La Agencia de Desarrollo de la ciencia entra en estado de coma
La renuncia en bloque de la totalidad del directorio de la Agencia I+D+I puso de manifiesto la parálisis que afecta a un organismo clave en la financiación de proyectos científicos y tecnológicos del país. La incertidumbre es total.
Con prisa pero sin pausa, la administración de Javier Milei avanza, paso a paso, en el desmantelamiento del sistema científico tecnológico nacional. Al ahogo presupuestario sobre las universidades nacionales y la desfinanciación, despidos y ataques que sufre el CONICET, se le suma ahora la parálisis que desató una crisis institucional en la Agencia I+D+I.
“A pesar de haber realizado denodados esfuerzos como vocales del directorio –máxima autoridad del organismo– para arbitrar los medios a nuestro alcance en búsqueda de evitar el desmantelamiento, la parálisis y la destrucción institucional, nos vemos obligados a denunciar la situación de deterioro institucional, que corroe los objetivos para los cuales el organismo fue creado”, señala uno de los párrafos de la declaración con la cual los nueve vocales que integran el Directorio de la Agencia dieron a conocer públicamente, el viernes 12 de abril, su renuncia en bloque al organismo.
“Estábamos en una especie de limbo porque entre el 10 de diciembre y fines de marzo no se había nombrado un presidente para la Agencia. Y el secretario de Ciencia, Alejandro Cosentino nunca nos convocó formalmente, solo participaba de charlas informales y no nos daba ninguna respuesta. Además, había un destrato bastante importante”, relata María Cristina Carrillo, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Rosario y una de las vocales renunciantes. Y completa: “La situación no mejoró con la designación de Alicia Caballero. Es una economista de la UCA que creo que no entiende la dimensión del trabajo que hacemos en la Agencia”.
“Están destruyendo la Agencia, el CONICET y las universidades”.
“Luego de la renuncia ninguna autoridad se comunicó con nosotros, ni dieron algún tipo de respuesta a nuestros planteos. Sí se están comunicando cientos de investigadores y directores de institutos que nos dicen que era necesario poner en evidencia esta situación. Para nosotros eso es un aval a la decisión unánime de renunciar”, afirma Rubén Zárate, profesor de la Universidad de la Patagonia Austral, y ex secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Chubut.
A la precaria situación institucional, los renunciantes sumaron advirtencias acerca de la parálisis que pesa sobre el organismo y manifestaron que esta situación se refleja en la destrucción de recursos estratégicos. “En primer lugar, se observa que la plataforma informática diseñada para agilizar la evaluación fue desmantelada. En segundo lugar, se llevó adelante la desvinculación de dos funcionarios claves para el desarrollo del organismo: los directores del Fondo Tecnológico Argentino y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. Y en tercer lugar, se denuncia la arbitraria decisión de reducir la planta del personal, afectando criterios básicos de desempeño en las funciones requeridas”, sostienen en el comunicado.
“En estos meses se despidieron 90 personas que eran recursos humanos altamente calificados, formados en la propia Agencia, que trabajaban en la gestión de todos los instrumentos que dispone el organismo, con lo cual quedamos muy disminuidos. Por otro lado, el desmantelamiento del sistema informático que se había perfeccionado para que se pudieran cargar los proyectos de una manera mucho más amigable y en el que se había invertido mucho dinero, es una decisión lisa y llanamente incomprensible”, se lamenta Carrillo.
La Agencia I+D+I es un organismo nacional descentralizado, con autarquía administrativa y funcional que actúa bajo la órbita del ex ministerio y ahora Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene por objetivo promover la investigación científica, la generación de conocimiento y la innovación productiva de la Argentina. Para eso cuenta con instrumentos de promoción orientados a distintas temáticas, sectores y beneficiarios que se plasman por medio de tres fondos de financiamiento, que reciben recursos del Tesoro nacional y de diferentes organismos internacionales: FONCyT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica); FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), y FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial).
“Hay una orientación deliberada de debilitar, disminuir y desmantelar».
Para dar cuenta del rol central que ocupa la Agencia en el sistema científico nacional basta señalar que, entre 2019 y 2023, el organismo invirtió (en pesos constantes) 130 mil millones de pesos en la financiación de más de 130 líneas de investigación de todas las grandes áreas del conocimiento, que incluyen más de 9 mil proyectos en los que participaron más de 30 mil investigadores e investigadoras, más de 1.100 becarios. Además, lanzó 15 convocatorias cofinanciadas con provincias y gestionó 465 millones de dólares provenientes de organismos internacionales.
“La Agencia es un gran seleccionador de las mejores ideas, un pilar importantísimo en la financiación de proyectos y es la institución que tiene la responsabilidad de lograr el máximo impacto con esas iniciativas científicas. La Agencia y el CONICET son los dos engranajes clave que distinguen al sistema científico argentino del resto de América Latina”, sostiene Fernando Peirano, expresidente de organismo entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Para Peirano, “si bien no se ha escrito y no se ha hecho ningún anuncio, la propuesta de Milei es reducir a la Agencia a su mínima expresión, desatendiendo la mayoría de sus obligaciones. Una Agencia en estado de coma que, con suerte, va a poder sobrevivir a esta etapa histórica”.
Estos análisis parecen confirmarse a partir de charlas informales que algunos de los ahora exvocales mantuvieron con el secretario Cosentino. “Él nos dijo que la Agencia estaba muy expandida, que gastaba mucho dinero, que en este momento no había plata y que se tenía que hacer un análisis de los recursos y de todos los instrumentos que tiene el organismo para definir con cuáles se podía seguir adelante y con cuáles no”, recuerda Carrillo.
¿Pero es realmente la falta de recursos el motivo que ha llevado al gobierno de Milei a paralizar a la Agencia? ¿Estaban efectivamente vacías las arcas del organismo hacia diciembre de 2023? ¿No cuenta la Agencia con fondos internacionales para solventar proyectos plurianuales que estaban en poder de la institución?
“La Agencia tiene un fondo fiduciario que al 10 de diciembre contaba con 5 mil millones de pesos para financiar proyectos. Esos recursos estaban en caja y no se pueden utilizar para otra cosa. Sin embargo la acefalía primero, que duró meses, y luego por decisiones políticas no se están transfiriendo en tiempo y forma”, explica Peirano y completa: “Hay convocatorias con el orden de mérito resueltas, más de 1.500 proyectos aprobados y no se convierten en contratos para su puesta en marcha. Hay una convocatoria de proyectos para 2025 que se viene estirando. Todo se dilata, todo se posterga. Cuando un engranaje como la Agencia se paraliza, el sistema en su totalidad se termina frenando”.
“La Agencia está paralizada –asegura Carrillo–. Fijate que hubo un llamado para los PICT de 2023 que nosotros sacamos y ellos lo suspendieron y lo postergaron hasta julio. O sea que muchísima gente se queda sin saber si le van a pagar el subsidio para el cual se presentaron. Va a quedar un vacío de varios meses sin subsidiar lo cual es terrible para un grupo de investigación. La incertidumbre es total”.
Pero entonces, si hay dinero que, además, no puede utilizarse para otros fines, ¿cuáles son los motivos que llevan a la actual administración minarquista a desmantelar el organismo? Y si la Agencia desaparece, ¿qué consecuencias puede tener sobre el sistema nacional de ciencia y tecnología? ¿Puede haber ciencia sin Agencia en Argentina?
“Yo no creo que este sea un plan de ajuste clásico como los que han ocurrido en otros períodos cuando el neoliberalismo gobernó el país. Me parece que ahora hay un nivel de agresividad inusual que excede lo económico”, reflexiona Zárate y se explaya: “Yo no sé si hay un plan en el sentido clásico, que hace referencia a un sistema ordenado de toma de decisiones y ejecuciones pero sí, hay una orientación deliberada de debilitar, disminuir, desmantelar y, en algunos casos, desaparecer áreas completas del sistema científico tecnológico nacional”.
Peirano, por su parte, también subraya la singuralidad de la situación actual. “Si bien el sistema ha tenido reiteradas crisis a lo largo de estos 40 años de democracia, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la actual, donde tanto el presidente como sus funcionarios en el sistema, ni en campaña, ni ya en la gestión, han tenido alguna palabra destacando alguna cualidad del sistema, tampoco mostraron ningún compromiso para mejorarlo”, afirma y advierte: “De persistir en este camino, la conclusión es obvia, los científicos van a comenzar a irse del sistema, los fondos van a quedar desactualizados y todos los problemas se van a agravar. El desánimo es muy grande en la comunidad científica”.
“Están destruyendo la Agencia, el CONICET y las universidades las tres patas de un sistema científico tecnológico que es reconocido en el mundo entero. Es triste lo que está sucediendo. Y yo siempre digo, una vez que vos perdés del tren del desarrollo científico cuesta mucho volver a agarrarlo, significa un retraso de 20 ó 30 años, o más. Da mucho pena”, cierra Carrillo con desazón.
Los otros superávits: cómo se lograron los que registró Argentina en los últimos 60 años
En cadena nacional Javier Milei celebró que el primer trimestre del año registró un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, “logrando de esta manera, y luego de más de 20 años, un superávit del 0,2% del PBI», afirmó.
Según el informe “Una historia de déficits fiscales recurrentes en la Argentina”, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), solamente en 6 de los últimos 60 años el sector Público Nacional No Financiero obtuvo mayores ingresos que gastos: de 2003 a 2008.
El año 2003 cerró con un superávit del sector primario (la diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda pública) de 8.676 millones de pesos, el 2,3% del PBI. En el informe oficial se destacaba que el resultado financiero (que mide la diferencia entre los recursos y gastos totales) también era superavitario: por 1.162,6 millones de pesos.
De acuerdo con la información oficial, durante el año 2003 los recursos de la Administración Nacional se elevaron un 37,2% en relación al cuarto trimestre del año 2002, “debido principalmente al incremento en los recursos tributarios (50,2%) y a las mayores Contribuciones al Sistema de Seguridad Social (20,4%)”.
No solamente aumentó la recaudación sino también, aunque en menor medida, el gasto del Estado: el incremento respecto al cuarto trimestre de 2002 fue del 29,7%. Entre los gastos que más aumentaron el informe menciona “la atención del Plan Jefes y Jefas de Hogar; la restitución del descuento del 13% en las remuneraciones y los haberes previsionales; las mayores transferencias a las provincias en concepto de infraestructura básica social, y la atención del Fondo de Incentivo Docente”.
En 2004 el Gobierno informó que el resultado financiero del cuarto trimestre fue superavitario por 8.986,1 millones de pesos, mientras el resultado primario arrojó un superávit de 14.688,3 millones de pesos. En ese periodo también aumentaron los recursos: la mejora representó un 26,5% respecto a 2003.
El gasto también creció, otra vez en un nivel menor a los ingresos. El nivel del gasto primario global registró un incremento del 18,2%. El informe oficial destacó algunas diferencias con respecto al año anterior: los gastos corrientes primarios aumentaron en 5.671,4 millones de pesos (11,9%), “debido fundamentalmente a las variaciones graduales en el haber mínimo de las jubilaciones y pensiones del régimen previsional público”, y también a las transferencias a provincias y municipios. Esta vez también aparece como gasto “la adquisición de fuel oil venezolano para la atención de la crisis energética”, entre mayo y octubre de ese año, y que se pactó en 19 cuotas mensuales hasta noviembre de 2005, por un total de 759,5 millones de pesos.
También tuvieron incidencia los aumentos en la atención del Fondo de Incentivo Docente y “la suma de 200 pesos otorgada, en diciembre y por única vez, a jubilados y pensionados del Régimen Previsional Público”.
En 2005 la ejecución devengada de la Administración Nacional acumulada durante el año también fue superavitaria, pero menor que el año anterior. El resultado financiero fue de 2.321,8 millones de pesos, “desmejorando en 6.811,4 millones de pesos respecto del año anterior”. El resultado primario arrojó un superávit de $13.912,3 millones de pesos, evidenciando una disminución interanual de -923,1 millones. Esta reducción se debe “a la atención de los intereses atrasados desde diciembre de 2003 correspondientes a los nuevos bonos emitidos tras la reestructuración de la deuda pública”.
Ese año los gastos aumentaron más que los ingresos de manera porcentual: los primeros lo hicieron un 28%, mientras los segundos un 21,2%. Los gastos se explicaron nuevamente por las variaciones del haber mínimo, los aumentos en las Asignaciones Familiares y en los topes máximos y rangos de remuneraciones y haberes previsionales, de las transferencias a provincias y municipios financiadas y las transferencias a Universidades Nacionales. Esto último por “las medidas de incrementos salariales implementadas a partir de enero de 2005, consistente en una suma remunerativa y no bonificable de 50, 100 o 150 pesos, según la dedicación funcional del personal”.
