En un viaje que se preparó bajo un fuerte hermetismo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió en Beijing con Huailiang Liu, presidente de China Gezhouba Group Company (CGGC), la principal accionista de la UTE que construye las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, paralizadas desde diciembre.“Estamos trabajando sin descanso para que las represas se pongan en marcha y generen los empleos que nuestra gente necesita”, afirmó Vidal desde el gigante asiático.
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, enfatizó, a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y –lo que llamó fuertemente la atención– por el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada.
El viaje de Vidal se da luego del sorpresivo giro de Javier Milei frente a China, a la que elogió recientemente, y mientras el gobierno nacional evalúa fechas posibles para concretar una reunión entre el Presidente y su par chino, Xi Jinping. En este contexto, el gobierno argentino evalúa tres momentos: la cumbre del G20 a mediados de noviembre en Brasil, la cumbre Celac-China, en abril próximo, o una bilateral antes de junio del 2025, según informó ayer este medio.
Más allá de una mejora en las relaciones entre los dos países, las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, las dos obras civiles más grandes que China tiene fuera de su territorio, están frenadas desde diciembre y el gobernador santacruceño encaró el viaje más relevante en los diez meses que lleva como gestión. En China fue recibido también por el embajador argentino en aquel país, Marcelo Suárez Salvia,quien lo acompañó en las reuniones.
El gobernador de Santa Cruz en la sede de Ghezhouba, Beijing, China.Sec de Medios
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, afirmó Vidal a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez y el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.
“China, para el gobernador Vidal, representa un aliado estratégico fundamental, ya que no solo puede proporcionar el apoyo financiero necesario para mejorar el desarrollo productivo de la provincia, sino que también puede aportar tecnologías avanzadas que acompañen el proceso de modernización urgente para la recuperación económica y el desarrollo sostenible de Santa Cruz”, sostienen desde el gobierno provincial.
No es el primer contacto de Vidal con los constructores de la obra. En enero pasado, Zhang Jun, el CEO de la empresa, viajó hasta Río Gallegos, y le había solicitado a Vidal que interceda ante el gobierno nacional con el fin de tener certezas sobre el futuro de la obra, que están detenidas desde diciembre pasado y hoy cuentan con notable retraso en su construcción. Los vínculos con China siguieron aceitándose este año: en abril se dio la firma de un convenio de cooperación en materia económica y de inversiones entre el gobierno de Santa Cruz y la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian.
“Además de ser una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la provincia, estas represas tienen el potencial de dinamizar la economía regional, generando empleo sostenible y potenciando sectores clave como el energético e industrial”, sostienen desde el gobierno provincial.
“La colaboración con China no solo apunta a concretar la construcción de las represas, sino a establecer un vínculo a largo plazo que permita a la provincia desarrollar su perfil productivo de manera sostenible”, sostienen fuentes oficiales.
Una historia de contramarchas
Más allá de las inversiones, la reactivación de las obras es clave en Santa Cruz. Sin embargo, la última adenda (la XII) entre ambos países, que establecía nuevas condiciones de la obra, aún no está firmada. Las represas se financian con un crédito que otorgó el gobierno chino, a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. A la fecha, transfirieron a la Argentina US$1850 millones del crédito total de US$4714 millones. El último desembolso realizado fue en noviembre de 2022, luego de transferir dos pagos por US$538 millones.
El proyecto hidroeléctrico se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas en su desarrollo. Arrancó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, fue frenado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando, además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado durante cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.
En 2021, ante el incumplimiento en los plazos prefijados, el financiamiento entró en suspenso hasta que la Argentina y China llegaron a un acuerdo, el año siguiente. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito. Los últimos datos oficiales disponibles indican que las obras tienen un avance cercano al 40%, en el caso de la represa Jorge Cepernic (ex-La Barrancosa), y de 25%, en el caso de la represa Néstor Kirchner (ex-Cóndor Cliff).
Las centrales están ubicadas a 145 kilómetros de El Calafatey permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional. La represa Jorge Cepernic tendrá una altura de 41 metros y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GWh por año. La Néstor Kirchner tendrá 73 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán 3167 GWh por año. En esta última, las demoras se acentuaron a partir del 2019 cuando saltaron las alertas por un desplazamiento de suelos en el área donde se estaba construyendo y desde entonces se trabaja en una readecuación del proyecto inicial.
Google tiene previsto adquirir energía nuclear de varios reactores modulares pequeños (SMR) que desarrollará Kairos Power para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial (IA).
La fase inicial de los trabajos prevé la puesta en marcha del primer SMR de Kairos Power en 2030, seguida de la instalación de otros reactores hasta 2035. En conjunto, este acuerdo permitirá suministrar hasta 500 MW de nueva energía libre de carbono a las redes eléctricas de EE.UU. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que, según Google, ayudará a que más comunidades se beneficien de una energía nuclear limpia y asequible.
En una entrada del blog de la empresa, Michael Terrell. Director Senior de Energía y Clima de Google, declaró: «Este acuerdo forma parte de nuestros esfuerzos por desarrollar y comercializar una amplia cartera de tecnologías avanzadas de electricidad limpia para alimentar nuestros centros de datos y oficinas mundiales. Este enfoque complementará nuestro uso de energías renovables variables, como la solar y la eólica, y nos ayudará a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de energía libre de carbono 24/7 y de energía neta cero». La próxima generación de reactores nucleares avanzados ofrece una nueva vía para acelerar el despliegue nuclear gracias a su diseño simplificado y a su sólida seguridad inherente. El menor tamaño y el diseño modular pueden reducir los plazos de construcción, permitir el despliegue en más lugares y hacer más predecible la entrega final del proyecto.»
«Invertir en tecnología nuclear avanzada también puede aportar beneficios económicos directos a las comunidades de todo EE.UU. La energía nuclear tiene el mayor impacto económico de cualquier fuente de generación de energía, según el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE), y crea puestos de trabajo bien remunerados y a largo plazo. La agencia calcula que alcanzar los 200 GW de capacidad nuclear avanzada en EE.UU. para 2050 requerirá 375.000 trabajadores adicionales», añadió.
La tecnología de Kairos Power utiliza un sistema de refrigeración por sales fundidas, combinado con un combustible cerámico de tipo guijarro, para transportar eficazmente el calor a una turbina de vapor y generar energía. Este sistema de seguridad pasiva permite que el reactor funcione a baja presión, lo que posibilita un diseño de reactor nuclear más sencillo y asequible.
Los gobiernos de Argentina y Francia están por firmar una carta de intención para comprar tres submarinos Scorpène para la Armada, llave en mano y sin un centavo de construcción local. Estamos hablando de U$ 2000 millones, y de operatividad para el año del arquero. Los submarinos modernos se construyen muy despacio y en Toulon hay lista de espera, no se bajan de un anaquel al carrito y se pagan en la caja. Las tripulaciones formadas tampoco se reclutan con los clasificados de Clarín.
Las cartas de intención pueden ser declaraciones de amor, pero no contratos vinculantes. Todavía no estamos condenados a este desvarío.
Que Argentina necesita submarinos es una verdad de cajón. Pero tal vez otros y de otro tipo, y jamás en estas condiciones.
Imposible no recordar la crisis de la deuda griega en septiembre de 2008. Fue parte de la recesión mundial subsecuente al pagadiós de las inversiones «subprime». Naufragaron el centenario banco Lehman Brothers, centenares de fondos de inversión, y los dos grandes bancos federales de reaseguro hipotecario, llamados popularmente Freddie Mac y Fannie May. Millones de personas y decenas de países que creían tener casa quedaron «homeless», otros que se pensaban acreedores salieron desplumados, y cantidad de cajas de jubilaciones y seguros médicos privados se evaporaron.
Eso fue un desastre en todo el mundo, y también aquí. Pero en el caso de marras, lo que agravó la caída de la hasta entonces pujante clase media griega en la pobreza fueron 11 submarinos alemanes Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), 10 de ellos «llave en mano», uno solo construido localmente.
Se entiende que con 2000 islas a defender y demasiadas guerras con la poderosa y vecina Turquía, Grecia quiera submarinos con gran entusiasmo. ¿Pero tantos, y con tan poco astillero propio, sin nada de industria local, todo comprado a Alemania a pura deuda, eso en semejante país naviero? De la noche a la mañana esos fierros se volvieron impagables. Y Berlín decretó ajuste grado devastación. Tremendas armas, esas 11 naves: torpedearon y hundieron un país entero: el comprador. Alemania no se mojó: cobra deuda, es decir sigue comiéndose vivos a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes griegos.
No fue tan fácil, en diciembre de 2008 en Atenas y otras capitales hubo que romperles un poco la cabeza a palos y corchazos de goma, para que entendieran. Fue pedagógico y didáctico, para decirlo al modo ático.
Para ser claro cuáles deberían ser nuestras condiciones, un contraejemplo cercano, pero a la vez muy lejano.
Nuestros primos brasucas, que entienden del negocio, compraron la tecnología Scorpène (significa «escorpíón») al mismo proveedor que nosotros: Naval Group, el complejo de astilleros más viejo del mundo, fundado por el Cardenal Richelieu hace ya 400 años. Al Cardenal la muerte lo protege de saber que su Diréction des Constructions et Armes Navales (DCAN) ahora tiene nombre inglés. En contrapartida, La Huesuda lo priva de la satisfacción de constatar que a 4 siglos de fundada, su empresa sigue siendo francesa, estatal, y de saber que reemplazó a Alemania como la mejor fabricante de submarinos de Occidente.
Los cuatro Scorpène brasucas se han venido construyendo en Brasil, se llaman «clase Riachuelo», con sus 1900 toneladas son de mayor desplazamiento y autonomía que la oferta francesa habitual, tres ya están operativos (con el último por entregarse). El que se viene demorando demasiado por motivos obvios (es tecnológicamente mucho más complejo) es el Alte. Alvaro Alberto, inspirado más por el Barracuda francés. Se va construyendo de pe a pa en el mismo astillero de Itaguaí, Río de Janeiro, donde se hizo toda la clase Riachuelo.
El Alberto (el submarino, no nuestro expresidente) está en una clase propia. Con sus 4000 a 6000 toneladas, no sólo es de mayor en desplazamiento, sino que tiene motor nuclear, igualmente «feito en Brasil», y cuyo grado de avance real es secreto siempre, y desde hace demasiado. Pero vendrá, cuando venga, con capacidad de inmersión limitada únicamente por la comida a bordo.
A un submarino nuclear le sobra potencia eléctrica dar la vuelta al mundo sin emerger y a a veces a más de 30 nudos, así como para reoxigenar y depurar su atmósfera interior y potabilizar agua de mar.Los que quieran «porrada» con los primos, saben que una nave como el Alberto puede estar en cualquier lado del planeta y tendrán que gastar unos recursos navales tremendos sólo en encontrarlo. Eso si el Alberto no los encuentra primero a ellos. Y en eso consiste la gracia del arma submarina, ser el gato y no el ratón. Obviamente, el Alberto no será el último submarino nuclear de Brasil.
Brasil viene construyendo sus submarinos diésel eléctricos desde 1973, y pasó sucesivamente por las clases Humaitá, Tupí y Tikuna, todos derivados del muy popular Type 209 alemán, el submarino más exportado de la posguerra. Los 209 y sus parientes son más bien costeros y defensivos por su tamaño, baterías y autonomía, excelentes armas tácticas durante medio siglo. Pero por esos tres mismos ítems, los clase Riachuelo (y mucho más aún el Alberto) son armas ofensivas estratégicas, de alcance mundial.
El resultado más importante no es que Brasil posee ya una buena flota, con 8 subs activos. Son muchos los que quisieran pisarle el poncho a Brasil, porque ese poncho es «o mais grande do mundo»: está en todas partes. Brasil tiene 7400 km. de costas, una industria pesquera de U$ 150 mil millones, un negocio petrolero offshore de más de U$ 420 mil millones/año, y larguísimas rutas de ultramar que vinculan al país con África, Norteamérica, Europa y Medio y Lejano Oriente. Por esas vías en 2023 transitaron U$ 626.807 millones, sumando exportación e importación.
Sumando, hoy son U$ 1200 billones/año, y en el sentido latino de la palabra «billones», es decir millones de millones. Parece bastante más que el contrato inicial de U$ 7000 millones por transferencia de tecnología y capacitaciones que firmó Dilma Rousseff con Naval Group. Francia lo viene cumpliendo impecablemente, para poca felicidad de los EEUU, y Brasil lo viene pagando sin despeinarse.
En Brasilia nadie objeta el programa Prosub iniciado por Rousseff. No lo hizo ni siquiera Michel Temer, el presidente golpista que la derribó, y tampoco Jair Bolsonaro, el excapitán libertario demente que reemplazó al golpista.
Es que semejante paquete de negocios dependientes del control de los océanos genera su propio lobby. Hacia adentro, se defiende solo. Pero hacia afuera no se defiende con sólo 8 submarinos. Lo importante es Brasil ahora tiene un astillero y una cadena local de proveedores que generó miles de puestos de trabajo calificados en empresas siderúrgicas, metalúrgicas, metalmecánicas, electrónicas, ópticas, y sigue la lista. Cuando quiera más submarinos, los fabrica, y con todos sus repuestos.
El enlace entre el programa Prosub brasileño y el nuclear es de triple vía: la empresa que fabrica los cascos de los clase Riachuelo es Furnas, que nació como proveedora de los componentes pesados de las centrales nucleares. A su vez, la capacitación en motorización nuclear hará que en un futuro Brasil pueda diseñar sus propias centrales nucleares chicas tipo PWR, en lugar de comprarlas llave en mano a EEUU o a Alemania. Aquellos fueron errores de mal resultado técnico. Sería raro que los repita.
Por último, todas las partes usan un combustible estratégico: uranio enriquecido en el país. Tanto las dos plantas nucleoeléctricas activas de Brasil, las Angras 1 y 2, como la que sigue incompleta desde los ’80, Angra 3, como los submarinos clase Alberto «queman» enriquecido nacional, las nucleoeléctricas terrestres al 3,5% promedio, y los submarinos al 20%. Este es el límite al que EEUU te deja enriquecer sin mandarte los marines, o al menos tratar. Cuanto más enriquecido el combustible, rinde más megavatios por kilo, y más vida útil entre recargas.
Brasil enriquece uranio de forma pública y bajo control del OIEA desde los años ’80. Se sobrepuso a cantidad de aprietes, zancadillas y tackles diplomáticos (de adiviná quién) que atrasaron ese programa. Por eso todavía no ha terminado de construir la cantidad de cascadas de centrífugas que necesitaría un programa de centrales nucleoeléctricas y otro de submarinos nucleares. En la práctica, las centrífugas brasucas sólo alcanzan para el 75% del consumo de uranio enriquecido de las Angras 1 y 2.
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) es la dueña estatal de la FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) en Resende, Río de Janeiro. En tiempos de Dilma, INB firmó la construcción de la segunda etapa de Resende con Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), una especie de INVAP brasuca muy especializada en Defensa.
Todo este progreso brasuca ha sido agua para nuestro molino: cumpliendo pactos firmados en la primera presidencia de Lula, Brasil nos suministró el uranio enriquecido para el núcleo de la centralita nuclear compacta CAREM. Y es que a Brasil también le viene al pelo tener un experto nuclear de cercanías como Argentina. Eso es un socio.
VOLVIENDO A LOS SUBMARINOS
A diferencia de lo que nos pasó a nosotros en Malvinas, si a los brasucas se les rompe un Tikuna o un Riachuelo, ya son cancheros en el oficio y lo reparan en casa, sin pedirle asistencia a nadie. Los conocen porque los construyeron ellos. Si alguien amenaza alguno de sus muchos intereses marítimos, lo dicho: construyen otros más. La tecnología ya la tienen asimilada y pagada. Y al hacerlo, en lugar de aumentar su deuda, aseguran sus intereses marinos, y hacen crecer su planta industrial, su empleo y su PBI. Plata que se se sacan de un bolsillo y se ponen, con intereses, en el otro.
Dicho esto, nuestro gobierno actual parece estar optando por el modelo griego, en el cual el comprador prefiere naufragar. Y digo «parece» porque si con Naval Group se pasa del amor platónico de las cartas de intención a contratos más carnales, llenos de chanchadas de letra chica, es posible que los tres submarinos se los debamos a Francia toda la vida, y la vida de nuestros hijos.
Lo que ignoro es si los tendremos. Puede que sí, puede que no.
La Argentina está en bancarrota, no puede dedicar U$ 2000 millones a tres naves hechas íntegramente en Toulon y dejar desmantelada su flota de superficie, o clausurar para siempre su aviación naval. Tampoco puede la Armada dejar sin reequipamiento al Ejército y a la Aviación. Eso es canibalismo. O más bien, finge serlo.
Finge, porque toda la política de defensa del gobierno de Javier Milei se apoya en dos mentiras descomunales: la primera es firmarle cheques en blanco (pero sin fondos, grave detalle) a unas fuerzas armadas que desde la derrota de Malvinas vienen perdiendo casi todos sus activos por decrepitud y falta de mantenimiento. Pero fundamentalmente, las FFAA están en la lona por el cierre deliberado de los astilleros, fábricas de aviones y el enorme complejo de plantas industriales de Fabricaciones Militares. Menem lo hizo, Macri y el El Guasón suscriben.
La segunda gran mentira de la política de Defensa de Milei fue reciente la derogación por decretazo de la ley del FONDEF. Éste es (era) el Fondo Nacional de la Defensa, de 2018, que el año pasado juntaba U$ 500 millones, el 0,8% de los ingresos del estado. A cambio de independizarlos del PBI, a las cúpulas Milei les ofreció canilla libre con las compras. Entren y pidan, Papá paga.
Es todo muy ilegal, pero a la vez muy irreal, como el propio presidente. Nada bueno puede salir de semejante compra de pescado imaginario pero podrido. Las cúpulas militares deberían ser las primeras en desconfiar. Lo que les cocinan Milei y su ministro de defensa, Luis Petri a nuestras Fuerzas Armadas no es el rearme del país. Es sólo una versión recrudecida, letal y bendecida por la OTAN de su estado de desarme crónico.
Y el desarme se agrava de dos modos: mediante la compra de chatarra de la OTAN (ver el caso de los F-16 de 44 años de antigüedad). Es militarmente inútil,aunque sirva para desfiles y golpes de estado.
Lo segundo que agrava el desarme es el total desacople entre el PBI y el presupuesto de Defensa, que la ley del FONDEF trató por primera vez de unir.
El resultado de todo esto sólo puede ser el regreso de una alta oficialidad autista, oligárquica y ajena a toda industria, indiferente al empleo y de la marcha de la economía, y por último adicta al presidente -a éste mientras les sirva- pero no a la Constitución. Nada que no hayamos visto antes hasta el aborrecimiento, y nada que no hayamos visto fracasar.
Y fracasó en aquel experimento que no dejó más dudas: la Guerra de Malvinas.
Parte de la tripulación del ARA San Luis, que disparó 3 veces contra la Task Force desde un submarino donde no funcionaba nada, sobrevivió a varios torpedos antisubmarinos y unas 200 cargas de profundidad, y logró volver a puerto con el último resto de vida del motor diesel sobreviviente.
Para refrescar la memoria: en esa guerra uno de los dos submarinos relativamente modernos del país, el ARA San Luis, comprado a Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), venía flojo de mantenimiento. El almirante Emilio Massera era así, le gustaba comprar. Mantener y reparar no lo entusiasmaban tanto. Por ello el San Luis tuvo que ir al combate sin computadora de tiro y con torpedos que no funcionaban.
Transcribo un excelente relato del historiador Antonio Aira. Vale la pena leer la historia completa aquí. Le doy brevemente la palabra a Aira:
«El 19 de abril la computadora de control de tiro se avería y no puede repararse con los recursos a bordo, por lo tanto, solo se puede disparar realizando cálculos manuales y con una salva de un torpedo a la vez no con los tres que se puede disparar con la computadora. Las dificultades no se detenían. El sistema de refrigeración de los motores Diesel se avería haciendo que falle uno de ellos, esta rotura aumenta la cantidad de tiempo que los snorkels (dispositivo que permite la carga de los motores eléctricos) tienen que estar en la superficie».
Lo increíble no es que el San Luis le haya disparado tres a dos naves inglesas, sin causarles daño aparente. Pasaron 42 años y hay quienes seguimos creyendo que el 4 de mayo de 1982 surtió a una nave inglesa, y con un torpedo antisubmarino MK-37, pero la Royal Navy jamás admitió nada. Lo increíble es que el San Luis se bancara 864 horas de imersión y más de 200 cargas de profundidad y torpedos de rastreo, y aún así sobreviviera pegado al fondo -que es bastante bajo- como una almeja, indetectado por las decenas de sonoboyas, sonares embarcados y sensores magnéticos de la Task Force.
