distintas, que conviene no confundir.

La capa de la acumulación técnica. Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Miguel Galluccio (Vista Energy) representan trayectorias de acumulación con sustento operativo real. Mindlin lleva más de dos décadas construyendo posiciones en la cadena energética: ingresó en Transener en 2003, luego en Edenor y TGS, y dio su salto más audaz cuando Pampa, que entonces valía 500 millones de dólares, adquirió los activos de Petrobras por 1.300 millones, obteniendo financiación por varias veces el valor de la propia empresa para comprar otra que casi la triplicaba en valor. Galluccio, quien lideró la recuperación de YPF tras la renacionalización de 2012, construyó Vista Energy como el vehículo de una apuesta productiva clara: la empresa hoy vale 7.000 millones de dólares, produce 135.000 barriles de petróleo equivalente por día, y entre 2026 y 2028 planea invertir más de 4.500 millones de dólares.

La capa de la acumulación político-patrimonial. José Luis Manzano representa una figura de mayor complejidad estructural. Ex diputado nacional, ex ministro del Interior del menemismo, su trayectoria empresaria comenzó cuando aún era funcionario y nunca se desligó del poder político como condición de posibilidad. Su holding actual integra Edenor, Metrogas, Edemsa, yacimientos petroleros en Argentina y Colombia, exploración de uranio en Chubut, litio en Jujuy y Catamarca, y la sociedad Integra Capital. Junto a Mercuria, son dueños de Minera Volcán, uno de los más importantes productores de plata, zinc y plomo en el mundo.

La capa de la acumulación por proximidad al poder. Los hermanos Juan y Patricio Neuss representan un fenómeno cualitativamente distinto. Edison Energía fue constituida el 12 de febrero de 2025. Desde entonces, compró dos distribuidoras en el norte del país, sumó participación en dos transportistas y adquirió tres represas hidroeléctricas. En abril de 2026 formalizaron la adquisición del control de Transener —la red troncal de alta tensión del país— por 356 millones de dólares, consolidando así el control sobre los tres eslabones de la cadena: generación, transporte y distribución. La velocidad de esta acumulación no tiene explicación en ningún expediente de capacidad técnica o trayectoria sectorial acreditada. Los hermanos Neuss son amigos de la infancia del asesor presidencial Santiago Caputo, con quienes compartieron la infancia en el country Martindale.

La arquitectura financiera: la deuda como palanca de poder

El mecanismo que permitió esta argentinización acelerada de activos no descansa en la acumulación previa de capital propio, sino en el acceso privilegiado al mercado de deuda corporativa. El mercado de Obligaciones Negociables en Argentina vivió en 2025 un año récord, con un volumen total de emisiones corporativas que superó los 20.000 millones de dólares —el mayor en al menos la última década—, siendo el sector energético el principal motor, concentrando cerca del 50% del financiamiento privado.

Entre las diez empresas con stock de deuda en dólares más elevada a diciembre de 2025, tan sólo dos no corresponden a los sectores de energía e hidrocarburos. El ranking lo encabeza YPF con 10.460 millones de dólares, seguida por Pan American Energy y Vista Energy (3.438 y 3.160 millones, respectivamente). Luego viene Pluspetrol (2.670 millones), Pampa Energía (1.893 millones) y Tecpetrol (1.829 millones).

El argumento de la burguesía nacional productiva requiere, al menos, esta advertencia: el apalancamiento que financia la argentinización de activos genera pasivos externos que se socializarán, tarde o temprano, en el balance cambiario del país. JPMorgan está trabajando en lo que podría convertirse en el mayor acuerdo de financiación de proyectos de la historia argentina, buscando recaudar unos 14.000 millones de dólares para YPF. No hay aquí autonomía financiera nacional, hay inserción subordinada —aunque activa— en los circuitos del capital global.

La pregunta de fondo: ¿burguesía nacional o burguesía extractiva?

La categoría burguesía nacional tiene en Argentina una carga histórica específica. En el lenguaje del pensamiento político y economico clásico —de Prebisch a Diamand, de Ferrer a Braun— designa a una fracción del capital local capaz de dinamizar el mercado interno, articular encadenamientos productivos y sustentar un proyecto de acumulación con densidad territorial. El interrogante sobre si este nuevo núcleo empresarial cumple esos requisitos merece una respuesta técnica rigurosa.

Los elementos a favor de la hipótesis son reales. La producción de petróleo shale creció 26,6% en el último año, impulsada por YPF, Vista y Pluspetrol. El oleoducto Vaca Muerta Sur, con participación de YPF, Pan American Energy, Vista Energy y Pampa Energía, tendrá una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles diarios con ingresos proyectados de hasta 15.000 millones de dólares anuales. En 2025, el aporte neto total del sector llegó a 9.214 millones de dólares, el mayor valor de toda la serie histórica. Son cifras que el país no registraba desde hace décadas y que operan como argumento empírico de primer orden.

Pero los elementos en contra también son sustanciales. En primer lugar, la estrategia productiva dominante es extractivo-exportadora, no industrializante. YPF tomó la decisión de abandonar las cuencas convencionales, vender su participación en Profertil y en Metrogas, y concentrarse en el upstream no convencional con perspectiva exportadora. Como estrategia de negocio es racional; como estrategia de desarrollo, podría provocar un daño sensible a algunas economías regionales que crecieron a la sombra de la expansión de YPF.

En segundo lugar, la integración territorial es asimétrica. La renta se genera en Neuquén, Río Negro y unos pocos nodos productivos, pero los beneficios fiscales, los tomadores de decisión y los centros de comando financiero residen en Buenos Aires y cotizan en Nueva York. La pregunta clave que persiste: cuánto de esa expansión quedará efectivamente en las regiones y cuánto dependerá de la capacidad del país para transformar proyectos extractivos en cadenas de valor más amplias.

En tercer lugar, y más estructuralmente: la acumulación de estos grupos no se produce en contradicción con el capital financiero internacional sino en articulación profunda con él. La deuda en dólares que financia las adquisiciones es suscripta por fondos de Wall Street, estructurada por grandes bancos de inversión globales y calificada por Moody’s.

El factor político: poder económico en busca de representación

La reconfiguración empresarial tiene una dimensión política que merece subrayarse. Estos nuevos empresarios no sólo se suman a la mesa de la cúpula empresaria local, sino que en algunos casos comienzan a perfilarse como referentes de una nueva conducción política de ese prominente espacio. Juegan un rol político muy potente hoy, pero también aspiran a jugarlo con el próximo gobierno, cualquiera sea su signo. La entrelínea es inequívoca: este grupo empresario no necesariamente apostará a la reelección de Javier Milei.

Esta autonomía política relativa —la capacidad de sobrevivir y prosperar bajo gobiernos de distinto signo— es, paradójicamente, uno de los rasgos que más se aproxima al comportamiento histórico de una clase dominante consolidada.

El caso Neuss introduce un matiz perturbador. Edison Energía acumuló en menos de dos años el control de casi toda la cadena energética argentina con vínculos probados con el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta fracción no opera con autonomía política: opera con captura política del Estado. No es burguesía nacional en ningún sentido teórico: es beneficiaria de la privatización de activos públicos estratégicos a través de canales de acceso privilegiado al poder.

El veredicto provisional

La pregunta sobre si nace una nueva burguesía nacional admite, a esta altura del análisis, una respuesta diferenciada que evite tanto la celebración acrítica como el rechazo dogmático.

Hay elementos de una fracción burguesa local con mayor capacidad de acumulación autónoma que en décadas anteriores: escala productiva real, acceso a mercados de capitales internacionales por mérito crediticio propio, capacidad de ejecutar adquisiciones complejas y proyección geopolítica —el caso Chancay es el ejemplo más elocuente. En este sentido restringido, hay algo nuevo que no existía con esta configuración hace veinte años.

Pero esa fracción no constituye aún —y probablemente no constituirá bajo este modelo— una burguesía nacional en el sentido político del término. Las razones son estructurales. Su acumulación es fundamentalmente primaria-extractiva, con escasa densidad industrial corriente arriba y abajo. Su financiamiento descansa en deuda externa privada que reproduce la vulnerabilidad externa que definió la historia económica argentina. Su relación con el Estado oscila entre la captura directa —caso Neuss— y la articulación con políticas de desregulación que eliminan obligaciones de reinversión local, encadenamiento productivo y contenido nacional.

Lo que emerge es, más precisamente, una burguesía de la renta natural financierizada: grupos locales que aprendieron a operar en los mercados de capitales globales para apropiarse de activos estratégicos nacionales, generar dólares por la vía extractiva y construir poder político transversal a los ciclos electorales.

Es una novedad histórica real, pero no es la burguesía nacional que el pensamiento desarrollista argentino esperaba. El Estado que debería encuadrarla, regularla y orientarla hacia el interés general lleva décadas sin tener ni el proyecto ni la correlación de fuerzas para hacerlo.

La pregunta correcta, entonces, no es si nace una nueva burguesía nacional. Es si Argentina tiene la arquitectura institucional y la voluntad política para transformar esta acumulación concentrada en renta colectiva, encadenamiento productivo y desarrollo territorial. La evidencia disponible sugiere que, por ahora, no.

Denuncias en FAdeA apuntan al presidente, Julio Manco. «La corrupción peor es no fabricar aviones»

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Las denuncias que comenzaron a circular dentro de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) exponen una serie de presuntas irregularidades que involucran al presidente de la compañía, Julio Manco, y a personas vinculadas a su entorno profesional, varias de ellas provenientes del ámbito de la Flota Aérea Presidencial y del negocio de los jets privados.

Los cuestionamientos apuntan a supuestas filtraciones de información sensible de procesos licitatorios, posibles conflictos de interés en operaciones comerciales de la empresa y la participación de actores externos que, según diversas fuentes internas, no formarían parte de la estructura orgánica de FAdeA, pero habrían intervenido en instancias relevantes de contratación y toma de decisiones.

La sombra de viejas relaciones

Antes de desembarcar en FAdeA, Manco se desempeñó durante la administración de Mauricio Macri como director general de Logística de la Flota Aérea Presidencial.

En esa posición habría construido una extensa red de contactos y amistades dentro del sector de servicios aeronáuticos y operadores vinculados al mercado de aeronaves ejecutivas.

Entre esos nombres aparece Claudio Cavina, señalado en diversas investigaciones periodísticas como un nexo entre funcionarios públicos y proveedores aeronáuticos.

El diario Clarín publicó informes sobre presuntas maniobras irregulares en contrataciones vinculadas a la Flota Presidencial, donde Cavina aparecía mencionado como un actor con influencia en los procesos de contratación y relación con proveedores.

La pregunta que hoy formulan sectores internos de FAdeA es por qué Manco aceptó el pase en comisión de Cavina; -que prestaría servicios en el Ministerio de Justicia-; para gestionar asuntos vinculados a licitaciones de la empresa estatal cuando existe una estructura formal de Compras y Contrataciones integrada por personal especializado y responsable de esos procedimientos.

El chat que abrió interrogantes

Uno de los elementos que alimentan las sospechas es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado «Licitaciones FAdeA», creado por el propio presidente de la fábrica.

Según testimonios que circulan entre trabajadores y ex empleados de la compañía, Cavina figuraba como integrante del grupo.

En un diálogo del grupo, Manco consulta sobre el estado de diversos procesos licitatorios y solicita “una calendarización” de los procedimientos. Cavina responde:

—»Estoy trabajando en eso, pero me falta info».

A lo que Manco contesta: —»Por favor arbitremos los medios para que te den todo lo que necesitas, lo quiero URGENTE».

El intercambio podría interpretarse como una simple coordinación administrativa.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando terció la abogada Julia Enríquez, gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA con un anuncio perturbador:

¬“Julio, a raíz de la comunicación que recibí al mail de transparencia informando que se habían filtrado los pliegos, yo pedí que no se compartieran más los pliegos hasta tanto no salgan publicados, sólo deben tener el pliego quien firma el RMS (n.r. Requerimiento de Materiales y Servicios) y compras, Ya hablé con Claudio y va a pedir info solo de los cronogramas para avanzar”.

La advertencia resulta particularmente sensible porque reconoce la existencia de una denuncia por presunta filtración de pliegos antes de su publicación en el sitio oficial Compr.Ar.

La ventaja de conocer antes

La eventual circulación anticipada de documentación licitatoria constituye uno de los puntos más delicados del caso.

Si efectivamente determinados proveedores tuvieron acceso previo a los requisitos técnicos y comerciales de las contrataciones, habrían contado con una ventaja competitiva respecto de otros oferentes al momento de preparar sus propuestas.

Cae de plomada una pregunta: ¿quiénes se beneficiaron de ese anticipo furtivo que permite adecuar y alinear el bien o el servicio a ofrecer con los requisitos que iba a plantear la fábrica en los pliegos de sus licitaciones?

En la lista de presuntas filtraciones a favoritos están los pliegos de: Servicios de Limpieza, Servicios de Seguridad, Servicios de Mantenimiento de espacios verdes, Servicios de Refrigerio y Almuerzo, Servicios de Mantenimiento Industrial de Máquinas y Equipos y, Servicios de Albañilería y Tareas Generales.

Aeronaves privadas y presuntos conflictos de interés

Otro conjunto de cuestionamientos involucra operaciones comerciales vinculadas a aeronaves privadas que entraron a FAdeA para trabajos de mantenimiento y pintura.

Fuentes del área comercial sostienen que Manco habría intervenido personalmente en procesos de cotización correspondientes a la aeronave Cessna 402 matrícula LV-JHP ingresada a la fábrica a través de la empresa Flight Edge para el cliente final; Juan Leiva.

Según esos testimonios, cada vez que la oficina comercial elevaba una propuesta económica, el presidente solicitaba revisar los valores a la baja, reduciendo el margen comercial de la empresa.

Las mismas fuentes afirman que la insistencia por disminuir los costos a los trabajos del LV-JHP llamó la atención dentro de la organización y motivó especulaciones respecto de posibles vínculos personales con el propietario final de la aeronave que se dijo sería el padrino de Manco.

Otro caso similar ocurrió con tareas de pintura realizadas a una aeronave matrícula LV-GRQ de la empresa Pacific Ocean con sede y base operativa en San Fernando.

Documentación interna citada por denunciantes señala que mientras las áreas técnicas calcularon costos por 12.540 dólares, el precio finalmente acordado con el cliente fue una ganga más bien de pérdida.

La secuencia quedó registrada en un chat donde el entonces gerente comercial Pablo Salort informa que el precio convenido (por el presidente Manco) con el cliente fue de 5.000 mil dólares.

La diferencia no sólo redujo drásticamente la rentabilidad de la operación, sino que generó objeciones dentro de la propia estructura comercial.

La discrepancia entre el costo que elaboró el personal de la oficina comercial y el precio de ganga convenido por Manco que luego ordenó cumplir el gerente Salort quedó en evidencia cuando este último esquivó colocar su firma en el Acta de Precios.

El documento dejaba en letras de molde una diferencia se diría ruinosa en detrimento de las cuentas de la empresa.