En 2006 el resultado financiero y el primario también fueron superavitarios, por 6.379 millones y 18.488 millones, respectivamente. Los recursos aumentaron un 25,7% respecto al año anterior –impulsados por el IVA- y los gastos un 24%, un porcentaje que se explica tanto por los gastos corrientes (universidades con un 36% y prestaciones de seguridad social en un 29%), como por las erogaciones de capital (las transferencias a las provincias crecieron, por ejemplo, un 41,9% respecto a 2005).
En 2007 el resultado financiero fue superavitario por $5.084,5 millones, mientras que el resultado primario arrojó un excedente de $22.261,2 millones. Ese año la recaudación estatal creció un 39,9% respecto al año anterior, con el IVA como el principal impulsor. El gasto, en cambio, creció nuevamente por encima: 44,5%. Entre los gastos corrientes se destaca el aumento interanual en las prestaciones de seguridad social (61,7%).
El 2008 fue el último año con superávit financiero y primario en Argentina. Según los datos oficiales el resultado financiero fue de $4.533,4 millones; mientras que el resultado primario arrojó un excedente de $26.116,0 millones. Los recursos aumentaron 33,8%, y los derechos de exportación volvieron a ser unos de los que más crecieron (83,7%). En ese periodo los gastos también aumentaron más en proporción que la recaudación: un 36,7%.
Durante el primer trimestre de 2024 el superávit financiero, presentado por cadena nacional, fue $276 mil millones. Pero en este caso se produjo tanto una reducción de la recaudación como de los gastos del Estado: la primera cayó el 10% y los gastos un 35% en términos reales con respecto a 2023, informó Iaraf. Los únicos impuestos que crecieron fueron los de importación, exportación y PAIS, que explican en cierta medida la importante caída en las transferencias a las provincias, ya que no son coparticipables.
En cuanto a los gastos, señalaron, la caída es la mayor en los últimos 30 años. De las 16 partidas se recortó en 15, y los principales recortes se dieron en las transferencias de capital a las provincias (-98,4%), los subsidios a la energía (50,6%) y otras partidas más sensibles como las pensiones no contributivas (que bajaron un 33%). En el caso de las universidades, por ejemplo, la caída real fue del 25,3% con respecto al mismo trimestre de 2023.
El mayor esfuerzo, como ocurrió en los dos meses anteriores, fue el de las jubilaciones y pensiones: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de cada $100 de ajuste en marzo, $37 corresponden a recortes en este sector.
Agustina Bordigoni
Proyección estratégica de la India
Si bien la política exterior argentina parece hoy centrada en los efectos de la pugna global entre Washington y Beijing, una visión sobre el mediano y largo plazo que incorpore la década del 30 del siglo XXI hace necesario analizar el rol decisivo que tendrá la India en un mundo que seguramente sea más multipolar.
La India es el país más poblado del mundo, el quinto PBI, el cuarto gasto militar, y también ocupa el cuarto lugar en la carrera espacial detrás de EE.UU., China y Rusia. Antes de terminar la próxima década sería la tercera economía, y tiene el arma nuclear. En la segunda quincena de marzo el gobierno indio informó que había realizado el primer vuelo de prueba de un misil de ataque múltiple que puede transportar cargas nucleares.
Se trata de una versión del misil Agni V (“fuego” en idioma sánscrito), que viene desarrollando la industria militar india. Se integra al programa militar Misión Divyastra, a cargo de la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO). El primer ministro de la India, Narendra Modi, un líder con un fuerte sentido nacionalista, en su red social X, dijo que su pueblo debía estar “orgulloso de nuestros científicos de la DRDO y la misión Divyastra por la primera prueba de vuelo del misil Agni V desarrollado localmente con tecnología de vehículos de reentrada con múltiples objetivos independientes (MIRV)”. Por su parte, el ministro de Defensa indio, Rajnath Sing, sostuvo a través de esa misma red social que con este lanzamiento India se sumaba al “selecto grupo de naciones capaces de utilizar la tecnología de misiles”.
La tecnología MIRV permite que un misil pueda separarse en varias ojivas en forma simultánea y dirigirse a diferentes objetivos. Las pruebas para este misil llevan más de una década, lo que ha permitido un aumento constante de la capacidad balística intercontinental de la India, capacidad que tienen pocos países. Tienen la capacidad MIRV para sus misiles los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero en 2017 la probó Pakistán, que como la India también tiene armas nucleares. Los dos países han tenido una fuerte carrera armamentista y se han enfrentado en tres guerras desde la independencia, en 1947.
Ello hizo que desde entonces Pakistán buscara a China como respaldo militar e India a Rusia. El alcance del Agni V es de 5 mil kilómetros, lo que le permitiría alcanzar prácticamente toda Asia, así como a algunos países de Europa oriental. India fue desarrollando su capacidad misilística de mediano y largo alcance desde 1990, teniendo como referencia el crecimiento de China como potencia global –un histórico rival– y de Pakistán, un fuerte antagonista tras el fin del Imperio Británico en dicha región del mundo.
El 22 de marzo, 11 días después, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) confirmó el segundo aterrizaje de un vehículo de lanzamiento reutilizable indio. Fue parte de su proyecto para bajar el costo económico de su actividad espacial, siguiendo el ejemplo de Elon Musk con Space X. El prototipo del vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV-TD) fue lanzado en el estado de Karnataka en el sur del país. India realizó el primer lanzamiento de este tipo en 2016, el que fracasó, pero con sucesivos ensayos fue dando pasos ciertos. La agencia espacial india, que tiene un presupuesto del 10% del de la NASA, ha logrado ser el cuarto país en alunizar. Lo hizo con la misión no tripulada Chandrayaan-3, que colocó a un explorador en el polo sur de la Luna.
A ello se suma también el lanzamiento de la primera misión para estudiar el Sol, Aditya-L1 (“sol” en sánscrito). Ambos tuvieron lugar en 2023.
El mismo día se informó que una misión de la NASA, mediante un Mini-Sar que arribó a la Luna, detectó más de cuarenta pequeños cráteres con hielo. Lo singular del caso es que el Mini-SAR de la NASA fue llevado al espacio años atrás por la primera misión espacial de la India, la Chandrayaan-1. Se trata de una evidencia de que la actividad espacial de la India se desarrolló con la cooperación y la confianza de los EE.UU.
India parece encaminada a constituirse en la tercera potencia global hacia finales de la próxima década, y es algo que la política argentina debe tener en cuenta.
Rosendo Fraga
Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
La agencia estatal china informa sobre la reunión de su canciller con la ministra Mondino
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, entabló conversaciones hoy martes en Beijing con la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Diana Mondino.
Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, destacó que China sigue firmemente el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países, respeta la decisión tomada por el pueblo argentino y desea a Argentina éxito en su reforma. Wang expresó la convicción de que Argentina superará las dificultades y encontrará una vía de desarrollo y revitalización que se ajuste a sus condiciones nacionales.
China está dispuesta a aprovechar la oportunidad del décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral China-Argentina este año, para captar conjuntamente la dirección de las relaciones bilaterales, inyectar más certeza en la cooperación de las dos partes en varios ámbitos, y abrir nuevas perspectivas para la asociación estratégica integral entre los dos países, dijo Wang.
Ambas partes deben seguir apreciando y consolidando la confianza política mutua, entenderse y apoyarse en asuntos relacionados con sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, impulsar la cooperación en los ámbitos espacial, de vuelos espaciales, marítimo y antártico, y promover el desarrollo sostenido, saludable y equilibrado del comercio bilateral, indicó.
China siempre ha apoyado los esfuerzos de Argentina para mantener la estabilidad económica y financiera y está dispuesta a seguir brindando asistencia en la medida de sus capacidades, destacó Wang, quien añadió que las dos partes tienen que profundizar los intercambios culturales y entre pueblos a nivel local, entre los jóvenes, en educación y en salud.
China está dispuesta a trabajar con Argentina y otros países de América Latina y el Caribe para promover la construcción de las relaciones China-América Latina en la nueva era caracterizadas por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación y la apertura que beneficien a las personas, fortalecer la coordinación y la cooperación en marcos multilaterales como la ONU y el G20, y salvaguardar los intereses comunes de los países en desarrollo, señaló Wang.
Mondino destacó que independientemente de los cambios en la situación política interna de Argentina, su política amistosa hacia China no cambiará. Argentina se apega al principio de una sola China y está dispuesta a seguir promoviendo la cooperación en construcción de infraestructura, comercio, inversión, finanzas, turismo, espacio, Antártida, océanos y protección del medio ambiente en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
El nuevo Gobierno argentino persigue una política abierta y da la bienvenida a que las empresas chinas inviertan y hagan negocios en Argentina. Argentina está dispuesta a profundizar la cooperación con China en el marco del Foro CELAC-China, a mantener una comunicación y coordinación estrechas dentro de mecanismos multilaterales, y a salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo sostenible, dijo Mondino.
Después de las conversaciones, los dos ministros de Relaciones Exteriores participaron en una conferencia de prensa conjunta.
OIEA Ciencia: nuevas posibilidades para los reactores de investigación de baja potencia
La imagenología neutrónica es una técnica no invasiva para examinar estructuras internas que se aplica utilizando reactores de investigación o fuentes neutrónicas basadas en aceleradores. “Es una herramienta asombrosa, con infinitas posibilidades para la investigación y el desarrollo científicos e industriales, así como para la criminalística y el estudio de artefactos culturales”, señala Molly-Kate Gavello, Oficial de Proyectos Asociada en el OIEA. La imagenología neutrónica se puede utilizar para probar motores, amortiguadores y aspas de turbinas. Puede mostrar cómo se desplaza el agua dentro de una planta viva o examinar el interior del cráneo de un dinosaurio fosilizado relleno de roca ferrosa.
Aunque la imagenología neutrónica se ha estado utilizando desde la década de 1950, las imágenes bidimensionales (2D) basadas en películas fueron el formato principal hasta la década de 1990. Gracias a la aparición de las tecnologías digitales, entre ellas las sofisticadas cámaras digitales, la imagenología neutrónica ahora utiliza la tomografía computarizada (TC), que emplea cientos de imágenes tomadas desde distintos ángulos para crear una imagen tridimensional (3D) muy detallada.
Hasta hace poco, debido a motivos tanto técnicos como económicos, la imagenología neutrónica con TC, o la imagenología en 3D, no era viable con fuentes neutrónicas de flujo bajo, como los reactores de investigación de baja potencia.
Imágenes de alta calidad a baja potencia
Esto cambió en 2021, cuando Jana Matoušková, doctoranda en la Universidad Técnica Checa en Praga, y su supervisor, Lubomír Sklenka, demostraron la capacidad de obtener imágenes neutrónicas con TC a 500 vatios (W) de potencia de un reactor de investigación.
Este gran avance llegó tras dos innovaciones. En primer lugar, las cámaras de astronomía de bajo costo y alta calidad que llegaron al mercado durante el decenio anterior. Y, en segundo lugar, la presentación en 2016 de la primera miniinstalación para tomografía neutrónica, incluso para reactores de baja potencia, por investigadores en la Fuente de Neutrones de Investigación Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), que habían materializado el potencial de estas nuevas cámaras. Dirigido por Burkhard Schillinger, el grupo desarrolló y construyó un sistema de imagenología neutrónica de bajo costo y alta calidad con una cubierta protectora para el detector impresa en 3D y una versión reducida del software de control profesional que se emplea en la instalación de imagenología del Sistema Experimental Avanzado de Tomografía y Radiografía Neutrónicas (ANTARES) del reactor de investigación de la FRM II. La calidad de imagen de los nuevos detectores se correspondía con la del sistema de tecnología avanzada que se utiliza en la instalación de ANTARES.
La Sra. Matoušková quería probar la imagenología neutrónica con fuentes neutrónicas de baja potencia, como el reactor de capacitación VR-1 de 500 W de la Universidad Técnica Checa. A efectos comparativos, el reactor de la FRM II de 20 megavatios tiene una potencia 40 000 veces superior y, por lo tanto, produce un número de neutrones 40 000 veces mayor que el reactor de la Universidad Técnica Checa. Realizar esta tarea no le resultaría sencillo, puesto que no pudo acceder a las instalaciones de la Universidad Técnica Checa para realizar experimentos debido a las restricciones por la COVID-19.
El Sr. Sklenka contactó con el Sr. Schillinger para pedir asesoramiento sobre cómo replicar el sistema de bajo costo que había desarrollado la FRM II. El Sr. Schillinger, a su vez, asesoró a la Sra. Matoušková mediante videollamadas y le proporcionó información sobre el diseño del sistema y sobre dónde adquirir las piezas necesarias. Paso a paso, la doctoranda construyó un sistema de imagenología neutrónica en su propia casa y lo probó con luz visible.