Cuando volvió rengueando con una sola máquina a la base de Marpla, fue amarrar y que el motor se detuviera definitivamente.
Mientras su par, el ARA Salta, otro Type 209, debió abstenerse de la lucha porque sufría de un chirrido de eje de hélice que no se pudo remediar en años. En el área de operaciones, habría sido más detectable que orzuelo de tuerto.
Aún así, el Salta luchó a su modo y escasa fortuna: ensayando tiro en aguas bonaerenses con los problemáticos SST-4, se le trancó un torpedo activo en el tubo de lanzamiento. Obviamente, no se podía hacer nada para sacarlo. Obviamente, el motor recalentó. La carga explosiva no estalló de puro pepe.
Imposible no mentar al viejísimo y desafortunado ARA Santa Fe, un submarino oceánico yanqui clase Balao de 1944 con (típicamente) fallas múltiples e intratables. Trató de desembarcar infantes de marina en Grytviken, isla San Pedro, Georgias del sur. Pero fue atacado a misilazos en superficie, con semejantes buracos en la vela era imposible huir en inmersión y el capitán logró encallarlo con gran muñeca junto al muelle de Caleta Vago. Allí lo capturaron los ingleses. Un argentino muerto, otro muy herido.
Salvo el coraje de las tripulaciones, falló todo, y fundamentalmente, la doctrina de adquisición y de mantenimiento. Gran contraste con el desempeño británico: bastó con que el HMS Conqueror hundiera al crucero ARA Belgrano, para que todas las unidades de la Flota de Mar tuvieran que ponerse a salvo en Puerto Belgrano hasta fines de la guerra.
Obviamente, el gobierno de Manuel Macron sabe que no le vamos a poder pagar los 3 Scorpene. Pero eso no le molesta: Francia tendrá décadas para resarcirse comiéndose a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes argentinos durante décadas, y eventualmente haciéndolos cagar a palos y a tiros, al estilo de Alemania desde 2009 con sus homólogos helénicos, por seguir usandop palabras de lo más áticas.
Arma ambigua, los submarinos, las más complejas y terribles de las naves de combate. Como dicen los submarinistas, los barcos se dividen en submarinos y blancos. Los brasileños están usando esas naves para defender y simultáneamente construir su país. Nosotros vamos de cabeza al modelo griego.
Nuestro balance técnico de Malvinas es simple: no podés reparar bien nada que no hayas construido vos, y repetidamente, hasta que esa tecnología se te hace carne y la podés no sólo repetir sino mejorar. Lo que compraste en términos de «a cambio de pieles de castor, hombre blanco darme palo de fuego» te va a servir hasta que se rompa, y probablemente menos: hasta que te quedes sin balas.
A la hora de buscar opciones, en AgendAR aceptamos transferencias de tecnología, pero no de países con los que tenemos hipótesis de conflicto. Madame la République, lamentablemente, está en el mismo club que el Reino Unido, la OTAN. Y preferimos evitar compras de esta Hermandad de la Costa, sean fastuosas o miserables.
La idea del presidente anterior, Alberto Fernández, era típicamente miserable, y sigue viva: quiso comprarle a su par de entonces, el presidente Jair Bolsonaro, algunos de sus submarinos listos para chatarra, los de la clase Tupí, empezando por el primero, el Tupí mismo, activo desde 1989. Obviamente con el astillero Alte. Storni desafectado desde tiempos de Macri para la reparación de submarinos, al Tupí debía hacérsele una reconstrucción a fondo para rasquetearle algunos años más de sobrevida, en Ituaguaí, Brasil, y a escote del comprador. La excusa de Fernández para una compra tan cara e inútil era que sin ningún submarino activo, se perdía la formación de recursos humanos. Y tiene su validez.
Pero hay modos peores de perderlos: ya en 2017 murieron innecesariamente 44 tripulantes por salir de patrulla con un submarino mal reparado: el segundo ARA San Juan, que cuando nuevo era un excelente TR-1700 de ThyssenKrupp, militarmente superior al Type 209. Diseñados en Alemania en tiempos de Massera, que rima con chequera, íbamos a tener 6 de esos, 2 llave en mano y 4 hechos en el país, en el astillero Domecq García.
Pero en 1993 y a pedido de Su Graciosa Majestad, ese peligroso astillero lo cerró Carlos Menem.
En 2006 lo reabrió Néstor Kirchner, con el nombre de Alte. Storni, pero las impresionantes máquinas herramienta computadas compradas a ThyssenKrupp habían sido vendidas como chatarra por la patota de Menem, y fue un calvario volver a reunir parte del vejo elenco de ingenieros y técnicos navales especializados en submarinos. No es que ponés un clasificado en Clarín y aparecen. Regresó más o menos la mitad. Alguno había sobrevivido desde los ’90 hasta 2004 con un quiosco de revistas.
Lo que se dice, un regreso a la nada. En 2017, el Ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad, tras el hundimiento del ARA San Juan, decidió dejar su gemelo, el ARA Santa Fe, a medio reparar y lo dio de baja. También dio de baja el ya viejísimo San Luis original, el que había sobrevivido a 200 cargas de profundidad británicas. No sobrevivió a la temible lapicera del ministro Aguad.
También, quizás con la misma lapicera, dio de baja (y esto es lo principal) todo propósito de mantener, reparar y sobretodo, construir submarinos en un astillero propio. Y en el Storni quedaron, rojos de óxido, los cascos de dos TR-1700 «nonatos», construidos al 71 y al 36% respectivamente. Están congelados en ese estado desde 1993. El Dr. José Converti, reactorista de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue persuadido de diseñar un motor nuclear para uno de ellos. Ese motor obviamente jamás hubo un mango para construirlo y testearlo.¿En qué submarino ponerlo, además?
La propuesta de AgendAR en materia de defensa es industrialista. Lo que queremos es recuperar un astillero capaz de construir submarinos, no comprarlos llave en mano. Eso requiere de una política de reconstrucción de la industria de defensa que supimos construir entre 1927 y 1989. Junto a la nuclear, fue nuestra industria más industrializante, por la longitud y sofisticación de la cadena de proveedores privados que generó, y las decenas de miles de empleos calificados que generó.
La desaparición de esa industria ya nos hizo perder 2,4 millones de km2 de Mar Argentino que debería ser Zona Económica Exclusiva de nuestro país y hoy pertenecen al Reino Unido. Es algo que los medios y la cancillería argentina callan enérgicamente. Y es que lo que sigue inevitablemente es perder provincias. Es difícil creer de cuántos pisos de altura nos caímos. Fueron muchos. ¿Y todavía podemos seguir cayendo?
Podemos.Caramba… ¿No era el nombre de un partido político?
También podemos cambiar la música.
Desde que empezó la Guerra de Ucrania, este país, que no tuvo jamás una Armada que despeinara a sus vecinos, empezó a usar, diseñar y fabricar todo tipo de drones navales, desde los misiles de crucero antibuque Poseidón a más de una decena de modelos de barquitos kamikaze. Son silenciosos, autónomos, rudimentarios y no mucho mayores que un kayak.
También se dotaron seguramente de algunos torpedos de largo alcance, snórkel para que el motor respire y el «data link» emita posición y reciba instrucciones, y con capacidad de patrulla. De eso Kiev prefiere no hablar.
Lo cierto es que con esta flota tan improvisada y atípica, una Armada Brancaleone en todo sentido, Ucrania ya le hundió 26 barcos a la considerable Flota Rusa del Mar Negro. Desde fines de 2023 la tiene arrinconada y casi sin poder salir en los puertos de Sebastopol y Novorossiysk. Ucrania está perdiendo la guerra por tierra, y de modo bastante evidente, pero no así por mar. Sin su guerrilla aérea y acuática de drones navales, Ucrania ya sería un país mediterráneo.
El Toloka, equivalente submarino ucraniano de un dron patrullero kamikaze aéreo. Según el analista de defensa submarina británico, H.I. Sutton, este Toloka mide 2,5 metros. Las grandes aletas lo ayudan en la maniobra, puede patrullar en forma autónoma totalmente sumergido (Sutton no especifica tiempos o distancias). El mástil tiene una cámara y equipos de comunicaciones, y probablemente se usa en adquisición de blanco y trayectoria final. Hay dos versiones mayores, una de 12,5 metros, que todavía no se construyó.
En la emergencia argentina actual, yo empezaría por imitar a los ucranianos. No hay que ser un genio para ello, hay más de 50 países construyendo sus propios drones navales, desde superpotencias a países de medio pelo como nosotros. Los drones son baratos, se desarrollan rápido, a veces demuestran ser terriblemente eficientes y difíciles de detectar, y se hacen con recursos propios, sin cargar la deuda externa.
Tenemos una recesión colosal, astilleros del estado en franco desuso, un par de decenas de astilleros privados sin casi trabajo, y varias facultades de ingeniería excelentes.
Todos estos actores se tirarían de palomita sobre un proyecto de reconstrucción de nuestro poder naval con industria propia. Creemos que nuestros almirantes no. Pero nos encantaría que opinaran.
Tenemos también una empresa como INVAP, el más respetado constructor de pequeños reactores nucleares del mundo, del helidrón naval RUAS-160, cuya orden de despliegue la Armada viene demorando desde 2018. INVAP también diseñó y construyó de todos nuestros satélites exitosos, los de la CONAE y los de ARSAT. Aparatos que, como todos los satélites, por sus sensores y sistemas automatizados de navegación y mantenimiento de órbita, son drones espaciales, infinitamente más complejos que los kayaks kamikaze ucranianos.
Tiro la idea, por si alguna vez volvemos a tener un gobierno que gobierne para el país, o algún almirante industrialista como don Segundo Storni. Pinta que mejor es esperar sentados.
Sigue la historia de nuestra posible compra a Francia, tal como la cuenta, sin espinas, Zona Militar.
Daniel E. Arias
OOOOO
Conforme a lo reportado por La Tribune, “…Argentina y Francia podrían firmar una carta de intención (LoI) el 15 de octubre, que definirá las condiciones para la compra de tres Scorpènes, así como la prestación de servicios (repuestos y capacitación)…”. La rúbrica de un documento para avanzar en la adquisición de los submarinos fabricados por el astillero Naval Group la adelantamos desde este espacio el pasado 3 de octubre, mencionando que la posible compra superaría la inversión de US$ 2.000 millones, monto que contemplaría tres submarinos de ataque Scorpène, así como la provisión de servicios asociados, repuestos y entrenamiento.
Los recientes avances en las negociaciones bilaterales se dieron en el marco de la visita oficial del Ministro de Defensa Luis Petri a Francia, ocasión en la cual se reunió con su homólogo francés, Sébastien Lecornu. El titular de la cartera de Defensa argentina expresó durante su presencia en París que “Seguimos fortaleciendo nuestra cooperación en defensa, trabajando juntos para abordar los desafíos internacionales”.
La Tribune también reveló detalles adicionales respecto a la potencial compra de la Argentina. El requerimiento de la Armada Argentina sería por los Scorpène Evolved, variante que desplaza unas 2.000 toneladas y está equipada con baterías de iones de litio. Asimismo, el medio parisino reportó que “…La firma de esta carta de intención, que podría haberse rubricado ya en diciembre de 2023, es un hito muy importante de cara a la notificación de un futuro contrato…”.
Vale recordar que, pese a que la firma de una Carta de Intención no es del tipo vinculante entre las partes, el documento sienta un precedente favorable con Naval Group, astillero con el cual ya se tiene experiencia y que oportunamente propuso a su submarino clase Scorpène como candidatos para el proyecto de la Armada Argentina. A nivel regional, el Scorpène es operado por la Armada de Chile, mientras que la Marina de Brasil está en proceso de incorporar su tercera unidad, de un total de cuatro, denominados clase Riachuelo.
Prioridad para la Armada Argentina
En el corto plazo, la Armada Argentina fijó como prioridad la recuperación de la capacidad submarina, decisión que es acompañada por el Ministerio de Defensa. “…Es una importancia estratégica en el corto plazo incorporar una unidad que esté operativa y que una marina esté a punto de desafectarla, porque están prontos a la incorporación de algún otro medio más moderno…” expresó oportunamente el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Carlos María Allievi, en referencia a uno de los pasos previsto para iniciar la recuperación.
El titular de la Armada Argentina también manifestó que, pensando en el mediano y largo plazo, la Fuerza completó un estudio técnico y tuvo dos ofertas que son de publico conocimiento: la de Naval Group, que son los Scorpène; y los de Thyssen, que son los submarinos 209 nueva generación, NG. Esas propuestas fueron analizadas operativamente, y se recibieron las ofertas de los costos y presupuestos. Esa es una decisión que se va a tener que tomar para el mediano a largo plazo.
Foto: Marinha do Brasil
La compra de nuevos submarinos se verá reflejada recién en varios años, lapso durante el cual la Armada Argentina deberá llevar adelante diversos trabajos para contar con las tripulaciones, infraestructura y demás recursos. Iniciativa que lógicamente deberá ser apoyada e impulsada desde el Ministerio y poder Político atento la relevancia estratégica que representa este tipo de material para la Argentina y sus intereses marítimos.
La falta de vuelos logísticos y el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina han llevado a una crisis en la investigación antártica.
La semana pasada se confirmó que no habrá vuelos de despliegue de personal científico hacia la Base Marambio en el mes de octubre, sumándose a las cancelaciones de agosto y septiembre.
Durante los últimos meses de invierno y primavera, el personal científico del Instituto Antártico Argentino (IAA) y otras instituciones debería haber sido desplegado a la Base Marambio para luego ser distribuido a otras bases argentinas, como Petrel, Esperanza y Carlini, además de los campamentos ubicados en la misma isla. Estos traslados, que suelen realizarse en esta época mediante los helicópteros Bell 212 apostados en Marambio, han sido suspendidos debido a que ambas aeronaves llevan más de dos meses fuera de servicio, sin perspectivas de reparación durante lo que queda del mes.
La despreocupación e irresponsabilidad de las autoridades son evidentes, como lo demuestra la cancelación del estudio del pingüino emperador, una especie emblemática de la Antártida y gravemente amenazada por el cambio climático. Esta interrupción en la investigación, por segundo año consecutivo, refleja la falta de compromiso con la conservación de la biodiversidad en el continente, consecuencia directa de la incapacidad de los responsables para garantizar la logística en los tiempos establecidos.
La investigación científica en la Antártida es fundamental para garantizar la acción soberana del país. Desde la firma del Tratado Antártico, el continente ha sido destinado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional. La gestión de recursos y el uso del suelo, como la construcción de nuevas bases o la regulación de áreas pesqueras, dependen de los mejores datos científicos disponibles, siempre bajo la lógica de la preservación del ecosistema.
El desfinanciamiento sistemático de la ciencia en Argentina es un problema crónico que ha debilitado progresivamente la capacidad operativa científica del país. Aunque en el pasado se logró sobrellevar la situación, las últimas campañas antárticas han sufrido demoras y cancelaciones. Sin embargo, el gobierno actual de Javier Milei ha asestado el golpe final a la ciencia y la labor científica debido a sus decisiones que afectan negativamente la investigación y el desarrollo en Argentina. Una de las medidas más polémicas ha sido la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de su plan de gobierno, además del recorte de fondos para instituciones científicas prestigiosas como el CONICET.
En línea con su política de desmantelar el Estado, Milei espera que los investigadores se autofinancien, lo que deja a la ciencia pública en una posición crítica. Es fundamental reconocer que esta situación pone en riesgo el futuro de la investigación científica en Argentina.
La logística antártica argentina, actualmente a cargo del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), enfrenta serias dificultades. La antigüedad de sus aviones y embarcaciones, la falta de recursos para repuestos y el mal estado de muchos de ellos han agravado la situación. Los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, con más de 50 años de servicio, y las embarcaciones gemelas «Bahía Agradable» y «Canal de Beagle», con más de 30 años de operación, junto al rompehielos «Almirante Irízar», son los principales medios encargados de las operaciones logísticas al sur del paralelo 60°. Sin embargo, estos recursos están sometidos a una considerable sobreexigencia y las embarcaciones suelen operar con exceso de personal.
También se deben considerar las pérdidas del buque polar «Bahía Paraíso» en 1989 y el incidente con el avión Twin Otter, que sufrió daños al quedar atrapado en una grieta.
Además, los helicópteros multipropósito MI-17, utilizados en campañas antárticas, fueron donados al gobierno de Ucrania, como parte del alineamiento de Argentina en el conflicto entre la OTAN y Rusia. Estos helicópteros, capaces de transportar hasta 5,000 kg mediante gancho de carga y trasladar a más de 35 personas, estaban preparados para realizar tareas de búsqueda y rescate (SAR), lucha contra incendios y patrullaje en entornos hostiles. Poco después de la donación, se informó que uno de ellos habría sido derribado.
La problemática logística y el incumplimiento de los trabajos científicos en la Antártida se agravan en el contexto del traspaso de la Administración de las bases e instalaciones antárticas de la Cancillería al Ministerio de Defensa. Al perder sus funciones, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) se debilita, mientras que el Comando Conjunto Antártico asume el control, decidiendo a discreción la cantidad de plazas científicas y la operatividad de los medios logísticos.
En un mundo donde las relaciones y tratados internacionales se desvanecen ante el fuego de las guerras y los quebrantos económicos de los Estados, Argentina no es inmune. El contexto actual, exacerbado por el pacto Mondino-Benny y la presencia naval estadounidense en el Mar Argentino, pone de manifiesto la disposición del Gobierno a ceder sus reclamos de soberanía sobre territorios extraterritoriales. A su vez, esto amenaza los 120 años de presencia argentina en la Antártida, donde trabajadores han operado sin interrupciones en las latitudes más extremas.
Este escenario geopolítico, sumado a la debilidad de la DNA y los problemas logísticos del COCOANTAR, genera una creciente preocupación en la comunidad científica y diplomática: ¿podrá Argentina asegurar la continuidad de sus trabajos científicos y cumplir con los compromisos internacionales, fundamentales para mantener nuestros reclamos de soberanía?
La conflictividad en el Hospital Garrahan sigue creciendo. Con medidas de fuerza que se suceden desde hace ocho semanas por los salarios y una fuga de profesionales especializados hacia el sector privado, se reconfiguran turnos o intervenciones que puedan esperar y servicios que estén afectados. A la par, en el inmenso hall del ingreso por la calle Pichincha, se nota el aumento de la demanda en ese centro nacional de referencia en pediatría con cerca de 4800 empleados.
La decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de echar a los integrantes del Consejo de Administración porque habían resuelto pagar un bono complementario de $500.000 a todo el personal generó enorme desconcierto interno. A la par, puso aún más en alerta a los gremios y la asociación profesional con representación en el hospital.
El dinero para ese bono no provenía del presupuesto anual del hospital que comparten entre la Nación (80%) y la Ciudad (20%). La fuente era un aumento del 433% en la facturación durante los últimos nueve meses a través del recupero de prestaciones y servicios a obras sociales y prepagas, provincias y países de la región. Se había cobrado el mes pasado poco menos del 50% de $10.000 millones facturados y se podía hacer frente a un bono extraordinario de medio millón de pesos para cada empleado del hospital. En un cálculo rápido, el pago de ese plus iba a demandar unos $2400 millones, menos de la cuarta parte de fondos que estaban ingresando por el recupero.
“Era la primera vez que ese beneficio también alcanzaba a los residentes y becarios que están atrasados con respecto de los residentes de la Ciudad y la provincia [de Buenos Aires]”, destacó uno de los profesionales que tiene a cargo médicos en formación en el servicio. “Los bonos se dan en forma habitual y no es plata que tiene que enviar el Gobierno”.
Ese bono, por planilla complementaria, no solo paliaba las necesidades económicas que venía expresando el personal. Ayudaba a reducir la conflictividad interna.
De ahí que la medida tomada por el flamante ministro, al día siguiente de prestar juramento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, no se termina de comprender en el Garrahan. Basta, si no, con preguntar a los que ahí trabajan. Es que el mismo día que Lugones echó a los consejeros, refrendó la decisión del Consejo de Administración de pagar el bono, que se efectivizó a las 24 horas.
Recursos genuinos
En los recibos de sueldo del personal del Garrahan, hay un ítem por recursos genuinos todos los meses: son $200.000 que cobra el personal para mejorar el ingreso y provienen del mismo fondo que el bono adicional de $500.000. Solo que, en lugar de abonarlo en dos o tres meses con los salarios, se definió hacerlo en un solo pago y se hizo en diálogo con delegados gremiales.