El Acta de Comité de Precios exhibe sin vueltas que los 5 mil dólares no dejaron utilidades hasta se podría decir que por arbitrios inconsultos del titular de FAdeA se subsidia a un grupo de favorecidos mientras la empresa lucha por recuperar sustentabilidad económica.

Al parecer la idea comercial que no prosperó consistía en cobrar bajo costo de mercado para ganar en la escala, una fantasía de Narnia.

Riesgos para la certificación internacional

El costo del trabajo era sólo por la mano de obra ya que la pintura la proveía el cliente Pacific Ocean, cuestión que trajo otro dolor de cabeza a la planta de Córdoba que ya había pasado por la misma situación con la pintura suministrada por el cliente Leiva para su Cessna 402.

Sucedió que Pacific Ocean proveyó pintura de automóvil en lugar de la normada para aeronáutica y, la flexibilidad de Manco hacia sus clientes-amigos del sector dejó a la fábrica en la posición de vulnerar estándares internacionales que imponen el cumplimiento de requisitos específicos para mantener la certificación.

Una fábrica de aviones de la magnitud industrial de FAdeA está estrictamente obligada a utilizar pintura aeronáutica certificada (recubrimientos especialmente diseñados y aprobados para la aviación) para el exterior y las partes estructurales de la aeronave.

No hacerlo, además del incumplimiento normativo, expone a FAdeA a una situación legal comprometida en caso de siniestro de la aeronave tratada.

La pintura para aeronaves exige certificados de calidad y trazabilidad que las autoridades aeronáuticas revisan en las inspecciones.

La cuestión resulta especialmente sensible debido a que FAdeA obtuvo en 2025 la certificación como Approved Repair Station bajo la normativa 14 CFR Part 145 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), acredita que cumple con los más altos estándares técnicos, operativos y de gestión exigidos por la autoridad aeronáutica estadounidense para la realización de mantenimiento, inspecciones y reparaciones de aeronaves civiles.

Denuncias ante organismos de control

Estos procesos fueron objeto de denuncia ante la Oficina Anticorrupción, se analizaron en 2025 bajo la carpeta SISA OA N°23.563 y la pertinencia de los hechos motivaron una denuncia que tramita en el juzgado federal N°3 de Córdoba a cargo de Miguel Vaca Narvaja en el expediente N°15488/2026.

Por el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades penales de los involucrados.

Sin embargo, la acumulación de denuncias, la existencia de advertencias internas sobre presuntas filtraciones y los cuestionamientos respecto de decisiones comerciales adoptadas en FAdeA conforman un cuadro que, para numerosos empleados y ex funcionarios de la compañía, amerita una investigación exhaustiva por parte de los organismos de control y de la Justicia.

Edgardo Aguilera

Comentario de AgendAR:

Desde 2024 la cúpula de FAdeA está metida nuevamente en cosas MUY raras, pero lo único que se destapa en los medios son los robos de gallinas, al parecer una especialidad del Sr. injustamente apellidado Manco.

El objetivo principal de todas las dirigencias de FAdeA desde 2011 ha sido que no se produjeran ni drones ni aviones argentinos. En eso, pleno éxito.

Hago excepción de dos conducciones: la conjunta del Ing. aeronáutico Franco Giuggioloni y la del ingeniero nuclear Tulio Calderón de INVAP.

Entre 2014 y 2015 estaban lanzando simultáneamente cuatro proyectos de reactivación de una fábrica confusa, dos de ellos enteramente.nuevos:

  • El SARA (drones de 4 tipos distintos),
  • El entrenador primario IA 100 Malvinas

Los proyectos viejos pero resucitados para nuevos propósitos fueron:

  • El revamping y relanzamiento de dos clásicos argentinos que todavía sirven:
  • El Pucará Fénix radarizado, de patrulla armada y nocturna
  • y el entrenador avanzado Pampa block 3 versión C.

El gobierno que se encargó de liquidar estas iniciativas fue el de Mauricio Macri. El mentado puso la fábrica bajo la dirección sucesiva de una picapleitos de secano, un lechero (es absolutamente real) y un perito en despidos del grupo SEVEL.

Pleno éxito de los tres La FAdeA fue carneada, reducida, castrada, desmoralizada inutilizada y lobotomizada.

Se la redujo a taller de chapa y pintura de un par de líneas de cabotaje, entre ellas Flybondi, la del propio presidente Macri. Es excelente para los pasajeros que se atreven a la flota estable de Flybondi, 12 Boeing 737 fajados por 18 años de volar para otras firmas de otros países y otros años, tengan service local barato.

Lo necesitan.

Incluyo entre los meritorios de FAdeA a la doctora en Física y magíster en Gestión de Ingeniería, Silvia Iriondo. Que hizo lo que pudo por salvar lo que se pudiera, pero además de la pandemia tuvo que vérselas con una FAdeA hecha pelota por los tres mosqueteros referidos ut supra, y dos gobiernos de mierda: uno local e intensamente enemigo, y otro nacional y paralítico.

A sumar, una cúpula aeronáutica militar vendida hasta el hígado a los EEUU y reacia a todo desarrollo tecnológico propio. Los aviones propios no dejan cometas (me refiero, naturalmente, a los barriletes).

¿Qué de bueno podía hacer Iriondo en ese cuadro?

De modo que la FAdeA actual es lo que esconde pero quiere, unánime, todo el arco del poder interno y externo: una fábrica de aviones que no fabrica aviones. Ergo, que no moleste a los EEUU.

Lo logró.

Los organismos en estado vegetativo se llenan de parásitos. Es inevitable.

¿Qué valor periodístico hay entonces en revelar las trapacerías del ínfimo, recurrente y nada manco señor Manco? No da para que entre en la galería del crimen aeronáutico. Son las ligas mayores, presididas sin discusión ni condena por el presidente Carlos Menem, que cerró la Fábrica Militar de Aviones y se la regaló a Lockheed Martin. Que superen ésa, a ver…

«Simile modo», usar instalaciones y aviones del estado en beneficio propio es robar gallinas frente a la obra magistral de Macri: el abandono de 4 sistemas de drones, y la desactivación de 3 aviones criollos, uno de ellos novísimo, el primero tras 40 años de no diseñar NADA, y un animal muy, pero muy competitivo.

Frente a los pandilleros mentados, tipos sacados de lo más negro del policial negro en que devino nuestra historia como nación, los nuevos pungas con corbata no logran ganarse titulares. Son obvios. No disimulan, porque no necesita, y no indignan ni a Judas y no calentan ni a un preso.

Son rateritos de cabotaje.

Como decimos en Avellaneda, chorros eran los de antes.

Daniel E. Arias

Hidrovía: un informe expone irregularidades en el pliego de licitación

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Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.

El documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.

La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.

Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.

El documento reservado

En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.

En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.

Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.

Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.

Informe lapidario

“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.

“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de «competencia» bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.

A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.

El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.

El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.

Otras irregularidades

El informe detalla que:

  • “La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
  • “La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
  • Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas».

Las inconsistencias del “peaje”

El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.

Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.

Otras conclusiones:

  • “Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas «otros», lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
  • Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
  • “Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
  • “Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.

En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.

Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.

Gabriel Morini

Finalizó “Daga Atlántica 2026”, un ejercicio conjunto de fuerzas especiales de Argentina y de EE.UU.

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Luego de más de 40 días de adiestramiento, finalizó el ejercicio conjunto y combinado de Fuerzas de Operaciones Especiales “Daga Atlántica 2026” entre la República Argentina y Estados Unidos.

El cierre tuvo lugar en la provincia de Córdoba durante una demostración operacional de la que participó el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, acompañado por los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

También estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Oscar Santiago Zarich; y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Gustavo Javier Valverde.

Del ejercicio participaron más de 350 efectivos militares y civiles de la Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina, junto con delegaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes fueron parte de un exigente adiestramiento con operaciones en diferentes escenarios -urbanos, rurales, costeros y portuarios- del territorio nacional.

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Además de los elementos de Fuerzas de Operaciones Especiales, integraron el ejercicio personal de aviación, comunicaciones, logística, sanidad operacional, asuntos públicos y servicios, entre otras especialidades logísticas de las Fuerzas Armadas, quien brindaron apoyo para la ejecución del “Daga Atlántica”.

Esta actividad, conducida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), es considerada como el mayor despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales realizado de manera conjunta entre ambos países.

Su objetivo principal radicó en fortalecer la interoperabilidad y la cooperación, a partir del intercambio de procedimientos, técnicas y experiencias, durante la ejecución de más de 40 actividades operacionales desarrolladas en distintas sedes: entre otras, la Base de Infantería de Marina Baterías, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea.

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Dichos escenarios brindaron un alto realismo a las maniobras entre las que se destacaron simulaciones de rescate de rehenes, asaltos combinados sobre objetivos de alto valor y operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate (Combat Search and Rescue – CSAR). Además, ejercicios de tiro, maniobras tácticas, atención de heridos en combate, planeamiento operacional y ejecución de misiones especiales.

“Daga Atlántica” permitió fortalecer los lazos profesionales entre las Fuerzas participantes y la cooperación internacional, contribuyendo al perfeccionamiento continuo del personal involucrado en operaciones de alta complejidad.

Qué son los NGLs y por qué resultan críticos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

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Argentina está a las puertas de un salto histórico en su producción de hidrocarburos. El oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto Argentina LNG proyectan una escala de exportación de gas y petróleo sin precedentes, pero ese crecimiento tiene una condición que la industria debe resolver con urgencia. El gas de Vaca Muerta no es metano puro. Es un gas rico, cargado de componentes más pesados -etano, propano, butano, gasolina natural- conocidos como NGLs (Natural Gas Liquids, o líquidos del gas natural), que pueden ser separados y aprovechados.

Los NGLs lejos de ser impurezas del gas natural son hidrocarburos con destino comercial propio. El etano es la materia prima que alimenta plantas petroquímicas como la de Dow en Bahía Blanca, donde se produce polietileno. El propano y el butano -que juntos forman el GLP– llegan a los hogares en garrafas o se exportan a granel a mercados como Brasil, Chile o India. La gasolina natural se mezcla con crudos pesados o se usa en procesos petroquímicos y se exporta en su totalidad.

Mientras el gas en gasoducto se cotiza entre US$3 y US$4 por millón de BTU, el propano y el butano en mercados internacionales valen históricamente alrededor de US$400 por tonelada. Hoy, crisis energética mediante por el conflicto armado en Medio Oriente, su valor se eleva hasta los US$800 por tonelada. Esa diferencia de precios explica también por qué el gas rico de Vaca Muerta cambió la lógica del negocio respecto al gas convencional que Argentina procesaba hasta hace una década.

El recurso del shale gas, combinado con el gas asociado a la producción de petróleo, tiene una composición radicalmente distinta al gas seco del històrico yacimiento neuquino de Loma la Lata que justificó la infraestructura original hace un cuarto de siglo. En el gas que se obtiene del no convencional hay un 10% menos de metano, pero el etano casi se triplicó, el propano también, y la gasolina natural se multiplicó por cuatro.

El gas rico cambia la ecuación económica

Es, en términos de la industria, un gas mucho más rico. Y esa riqueza para ser capturada requiere plantas de separación, poliductos y plantas de fraccionamiento capaces de procesar volúmenes crecientes a medida que la producción de Vaca Muerta escala. Sin esa infraestructura, el valor queda atrapado en el gas y se desperdicia.

En ese desafìo de acompañar el incremento de producción de NGLs, no sólo por la mayor extracción de gas y petróleo, sino porque el componente de gas húmedo ofrece más productos, se vienen sucediendo una serie de anuncios de ampliaciones de plantas. En esa línea se inscriben las iniciativas de los dos principales operadores del segmento que son Mega y TGS, cuyas producciones incrementales estarán prácticamente destinadas a los mercados externos que presentan alta demanda.

El proceso de separación de los NGL es termodinámico. Al bajar progresivamente la temperatura, cada componente pasa al estado líquido en una secuencia predecible según su punto de ebullición. El metano, el más liviano, permanece gaseoso y vuelve a los gasoductos. Los demás componentes, ya en estado líquido, viajan por poliductos hasta plantas de fraccionamiento donde columnas de destilación sucesivas los separan: primero el etano, luego el propano, el butano, y la gasolina natural.

La urgencia de expandir la infraestructura de NGLs responde, en primer lugar, a una lógica de valor económico y eficiencia energética. La diferencia de precios es determinante dado que el propano y el butano multiplican x3 o x4 el valor del gas en el mercado. Sin la capacidad de separación adecuada, estos componentes de alto precio se desperdician al mezclarse con el gas seco, terminando quemados en el consumo doméstico como si fueran simple metano.

Por otro lado, la necesidad de infraestructura actúa como una garantía operativa y estratégica para el futuro de la cuenca. El gas de Vaca Muerta, por su riqueza, requiere ser procesado para cumplir con los estándares de seguridad y poder calorífico de los gasoductos; de lo contrario, se convierte en una restricción que impide seguir inyectándolo a la red.

Infraestructura para el salto exportador

La infraestructura de separación de líquidos evita el cuello de botella para asegurar la viabilidad de los grandes proyectos de exportación, como el oleoducto Vaca Muerta Sur y las terminales de GNL, ya que permite que la escala de producción de hidrocarburos no encuentre un límite físico en el tratamiento del recurso.

Esta saturación de la infraestructura ya se percibe en las operaciones actuales. Instalaciones históricas en Neuquén, diseñadas para procesar mayores volúmenes de gas convencional, hoy operan por debajo de su capacidad nominal de inyección de metano porque han llegado al tope de su capacidad de tratamiento de líquidos. El gas actual es tan rico que la infraestructura de transporte y fraccionamiento de NGLs se completó antes que la de gas seco, confirmando que la ampliación del sistema de midstream permitirá liberar producción en el yacimiento.

A este límite físico se suma el desafío regulatorio. El incremento del poder calorífico del gas, derivado de su mayor riqueza, obligó a un trabajo técnico entre el IAPG y el Enargas para actualizar las normas de seguridad y transporte hacia 2025. Este ajuste permitió al sistema absorber mayores caudales de energía como alternativa temporal al incremento de la capacidad de procesamiento y fraccionamiento.

Ignacio Ortiz

Cyber.Ar 2026: lanzan el primer Congreso de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas

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Los sistemas digitales y el avance de la inteligencia artificial (IA) están marcando y transformando una época y el debate llegó a las Fuerzas Armadas: ¿cómo deben proteger los Estados sus infraestructuras críticas, gestionar la información y planificar su defensa?

Argentina forma parte de esa tendencia. Por eso, en los últimos años, los distintos organismos académicos dependientes de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en materia de ciberdefensa, formación de especialistas e innovación tecnológica en un momento donde resulta vital avanzar en la consolidación de una estrategia de soberanía digital. 

En ese contexto, del 16 al 18 de septiembre de 2026 se realizará en Buenos Aires “Cyber.Ar 2026”, el primer Congreso de Ciberdefensa de Argentina. El evento -organizado por la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Facultad Militar Conjunta, ambas instituciones de la UNDEF, con la participación del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas– buscará reunir a especialistas nacionales e internacionales provenientes del ámbito académico, empresarial, gubernamental y de defensa para debatir algunos de los desafíos tecnológicos más relevantes.