En cuanto se eliminaron las restricciones por la COVID-19, la Sra. Matoušková instaló su sistema en el reactor de la Universidad Técnica Checa y generó con éxito la primera imagen bidimensional neutrónica digital, seguida de una TC neutrónica con una exposición de 12 horas a 500 W. Esto significa que se pueden obtener resultados en menos de un día y con una potencia considerablemente inferior; los reactores de investigación en los que también se utiliza esta técnica tienen una potencia que va de cientos de kilovatios a decenas de megavatios.
La Sra. Matoušková se encuentra ahora perfeccionando el sistema de imagenología neutrónica de la Universidad Técnica Checa como parte de sus estudios de doctorado. El sistema se utiliza principalmente para fines educativos, pero también para llevar a cabo investigaciones como, por ejemplo, el análisis de artefactos culturales en colaboración con la Galería Nacional de Praga.
Intercambio de tecnología y conocimientos especializados
La experiencia de la FRM II y de la Universidad Técnica Checa ha demostrado que se podría utilizar una miniinstalación en cualquier fuente neutrónica, incluso en reactores de investigación de muy baja potencia. El Sr. Schillinger declaró que su grupo está dispuesto a proporcionar de forma gratuita los planes de diseño y el software y ayudar con la instalación y la configuración en el ámbito internacional.
Gracias a las piezas creadas mediante una impresora 3D, al software reducido para poder utilizarse en una computadora portátil y a una disminución de los precios de las cámaras de astrofotografía, todo el paquete se puede ensamblar por menos de 5000 euros y se puede transportar con facilidad. En 2022, el Sr. Schillinger y Aaron Craft, investigador en el Laboratorio Nacional de Idaho en los Estados Unidos de América, dirigieron una misión de expertos del OIEA para instalar un sistema de imagenología neutrónica digital en el reactor de investigación RECH-1 de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El Sr. Schillinger llevó los componentes en una maleta y el sistema se configuró en un lapso de dos días.
“El OIEA desempeña una función decisiva para poner esta tecnología al servicio de los reactores de investigación de baja potencia —indica el Sr. Schillinger—. Gracias a los nuevos detectores sensibles, se abre un nuevo campo de aplicación para estos reactores, que no proporcionan suficientes neutrones para experimentos complejos de dispersión neutrónica. La imagenología neutrónica los hace más accesibles para la enseñanza, la investigación y la colaboración con museos”.
El OIEA apoya la cooperación técnica con reactores de investigación, como las misiones de expertos y la adquisición de equipo. También publica guías sobre imagenología neutrónica, proporciona capacitación regional y está ampliando sus opciones de aprendizaje electrónico. También gracias al OIEA, en 2022 la Sra. Matoušková pudo pasar cuatro meses en el reactor de investigación RA-6 en la Argentina para ayudar a instalar y probar un sistema de imagenología neutrónica de bajo costo.
Un sistema dual de imagenología neutrónica y rayos X similar se ha instalado y puesto en servicio en la Instalación de Ciencia Neutrónica del OIEA en Seibersdorf (Austria), donde se está usando con fines de capacitación.
Argentina tiene los empresarios que su economía ha formado a lo largo de décadas
En las últimas semanas surgió una discusión interesante acerca del rol que tienen las élites en las economías. Más específicamente, si la burguesía nacional es la principal causa de los problemas económicos de la Argentina.
Para eso, arranquemos por examinar la calidad de nuestras élites, lo que en términos económicos significa averiguar si generan más valor agregado del que extraen. Uno de los puntos clave a determinar es si tienen un comportamiento extractivista (concepto popularizado en este último tiempo por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, a partir de su libro Por qué fracasan los países) asociado con la extracción de rentas, es decir, ingresos generados por la captación de algún tipo de privilegio que se obtiene a costa del resto de la sociedad. Por el contrario, una élite de calidad lo que hace es generar mayor valor agregado, lo que le permite incrementar sus ingresos en conjunto con el del resto de la sociedad, tal como muestra el diagrama debajo.
Élite extractivista vs. Élite de calidad
Con ese enfoque en mente, la Universidad suiza St. Gallen realiza todos los años un exhaustivo estudio para elaborar un ranking mundial de la calidad de las élites basado en su capacidad para generar o para extraer valor agregado de sus economías. En su última edición, la del 2023, Argentina ocupa el puesto 79 sobre un total de 159 países (prácticamente, en mitad de tabla). Ahora bien, el ranking se elabora a partir de dos dimensiones (la política y la económica) y dos ejes, el nivel de poder y de capacidad de generar valor agregado. Para quien le interese profundizar, los indicadores utilizados se encuentran en la página 116 del informe.
De esa manera, se obtienen 4 grandes indicadores:
1) el poder político de esas élites para inclinar la balanza estatal a su favor, es decir, su capacidad para incidir directa o indirectamente a través de medidas o cambios en las regulaciones con el objetivo de obtener un beneficio propio en desmedro del resto;
2) la extracción efectiva de valor agregado desde el Estado hacia las élites (medido a través de la capacidad del Estado para redistribuir correctamente los ingresos, tanto por medio del gasto como de la política tributaria);
3) el poder económico de las élites, entendido como el dominio que tienen a nivel económico (medido a través de la concentración a nivel país y por tipo de industria);
4) la generación efectiva de valor agregado de las élites a nivel país (a costa de los consumidores, de los ahorristas y del valor agregado que generan los trabajadores). Un aspecto importante que es necesario remarcar de este último indicador es que, por la manera en la que está construido, está más asociado con la (in)capacidad de generar valor agregado que con la extracción del mismo (ya que es mucho más difícil de medir y de captar).
El gráfico debajo muestra la situación de cada país en función de la capacidad de generar valor por parte de las élites y su poder político.
Capacidad de generar valor por parte de las élites y su poder político
Como pueden ver, según este estudio las élites argentinas se caracterizan fundamentalmente por su baja capacidad de generar valor agregado y, a su vez, por no presentar una dominación fuerte sobre el Estado. Otro aspecto importante a destacar (sobre todo para la discusión local), es que todos los indicadores asociados al nivel de concentración económica muestran un nivel relativamente bajo (esto lo pueden verificar en la página 50 del informe).
En función de lo anterior, no hay dudas de que las élites argentinas son parte del problema. Ahora bien, ¿son las principales culpables? Acá es donde creo que la discusión se pone más interesante y donde hay más controversia, porque asignar culpas es lo mismo que identificar las causas de nuestros problemas (y, por ende, sus posibles soluciones).
Hay otro gráfico del informe que resulta clave para responder esta pregunta. Como pueden apreciar a continuación, existe una relación bastante estrecha entre el PBI per cápita (que podríamos pensarlo como un indicador que aproxima el grado de desarrollo de un país) y el ranking de las élites. Dicho de otra manera, la calidad de la élite de cada país se corresponde -bastante- con su desempeño económico.
Relación entre PBI per cápita y calidad de las élites
Como nos cansamos de repetir en economía, el hecho de que haya una relación estrecha no me dice nada de la causalidad (eso requiere, primero una buena explicación y, en segundo lugar, alguna manera empírica de poder comprobarlo). Yo me inclino a pensar que la causalidad va desde el PBI per cápita hacia la calidad de las élites, es decir, que tenemos una élite de mala calidad debido a nuestro flojo desempeño económico (en breve charlamos sobre la explicación).
Si, en cambio, la calidad de las élites fueran las que determinan el PBI per cápita, entonces deberíamos encontrar alguna característica particular de las mismas, pero que a la vez se modifique según el grado de desarrollo, algo bastante difícil de argumentar. Por poner un ejemplo incorrecto (pero bastante repetido): no podemos decir que la causa sea que las élites son malvadas/codiciosas/egoístas porque sería muy -pero muy- difícil de mostrar que eso sucede sólo con las élites de los países con bajo PBI per cápita.
Ojo, esto no significa que las élites no sean codiciosas o egoístas. Es más, es probable que en general lo sean. Pero eso no sería la causa principal del problema porque es un fenómeno característico del capitalismo, en el sentido de que la racionalidad (económica) de las empresas es la misma en todos lados: ganar la mayor plata posible. Además, de este diagnóstico -erróneo- se desprende que la solución sería regularlas lo más posible, de modo de restringir al máximo este tipo de comportamiento. Pero, de nuevo, sería incorrecto, porque si bien es muy probable que se logre reducir el potencial comportamiento extractivo, esto vendría acompañado de un menor nivel de producción y de inversión (se achicaría la torta).
Desde ya que se podría argumentar que el sistema capitalista está diseñado para que las empresas sean las grandes beneficiadas. Pero, lamentablemente, esas son las reglas de juego. Razonar de esta manera no solo es confundir la causa, sino que lleva a un camino bastante inconducente desde lo programático.
Pongamos un ejemplo futbolero para que se entienda. Esto sería como argumentar que una derrota del seleccionado argentino contra el de Bolivia fue por culpa de la altura. Primero, como dijimos, porque la causa principal no sería esa, sino haber jugado mal, haber planteado de manera incorrecta la táctica o el equipo inicial. Pero, aun suponiendo que parte de la causa fuera la altura (lo cual es cierto), no podríamos hacer nada para modificar eso, porque así son las reglas del juego. Seguro alguien me diría que la AFA podría hacer algún tipo de reclamo a la FIFA, pero lo más probable es que eso no termine en nada (o, en el mejor de los casos, que tarde muchos años en modificarse el reglamento). En el medio, continuaríamos perdiendo contra Bolivia, pero porque seguiríamos jugando mal y/o planteando mal la estrategia (mientras nos quejamos de que perdemos por la altura).
Con las élites, en mi opinión pasa algo similar. La idea de que ésta sea la causa principal no solo creo que es incorrecta, sino que además lleva al gobierno de turno a asumir una postura derrotista (“no se puede hacer nada para modificar eso”) o voluntarista (“hay que cambiar todo el sistema”), la cual, como vimos, no resuelve el problema de fondo.
Pero, ¿cuál es ese problema de fondo? Para responder esa pregunta, deberíamos identificar cuáles son las características particulares que diferencian a la élite argentina del resto e identificar sus causas; porque las élites, como todo grupo social, están condicionadas y moldeadas por su entorno. Las empresas, al igual que cualquier persona, toman decisiones en función de la información que disponen y de su experiencia. Entonces, eso lleva a que en cada país se comporten de manera distinta.
Hay dos rasgos característicos que tiene la burguesía local y que son parte del problema: (re)invierten poco y ahorran en dólares (para peor, fuera del sistema local). De los 169 países con los que contamos con datos para 2023, Argentina se ubica en el puesto 155 al ordenarlos por su tasa de inversión (15% del PBI), es decir, bien en el fondo de la tabla.
Por otro lado, los economistas Alstadsæter, Johannesen y Zucman armaron una base de datos donde miden la riqueza “offshore” ubicada en los distintos paraísos fiscales bancarios, distinguiendo por la residencia de dichos capitales. Allí, lo que encuentran es que Argentina es el quinto país del mundo con mayor riqueza depositada en paraísos fiscales (en relación con el tamaño de su economía), con un 38%.
Nota: Por la dificultad para recabar estas estadísticas, los datos son de 2007 (último dato disponible), aunque es muy probable que eso no modifique las conclusiones.
Stock de activos offshore por país (como % del PBI)
¿Cómo podemos explicar que las élites argentinas invierten poco y ahorran mucho (en dólares fuera del sistema)? Por los recurrentes episodios devaluatorios y la elevada memoria inflacionaria que muestra nuestro país desde hace más de 50 años. Esa combinación de elementos llevó a que la Argentina sea la economía con más recesiones de todo el mundo desde 1974.
¿Qué hacen ustedes con sus ahorros? La respuesta más probable es que compren y atesoren dólares (fuera del sistema bancario), dado que, por lo menos para el caso argentino, es el mejor instrumento para que no pierdan valor. Como mostramos en esta edición, esto se explica por las recurrentes devaluaciones del tipo de cambio que llevan a que nuestra moneda pierda valor, sumado a eventos confiscatorios (como el Plan Bonex o el corralito) que hicieron que la población no mantenga sus ahorros en el sistema bancario local.
Las empresas razonan exactamente igual. La única diferencia es que, por los montos que manejan y su grado de sofisticación financiera, pueden hacerlo depositando esos dólares en cuentas bancarias en el extranjero (en algunos casos son declaradas y en otros no).
Respecto de la baja tasa de inversión que muestra la economía argentina, la causa principal es la misma. Las recurrentes devaluaciones, la alta inflación y las crisis económicas hacen que nuestra economía sea una de las más volátiles del mundo. Esa elevada incertidumbre respecto del futuro lógicamente reduce las inversiones, que en su mayoría son proyectos de largo plazo.