“Hace más de dos meses que, por un reclamo genuino por el retraso salarial, empezamos a conversar con el consejo para que le retransmitieran al Ministerio de Salud preocupaciones puntuales porque había profesionales con excelente formación, prestigio y antigüedad que estaban empezando a buscar trabajo en el sector privado por mejores salarios y eso iba a dañar la calidad de la atención en el hospital”, dijo la comisión interna de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que el 30 de septiembre suscribió un acta acuerdo por el pago del bono.
“Tomamos conocimiento de que en los últimos seis meses presentaron la renuncia 30 profesionales de distintas áreas por mejores propuestas laborales. Esto no se había visto en mucho tiempo”, continuaron. En más de un servicio, mencionaron a este medio que la principal opción está siendo la industria farmacéutica, seguida de búsquedas de propuestas en el exterior.
Al respecto, tras la publicación de esta nota, desde el Ministerio de Salud de la Nación pidieron aclarar que el año pasado “renunciaron, en total, 85 trabajadores, mientras que en 2024, 66. En 2023, renunciaron 14 médicos especialistas y, este año. van 16. Los números indican que no hay fuga, sino que se mantuvo el promedio de los últimos años”.
Copia del acta acuerdo firmada con UPCN el 30 de septiembre; a los dos días, el nuevo ministro de Salud echó al Consejo de Administración, pero refrendó la decisión
Los niveles salariales más bajos –camilleros, operarios y ayudantes– empezaron a quedar muy retrasados con respecto de la canasta básica. Se sucedieron reuniones con la gestión anterior en el Ministerio de Salud, pero si la solución dependía del presupuesto anual no tenía aprobación de Economía porque cualquier aumento salarial está sujeto de las paritarias para la Administración Pública Nacional. “Quedamos empantanados y empezamos a buscar alternativas con las autoridades del hospital, que por decreto tiene recursos propios por recupero de prestaciones que puede distribuir entre el personal”, continuaron.
En ese contexto, UPCN suscribió el acta acuerdo con los consejeros. También lo hizo el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la ciudad de Buenos Aires (Sutecba), según refirieron en el hospital, no así la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aunque con la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) aceptaron la medida. “Era un monto importante y ayudaría mejor a los trabajadores que están con deudas, retraso en el pago de las tarjetas, los alquileres, servicios y compras diarias”, refirió uno de los delegados que suscribió el acta.
El consejo que desplazó Lugones lo presidía, desde febrero, Oscar Imventarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático del hospital pediátrico y expresidente de la Asociación Internacional Hepato-Pancreato-Biliar (IHPBA, por su nombre en inglés) y la Sociedad Argentina de Trasplante. Tras completar su formación en la Universidad de Pittsburgh, volvió al país y, en 1992, creó los dos primeros programas de trasplante hepático del país en el sistema público de salud: para chicos en el Garrahan y para adultos en el Hospital Argerich. Continuará al frente del servicio en el hospital pediátrico, según se indicó ante la consulta.
Durante su gestión, se firmaron convenios con los ministerios de Salud de 15 de las 24 provincias para recuperar costos de prestaciones a pacientes derivados y otros servicios de capacitación profesional, mientras que se suscribieron acuerdos Garrahan Internacional con Uruguay y Paraguay para ordenar la demanda de los pacientes extranjeros –que sean derivados en lugar de llegar por turismo médico– y recuperar los costos de atención.
Un 40% de los pacientes oncopediátricos del país se atienden en el Garrahan y, con este tipo de convenios, se facturan las prestaciones a las provincias que los derivan. También con la Organización Panamericana de la Salud se suscribió un acuerdo para entrenar a médicos de países de la región con capacitaciones remotas, otra fuente de ingresos genuinos.
Abuso de poder
Con el cambio de consejeros, en Salud se decidió reducir de cuatro a tres el número de representantes que tiene la Nación en el órgano que conduce el hospital. La presidencia pasaría a tener doble voto en las decisiones. En el convenio con la Ciudad, que se actualizó en 2017, se definieron en cinco los miembros. El representante porteño, en tanto, sigue en funciones.
Hasta el momento, no se publicaron las designaciones en el Boletín Oficial. “Hoy, el hospital no tiene presidente”, coinciden profesionales y gremios ante la consulta sobre la toma de decisiones de administración y vías de diálogo.
Esta semana, mientras se llevaba adelante la primera de dos jornadas de paro, la diputada Marcela Campagnoli, vocal de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja del Congreso Nacional, y Elisa Carrió (Coalición Cívica) denunciaron al nuevo ministro por abuso de poder. Consideran que la decisión de separar de sus cargos a las autoridades del hospital fue “arbitraria” de parte de Lugones y persigue “evitar un efecto contagio en los reclamos salariales” en los demás organismos nacionales en la órbita de Salud.
“La arbitrariedad e ilegalidad estaría dada en la atribución de facultades por parte del ministro que no le son propias, las que habrían motivado su orden abusiva de solicitar la renuncia del Consejo”, señalaron en el escrito. Es que en la comunicación oficial inicial sobre el desplazamiento se atribuyó la decisión a que “la entrega de esas sumas [por el bono de $500.000] no obedece directamente a la negociación de la pauta salarial” en relación con las paritarias de la APN.
Por lo tanto, para las denunciantes, “la directiva impartida tiene por único fin amedrentar a toda autoridad administrativa para que se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando actué en contra de las normas legalmente vigentes”.
Anteayer, cuando concluyó el paro por 48 horas de esta semana, hubo que volver a reordenar turnos y servicios. Ante la consulta, en el hospital comunicaron que, durante la medida de fuerza, el servicio de Emergencias operó con la Guardia de 24 horas para la atención de pacientes durante ambos días, se reprogramaron consultas ambulatorias y cirugías en ambas jornadas de paro.
El martes próximo, en una nueva asamblea, se decidirán más medidas. “Pedimos $1,5 millones de sueldo inicial, igual a la canasta básica (hoy, los sueldos comienzan en $500.000 el personal de mantenimiento y $900.000 un médico con 15 años de especialización). Reclamamos un aumento de las guardias de 24 horas, que nos pagan $6000 la hora, la mitad que en los privados, y rechazamos el impuesto al salario, entre otros puntos. Por estas condiciones estamos perdiendo personal altamente calificado, irremplazable”, señalaron desde APyT, que lidera las movilizaciones con ATE y Autoconvocados. “Están jugando al límite con la salud pública y están creando las condiciones para una verdadera marea blanca”, lanzó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
En tanto, en la comisión interna de UPCN consideran que esta situación de conflicto “le hace daño” al hospital. “Hay una gran mayoría silenciosa dentro del hospital que no está acompañando las medidas, pero no por eso la está pasando bien. No puede ser que las familias que llegan con sus hijos que necesitan atención tengan que encontrarse con un hospital convulsionado”, plantearon.
La válvula Clover, desarrollada por el cirujano cardiovascular Osvaldo Amerio, junto con su socio, Carlos Schvezov, promete revolucionar el campo de los reemplazos valvulares cardíacos.
Este innovador dispositivo busca combinar las fortalezas de las válvulas biológicas y mecánicas, eliminando sus principales desventajas. Mientras que las válvulas biológicas evitan la necesidad de anticoagulantes, tienden a desgastarse en 8 a 10 años, y las válvulas mecánicas, aunque más duraderas, requieren medicación de por vida. Clover, en cambio, apunta a ofrecer una solución duradera sin la necesidad de anticoagulantes, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo la probabilidad de reoperaciones.
El desarrollo de Clover surgió de la experiencia y observación de Amerio a lo largo de su carrera como cirujano cardíaco. Tras formarse en Brasil, identificó la necesidad de una válvula que resolviera los problemas actuales de las opciones disponibles. “La idea fue crear una válvula mecánica con diseño de biológica para tener un flujo central sin turbulencias y evitar los coágulos”, explicó Amerio.
El largo camino desde la idea inicial hasta la creación del prototipo final ha estado lleno de desafíos técnicos y colaboraciones estratégicas, que incluyeron la alianza con la Fundación Barceló y el apoyo de inversores clave.
La Fundación Barceló, a través de su incubadora Incubando Salud, jugó un papel crucial en el impulso del proyecto Clover. Se trata de la primera incubadora en América Latina especializada en salud, con más de 12 años de experiencia en la promoción de startups enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas. Con un programa federal de incubación, busca ideas innovadoras en el sector de la salud, desde dispositivos médicos hasta plataformas digitales, y se enfoca en el perfeccionamiento de planes de negocios, la validación de MVPs (productos mínimos viables) y la expansión internacional.
Hasta la fecha, la incubadora ha evaluado más de 800 modelos de negocio, incubado a más de 45 startups e invertido en seis de ellas, utilizando un fondo de inversión con un total de 450.000 dólares. Amerio y su equipo participaron en uno de estos programas, donde recibieron formación y apoyo clave para estructurar el proyecto Clover. “En ese momento, no éramos una empresa, sino un proyecto de laboratorio bastante avanzado”, comentó Amerio.
Durante este proceso, el equipo de Clover fue premiado con el primer lugar en un concurso de la Fundación, lo que les dio mayor visibilidad y acceso a nuevos recursos.
La importancia de las válvulas cardíacas
Amerio describe la importancia de las válvulas cardíacas en el sistema circulatorio, resaltando que las más afectadas suelen ser las del lado izquierdo del corazón: la válvula mitral y la aórtica. Estas válvulas funcionan como compuertas unidireccionales que permiten el flujo de sangre. Sin embargo, el desgaste natural y enfermedades pueden provocar estenosis (cuando la válvula no abre completamente) o insuficiencia (cuando no cierra correctamente). Ambos casos son indicaciones claras para el reemplazo valvular. Aunque hoy en día existen procedimientos mínimamente invasivos como el TAVI (implante de válvula aórtica transcatéter), Amerio enfatiza que “en los últimos 40 años, no ha habido modificaciones disruptivas en el diseño de las válvulas, solo incrementales”.
El proceso de desarrollo de Clover ha sido largo y meticuloso. Amerio relata que tras regresar a la Argentina, colaboró con la Facultad de Ingeniería en Misiones, donde trabajó con doctores en ingeniería especializados en modelado de materiales. “Primero simulamos las válvulas existentes y luego comenzamos a modelar la nuestra”, detalla.
Después de múltiples pruebas y simulaciones utilizando un software único en el país, lograron fabricar los primeros prototipos, que fueron testeados en Estados Unidos con resultados alentadores.
La inserción de Clover en el ecosistema de startups de salud fue otro paso clave en su desarrollo. Gracias a su experiencia en Incubando Salud, el proyecto avanzó significativamente, y esto permitió que Clover obtuviera cinco patentes en Estados Unidos y Europa. Estos avances atrajeron la inversión del Centro de Innovación Tecnológica y Sociales de Suncor (Cites), que ha sido fundamental para seguir avanzando en los estudios preclínicos. Amerio destaca que el próximo gran hito es el estudio en animales, etapa previa a las pruebas en humanos. Para este paso, el equipo está buscando una inversión de 1,5 millones de dólares, lo cual les permitirá completar los estudios y avanzar en los complejos procesos regulatorios.
En cuanto a los desafíos que enfrentan, Amerio explica que el proceso regulatorio para dispositivos implantables como las válvulas cardíacas es especialmente complicado, pero confían en los resultados obtenidos hasta ahora. “El estudio in vitro nos muestra que la válvula tiene una hidrodinámica excelente, con valores de resistencia y apertura muy prometedores”, asegura el cirujano.
A pesar de los obstáculos, el equipo de Clover mantiene un optimismo cauteloso, esperando que los próximos estudios en animales confirmen el éxito del proyecto. Con los estudios preclínicos a punto de finalizar y el interés creciente de inversores, la válvula ideal podría estar más cerca de lo que se piensa.
El 52,9% de pobreza en el primer semestre de 2024 informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio lugar a una confusión de parte del ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular de Palacio de Hacienda razonó que la tasa de pobreza de 58% de 2002 había duplicado la del comienzo de la crisis de fin de siglo, y que ahora, bajo su gestión, ese aumento fue de 11 puntos (41,7% a 52,9%). Caputo se atribuyó el mérito de haber conducido “un programa económico serio” para salir del atolladero y, en cambio, “desde una situación mucho menos crítica” (¡en 2001!), la debacle fue de mayor escala.
El razonamiento, de por sí enrevesado, abre enormes dudas sobre la supuesta mayor gravedad de la crisis actual, el punto de partida y de llegada para medir esos períodos, o la autopercepción de que el programa que instrumenta el ministro es “serio” frente al supuesto vacío de 2002. Por esta vez, cabe dejar de lado las polémicas valorativas difundidas por un Gobierno que juega a diario con cifras como 17.000% de inflación, 95% de pobreza y una jubilación imaginaria que les gana a los precios.
El dato relevante de la intervención de Caputo es que el 58% de pobreza en 2002 al que aludió estaba equivocado a los fines de la comparación. Ocurre que el INDEC realizó un cambio en la integración de la canasta básica que mide la pobreza, por lo que, de ser medida con el criterio actual, el indicador de 22 años atrás sería 65,5%. El 58% aludido por Caputo se refería al registro de aquel momento. Una lectura correcta habría incluso ayudado al ministro en su narrativa de que el crecimiento de la pobreza fue más grave en 2002.
A Caputo se lo aclaró en Twitter Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de la ONG Fundar y exdirector de Estudios para la Producción durante el Gobierno de Alberto Fernández. El ministro debería haber tenido en cuenta el cambio metodológico del INDEC, porque fue implementado durante el Ejecutivo de Mauricio Macri, que él integraba como titular de Finanzas.
Ministro, el gráfico que usted comparte está mal. ¿No sabe acaso que en 2016 el @INDECArgentina cambió la forma de medir la pobreza y que ese cambio metodológico introdujo 10 puntos de pobres? Le dejo aquí una serie comparable en el tiempo. Saludos. t.co/o1u0KY2RYPpic.twitter.com/0iIB6nj0JP
El equívoco a la hora de ponderar dos cifras de pobreza en un período relativamente corto dentro de un mismo país da la pauta del peso de las variaciones metodológicas para arribar a conclusiones fallidas.
“La pobreza y la indigencia se miden a partir de la encuesta de hogares, comparando los ingresos familiares con valores monetarios que representan la línea de pobreza —precio de la canasta básica total— y la línea de indigencia —precio de la canasta básica alimentaria—, respectivamente”, explica a elDiarioAR Leopoldo Tornarolli, investigador del CEDLAS-UNLP y docente en Política Económica I en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.
A lo largo del tiempo, el Indec ha realizado cambios en la forma de medición, que incluyeron el área geográfica del estudio, cantidad y contenidos de las preguntas a los hogares, y extensión de la muestra. En la actualidad, el registro se hace durante todo el año en todos los aglomerados de al menos 100.000 habitantes. En la década de 1970, la encuesta se restringía a la Capital Federal y algunos partidos del Gran Buenos Aires, y a dos meses particulares, explica Tornarolli.
Un ejemplo frecuente de distorsión es cuando se comparan datos de pobreza por ingresos entre países, tomando como base los informes de los sistemas estadísticos nacionales. Los métodos de registro son distintos y, sobre todo, varía la composición de las canastas que delimitan los universos de pobreza e indigencia. En ese punto, la canasta de Argentina es bastante más exigente en los elementos que la componen que la de la mayoría de los países de la región.
Así, se llega al absurdo de leer estadísticas en las que Argentina duplica o triplica la pobreza de países como Perú, Paraguay y Brasil, y quintuplica la de Chile, algo que desmienten tanto una mera visita con ojos atentos a las ciudades y periferias de esas naciones, como estadísticas abarcativas y homologables, elaboradas por organismos internacionales. Entre ellas, la más conocida es el índice de desarrollo humano (IDH) llevado a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un estudio multidimensional que incluye la variable de ingresos, pero no se limita a ella. En cuanto al IDH, el país latinoamericano mejor posicionado es Chile, que desplazó hace años a Argentina al segundo lugar. Resulta obvio que una economía no puede estar entre las de mayor IDH y, a la vez, mayor pobreza.
Más calorías
La alta línea de pobreza de Argentina en relación a otros países de América Latina se debe a dos cuestiones centrales. “Los requisitos nutricionales sobre los que Argentina construye la canasta son altos para la región: 2.750 kilocalorías diarias, contra entre 2.000 y 2.500 en casi toda la región, por lo que la canasta alimentaria ya es más exigente”, indica Tornarolli.
Además, el ratio entre el gasto total y el gasto en alimentos para un grupo específico de la población es más elevado en Argentina, y ese factor se usa para multiplicar la canasta básica alimentaria —que mide la indigencia— y obtener con ello la canasta básica total —límite de pobreza—, dice el docente de La Plata. “Explicado más intuitivamente, los hogares de referencia para ese cálculo destinan una proporción menor al gasto alimentario en Argentina —porque la canasta es más rica— que en otros países, y por ello el ratio es mayor”, agrega.
Las comparaciones también se ven afectadas por otros aspectos, como el ítem “´renta implícita de la vivienda propia´, un monto que algunos países adicionan al ingreso de los propietarios como si se ahorraran un alquiler, y eso, al no existir en la medición argentina, también eleva la pobreza”, dice Tornarolli.
Hay formas de establecer comparaciones con canastas homologables o con un piso de ingresos establecido en, por ejemplo, el equivalente a US$5 por día por habitante. Como aclaró Schteingart en otro tuit, con un parámetro uniforme, Argentina tenía treinta puntos menos de pobreza que el promedio de América Latina en 2017. En 2024, tan sólo tres puntos menos. El cuadro pinta una debacle histórica.
El paraíso perdido
Otro error habitual en el debate público argentino, en el que incurren dirigentes con altas responsabilidades, analistas y periodistas, es la comparación con las décadas de 1960 y 1970. No es extraño escuchar que, en aquellos años, la pobreza casi no existía. Por lo general, se atribuye un 4% de pobres antes del Rodrigazo de 1975.
La existencia de villas de emergencia en las grandes ciudades llevaba décadas en la Argentina de 1970. Además, la pobreza rural en provincias del norte, con conexiones a servicios muy insuficientes y mucha menor escolaridad que ahora, sobre todo en el nivel secundario, deberían ser de por sí un motivo desalentador para quienes dibujan la panacea del país de medio siglo atrás.
“Realmente no existe una canasta alimentaria de los setenta como para compararla con la actual. Los cálculos para esa década recién se hicieron en la segunda mitad de los ochenta, y los investigadores que los hicieron usaron como referencia valores que en algún momento otro colega mencionaba en algún documento de la época, pero no fue una construcción paso a paso de una canasta como es la actual”, aclara Tornarolli.
Una variación sustancial que invalida la comparación lineal es cómo se componía el ingreso familiar, que es medido en la Encuesta Permanente de Hogares. El registro se basa en los ingresos laborales, que en la década de 1970 constituían una porción mayor que ahora en los sectores más vulnerables. “En los últimos quince o veinte años, creció mucho la importancia de las transferencias directas de ingreso del Estado hacia los hogares, y la captación de ellos en la EPH dista de ser perfecta”, puntualiza el experto de la Universidad de La Plata. Si no se capta bien, por ejemplo, el peso de la asignación universal por hijo o los programas alimentarios, el indicador de pobreza e indigencia será más alto.
El rastro de Moreno
A las dificultades propias de entender un instrumento estadístico complejo y la agitación habitual del debate político, se suma un factor que ha sido devastador para consensuar una discusión en torno a datos.
La intervención del INDEC parte de Guillermo Moreno a instancias de los Kirchner falsificó el índice de precios durante años, para que el valor anual estuviera por debajo del 10%, cuando en realidad estaba por encima del 20%.
Esa gesta, además del deterioro institucional, el costo económico y el aumento de la litigiosidad en territorio extranjero con tenedores de bonos, actuó como un lastre para el valor de la palabra pública del kirchnerismo. La erosión de la legitimidad discursiva afecta a rubros en los que los Gobiernos de Néstor y Cristina tuvieron logros relevantes para mostrar, entre ellos, la disminución de la pobreza y la desigualdad entre 2003 y 2011. A la vez, sus rivales encontraron un campo para dar rienda suelta a un festival de datos dudosos o directamente disparatados, como exhibe a diario el Gobierno de los hermanos Milei y como antes lo hizo el de Macri.
A partir de 2016, el Ejecutivo de Cambiemos comenzó a aplicar una canasta básica más exigente, que dio un indicador de pobreza cercano a 30%. La necesidad y forma de variación generó polémica, pero recuperó el consenso sobre la confiabilidad del registro.
No obstante, Tornarolli marca un “side effect” producto de los años de datos falsos. Los hogares encuestados se volvieron más renuentes a brindar información, a la vez que aumentó la subdeclaración de los ingresos familiares.
El especialista de la Universidad de La Plata atribuye como hipótesis que la peor calidad de la encuesta obedece a menos entrenamiento y compromiso de los encuestadores y desconfianza en el organismo por parte de los consultados, resabios del período 2007-2015,.