El dato: inteligencia artificial aplicada a la defensa, guerra cognitiva, operaciones de información, criptografía poscuántica, guerra electrónica, protección de infraestructuras críticas y soberanía digital serán algunos de los temas que serán abordados durante Cyber.Ar 2026.

Fuerzas Armadas y ciberdefensa

¿Por qué la ciberdefensa pasó a ser una de las preocupaciones más importantes en materia de soberanía? Lo ocurrido en abril de 2007 en Estonia lo pone de relieve. En aquel entonces, una serie de ciberataques dejaron al descubierto las vulnerabilidades de un Estado: sitios gubernamentales, entidades financieras, medios de comunicación y servicios esenciales quedaron paralizados. Todo un país detenido. 

El tiempo no hizo más que agudizar las consecuencias de este tipo de ataques. Por eso, la guerra entre Rusia y Ucrania también puso el foco en el ciberespacio. “Operaciones de información, campañas de desinformación, ataques contra infraestructuras críticas, guerra electrónica e inteligencia artificial comenzaron a convivir con las operaciones militares tradicionales en un escenario donde las fronteras entre lo físico y lo digital resultan cada vez más difusas”, explican los especialistas. 

En el caso de las Fuerzas Armadas Argentinas, permanecen atentas a las evolución de esta materia. Y, de hecho, desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa -dependiente del Estado Mayor Conjunto- trabajan para contrarrestar los ciberataques diarios dirigidos contra distintas infraestructuras y sistemas de información.

Cyber.Ar 2026 se realizará desde el 16 al 18 de septiembre de 2026 en Buenos Aires (Foto: Fernando Calzada)

El dato: en 2014, Argentina se convirtió en uno de los países pioneros de América Latina en desarrollar una estructura conjunta específicamente orientada a la ciberdefensa. La creación del Comando Conjunto de Ciberdefensa permitió comenzar a construir doctrina, procedimientos y capacidades destinadas a proteger sistemas estratégicos y desarrollar una visión integrada del nuevo dominio operacional. 

“La formación de talento especializado será uno de los factores críticos de los próximos años. Ningún país puede pensar seriamente su desarrollo tecnológico sin invertir en capacidades humanas y académicas”, sostiene el general (retirado) Aníbal Intini, actual director de la Maestría en Ciberdefensa de la Facultad de Ingeniería del Ejército y presidente de Cyber.Ar 2026.

Cyber.Ar 2026 y la vigencia del Triángulo de Sábato 

De acuerdo con los organizadores del primer Congreso de Ciberdefensa de Argentina, la lógica que inspira Cyber.Ar 2026 remite además a una idea profundamente arraigada en la tradición científica argentina: a mediados del siglo pasado, el físico y tecnólogo Jorge Alberto Sábato formuló el concepto conocido como “Triángulo de Sábato”, según el cual el desarrollo estratégico de una nación depende de la interacción permanente entre el Estado, el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

A propósito de ese concepto, para los expertos, la protección de infraestructuras críticas, el desarrollo de tecnologías avanzadas, la investigación en inteligencia artificial, la criptografía poscuántica o la formación de especialistas requieren necesariamente la participación simultánea de universidades, centros de investigación, organismos públicos y empresas tecnológicas.

Por eso, el Congreso busca posicionarse como un espacio donde esos tres vértices puedan encontrarse, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación.

La convocatoria de Cyber.Ar 2026 está abierta a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y representantes de empresas tecnológicas (Foto: Fernando Calzada)

La convocatoria de Cyber.Ar 2026

Desde la organización de Cyber.Ar 2026 cuentan que existe una convocatoria abierta para que empresas nacionales e internacionales presenten desarrollos tecnológicos, proyectos innovadores y casos de éxito ante una audiencia integrada por académicos, investigadores, funcionarios, especialistas y profesionales del sector. ¿Los motivos? En el presente, gran parte de las capacidades más disruptivas surgen de empresas privadas, startups tecnológicas y centros de investigación. 

Además, los asistentes al Congreso podrán presenciar conferencias magistrales, paneles de expertos y presentación de trabajos científicos. 

En cuanto a la convocatoria, está abierta a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y representantes de empresas tecnológicas. “Cyber.Ar 2026 buscará precisamente instalar esa discusión en la agenda argentina y regional, promoviendo un diálogo que involucre a todos los actores llamados a construir las capacidades que demandará el futuro”, contaron desde la organización, al tiempo que detallaron que en el sitio www.cyberar.fie.undef.edu.ar está disponible toda la información sobre el evento. 

Patricia Fernández Mainardi

Malvinas 44 años: algunas memorias de nuestros aviadores y sus máquinas

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Las operaciones aéreas argentinas durante la Guerra de Malvinas tuvieron un espectro amplio que fue más allá de los ataques a los buques, el sostén logístico y las operaciones en las propias islas. Hubo misiones poco conocidas pero que fueron esenciales para todo el esfuerzo bélico argentino.

El derribo de un bombardero BAC Canberra el 1º de mayo evidenció la vulnerabilidad de los bombarderos ante las defensas británicas y, tras dos misiones realizadas el 2 y 3 de mayo en que no encontraron blancos, se decidió que los bombarderos Canberra del Grupo 2 de Bombardeo, bajo el mando del Mayor Ramón Vivas no realizaran más salidas contra la flota británica. Además, se planearon salidas de interdicción marítima contra buques logísticos que apoyaran el esfuerzo británico, mientras se encontraran navegando en solitario rumbo al sur. Así, el 17 de mayo salieron cuatro aviones con apoyo de un Gates Learjet del Escuadrón Fénix, volando hacia Mar del Plata para reabastecerse de combustible, desde donde saldrían para bombardear un petrolero al este de la ciudad de Mar del Plata. La operación fue cancelada antes de que los aviones partieran. Ese mismo día se envió a uno de los bombarderos que había sido equipado con radar y transportando a tres tripulantes, excepto una ocasión en la que el mayor Vivas voló solo, iniciando misiones de vigilancia marítima con el indicativo Krill, repetidas los días 20, 21 y 25 de mayo y el 11 de junio.

Para protegerse de los misiles británicos, durante abril, técnicos de la II Brigada Aérea trabajaron en el desarrollo de un lanzador de chaff (señuelos contra los radares) y bengalas para los Canberras, con capacidad para siete cartuchos, y los Learjets con capacidad para cinco. Se construyó la estructura y se usaron los cartuchos para arrancar los motores, rellenos con bengalas, y también con franjas de aluminio construidas con una máquina para hacer fideos, regalo de una fábrica de pastas de Paraná.

La eficiencia del sistema, a pesar de haberse utilizado durante la guerra, solo se probó después, usando un Mirage IIIEA para interceptar un bombardero y observando que, de hecho, el bloqueo de radar con el Canberra se perdía cuando se lanzaba el chaff. Cuando se realizó el desembarco invasor el 21 de mayo en San Carlos el Mayor Jorge Chevallier planeó una misión con ocho Canberras y ocho bombas Mk.17 cada uno, escoltado por cazas Mirage IIIEA, para bombardear la cabeza de playa. Se llevarían a cabo bombardeos con un total de 32 toneladas de bombas en una zona de 2 km de largo y 2 km de ancho, desde 45.000 pies de altura. Justo después de que tres bombarderos despegaran, llegó la orden de cancelar la misión, porque había información que indicaba que la cabeza de playa se había dispersado y que había una gran actividad de los Sea Harrier en la zona. A la altura en que planeaban lanzar las bombas, la principal amenaza para los Canberra eran los Sea Darts del HMS Coventry, ubicado al norte de Isla Borbón.

A partir de entonces, se decidió que los Canberra operarían solo de noche, para contar con un factor defensivo a su lado, dado que, a diferencia de los aviones de ataque, llevaban a bordo un navegante que podía trazar la ruta hasta el blanco con bastante precisión, por lo que se realizaron vuelos de entrenamiento de navegación nocturnos en formación muy cerrada y a muy baja altitud, sin luces de navegación y en silencio radiofónico, comunicándose entre aviones con una pequeña luz, usando código Morse. La primera misión de bombardeo nocturno se lanzó el 26 de mayo desde Río Gallegos, pero, debido al mal tiempo sobre el teatro de operaciones, tuvieron que regresar, aterrizando en Río Gallegos a las 4:40 h.

Mientras esos aviones volvían, a las 3:20 h del 27 de mayo, dos aviones salieron a bombardear el campamento británico en la bahía Ajax. Los aviones debían guiarse por un fogón en la BAM Cóndor, porque el ataque tendría lugar a baja altitud, en silencio de radio y sin luces. Aunque no pudieron ver el fuego, los aviones encontraron el objetivo y desde unos 800 pies lanzaron las bombas sobre el campamento, regresando a las 6:00 h en su primera misión exitosa. Dos días después salieron otros dos Canberra, armados con cuatro bombas Mk.17 de 500 kilos, al mismo objetivo. A pesar de la niebla lanzaron las bombas a 700 pies de altura, confirmando la explosión.

El 31 de mayo volvieron a salir hacia San Carlos, aunque uno debió regresar y el otro siguió hacia el blanco, con los capitanes Carlos Pastrán y Fernando Casado, lanzando las bombas cerca de donde se encontraban en tierra los helicópteros Sea King del escuadrón 846 de la armada británica, seguidos inmediatamente por la escuadrilla Odín con otros dos Canberra. Los helicópteros, que por poco no sufrieron daños, fueron evacuados al buque HMS Fearless en la mañana, para evitar que sean destruidos.

Debido al avance británico sobre Puerto Argentino, se decidió comenzar a atacar a la concentración de tropas enemigas en Monte Kent, lanzando la primera salida con tres aviones el 1 de junio, cada uno armado con tres bombas de 500 kilos. Uno de los aviones debió volver por una falla pero los otros lanzaron sus bombas sobre el blanco. Los aviones fueron detectados por la fragata HMS Minerva y los pilotos informaron de un misil disparado contra ellos. El radar de la Fuerza Aérea Argentina en Puerto Argentino detectó un Sea Harrier que intentaba cazarlos, por lo que se avisó a la tripulación, que lanzó bengalas y escapó.

El 4 de junio se volvió a bombardear la zona con cinco aviones cuya navegación sería apoyada por un Hércules, mientras que tres IAI M5 Dagger harían un ataque previo. Los aviones lanzaron sus bombas con éxito, aunque los Sea Harrier intentaron cazarlos nuevamente, sin lograrlo. Los británicos habían posicionado al destructor HMS Cardiff en una trampa de misiles cerca de las islas, intentando detectar y derribar a los Canberra, pero no dispararon ningún misil contra los aviones.

El 5 de junio cuatro aviones salieron a realizar un nuevo ataque, pero fueron recibidos por misiles antiaéreos y debieron abortar el lanzamiento de las bombas cuando el avión de los 1º tenientes Mauad y Acosta casi fue derribado por un Sea Dart. Durante la maniobra para esquivar el misil, la estela de este causó una turbulencia que generó que el motor derecho se apagara. Al aterrizar con un solo motor, el avión se salió de pista pero solo sufrió daños menores. Debido a estas misiones, los británicos decidieron enviar el portaaviones HMS Invincible y la fragata tipo 22 HMS Brilliant a una posición a 100 millas al oeste de las islas, durante la noche entre el 6 y el 7 de junio, para lanzar Sea Harriers en un intento de derribar a los Canberra antes de que alcanzaran los objetivos.

La operación no tuvo éxito. Debido al mal tiempo esa noche los Canberra no volaron. Cuatro aviones fueron desplegados desde Trelew a Mar del Plata junto a un BAe HS-125 del Escuadrón Fénix, para realizar el 8 de junio el ataque al petrolero Hercules junto al C-130H Hércules configurado como bombardero. El 10 de junio los aviones volvieron a Trelew y esa noche salieron para atacar Monte Kent. El 12 de junio los dos que salieron en los primeros minutos del día para bombardear la zona de Bluff Cove, se encontraban las tropas de la 5º Brigada de Infantería, pero por problemas en los tanques suplementarios de combustible ambos debieron regresar. Tras ellos salió la escuadrilla Acuario, cuyo líder también debió regresar, aunque el numeral pudo realizar su ataque en Bluff Cove y aterrizó a las 2:30 h de la madrugada.

En la noche de ese día salieron dos aviones a bombardear Port Harriet House, cerca del Monte Kent, donde se encontraba el puesto de mando de las fuerzas terrestres británicas. Debido al regreso por mal tiempo, le siguió la escuadrilla Berlín, con dos aviones, logrando divisar dos buques británicos en su aproximación sobre el mar, al norte de las islas. Pasaron entre ellos y pudieron ubicar el objetivo al ver Puerto Argentino iluminado en medio de la noche, lo cual les permitió ajustar la navegación, por lo que lanzaron sus bombas e inmediatamente les avisaron que se habían cruzado con dos Sea Harrier que intentaron perseguirlos. Aterrizaron de regreso en la madrugada del 13 de junio.

A las 21:30 h de ese día salió la escuadrilla Baco, liderada por los capitanes Pastrán y Casado, junto a los tenientes Rivolier y Annino, escoltados por dos Mirage IIIEA de la Escuadrilla Plutón. La misión, al igual que las anteriores, era atacar el puesto de mando en Port Harriet House, con cinco Mk-17. Los aviones se aproximaron por el sur y cerca de las 23:00 h lanzaron sus bombas, pero inmediatamente les fue lanzado al menos un misil Sea Dart, que impactó contra el avión de Pastrán y Casado en la parte inferior. El Capitán Pastrán pudo eyectarse, pero el asiento del Capitán Casado no funcionó y perdió la vida. Mientras tanto, a las 00:05 h del 14 de junio, el otro Canberra aterrizaba en Río Gallegos, siendo el último avión de la Fuerza Aérea Argentina en operar en la guerra. Los Canberra realizaron 58 vuelos, de los cuales nueve fueron de reconocimiento y el resto de bombardeo, 18 de ellos alcanzaron sus objetivos. Volaron durante 295 horas y lanzaron 85.000 libras de bombas.

Aviones civiles en guerra

Una unidad muy peculiar fue el Escuadrón Fénix, nacido en 1978 durante la crisis con Chile tras el proyecto del Brigadier retirado Gilberto Hilario Oliva, quien creó una unidad con aviones civiles para cubrir algunas necesidades de la Fuerza Aérea durante el conflicto. Cuando comenzó la guerra de 1982, el Capitán retirado Jorge Luis Páez fue llamado para organizar la unidad en abril. Unos 110 pilotos civiles, algunos de ellos militares retirados, mecánicos y otras personas, integraron el escuadrón durante la guerra, recibiendo todos el rango de Alférez en comisión. Los aviones utilizados incluyeron 17 jets ejecutivos y 23 turbohélices, a los cuales se unieron los cuatro Gates Learjet 35A de la II Brigada Aérea de la FAA. Todos estaban equipados con cámaras fotográficas ventrales, mientras que el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) envió sus dos Learjets, un FMA IA-50 GII y dos Douglas C-47, pero estos últimos tres solo se utilizaron en vuelos de transporte sobre el continente.