Por tales motivos, la causa de su comportamiento -y el problema a solucionar- no se encuentra en las élites per se, sino en el contexto económico que las rodea. Como dijimos, las empresas se adaptan al entorno y eso moldea sus decisiones que, con el transcurso del tiempo, se transforman en hábitos difíciles de modificar. Aldo Ferrer, uno de los economistas más destacados de la historia argentina y que dedicó buena parte de sus investigaciones a este tema, solía decir que si traés a un empresario alemán a la Argentina, a los pocos días lo ibas a tener comprando dólares.
Ojo, esto no significa que no haya que supervisarlas y/o regularlas, el tema es que con eso (sólo) no solucionamos nada. Nuestros principales problemas, las recurrentes devaluaciones y la alta inflación, son cuestiones macroeconómicas y, por ende, su solución también hay que buscarla ahí. ¿Cuáles son esas causas? La apreciación sostenida del tipo de cambio, el estancamiento de las exportaciones, el elevado financiamiento monetario del déficit fiscal, que además presiona a la baja a las tasas de interés de los instrumentos en pesos, todas cosas que ustedes ya saben.
Juan Manuel Telechea
La CNEA e INVAP resisten: diseñan una planta para exportar radiofármacos
Éste proyecto en común de las dos instituciones es una planta de radioquímica. Se destinará a formular como radiofármacos los radioisótopos de fisión que produzca el reactor RA-10 de Ezeiza.
Obviamente no servirá de nada si el gobierno de Javier Milei decide no terminar el reactor, cosa que jamás anunció oficialmente pero está haciendo en la práctica con el más simple de los recursos: negando fondos.
En esta planta de radiofarmacología hay dos asuntos importantes: tanto la CNEA como INVAP han construido unidades similares en el país, como la actual en Ezeiza, que manipula, refina, formula y vende la producción del viejo y confiable RA-3.
Pero además INVAP ha exportado otras plantas de este tipo a la India y Cuba. A recordar, la India tiene el tercer programa nuclear más activo, fuerte y sofisticado del mundo. Que le haya comprado una unidad de producción a INVAP, (entró en línea la semana pasada) da una muestra de cómo nos ve el mercado nuclear mundial. Nos identifica como un proveedor confiable, y además el origen de los reactores multipropósito de Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y desde 2018, Holanda.
El OPAL de Australia se terminó en 2006 y se volvió rápidamente la fuente (bien remota) de fármacos de diagnóstico y tratamiento de la medicina nuclear de Canadá y EEUU, además del australiano y de los países de Oceanía. Con apenas 20 MW de potencia, llegó a dominar el 40% del mercado mundial. Y eso, porque es un fierrazo: no se rompe y su núcleo, comparativamente pequeño, logra irradiar cantidades enormes de distintas sustancias químicas precursoras. Trabaja 6 días por semana.
El de Holanda es una licitación que se ganó 2 veces: en 2008 (y Amsterdam decidió no encarar la obra, debido al impacto recesivo de la quiebra en cadena de Lehman Brothers y de los mayores bancos estadounidenses). Pero luego relicitó, porque Holanda es el 2do proveedor mundial de radioisótopos, y su viejo reactor de producción PALLAS, en las costas de Petten, en la provincia de Frisia, está viejo de solemnidad y se rompe más de lo que anda.
Para sorpresa de nadie, en esa nueva licitación participó todo el mundillo nuclear, tras sucesivos descartes volvimos a quedar los mismos contendientes (Rusia, Corea del Sur y nosotros). Y volvimos a darles la paliza.
Esto luego nos permitió ganar casi con facilidad en Arabia Saudita. «Casi» es un decir, nomás.
Sintetizando, en materia de plantas para medicina nuclear y de radioisótopos industriales, somos el número uno mundial. Lo cual no nos ha ganado mayor cariño por parte de los EEUU, cuyas ofertas siempre fueron derrotadas por INVAP hasta que decidieron no presentarse más, alrededor de 2006.
Si hay que resumir nuestra relación competitiva con el país que literalmente inventó la energía atómica, los corremos con la vaina en reactores multipropósito. Y aunque tienen 94 centrales nucleoeléctricas, en los últimos 40 años sólo se pudieron vender dos a sí mismos (Vogtle 2 y 3), y se han vuelto tan ineptos en obra y montaje nuclear, que triplicaron el tiempo de terminación y cuadruplicaron costos.
Por último, en materia de pequeñas centrales modulares, o SMR, tienen decenas de proyectos de lo más variados, todos ellos en planos. El más avanzado capotó por sobrecostos en 2023, sin haber siquiera iniciado la excavación de cimientos. Nosotros, en cambio, tenemos una obra con algunas incógnitas técnicas a resolver, pero con un avance del 70% en la construcción civil: el CAREM. Paralizado tanto en planos como en obra por todos los presidentes nombrados «ut supra», pero ahí está, concreto y tangible, al lado de las Atuchas 1 y 2.
Esto explica que el mercado mundial nos vea como un competidor fortísimo, y que en cambio las entidades multilaterales de crédito como el FMI, o gobiernos como el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y hoy Javier Milei, entiendan a la CNEA e INVAP y sus obras como un terrible dolor de huevos en su política de relaciones carnales (más bien pasivas) con los EEUU.
Nos quieren hacer rendir ante un competidor derrotado por sí mismo, por obra de una mezcla indescifrable de ecologistas, genios financieros que creen que la energía nuclear es cara, y un gobierno que tiró la toalla. Es rendirse ante un vencido.
Sin duda, en la cruzada antinuclear ningún gobierno argentino (es un decir) llegó a los extremos del actual. Mientras dure Milei, el RA-10 no se completará, aunque en diciembre de 2023 estaba a dos años de inaugurarse. Por ende, esta planta de radioquímica anexa no entrará siquiera en obra.
No hay modo de creer que en esto hay ahorro alguno. Con la red de ventas internacionales de la Argentina, y los 30 MW térmicos de potencia y la sofisticación del RA-10, esta planta puede dominar el 20% del mercado mundial de radioisótopos casi al toque de inauguración. Este año cerrará en U$ 9.920 millones, y contando. Para el 2029 se estima que habrá crecido a U$ 14.770 millones.
En suma, la planta de radioquímica anexa al RA-10 forma parte de un dispositivo para exportar al menos U$ 3000 millones en 2029 en radiofármacos y dar batalla contra Francia, Rusia, Australia, Sudáfrica, Bélgica y Holanda, los proveedores principales. Batalla de la buena, porque todos ellos tienen plantas viejas y hechas percha, o nuevas pero no terminadas… salvo quienes se compraron un reactor argentino.
Vendiendo de movida nomás U$ 90 millones/año de radioisótopos médicos y silicio irradiado para la industria electrónica, en cuatro años repaga su costo de U$ 360 millones. Y habida cuenta la hoja de vida de grandes reactores de producción de radioisótopos como el RP-10 peruano, el INSHAS egipcio y el OPAL australiano, tiene muchas garantías de al menos medio siglo más de operación sin necesidad de grandes reparaciones o rediseños.
Para el caso, su predecesor nacional, el RA-3, repotenciado sucesivamente de 3 a 5, a 7 y finalmente, sigue activo desde 1967. Abastece la medicina nuclear local y la del Cono Sur, incluido todo el sur de Brasil.
Si en el desastre actual la CNEA e INVAP se siguen reuniendo para planificar nueva obra, no es porque piensen desaparecer. Piensan a largo plazo, y han visto pasar los entierros de muchos de sus enterradores.
Daniel E. Arias
Patagonia: vuelve el interés europeo en energías renovables e hidrogeno verde
Este viernes se llevó a cabo en esta ciudad el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde organizado por el gobierno de Chubut y la PlataformaH2 Argentina. En el encuentro, referentes de empresas dedicadas a las energías renovables, funcionarios, representantes de cámaras empresariales y de la Unión Europea analizaron cuál es el potencial que posee la Argentina para producir y exportar hidrógeno, industrializar sus recursos y cumplir con los compromisos internacionales a fin de lograr una reducción de las emisiones.
La apertura del evento estuvo a cargo del gobernador patagónico Ignacio Torres que aseguró que la agenda de transición es transversal y que su provincia tiene mucho para dar. “La Argentina necesita divisas y el mundo transición. Podemos converger en una agenda en común. Tenemos que poner esta agenda como prioridad. Los pueblos que no se sientan a pensar una agenda a mediano y largo plazo son descartables”.
Asimismo, el gobernador sostuvo: “Con el petróleo fuimos el motor energético del país. Ahora estamos en un momento en donde la empresa de bandera se replantea las inversiones y nosotros tenemos que pensar qué oportunidades se nos presentan para el largo y mediano plazo”.
Torres consideró que es necesario que exista un marco normativo que le de sustento al hidrógeno verde, que se apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -propuesto en la Ley Bases-, ir hacia la calidad institucional y ser competitivos.
Cooperación internacional para impulsar el desarrollo
El segundo bloque del encuentro estuvo dedicado a la cooperación internacional. Allí, Pablo Iglesias Rumbo, agregado de cooperación, de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina; Juan Manuel Albisetti, asesor comercial de la Embajada de Países Bajos; Raimundo Ruiz Von Dessauer, oficial del Departamento Político de la Embajada de Alemania en Argentina; y Sebastián Murúa, de la Agencia de Cooperación Alemana; adelantaron que se está trabajando en la formulación de un proyecto de cooperación con la Argentina vinculado al compromiso de atraer inversiones europeas al país.
En ese sentido, remarcaron que será clave la cooperación internacional para cumplir con las metas de descarbonización de los países industrializados de la UE, y que la Argentina se presenta como un socio estratégico por su eficiencia en cuanto a la generación de energía renovable.
También, destacaron que es fundamental que se den este tipo de sinergias para potenciar el desarrollo de la tecnología, compartir conocimientos y lograr así la competitividad. No obstante, advirtieron que es necesario que haya un marco regulatorio y reglas de juego claras que atraigan y fomenten las inversiones.
Cuellos de botella
En el segundo bloque, también se abordó la cuestión del marco regulatorio para impulsar el desarrollo del sector y aprovechar todo su potencial. Juan José Rivera, secretario de Ambiente de la Provincia de Chubut, advirtió la necesidad de contar con la participación de todos los actores involucrados a la hora de tomar decisiones vinculadas a la transición -gobierno nacional, provincial, empresas, comunidad.
Por su parte, Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (CEARE), se refirió a las ventanas de oportunidad que se le abren al país con el desarrollo del hidrógeno y explicó que se van a exportar los productos que derivan de él. A su vez, que esto va a permitir la creación de polos industriales, que van a existir hidroquímicas, con fábricas de fertilizantes y cemento. Y también, que va a ser posible producir amoníaco.
RIGI y marco regulatorio
En cuanto al Régimen, Juan Manuel Alfonsín, presidente Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), planteó que el RIGI posee muchas ventajas, pero también aspectos a corregir. Puesto que argumentó que el plazo de ingreso que establece es de dos años y que un proyecto de hidrógeno verde requiere entre 12 y 15 años. También, que fija un tope de 900 millones de dólares, cuando en el sector se encuentran analizando iniciativas que se ubican por arriba de los 20.000 millones de dólares.
De igual manera, Alfonsín y Fernando Antognazza, gerente general de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), repararon en uno de los cuellos de botella que posee el segmento que está ligado a la saturación de las líneas de alta tensión. En este sentido, detallaron que la Argentina tiene 36.000 kilómetros de líneas y que se precisan 40.000 kilómetros. Además, que cada kilómetro cuesta un millón de dólares, lo que significaría 40.000 millones de dólares sólo en redes de transporte. Por último, señalaron que se debe generar un contrato a largo plazo para el uso de la tierra, con los estudios de impacto ambiental.
Gustavo Menna, vicegobernador de la Provincia de Chubut; y Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut, que también participaron del Foro, coincidieron en que se necesitan leyes e institucionalidad. Que las inversiones van hacia donde hay reglas claras. En esa línea, se refirieron a los proyectos de Ley que fueron presentados y aseguraron que el objetivo consiste en impulsar y generar el ecosistema para poder lograr su tratamiento, que hay consenso sobre este tema y que el proyecto cuenta con un gran acompañamiento.
Proyecto de Ley
Natalia Catalano, directora Centro de Transición Energética y Sustentabilidad, UTN-BA, disertó sobre el proyecto de Ley en el que se trabajó desde la Plataforma y lo comparó con el proyecto de Ley presentado por el ex ministro de Economía Sergio Massa. Sobre este punto argumentó que es importante tener estabilidad jurídica e incentivos. Que en el proyecto presentado no hay limitantes para ingresar en el régimen en cuanto a cómo tiene que estar compuesto el equipamiento mientras que indicó que en el proyecto de Massa se pide un mínimo de componente nacional en infraestructura y equipamiento del proyecto.