Más allá de esas cuestiones, la comparación entre décadas incluye una dificultad intrínseca, que está vinculada a los hábitos del consumo. La administración del tiempo, los servicios en el hogar, el consumo de kilos de carne por año, la mayor tasa de escolaridad privada, el mayor empleo femenino, la existencia del freezer y un largo etcétera son elementos que modificaron sustancialmente la composición de las canastas total y alimentaria.
Con todo, Tornarolli arriesga: “Con una medición similar a la actual, y salvando los problemas mencionados, la pobreza por ingresos en los setenta es bastante seguro que fuera mayor al 10% y, con bastante probabilidad, cercana al 20%”.
Algo más aproximado a menos de la mitad que en la actualidad y parecido a la Argentina del comienzo del segundo Gobierno de Cristina y algún período intermedio del menemismo.
El río Amazonas, azotado por sequías consecutivas alimentadas por el cambio climático, se está secando, y algunos tramos de la poderosa vía fluvial se están reduciendo a pozas superficiales de tan solo unos metros de profundidad.
El nivel del agua en varios tramos del río Amazonas, que serpentea a lo largo de unos 6400 kilómetros por América del Sur, descendió el mes pasado a su nivel más bajo jamás registrado, según datos del Servicio Geológico de Brasil.
En uno de los tramos del estado brasileño de Amazonas, el río descendió unos 7,6 metros por debajo de la media para esta época del año, según el organismo, que empezó a recopilar datos en 1967.
Algunas partes de tres de los afluentes más importantes del río Amazonas —ríos importantes por derecho propio, cada uno de más de 1600 kilómetros— también han descendido a mínimos históricos.
La crisis ha paralizado el Amazonas, una superautopista acuática vital que sirve prácticamente como único medio para conectar comunidades forestales y mover el comercio en algunos de los tramos más remotos del planeta.
Ante una situación que no tiene señales de remitir, Brasil ha recurrido a una medida extraordinaria, que podría haber sido impensable hasta hace poco: hacer más profundo el mayor río del mundo.
A partir de este mes, el país planea empezar a dragar tramos del río con el objetivo de garantizar que, incluso en tiempos de sequía, las personas y las mercancías puedan seguir circulando por la selva.
“En algunos lugares, prácticamente podemos ver la vegetación en la superficie del río”, el agua está tan baja que las plantas del lecho quedan expuestas, dijo Fabricio de Oliveira Galvão, director del Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte, una agencia federal. “Esto limita la navegación. La gente no puede viajar así”.
El notable descenso del nivel del agua ha dejado a las embarcaciones con dificultades para transportar a los niños a la escuela, llevar a los enfermos a los hospitales o suministrar medicinas y agua potable a aldeas lejanas.
En vísperas de las elecciones locales de este mes, es posible que haya que enviar por avión máquinas de votación a miles de brasileños varados que no pueden llegar a los centros urbanos cercanos para votar.
El caos del transporte también ha afectado al importante centro internacional de producción de Manaos, una ciudad de dos millones de habitantes situada en el corazón de la selva tropical. Las aguas poco profundas han dificultado el atraque de los buques de carga. Por ello, las empresas hantrabajado intensamente para construir muelles flotantes donde descargar los suministros de los contenedores, minimizando así la interrupción de la cadena de suministro.
Un afluente del río Amazonas en la ciudad de Manaos, Brasil, en junio
El mismo tramo de agua el mes pasadoCredit…Photos by Edmar Barros/Associated Press
“Todo lo que llega aquí suele venir en barco”, dijo Ayan Santos Fleischmann, hidrólogo del Instituto Mamirauá, una organización de investigación de una zona rural del estado de Amazonas. “Sin los ríos, casi no hay forma de navegar por el Amazonas”.
En el pasado, las autoridades brasileñas han dragado el río Amazonas en raras emergencias. Pero ahora se excavará el lecho del río de forma continua durante los próximos cinco años para hacer frente a la posibilidad de que se produzcan condiciones de sequía crónica, dijo Galvão.
“Es para que no suframos en los próximos años”, señaló.
El Amazonas es a la vez el río más caudaloso del mundo y el sistema fluvial más largo, nace en los Andes peruanos y atraviesa cinco países antes de desembocar en el océano Atlántico. Alberga una rica variedad de vida acuática, como pirañas y delfines rosados de río. En algunas zonas, el río sigue siendo muy profundo —hasta unos 121 metros— y puede albergar transatlánticos.
Con todo, el plan de dragado pone de relieve las drásticas medidas que los gobiernos de todo el mundo se están viendo obligados a adoptar para suavizar las repercusiones de las condiciones meteorológicas extremas en el transporte, la economía y la vida cotidiana.
Personas en el estado de Amazonas transportando bidones de agua el mes pasado en los bancos de arena del río Madeira. Los niveles de agua están bajando en algunas partes del río Amazonas y sus afluentes. Credit…Bruno Kelly/Reuters
Y resalta las formas en que un clima más cálido y seco está remodelando la selva amazónica, la mayor reserva de agua dulce del planeta y una parte clave de la lucha para frenar el calentamiento global porque la selva absorbe y almacena gases de la atmósfera que atrapan el calor.
“El clima está cambiando”, dijo Galvão. “Y estamos empezando a prepararnos para ello”.
En Brasil, como en el resto del mundo, las temperaturas promedio están subiendo, creando condiciones que provocan sequías. Según Bernardo Flores, investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, en algunas regiones de la Amazonia la temperatura media ha aumentado un 2 por ciento desde la década de 1980 y va camino de seguir subiendo.
“Toda la Amazonia se está calentando mucho más”, dijo Flores, quien estudia la resistencia de los ecosistemas. “Y esto tiene una influencia enorme. La sequía actual está asociada a estas temperaturas mucho más altas”.
En algunas zonas de la Amazonia, las lluvias también son cada vez menos abundantes y la estación seca dura ahora un mes más que en la década de 1970, según muestran las investigaciones. Los científicos apuntan al cambio climático y la deforestación como las fuerzas impulsoras.
A medida que la Amazonia pierde árboles y se adelgaza el dosel forestal, la selva es menos capaz de proteger a la vegetación de la intensa luz solar y de retener la humedad. Esto, unido al aumento de las temperaturas, ha hecho que la selva sea más seca y más susceptible a los grandes incendios forestales.
Un incendio forestal el mes pasado en Lábrea, estado de Amazonas. El aumento de las temperaturas y la pérdida de dosel arbóreo han hecho que la selva tropical sea más susceptible a los incendios forestales. Credit…Bruno Kelly/Reuters
La estación seca anual, que suele durar de junio a octubre, ha sido especialmente severa este año porque la Amazonia lleva dos años consecutivos de grave sequía, dijo Ane Alencar, directora científica de IPAM Amazônia, una organización de investigación.
Además, los efectos prolongados de un patrón meteorológico natural conocido como El Niño redujeron el nivel de lluvias durante la estación húmeda.
“Los ríos no tuvieron oportunidad de recuperarse”, dijo Alencar. “Así que estamos viendo un efecto dominó”.
Las autoridades esperan que el dragado traiga algo de alivio. En la práctica, se trata de recoger sedimentos de cuatro tramos estratégicos del Amazonas que se están volviendo demasiado superficiales y depositarlos en otras zonas donde el agua es más profunda.
Galvão dijo que el proceso entraña pocos riesgos para el medio ambiente, aunque las autoridades vigilarán la calidad del agua y los efectos sobre los peces.
Pero algunos científicos no están de acuerdo y advierten de que el dragado del Amazonas y sus afluentes podría dejar huellas duraderas en los sistemas acuáticos, perturbando y potencialmente dañando plantas y animales.
Por un lado, podría desenterrar depósitos enterrados de mercurio, que se filtra en los ríos a través de la erosión natural del suelo y también es el resultado de los vertimientos de las minas de oro ilegales.
Una sección reseca del río Solimões, uno de los mayores afluentes del Amazonas, el mes pasado Credit…Jorge Silva/Reuters
Al remover los lechos de los ríos, los peces y otras formas de vida acuática estarían más expuestos a la sustancia química tóxica. El mercurio puede frenar la reproducción, el crecimiento y el desarrollo neurológico de las especies y volverse más dañino a medida que avanza por la cadena alimentaria.
“Los sedimentos son un conjunto de depósitos acumulados a lo largo del tiempo”, dijo Adalberto Luis Val, biólogo del Instituto Brasileño de Investigación de la Amazonia, en Manaos. “Meterse con este sedimento es como meterse con toda esta historia”.
El dragado también puede aumentar la turbidez del río, oscureciendo el agua y limitando la cantidad de luz solar que llega a las plantas acuáticas, de las que dependen para reproducirse.
“La decisión de dragar responde a una necesidad de las comunidades, de la humanidad”, dijo Val. “Pero, desde el punto de vista medioambiental, es muy imprudente”.
Aunque el dragado reduzca la paralización a lo largo del Amazonas y sus principales afluentes, es probable que los ríos más pequeños que unen las zonas rurales con los centros urbanos sigan secándose, dejando aisladas a muchas aldeas indígenas y comunidades pesqueras, según Flores.
“Cuando pensamos en la población amazónica en su conjunto, esta no es realmente la solución”, dijo, y señaló que la construcción de más pozos de agua y la instalación de sistemas de recogida de lluvia podrían preparar mejor a las comunidades remotas para sequías más frecuentes.
Aun así, el plan de dragado fue una buena noticia para comunidades como Tauary, una aldea ribereña situada en una de las regiones más secas del estado de Amazonas. Según Maria de Fátima Servalho Celestino, una de sus habitantes, la sequía ha aislado a sus 35 familias y ha hecho casi imposible que puedan salir.
“Aquí, los ríos son nuestras calles”, dijo Celestino, de 34 años. “Y con la sequía, no podemos ir a la ciudad a comprar agua o medicinas. No podemos pescar, todo el pescado ha desaparecido. Todo está seco”.
Lo que antes era un viaje en barca de una hora hasta el pueblo más cercano, donde Celestino y sus vecinos compran víveres o visitan a un médico, ahora lleva hasta 10 horas a través de parches fangosos del lecho del río, dijo.
Pero el dragado de algunos tramos del río Amazonas a pocas horas río abajo de su aldea podría representar un alivio.
“Estamos aquí abandonados”, dijo. “Así que esperamos que suceda y que la ayuda llegue pronto”.
Los ojos de los inversores globales están puestos en la minería, donde el país tiene vastos recursos sin desarrollar, principalmente en cobre y litio.
Si bien todavía no hubo grandes anuncios de inversión, la industria recibió como una muy buena noticia el ingreso de la empresa australiana BHP en el país, que es una de las mineras más grandes del mundo, tras anunciar que se fusionaba con la canadiense Lundin Mining para desarrollar proyectos de cobre.
Ayer, una nueva noticia volvió a poner a la Argentina en el radar internacional, pero esta vez vinculada a proyectos de litio: la minera Rio Tinto hizo pública su oferta para adquirir Arcadium Lithium, la empresa que nació a principios de año de la fusión entre la australiana Allkem y la estadounidense Livent.
“Rio Tinto confirmó hoy que se ha puesto en contacto con Arcadium Lithium en relación con una posible adquisición. El contacto no es vinculante y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo o se lleve a cabo ninguna transacción. Rio Tinto no hará más comentarios hasta que se presente una actualización”, fue el escueto comunicado que se dio a conocer ayer por la compañía.
La gigante empresa minera angloaustraliana compró el proyecto de litio Rincón, en Salta, en 2021, aunque todavía está sin desarrollar. Este año, se anunció la intención de invertir US$350 millones para producir 3000 toneladas de carbonato de litio por año. Sin embargo, se trata de un proyecto chico para el portafolio de productos de la compañía, que está especializada principalmente en minerales de hierro, cobre y aluminio, pero busca crecer también en litio.
“Es un gran momento para comprar una empresa especializada en litio porque las valuaciones de las compañías cayeron fuertemente en el último año debido al derrumbe del precio de la tonelada de litio [de US$80.000 a US$12.000]. Pero claramente no es un gran momento para vender. Veremos cuánto resiste Arcadium Lithium”, dijo en reserva un empresario del sector.
En marzo pasado, el presidente global de Rio Tinto, Jakob Stausholm, estuvo en la Argentina y dijo que América del Sur está en una posición ideal para entregar litio al mundo. La semana pasada, además, mostró un “abierto interés” por el país, según dijeron en el sector, al asistir en persona al evento “Argentina Day”, organizado en Londres, por la Embajada Argentina y la Británica, donde estuvieron el secretario de Minería, Luis Lucero, y su par de Finanzas, Pablo Quirno.
“El interés que tenía en la Argentina era visible”, dijo un empresario argentino que también participó del encuentro. “Rio Tinto tiene un efecto arrastre importante. Ya es una buena noticia que esté interesada en adquirir Arcadium Lithium y en expandir sus activos en la Argentina. Es una empresa muy grande que no tiene desarrollado su división de litio, por eso el interés”, agregó en reserva.
Arcadium cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene una valuación total de US$4620 miilones. Desde enero pasado, las acciones de la compañía cayeron 50% debido al derrumbe del precio del litio. Sin embargo, se proyecta que la demanda de litio va a triplicarse para 2030, como la mayoría de los minerales críticos esenciales para la transición energética.
Al comprar Arcadium, Rio Tinto obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en la Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos, dijo la agencia Reuters. Además del proyecto Rincón, en Salta, la empresa minera adquirió el año pasado el proyecto de litio Jadar en Serbia, pero podría tardar dos años en obtener los permisos necesarios para desarrollarlo.
Rio Tinto también tuvo una experiencia anterior en la Argentina, cuando era propietaria del proyecto Potasio Río Colorado (PRC), en Malargüe, Mendoza, que vendió a la brasileña Vale por US$850 millones, en 2009. Actualmente, este proyecto es operado por la brasileña ARG y por Minera Aguilar, del holding Integra Capital, que preside José Luis Manzano y tiene también como accionista a Daniel Vila.
En cuanto al litio, la Argentina integra junto con Chile y Bolivia un área geográfica donde se encuentra el 60% de las reservas identificadas del metal en salmueras cercanas a la superficie. Solo la Argentina representa el 35% de los recursos mundiales de litio y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en reservas probadas.
Actualmente, el mapa del litio en la Argentina incluye un total de 49 proyectos, de los cuales cuatro están en producción: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy, operados por Arcadium; Cauchari-Olaroz, en Jujuy, de la minera Exar, una compañía argentina conformada por Ganfeng Lithium (de capitales chinos), Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, y Centenario Ratones, en Salta, perteneciente a Eramine Sudamérica, firma creada por el grupo francés Eramet y por la siderúrgica china Tsingshan.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, al cierre de 2023, hay otras cuatro iniciativas en etapa de construcción en el país: Tres Quebradas, de la china Zijin Mining; Sal de Vida, de Arcadium, en Catamarca; Sal de Oro, de la coreana Posco, con injerencia en las provincias de Catamarca y de Salta, y Mariana, de Ganfeng, en Salta.
El Gobierno dejó en claro su intención de cerrar dos empresas que dependen del Ministerio de Economía, dejando así en la calle a más de 4 mil empleados. Se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP) en un plazo mediano, argumentando que ambas entidades duplican funciones de otras secretarías del Estado.
En este sentido, un funcionario del Gabinete afirmó que “no tienen razón de ser” y que su disolución busca simplificar la estructura del gobierno.
Qué pasará con los empleados de las empresas que quieren cerrar
Corredores Viales, una sociedad anónima con 3.565 empleados, se encarga de la gestión de las principales rutas y autopistas del país, abarcando cerca de 6.000 kilómetros. La AGP, por su parte, es una sociedad del Estado con 581 trabajadores, responsable de regular el puerto de Buenos Aires y mantener los canales de acceso al mismo.
Ambas entidades dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que cuenta con 269 empleados. La AGP, dirigida por Gastón Alejo Benvenuto, y Corredores Viales, presidida por José Luis Acevedo, están bajo la crítica del Ejecutivo por su solapamiento con la Dirección Nacional de Vialidad y la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lidera el proceso de cierre y privatización de estas entidades. Este movimiento forma parte de una serie de reestructuraciones que ya incluyó la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano, que implicará el despido de 1.388 empleados y un ahorro proyectado de $42.000 millones anuales, y la eliminación del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Con la reciente sanción de la Ley Bases, el presidente Javier Milei obtiene la facultad de eliminar competencias y estructuras de entidades gubernamentales, con la excepción de las dependencias del Poder Legislativo y Judicial. Lo mismo aplica para las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados públicos afectados por cierres o modificaciones tendrán un año de sueldo garantizado mientras esperan ser reubicados o capacitados para otras funciones en el Estado.
Restructuración de Casa de la Moneda y cierre de la ex Ciccone
La Casa Rosada también está considerando la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y reestructuraciones en la Casa de Moneda, en un contexto de reducción del gasto público y ajuste administrativo. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
Adorni afirmó que la ceca tiene «severas infeciencias«. Además, explicó las funciones que cumple: «se encarga de imprimir billetes pasaportes, patentes de autos, estampillas”.
Además, afirmó que Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica es «recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”.
Adorni criticó: “La mala administración de la gestión anterior representó un despilfarro de recursos, con deudas que ascienden a US$371 millones, un patrimonio negativo de US$78 millones y un resultado bruto negativo de US$20.500.000.»
Desde 2016 -AgendAR viene insistiendo en el carácter estratégico de ARSAR: su red de fibra óptica, que cubre el territorio nacional, sus satélites y toda su infraestructura informática y de comunicaciones, pero también la de las empresas de telefonía de línea y celular, así como la de la radio y la TV.
Sin ARSAT, un usuario no tendría ancho de banda en su computadora o celular para abrir siquiera una aplicación de texto en las horas de gran demanda. Cualquier llamada interurbana o interprovincial entre teléfonos sería imposible. Los Wattsapp no llegarían nunca, o funcionarían sólo dentro de áreas limitadas. Las comisarías, puertos de Gendarmería y de Prefectura en fronteras dependerían de radioenlace.
No fueron los dos satélites de telecomunicaciones que ARSAT puso en el cielo en 2014 y 2015 los que cambiaron el desastroso panorama de las comunicaciones locales. Fue la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, planificada al toque de fundada la empresa, en 2006, y que entre 2012 y 2015 hizo de la Argentina la mayor compradora e instaladora de cable óptico troncal del mundo. De 2012 a 2014 ARSAT enterró y puso en línea más fibra óptica que Telefónica en 20 años, y del doble de ancho de banda.
La huella geográfica de la telefonía celular privada empezó a expandirse. Donde NO pasaba la fibra, ninguna «telco» (firma privada de telecomunicaciones) te ponía una torre de microondas ni a palos. Pasaba la cuadrilla de ARSAT, enterrando fibra a la vera de las rutas nacionales y provinciales, y al mes o dos se venían al trote las telcos, con sus torres, y anunciaban, triunfales, que estaban invirtiendo para comunicar a los argentinos.
En 25 años no habían hecho un comino. Cuando hizo todo el trabajo pesado, no se iban a perder la venta de celulares y su facturación.
Productores de la llanura chacopampeana se compraban esa maquinaria agrícola colosal, dirigida por GPS, y podía controlar su navegación a la distancia y en su celular desde sus lejanas oficinas. Y sin tener idea de que la causa de ello eran unos mazos gruesos como una pierna humana de fibra óptica, enterrados a dos metros bajo las banquinas ruteras por una empresita NACIONAL desconocida. Una firma que en 2013 no llegaba a 400 empleados, casi todos técnicos e ingenieros del palo. La empresa celular con la que el tipo tiene cuenta se limita a facturar por «la milla final». La infraestructura de transporte nacional de media y larga no la puso jamás, y tampoco el «know-how».
Aparecieron mágicamente las tarifas planas y los abonos, porque con los 40.000 km. de REFEFO repartidos en 6 grandes anillos regionales en nuestros 2,74 millones de km2 de geografía, le da lo mismo a Mengano, que es neuquino, pegarle un tubazo a Fulano en Córdoba o a Zutano en Salta. La
REFEFO funcionó siempre bien por tres causas:
a) Nunca dejó de crecer en kilómetros
b) Siempre que algún intendente o arquitecto la rompía sin querer con alguna obra a vera de huella, se arreglaba sobre el pucho
c) Los gastos de ARSAT para tener en buen estado la REFEFO y para diseñar, construir y poner en órbita los ARSAT 1 y 2 hoy los pagan esos dos satélites. Facturan entre U$ 40 y 50 millones/año. Hoy debían ser 6, pero en 2016 Mauricio Macri detuvo su construcción… y ningún gobierno posterior la retomó. Son las dos vacas lecheras de la firma.