Las tareas consistían en la distracción para saturar los radares británicos y atraer a los Sea Harrier para que las escuadrillas de ataque alcanzaran sus objetivos. También se utilizaron para guiar las escuadrillas de combate hacia las islas utilizando sistemas de navegación VLF Omega, retransmisión por radio, reconocimiento, búsqueda y rescate, transporte rápido, evacuación médica y patrulla costera. Los aviones se seleccionaron por su rendimiento. Solo los Learjets se usaban para misiones de distracción y el HS-125 para retransmisión por radio. Esta fue la única unidad argentina que contó con ciudadanos británicos que vivían en Argentina. Uno de ellos fue Jimmy D. Harvey, nacido en Inglaterra y ex piloto de la RAF, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que volaba el Learjet 24 de la empresa Orue. El otro fue Alan Withington, que voló en la última parte del conflicto y también realizó muchas misiones con la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber nacido en Córdoba, provenía de una familia británica.

El 24 de abril comenzaron las operaciones, principalmente para reconocimiento. La mayoría de los aviones operaron desde Comodoro Rivadavia, donde utilizan el hangar de YPF para el mantenimiento. El 1 de mayo tuvieron lugar las primeras misiones de distracción con cuatro Learjets, los cuales volaban hasta casi llegar a las islas, atrayendo la atención de los Sea Harrier y saturando los radares británicos, retornando al continente apenas los invasores se acercaban a ellos. Paralelamente dos Mitsubishi MU-2 hacían retransmisión de radio entre los aviones de combate y las bases, uno volando por la mañana y otro por la tarde.

Estas misiones continuaron de manera regular casi todos los días. El 8 de mayo, debido a las misiones de bombardeo nocturno de la flota británica, la Fuerza Aérea Sur intentó un truco: dos Learjet 35 con indicativo Nácar despegaron de Comodoro Rivadavia a la 01:26, rumbo a las islas, llegando a Soledad a las 02:36. Allí simulaban ser aviones de combate y observaban el fuego de los cañones del buque. Después de eso, regresaron a su base. Aparentemente, lograron su intención, ya que a las 02:48 cesó el bombardeo británico y el radar de las islas detectó una patrulla de Sea Harrier volando hacia ellos, que lanzaron una bengala y más tarde regresaron al portaaviones.

Esta operación se repitió a las 06:00 h del 9 de mayo, pero cuando estaban al oeste de Puerto Argentino, el radar en las islas les ordenó regresar porque se acercaba una patrulla de Sea Harrier, que intentó cazarlos sin éxito. Más tarde, a las 10:07 h, despegaron dos Learjet, que cuando estaban sobre Bahía del Aceite, vieron una estela de condensación acercándose y ambos aviones rompieron la formación, iniciando un descenso brusco, mientras la tripulación veía dos misiles volando horizontalmente hacia ellos. Eran dos Sea Dart lanzados desde el destructor HMS Coventry, que identificó erróneamente los aviones como un Hércules escoltado por dos cazas. Los Learjet escaparon volando muy bajo, lo que llevó a la tripulación del buque a creer que habían derribado los aviones. Ambos aviones aterrizaron en Río Gallegos a las 12:57 h y más tarde continuaron hacia San Julián.

Al mismo tiempo, otro Learjet sobrevoló Puerto Argentino, más al este, cuando el operador de radar en tierra les ordenó hacer un giro cerrado a la derecha, ya que había observado un Sea Dart, que pasó muy cerca de la punta del ala. El avión descendió y regresó a Río Gallegos a las 13:10 h. Debido a la gran cantidad de misiones de combate realizadas el 21 de mayo para atacar los desembarcos británicos, se realizaron muchas acciones de diversión y engaño. El 1 de junio, debido a la pérdida del C-130H matriculado TC-63, derribado por un Sea Harrier, el Larjet LV-LOG fue enviado en una misión SAR a la zona, despegando a las 15:20 h desde Comodoro Rivadavia, acercándose a la zona donde el avión fue derribado 55 millas al norte de la Isla Borbón. Allí vieron una patrulla de Sea Harrier volando a unos 2.000 o 3.000 pies de altura, por lo que escaparon volando muy bajo y aterrizaron a las 18:15 h.

El 7 de junio salieron los Learjets T-24 y LV-ONN con indicativo Nardo desde Comodoro Rivadavia a las 8:00, volando hasta la posición 51º15’S-60º30’O a 40.000 pies. Allí establecieron contacto con el radar en Malvinas y a las 9:06 h, el copiloto del numeral vio dos pequeños destellos en la superficie del Estrecho de San Carlos y luego dos estelas de misil ascendiendo. El piloto del líder, Vicecomodoro Rodolfo De La Colina, también los vio y comenzó a girar a la izquierda, mientras informaban al operador de radar que regresarían al continente, cuando su avión fue alcanzado por uno de los dos Sea Dart. Su numeral, que estaba a unos 200 o 300 metros de él y por encima, vio una gran bola de fuego tras el impacto del misil en la parte posterior, observando la parte delantera del avión aún intacta, cayendo en picado. Toda la tripulación del T-24 pereció con la aeronave: el Vicecomodoro Rodolfo De La Colina (Jefe del Escuadrón Fénix), el Mayor Juan Falconier, el Capitán Marcelo Lotufo, el Suboficial Ayudante Francisco Luna y el Suboficial Auxiliar Guido Marizza.

El piloto del LV-ONN, el Teniente Primero Eduardo Bianco, aceleró a fondo y escapó tan rápido como pudo, aterrizando en Comodoro Rivadavia a las 10:40 h. Las misiones anteriores de los Learjets no habían encontrado oposición antes, pero ahora el destructor HMS Exeter estaba en misión de defensa aérea en San Carlos y sus operadores de radar detectaron la aproximación a las 9:05 h, tocando la alerta aérea roja, al suponer que los aviones eran dos Canberra. Tres minutos después lanzaron dos misiles Sea Dart, de los cuales uno se perdió segundos después de ser lanzado y el otro impactó en el T-24. Este fue el único avión perdido en el Escuadrón Fénix.

Debido a esta pérdida se consideró demasiado arriesgado continuar con las misiones de distracción, ya que los británicos tenían buques en San Carlos y era imposible volar más allá de la costa oeste de las islas, estando dentro del alcance de los Sea Dart, mientras que no estaban lo suficientemente cerca para atraer a los Sea Harrier. Por ello el 8 de junio se realizó la última misión de este tipo. En total el Escuadrón Fénix voló 780 horas durante la guerra, realizó 14 misiones para guiar escuadrillas de ataque y 28 para retransmisión por radio, además de numerosas misiones de distracción, reconocimiento y enlace.

Buscando a la flota

Luego de la vuelta del portaaviones a su base, ante la amenaza de los submarinos nucleares, los Grumman S-2E Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina se desplegaron a la Estación Aeronaval Río Gallegos, pasando a formar parte de Elemento de Tareas 80.2.2.2. Desde allí realizaron numerosos vuelos de vigilancia marítima, comenzando con el del 2-AS-24 el 13 de mayo, desde Río Gallegos, despegando a las 7:50 h y retornando a las 12:10 h, encontrando solo barcos mercantes. A partir de allí comenzaron a volar casi diariamente. El 15 de mayo, el mismo Tracker salió a las 7:10 h y, volando cerca de isla Borbón, se le pidió buscar un buque de guerra británico al norte de la isla. El Tracker no encontró la nave y aterrizó a las 12:00 h.

En los vuelos de patrulla marítima cada vez más seguido detectaban emisiones radar de buques británicos, empleando para ello un receptor desarrollado en esos días por el personal de la propia fuerza. Debido a la información sobre un desembarco británico en las islas, a las 7:00 h del 21 de mayo un Tracker despegó para buscar buques actuando como piquetes de radar británicos entre el continente y las islas. A las 9:20 h se le ordenó regresar, porque se detectaron patrullas de Sea Harrier británicos sobre San Carlos. Ese día se realizaron otros dos vuelos de Tracker, que sirvieron para guiar a las escuadrillas de A-4Q Skyhawk que hundieron a la fragata HMS Ardent. El 24 de mayo, cuando uno de los Tracker mantenía el contacto de un buque, recibió señales del radar de un Sea Harrier, por lo que escapó inmediatamente, lo mismo sucedió con otro vuelo en horas de la tarde. Estas operaciones siguieron de manera regular hasta el final de la guerra, detectando en casi todos los vuelos las emisiones británicas y, en muchos casos, logrando establecer la posición de los buques.

Debido a las malas condiciones de los Neptune de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, se recibieron dos Embraer EMB-111 Bandeirulha cedidos por la Fuerza Aérea Brasileña, los cuales serían operados por el Capitán de Corbeta Julio Kalauz y el Teniente de Navío Miguel Salvador, como comandantes, mientras que el Teniente de Corbeta Luis Navarro y el Guardiamarina Gustavo Zurdo serían los copilotos. A ellos se les sumó luego el Teniente de Navío Fiorini y el Guardiamarina Sule.

Los aviones llegaron al país el 12 de mayo y se les instaló un equipo de apoyo electrónico, igual al instalado en los Tracker. El 21 de mayo se desplegaron a Río Gallegos y al día siguiente realizaron su primera misión. El alcance de los aviones era una gran ventaja frente a los Tracker, ya que los Bandeirulhas podían volar bien al este de las islas, aunque con la complicación de la formación de hielo. Por su origen, el avión no tenía deshieladores en las alas.

Tras muchos vuelos al sur de las islas con ese avión, se determinó que la mayoría de los barcos operaban al este y norte de las islas. Por ello, a las 5:46 h del 1 de junio, uno de ellos despegó para volar hacia el este del archipiélago, acercándose desde el sur. La tripulación estaba formada por el Teniente de Navío Fortini, el Teniente de Fragata Navarro y los guardiamarinas Carrizo, Orofino y Savoia. Alcanzaron una posición al este del extremo sur de Isla Soledad, donde recibieron muchas señales de emisiones radar enemigas, confirmando la zona donde operaba el Grupo de Batalla del portaaviones. Las últimas misiones se realizaron el 13 de junio, cuando realizaron dos salidas sin encontrar blancos. Los Embraer EMB-111 Bandeirulha realizaron 39 salidas, sumando un total de 206 horas de vuelo sin pérdidas. Los aviones regresaron a Brasil el 14 de julio. Fueron los primeros aviones construidos en Brasil en participar en operaciones de combate.

La Unión Europea quiere diversificar sus proveedores de energía. Oportunidad para Argentina

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La guerra en Medio Oriente volvió a exponer la vulnerabilidad energética europea; con Vaca Muerta como motor, nuestro país emerge como alternativa concreta para el suministro de petróleo y GNL.

BRUSELAS.- En plena primavera boreal, esta ciudad engaña: las temperaturas raramente superan los 18 grados y el cielo suele estar cubierto. Pero bajo esa grisura funciona el engranaje político más influyente del continente europeo. Aquí se proponen y negocian las normas que rigen a 450 millones de personas y es donde los gobiernos de los 27 estados miembros y las empresas hacen lobby para incidir en las decisiones que impulsa la Comisión Europea, el órgano que actúa como poder ejecutivo del bloque.

En este escenario, periodistas de América Latina participan del programa de Diálogos Climáticos de la Unión Europea (EUCD). La discusión está marcada por una certeza que se repite en cada exposición: la dependencia energética es una vulnerabilidad estratégica y Europa lo sabe por experiencia propia.

“Nunca es bueno depender de una sola fuente de suministro. La Unión Europea lo tuvo que aprender de mala manera hace cuatro años”, dijo Isaac Valero, director general para la Energía de la Comisión Europea. La referencia era precisa: en 2021, el 45% del gas y el 26% del petróleo que consumía el bloque provenía de Rusia. Cuando comenzó la invasión a Ucrania, esa dependencia se convirtió en una crisis de precios sin precedentes: el gas se multiplicó casi por 10, pasó de cotizar 32 euros a 316 el MWh en 2022.

Hoy, en plena guerra en Medio Oriente, cotiza en torno a los 51 euros: un 60% más que antes del 28 de febrero pasado, cuando se inició el conflicto, pero muy lejos del pico de cuatro años atrás. La diferencia no es casual: la Unión Europea (UE) hizo los deberes.

La diversificación energética europea es hoy un hecho consumado. Las importaciones de gas ruso cayeron al 12% y en petróleo, al 2,2%. El lugar que dejó Rusia lo ocupó principalmente Estados Unidos: en gas, la participación norteamericana trepó del 6% al 26%; en petróleo, del 8,4% al 14,5%.

América Latina también ganó terreno en crudo: Brasil representa hoy el 3,5% de las importaciones totales de la UE; Guyana, el 3,8%, y México, el 2,2%. Son países que en 2021 prácticamente no figuraban como proveedores del bloque. La Argentina, por ahora, no aparece en ese cuadro. Pero eso podría cambiar a partir de 2027.

Otro componente de la resiliencia europea es la reducción del consumo de fósiles: representaban el 73% de la matriz energética en 2010 y bajaron al 66% en 2024; en gas, el bloque consume hoy un 18% menos que en 2021: pasó de 408.000 millones de metros cúbicos a 337.000 millones en 2025. Para tener una referencia de escala: la Argentina consume alrededor de 40.000 millones de metros cúbicos por año. La UE no produce hidrocarburos propios: importa el 100% de lo que consume y eso la deja expuesta a cualquier sacudón geopolítico.

Importaciones de petróleo de la Unión Europea
Importaciones de petróleo de la Unión Europea

Pese a dos crisis energéticas consecutivas que elevaron los costos de suministro, la Comisión Europea mantiene sus objetivos climáticos. En Bruselas, de hecho, invierten el argumento: no es a pesar de las crisis, sino por ellas, que hay que acelerar la transición. La meta es ambiciosa: neutralidad en emisiones para 2050. Para 2040, las renovables deberían pasar del 17% de la matriz actual al 50 o 60%, y los fósiles retroceder del 70% actual a entre el 27 y el 37%.

Pero los interrogantes se acumulan. La UE se había propuesto dejar de comprarle gas a Rusia para 2027, cuando vence el último contrato de tránsito vigente, y en los pasillos de la Comisión pocos creen que ese calendario se cumpla del todo. A eso se suma el avance de la inteligencia artificial: los data centers que demanda dispararon el consumo eléctrico en Estados Unidos y Japón y amenazan con hacer lo mismo en Europa. Los objetivos están; la ejecución, como siempre, es otra historia.

Es en ese marco en el que América Latina cobra otro peso. “Con líderes tan impredecibles, buscamos socios fiables y estabilidad. Nunca la relación con los países de América Latina fue tan estrecha”, dijo Valero. Es en ese contexto donde la Argentina aparece como una alternativa concreta.

La gran oportunidad argentina

El país ya es exportador neto de petróleo: produce 890.000 barriles diarios y exporta alrededor del 40% de ese volumen, unos 320.000 barriles por día. La infraestructura avanza: el oleoducto VMOS, de 437 kilómetros, que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada, en Río Negro, permitirá que atraquen buques VLCC (Very Large Crude Carrier) capaces de transportar alrededor de 2 millones de barriles, lo que hará disminuir los costos logísticos. La industria apunta a alcanzar el millón de barriles de exportación diarios para 2028.