“La industria del hidrógeno no tiene escala, por ende, no hay proveedores a nivel nacional. Si pedimos un mínimo de equipamiento de producción nacional, es algo restrictivo para el hidrógeno verde. En nuestro proyecto, a las iniciativas que tengan componente nacional se las premia”.
Cadena de valor y oportunidades para las provincias
El cuarto y quinto bloque del Foro estuvo dedicado a la visión de las cámaras industriales, a la planta de hidrógeno de Hychico, y a las empresas del sector de renovables. Annika Klump, de la Cámara Argentino Alemana de Comercio e Industria (AHK), sostuvo que Alemania tiene una necesidad grande de importar hidrógeno, puesto que no tiene recursos abundantes, por lo que hay una intención de querer acompañar el sector. “Las empresas socias de la Cámara quisieran estar más activas, pero necesitan estabilidad fiscal, jurídica, visión y previsibilidad a largo plazo, marco legal. Sin embargo, la versión actual del RIGI no se adapta a la realidad del sector”.
Ariel Pérez, gerente de Energías Renovables de Hychico, habló del desarrollo de la planta y destacó la cadena de valor que se creó en torno a ella. También, dijo que las experiencias de Comodoro Rivadavia permitieron que puedan trabajar con la Unión Europea.
“Ahora resulta fundamental pensar en cómo integrarnos a nuestros vecinos y ser más fuertes. La transición tiene que ser justa. Hay que pensar en la sociedad, en lo que se deja y en el desarrollo territorial, que Puerto le vamos a dar a la comunidad, que va a pasar con el medioambiente. Hace falta del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. Veo un gran potencial. Queremos que ese potencial se transforme en movimiento», aseguró Pérez.
Ignacio Devitt, de Genneia; Juan Pedro Agüero, de RP Global; Carlos Seijo, de CWP Global; Sebastián Otero, de Fortescue; y Favio Felice, de PCR; analizaron cuáles son las condiciones que posee la Argentina para la producción de hidrógeno y los desafíos que se le presentan en la materia. También, el rol que deberán ocupar las compañías.
Los representantes de las compañías coincidieron en que el RIGI se plantea como un buen punto de partida, pero que también es necesario que exista un marco regulatorio, y una ley de hidrógeno para aprovechar el potencial del sector y promover la inversión.
Cambios en el régimen
Por último, Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, expresó: «Fueron muchos años de una mirada diferente que tenemos que ir modificando. Estamos trabajando en la transición. Eso da un mensaje. En más de la mitad de las reuniones que tuve con el secretario de Energía se habló de potenciales inversiones en hidrógeno verde y Gas Natural Licuado«.
Por último, aseguró que «el RIGI, aunque hay que ajustar algunas cuestiones, y la Ley Bases son fundamentales. Nos encontramos trabajando en la propuesta de la Ley de hidrógeno. Estamos haciendo un cambio total para minimizar los riesgos. Trataremos de intervenir lo mínimo e indispensable y haremos un esfuerzo enorme para no obstaculizar a los privados».
El programa Autopilot (Piloto Automático) de Tesla está matando peatones, ciclistas y automovilistas
Un informe del ente federal de tránsito vial de EE.UU, concluye que el sistema Autopilot de Tesla estuvo implicado en al menos 14 accidentes mortales. En ellos los conductores hicieron un uso indebido del sistema. Eso el fabricante de automóviles debió haber previsto y evitado. Aún más, el informe calificó a Tesla de «caso atípico del sector» porque sus funciones automatizadas de asistencia al conductor carecían de algunas de las precauciones básicas de sus competidores. Ahora, los reguladores dudan de que las actualizaciones del programa Autopilot que presuntamente soluciona estos problemas básicos de diseño han sido eficaces.
Los 109 accidentes frontales dejaron 14 muertos y 49 heridos, según los datos recopilados y publicados por la National Highway Traffic Safety Administration, el regulador federal de seguridad vial en Estados Unidos.
Al menos la mitad de esos 109 de «plano frontal» analizado por los ingenieros federales describen un Tesla que chocó contra un vehículo u obstáculo directamente en su trayectoria. En todos ellos, el objeto o persona chocado fue claramente visible al menos 5 segundos antes del impacto. Es tiempo suficiente como para que un conductor humano atento clave frenos, o dé un volantazo para esquivar o mitigar lo peor del choque, según la NHTSA.
En uno de estos accidentes, ocurrido en marzo de 2023 en Carolina del Norte, un Modelo Y que iba rápído por la autopista atropelló a un adolescente que salía de un ómnibus escolar. El chico, herido grave, fue evacuado a un hospital en helicóptero. La NHTSA concluyó que «tanto el ómnibus como el peatón habrían sido visibles para un conductor atento y éste habría podido evitar o minimizar la gravedad de este accidente». (Nota de Agendar: en todos los estados y condados de EEUU, los buses escolares son enormes, idénticos por diseño, y se pintan del mismo color rabioso, «amarillo señal»).
Los ingenieros del gobierno escribieron que, a lo largo de su investigación, «observaron una tendencia de choques evitables ante peligros visibles para un conductor atento.»
Tesla, que disolvió su departamento de relaciones públicas en 2021, no respondió a una solicitud de comentarios (de la revista WIRED, fuente de este artículo).
En forma condenatoria, el informe calificó a Tesla como «un caso atípico en la industria» por su enfoque de los sistemas de conducción automatizada. A diferencia de otras empresas automovilísticas, según el informe, Tesla dejó que Autopilot funcionara en situaciones para las que no estaba diseñado (Nota de Agendar: tránsito urbano y suburbano, multidireccional, complejo y con peatones). No lo subordinó a un sistema que obligara al conductor o usuario a prestar atención a la carretera.
La NHTSA concluyó que incluso el nombre del producto (Autopilot) era un problema, ya que animaba a los conductores a entregarse al sistema en lugar de colaborar con él. Los reguladores dicen que la competencia de Tesla en el nicho de la «automoción» suelen utilizar nombres colaborativos como «asistencia» o «equipo», porque estos sistemas no están diseñados para conducir por sí solos.
El año pasado, California acusó a Tesla de publicidad falsa por sus sistemas Autopilot y Full Self-Driving. Ese estado dice que Tesla engañó a sus clientes, haciéndoles creer que los coches podían conducirse solos. Como toda contestación, Tesla afirmó que el hecho de que ese estado no se opusiera a la marca Autopilot durante años constituía una aprobación implícita de esa estrategia publicitaria.
La investigación de la NHTSA también concluyó que, en comparación con los productos de la competencia, Autopilot se resistía cuando los conductores trataban de recuperar el manejo de sus vehículos. Por diseño, Autopilot desalienta a los conductores de siquiera participar en la conducción, contestaron los reguladores californianos tras estudiar dos años y medio de accidentes.
Una nueva investigación sobre el piloto automático
Estos accidentes se produjeron antes de que Tesla borrara y actualizara su software Autopilot mediante una actualización remota a principios de este año. Pero además de cerrar esta investigación, los reguladores también han abierto otra nueva para determinar si las actualizaciones de Tesla, introducidas en febrero de 2024, fueron suficientes para evitar que los conductores hicieran uso indebido del software, no percibieran si estaba activado o no, y sobre todo lo activaran donde no se puede ni debe.
La revisión se produce después de que un conductor del estado de Washington dijera la semana pasada que su Tesla Model S estaba en Autopilot -mientras él utilizaba su teléfono- cuando el vehículo golpeó y mató a un motociclista.
La agencia también examinará las declaraciones de Tesla según la cual los conductores pueden optar por partes de la revisión, y son fácilmente capaces de revertirlas igualmente por partes.
Según Tesla, las correcciones posteriores al borrado + actualización son más estrictos con la desatención del conductor mientras usa Autopilot. La versión emparchada incluye mensajes de voz tales como; «Por favor, preste atención a la carretera», y la restricción forzosa del uso del programa por conductores cuando se los detecta distraídos en sitio peligroso.
«Tesla debería tomarse en serio la supervisión del conductor y limitar su uso a las carreteras para las que está diseñado, por el amor de Dios», afirma Phil Koopman, profesor de ingeniería de la Universidad Carnegie Mellon cuya investigación incluye la seguridad de los coches autoconducidos. Sin una intervención más seria, afirma Koopman, el ciclo de nuevos accidentes, investigaciones federales y estatales, borradura, emparchamiento y nuevo despliegue por Tesla podría prolongarse durante años.
Expertos en seguridad automovilística de la publicación Consumer Reports concluyeron en febrero que las correcciones de Tesla no evitaban el uso indebido del Piloto Automático.
La nueva investigación llega en un mal momento para el fabricante de coches eléctricos, que se enfrenta a sus peores cifras de crecimiento de ventas e ingresos en años. El otoño pasado, Tesla también reveló en documentos regulatorios que se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre su función Autopilot y de los escenarios de conducción que Tesla considera aptos para despliegue del sistema.
Además, el momento es muy inoportuno para Tesla, porque está impulsando aún más la conducción autónoma. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, se mostró imperturbable ante la reciente caída de la compañía y se centró en el trabajo de Tesla en el campo de la autonomía y en sus planes para poner en marcha un servicio de taxis totalmente autónomos. «Realmente, deberíamos ser considerados como una empresa de inteligencia artificial o de robótica», dijo. «Si se valora a Tesla como una empresa automovilística… fundamentalmente, es el marco equivocado».
Musk ha dicho que la empresa presentará en agosto un robotaxi de Tesla, llamado Cybercab. Esta misma semana, Tesla ha rebajado un tercio, hasta 8.000 dólares, el precio de su función más avanzada de asistencia al conductor, denominada Full Self-Driving. La empresa empezó a ofrecer a sus clientes pruebas gratuitas de 30 días de FSD el mes pasado.
Pero ahora, su función automatizada original, Autopilot, su nave insignia, se encuentra bajo un nuevo escrutinio.
Comentario de AgendAR:
El sistema Autodrive es una mentira desde su mismo nombre, y lo dice una agencia federal norteamericana notablemente «business friendly». Pero como dato de lo irrelevante que se está volviendo Tesla dentro del imperio de empresas de Elon Musk, la respuesta del sudafricano ante el tendal de víctimas de su sistema de pilotaje robótico fue… eliminar el sector de comunicación pública de su empresa.
A quejarse a Magoya, como dicen en Austin, Texas, sede de un imperio nacido en el Silicon Valley. ¿No se parece mucho a lo que hace tu banco con ciertas inexplicables diferencias de saldos, o tu prepaga cuando solicitás permiso para una prestación? Todo bien con la automatización, pero está siendo usada deliberadamente en contra no sólo del personal humano, sino de los consumidores de productos y servicios. La respuesta de Musk, que se hizo rico con Paypal y desde esa posición de billonario lanzó Tesla, es que cuando alguien se mata o mata a alguien con su sistema de conducción robótica, las quejas las atienda también un robot. Genial.
Si a eso le sumamos el bajón histórico de las acciones de Tesla, todo indicaría que Musk está con la cabeza y la plata en otras cosas que considera más importantes. Son sus proyectos duales con el Pentágono y DARPA, básicamente la empresa SpaceX, la más exitosa del mundo en materia de lanzamiento a órbita, y Starlink , su megaconstelación de satélites de comunicación y/o espionaje. Ambas están integradas verticalmente. Esto supone un dominio casi perfecto del precio mundial de la puesta en órbita y del ancho de banda de telecomunicaciones satelitales rápidas.
Si esto es verdad, tal vez su firma de automóviles presuntamente robóticos terminará cerrando o vendida. Ya no la necesita. Mientras, está echando personal a patadas.
Su desinterés lo explica el propio Musk. cuando dice que interpretar a Tesla como automotriz es un error, porque es más bien una firma informática, o de movilidad, o de robótica, o de servicios, o todo un poco. Tal vez lo sea, pero los consumidores por ahora prefieren comprar autos que no los maten y que no maten a otros.
Y es que si no lo hacen, sus Tesla los va a terminar asegurando sólo Magoya Brothers.
Por ahora, fuera de un segmento extremadamente juvenil, tecnófilo y adicto a los videogames, las redes sociales y la telecomunicación permanente, milennials dispersos y con un lapso de atención algo inferior al minuto, quien se compra un auto todavía pretende que le pertenezca a él/ella. No a Musk. Y éste lo sabe.
Hoy por hoy, cuando esta firma te cambia sin permiso el sistema operativo del auto y te lo cobra, lo estás recomprando permanentemente. Es un modelo de sumisión monopólica del cliente que nació en el Silicon Valley, como Musk. Pero el modelo está muy quemado, sobre todo en las ingenierías «fierreras». Microsoft lo creó, explotó y reventó con Windows, y lo que ha logrado en los últimos 15 años es generar una emergencia imparable del uso de software libre entre otros milennials, aquellos que pretenden que no les teledirijan o discapaciten la computadora a voluntad de esa empresa,de Redmond, Washington. Famosa, dicho sea de paso, por las colgaduras y vulnerabilidades de sus sistemas operativos, el control policial de las licencias de sus usuarios, y sus precios abusivos.