Pero hay vacas y vacas.
No use la regla de tres, no sirve: los ARSAT-3, 4, 5 y 6 iban a ser de diseños evolutivamente distintos, con cada vez más potencia eléctrica y ancho de banda. De haberse respetado ese plan de un nuevo ARSAT cada 2 años, fijado por la ley 27208 de 2015, hoy ya tendríamos en órbita el ARSAT 6, los últimos con un diseño HTS, de gran velocidad y ancho de banda.
Sumando esos y los anteriores, ARSAT estaría facturando alrededor de U$ 500 a 700 millones/año por venta de servicios de «broadcasting» a cadenas de TV desde Ushuaia hasta la tundra canadiense. Y seguiría haciendo, pero mucho mejor, lo que hace desde 2006: dándole servicio gratis de internet, interactivo pero que tolera latencia, a las escuelas, municipios, hospitales y centros de telemedicina, y también las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas del país.
ARSAT construyó el sistema nervioso del estado. Es la REFEFO.
Incluso reducida a dos satélites preliminares, que promedian sin novedad su expectativa de vida de 15 años, la empresa se autosustenta. No hay maldita la excusa para venderla, salvo que como empresa pública, es un desmentido existencial al slogan del estado es ineficiente. Hay una telco multinacional, CLARO, de Carlos Slim, el vigésimo del mundo en el orden de los multibillionarios, dueño de la corporación América Móvil.
Con la REFEFO, la telco celular de Slim, CLARO, empezaría a llegar de golpe a todo el interior profundo, donde no tiene señal.
Todos los usuarios de la REFEFO, el 90% de lo cuales no tiene idea siquiera de su existencia, empezarían a pagarle peaje ahora por el uso de la misma a Slim. Por tamaño y ancho debanda, es una red óptica sin equivalente en América Latina. Y viene dotada además del mejor datacenter del país.
A Slim el desarrollo de ingeniería satelital argentina no le importa, ni va a hacerlo ahora. Los satélites ARSAT 1 Y 2 los dejará envejecer y morir sin reposición. El SG-1, equivalente del ARSAT 6, INVAP lo retomó por su cuenta tras el triunfo electoral de Mauricio Macri. Cuando asumió Alberto Fernández, no hizo nada por proseguir el programa satelital de ARSAT.
INVAP seguirá buscando un socio para terminarlo. Si a Slim le interesa, engrosará la constelación ARSAT con alguna satélites de diseño y construcción estadounidense o europeo. Los geoestacionarios de telecomunicacion son aparatos bastante extraordinarios, más espacionaves que satélites. «Vuelan» a 36.500 km. de la Tierra sin apartarse de la vertical de un punto fijo del ecuador terrestre. Son las torres retransmisoras más altas de la historia. Fuimos el 8vo país de la Tierra en acceder a esta tecnología.
Si los ARSAT-1 y 2 saldrán de servicio en 2028 y 2029, Slim siempre puede vender los sitios orbitales que ocupan. Valen mucho más que los satélites en sí. Uno de tales sitios acaban de permitir, por ejemplo, televisar los recitales de Paul McCartney en River a los EEUU y Canadá. La posición 82o Oeste, que permite vender «broadcasting» en las Tres Américas, desde Nunavut hasta la Base Marambio, es codiciada desde los ’90 por varias potencias, el Reino Unido a la cabeza. En términos inmobiliarios, es algo que ya no existe: el equivalente de un lote de varias manzanas sobre barranca hacia Avenida Libertador en Retiro.
¿Tener ahí un satélites de ingeniería propia, de altísimo ancho de banda como el SG-1, cuánto vale, qué visibilidad y que autoridad continental nos confiere? Eso se perderá definitivamente.
Una última reflexión sobre el datacenter de ARSAT. En 2012 era el mejor de la Argentina, por su «uptime» del 99,75%, que en criollo significa que labura al 100% de su capacidad 24×365 y se cae sólo el 0,25% del año, es decir dos horas y 21 minutos. Tiene más back-up de generadores diésel, por si se cae la red eléctrica, y más sistemas de refrigeración de respaldo para disipar el calor de los servidores, que una central nuclear.
Fue diseñado para capear catástrofes. Podía arder o inundarse el país, que «el DATA» de ARSAT seguía trabajando. En su momento, hacerlo costó U$ 14 millones. Almacena la información estratégica de centenares de empresas privadas, pero además la de centenares de municipios, provincias y empresas públicas. Y están los datos claves del estado nacional en la llamada «Sala Cofre», casi inaccesible y con capas y capas de blindaje informático contra hackeos.
Hoy un datacenter de esta categoría, con tanto tiburón de la City hambriento de servers para minar criptomonedas, ¿cuánto vale?
Pregunta más jodida aún: ¿cuánto vale eliminar la información de la Sala Cofre? Después de todo, alguien debe haber pagado una fortuna para eliminar los datos económicos en soporte papel en el incendio intencional de Iron Mountain, en Barracas, con 10 bomberos y rescatistas muertos y 7 heridos de gravedad.
Se están vendiendo activos tan valiosos, estratégicos y soberanos que no tienen precio.
Después de quedar fuera de la Ley Bases como empresa sujeta a privatización, el futuro de la compañía estatal de telecomunicaciones ARSAT pasa por salir a la Bolsa en 2025, aunque aún no está previsto el porcentaje de acciones que se pondrían a la venta.
“En este momento estamos en un proceso de reordenamiento y puesta en valor de los activos, con la idea de que ingrese capital privado a la compañía y la modalidad va a ser salir a la Bolsa”, dijo el presidente de Arsat, Mariano Greco, en las Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa).
Según el funcionario, a la fecha Arsat fue “más un vehículo de políticas que una empresa” y hoy el desafío es complementarse con la industria. “Es una empresa consolidada en términos tecnológicos, pero a la que le falta fundamentalmente expandirse y abrirse, y en esa apertura la idea es salir a la Bolsa. Pondremos en juego el porcentaje de acciones que sea más conveniente para la valoración de la empresa”, agregó.
Actualmente, la empresa está íntegramente en manos del Estado, pero el 49% de las acciones se podría vender (el 51% restante corresponde a las acciones Clase A reservadas al sector público). Sin embargo, Greco no adelantó si saldrían necesariamente con ese porcentaje a la venta.
El trabajo actual consiste en armar un plan de negocios y poner en valor los activos de Arsat, entre los que figuran alrededor de 40.000 kilómetros de fibra óptica, dos satélites, un data center, espectro 4G y un bloque de 100 MHz de 5G que le fue cedido gratuitamente por 20 años en la subasta del año pasado, en la que Telecom y Claro pagaron US$350 millones cada una, y Telefónica, US$175 millones.
Consultado al respecto del uso que le darán al espectro, Greco dijo que aún no lo tienen definido y que es materia de discusión con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; y con Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“Necesitamos una lectura de qué va a hacer Arsat con el espectro”, dijo por su parte, Roberto Nobile, CEO de Telecom, en otro de los paneles del evento, mientras que la Mesa Tic Argentina hará pública una nota que le mandaron la semana pasada a Genua con un conjunto de propuestas y lineamientos vinculados al rol de Arsat.
Según el escrito, las empresas dicen que “Arsat debe enfocarse en complementar al sector privado, centrándose en el rol de proveedor de infraestructura” y que “esta orientación estratégica es esencial para evitar conflictos de intereses y para maximizar los beneficios para el sector en su conjunto”.
En tanto, con respecto a sus prestaciones, sumaron que “es fundamental que no se involucre en la provisión de servicios de última milla, ya que esto la pondría en competencia directa con los proveedores que son sus clientes”.
Por último, proponen que Arsat sea una entidad 100% estatal y que tenga acceso a los fondos del Fondo de Servicio Universal para proyectos que complementen los servicios de empresas privadas, “que contribuyen a la universalización de los servicios en operación desde hace años”.
Firmaron la nota a Genua las empresas DirecTV, Telecom y Telefónica, y las cámaras ATVC, IDA, Cabase, Cacpy, Catip, Cicomra, Red Intercable, Cappi, Fecosur y Catel.
PS: Me encantó la definición del presidente actual de ARSAT, Mariano Greco, un técnico del Data Center, según la cual a la empresa «le falta fundamentalmente expandirse y abrirse». En otra línea de negocios y en otro tiempo, habría sido un buen slogan para Jack el Destripador.
El estadounidense John Hopfield y el británico-canadiense Geoffrey Hinton recibieron este martes el PremioNobel de Física 2024 por sus trabajos en redes neuronales artificiales, que permiten a las máquinas aprender, lo que sentó las bases en el desarrollo de la inteligencia artificial, dando lugar a modelos actuales de chatbots, como ChatGPT.
«Los dos ganadores del premio Nobel de Física de este año emplearon herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base de los potentes sistemas de aprendizaje automático de hoy día», indicó el jurado en un comunicado.
«Aunque las computadoras no pueden pensar, las máquinas pueden imitar ahora funciones como la memoria y el aprendizaje. Los laureados de este año en Física han ayudado a hacer esto posible», añadieron en el escrito difundido por la red social Instagram.
Hopfield, de 91 años y profesor en la Universidad de Princeton, y Hinton, de 76 años y profesor de la Universidad de Toronto, fueron premiados «por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático utilizando redes neuronales artificiales».
Las redes neuronales artificiales se inspiran en la red de neuronas del cerebro humano y ambos han estado trabajando en este tema desde la década de 1980.
Ellen Moons, presidenta del comité del Nobel de Física, explicó que los galardonados de este año «utilizaron conceptos fundamentales de la física estadística para diseñar redes neuronales artificiales que funcionan como memorias asociativas y hallan patrones en grandes conjuntos de datos».
«Estas redes neuronales artificiales se han utilizado para avanzar en la investigación en campos tan diversos como la física de partículas, la ciencia de materiales y la astrofísica, y se han convertido en parte de nuestra vida diaria, agregó en declaraciones a la prensa.
La Real Academia de las Ciencias Sueca indicó que la Inteligencia Artificial (IA) está «revolucionando la ciencia, la ingeniería y la vida diaria», gracias al trabajo de Hopfield y Hinton, aunque alertaron por los riesgos y responsabilidad que se debe tener al usar estas tecnologías.
Premios Nobel 2024
El Nobel de Física es el segundo que se entrega de la temporada, después de que este lunes se concediera el de Medicina a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun, galardonados por su descubrimiento del microARN y su papel en la regulación de los genes.
El premioNobeldeFísica 2023 había sido concedido a la franco-sueca Anne L’Huillier, al francés Pierre Agostini y al austrohúngaro Ferenc Krausz por su investigación sobre las herramientas para explorar los electrones dentro de átomos y moléculas.
La temporada de estos galardones continúa esta semana con el anuncio del ganador o ganadores del Nobel de Química el miércoles, seguido de los tan esperados premios de Literatura el jueves y de la Paz el viernes. El Premio de Economía cerrará la temporada el lunes 14 de octubre.
La Segunda Guerra del Alto Karabaj, en primer lugar, y actualmente la guerra ruso-ucraniana, han demostrado que el empleo masivo de vehículos aéreos no tripulados de diferentes clases y tipos es una realidad, poniendo en jaque el uso de medios militares tradicionales. Si bien inicialmente fueron ideados como medios de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, los drones continúan evolucionando para proporcionar a las Fuerzas Armadas capacidades de señalización de objetivos, apoyo a unidades de infantería y artillería, y ataque a objetivos terrestres y blindados. En este último caso, los drones FPV han ganado por mérito propio su lugar en la consideración de diversas fuerzas, entre ellas el Ejército Argentino.
Operador del 16 Air Assault Brigade Combat Team del Ejército Británico – Fotografía empleada a modo de ilustración.
En una entrevista realizada por Zona Militar al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, General de División Carlos Presti, este confirmó que la fuerza se ha propuesto como uno de sus objetivos la investigación y desarrollo de drones FPV para cumplir y suplir los requerimientos operativos.
Al respecto, el general Presti aclaró: “A partir de la observación de lo que sucede en los conflictos actuales, decidimos seguir evaluando opciones para adquirir sistemas portátiles de munición antitanque merodeadora, como los HERO-30 y HERO-120. Al mismo tiempo, estamos desarrollando proyectos para adaptarnos a estas nuevas exigencias tecnológicas. Entre ellos, la investigación y desarrollo de un sistema de drones FPV (First-Person View) lanzadores y merodeadores, fabricados con materiales descartables. Este proyecto responde a la necesidad táctica de contar con drones capaces de lanzar granadas o funcionar como municiones kamikazes”.
En el primer caso, las Fuerzas Armadas Argentinas se han convertido en pioneras a nivel regional al incorporar la primera munición merodeadora de la familia HERO, provista por la firma israelí Uvision. Inclusive, se busca avanzar en la adquisición de nuevos lotes, mientras se llevan a cabo cursos para operadores y se despliegan en ejercicios. Esto incluye las demostraciones y lanzamientos realizados en los Ejercicios Escuela de Fuego en Salinas del Bebedero, San Luis, y el recientemente finalizado Ejercicio Aonikenk en la Base de Infantería de Marina Baterías.
En cuanto a los drones FPV, estos se presentan como una solución más económica y menos compleja frente a otros vehículos aéreos no tripulados, al igual que suplir en etapas del conflicto la carencia de misiles guiados antitanque. Como se ha apreciado en la guerra ruso-ucraniana, su uso intensivo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se debió a que, siendo en su mayoría de origen comercial, estaban disponibles en grandes cantidades y podían adaptarse rápidamente para el lanzamiento de diversas cargas útiles, desde granadas hasta proyectiles con mayor carga explosiva.
A lo largo de los meses, el uso y la doctrina permitieron obtener retroalimentación de los operadores, refinando el diseño y las modificaciones aplicadas. Incluso se han desarrollado sistemas que combinan una munición merodeadora con las capacidades de un drone FPV, así como proyectiles adaptados para ser lanzados desde estas plataformas.
Aunque el Ejército Argentino no ha brindado mayores precisiones, se presume que la fuerza buscaría combinar ambos sistemas, utilizando las municiones merodeadoras para objetivos de mayor valor táctico en el campo de operaciones, mientras que los drones FPV serían desplegados en mayor número contra otros objetivos de menor valor y de oportunidad.
Hasta la fecha, algunas empresas nacionales, como la cordobesa FixView, están desarrollando propuestas para dotar a las Fuerzas Armadas con este tipo de plataformas. En primer lugar, según informó la propia compañía, se encuentra en fase de prototipo una munición merodeadora del tipo FPV, con vistas a avanzar en demostraciones de campo.
Por último, aún en fase conceptual, la empresa está realizando estudios de factibilidad para el desarrollo de una plataforma no tripulada capaz de transportar y lanzar proyectiles de mortero de 81 mm, combinando elementos de inteligencia artificial y guía por GPS para dirigir los proyectiles hacia su objetivo.
El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaronlas demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a LA NACION los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta:“El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron.
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres “lotes” con recorridos muy distintos
Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones, el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.
Para el Gobierno de Javier Milei, el sector nuclear parece ser más una posibilidad de conseguir dólares frescos que una vía para el desarrollo del país. Al menos eso se refleja en el presupuesto que propuso el Ejecutivo para el 2025, en el que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pierde un 15,7% en términos reales contra este año, adonde ya había sufrido recortes muy importantes (ver gráfico).
Además, el sector nuclear viene sufriendo la parálisis en proyectos importantes, no solo de la central modular CAREM, sino también del reactor de investigación RA-10 (foto portada), a poco de su finalización.
En este contexto, la empresa estataEl Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), responsable de gestionar las centrales atómicas, que factura alrededor de 800 millones de dólares anuales y mantiene su superávit a partir de la venta de energía eléctrica, –que ha tenido aumentos importantes este año–, buscaría ser privatizada en el 49% de su paquete accionario.
Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) y asistente a la reunión con los senadores, informó: “El 25 de septiembre pasado, el bloque de Senadores de Unión por la Patria nos recibió a los representantes del sector nuclear, funcionarios y trabajadores para poder transmitirle la situación crítica que se está viviendo, producto de una falta de financiamiento y de previsibilidad en la política nuclear. Se viene un desmantelamiento silencioso, desde la paralización de la obra del reactor CAREM a la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina”.
Variación del Presupuesto 2025 vs 2023 en organismos de ciencia y tecnología
Los recursos destinados para la CNEA se desploman un 39,9% en términos reales en dos años. El crédito vigente del organismo se deteriora un 28,7% real en 2024, a lo que se suma un nuevo retroceso de 15,7% previsto para 2025. Fuente: ciicti.org
Además, los salarios tienen aumentos muy por abajo de la inflación y esto está generando un éxodo de los empleados más calificados, en su mayoría ingenieros y técnicos especializados en el área, hacia el sector privado, con la dificultad que presenta este panorama hacia el futuro, ya que se trata de una pérdida de personal en el Estado que ha requerido de años de una formación específica, muy demandada en todo el mundo.
Solamente en NASA hubo unos 20 empleados que pasaron a otras industrias, principalmente a la industria petrolera. “Los salarios de la CNEA están por el piso, entonces se paralizan las obras pero también la gente se empieza a ir a otros lugares porque llegar a fin de mes está complicado, o empiezan a tener varios trabajos y se desvirtúa todo. La gente que entró desde 2022, ingenieros con tres años de formación en planta, se van a otras empresas porque el Estado no está acompañanado”, dijo Malinovsky.
“El bloque de senadores demostró mucho interés en lo que está pasando y consideran que el sector nuclear es muy importante, porque es un sector pujante en términos de desarrollo tecnológico vinculado a la industria energética del país”, dijo Malinovsky. Y agregó: “El senador José Mayans se puso a disposición para hacer una mesa de trabajo permanente para seguir lo que está pasando en el sector y nos pidió que elaboremos un informe con el presupuesto vinculado a las obras que son necesarias, para poder presionar para que formen parte del Presupuesto 2025”. NASA también tiene responsabilidades en la finalización de las obras del CAREM, el RA-10 y la planta de producción de combustibles nucleares Dioxitec, en Formosa. Además, la semana pasada, la central nuclear Atucha I salió de servicio porque va a iniciar sus obras de extensión de vida, que serán llevadas a cabo por NASA. El gobierno anterior había presupuestado que tendrían un costo de 450 millones de dólares pero la nueva gestión aumentó el presupuesto a 650 millones de dólares.
«Se viene un desmantelamiento silencioso, desde la paralización de la obra del reactor CAREM a la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina”, dice Malinovsky (centro).
En la reunión, no hubo senadores de otros bloques ya que fue una iniciativa de Unión por la Patria. Para esta semana había una reunión programada con senadores de Hacemos Coalición Federal y con representantes de las empresas nombrados por el Gobierno, pero finalmente se suspendió.
Según Malinovky, “la privatización de NASA sería la pérdida de conocimiento estratégico que llevó 70 años producir, los conocimientos de generación de energía eléctrica con reactores de potencia. Privatizarla sería entregar eso. NASA nace con el proceso de desregulación de los 90 con la intensión de ser privatizada, y (Eduardo) Rodríguez Chirillo, el actual secretario de Energía, fue uno de sus protagonistas. Antes, NASA era parte de la CNEA pero la crearon cuando vendieron todo el parque de generación de energía. En 2006, se cambió el sentido de NASA cuando se lanzó el plan nuclear con Néstor Kirchner y se pudieron encauzar las grandes obras, principalmente Atucha II, que estaba paralizada desde los años 80 y así se convirtió en mucho más que una gerenciadora, en una constructora de centrales con gran potencial”.
Hoy hay cinco grandes generadores de energía eléctrica en la Argentina: ENARSA, Pampa Energía, Central Puerto, YPF Energía y NASA. Esta última genera entre el 5% y el 10% de la energía. “Si perdemos a NASA se va a concentrar más el sector privado, con el impacto que eso puede tener en los costos en un país que necesita energía para el desarrollo industrial. No solo es NASA, también quieren privatizar a IMPSA, que tiene calificación nuclear y es una de las principales proveedoras de elementos para el CAREM, lo que además pondría en riesgo el proyecto”, dijo Malinovsky.
“Se sabe que la nueva gestión, con el presidente (Alberto) Lamagna y (Jeremías) Coppola, que viene de las criptomonedas, quieren que entren capitales privados y apuestan a que NASA podría ser privatizada por 1000 millones de dólares. Si eso sucede la estaríamos regalando porque 650 millones de dólares ya se tienen que usar para la extensión de vida de Atucha I, no quedaría nada en manos del Estado y entregaríamos el manejo de las tres centrales nucleares”, agregó el especialista.
El 25 de septiembre pasado, el bloque de Senadores de Unión por la Patria recibió a representantes del sector nuclear, funcionarios y trabajadores, quienes les transmitieron la situación crítica que se está viviendo, producto de una falta de financiamiento y de previsibilidad en la política nuclear.