Pero el negocio que más interés despierta en Europa es el del gas natural licuado (GNL). Por eso no es casual que el primer contrato de venta que firmó el país haya sido con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SESE). Adquirió el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que Southern Energy (SESA) traerá al país, el consorcio integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la noruega Golar (10%). El acuerdo contempla la provisión de 2 millones de toneladas anuales (MTPA) por ocho años, a partir de 2027.

El gas de Vaca Muerta podría abastecer a Europa a partir de 2027, en un momento en que el bloque busca reducir su dependencia de proveedores únicos
El gas de Vaca Muerta podría abastecer a Europa a partir de 2027, en un momento en que el bloque busca reducir su dependencia de proveedores únicos

El segundo proyecto es de mayor escala. YPF y la italiana ENI trabajan en un plan que prevé la construcción de hasta tres unidades flotantes de licuefacción. ENI sería la principal compradora. El CEO de la compañía, Claudio Descalzi, lo explicó sin rodeos cuando visitó la Argentina el año pasado: “Europa debe diversificar sus fuentes de abastecimiento luego de lo que ocurrió con Rusia”.

Hoy, Noruega lidera el suministro de gas a la UE con el 31%, le sigue Estados Unidos con el 26%, el norte de África aporta el 13%, y Azerbaiyán, Qatar y Gran Bretaña contribuyen con alrededor del 4% cada uno.

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea —uno de los más grandes del mundo— abre además una dimensión que va más allá de la energía: la Argentina puede proveer alimentos y manufacturas producidas con energía renovable, lo que refuerza su rol como socio en la agenda de descarbonización europea.

A eso se suma la posibilidad de convertirse en proveedor de minerales críticos. En 2023, la Comisión Europea concluyó una alianza con la Argentina sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas, sobre todo cobre y litio, dos insumos esenciales para baterías y paneles solares. La empresa francesa Eramet ya produce litio en Salta y exporta al continente. En ese mapa, la Argentina tiene, por primera vez en mucho tiempo, un lugar concreto.

Sofía Diamante

5,3 millones de deudores tienen moras de 90 días o más. Más grave entre los jóvenes

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Más de cinco millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos y los jóvenes aparecen como el segmento más afectado. En un contexto de deterioro del mercado laboral e ingresos rezagados en algunos segmentos de la población, la morosidad alcanza a casi 3 de cada 10 personas con algún tipo de deuda en el sistema financiero, según un informe de la consultora Analytica.

En total, son 5,3 millones de personas con atrasos superiores a 90 días sobre un universo de 19,8 millones de deudores, lo que equivale al 26,9% del total. El relevamiento incluye créditos otorgados por bancos, fintech (en este caso, Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

La deuda total de las familias en este sistema asciende a $74,2 billones, equivalentes al 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI), donde el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% al resto de entidades.

Del total de personas endeudadas, 14,3 millones tienen al menos un crédito bancario, mientras que otras 5,5 millones se financian exclusivamente a través de proveedores no bancarios, como billeteras virtuales, mutuales, cooperativas o emisoras de tarjetas de consumo. Para Analytica, esta expansión del crédito por fuera de los bancos amplió el acceso al financiamiento, aunque también expuso a una parte de los hogares a condiciones más costosas y mayores niveles de riesgo.

La mora es más elevada entre quienes se financian fuera del sistema bancario tradicional. Entre los deudores que sólo tienen créditos con fintech, el porcentaje de incumplimiento alcanza al 28,9%, frente al 19,2% de quienes se endeudan exclusivamente con bancos. En total, 5,3 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

El informe también mostró que la mora no afecta de la misma manera a todos los tipos de acreedores. Entre quienes sólo tienen deudas con bancos, el porcentaje de morosos alcanza al 19,2%, mientras que entre quienes se financian exclusivamente a través de billeteras el ratio trepa al 28,9%. En tanto, entre las personas que mantienen créditos únicamente con entidades no financieras la proporción supera el 32%.

La diferencia también se observa cuando se analiza el monto de las deudas y no solamente la cantidad de personas afectadas. Mientras el 26,9% de los deudores registra atrasos superiores a 90 días, la irregularidad medida sobre el stock de crédito es considerablemente menor. En los bancos alcanza al 11,9% de la cartera, en las fintech llega al 21,6% y en el resto de las entidades asciende al 43,1%. El dato sugiere que buena parte de los incumplimientos se concentra en créditos relativamente pequeños y en segmentos de mayor vulnerabilidad económica.

Sin embargo, detrás del promedio aparece una situación particularmente preocupante entre los más jóvenes. La irregularidad entre las personas de 18 a 30 años alcanza niveles cercanos al 40%, el porcentaje más elevado de todos los grupos etarios. La incidencia cae al 34% entre quienes tienen entre 31 y 40 años, al 26% entre los de 41 a 50 años y se ubica por debajo del 17% entre los mayores de 60 años. La brecha muestra cómo los problemas de inserción laboral y de ingresos impactan con mayor intensidad sobre los sectores más jóvenes.

Según los datos del Indec, la tasa de desempleo entre las mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% en el cuarto trimestre de 2024 al 16,8% en igual período de 2025. Entre los hombres de esa misma franja etaria, el indicador subió del 12,5% al 16,2%. Se trata de incrementos de entre tres y cuatro puntos porcentuales en apenas un año, sobre niveles de desocupación que ya eran superiores al promedio de la economía.

“Así, el resultado es una cohorte que enfrenta simultáneamente dificultades de inserción laboral y un historial crediticio deteriorado, lo que puede condicionar su acceso al financiamiento formal por un período prolongado”, sostuvo Analytica en el informe.

Los jóvenes son el grupo más afectado por la morosidad. Entre las personas de 18 a 30 años, casi 4 de cada 10 registran atrasos superiores a 90 días, una proporción que disminuye progresivamente con la edad hasta ubicarse por debajo del 17% entre los mayores de 60 años.

La situación también guarda relación con el nivel de ingresos. El estudio detectó que los monotributistas de menores recursos presentan los indicadores de incumplimiento más elevados. En la categoría A, la más baja de la escala, el 17,9% de las personas registra atrasos superiores a 90 días. En cambio, entre quienes se encuentran en la categoría K, la de mayor facturación, el porcentaje cae al 8,5%.

El informe también detectó fuertes diferencias geográficas en la distribución de la mora. Las provincias del norte exhiben los niveles más elevados de incumplimiento, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registra los indicadores más bajos del país (ver aparte). La heterogeneidad también se replica dentro de una misma jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la proporción de deudores con atrasos supera el 30% en el conurbano, frente al 23,1% en el resto del territorio provincial.

El deterioro de los indicadores de mora se produce en un momento en que el crédito aparece como una de las principales apuestas del Gobierno para apuntalar la actividad económica. La expectativa oficial es que la desaceleración de la inflación y una recuperación gradual del poder adquisitivo permitan impulsar el financiamiento a las familias y, con ello, el consumo. Sin embargo, distintos informes privados advierten que ese proceso todavía avanza con lentitud.

Un análisis de Econviews señaló que las financiaciones otorgadas por proveedores no financieros también comenzaron a desacelerarse durante los últimos meses, luego del fuerte crecimiento registrado en 2024 y buena parte de 2025. La consultora atribuyó el fenómeno al menor margen de endeudamiento de los hogares, al aumento de la morosidad y a la erosión que la inflación todavía genera sobre los ingresos reales. Además, destacó que las tasas de interés de estos proveedores suelen ubicarse muy por encima de las bancarias: en los préstamos personales superan, en promedio, el 140% nominal anual.

En la misma línea, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que los préstamos bancarios en pesos a las familias acumularon una caída real del 6% entre enero y mayo. El informe sostuvo que la volatilidad de las tasas de interés, el incremento de la irregularidad de cartera y la mayor cautela de las entidades financieras frente al deterioro de los indicadores crediticios están limitando la expansión del crédito al sector privado.

Para 1816, el aumento de la morosidad plantea además un desafío para la recuperación del crédito. La consultora advirtió que una parte importante de los deudores quedará temporalmente excluida del sistema financiero, lo que podría limitar la capacidad del financiamiento para convertirse en un motor relevante de la actividad económica durante los próximos meses.

Agustín Maza

Biodiésel: la provincia de Santa Fe reclama por una producción trabada

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Argentina tiene una joya económica casi sin desarrollar. No es Vaca Muerta. Tampoco la minería. Ni siquiera, estrictamente, la producción agropecuaria primaria, aunque dependa de ella. El país tiene una oportunidad histórica para desarrollar una industria de alto valor agregado, con bajo riesgo productivo, fuerte demanda internacional y una ventaja adicional cada vez más apreciada: su aporte a la transición energética. Se trata del biodiésel.

Hace quince años parecía que Argentina estaba destinada a convertirse en una potencia mundial del sector. Sin embargo, como tantas otras veces, la oportunidad quedó a mitad de camino. Y las razones vuelven a encontrarse en la política.

El biodiésel es un combustible renovable producido a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso químico llamado transesterificación. Puede utilizarse como sustituto total o parcial del gasoil derivado del petróleo. Argentina cuenta con una ventaja competitiva difícil de igualar: la enorme disponibilidad de aceite de soja, principal materia prima para su fabricación.

La demanda internacional de biocombustibles creció en los últimos años impulsada por varios factores: la necesidad de reducir emisiones contaminantes, la búsqueda de fuentes energéticas renovables y la inestabilidad geopolítica en regiones productoras de petróleo. Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil desarrollan políticas activas para promover estos combustibles.

Entre sus ventajas figuran su bajo contenido de azufre, la reducción de emisiones contaminantes, su carácter renovable y biodegradable, y la posibilidad de utilizarlo mezclado con gasoil convencional sin modificaciones significativas en la mayoría de los motores. Tiene también limitaciones: depende del precio de los aceites vegetales, compite con otros usos agrícolas y presenta dificultades de almacenamiento prolongado o de funcionamiento en climas extremadamente fríos. Ninguno de esos obstáculos parece insalvable para un país productor de materias primas como Argentina.

Durante la primera década del siglo XXI, el biodiésel se convirtió en una de las principales exportaciones industriales derivadas de la soja. Argentina llegó a liderar el comercio mundial del producto y desarrolló un importante polo industrial en torno a los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, el proceso se frenó.

La explicación que ofrecen los actores de la industria apunta al marco regulatorio. Las sucesivas intervenciones estatales redujeron incentivos para invertir, aumentaron la incertidumbre y generaron una creciente capacidad ociosa.

Santa Fe concentra el 85% de la capacidad instalada del país para producir biodiésel, unos 3,2 millones de toneladas sobre un total nacional de 3,9 millones. Sin embargo, sólo una fracción de esas plantas opera plenamente. Según estimaciones del sector, si toda la capacidad instalada estuviera funcionando, el empleo directo podría multiplicarse varias veces y también aumentaría significativamente la recaudación tributaria provincial.

A nivel nacional existen centenares de plantas distribuidas en ocho provincias. Entre 2016 y 2018 Argentina llegó a ocupar el primer puesto mundial entre los exportadores de biodiésel. Luego comenzó una etapa de estancamiento.

Los productores identifican como principal obstáculo la Ley 27.640 de Biocombustibles, aprobada en 2021. La norma redujo el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5%. Posteriormente fue elevado al 7,5% debido a problemas de abastecimiento de combustible, porcentaje que continúa vigente.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades empresarias, esa reducción provocó una caída de la demanda interna y elevó los niveles de capacidad ociosa. Además, la ley permite que la Secretaría de Energía modifique el porcentaje de mezcla, generando una incertidumbre que desalienta inversiones de largo plazo.

Otro punto cuestionado es el sistema de cupos que reserva buena parte del abastecimiento interno a determinadas pymes. Sus defensores sostienen que permitió desarrollar industrias en el interior del país y evitar la concentración del negocio. Sus críticos afirman que limitó la competencia, redujo la eficiencia y frenó el crecimiento exportador.

A esto se suma el esquema de precios administrados. Las cámaras empresarias sostienen que, en distintos períodos, los valores fijados por el Estado quedaron por debajo de los costos de producción, especialmente del aceite de soja, generando pérdidas operativas para numerosas plantas.

Mientras tanto, los principales competidores avanzan. Brasil incrementa progresivamente los porcentajes obligatorios de mezcla y fortalece su industria. En Argentina, en cambio, la utilización de la capacidad instalada permanece muy por debajo de su potencial.

Por eso el sector reclama medidas concretas: elevar el corte obligatorio al 10%, 15% o incluso 20%; garantizar el cumplimiento efectivo de las mezclas; otorgar mayor estabilidad regulatoria; revisar el sistema de cupos; establecer mecanismos de precios más previsibles y abrir nuevos mercados para los biocombustibles.

Nada de eso parece técnicamente complejo. Requiere, sobre todo, acuerdos políticos y una estrategia de largo plazo. Argentina ya dispone de la materia prima, la infraestructura industrial y el conocimiento productivo. Lo que sigue faltando es la decisión de convertir una oportunidad evidente en una política de desarrollo. Como tantas veces, el desafío no es económico. Es político.

Carlos Burgueño

Los inverrsores privados argentinos vuelcan sus preferencias a empresas tecnológicas

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Los Cedears de las compañías tecnológicas concentran buena parte de las operaciones del mercado local y lideran los rankings de liquidez, volumen negociado y participación en las carteras. Entre las acciones más operadas aparecen nombres estrechamente vinculados al desarrollo de inteligencia artificial (IA) y la economía digital.

Un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) mostró que Micron Technology (MU), fabricante de memorias y semiconductores, encabezó el ranking de volumen efectivo negociado con más de $11.300 millones. Detrás se ubicaron Mercado Libre (MELI), con casi $10.900 millones, Microsoft (MSFT), con más de $8.800 millones, y Nu Holdings (NU), con cerca de $8.300 millones.

Semiconductores e IA, el gran motor del mercado de Cedears

Uno de los datos más llamativos del informe del IAMC es el protagonismo que ganaron las firmas vinculadas a la fabricación de chips. Micron no solo lideró el volumen negociado entre las acciones, sino que además registró un promedio diario operado superior a los $11.300 millones y una suba acumulada del 47,5% en lo que va de 2026.

Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.

Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.

La tendencia también se refleja en los ETF. El fondo VanEck Semiconductor ETF (SMH), que agrupa a las principales empresas globales del sector, acumula una ganancia de 60,1% en el año, ubicándose entre los vehículos con mejor desempeño de todo el universo de Cedears analizado.

El fenómeno responde al fuerte crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. La expansión de los centros de datos y el desarrollo de modelos cada vez más complejos impulsaron las perspectivas de fabricantes de chips, memorias y componentes tecnológicos, convirtiéndolos en uno de los sectores favoritos de Wall Street.