Y ojo, dije «jóvenes», no «jóvenes nerds». A mediano plazo, o Microsoft inventa otras cosas u otros modelos mejores de negocios, o va rumbo a la irrelevancia.
Fuera de un circuito o circo de groupies y trolls de Musk, que los tiene, tal como en su tiempo supo generar uno el difunto Steve Jobs alrededor de Apple, no parece que el hombre más rico del mundo esté logrando una sumisión total de los compradores de sus autos a su persona. Máxime cuando las automotrices viejas, reales y con un siglo o más de sabiduría metalmecánica acumulada tratan de diferenciarse. Entre otras cosas, evitando vender humo informático, y en cambio vender mejor hardware. Es muy fácil tenerlo: ¿Conocés algún modelo de Nissan, Ford, Toyota o BYD que te impongan una carrocería de aluminio? ¿Alguna vez trataste de sacarle un bollo a un capot o baúl de aluminio?
En EEUU, tierra de abogados y de juicios colectivos, Ford y GM, por nombrar dos grandes y viejos, evitan el «Vos, fumá» implícito en el nombre «Autopilot». Tratan de mil maneras de no sugerirte que sus propias versiones de conducción robótica son confiables al punto de que vos, el conductor, manejes mirando el celular en un medio ambiente urbano o periurbano.
Y es que en medido en términos de ancho de banda y alcance de sensores y de capacidad de procesamiento y de respuesta, o de planificación de acciones en un escenario ligeramente caótico y cambiante, despegar y aterrizar un avión de línea es más mucho más sencillo que salir de a General Paz e ingresar a Libertador. O que evitar las acrobacias mortales de los rappiteros frente a la trompa de tu auto en la Avenido Córdoba, CABA, y ni hablemos de la ciudad de Córdoba.
Para no ser parroquial y miope (y WIRED en un punto, lo es), hay que ver las cosas en contexto mundial.
Los hasta ayer temibles tanques Abrams, Leopard y Challenger de la OTAN en Ucrania parecen alimento balanceado (y del caro) para misiles, minas y drones rusos (de lo más baratos. Así las cosas, no es imposible que el próximo comprador de un sistema de conducción robótica de Musk sea el Pentágono, más que las compañías de taxis de los EEUU. Y tampoco es imposible que este sistema se use en blindados autónomos o semiautónomos sin tripulantes.
Siendo el Departamento de Defensa el comprador, no habrá modo en que sean baratos. Pero si matan más soldados propios que enemigos, es menos probable que Tesla se ligue juicios. Y no habrá entes reguladores que jodan.
Tesla se pinchó, pero hasta ahí nomás.
Musk no: sus infinitas relaciones carnales con el aparato militar espacial y terrestre de los EEUU lo vuelven a prueba de balas.
Por ahora.
Daniel E. Arias
Para más datos sobre esto, ver nuestra serie: «Tu auto es cada vez menos tuyo», que fue publicada en cinco partes.
La 1° parte de esta extensa nota está aquí; la 2°, aquí; la 3°, aquí; la 4°, aquí; la 5°, aquí)
Las jubilaciones perdieron entre 28,5% y 43,7% de su poder de compra en un año
Con sus ingresos de marzo, los jubilados del sistema general de la Anses pudieron comprar un 16,1% menos de lo que podían adquirir en diciembre con lo percibido en ese entonces. Ese recorte del poder adquisitivo es la manera en que se notó en los bolsillos el ajuste del gasto público en términos reales que, con otros factores, le permitió al gobierno de Javier Milei lograr un superávit fiscal en el primer trimestre del año. Es el efecto “licuadora”, que implica congelar el gasto, o subirlo nominalmente, pero muy por debajo de la inflación.
Si se compara la capacidad de compra de los haberes (considerando los bonos que cobra alrededor del 45% de los jubilados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social) con los de un año atrás, la caída en marzo fue de entre 28,5% y 43,7%, según de cuánto sean los ingresos. En este mes, para el cual se estima que la inflación será de alrededor de 10%, el sistema de actualizaciones entra en un punto de inflexión y la situación tenderá a aliviarse: a partir de ahora habrá reajustes mensuales y por inflación, y solo por abril al porcentaje de la variación del IPC se le agrega una recomposición extraordinaria (la suba de los haberes -no del bono- es, concretamente, de 27,4%).
En marzo se otorgó la primera recomposición de este año y fue de 27,18%, luego de dos meses en los que los haberes se mantuvieron sin variación. En el primer trimestre, según el Indec, la inflación acumulada fue de 51,6%: el índice fue de 20,6% en enero, de 13,2% en febrero y de 11% en marzo. En 2023, en tanto, como efecto del alza de precios y de la aplicación de la fórmula de movilidad diseñada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las prestaciones se deterioraron, en términos reales, entre un 14,1% un 37,4%.
La modalidad de reajustes aprobada por ley a fines de 2020 y que quedará sin efecto este año, resultó muy insuficiente frente a una inflación con tendencia creciente, que en los 12 meses del año pasado fue de 211,4% (la movilidad jubilatoria resultó de 110,9%). Esa fórmula del gobierno anterior perjudicó a los jubilados con especial fuerza en diciembre último: ese mes se le aplicó un tope al porcentaje de suba de las prestaciones (un tope que se había previsto en la ley), incluso en un contexto en el cual ya se venía dando una fuerte caída del valor real de los haberes. Así, en lugar de otorgarse un reajuste de entre 28% y 29% (el porcentaje resultante del cálculo), solamente se dio un 20,87%.
En su discurso por cadena nacional del lunes por la noche, el presidente Milei afirmó que “de los 5 puntos de déficit del Tesoro que ajustamos, solo 0,4% responden a una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones”.
La licuación de los haberes, sin embargo, no fue un hecho menor para superar el déficit de las cuentas públicas. Las prestaciones de la seguridad social fueron el 40,2% del gasto total, según consigna un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Y el efecto en los bolsillos no fue menor para los jubilados y pensionados, cuyo poder de compra se deteriora casi continuamente desde fines de 2017.
Dentro del primer trimestre de este año, el deterioro del valor de los ingresos con respecto a diciembre se sintió con mayor fuerza en febrero. En el primer bimestre, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 36,6%, al tiempo que los montos percibidos no se modificaron. Esa situación se tradujo en una caída del poder de compra de 26,8% en comparación con diciembre de 2023. En tanto, solo en el primer mes del año la caída respecto de diciembre fue de 17,1%.
Pérdidas diferenciadas en el último año
En los primeros tres meses del año la pérdida fue de igual magnitud para todos. En cambio, cuando se miran los datos interanuales, existen diferencias según cuál sea la situación de cada persona frente al pago de bonos o refuerzos, que responde a una política discrecional.
En marzo último y en comparación con igual mes de 2023, el ingreso de quienes cobran solo el haber mínimo y, por tanto, reciben el refuerzo que en marzo fue de $70.000, tuvieron un deterioro de poder adquisitivo de 28,5% (en su mayoría, son personas que accedieron a su prestación por moratorias). En tanto, la caída fue de 40,9% para quienes nunca recibieron el refuerzo. Y de mayor magnitud aún, de 43,7%, para los jubilados que un año atrás percibían un bono, pero dejaron de cobrarlo en septiembre pasado. Este último es el caso, por ejemplo, de alguien que en marzo de este año tuvo un haber bruto de $229.173 y que en el tercer mes de 2023 había cobrado $100.000 más un bono de $5000.
Durante 2023, en tanto, quienes tienen solo un haber mínimo fueron también (por cobrar el bono) quienes menos perdieron. Pero, aun con el refuerzo, tuvieron en diciembre un ingreso que les alcanzó para comprar un 14,2% menos que lo que habían podido adquirir con lo percibido a fines de 2022. Quienes nunca percibieron el refuerzo sufrieron una caída del valor real de sus ingresos de 32,3%, y quienes cobraban bonos, pero ya no los tuvieron más desde septiembre de 2023, perdieron en el período un 37,4%.
Gasto licuado
En los números macro del Estado, esa pérdida en los bolsillos tuvo su correlato en una caída de 31,4%, en términos reales, del gasto asignado las prestaciones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es decir, en el primer trimestre se destinó a las jubilaciones y pensiones casi un tercio menos de recursos que en igual período de 2023, medidos los datos en términos reales (corregidos por inflación).
“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, como así también de la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, analiza el informe de la OPC.
Qué pasará de ahora en más
La fórmula de movilidad a la que alude el comentario es la incluida en la ley 27.609. A partir de julio próximo ya no regirá más y los reajustes trimestrales que se derivan de ella serán reemplazados por subas mensuales que irán replicando los porcentajes de variación del IPC con un rezago de dos meses.
Entre abril y junio rige, por disposición del DNU 274, un sistema de transición o “empalme”. La fórmula aún está vigente y el Gobierno va otorgando subas cada mes a manera de anticipos. El primer aumento bajo ese esquema provisorio es el de este mes de abril (un 27,4%, que surge de considerar el IPC de febrero y de agregar un incremento extraordinario); el segundo reajuste, en mayo, será de 11% (ese fue el nivel de inflación de marzo), y el tercero, en junio, replicará la variación que haya tenido el índice de precios en el actual mes de abril.
Cuando llegue junio, el incremento acumulado en el trimestre se comparará con el resultado de la fórmula que rigió en los últimos años (porque, como ya se comentó, sigue vigente hasta ese mes). Ese resultado estará basado en la variación que tuvieron la recaudación de impuestos y los salarios en el primer trimestre de este año. Si el índice surgido de ese cálculo es mayor que la suba efectivamente otorgada en los tres meses, se compensará esa diferencia con una suba extra.
La movilidad jubilatoria se aplica sobre los haberes propiamente dichos. No alcanza al monto del bono que, de hecho, mantiene en abril y en mayo el mismo valor que ya tuvo en marzo.
Silvia Stang
Polémicas en la Feria del Libro: entrevista a Alejandro Vaccaro
Comentario de AgendAR
Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, que junta los mangos para seguir haciendo que la Feria esté casi cumpliendo medio siglo. En los ’70 era más fácil: desde los años ’40 éramos la tercera industria editorial de nuestro idioma, pero mucho más audaz que la española y la mexicana. Exportábamos libros al mundo.
Imponíamos autores argentos, como Borges y Cortázar, o sudacas a la región y a España como García Márquez. Ahora estamos casi fuera del ring, nos compraron y/o cerraron todas las grandes editoriales argentinas. Pero hay decenas de pequeñas y nuevas que siguen trabajando, siempre al borde de la quiebra y sin plata para papel, pero defendiendo la trinchera cultural argenta a como sea. Vaccaro siempre ha sido un académico, muy estudioso de Borges. La cortés, finísima y letal ironía con que trata a Milei es digna del Viejo.
Daniel E. Arias
Denuncias por «La Salada». EE.UU. exige a Argentina respeto a sus patentes
Estados Unidos volvió a poner este año a la Argentina dentro de una lista prioritaria de países a observar (priority watch list) por sus “desafíos de larga data” a la propiedad intelectual, con La Salada nuevamente en el centro de la mira como mercado de productos falsificados y piratería. Hace al menos una década que el gobierno norteamericano viene quejándose sistemáticamente de ese complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.
Pero no es lo único apuntado: el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) –2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement- también denuncia en el país la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet debido a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.
“Siguen siendo altas las ventas de productos falsificados en otras locaciones físicas en mercados más pequeños y a través de vendedores callejeros, en el barrio de Once en Buenos Aires y a lo largo de todo el país”, señala el reporte al que todo el mundo conoce como “la 301″. El gobierno norteamericano se muestra crítico con la poca respuesta del Estado ante estos delitos. “La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”, lamenta el USTR.
Mario Grinman, presidente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), confirma el diagnóstico. “En los primeros meses del año se observa una pequeña reducción de la venta ilegal, tanto en la comparación intermensual como en relación al mismo período de 2023. La cantidad de puestos de venta ilegal disminuyó en promedio en el bimestre febrero-marzo de 2024 un 6,3% respecto al mismo período de 2023, pero se concentra particularmente en algunas zonas, como Once y la Avenida Avellaneda. Estos barrios concentran las 10 cuadras más afectadas por la venta ilegal en toda la Ciudad de Buenos Aires”, enumera. “Si nos enfocamos en piratería, en cambio, experimentó un fuerte crecimiento, destacándose Once como la zona de mayor influencia. Esta área de la Ciudad encabezó las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, y de Óptica, fotografía, relojería y joyería”, agrega.