Con respecto al CAREM, por ahora la obra civil está suspendida y el especialista cree que puede ser parte de una estrategia. “De caerse los contratos de obra, se pueden volver a licitar y entregarlos a empresas amigas, como pasó con Macri que cuando volvió la obra y se la entregaron a Caputo y Techint, sería un negocio financiero. La parálisis del sector es parte de la política exterior de este Gobierno alineada a los intereses de Estados Unidos, que necesita desmantelar uno de los sectores de desarrollo de tecnológico de punta en el país y que produce tecnología que fortalece otras industrias”, explicó.
Transición energética y energía nuclear
La energía nuclear está teniendo un resurgimiento en muchas partes del mundo, ya que es una forma de generar energía de forma constante, el contrario que las eólica y solar, y que no libera dióxido de carbono a la atomósfera, como la quema de hidrocarburos, por lo que es un complemento importante para evitar el calentamiento global.
Muchos países están construyendo nuevas centrales, especialmente China, Rusia e India, pero también Estados Unidos e Inglaterra, mientras que en la conferencia del clima COP28 del año pasado 20 países desarrollados acordaron triplicar la generación de energía de fuente nuclear para el año 2050. Según Malinovsky, “esta pérdida de capacidades también tiene que ver con cómo nos insertamos en un período de transición energética. Si uno estudia la Ley Bases, el RIGI, las resoluciones que va sacando la Secretaría de Energía, las inversiones que ofreció Estados Unidos para la transición energética de la Argentina nos van a condicionar a insertarnos como meros proveedores de materia prima, con Vaca Muerta y el litio. El sector nuclear no tiene razón de ser para ellos”.
Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), liderado por Ezequiel Álvarez, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial bayesiana que permitirá anticipar focos de dengue en centros urbanos. La iniciativa parte de una colaboración con la gobernación de la provincia de Buenos Aires en líneas de innovación tecnológica.
A comienzos de este mes, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, anunció una serie de acciones contra el dengue, además de las instancias de vacunación. Entre ellas se destaca el uso de telemedicina y la implementación de herramientas de machine learning desarrolladas por la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la Unsam para la prevención de brotes de la enfermedad.
“Prevemos que la temporada de dengue durante este año sea muy grande, incluso superior a la del año pasado. Frente a este contexto, creemos que la mejor forma de organizar el sistema de salud es garantizar que a la guardia hospitalaria vayan las personas que necesiten recibir atención de mayor complejidad. Es que los casos leves solo requieren de reposo e hidratación. Por eso utilizaremos la telemedicina para realizar el diagnóstico, el seguimiento de los casos y la observación. Esto es importante porque a veces esperar en una guardia con muchas personas puede provocar que no se llegue a acceder a esas medidas de cuidado necesarias y, además, puede ser difícil que los casos más graves lleguen a atenderse con rapidez por el nivel de saturación de la atención en las guardias”, explica Kreplak.
Además de la telemedicina, la Provincia está implementando un sistema de alarmas tempranas. Los ciudadanos pueden llamar al 148 para avisar que tiene síntomas y acceder a la asistencia médica a distancia. Al mismo tiempo, esa información les permitirá a los responsables del área de Salud contar con datos claves. Sumada a la información proveniente de la vigilancia epidemiológica y de la atención de las guardias, entre otras fuentes, permitirán construir un modelo de inteligencia artificial con el objetivo de saber qué manzanas tienen más riesgo de contagiarse de dengue. “De esa manera podremos orientar con mayor fuerza las acciones estratégicas para reducir o morigerar la cantidad de contagios”, agrega el ministro de Salud bonaerense.
El desarrollo que menciona Kreplak es un proyecto interdisciplinario integrado por biólogas, zoólogas, epidemiólogas y funcionarios del equipo del gobierno provincial.
“En la dinámica de la epidemia del dengue, como en cualquier sistema, ocurren muchos procesos que se relacionan entre sí y dependen de ciertas magnitudes. Por ejemplo, el clima, los casos reportados en los últimos 20 días, la densidad de habitantes de una manzana, los llamados al número telefónico 148, la gente que va a la guardia, etc. Todos ellos son parte de las magnitudes observadas. Por otro lado, la cantidad de mosquitos infectados en una manzana, la cantidad de enfermos en una manzana y el nivel de descacharreo de la manzana son parte de las magnitudes no observadas”, describe Ezequiel Álvarez, investigador del Conicet en el Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Unsam y líder de este desarrollo.
Sobre la tecnología
¿Qué es la inteligencia artificial bayesiana?Se trata de un enfoque que se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia, en combinación con la aplicación del Teorema de Bayes. “En bayesian machine learning se aprovecha la parte sobre la que se tiene conocimiento, las relaciones entre los procesos y, a partir de las magnitudes observadas durante un tiempo, se pueden inferir verdaderas relaciones. Al hacer esto, el modelo aprende cómo se relacionan los procesos, entonces puede comenzar a inferir las magnitudes no observadas con la información que va llegando de las magnitudes observadas”, detalla Álvarez.
Según expresa el científico, el Teorema de Bayes es una técnica que se utiliza cuando hay algún dato que se ignora y se utilizan otros que sí se tienen y observan. Con esa información se obtiene una probabilidad del dato que se desconoce. “Nosotros queremos identificar la distribución probable de la cantidad de mosquitos infectados en cada manzana del Gran Buenos Aires. Esa es nuestra ‘variable latente’ a la que queremos llegar; para conseguirlo utilizaremos datos sobre la cantidad de llamadas al 148, densidad de población, nivel socioeconómico, cantidad de personas en las guardias hospitalarias, descacharreo y el clima de los últimos días, entre otros datos. Con todas las variables interconectadas y, gracias a la IA bayesiana, podremos encontrar la probabilidad de mosquitos en cada manzana”, afirma. Álvarez aclara que, aunque no sabrán la cantidad exacta de mosquitos, el programa de IA les permitirá inferir una distribución de probabilidad.
Un modelo de inferencia bayesiana es muy útil para analizar un sistema tan complejo como la epidemia del dengue porque la gente infectada se mueve, los mosquitos que transportan al igual que la enfermedad, y a eso se suman a los tiempos que tardan en aparecer los síntomas y los días en que el mosquito comienza a contagiar. Hay muchas variables que son muy complejas y ocurren muchos procesos que deben tenerse en cuenta.
“Tenemos que crear un modelo que aprenda de mirar todas las manzanas a la vez, durante todo el tiempo, y considerar todas las variables interconectadas, que son muchas. Cuando el modelo de inteligencia artificial bayesiano empiece a ver la data que estamos incorporando, empieza a aprender y puede estimar, día a día, la distribución de probabilidad de mosquitos de cada manzana”, sostiene el investigador.
Etapa de prueba
Álvarez adelanta que ya hicieron una primera versión del modelo. “Está funcionando muy bien y esperamos que mejore porque va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. En este momento estamos haciendo un análisis previo de los datos del año pasado con la IA bayesiana para entender la correlación entre los datos. Todavía no está definido el modelo final”, señala.
El primer objetivo que tiene este grupo de investigadores es obtener un mapa para poder inferir, a partir de este mapa y de las observaciones de la epidemia del año pasado, cómo es el descacharreo en el Gran Buenos Aires. “Esto también nos va a dar el grip y la práctica para empezar a usar el modelo cuando lleguen los datos de esta temporada”, agrega el investigador.
La fecha estimada para recibir datos con el modelo terminado será a comienzos de diciembre. Según aclara Álvarez, no tiene sentido cerrarlo hoy si este programa puede continuar aprendiendo y mejorando hasta esa fecha. “Para que este modelo mejore, creamos datos sintéticos y verificamos la performance del modelo, por ejemplo. Hacemos discusiones grupales y surgen ideas para incorporar más datos. Por ejemplo, hace unos días se nos ocurrió sumar información geográfica de dónde se hace campaña”, revela.
La IA va aprendiendo cuanto más se utiliza. “Cuando empiecen a llegar los datos de este año, que suponemos será entre noviembre y diciembre, el modelo aprenderá y va a ser cada vez más preciso para poder estimar las variables que hoy no se pueden medir como la probabilidad de la cantidad de mosquitos enfermos en cada manzana”, destaca el científico.
“Al correr el modelo, junto con los datos que irán llegando de la epidemia, esperamos hallar que en algunos lugares esta distribución de probabilidad será mayor que en otros y esa información será clave para tomar acciones ágiles y eficientes a través de políticas públicas y, de esta manera, prevenir los brotes de dengue”, concluye Álvarez.
Según sintetiza el investigador, se espera que este desarrollo permita que las autoridades competentes puedan realizar diferentes acciones para reducir los brotes de dengue, optimizar los recursos de salud pública y fortalecer la prevención continua; y, como consecuencia de todas estas acciones, se reduzca drásticamente la cantidad de enfermos y los costos para el sistema sanitario.
Sigue artículo extractado de Zona Militar, y luego un comentario de AgendAR:
Tras más de una década de haber iniciado, el programa de modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) recobró un nuevo impulso en los últimos tiempos. Con la expectativa de alcanzar las diez unidades modernizadas para finales de año, el TAM 2C-A2 es actualmente uno de los principales Programas que lleva a delante el Ejército Argentino.
Durante la reciente entrevista exclusiva efectuada por Zona Militar al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, General de División Carlos Alberto Presti, el titular de la fuerza declaró al respecto que “El proyecto continúa con personal y medios propios en la modernización de los TAM2C-A2. La provisión principal de los componentes está a cargo de Elbit Systems, pero incluye a proveedores nacionales y extranjeros. El avance del proyecto depende de que la cadena de abastecimiento, se mantenga en tiempo y forma. De cumplirse, a fin de año tendremos diez vehículos en total”
El plan, que prevé la modernización de 74 unidades, cuenta con el trabajo conjunto entre la firma IMPSA, encargada del mecanizado de partes, la firma israelí Elbit Systems, quien provee los nuevos sistemas y el Batallón de Arsenales 602 “Coronel Ángel Monasterio” de la localidad de Boulogne, Buenos Aires. De acuerdo al cronograma previsto, el horizonte de trabajo se extiende a lo largo de unos 7 años para completar el total de tanques. Tal como fuera señalado al momento de presentarse las primeras cinco unidades de TAM 2C-A2 la tanda final a entregar se realizaría para el año 2027.
No obstante, la posible privatización de (IMPSA) – empresa estatal, con una participación del 63,7% del gobierno nacional y 21,2% del gobierno provincial mendocino- plantea dudas respecto de la continuidad del Programa, considerando que a día de hoy el poder político no ha aclarado si la propuesta de privatización deberá incluir un plan de continuación de este.
La incorporación de nuevas tecnologías, a las cuales se sumarán eventualmente la adquisición de Vehículos de Combate Blindados a Ruedas (VCBR) 8×8 y la modernización de los APC M113, que ofrecerán mayor movilidad y protección de las tropas, serán elementos clave para la transformación del Ejército en las próximas décadas.
Comentario de AgendAR:
Allá adónde esté, si hay internet, don Fray Luis Beltrán, cura con cojones y armero del Ejército de los Andes, le clavaría el “like” a la modernización del TAM 2C. No así a la política de adquisiciones del Ministerio de Defensa actual.
¿Cómo explicar al TAM? Este tanque rarísimo corretea a 80 km/h por pasos de montaña de 4800 metros, vadea arroyos de 2 metros de hondo y ríos de 4 metros si usa snórkel, flota sobre suelos de turba fueguina y le da lo mismo funcionar a 15º bajo cero que a 40º sobre cero.
El TAM, por Tanque Argentino Mediano, es un fierro viejo, veloz, sencillo, aguantador, barato y con un cañón quirúrgico y malevo. Y porque fue diseñado para nuestro país, tiene futuro en el mismo si se lo actualiza en sensores, computación y comunicaciones, disimulo y puntería.
El estándar 2C-A2 hace esto y transforma de nuevo el TAM en un arma efectiva, como lo era hace 50 años, en lugar de un vehículo de desfile. Eso, aunque la guerra de Ucrania muestre que el tanque, tal como existe hoy, relegará mucho del protagonismo que tuvo desde la 2da Guerra Mundial.
Eso no significa que vaya a desaparecer. Pero tendrá que rediseñarse en tecnología y tácticas de uso para sobrevivir a una infantería dotada de capacidades propias de observación y liquidación de blindados. Los drones cambiaron todo.
Fray Luis Beltrán, que aprendió metalurgia a los ponchazos, con la Enciclopedia de Diderot y cometiendo errores de novato en sus forjas de El Plumerillo, se asombraría con el concepto mismo de tanque. Es una síntesis de armas disociadas en tiempos de don Luis: la artillería y la caballería. Y como no creo haya podido siquiera imaginar los aviones, los drones aéreos, como síntesis de infantería y aviación, lo dejarían muy perplejo.
Sin embargo Beltrán fue el primer industrialista de nuestro Ejército. No se fumaría que el reequipamiento del arma principal del mismo dependa de multinacionales como la petrolera que va a comprar IMPSA (y por un vuelto). Tampoco que esté sujeto a países que hoy nos exigen alineamiento diplomático a cambio de tecnología, como Israel.
En tiempos de Beltrán no había repúblicas bananeras en América Latina: sólo colonias sin disfraz republicano alguno. Pero a don Luis le parecería inaceptable, por bananero, que el armamento de la Argentina por la que él peleó no esté atado al crecimiento de su economía.
Eso era lo que garantizaba institucionalmente el FONDEF, ley de la Constitución desde 2018, que el presidente Javier Milei acaba de voltear por decretazo. Ahora el rearme argentino lo deciden los antojos de un presidente: hoy quiero 10 TAM, mañana no, pasado, no sé.
La eliminación del FONDEF termina con algo más valioso que las armas: saber cómo diseñarlas y fabricarlas. En el fondo, eso decide el autoabastecimiento, y con ello cuándo, cómo y cuánto usarlas. La derogación (ilegal) del FONDEF abona aristocracias cuarteleras, ajenas a la producción dual e indiferentes a la innovación tecnológica. Indiferentes también a que sus paisanos tengan laburo calificado, casa, educación y salud. O no.
El FONDEF tuvo la intención fr evitar que el 0,8% del PBI de 2023 se quemara en comprar chatarra descartada de la OTAN. Pero este gobierno llegó para eso. A cambio de permitir la (presunta) renovación de 10 TAM, Milei abandona el blindado 6×6 multirruedas del Mercosur, el Guaraní, y nos va a llenar de Strykers yanquis viejos. Y eso se lo aplauden.
Se pinta un desarme como rearme. Se desmantela la base industrial y diplomática de nuestra soberanía, a cambio de una subordinación geopolítica a la OTAN, como si fuera nuestra aliada.
No lo es ni a palos. Constituye nuestra hipótesis de conflicto número uno, por ciertas islas demasiado famosas. Es una verdad de cajón. El Reino Unido la tiene clara, pero nuestra derecha, tanto la de motosierra y alarido, como la de elegante sport y la de gorra y borceguí, viven negándola.
No le comprás armas a tu enemigo. No te sirven. Ya llevamos 2,4 millones de km2 de caladeros marítimos perdidos ante el Reino Unido, junto con los U$ 13.000 millones/año de pesca que hoy generan para otros. Si chirriamos mucho por ello, cantidad de detritus bélicos comprados a la OTAN se quedan sin repuestos. Y a cantarle a Gardel.
La clase política argentina hace décadas que viene meando a cien metros del tarro en materia de defensa: en lugar de encarcelar a las cúpulas militares genocidas desde el ‘83, fue desmantelando la autonomía en equipamiento lograda, muy contra viento y marea, por tres generaciones de oficiales y tecnólogos patriotas. Como si la culpa del Proceso la hubieran tenido los fierros.
Por eso, AgendAR celebró el FONDEF y la sensatez del Ministerio de Defensa (MinDef) de Agustín Rossi y luego con Jorge Taiana: ante todo, recuperar a estándares actuales y en fábricas propias los viejos sistemas de armas de calidad y fabricados aquí. Y a la cabeza, el TAM.
Éste es el punto más débil del TAM, y de cualquier otro tanque de batalla, y el que hay que proteger de drones.
Modernizado al standard 2C-A2, los tres mayores defectos del TAM serán su falta de defensa contra drones y que habrá pocos: 74 mínimo, 104 con toda la furia, porque no se fabricaron más. ¿Con eso defendés a un país de 2,74 millones de km2? Ni ahí.
¿Por qué tan pocos TAM? Porque luego de Malvinas desapareció el ecosistema ideológico e industrial que los había creado. Es lo que hay que reconstruir.
EL TAM, COLETAZO TARDÍO DEL INDUSTRIALISMO MILITAR
Durante El Proceso todavía seguían vivos algunos restos del nacionalismo industrialista militar, creador, dueño y animador de una inmensa red fabril. Es difícil describírsela a los argentos sub-cuarenta. No te creen.
A lo largo del siglo XX el nacionalismo industrialista tuvo protagonistas como los generales Alonso Baldrich y Enrique Mosconi en petróleo y Manuel Savio en aceros, trenes, química, armamento e industria pesada. A añadir: el brigadier mayor Juan Ignacio de San Martín en aeronáutica. Todos, incluido de San Martín, vinieron del Ejército.
Ninguno se salvó de pasar tiempo en prisión con cargos truchados. Uno de ellos, Enrique Pistarini, constructor del aeropuerto de Ezeiza, de todas nuestras bases aéreas y de incontables obras logísticas en todo el país, murió de hambre, de frío y sin antención médica en la prisión de Ushuaia.
Casi todo lo que lograron construir fue sometido después a endeudamiento, vaciamiento, privatización, demolición y cierre por sus conmilitones vendepatrias, así como sus abundantes manyaorejas civiles. O viceversa, según la época. El TAM fue parte de las luchas por el alma militar argentina, que hoy ganan los malos por goleada.
Todavía con mando de tropa o atrincherados en empresas como Fabricaciones Militares o reparticiones como CITEFA (Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas), a fines de los ’70 muchos de estos milicos Nac & Pop aún cortaban, pinchaban y decidían. Algunas de sus decisiones estratégicas cambiaron la historia argentina en forma irreversible.
Un ejemplo es la fundación de la planta de aluminio de ALUAR en Puerto Madryn. Se tomó para que la Fuerza Aérea tuviera aluminio nacional para sus aviones. El diseño de planta fue 100% obra de la Universidad Nacional de La Plata. Y como el aluminio metálico es literalmente electricidad congelada, ALUAR supuso la construcción de la represa de Futaleufú, a 300 km., para darle electricidad a la planta.
Medio siglo después, la aeronáutica ya perdió toda veleidad de fabricar aviones propios: los más o menos 150 Pucarás y Pampas que construyó jamás se hicieron con duraluminio nacional. Pero con ALUAR e industrias nacidas “a pie de planta”, Madryn, ciudad expulsora de jóvenes hasta los ’60, desde los ’70 pasó de 5000 habitantes a los 120.000, con RRHH capacitados, alta ocupación, universidad e investigación científica. Parece otro planeta. Y eso se empezó durante la dictadura del general Marcelo Levingston. Pero se continuó durante la de Agustín Lanusse , que no era exactamente un “progre”.
El Nahuel, demasiado alto, como el Sherman, pero muy angulado, como el T-34 soviético.
No hay primates que puedan desmentir o revertir esa historia. La silenciaron bien, sin embargo.
En la posguerra, el tanque fue el arma fundamental de casi cualquier ejército moderno. La Argentina tenía en su haber la rareza de haber diseñado uno propio y al parecer bueno (el Nahuel), del cual –típicamente- sólo produjo 12 ejemplares.
El Nahuel parecía una cruza del M4 Sherman yanqui con el muy diagonal y esquinado T-36 soviético. Para hacerlo hubo que inventar habilidades nuevas en forja, laminado, torneado y mecánica de precisión en más de 80 empresas. Algunas eran grandes fábricas del estado, de aviones o de barcos, pero predominaban decenas de PyMES privadas que debieron capacitarse y equiparse “ad hoc”, ganosas de ligar un contrato largo.
Terminada la 2da Guerra en una Europa arrasada y hambrienta, los Aliados ofrecieron 400 Sherman M4 y Firefly de rezago, pagables con trigo argento. Perón se tiró de palomita sobre la oferta, lo cual nos dio una masa enorme de blindados, aunque hechos percha.
Previsiblemente, los Sherman se canibalizaron unos a otros por repuestos hasta que, pasadas dos décadas, quedaron sólo algunos pocos activos: los necesarios para desfiles y golpes de estado. Y los 12 Nahuel, a chatarra. Y sus proveedores, a joderse. Historia repetida.