Los ETF tecnológicos también captan millones

La apuesta tecnológica también se observa entre los Cedears de ETF. El Invesco QQQ, que replica el comportamiento del Nasdaq 100 y concentra buena parte de las principales compañías tecnológicas estadounidenses, se ubicó entre los instrumentos más negociados del mercado local durante las últimas 40 ruedas.

Incluso al analizar la distribución sectorial de los Cedears más operados, la tecnología aparece como la temática dominante. Empresas de software, semiconductores, comercio electrónico y plataformas digitales concentran una porción significativa de los flujos de inversión, desplazando a sectores que históricamente habían liderado las preferencias de los argentinos, como bancos o consumo masivo.

Gonzalo Andrés Castillo

El gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por financiamiento y salarios

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.

El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.

Los principales puntos del acuerdo universitario

De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.

El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.

A su vez, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector.

Además, Capital Humano informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.

La firma del acta llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y el CIN, en un conflicto que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales. El acuerdo se alcanzó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender los compromisos asumidos con el sistema universitario.

Malestar sindical y frente judicial abierto

Según datos del CIN, el deterioro salarial derivó en la renuncia de unos 10.000 docentes en universidades nacionales, uno de los puntos que los rectores y gremios llevaron a la mesa de negociación.

Aunque la firma del acta representa un avance en la negociación, en sectores sindicales universitarios todavía persiste malestar entre las bases. Los gremios seguirán de cerca la recomposición salarial y la ejecución de los fondos comprometidos.

Pese al acuerdo alcanzado, el frente judicial continuará abierto. Las universidades habían reclamado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recurrió a la Corte Suprema luego de fallos adversos en instancias anteriores. Las casas de estudio, por su parte, seguirán monitoreando la ejecución de los fondos comprometidos y la evolución de los salarios del sector.

ARSAT: otra vez, en la mira de intereses poderosos. Ahora, Peter Thiel, Huawei,….

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Las denuncias contra Facundo Leal pusieron nuevamente el foco sobre la empresa que es apetecida por gigantes tecnológicos, organismos de seguridad y actores que disputan el futuro de los datos

Cuando se habla de Arsat, la discusión pública suele detenerse en los satélites. Se ignora, a menudo, que parte de los activos estratégicos de la empresa estatal están bajo tierra, en miles de kilómetros de fibra óptica. También dentro de edificios blindados que almacenan información crítica y en una infraestructura que conecta desde organismos de seguridad hasta empresas privadas que dependen de ella para operar.

Por eso, cualquier controversia sobre la gestión de Arsat trasciende la administración de una empresa pública.

Sobre esta compañía la Justicia puso el foco por los casi US$2,5 millones hallados en los domicilios de su extitular, Facundo Leal, como también por la imputación por corrupción contra por lo menos tres funcionarios más, entre los cuales está Gerardo Boschin, quien fue gerente de compras y luego presidente de Trenes Argentinos.

La red de fibra óptica es actualmente la mejor tecnología digital que depende de Arsat
La red de fibra óptica es actualmente la mejor tecnología digital que depende de ArsatFederico Camarero

Durante años, Arsat construyó una posición singular. A través de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), desplegó decenas de miles de kilómetros de tendido que atraviesan el país y llegan a zonas donde ninguna empresa privada estuvo dispuesta a invertir por falta de rentabilidad. Replicar una red de esa magnitud demandaría inversiones de miles de millones de dólares y plazos de recuperación que hoy resultan inviables para cualquier operador. Por eso, Arsat prácticamente no tiene competidoras en los servicios que ofrece.

Incluso compañías privadas de telecomunicaciones terminan utilizando capacidad de infraestructura vinculada a Arsat. La red se convirtió en una autopista digital por la que circulan comunicaciones, servicios de internet y datos que sostienen buena parte de la actividad económica y estatal. También es la red de tecnología a la que la política ha observado por su capacidad de producir inteligencia a través de sus nodos.

La otra infraestructura igual de crítica y menos conocida de Arsat es el Centro Nacional de Datos, una instalación diseñada para albergar sistemas con altos estándares de disponibilidad y seguridad. Allí no sólo se alojan plataformas estatales. También existen servicios destinados a compañías privadas que requieren capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.

Dentro de ese ecosistema funcionan las llamadas “jaulas”: espacios físicos cerrados donde empresas y organismos instalan sus propios servidores y equipamiento. Aunque comparten la infraestructura general del centro de datos, el acceso a esos equipos queda restringido exclusivamente a sus propietarios. Bancos, compañías energéticas y otras organizaciones que manejan información sensible recurren a este esquema para proteger activos críticos.

La importancia de esas instalaciones radica no sólo en los datos que almacenan, sino en la capacidad de cómputo y transmisión que concentran. Miles de procesadores trabajan de manera permanente sosteniendo servicios que deben permanecer operativos las 24 horas del día.

El nuevo residente

Esta infraestructura sensible adquiere otra dimensión por el interés desplegado por un nuevo residente en la Argentina. Hace un par de meses, un importante funcionario estadounidense asistió a la estación de Arsat en Benavídez justo luego de presentar con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Peter Lamelas, el embajador norteamericano en Argentina, el Criaco (Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado).

La visita, según distintas fuentes, tendría que ver con la intención de alojar en el centro nacional de datos los servidores necesarios para el centro. Los sistemas son lo que ofrece el recientemente mudado al país, Peter Thiel, a través de su empresa Palantir. De acuerdo con distintos testimonios, no fue la única vez en los últimos meses que se acercaron a Arsat oficiales estadounidenses.

Peter Thiel, CEO de Palantir, sale de la Casa Rosada el 23 de abril
Peter Thiel, CEO de Palantir, sale de la Casa Rosada el 23 de abrilHernan Zenteno – La Nacion

Un punto de atención, por las investigaciones en curso, es la relación entre Arsat y el 5G. Mientras la licitación definía qué empresas se quedaban con las frecuencias para operar la nueva tecnología móvil (a través del Enacom), Arsat ya controlaba una parte fundamental de la infraestructura necesaria para que ese sistema funcionara. Las telefónicas pueden operar las antenas y el espectro pero sin fibra, no hay 5G masivo.

Una antena 5G puede transmitir enormes volúmenes de datos, pero si detrás no existe una red troncal capaz de mover ese tráfico, la red se convierte en un cuello de botella. En esa infraestructura estaba interesada Huawei, la empresa china proveedora mundial de equipamiento para redes 5G, es decir, antenas, radios, routers y otros componentes que las telefónicas utilizan para desplegar sus redes.

Las reuniones en Arsat o fuera de las oficinas, en lugares como Nordelta, eran frecuentes entre directivos de la compañía y Facundo Leal.

En 2023, además, Arsat recibió una asignación de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para desarrollar un plan federal vinculado al 5G. La resolución oficial establecía que esas frecuencias serían utilizadas por Arsat para implementar el plan estratégico que definiera el Estado Nacional.

Ese punto generó controversia porque implicaba que Arsat pasaba a tener un activo extremadamente valioso: espectro 5G que no había sido subastado como el del resto de los operadores. Algunos sectores imaginaban que Arsat podría convertirse en una especie de operador mayorista de 5G, alquilando capacidad a empresas o impulsando cobertura en zonas donde las grandes telefónicas no invierten.

El gigante tecnológico chino Huawei
El gigante tecnológico chino HuaweiAndy Wong – AP

En términos políticos y económicos, eso aumentaba enormemente la relevancia de quienes conducían la empresa. Ya no se trataba solamente de administrar fibra óptica, satélites y centros de datos. También se trataba de administrar espectro, uno de los recursos más codiciados del sector telecomunicaciones.

Luego llegó el cambio de gobierno. En 2024, la administración de Javier Milei anunció que esos 100 MHz reservados para Arsat serían incluidos en una nueva licitación, junto con otros bloques que habían quedado vacantes en la subasta anterior. Es decir, el espectro que había sido reservado pasaría a ser considerado parte del stock a licitar al mercado. Esto, que se anunció oficialmente en una conferencia de prensa de Manuel Adorni, todavía no sucedió.

Mantener semejante estructura requiere inversiones constantes. La operación de un centro de datos de alta disponibilidad demanda sistemas redundantes de energía, refrigeración, conectividad y seguridad física. Los equipos deben renovarse periódicamente y la infraestructura especializada exige contratos de mantenimiento costosos, algunos de los cuales están bajo observación actualmente. Lo mismo ocurre con la red federal de fibra óptica, cuyos nodos y enlaces requieren supervisión técnica permanente.

Fuentes vinculadas al sector describen que el deterioro presupuestario de los últimos años impactó particularmente en esas tareas. Sistemas que requieren asistencia especializada comenzaron a enfrentar dificultades para obtener soporte. Equipamiento que demanda mantenimiento periódico pasó a depender de recursos cada vez más escasos. En infraestructura crítica, el problema no suele manifestarse de inmediato: aparece cuando ocurre una falla.

La complejidad aumenta cuando se observan los servicios que presta Arsat a organismos del Estado. Fuerzas Armadas, áreas de seguridad, empresas públicas y dependencias gubernamentales utilizan distintas capacidades de la compañía. En algunos casos, la red debe extenderse hacia ubicaciones remotas donde el último tramo de conexión —la llamada “última milla”— obliga a contratar proveedores locales o realizar obras específicas para llegar hasta instalaciones estratégicas.

Esa realidad convierte a Arsat en administradora de información extremadamente sensible. No solamente por el contenido de los datos que almacena, sino por el conocimiento operativo que posee sobre redes, enlaces, ubicaciones, capacidades y requerimientos de organismos públicos y privados.

En paralelo, existe un debate cada vez más presente alrededor de la llamada soberanía digital. La discusión gira en torno a dónde se almacenan los datos críticos del país y quién controla la infraestructura que los procesa. Mientras buena parte de la economía mundial migra hacia plataformas de computación en la nube operadas por gigantes tecnológicos extranjeros, algunos sectores sostienen que determinadas capacidades deben permanecer bajo jurisdicción nacional.

Camila Dolabjian

Materia pendiente para Argentina: la industrialización local del litio

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La industria del litio cerró 2025 con una producción de 116.000 toneladas y exportaciones por U$S 932 millones. El 90% de lo que se vende es carbonato de litio, cuyo principal destino es China. La Argentina todavía no avanzó en el uso del litio para producir tecnologías de mayor valor agregado o incorporar alguna etapa de la fabricación de vehículos eléctricos. Los especialistas coinciden en que los beneficios fiscales y económicos no son condición suficiente para estimular inversiones en esa industria.

A pesar de tener y explotar recursos críticos para la transición energética, la Argentina todavía no avanzó en el uso del litio para producir tecnologías de mayor valor agregado o incorporar alguna etapa de la fabricación de vehículos eléctricos. En este contexto, y mientras el proyecto de súper RIGI apuesta a promover el sector de la electromovilidad, los especialistas coinciden en que los beneficios fiscales y económicos, o la abundancia de materias primas, no son condición suficiente para estimular inversiones en esa industria.

“Es necesario contar con una adecuada infraestructura y acceso a energía a buen precio; un mercado demandante; servicios de logística para una cadena de valor que es compleja, y recursos humanos calificados”, resume el economista Martín Obaya, investigador del Conicet y vicedirector del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit).

A esto se suman los desafíos de instalar nuevas plantas productivas que requieren insertarse en cadenas globales de valor, como es el caso de la fabricación de baterías o vehículos eléctricos. Aunque también hay posibilidades en la articulación de proyectos a escala regional, el desarrollo local de proveedores especializados e incluso la exportación de servicios.

Baterías en cadena

Según la Secretaría de Minería nacional, hoy operan ocho explotaciones de litio en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, y otros 60 proyectos transitan diferentes etapas de progreso (prospección, evaluación, construcción, entre otras). Esta industria cerró 2025 con una producción de 116.000 toneladas y exportaciones por U$S 932 millones. El 90% de lo que se vende es carbonato de litio, cuyo principal destino es China. Además, se convirtió en el décimo complejo exportador del país, según cifras del Indec.

“El litio, en realidad, no es un commodity -precisa la ingeniera Azul Giménez Moreno, directora de Minería de la consultora Aleph Energy-. El recurso natural que se extrae en el proyecto minero atraviesa un cierto grado de industrialización hasta que se vende y se exporta: el carbonato de litio, el hidróxido de litio y el cloruro de litio, son productos químicos de especialidad.”

La instalación de plantas de producción de cátodos o de baterías de litio resulta compleja. “Es difícil que se radique aquí la fabricación de baterías porque las cadenas productivas son globales y hace falta tener una escala, un umbral de varios cientos de miles de unidades para alcanzar un modelo de negocios”, expresa a EconoJournal el economista Víctor Delbuono, investigador de Fundar.

“La Argentina tampoco tiene una política integral de electromovilidad, sino más bien de incentivos a la importación de vehículos sin aranceles y sin una alianza estratégica con un productor”, prosigue Delbuono. Y advierte que “las condiciones de base para pensar en la integración de la cadena del litio vienen siendo tardías”.

Con esta visión coincide Giménez Moreno. “La cadena de valor de las baterías eléctricas es extensa y compleja; el hecho de que nuestras salmueras produzcan litio no quiere decir que podamos fabricarlas –argumenta-. De hecho, el litio es un porcentaje muy pequeño del total de la batería, se requieren otros materiales. Y hoy, la mayor parte de la producción de materiales activos de cátodos y los procesos de ensamble se hacen en China.”

Dicho esto, no es imposible estimular -con beneficios impositivos o políticas de precios domésticos- el agregado de valor local. Una alternativa es el caso de Chile, que implementó licitaciones de acceso a cuotas de carbonato de litio con precio preferencial para las empresas que agreguen valor a este recurso. Sin embargo, los dos proyectos que se anunciaron –de las firmas chinas BYD y Tsingshan, para radicar plantas de material catódico- finalmente no lograron concretarse. “Cuando los precios están bajando, esa política no funciona bien. No bastó para estimular la radicación de inversiones”, evalúa Delbuono.

La visión de las compañías que producen y exportan compuestos de litio

El camino hacia una mayor industrialización del mineral está en la agenda de las compañías que producen y exportan compuestos de litio en la Argentina. Al menos por ahora. Ante la consulta, dos jugadores del sector coincidieron en esta visión.

No tenemos necesidad de ampliar los procesos aquí, por lo menos en este momento –expresó una fuente-. Esto no quita que se pueda realizar a futuro, si alguno de nuestros accionistas decidiera que es negocio o que es viable”, sostuvieron en una de las compañías del sector.

En otra empresa agregaron que no es una iniciativa que se esté evaluando. En particular, porque para fabricar este tipo de baterías, “lo menos que se utiliza es litio; intervienen muchos más minerales de los que no existe aquí producción”, argumentaron. “Al no tener el resto de los minerales es muy complejo pensar en eso en un corto plazo”.

Ventana de oportunidad

A pesar de este panorama, Obaya –coautor de un estudio que analiza las posibilidades de integración y complementación regional para la transición energética– considera que iniciativas como la fabricación de vehículos eléctricos en Brasil es una ventana de oportunidad. Con la radicación en una planta adquirida a Ford, la firma BYD estima producir unas 300.000 unidades este año. En el marco del programa MOVER (Movilidad Verde e Innovación), que establece importantes beneficios impositivos, “Brasil es el país que fomenta de manera más activa la producción de vehículos eléctricos”, sostiene el economista.