Fuentes de la Secretaría de Comercio dijeron, que “en el caso de La Salada hay facultades concurrentes: fiscalización la tiene la Nación; también tienen las provincias y los municipios. Nosotros como gobierno estamos desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, que hemos repuesto, porque esto no es solo un episodio que pase en La Salada, sino que se verifica en todo el país; se necesita una visión coordinada con todas las jurisdicciones. Ya estamos incorporando tecnología y por supuesto que la venta ilegal está en la agenda”.
El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos”. En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal. “La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023″, insiste el informe.
Es por esa razón que para lograr una mejora en materia de protección de patentes, incluyendo las de pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos urge a la Argentina a ratificar el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y a asegurar transparencia y el debido proceso en la protección de los llamados productos de origen en particular si el país avanza dentro del tratado Unión Europea-Mercosur.
La evaluación de EE.UU. sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados. “Este año, por el cambio de gobierno esto lo vamos a hacer en junio. Está La Salada, está la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”, explica Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
Patentes farmacéuticas
Por su parte y a raíz de este informe, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), emitió un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EE.UU. ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.
Y agrega: “a diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en la Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012. Las pautas de patentabilidad argentinas están diseñadas para evitar que se obtengan patentes para desarrollos menores de evergreening en el sector farmacéutico y biotecnológico, evitando la extensión indebida de los monopolios y favoreciendo la competencia, mientras que aseguran el reconocimiento de las patentes para las verdaderas invenciones”.
Por último, se afirma que este cambio de visión puede explicarse a partir del diálogo con el USTR desplegado por la embajada argentina en EE.UU., la Cancillería, y los representantes de Cilfa. “Los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los EEUU y la jurisprudencia de sus tribunales”, agregaron.
“Es cierto. La industria farmacéutica argentina ha evolucionado mucho. Hoy no solo produce para el mercado interno: está en el mundo produciendo o, en otros lugares, distribuyendo. En función de eso además ahora ese sector pide que la FDA reconozca los procedimientos de la Anmat. Hay discrepancias con Estados Unidos, pero la industria argentina está buscando ser reconocida. No quiere el PCT, pero veremos -como nuevo gobierno- cómo evolucionan estos y otros temas”, agrega Cima.
Otros países bajo observación
En el informe del USTR además de la Argentina, en la lista de observación prioritaria aparecen, por distintos motivos, otros países. Son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. En la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.
José Luis Brea
U$S 300 millones por los F-16 y una compra que es «secreto militar»
El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, confirmó el pago de más de u$s 300 millones para la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, y también concretó otra adquisición de la cual no dio detalles dado que declaró «secreto militar». Ambas medidas están publicadas en el Boletín Oficial.
La Argentina adquirió 24 aviones de caza F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas), más componentes y servicios, por los que pagó u$s301.200.000 a Dinamarca. El monto se cancelará en 5 cuotas a cargo del presupuesto de Defensa.
Las aeronaves pueden volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como «pilotaje por mandos electrónicos», y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.
Según detallaron fuentes del Ministerio de Defensa, los aviones de origen norteamericano, diseñados en la década de 1970, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8.936 kilogramos y alcanzan una velocidad de 1500 mph (Mach 2 en altitud).
La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras.
El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.
El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.
Por otro lado, mediante el Decreto 370/2024, el presidente de la Nación, Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, declararon «secreto militar» en los términos del vigente Decreto N° 9390/63 «a la operación contractual que tramita bajo el Expediente N° EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA».
La norma difundida hoy por el gobierno nacional señala en su fundamentación que «una vez declarado el secreto militar de la referida operación contractual, el organismo contratante deberá seguir el trámite pertinente, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso».
Desde hoy, un paro frena las exportaciones de granos en rechazo a políticas del gobierno
Luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciara desde este lunes un paro por 72 horas en el Senasa, en rechazo a la ley de Bases y en contra del “desguace” del organismo, lo que afectará la certificación de exportaciones que realiza la Argentina, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) comunicó un cese de actividades por tiempo indeterminado en las terminales portuarias del Gran Rosario, las más importantes del país. En su caso, SOEA lo hará también desde mañana en contra de la reversión de Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos) y la reforma laboral en el Congreso. El sindicato, que frenará así exportaciones claves del agro para que ingresen dólares, pidió que las empresas hagan “lobby” por los trabajadores.
“El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará Ganancias y la Reforma Laboral en Diputados”, señaló el gremio en un comunicado.
Ante en el anuncio de la medida de fuerza, desde la agroexportación: “Hemos informado al Gobierno y especialmente a la Secretaría de Trabajo. Es una decisión absolutamente ajena a los ingresos de la comunidad aceitera. No existen conflictos entre sindicatos y empresas aceiteras más allá que creemos que el salario no debe ser castigado con impuestos; no creemos que la forma de expresarlo sea castigando la actividad agroindustrial que es la que paga salarios altos”.
Luego de la sequía del año pasado, la agroexportación se viene recuperando en las ventas al exterior de granos y subproductos. En el primer trimestre de 2024 trajo divisas al país por US$4.523.603.692, un salto del 61% respecto de igual lapso de 2023.
Según SOEA, la medida de fuerza será por “la indiferencia de los diputados dialoguistas” y gobernadores “que se sentaron a negociar con el Gobierno el salario de los trabajadores y van a permitir que los ricos blanqueen el capital fugado sin impuestos”. Esto fue lo que dijo el secretario general del gremio, Daniel Succi.
“Hay que decir las cosas claras: los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias, no le están dando herramientas al Gobierno, solo están traicionando al pueblo trabajador”, expresaron desde SOEA.
Según dijeron fuentes sindicales, sin adicionales, tras la última negociación salarial el sueldo básico de los trabajadores del sector quedó en $1.269.861. Allí señalaron que la reversión de Ganancias impactará sobre “casi la totalidad de afiliados”. Las fuentes consultadas remarcaron que “está definido el paro; si inicia la sesión inicia el paro”.
“El impuesto va a afectar casi a la totalidad de nuestros afiliados, por eso está coordinada con todos los trabajadores”, señaló Succi en referencia a la protesta. Desde el sindicato indicaron: “El inicio de la medida de fuerza está establecida para comenzar a las 11 de este lunes 29 de abril, en consonancia con la convocatoria a la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación, que tratará el dictamen de mayoría del oficialismo en referencia a la Ley de Bases y el paquete Fiscal”.
Según Succi, “las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores para detener este avasallamiento al salario aceitero y al artículo 14 bis de la Constitución”. Por su parte, el secretario gremial Martín Morales apuntó: “El acuerdo de la recomposición salarial [con las empresas] no era condicionante del reclamo por Ganancias. El gremio va a parar todas las plantas si se trata el tema en Diputados”.
Otro paro
En este marco, vale recordar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro, desde las 0 del lunes, por 72 horas en el Senasa, organismo clave en la certificación de exportaciones y control de importaciones. La medida de fuerza, dijo el gremio, es contra la ley de Bases que, indicó, entre otras disposiciones podrá reestructurar o disolver organismos del Estado.
“Esta medida de fuerza fue resuelta por unanimidad por el plenario nacional de delegados y delegadas realizado el viernes 26 de abril, de ATE Senasa, ante el dictamen del proyecto Ley Bases, que propicia una salvaje reforma del Estado, y el desguace total del Senasa al no estar incluido en los organismos exceptuados puntualmente en dicho dictamen”, indicó el gremio.
ADIMRA advierte: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones perjudica la industria nacional
Mientras se espera que este lunes Diputados de media sanción a la nueva Ley de Bases impulsada por el Gobierno, junto con el paquete de reformas fiscales, los industriales metalúrgicos alertaron por los riesgos que, en la visión de estos empresarios, puede traer aparejado el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), destinado a quienes presenten proyectos superiores a los US$200 millones.
En vistas de que el oficialismo no admitió bajar el monto de inversión establecido por el proyecto, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que este “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.
A través de un comunicado, Del Re ejemplificó: “Si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en la Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.
Así, los fabricantes nacionales se encontrarían en condiciones desiguales, según continuó el comunicado, al tener que afrontar los costos de importación asimétricos, entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes.
Este punto se viene planteando desde la semana pasada, cuando Adimra envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertir sobre el impacto que la aprobación de este régimen podría tener en el sector, y pidió que se revea el proyecto, que, sostuvieron, “atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de las grandes empresas y las importaciones”.
Cabe destacar que en el texto del proyecto que se envió al Congreso se establecen, a través del RIGI, diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, entre los que se contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. También les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.
El problema, remarcaron, es que las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales no son iguales a las de los complejos industriales internacionales, “ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único [los beneficiarios del régimen] podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto a la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las pymes”.
El sector metalúrgico viene azotado por una caída de la actividad del 17,7% interanual en marzo, según el último informe compartido por Adimra, que implica un descenso del 6,6% en el primer trimestre del año. Los datos oficiales del Indec se conocerán el 8 de mayo.
Al pedido de esta asociación se sumó el planteo de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) sobre la posibilidad de incorporar al régimen de inversiones una mínima integración de la inversión en partes, piezas y componentes de origen nacional, “con el propósito de aumentar la integración de las cadenas globales de valor con la economía argentina y, a su vez, potenciar el efecto multiplicador fiscal sobre las inversiones, que permitirían compensar el beneficio fiscal otorgado sobre la exención arancelaria”, sostuvieron.
Para esto, la cámara se basa en un antecedente normativo estipulado en la Resolución 256/2000 del Ministerio de Economía que creó el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión y su modificación mediante la Resolución 242/2019 del exMinisterio de Producción y Trabajo, que establece que quienes soliciten beneficios del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión deberán adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al 20% del valor total de los importados.
“De esta manera, el Régimen otorga beneficios a la inversión en materia de exenciones arancelarias que son compensados fiscalmente y en términos de empleo, a través del efecto multiplicador generado por la actividad comprometida en forma local por dichos proyectos”, indicó la cámara.
Así, ambas entidades apelan a generar una mayor competitividad e igualación de condiciones para los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales.
Las patentes por innovación tecnológica que obtienen las universidades nacionales
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recibió un informe de parte de la Universidad Nacional del Litoral en el que se destaca el patentamiento por innovaciones tecnológicas de todas las universidades nacionales. En los últimos 20 años las patentes por innovaciones tecnológicas, junto al CONICET, empresas u organismos de ciencia y tecnología creció diez veces pasando de 6 patentes a nivel nacional en el año 2000 (luego de 10 años de desinversión por parte del gobierno de Carlos Menem) a 61 patentes en 2021.
El estudio “Actividad de patentamiento en el sistema universitario argentino: Investigación, desarrollo e innovación”, fue presentado en noviembre de 2023, por los investigadores especializados en patentes de invención Romina Serrano y Javier Varisco (ambos de la Universidad Nacional del Litoral) y destaca cuáles son las universidades nacionales con mayor peso en el patentamiento de innovaciones tecnológicas, en áreas claves como biotecnología, medicina, y metrología.
A pesar del crecimiento importante (no al nivel de los países desarrollados), un dato que preocupa es que la fotografía del informe que difundió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el año 2000, luego de diez años de políticas de desfinanciamiento, el sistema científico y académico estaba “raquitizado” a tal punto que su capacidad de generar patentes llegó a 6 en todo el país. La preocupación es que en la actualidad, el gobierno libertario de Javier Milei se muestra proclive a desfinanciar en esos mismos niveles a la Ciencia, la tecnología y las universidades, afectando muy negativamente la tendencia al crecimiento que se viene dando.
La propiedad intelectual desempeña un rol fundamental en el sistema universitario dado que impulsa el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimientos hacia la sociedad y el sector productivo, destaca el estudio en el que se refleja por qué las universidades, como generadoras de conocimiento, promueven la protección de los resultados de la investigación desarrollados en sus ámbitos como herramienta para facilitar el aprovechamiento socio-económico de los mismos.
La Universidad Nacional del Litoral, la más tecnológica del país
Allí, con 116 patentamientos, la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, aparece primera en un ránking de 34 casas de estudios superiores. En segundo lugar le sigue la Universidad de Buenos Aires, con 107 patentes por desarrollos tecnológicos, y en un segundo malón “sub 60” (menos de 60 patentes) aparecen “históricas” como la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de La Plata, de Córdoba (UNC) y de Mar del Plata UNMdP).
Por su parte, con menos de 30 patentes, en un tercer escalón, ya emergen universidades más jóvenes como la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la histórica Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El estudio fue difundido por la propia Universidad Nacional del Litoral, clave en desarrollos para áreas de Salud, biotecnología y nanotecnología a nivel nacional, y una de las que explica la emergencia de empresas de base tecnológica como InBioAr, Keclon, Bioceres, Terragene y la constante creación de las llamadas “startups” asociadas con salud y con la actividad agropecuaria, como es Apolo Biotech, entre otras.