El error no fue comprar los Sherman. Fue comprar 400, en lugar de 100, y abandonar el Nahuel. Pero eso último no se lo achaquen a Perón.
En los ’60 ya había disputas de fronteras entre Argentina y Chile, o entre Argentina y Brasil por el manejo de las altas cabeceras de los ríos de la Cuenca del Plata. Como el Cono Sur se iba enfierrando, había alertas de podrida regional y prohibición yanqui de equiparnos, al menos a nosotros.
Sin embargo, monsieur le Géneral Charles De Gaulle no recibía órdenes del State Department, parbleu! Con su eterna vocación de fregar a los yanquis, Le Grand Charles decidió darle al dictador Juan C. Onganía lo que éste pidiera.
El presidente de los Bastones Largos tenía ideas cortas y compró mal hasta lo bueno. De ahí salieron los 19 primeros Mirage III para la Fuerza Aérea, una joya… pero sin “offset” alguno. En la jerga, offset viene a ser: “Te compramos 10 Mirage “made chez toi”, Grand Charles, pero me vendés la tecnología, y aquí fabricamos decenas”.
Es conocer la geografía propia: el 8vo país del mundo por extensión no lo defendés con menos de 150 cazas, especialmente interceptores puros de gran trepada pero corto alcance. Es el caso del Mirage.
Brilló en 1967 en la Guerra de los 6 Días, pero en Malvinas conocimos bien sus límites: a altura mediana o baja, no tenía chances contra los Harrier británicos. Y el Mirage llegaba al área de operaciones sin casi combustible para volver. ¡¡Y no tenía lanza de reabastecimiento en vuelo!!
El Ejército en general es más apegado a lo real. La República Federal Alemana ofreció su Leopard M1, pero pesa 42 toneladas y habría colapsado la mayor parte de los puentes carreteros argentinos. Lo otro es que los alemanes no querían saber nada de transferir la tecnología y de que se fabricara aquí.
Nuevamente, De Gaulle aprovechó e hizo negocios. Se firmó la compra de 80 AMX-13 franceses, y la mitad se ensambló en el Batallón de Arsenales 601 de Boulogne Sur Mer, Pcia. de Buenos Aires.
Pero si aquel acuerdo fue bueno, el tanque era una mierda. ¿A quién se le ocurre poner un cañón de 105 mm. en un blindadito de apenas 13 toneladas? En la Escuela de Caballería era “vox populi” que tirando en movimiento y con la torreta girada, te ponías el tanque de gorra.
No obstante se negoció bien la fabricación bajo licencia de ese cañón, que sigue siendo excelente, y sobre todo, la de su munición antipersonal y antiblindado en la planta de Fabricaciones Militares de Río Tercero, Córdoba. Son la herencia que recibió el TAM.
A la luz de los problemas del AMX-13, los milicos Nac & Pop invocaron la sombra terrible del Nahuel y decretaron fatwah antibananera: prohibición de salir a llenar el carrito con el primer oferente europeo. El próximo tanque sería argentino, aunque juntando componentes e ideas en la UE.
De modo que con la RFA como nuevo y perplejo socio y sobre la base del ignoto carrier de infantería alemán Marder, de ThyssenKrupp, se diseñó un tanque medianito y criollo, apto para operar en distintos roles en una geografía mucho mayor, más variada y exigente que la Brecha de Fulda.
Aclaración: la brecha es un par de corredores llanos inscriptos entre las sierras de Vogelsberg, Rhon y Pessart. Allí debía empezar la Tercera Guerra Mundial, quizás tras un cruce en masa del Rhin por tanques pesados T-72 soviéticos y alemanes orientales, todos arremetiendo hacia el Oeste.
Por ello, los MBT (Main Battle Tanks) de la OTAN de aquel entonces pesaban bien arriba de 40 y hasta 60 toneladas y gastaban ñoncas de 120 mm. con ánima lisa, que dan velocidad de vuelo a la munición perforante. Esos MBT son tanques diseñados para trenzarse con los soviéticos, y viceversa, todo en un marco de llanuras logísticamente bien servidas de rutas, vías férreas y canales.
Los campos de Fulda son sitios adonde un tanque MBT llega a la batalla en tren, quizás en camión con acoplado, y más raramente, rodando por asfalto. Y ya en combate, pega y recibe tiros generalmente horizontales. Nada más ajeno a la lucha en tres dimensiones que un MBT de los ‘70, y por eso fracasan a lo grande en Ucrania.
But this is Argentina, octavo país del mundo por superficie seca: aquí caben 4 Ucranias y media, o 5 Francias, pero casi el 70% del territorio es árido, o montañoso, o despoblado.
De yapa, todo está cada vez más lejos de todo, porque desde 1958 una caterva infinita de turros y vendepatrias viene clausurando ramales de tren, y las rutas son y seguirán siendo una perdición.
Los malos tienen más yeites. Mientras los milicos Nac & Pop discutían acaloradamente el TAM como alternativa nacional a la compra de MBTs como los M-60 brasucas y los Leopard chilenos, el Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, iba cerrando 10.000 km. de vías férreas, clausurando 1000 de las 2400 estaciones, echando a 66.000 ferroviarios y desguazando las 6 líneas patagónicas sin interconexión al sur del ramal Roca.
De este modo, los ágiles TAM perdían toda logística asistida terrestre, salvo la macilenta ruta nacional 3 o la impasable 40, en casi 750.000 km2 de Patagonia Argenta. El general Augusto Pinochet debía relamerse.
En este cuadro, el MBT tipo de la OTAN, con su sediento motor de más de 1000 HP no sólo no cruza ningún puente argentino: se vuelve un búnker inmóvil de fierro al toque de quedarse sin gasoil, si nos tomamos el trabajo de bombardear los camiones cisterna a retaguardia. Aquí se necesita otra cosa más autónoma.
La batea del Marder, livianita como la de todo transporte artillado de tropas, tenía el motor delante en lugar de atrás. Esa misma idea había sido ganadora cuando compramos la licencia del AMX-13, y gustó y se conservó a la hora de diseñar el TAM.
Un TAM a punto de pasear por el fondo del arroyo de Azul, provincia de Buenos Aires, y sin snórkel.
Un MTB con motor delantero es más raro que un perro verde. Los israelíes, sin embargo, adaptaron ese truco para su bestial MBT Merkava: el block de un diésel grandote da blindaje adicional a la tripulación contra corchazos por frente, los más frecuentes en lucha blindada. Y la tripulación, como todo recurso humano calificado, es la parte más cara de cualquier tanque.
El truco también protege bastante la munición del cañón de 105 mm. Eso permite llevar a bordo del TAM una alta cantidad de corchos: arriba de 50 (el AMX-13 cargaba sólo 12, en comparación). La oruga del TAM es de fierro y no de goma, menos durable. Y es que sin trenes ni rutas capaces de bancar camiones-plato, un TAM debe llegar por las suyas al frente, y más rodando por ripio y piedra que por asfalto.
Los de Thyssen se rascaban la cabeza ante la suma de rarezas gauchas que iba saliendo, pero “der Kunde hat immer recht”, que en el castellano de revistas argentinas de negocios significa: “El customer está siempre right”.
Los nibelungos pensaban que éramos bastante pelotudos (Arschlöger!!). ¿Por qué no adoptar algún blindado multirruedas, en lugar de calzado con orugas? Son más rápidos y dan más autonomía. No dejaban de tener una parte de razón.
En los ’70 ya lo hacían los sudafricanos, con territorios gigantes y caminos horribles. Y es que los boers no se sienten europeos ni tienen el berretín de armarse como si lo fueran. A los brasileños también les empezaba a caer la ficha del multirruedas, y por lo mismo.
En contrapartida, una oruga relativamente ancha y un peso mediano se llevan mejor con los barros de la llanura chaqueña y de la estepa patagónica, en los que podés enterrarte hasta los ejes aunque tengas 6 u 8 ruedas de tracción.
La torreta del TAM se dibujó muy petisa, porque, después del frente, es la parte que se come todos los corchazos del zaino y felón enemigo. En cuanto al cañón, un 120 mm. era potencia al cuete y repetir la historia del AMX-13, aquel enano con tanto garrote que no lograba blandirlo.
Se prefirió el viejo L7 inglés, que ya se fabricaba aquí bajo licencia, con munición y todo. A 2000 metros da una muy buena puntería. Si había que pelear con vecinos grandotes, eran preferibles la movilidad y la exactitud.
Ud. se preguntará cómo un país que cierra sus ramales y sus fábricas de locomotoras y vagones se atreve siquiera a producir tanques. Buena pregunta: son industrias distintas, pero tienen una vasta cadena de proveedores metalmecánicos en común. La misma pregunta habría valido en los ’90, cuando Menem –perfeccionando lo de Martínez de Hoz- nos dejó además sin astilleros.
Lo dicho: el TAM nació en una Argentina que empezaba a evaporarse como ecosistema industrial complejo.
El asunto es si potenciarlo puede servir para resucitarlo un poco. Porque las armas sirven para dos cosas: para crear trabajo, y para no tener que usarlas. Toda guerra, incluso ganada, en el fondo es un fracaso.
SE FUNDA LA PLANTA TAMSE PARA CERRARLA
Los TAM 2C-A2 en reconstrucción en la planta TAMSE de Boulogne, cuando fue reabierta. Poco duró.
El Ejército capacitó ingenieros mecánicos, armeros, electrónicos y de comunicaciones en Thyssen, y en el predio del Batallón de Arsenales 601 armó TAMSE, una Sociedad del Estado con 15.000 m2 de planta. La firma está en Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires. La Fábrica de Municiones de Río Tercero, Córdoba, hacía las torretas, cañones y orugas.
El plan era destetarse carrera marr de los componentes nibelungos y reemplazarlos por nacionales. Y así se fueron integrando Mecatrol, Fiat Argentina, los astilleros ASTARSA y Mestrina, RepMan, Synteplast, Lusol, Pictum, Rodajes Argentinos, Montefiore, Joleni, AEG Telefunken Argentina, Alfredo López, Grisolia y Romero, Técnica Toledo, Champion, Dearmedelec, Tensa y decenas más.
El momento cumbre de la nacionalización del TAM fue cuando los Altos Hornos Zapla, de Fabricaciones Militares, sustituyeron con aceros jujeños al alto cromo los blindajes alemanes.
En 1980 el TAM, con sus escuetas 30 a 35 toneladas, y su coraza y cañón modestos, a fuerza de confiable, móvil y preciso era quizás el mejor tanque de la región. Ésta se iba llenando de viejos MBT, todos muy OTAN, más poderosos pero nada amigados con sus geografías.
El TAM llegó rápido al 70% nacional en valor, y lo único que le quedaba teutónico era el motor diésel MTU, de unos wagnerianos 720 HP. Pero ya se le venía uno nacional, salido de la planta GMD de locomotoras de la Fiat en Ferreyra, Córdoba.
Y todo este despliegue no sirvió de mucho cuando en 1983 entre Martínez de Hoz, la timba financiera, la libre importación y la libertad de repatriar ganancias fundieron el país hasta el caracú. Y trascartón, la guerra de Malvinas, comienzo de nuestro propio “siglo de la humillación”.
TAMSE sólo llegó a construir 247 tanques, que llegan a 400 sumando los derivados de artillería que usan la misma batea: son un lanzacohetes multitubo y un obús autopropulsado de 155 mm. Hay también un vehículo comando, con grandes equipos de comunicaciones.
Con la democracia el TAM tuvo problemas. En la Semana Santa de 1977, el general Ernesto Alais tenía que llegar en 4 horas desde Rosario hasta Campo de Mayo para sofocar el primer levantamiento carapintada del teniente coronel Aldo Rico. Pasaron 4 días sin que llegara.
Los TAM no mostraron en absoluto su famosa velocidad rutera de 80 km/h. El tema de Rico, atrincherado en la Escuela de Infantería, era –sigue siendo- el indulto de los genocidas. Alais tenía su propio pasado negro en Tucumán, como exjefe del Regimiento 19 de Infantería, y poco apuro en enfrentarlo.
Raúl Alfonsín, caudillo radical de Chascomús y padre putativo de la democracia, no puso un mango en recuperar la industria militar. Y no sólo porque el país estuviera fundido. Más bien, Alfonsín inició esa rara tradición criolla de desmilitarizar la política y dejar sin fierros a las Fuerzas Armadas, en lugar de encanar a sus golpistas y represores. Es como cortarle el cable de potencia a una computadora para sacarle los virus. No se los sacás. Pero además, perdiste la computadora.
Pero esa política te gana aplausos externos. Desde nuestra derrota en la Guerra de Malvinas, y justamente porque el Reino Unido ganó muy con lo justo, nuestro programa industrial de defensa está escrito por el State Department, rubricado en Whitehall y traducido en Miami. No es muy largo. Dice: “Argentina no debe rearmarse, punto”. Y le damos bola, como si EEUU nos garantizara la paz, y el desarme garantizara nuestros derechos humanos.
Ya en tiempos de Carlos Menem, cuando el tercer y último alzamiento carapintada, dirigido desde la cafúa por Mohamed Alí Seineldín (lo llamó “Virgen del Rosario”), el 3 de diciembre de 1990 los alzados tomaron la planta de TAMSE.
Tras cagarse el día entero a morterazos y cañonazos con los leales en pleno barrio de Boulogne, los carapintadas se escaparon con 6 tanques TAM por la Panamericana. Los vecinos sobrevivieron todos, no así sus casas.
El último TAM de la columna, sin embargo, se llevó puesto el bondi 314 de la línea 60, que bajaba repleto de gente desde la autopista al barrio. Lo volcó y arrastró decenas de metros. Del arabesco resultante de chapa los bomberos fueron extrayendo a cizalla 20 heridos, casi todos graves, y 5 muertos, entre ellos un pibe de 17 que volvía del cole. Sin palabras.
Aquel día los TAM por fin mostraron su famosa velocidad al rajarse de los leales. Y eso, porque por fin había leales: la tercera rebelión carapintada fracasó por inútil: el presidente Carlos Menem ya había librado de culpa y cargo a los genocidas, y a los altos ofiches con alto prontuario les garpaba más ser re-buenos y re-constitucionales. Pero eso sí, Menem cerró TAMSE.
Las víctimas del interno 347 de la línea 60 en Av. Rolón, embestido por un TAM el 03/12/1990.
En fin, a TAMSE luego le sobrevinieron el menemato y la nada: cierre de la fábrica en 1994. Desde entonces, la planta reabrió para consumir componentes de anaquel y recauchutar los TAM remanentes, o en canibalizar los más chotos para garronearle vidas extra a los más enteros.
Luego, para borrar pruebas físicas de la venta ilegal de obuses a Croacia, Menem hizo volar FM Río Tercero. Murieron 7 personas, hubo decenas de heridos graves y desapareció la mitad de la ciudad. Y también se perdieron dos capacidades críticas del TAM: la fabricación del cañón de 105 mm., y la de sus municiones, que desde entonces hay que importar de Israel o de Corea. Cada tiro antitanque tipo “flecha”, o APDS, sale U$ 36.000. Eso explica que practicar tiro con munición sea imposible.
Menem jamás estuvo preso por tanto daño. Murió senador, para vergüenza de su partido y de nuestra democracia.
Con esta segunda modernización a standard 2C-A2, TAMSE tendría algo de sentido y futuro, y también sus proveedores: se necesitan unos 200 componentes metálicos nuevos para actualizar cada tanque.
El problema es que, munición aparte, la cantidad de componentes ópticos, electrónicos e informáticos para la tarea es enorme. Eso ya era difícil cuando existía el FONDEF. Cuando Milei habla de modernizar al menos 74 tanques antes de 2027, miente. Quienes dicen creerle también.
Chile, para el caso, ha venido acumulando muchos MBT alemanes Leopard “de dos cosechas distintas”: 234 modelos 2A4 y 140 antiguos V1. Ambos modelos pesan casi 63 toneladas y llevan cañones de 120 mm: unos terribles Goliaths.
Pero los transandinos son más esclavos de sus errores que nosotros, porque son más caros. La guerra de Ucrania abunda en drones suicidas de unos centenares de dólares que hacen puré a blindados que no bajan de U$ 5 a 10 millones, sin importar si son rusos u occidentales. Eso nos recuerda que la piedra de David era suficientemente buena, y si erraba el tiro, de reposición barata.
Por eso Brasil fue arrimando la bocha a los multirrueda todo lo que pudo. Hoy los primos tienen 470 MBT a oruga de 2da mano: son 91 M60 estadounidenses y 378 viejos Leopard 1 A, de los modelos 5 y 1. Son francamente inútiles y evidencia de pensamiento senil. Pero los brasucas hoy tienen otra visión.
Si los primos entran en un conflicto largo, dependerán mucho más de sus multirruedas Guaraní, Urutú y Cascavel, aunque no son propiamente tanques sino blindados livianos de combate o transportes de infantería más o menos artillados. Los Guaraní son los más modernos, versátiles y equipados, y están reemplazando a los otros dos modelos.
Si se arma entre blindados, hoy a los brasucas les cierra mejor tener muchos carriers mezclados con unos pocos tanques grandes. Para ello tienen el Guaraní 6×6, un IVECO italiano fabricado bajo licencia en Sete Lagoas con la idea de llegar a 2044 unidades, de las que ya se entregaron 650.
El Guaraní 6×6 es un carrier para dos motoristas y plantel de 9 soldados, blindado contra balas hasta calibre .50, metralla de mortero y explosión de minas. Es anfibio, tiene buenos sensores y equipos de comunicaciones, y capacidad de combate autónomo gracias a una torreta telecomandada local RemaX con metras 7,62 mm o .50 mm.
Una torreta estadounidense compatible con el Guaraní puede llevar un cañón automático Bushmaster multitubo de 30 mm., con el que se puede dejar ciego y aislado un MBT de 50 o 60 toneladas alemán, yanqui, británico o francés, sin dejarlo siquiera apuntar su cañón de 120 mm.
El Guaraní es muy multifunción, como el TAM, y su batea sirve para vehículo de comando, para tubos lanzamisiles o para un mortero de 120 mm. Para el caso, la más furibunda y móvil pieza de artillería del Ejército Argentino es el Palmaria, un “howitzer” de 155 mm. de largo alcance montado sobre el muy versátil chasis de un TAM.
Para Brasil, los multirrueda Guaraní, sin importar si son 4×4, 6×6 u 8×8, resultan más ahorrativos, más nuevos, más rápidos y, sobre todo, más propios que sus vehículos de oruga, y ni hablar de sus tanques pesados o MBTs.
Deben haber firmado condiciones muy libres de restricciones con los tanos de IVECO (un brazo de la FIAT), porque planeaban exportar el Guaraní a toda la región. Los vehículos venían con un crédito del BNDES, que viene teniendo un rol impresionante en la exportación de armamento brasileño a decenas de países.
Están casi condenados a que les vaya bien. Pero en el invierno de 2023 el Ministerio de Hacienda de Brasil, dirigido por el trabalhista Fernando Haddad, canceló una orden argentina por 156 vehículos formulada por el Jorge Taiana, cuando era MinDef, apoyado por plata del FONDEF, que acababa de llegar al 0,8% del PBI argento (US 628 mil millones en 2023).
En su momento pensé que era una tremenda turrada, visto que esa cancelación la tiene que haber firmado Lula. ¿Y el Mercosur y el Unasur, qué, Seu Luiz Inacio da Silva? Pero hoy saco cuentas de que los brasucas preveían la victoria libertaria, y que si subía Milei, los íbamos a clavar con el crédito.
Esto viene a cuento de que por primera vez en 40 años de democracia argentina por fin había una platita para rearme independiente de resultados electorales. No es alta tarasca, pero frente a la inopia invicta desde 1982, permitiría ir regresando, en tal vez una década, tal vez en dos, a mínimos de credibilidad disuasiva.
Hemos hecho el experimento geopolítico de carecer de autodefensa durante 40 años, siendo dueños (aún) del país número 8 del mundo por extensión territorial indiscutida. Más de un imbécil cree que eso nos salió bien.
Bien, un carajo. Una cosa es meter genocidas en cana. Otra cosa es dejar desarmados a los milicos NO genocidas, y con la obligación incumplible de defender territorios gigantes.
¿Cuánto de incumplible?
EL PRECIO DEL DESARME UNILATERAL
Los TAM 2C tirando en el polígono del Regimiento 9 de Caballería de Puerto Deseado, Santa Cruz.
Nadie que conserve 3 submarinos viables, una flota de mar medianita, un portaaviones, aviación naval y grandes astilleros especializados está obligado a humillarse como la Argentina, aunque haya perdido una guerra.
Pero Carlos Menem, Mauricio Macri y el tiempo lograron que perdiéramos también los astilleros, el portaaviones, casi toda la flota, y los submarinos y aviones. El FONDEF fue lo único que hizo el kirchnerismo para empezar a mitigar el “cuesta abajo en mi rodada”.