La localización de una incipiente industria de la electromovilidad a nivel regional aporta una nueva condición que podría fortalecer el mercado regional. Incluso, para abastecer mediante la fabricación de baterías. “Faltan muchos otros factores, pero es una ventana que se abre”, puntualiza.

Es que la electromovilidad requiere condiciones que exceden los beneficios tributarios y exige que “muchas cosas funcionen bien al mismo tiempo”, observa Obaya. “Estas son: buenas condiciones de acceso a la energía y a buen precio; un mercado demandante; infraestructura de carga para los usuarios; servicios de logística, y mano de obra. Me parece que la Argentina está poniendo énfasis en la competitividad impositiva, por ejemplo con el RIGI, y quizá se abandonaron algunos aspectos de lo que podría ser una política productiva.”

En este sentido, si bien el súper RIGI tiene un costo impositivo importante e implica resignar recaudación futura, según Obaya lo hace “en virtud de generar nuevas industrias y que requieren un espaldarazo inicial para desarrollarse”.  

Litio, servicios y exportación

Sobre la integración y desarrollo de nuevas actividades alrededor del litio, la especialista de Aleph Energy prefiere hablar de “mayor captura de valor” de este recurso. Lo que se necesita promover, de acuerdo con Giménez Moreno, son proveedores locales especializados: servicios de ingeniería, automatización, control de procesos, inteligencia artificial, mantenimiento preventivo de equipos, tratamiento de agua, servicios ambientales. Pero para eso “necesitamos centros tecnológicos, articulación con las universidades, transferencia de know-how, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, y fomento de un ecosistema de startups que desarrolle tecnologías para la minería”, plantea.

En este punto -advierte Giménez Moreno- no sería aplicable un esquema como el súper RIGI, sino la facilitación de líneas de financiamiento para apoyar nuevas empresas proveedoras o la realización de pruebas piloto de tecnología. “También programas de desarrollo de proveedores o transferencia de know-how desde la propias mineras”, completa.

A mediano y largo plazo, sostiene la especialista de Aleph Energy, este entramado de conocimientos y especialidades puede incluso capitalizarse para la exportación de servicios profesionales destinados a proyectos mineros de la región. 

Mariana Pernas

La industria y la construcción siguen en una caída larga.

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La industria y la construcción siguen en una caída larga. Ambas áreas de la economía, las que brindan la mayor cantidad de empleos formales, siguen sin consolidar una recuperación y mantienen el comportamiento oscilante que registran desde hace unos meses. Luego de haber caído en febrero y crecido en marzo, ambos sectores presentaron en mayo bajas mensuales de 2,1% y 4%, respectivamente.

Una empresa anuncia que logró producir electricidad a través de la fusión nuclear

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Una de las principales empresas privadas de fusión del mundo, Commonwealth Fusion Systems (CFS), ha publicado una serie de documentos que la empresa dice «confirman» que su planta de energía ARC, si se construye según lo previsto, producirá más electricidad de la que consume. Pero algunos investigadores dicen que se necesitan resultados de un reactor de fusión operativo para validar sus predicciones y que aún quedan grandes desafíos de ingeniería por resolver.

Las empresas privadas de fusión han recibido casi 10 mil millones de dólares en inversiones durante la última década, con la promesa de que la fusión — la reacción que impulsa al Sol — podría aprovecharse en la Tierra para producir electricidad limpia. CFS, que tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y otras empresas como Helion Energy en Everett, Washington, y TAE Technologies en Foothill Ranch, California, dicen que entregarán plantas de fusión comercial para principios de la década de 2030.

Los físicos de la Instalación Nacional de Ignición de EE. UU. en Livermore, California, crearon la primera reacción de fusión que brevemente produjo más energía de la que consumió en 2022. Pero ningún equipo ha creado un reactor que pueda producir energía de manera continua, o suficiente para dejar un excedente, o ha demostrado que un reactor puede funcionar de manera económicamente viable.

Un artículo fue publicado el 14 de abril y otros cuatro fueron publicados el 4 de junio en el Journal of Plasma Physics. Los artículos fueron escritos por 58 investigadores del CFS y sus institutos académicos asociados. Los autores exponen el diseño de la planta de energía ARC y la física detrás de ella, incluyendo la modelización del comportamiento esperado del plasma, la materia supercalentada en la que se produce la fusión. Los investigadores enfatizan las incertidumbres que deben abordarse antes de que el diseño se finalice.

Pero, hablando con periodistas en una conferencia previa a la publicación de los documentos, Brandon Sorbom —director científico de CFS, con sede en Devens, Massachusetts— parecía confiado. Dijo que los documentos «confirman que cuando construyamos la planta de energía de fusión ARC, funcionará».

El equipo detrás de ello incluye «algunos de los mejores en el negocio de la fusión» y el concepto se basa en «un buen trabajo a lo largo de muchos años», dice Tony Roulstone, un ingeniero nuclear de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Pero debido a que la empresa está financiada por capital privado, «hay presión para afirmar cosas antes de que la evidencia esté completamente disponible», dice.

Inside view showing workers in the CFS Magnet Factory.
Workers at the Commonwealth Fusion Systems (CFS) magnet factory.Credit: Commonwealth Fusion Systems

Rosquilla de plasma

CFS fue fundada como una empresa derivada del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge en 2018. Desde entonces, la empresa ha recaudado casi $3 mil millones y se está preparando para comenzar las operaciones de su prototipo, una máquina de demostración conocida como SPARC, el próximo año. Los resultados de SPARC se utilizarán para perfeccionar gran parte del diseño de la planta de energía ARC, que podría comenzar a operar a principios de la década de 2030.

La empresa dice que SPARC demostrará energía neta; es decir, producirá más energía de la que necesita para confinar y calentar el plasma, pero no necesariamente más de la que la planta más grande utiliza para funcionar. Su sucesor, ARC, debería producir suficiente energía no solo para mantener las operaciones de la planta, sino también para entregar continuamente 400 megavatios de electricidad neta a la red, una cantidad que podría alimentar alrededor de 280,000 hogares estadounidenses promedio, dice la empresa.

Ambas máquinas utilizarán imanes superconductores de alta temperatura para comprimir plasma. Comprimidos en una forma de rosquilla o ‘tokamak’, y calentados a alrededor de siete veces la temperatura del centro del Sol, los núcleos de los combustibles de hidrógeno pesado se fusionan para crear helio, liberando energía, principalmente en forma de neutrones de alta velocidad.

Es positivo que CFS esté publicando tanto como lo está, pero los documentos no garantizan que la máquina funcionará, dice David Hammer, ingeniero nuclear de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Los artículos, por ejemplo, detallan cómo mitigar las interrupciones, cuando el plasma se vuelve inestable. Pero cómo se comportará el plasma en condiciones de operación del mundo real aún no está claro, dice. Su modelado «tiene que ser validado por un reactor de fusión que funcione como se diseñó», añade. Si la empresa puede hacer que SPARC funcione con éxito el próximo año, «será un paso importante hacia adelante», dice.

Todavía hay «demasiados subsistemas importantes» que necesitan desarrollo para decir que el diseño de ARC está cerrado, dice él. La empresa también necesitará demostrar que puede hacer que una instalación sea comercialmente viable, lo que implica extraer calor para crear electricidad, fabricar un reactor lo suficientemente robusto para soportar las operaciones y obtener suficiente tritio, un combustible de isótopo escaso que el reactor necesita para funcionar.

Como muchas otras empresas, CFS planea generar tritio combinando los neutrones liberados durante la fusión con litio en las paredes del reactor o ‘mantas’, pero los documentos no detallan este proceso ni demuestran que sea viable. «Hay materiales candidatos para el manto y diseños de mantos, pero se necesitan muchos años-persona de ingeniería» para desarrollar un diseño práctico y ponerlo en una planta piloto, dice Hammer.

CFS confía en que podrá «producir tritio para operaciones y para futuras plantas de energía», dijo un portavoz de la empresa a Nature. «Sin duda, tenemos que construir más sobre esa base» establecida en estos documentos.

Elizabeth Gibney

Dos «startups» argentinas, destacadas en uno de los mayores eventos de innovación del mundo

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Entre más de 4500 startups de 110 países, dos empresas argentinas llegaron a la final de la competencia de South Summit Madrid 2026

South Summit Madrid 2026, coorganizado por IE University, celebró su decimoquinta edición bajo el lema AI Convergence. El evento se llevó a cabo del 3 al 5 de junio en el espacio de innovación La Nave, en Madrid. Durante tres días, reunió a emprendedores, inversores, corporaciones e instituciones.

Uno de los espacios centrales del encuentro fue la Startup Competition, que reunió a 100 startups seleccionadas entre más de 4500 candidaturas provenientes de 110 países. En esta edición, América Latina contó con diez startups finalistas. Entre ellas estuvieron las argentinas CryptoMate, en la categoría Fintech & Insurtech, y Wise CX, en Enterprise Solutions, reconocida como la startup ganadora de su categoría.

CryptoMate fue cofundada por Alan Boryszanski. Es una plataforma que permite a empresas, fintechs y comunidades ofrecer servicios financieros digitales a sus clientes: desde cuentas internacionales y operaciones con dólares digitales hasta emisión de tarjetas y líneas de crédito. Además, incorpora inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a identificar las mejores oportunidades financieras según el contexto de cada región y momento. El objetivo es que cualquier líder comunitario pueda convertirse en un emprendedor financiero sin depender de donaciones ni de grandes instituciones.

Wise CX, fundada en Córdoba por David Cabrera y Pablo Cavallo, desarrolla soluciones con inteligencia artificial para gestionar, automatizar y personalizar conversaciones entre empresas y clientes a través de distintos canales de comunicación. El objetivo es que las empresas puedan contar con información concreta sobre el comportamiento de sus clientes y así mejorar la experiencia de cada usuario.

Los 100 finalistas de South Summit Madrid 2026 junto al Rey Felipe VI de España. Foto: South Summit.
Los 100 finalistas de South Summit Madrid 2026 junto al Rey Felipe VI de España. Foto: South Summit.

Por qué creen que fueron seleccionadas

Borysansky consideró que la selección estuvo vinculada al momento que atraviesa la industria en la que opera la compañía. “Creemos que hoy la tecnología que utilizamos está especialmente bien posicionada a nivel internacional. Hay proyectos de ley muy importantes que fueron aprobados en Estados Unidos, Europa e incluso Argentina. Todo lo que venimos construyendo en los últimos años encontró validación también desde el contexto macroeconómico y regulatorio”, afirmó.

Desde Wise CX, David Cabrera vinculó la selección con la propuesta tecnológica desarrollada por la empresa. “Creo que lo que hizo que nuestro proyecto se destacara fue el nivel de innovación y la forma en que estamos resolviendo un problema real con el que conviven compañías de todo el mundo. La gestión y automatización de conversaciones con clientes es una necesidad global”, sostuvo.

En Wise CX, la expansión internacional se dio a partir del propio modelo de negocio. Alejandro Santos, country manager para España, explicó que la compañía identificó tempranamente que su producto podía comercializarse fuera de la región.

“Vimos que muchos de nuestros potenciales clientes podían estar en cualquier parte del mundo. Nacimos como una plataforma SaaS, por lo que no existían fronteras reales para comercializar el producto. Primero crecimos en Latinoamérica y luego cruzamos el Atlántico para desarrollar el mercado europeo”, dijo.

Emprender desde la Argentina

Consultados sobre las ventajas y dificultades de crear una empresa desde la Argentina, ambos coincidieron en que el contexto local presenta desafíos, pero también genera oportunidades para probar soluciones y desarrollar nuevos negocios.

Para Borysansky, uno de los principales activos es el talento humano y la posibilidad de validar productos en escenarios complejos. “Las dificultades que existen en Argentina generan necesidades concretas en la población que impulsan la adopción de nuevas tecnologías, lo cual es muy bueno como campo de experimentación. Se pueden lanzar nuevos proyectos y validarlos de forma rápida”, señaló.

Desde Wise CX, Cabrera destacó que la experiencia de operar en un entorno cambiante, tanto en términos económicos como políticos, obliga a desarrollar resiliencia. Sin embargo, consideró que la contracara es que esto dificulta la planificación de largo plazo. “Pensamos en el corto plazo porque no vivimos en contextos tan previsibles”, agregó.

"El contexto argentino nos obliga siempre a probar nuevas soluciones"
«El contexto argentino nos obliga siempre a probar nuevas soluciones»

Qué ven los inversores en el talento argentino

Al ser consultados por las características del talento argentino que siguen llamando la atención de los inversores internacionales, tanto Borysansky como Santos coincidieron en que esos atributos se desarrollan justamente a partir de ese contexto.

Para el fundador de CryptoMate, la necesidad de adaptarse constantemente genera una mayor capacidad para experimentar, aprender y seguir adelante incluso después de errores o rechazos.

Santos, por su parte, puso el foco en la perseverancia. “En Argentina hay un empuje que quizás no se ve con la misma intensidad en otros lugares. Estamos acostumbrados a enfrentar dificultades y eso genera resiliencia, compromiso y una capacidad para transformar problemas en oportunidades”, sostuvo.

Esa visión coincidió con la planteada durante el evento por Juan José Güemes, vicepresidente de IE University y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de la institución. “Los argentinos están acostumbrados a convivir con la complejidad. Eso desarrolla resiliencia, creatividad y una capacidad especial para detectar oportunidades donde otros ven problemas”, afirmó.

Según Güemes, esa experiencia también ayuda a explicar el interés creciente de inversores internacionales por América Latina. “Las oportunidades de negocio nacen de problemas reales. Para entender esos problemas hay que vivirlos de cerca. Los emprendedores de la región entienden esos problemas mejor que nadie”, sostuvo.

"Los argentinos tenemos un empuje que en otras sociedades no se ve tan claro"
«Los argentinos tenemos un empuje que en otras sociedades no se ve tan claro»

Los representantes de ambas startups también coincidieron en la importancia de contar con espacios que permitan conectar emprendedores con potenciales clientes, socios e inversores, y en cómo un evento de estas características podría ser valioso en la Argentina. “Mostrar lo que uno está construyendo y recibir feedback de referentes de la industria tiene un valor enorme. Además, están las oportunidades de networking”, señaló Borysansky.

Santos remarcó que ese tipo de encuentros facilita el acceso a una red internacional de contactos. “En South Summit se reúne una comunidad global que muchas veces no coincide en otros espacios. Tener un evento de esta magnitud en Argentina permitiría que muchos emprendedores locales accedieran a contactos y oportunidades que de otra manera serían difíciles de conseguir”, concluyó.

Zoe Vranjes

El gobierno elimina «regulaciones obsoletas». Entre ellas, Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

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El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior entre las que se destacan las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo argumentaron que las derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”. En los considerandos oficiales, se explicó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.

Ahora12, Cuota Simple y Precios Cuidados

Con la publicación de hoy quedaron eliminadas definitivamente 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”. Es decir que el Gobierno primero vació y discontinuó esos programas para ahora poder eliminarlos definitivamente.