Con desarrollos que van desde productos antimicrobianos para superficies hospitalarias, hasta biofertilizantes “amigables” con el medioambiente, principios activos para la medicina, enzimas claves para el área de salud o soluciones que con modificación genética evitan el uso de químicos en la actividad agropecuaria que afectan a la salud de las personas y el medioambiente, la UNL es la más destacada en transferencia de tecnología desde los ámbitos de producción del conocimiento a la actividad social, sanitaria y productiva.
Los patentamientos definen la trayectoria de las universidades nacionales, en Argentina tanto como en el exterior, ya sea mediante la explotación directa por parte de los miembros de la comunidad universitaria o a través del licenciamiento a terceros.
El Consejo Interuniversitario Nacional difundió el informe en el que destacan que del total de patentes solicitadas por las instituciones que representa el organismo, la Universidad nacional del Litoral, la UBA y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se ubican en “el podio”, correspondiéndoles un 17,9%, un 16,5%, y un 9,3% respectivamente, del total de patentes de todo el sistema universitario.
En el segundo escalón están las que presentan al menos 20 familias de patentes, donde aparece el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como cotitular en un 80%.
Por otro lado, el informe destaca las patentes “en colaboración” con empresas y organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, siendo las principales Inis Biotech (biotecnológica, con el 4,6%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (2,5%), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, con el 1,9%), YPF (con YTEC, con el 1,7%), la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC, con el 0,9%), Plant Bioscience Ltd. (0,9%), Bioceres (0,6%), Romikin S.A (0,5%) y la empresa de alta tecnología INVAP, de Río Negro (0,3%).
Evolución positiva (pero no suficiente) en los últimos 20 años
En otro apartado, el informe destaca la cantidad de patentes obtenidas por desarrollos tecnológicos durante los últimos 20 años, en los cuáles hubo una tendencia en crecimiento claro teniendo en cuenta que en el año 2000 se consiguieron apenas 6 patentes en todo el sistema universitario (un dato que refleja la compleja situación en que dejó a las universidades nacionales los años ´90 con desfinanciamiento de áreas claves de investigación y desarrollo), hasta el 2022 cuando fueron aprobadas 43 patentes.
Es más, en 2021 esa cifra tocó casi las 60 patentes. Si bien la cifra no escala a los niveles de los países desarrollados, es claro que las políticas de inversión (pendulares) generaron una mejora constante en el proceso de transferencia histórica de la investigación que se realiza en las universidades y organismos científico-tecnológicos hacia la sociedad.
Claro está que estas cifras corren riesgo de volver a descender si el gobierno actual y los que vienen se muestran reticentes a brindar inversión a un sector que es clave en la generación y transferencia de conocimiento. La voluntad que viene mostrando el gobierno de Javier Milei hasta ahora no parece ser positiva.
¿En qué áreas se innova más en Argentina?
Otro dato clave es las áreas en las que se dieron estas patentes de desarrollos tecnológicos, y allí destaca en primer lugar la biotecnología (asociada claramente con el agro y la salud), productos farmacéuticos (ambos, sectores en los que Argentina tiene alta incorporación de I+D) y metrología (la ciencia que estudia las mediciones y define los estándares de producción).
Existen tres ramas de la Metrología: científica, industrial y legal. Esta última se relaciona con las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes, y allí tiene un papel clave el INTI.
La metrología es clave para definir cómo se producen, con qué calidad los productos que consumimos, desde alimentos hasta vehículos o chalecos antibalas, por ejemplo.
En un cuarto lugar aparecen desarrollos asociados con la Química, en sus diferentes variantes (materiales, orgánica y de alimentos), y en otro escalón áreas como máquinas especiales, tecnología médica, tecnología ambiental. En otro rango que va de las 20 a las 30 invenciones patentadas aparece la metalurgia, la energía y la tecnología computacional.
Acceso al informe completo en www.unl.edu.ar/vinculacion/patentamientouniversitario2023
El mismo se produjo a partir de la búsqueda en las bases de datos de patentes Patbase y del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).
Despidos en Tandanor. Denuncian que quieren desguazarlo
A 49 trabajadores les comunicaron los despidos en la puerta, cuando quisieron ingresar a trabajar. «Es lo mismo que pasó en los 90», denuncian.
El esquema de desinversión y desguace de empresas estatales encarado por el Gobierno de Javier Milei llegó a otra firma de capitales públicos donde hubo despidos masivos y de manera sorpresiva.
La decisión oficial implicó la perdida del empleo para 49 trabajadores que ya se empezaron a movilizar y realizaron reclamos en la secretaría de Trabajo que hoy está en manos de Julio Cordero.
De acuerdo con lo que trascendió, los empleados arribaron a su lugar de tareas, se encontraron con los portones cerrados y con una escribana que tenía y controlaba el listado de personas que no podían ingresar a la empresa.
Los despidos se llevaron a cabo en el Astillero Tandanor, firma estatal que se dedica a reparar y construir embarcaciones. En total, aquellos a quienes se les impidió acudir a su puesto de trabajo son 49 de una planta de más de 505 trabajadores efectivos y 300 tercerizados, aproximadamente.
¿El plan es vender todo?
“Generamos asambleas, abrimos un expediente en Trabajo y nos dieron turno, con la presentación del sindicato y la representación de la compañía. Se pactó una nueva reunión para el 3 de mayo en la secretaria”, le comentó a Gestión Sindical Matías Gianetto, uno de los trabajadores que está al frente de los reclamos.
«Además, vamos a generar reuniones dentro de la empresa -agregó- para buscar soluciones y revertir la situación».
Hay más: ciertos empleados, por lo bajo, no tienen problemas en trazar puntos de contacto entre el vaciamiento de Tandanor, una empresa pública que construye, repara y mantiene de barcos y submarinos, con “intereses inmobiliarios privados”, que pretenden quedarse con la firma cuando esté vaciada de empleados y poniendo poca plata.
El gremio que interviene en esta cuestión delicada, que además ya se reflejó en otras compañías que avanzaron hacia una depuración del personal a partir del 31 de marzo, es el Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (SITTAN)
Su secretario general, Jonathan Pucheta, apuntó al Gobierno por el vaciamiento y expresó que hay una clara vuelta a la «época de los 90» y el neoliberalismo. También, indicó que una situación similar se había dado durante la era Mauricio Macri, con personas despedidas de la noche a la mañana.
«Creo que estamos nuevamente en la época de los 90. El astillero en los 90 pasó una época de privatización, pérdida de la Planta 1 en Retiro y, en el caso la Planta 2 casi la desaparición. Los trabajadores estuvimos de pie y recuperamos el astillero desde 90 trabajadores a tener una planta de 500 nuevamente», precisó.
Desfinanciamiento y despidos
Hasta el momento, además de echar gente, Milei avanzó en un significativo recorte de fondos transferidos por el Tesoro a las empresas públicas. Por caso, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT no recibieron transferencias durante los dos primeros meses del año. Por otro lado, la empresa de energía ENARSA concentró el 60% de los fondos devengados, pero experimentó una caída interanual del 47%.
Incluso, las compañías públicas no solo no han recibido un aumento en las partidas asignadas para este año, sino que además han sufrido un recorte del 53% en las transferencias desde la Administración Central en los dos primeros meses del año. De un crédito vigente para este año de $2,5 billones, en enero y febrero, el gasto devengado fue solo de $300.000 millones.
Ministros alemanes del Partido Verde, acusados de «engaño» para cerrar centrales nucleares
Dos ministros alemanes defendieron el viernes su gestión frente a la «prórroga» de las tres centrales nucleares que le quedan a Alemania durante la crisis energética de 2022-23, después de que un medio de comunicación denunciara que el proceso fue «chapucero», influido por compromisos políticos.
La revista Cicero -una versión alemana del New Yorker- informó que funcionarios del ecologista Partido Verde habían actuado de forma «engañosa» al ignorar los consejos de los expertos y tratar de seguir adelante con el abandono progresivo de la energía nuclear, previsto desde 2011.
El Gobierno quería reforzar el suministro energético tras la invasión rusa de Ucrania, que obligó a Alemania a prescindir del gas natural ruso.
Un informe denuncia que se ignoró a los expertos
A raíz de una sentencia judicial, el semanario obtuvo documentos del Ministerio de Economía relacionados con los planes para prolongar la vida útil de las últimas centrales nucleares alemanas. Los documentos contenían correos electrónicos, memorandos, actas de reuniones y cartas.
La revista afirmaba que altos cargos del Partido Verde querían evitar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares debido a su compromiso político de décadas con el abandono progresivo de la energía nuclear.
Cicero alegó que los expertos pagados por los ministerios, que habían argumentado que las instalaciones nucleares seguían siendo seguras para su funcionamiento, fueron ignorados y que a veces sus evaluaciones fueron deliberadamente falsificadas.
La revista también acusó al ministro de Economía, Robert Habeck, de engañar a la opinión pública durante una entrevista televisiva en febrero de 2022, cuando negó que prolongar la vida de las instalaciones nucleares ayudara a cubrir las necesidades energéticas de Alemania durante el invierno.
El punto de vista de Habeck chocaba con los consejos de los expertos, que afirmaban que la energía nuclear podría ayudar a ahorrar el uso de gas y evitar una crisis eléctrica, justo cuando Alemania intentaba reducir su dependencia de la energía rusa.
Varios meses después, el gobierno acordó prolongar varios meses la vida útil de las tres últimas centrales nucleares.
Las tres últimas centrales nucleares alemanas – Isar 2 en Baviera, Emsland en Baja Sajonia y Neckarwestheim 2 en Baden-Württemberg – se apagaron definitivamente en abril del año pasado.
¿Cómo se defendieron los ministros?
Tras dirigirse a la Comisión de Energía del Bundestag, Habeck declaró que su departamento había examinado la posible prórroga de las centrales nucleares en una fase muy temprana.
Dijo que los operadores habían dicho inicialmente que los elementos combustibles existentes sólo podrían utilizarse hasta finales del año en curso.
Habeck se refirió a una carta de la empresa energética Eon de febrero de 2022, en la que se mencionaba que los elementos combustibles probablemente se habrían quemado a finales de 2022.
Posteriormente, los operadores afirmaron que los elementos podrían utilizarse hasta cinco meses más, antes de ampliar aún más su estimación, añadió.
En aquel momento, el Ministerio de Economía de Habeck había argumentado que Alemania necesitaba un sustituto del gas nacional ruso, utilizado sobre todo para calefacción, en lugar de la electricidad, que proporcionaban las centrales nucleares.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, insistió en que su departamento había presentado todos los acontecimientos de forma «transparente y comprensible».
La legisladora del Partido Verde subrayó que las evaluaciones estaban «orientadas en todo momento a la seguridad nuclear de nuestro país.»
La oposición conservadora alemana pone el grito en el cielo
La facción conservadora del Bundestag ha pedido nuevas comparecencias de Habeck y Lemke por los informes.
«Sigue siendo razonable suponer que el ministerio de Habeck hizo lo contrario de lo que había anunciado públicamente. Distorsionó los hechos en lugar de examinarlos abiertamente», declaró a la agencia alemana dpa Andreas Jung, portavoz de la CDU de centro-derecha para la protección del clima y la energía.
«Cada vez es más fuerte la sospecha de que la decisión de eliminar la energía nuclear no se tomó abiertamente, sino que estaba decidida desde el principio. Que se engañó a la gente». Andreas Lenz, portavoz político de la CSU -el partido hermano bávaro de la CDU- en materia de energía y sostenibilidad, declaró.
Elevan propuestas al Congreso para reactivar la Planta de Agua Pesada
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia de Neuquén, que abastece a las centrales nucleares de Atucha y Embalse, funciona con dotación mínima de personal y es permanente la incertidumbre de los trabajadores a la hora de percibir sus salarios.
Durante la gestión de Alberto Fernández se avanzó en gestiones para que la planta, única de su tipo en el mundo, diversifique funciones hacia el desarrollo de biofertilizantes, además del aporte tecnológico que realiza para el sector atómico.
La semana pasada fueron recibidos por el diputado nacional del MPN (Movimiento Popular Neuquino), Osvaldo Llancafilo, quien trabajará junto al diputado Pablo Cervi para generar un espacio de diálogo con el secretario de Energía Eduardo Chirilo.
En la reunión se hizo entrega de una carpeta con una serie de propuestas a fin de reactivar la planta.
Días atrás, la Junta Interna de ATE en la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) se declaró en estado de alerta ante la falta de definiciones sobre el reacondicionamiento de la planta para su producción.
Los trabajadores de PIAP, con el cambio de gobierno, se encuentran en un estado de incertidumbre ante la falta de fondos.
Nación adeuda 870 millones de pesos destinados al reacondicionamiento de una línea de producción de la planta. La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) opera la planta y es la que recibe las partidas de Nación.