A un país que se desarma a pedido, no se lo respeta. Nuestra cancillería, con pocas y breves excepciones, no es famosa por defender a su país. Pero integra un poder político que lleva décadas desmantelando de equipamiento y RRHH a las Fuerzas Armadas. ¿Qué credibilidad tendría si pateara el tablero actual?
Las consecuencias territoriales de la Guerra de Malvinas por ahora se expresaron mayormente en el mar, lo que permite practicar una perfecta ignorancia de lo que llevamos perdido y estamos por perder.
Con la desaparición de su Armada, la Argentina se aseguró el descontrol sobre ese millón residual de km2 que le han dejado de ZEE indiscutida. Allí, por pesca pirata o legal pero incontrolada, el país está perdiendo U$ 4.500 M/año de materia prima.
Si se le añade el valor para llegar a los anaqueles del Hemisferio Norte, son casi U$ 14.000 millones, cálculos de César Lerena, experto en pesca y en romperle las pilkes a nuestros cancilleres. Tarea patriótica y hoy por hoy estéril, si la hay.
A partid de 1986, se fue imponiendo la ley de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva a partir de las líneas costeras de base de CONVEMAR, organismo de las Naciones Unidas para fijar límites marinos.
Con eso, en lugar de 11.410 km2 del archipiélago malvinero y sus 12 millas desde la línea de base costera, en los años siguientes, y reclamando sus 200 millas, paso a paso, el Reino Unido fue arrinconándonos contra la costa y expulsándonos del Atlántico Sur.
Como dueño por fuerza de los tres archipiélagos australes (las Georgias y las Sandwich), ya se apropió de modo efectivo de 1.639.900 m2 de Plataforma Continental Argentina donde hasta 1982 podíamos pescar con titularidad semiplena. Pero esa zona hoy la administra Londres.
El negocio de la venta de licencias pesqueras emitidas desde Port Stanley logró que desde la guerra de Malvinas, las pesqueras españolas, chinas, coreanas, taiwanesas, japonesas, polacas (and what not) levantaran 47 mil millones de toneladas de varias especies de muy diverso valor, y sin pagarnos un mango.
A alrededor de U$ 4000 la tonelada genérica, Lerena calcula que llevamos perdidos unos U$ 188 mil millones. Ojo, Lerena no computa los puestos de trabajo perdidos en buques, plantas de fileteo y envasado y astilleros argentinos. Porque teníamos más de 22, y eso contando sólo los grandes, y salvo 3, todos privados.
Tampoco computa el “by catch”, o pesca incidental, típicamente lo que tiraste muerto al mar para hacer espacio en bodega, ya que pintó merluza grande, más valiosa. Tampoco computa los trasbordos ilegales desde pesqueros a “reefers”, barcos factoría congeladores, más allá de la milla 200.
En 1970 aquí no había pesqueras que no fueran nacionales. Tras la catástrofe de Malvinas, en realidad mucho más política y social que militar, hoy 7 de las 10 principales exportadoras con planta de fileteado en tierra son españolas y chinas. ¿Y las viejas marcas argentinas de pescado enlatado, como La Campagnola, o Mellino, o Estrella de Mar? Kaput.
¿Cuántos miles de puestos de trabajo argentinos costó eso? Aproximadamente 6000 con el hundimiento de las conservadoras marplatenses. Cerca de 40.000 en toda la costa, durante el colapso biológico del Mar Argentino entre 2003 y 2006, vaciado a mansalva por las pesqueras españolas. Eso es una pérdida peor que arriar la celeste y blanca en Stanley, aunque sean consecuencia y causa.
Hay unos 120 buques extranjeros que pescan en las islas demasiado famosas, con licencia emitida por Stanley, y extraen unas 250.000 toneladas y gozan de puerto y servicios logísticos en Montevideo.
Pero esos son apenas la frutilla de la torta. Atraídos por la evidente falta de defensa territorial argentina, desde hace una década nos visita cada estación cálida una flota de ya 650 barcos asiáticos, mayormente chinos, que operan desde la milla 201 durante el día. De noche se meten en la ZEE, con las radiobalizas identificatorias apagadas.
Ud. habrá notado, como cliente de hipermercados extranjeros (son los que quedan), que desde 2015 desaparecieron las secciones de pescadería. Tenían aquellas enormes góndolas llenas de hielo picado y reluciente pesca del día, nunca menos de 10 especies.
Hoy las reemplaza una heladerita miserable de congelados, o un mostradorcito amarrete con cuatro merluzas hubbsi minúsculas, muertas en la niñez porque ahora se pescan juveniles.
Eso indica que los tres caladeros del Mar Argentino están nuevamente para atrás y al borde del colapso, como entre 2003 y 2008, o que hay una decisión firme de abastecer ya no a España, sino también a China. Lo que lleva a que el consumo argentino individual de pescado sea de 5 kg/año, contra más o menos 17 kg. promedio de las 193 naciones. Nuestro acceso dietario al pescado más o menos el de Paraguay.
Lo oigo rechinar: “Hablá de tanques, aparato”. Téngame paciencia.
Sólo Bolivia ranquea debajo del nuestro. Pero hablo de dos países enérgicamente mediterráneos. Nosotros tenemos Tendría 6.816 km, según el CONICET, 5.087 km. según el Servicio de Hidrografía Naval, y 4.725 según el Instituto Geográfico Militar. Y son tres buenas instituciones científicas.
Lo escalofriante es que desde que nos corrieron a tiros de las Malvinas, nuestro trauma cultural con el mar es tan grande que no tenemos idea de cuánta costa tenemos sobre el Atlántico.
Cuando La Embajada nos caga a pedos por permitir tanto chino suelto en nuestro millón de km2 residual de ZEE, nos ofrecen patrullar, siempre generosos, con sus guardacostas, la US Coast Guard. El primero que picó la carnada para pedir ese “servicio” fue el gobernador mileísta de Chubut, Ignacio Torres, y ofreció darles puerto permanente: un patriota. Posó para la foto con el inevitable embajador Marc Stanley y otros pescados.
Pero como eso todavía es infumable para el resto del país, la Prefectura o la Armada reciben órdenes de capturar simbólicamente a algún pirata al voleo, en tiempos de Mauricio Macri, sin ir más lejos. No es que les sobren efectivos para ello, ni que sea tan fácil: a veces hay persecución rumbo a la milla 200, e intentos de colisión por parte de los pesqueros, y tiros.
Cuando se prende alguno se lo trae a puerto y la prensa boba se hace una fiesta de argentinidad al palo. Pasadas las celebraciones, los jueces federales de lugares “hot” como Comodoro Rivadavia duermen el expediente hasta que triunfa el perdón cristiano, o todo prescribe, lo primero que suceda. Y después el buque regresa silbando bajito a su patria y su piratería.
No se puede repetir mucho la patriada, porque China también se enoja. Y lo que le falta aquí de manija política, le sobra de económica.
Si se los decomisara, sería un problema qué hacer con las tripulaciones, normalmente filipinas, malasias y semiesclavas. ¿Cómo remitirlas a sus países de origen? Pero además son tantos los buques que no habría lugar para ponerlos en los muelles de los puertos patagónicos.
Y como las naves no tienen valor comercial (son chatarra que flota de milagro), las patronales los abandonan hasta que se terminan inundando y hundiendo. El primer caso que conocí fue el del Mar Brillante, chino, abandonado y naufragado en Puerto Deseado. Fue un grave despelote, con buzos tácticos de la Prefectura y explosivos, remover ese casco.
Cosas así pasaron varias veces antes y también desde entonces. El modo de joderlos bien jodidos a los piratas es simple: les decomisás de oficio las artes de pesca, generalmente más costosas que el barco. Y a cantarle a Gardel. Los jueces lo saben. No lo hacen.
En este cuadro, de los 965.314 km2 de territorios secos antárticos argentinos que forman nuestro novedoso y re-patriótico mapa bicontinental, olvídate, cariño. Pero en lugar de la propiedad virtual de esos lares polares, me interesaría poder defender, para empezar, las provincias patagónicas. Y es que según el rumbo que traemos, el próximo mapa argentino sorprendente terminará más o menos en el Río Colorado, y
¿Pero este no era un artículo sobre tanques, y específicamente, de la renovación del TAM? Lo sigue siendo. Ese tanque se diseñó para llegar hasta los Andes y bloquear los pasos desde Chile, así de simple.
Las guerras entre estados pobres pero con enormes fronteras son malas. Suelen terminar con ambos contendientes proclamándose ganadores, con el mismo mapa con el que empezaron, y con un duradero “amén” de millones de muertos y heridos y devastación social, económica y ambiental.
Sucedió con el conflicto entre Bolivia y Paraguay (1932 a 1935), y también con el de Irán e Irak (1980 a 1988).
En una guerra corta y sorpresiva, estilo la de los 6 días entre Israel y sus vecinos árabes, por equipamiento y preparación Chile nos sacaría media Patagonia en días. Si no lo ha hecho (todavía), es porque con nuestros ventajas educativas e industriales remanentes, generamos dudas.
Podemos transformar una blitzkrieg en una guerra de desgaste, y seguirla y seguirla. Si terminamos peleando con palos y piedras, al menos podemos fabricar nuestros propios palos y piedras. Con su negativa a la educación pública y gratuita casi incólume desde 1818, Chile no tanto.
El año pasado me alegré de que Taiana como Ministro de Defensa destinara el FONDEF a, entre otras cosas, modernizar el viejo TAM. Pero si queremos modernizar más de 10 tanques a estándar 2C-A2, será mejor que la tecnología nueva en sensores y computadoras no las ponga Elbit, de Israel, sino INVAP, Fixview y otras empresas argentinas que diseñaron sistemas radáricos, ópticos e infrarrojos, y plataformas estabilizadas.
No me interesa tanto el tanque, porque estamos en una época en que son alimento balanceado para drones. Me interesan más las cadenas de valor industrial que pueden sustentar ese tanque. Y construir en Argentina, donde también está IVECO, los Guaraní que Brasil no se atreve a vendernos para que no lo clavemos en plata. Y artillarlos aquí.
By the way, INVAP, a quien Macri le suspendió todos los drones del Proyecto SARA en 2016, ahora está diseñándole sistemas antidrón al Ejército Argentino.
El TAM estará con nosotros bastante tiempo. Pero necesitamos desarrollar misiles de infantería, baratos, suficientemente buenos, fabricables en masa y de tecnología propia.
Y sobre todo, necesitamos radares, sistemas de guerra electrónica y drones. No sólo aéreos sino terrestres, marinos y submarinos. Son lo sencillo, lo barato, lo posible. Y son el futuro.
Nadie empata una guerra con armas prestadas. Ni siquiera con armas regaladas. Ucrania, damas y caballeros, no lo está logrando.
El general Manuel Savio, al que recordamos aquí, habría entendido bien por qué. El general San Martín, también.
El Baindbridge Fund pidió a la jueza federal Loretta Preska, en Estados Unidos, que le solicite información a la Argentina sobre el destino y el uso de las reservas de oro del Banco Central, que fueron enviadas por el gobierno de Javier Milei a Londres.
Este fondo ya tiene un fallo favorable por US$ 95 millones más intereses por deuda argentina en default, y está identificando activos para cobrar la sentencia.
En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío de reservas de oro a Londres: «Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno».
«El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Y tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo», justificó el funcionario.
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, comentó a PERFIL que Baindbrige basa su reclamo en que “Caputo, por ser ministro de Economía, no debería tomar decisiones sobre el oro que pertenece al Banco Central. De esa manera, puede ser utilizado para demostrar el alter ego, es decir que el Banco Central y que Argentina son lo mismo”.
Maril sostiene que Argentina continúa con una práctica equivocada que puede perjudica su posición en las cortes internacionales. “En los últimos 20 años, en los gobiernos de CFK, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, las personas que deben tomar decisiones dentro de cada cartera no lo están haciendo y están permitiendo que otros lo hagan”.
“Como Argentina mezcla esto, se puede comprobar fácilmente que es el alter ego en Aerolíneas Argentinas e YPF, por ejemplo. Para evitar que esto ocurra, el presidente de YPF debería haber ido al Congreso a hacer lo que hizo Sergio Massa el año pasado o el presidente del Banco Central debería haber tomado las decisiones sobre el sobre el oro como hizo Caputo”.
Reclamo de los beneficiarios por el juicio de YPF
Por otro lado, beneficiarios del fallo YPF también mencionaron ante la jueza neoyorkina el anuncio de Caputo el envío del oro al exterior como prueba de alter ego entre el Banco Central y la República.
En su presentación, los litigantes consideran que “cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recibió una solicitud de información pública sobre la transferencia de reservas de oro fuera de Argentina, fue el Sr. Caputo, y no el Sr. Bausili, quien anunció la operación a la prensa (junto con otras declaraciones públicas sobre los planes del gobierno para fortalecer el peso, un tema de política monetaria dentro del ámbito del BCRA)».
«Además, la prensa informó ayer que el Sr. ‘Caputo está cerca de cerrar un préstamo de casi 5 mil millones de dólares del Banco de Basilea… para fortalecer las reservas del BCRA’”, menciona el escrito.
Maril opinó que, en general, “el argentino no se da cuenta que las decisiones que toma tiene consecuencias. ¿Por qué se envía el oro a Londres, que es el epicentro de los embargos junto con Nueva York? Allí están los juicios por cupón PBI e YPF, entre otros”.
“Con eso no digo que los beneficiarios de los fallos van a tener éxito en el embargo, pero ha causado mucho ruido en Wall Street el hecho de que un fondo que esté intentando ir contra el oro argentino”.
“Vamos a ver en góndola cada vez más productos de afuera”, dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, al disertar este martes en el Agribusiness Conference 2024, que organizó en el hotel Alvear la Cámara de empresas de EEUU en la Argentina (Amcham). Como parte de un panel titulado “Comercio e integración internacional: impulsando las exportaciones argentinas al mundo”, el funcionario se refirió a la apertura de los mercados y a la vocación que tiene la actual gestión económica de eliminar la burocracia que “no genera valor”.
“Lo que hemos tratado de hacer es que el valor que se genera sea acá, y eventualmente con la apertura de mercados. Que no sea en una oficina pública, con trámites que no generan valor. Porque al final del día, cuando uno empieza a discutir la política detrás, la sustitución de importaciones y todo lo que lo empuja, es un burócrata decidiendo y no generando valor”, remarcó Lavigne, quien, ante líderes del sector privado, sociedad civil y la academia, agregó: “El valor lo generan los 45 millones de argentinos interactuando entre ellos y eligiendo lo que es mejor para producir”.
En este sentido, el secretario de Comercio planteó que la idea del Gobierno es que en 2025 los empresarios no tengan que hacer ningún trámite en la dependencia que él dirige. Y dijo: “La figura del secretario de Comercio debería ir evaporándose y que solo quede la generación de valor y la necesidad de apertura de mercados que le da competitividad para que Argentina se inserte al mundo y exporte. Y ésa es la agenda de la intrascendencia, es simplificarle la vida a ustedes en la medida de lo posible, en el día a día, en los trámites, en los accesos a los insumos”.
Lavigne precisó que lo único quedará para el año próximo es eliminar la ventanilla única de Comercio Exterior, para que se pueda operar desde un entorno amigable del sistema, “punta a punta todos los trámites de importaciones y exportaciones”. “Nos habíamos puesto como objetivo finalizar toda esa desregulación, simplificación y bajas arancelarias que hemos podido este año. Lo más trascendental es que hemos quitado la discrecionalidad del Estado, y es sacar las SIRA, que era un error total”, consignó.
El funcionario agregó que también están apuntando a evitar las dobles certificaciones. Por ejemplo, un producto certificado en el exterior, que entra a un país de alta vigilancia va a poder ingresar a la Argentina, dijo. “Lo más razonable es que ya no se tenga que pedir permiso para operar, para importar o para subir un precio en góndola en el supermercado”, afirmó Lavigne.El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, repasó los objetivos de su gestión y se refirió a todas las medidas aperturistas y de desregulación que se están tomando desde el Gobierno
Consultado sobre la llegada de importaciones, afirmó que “el mundo funciona comerciando. Y si bien reconoció que “aparecerá el que diga ‘no quiero que entren remeras de Bangladesh, o no quiero que entre acero de Polonia´, el mundo crece cuando se comercia, y es sano que suceda, y vamos a ver en góndola cada vez más productos de afuera”. “Lo que nos ayuda la competencia es a innovar, a incorporar tecnología, es sano que suceda eso. Yo entiendo que algunos se van a ver afectados, pero como siempre sucede en el capitalismo, así funciona. El comercio genera valor, no lo destruye”, manifestó.
Apertura de mercados
“Sin importar no se puede exportar. Y una economía cerrada no es gratis. Entonces, se te van cerrando los mercados de exportación. Una apertura económica es una integración, una economía más grande, más comercio y precios más bajos”, concluyó Lavigne.
También estuvo presente en el evento de AmCham horas antes, Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción, quien destacó la importancia del sector agropecuario y lo calificó como uno de los principales motores de la economía argentina. Durante su presentación, Pazo subrayó el compromiso del gobierno con el sector, haciendo hincapié en las medidas que se están tomando para fomentar su crecimiento y reducir las barreras que históricamente limitaron su desarrollo.
“El campo no es un enemigo, es un aliado estratégico”, afirmó Pazo, al tiempo que explicó que una de las prioridades de su gestión ha sido eliminar regulaciones innecesarias y complejidades que afectaban a la producción. Entre las medidas anunciadas, destacó la eliminación de requisitos burocráticos en la exportación de granos y la flexibilización del comercio entre productores, así como la simplificación de la normativa vinculada a la comercialización de productos como el trigo y la soja.El secretario de Coordinación Productiva, Juan Pazo, participó del foro de agronegocios de Amcham
Asimismo, en su intervención remarcó la importancia de la innovación tecnológica en el agro. Pazo señaló que el futuro del sector depende de la adopción de nuevas tecnologías que aumenten la productividad y reduzcan la dependencia de factores climáticos. “No podemos basar nuestra competitividad en golpes de suerte, sino en decisiones estratégicas que impulsen la innovación y el crecimiento sostenido”, apuntó.
Por último, en relación con la unificación del tipo de cambio, uno de los temas más esperados por el sector, Pazo indicó que si bien no hay un plazo definido, el gobierno está trabajando para que se concrete cuando se den las condiciones adecuadas. “La visibilidad y la previsibilidad son clave para el productor. Necesitamos darles confianza para que puedan tomar decisiones de inversión con mayor seguridad”, concluyó.
Desafíos para el sector
El evento contó con la presencia de variados empresarios del sector, que dialogaron sobre el enorme potencial de crecimiento que tiene el agro y a la vez enumeraron los desafíos que el país tiene por delante para explotar al máximo las capacidad de este sector.
Durante sus palabras de bienvenida, de hecho, el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, se refirió a algunos de estos desafíos, entre los que mencionó la necesidad de trabajar en un marco regulatorio que le permita a las empresas realizar innovaciones y estar protegidas frente a ello.
“Hablamos de propiedad intelectual. Ningún país puede tener desarrollos innovadores, nuevos lanzamientos comerciales, si no encuentra un espacio en el que sus derechos sean protegidos. En el mundo, los únicos actores que invierten en desarrollo lo hacen a través de esa política de protección. Para avanzar en innovación y no perder competitividad frente a Paraguay o Brasil, por ejemplo, necesitamos que la Argentina ofrezca un marco regulatorio que contemple ese incentivo”, afirmó Díaz.
El CEO de Amcham también se refirió a la necesidad de tener una agenda de género en el sector, para que las mujeres sean más partícipes en esta industria; se refirió a la necesidad de reducir impuestos y, por último, trabajar en infraestructura. “Requerimos que, una vez que el Gobierno empiece a encontrar respuesta a los ingresos fiscales necesarios para ir al déficit cero, la reducción de la carga tributaria sea puesta sobre la mesa de discusión”, dijo el directivo.
Sobre la necesidad de contar con mayor y mejor infraestructura en el sector, Díaz afirmó: “La red vial y las dificultades en materia de conectividad son una dificultad para el sector. No hemos tenido mucho éxito en los sistemas de concesiones y cobro de peajes; hemos sido rupturistas seriales de todos contratos de estas caracterstcas. Pero hay que volver a establecer modelos de negocios donde se consiga acelerar ese proceso y no depender de que sea el sector público el único encargado de hacer infraestructura”, remató.
El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, repasó los objetivos de su gestión y se refirió a todas las medidas aperturistas y de desregulación que se están tomando desde el Gobierno
El secretario de Coordinación Productiva, Juan Pazo, participó del foro de agronegocios de Amcham