Según la Casa Rosada, “la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.

El programa Ahora12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor.

Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Aumentos de escuelas privadas

Este martes también se derogaron cuatro normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.

En esa línea, remarcó que la obligación informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.

Al adoptar esa política el Gobierno prometió que redundaría en menores aranceles, pero las cuotas de los colegios privados mantienen una senda ascendente. En el último Índice de Precios al Consumidor del Indec el rubro Educación registró un alza del 4,2%, muy por encima del índice general (2,6%).

Trigo sin control de precios

En las resoluciones de ayer, además, se dieron de baja 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.

El contrabando creció muy rápido en estos años. Ya es un actor importante en el mercado

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El informe circula a toda velocidad en los sectores más disímiles. No se habla de las importaciones sino de un fenómeno que preocupa a las empresas por debajo de las napas: el contrabando. “Se volvió un problema muy grave en el país con impacto negativo para el Estado, el consumidor y las empresas”, asegura desde la página 2 de las 45 que tiene el relevamiento de MAP, una consultora de negocios que trabaja principalmente para multinacionales y que terminó el estudio a fines de noviembre de 2025. Hasta el momento las conclusiones se guardaban bajo siete llaves.

Allí destacan que, si bien la problemática siempre existió, fue creciendo, en coincidencia con la eliminación de algunos mecanismos que servían para atacar al contrabando. Se enumeran entre otros la eliminación de veedores sectoriales en importaciones, la eliminación de verificaciones técnicas y trámites de importación de productos higiénicos y domisanitarios, el registro de exportadores e importadores y algunos controles previos de ANMAT, entre otros.

La realidad se refleja en los números de varios negocios y adonde hay cálculos que se encuentran en los despachos de los número uno de las principales compañías de la Argentina que delinean su plan de negocios local. El mercado de celulares es tal vez el ejemplo más representativo de la tendencia. Aclaración importante para los lectores: no se trata de ese celular que una familia trae de un viaje y cuya trazabilidad y regulación está asegurada. En el país hay unos 9,2 millones de celulares si se toma el promedio de los años 2023 a 2025. Dentro de este número, el contrabando pasó del 7% que representaba del mercado al 35%, según otro informe de AFARTE. Es decir que uno de cada tres celulares se comercializa fuera del circuito formal.

Con el crecimiento del contrabando de teléfonos móviles del 7% a 35% en dos años, se calcula que no ingresaron al fisco US$ 190 millones en 2025
Con el crecimiento del contrabando de teléfonos móviles del 7% a 35% en dos años, se calcula que no ingresaron al fisco US$ 190 millones en 2025Shutterstock

El mercado de contrabando recaudó unos US$ 1858 millones en 2025 mientras que las ventas de celulares de producción nacional generaron unos US$ 2311 millones. Entran fuera del mercado formal 50.000 unidades por semana, la mitad llega desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado y la otra mitad principalmente desde Panamá por el aeropuerto de Ezeiza. Desde el Ministerio de Seguridad tomaron nota y avanzan sobre mayores controles fronterizos y un plan anticontrabando. “Todo se puede rastrear con la identificación de cada unidad y saber para qué destino fue fabricado. Además, cuando se activa en las bandas argentinas se detecta si ese teléfono fue o no importado legalmente. Una vez dentro de las fronteras tienen su propio circuito de comercialización a través de redes sociales, plataformas y grupos de WhatsApp principalmente”, grafica el número uno de una de las principales marcas. La diferencia de precios es el principal anzuelo para los consumidores. “Para quien compite formalmente la carga impositiva nacional, provincial y municipal equivale al 34% del costo del producto. Ojo que acá no estamos hablando del tema de producir o no producir o competir o no competir sino de negocios ilegales montados a la sombra de la formalidad y que se pueden rastrear muy fácilmente para evitar hasta cuestiones de seguridad”, aseguró el presidente de otra de las principales marcas. Y agregó enojado: “Cuidado que detrás de esto hay circuitos informales y una economía en negro que nada tiene que ver con el debate de Tierra del fuego sí o no. Que nadie se confunda”.

Cada cuál atiende su juego

En el caso de la cerveza la realidad también es sorprendente. De acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Cervecera un 40% de la mercadería relevada en el AMBA tiene un origen ilegal. En el mundo de los neumáticos supera al 30% y en el de los agroquímicos ya está en torno al 15%. También existen otros rubros como cigarrillos con el 10% del mercado que es ilegal principalmente con origen de la frontera del norte del país. Si bien el número es importante, a nivel mundial el 11,6% de los productos de tabaco se venden de forma ilícita.

Un 40% de la mercadería de cerveza relevada en el AMBA tiene un origen ilegal; a fines de 2025, el Estado nacional dejaba de percibir US$ 1100 millones en impuestos provenientes del mercado de esta bebida
Un 40% de la mercadería de cerveza relevada en el AMBA tiene un origen ilegal; a fines de 2025, el Estado nacional dejaba de percibir US$ 1100 millones en impuestos provenientes del mercado de esta bebidaPixabay

Hasta el momento había muy pocos datos de lo que el contrabando representa. Por ello para sacar el cálculo de cada sector se tomó de referencia la información de las principales compañías y cámaras, se consideró la producción local, también la importación formal y se excluyó del estudio de MAP a los productos ingresados como “equipaje acompañado” para evitar contaminar los resultados. Se multiplicó incluso el volumen estimado de contrabando por el precio de un producto representativo del sector y se llegó al valor económico del contrabando. La conclusión es que el Estado argentino dejaba de percibir a fines de 2025 ingresos fiscales por unos US$ 2300 millones si se consideran los sectores de cerveza (US$ 1100 millones), tabaco (US$ 240 millones), agroquímicos (US$ 150 millones), textiles (US$ 370 millones), celulares (US$ 190 millones), neumáticos (US$ 125 millones) y calzado (US$ 90 millones), solo por citar algunos.

Las conclusiones arrojan más equivalencias y un cálculo que no pasó inadvertido en algunos despachos privados. En términos de recaudación significaba al cierre del año un 90% del total de impuestos internos, un 45% de las retenciones a las exportaciones o un 25% de lo que recauda el impuesto al cheque. Si se cruza eso por las posibilidades de gasto afirman que hay unas 3800 escuelas que se podrían construir, unos 1900 kilómetros de rutas nacionales y unos 80 hospitales de alta complejidad, según sus datos.

El contrabando erosiona los precios de referencia y reduce incentivos para innovar porque ganan las redes ilícitas”, afirman. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) subraya que este fenómeno socava la salud económica e innovación de sectores formales. Es que las empresas en regla enfrentan más controles (trazabilidad, pruebas de autenticidad y peritajes) y las que no lo están generan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores porque no pasan por las inspecciones sanitarias, de seguridad o de calidad; suelen vulnerar los derechos básicos del consumidor porque no solo no tienen factura sino tampoco posventa y suelen poner en jaque al que juega dentro de la ley. El propio Carlos Bender, quien es responsable comercial de Lumilagro, una de las empresas bendecidas por el gobierno por su reconversión, dio datos concretos sobre lo que el contrabando genera en su negocio. “Todo lo que es contrabando es dañino para la actividad industrial y comercial”, afirmó en una entrevista en LN+. Y le puso sus propios números: Bolivia, con 12 millones y medio de habitantes y sin cultura de mate, importó más de 4 millones de termos de acero desde China a un valor unitario bajísimo. “Obviamente esos termos no quedaron en Bolivia, y la mayoría entraron a Argentina”. Bender advirtió en su momento que el acero que ingresaba ilegalmente al país estaba clasificado como acero chatarra o inclasificable y “no apto para humanos”.

A causa de contrabando, el Estado se perdió de recursos por US$ 2300 millones, según se calculó a fines del año pasado
A causa de contrabando, el Estado se perdió de recursos por US$ 2300 millones, según se calculó a fines del año pasadoPrensa ARCA

Desde el Ministerio de Seguridad ya tomaron nota del fenómeno y respondieron ante la consulta de LA NACION que se despliegan nuevos y más operativos anticontrabando de los que históricamente hubo. En las fronteras del norte, por ejemplo, en la provincia de Salta el plan Güemes en las rutas nacionales 34 y 50, que son las zonas de influencia de Salvador Maza a Tartagal y desde Aguas Blancas a Orán. “En toda esa zona multiplicamos por seis las personas y los vehículos controlados. La lógica de interceptación en las provincias disminuyó mucho también el contrabando y las cifras seguirán bajando”, aseguró confiado un alto funcionario. En el NEA, en la zona de Bernardo de Irigoyen, hay 24 kilómetros de frontera seca con muchas particularidades demográficas y hasta idiomáticas. “Operaban organizaciones violentas y hasta sicariatos que desactivamos. También los estamos desfinanciando”, agregaron desde el Ministerio de Seguridad. En la actualidad empiezan a generarse mesas de análisis de la información con el sector privado para producir investigaciones sectoriales.

Un fenómeno digital

Pero más allá de las fronteras físicas hasta hace unos años el contrabando era un fenómeno local. Con el crecimiento del comercio electrónico y de los grandes marketplaces se amplificó la escala y el alcance. La conexión ahora es directa entre oferentes y demandantes y la participación del e-commerce es muy relevante porque se estima será del 30% antes del 2030, impulsada por la migración de consumidores de manera masiva al canal digital. El debate es muy profundo a nivel mundial y tiene varias lecturas y estrategias disímiles. En Estados Unidos, por caso, reformaron el régimen de minimis (importaciones de bajo valor). Sumaron requerimientos de datos a importadores que deben proporcionar información detallada sobre remitentes, contenidos y destinos para mejorar la trazabilidad. También cerraron rutas para contrabandos electrónicos falsos (sin certificados) y textiles en línea con su ley de transparencia en marketplaces y la obligación de mostrar públicamente la información del vendedor. En Colombia rige la ley anticontrabando que se vincula con la trazabilidad digital, en Brasil la normativa contra la venta irregular en el mercado de celulares que se sancionó en junio del 2024 y en la Unión Europea los “deberes de diligencia” para marketplaces.

“Este es un debate latente y con el cambio de paradigma es tal vez más profundo que la cuestión de las importaciones. Cuando uno analiza los datos no existe tal fenómeno. Pero el contrabando es algo que hay que cortar de cuajo ya que habitualmente es la puerta de entrada de todo aquello que no se puede trazar”, cerró por lo bajo el presidente de otra compañía multinacional que había compartido los datos sectoriales con su matriz.

José Del Rio

Columna: Washington quiere ser socio de la IA

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El 5 de junio Donald Trump confirmó, arriba del Air Force One, que su administración está hablando con empresas de inteligencia artificial para que el Estado norteamericano se quede con una parte de ellas. La palabra que usó fue «socio»: que el público americano «esencialmente se vuelva socio» de las compañías. Lo raro no es que lo diga un republicano. Lo raro es quién está de acuerdo.

Porque desde la otra punta del arco político, Bernie Sanders pide lo mismo pero más fuerte. El 1 de junio publicó un artículo en el New York Times proponiendo un impuesto único del 50% sobre el capital de OpenAI, Anthropic y xAI, con acciones con derecho a voto y representación de Washington en los directorios. Trump quedó, por una vez, en el lugar moderado: entre el dejar hacer y la nacionalización parcial que propone Sanders. Pero la dirección es la misma. Las dos puntas del espectro coinciden en que las ganancias de la IA son demasiado grandes para quedar enteramente en manos privadas.

Cuando eso pasa —cuando el sector que más detesta la intervención estatal y el que más la reclama terminan empujando para el mismo lado— conviene prestar atención. No es ideología. Es otra cosa.

Qué se está negociando, exactamente

Conviene separar el ruido del dato. Lo que reportó NOTUS primero, y CNBC confirmó después, es que el gobierno y OpenAI llevan más de un año conversando un esquema donde la empresa le cedería acciones al Estado. No es una expropiación: es voluntario. Y la idea no nació en la Casa Blanca, nació en OpenAI. Sam Altman se la propuso a Trump a principios de 2025 y la viene revisando con funcionarios desde entonces.

El destino de esas acciones sería un «Public Wealth Fund» —un fondo soberano que la propia OpenAI delineó en un documento de política industrial publicado en abril. La lógica que vende la empresa: que cada ciudadano tenga una participación en el crecimiento económico que genera la IA, y que los retornos del fondo se distribuyan directamente, sin importar el patrimonio de arranque de cada uno. Acciones donadas hoy, dividendos para el público mañana.

El momento no es casual. OpenAI está valuada por inversores privados en más de 850.000 millones de dólares y se prepara para salir a la bolsa, posiblemente en septiembre. Un Estado que entra al capital antes de esa salida no es un detalle contable: es un entrelazamiento sin precedentes entre las finanzas federales y una sola compañía tecnológica. Y encaja con un patrón que Trump ya venía marcando: el año pasado el gobierno se quedó con el 10% de Intel, el fabricante de chips en problemas.

El que dijo que no

Hay una ausencia que dice tanto como las presencias. Anthropic —la empresa que se presenta como la responsable del rubro, también camino a su propia IPO— confirmó que no está en estas conversaciones. No por casualidad.

En febrero de 2026, Trump ordenó que las agencias federales dejaran de usar la tecnología de Anthropic, después de que la compañía se negara a dejar que el Pentágono usara sus sistemas sin ciertas barreras de seguridad. El que no se sienta a la mesa paga un costo. Y eso revela la letra chica de todo este arreglo «voluntario»: se puede decir que no, pero la fricción tiene precio. La línea entre una sociedad negociada y una oferta que no se puede rechazar es más fina de lo que el lenguaje de «socios» deja ver.

Argentina, mirando de afuera

Y acá la película se vuelve casi un espejo invertido. Mientras el Estado norteamericano —el supuesto templo del libre mercado— evalúa entrar al capital de sus campeones tecnológicos para capturar parte de la renta de la IA, Argentina recorre el camino exactamente opuesto: desregulación, salida del Estado, apuesta a que el sector privado y el capital extranjero hagan el trabajo.

No es un juicio sobre cuál modelo es mejor. Es una observación sobre asimetría. Estados Unidos puede darse el lujo de discutir cómo reparte la renta de empresas que valen más que el PBI de muchos países, porque esas empresas son suyas. Argentina no tiene en esa mesa ninguna OpenAI, ningún Anthropic, ninguna acción para donar ni para gravar. La discusión sobre cómo el público participa de la «ventaja» de la IA presupone, primero, tener algo de IA propia de la cual participar.

Lo interesante del debate norteamericano es que ya pasó la etapa de preguntarse si la IA va a generar riqueza concentrada. Esa pregunta la dan por respondida. Ahora discuten cómo distribuirla. En Argentina seguimos un par de casilleros atrás: discutiendo si conviene construir la infraestructura y los modelos que algún día generen una renta para repartir.

La pregunta, entonces, no es si Argentina debería copiar el fondo soberano de OpenAI o el impuesto de Sanders. Es más básica. ¿Qué se reparte cuando no hay nada propio sobre la mesa?

Columna de IA por Esteban Terranova