El abogado y empresario Juan Manuel Vaquer, expresidente de DuPont para la Argentina y América Latina, fue designado el jueves pasado como presidente de Fabricaciones Militares (FM), empresa que pasó de estatal a Sociedad Anónima Unipersonal, pero que sigue bajo la órbita del Estado. Su nombramiento generó ruidos ya que la compañía en la que se desempeñó abastece a Fabricaciones Militares de la tela balística de la que está hecho el panel del interior de chalecos antibalas y antipunzantes que se producen en la planta de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe.
Vaquer fue designado el jueves pasado en reemplazo de Hugo Pascarelli. Lo acompañan en el directorio de FM Sergio Echeverría, como vicepresidente, y Diego Arenas, como director titular.
Abogado, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Vaquer tiene un máster en derecho internacional de la Southern Methodist University. Se unió a DuPont Argentina en 1990 como abogado y cinco años más tarde, se trasladó a Ginebra, donde trabajó como asesor jurídico para las unidades de negocio de la compañía en Europa. Regresó a la Argentina como gerente del departamento de legales; en 2004 asumió la vicepresidencia de esa área para América Latina y en 2008 ascendió a presidente de DuPont para el cono sur. Dejó el mundo corporativo en 2019 y se desempeña en el estudio JP O’Farrell.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio estatal que representa a los empleados de Fabricaciones Militares, advirtieron no solo sobre el vínculo de DuPont con Vaquer sino que además resaltaron sus nexos con los Estados Unidos. Las fuentes dijeron que intentará sumar capital privado a FM. Vaquer fue también titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).
Según información que tiene el gremio de ATE, Vaquer visitará el lunes próximo Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, que en abril de este año fue declarada “zona militar”, con lo que se habilita a las Fuerzas Armadas a instrumentar y dirigir materiales “que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito” en la jurisdicción demarcada. Esa planta cuenta con tres líneas productivas, la de chalecos, la de armas y la de municiones. De esa planta, DuPont es proveedora de poliparafenileno tereftalamidasu, la tela registrada con la marca “Kevlar”, según confirmaron fuentes de FM. El tejido fue desarrollado para la empresa que lo comercializa desde 1972 y es líder en el mundo. Es un material que, dicen las fuentes, “se debe comprar sí o sí a Estados Unidos”.
Después de la visita a Fray Luis Beltrán, Vaquer realizará un recorrido por las otras plantas que dependen de Fabricaciones Militares. Son dos en Córdoba(Río Tercero y Villa María),una en Buenos Aires(Azul), y la de San José de Jáchal, en San Juan. Los delegados de las diferentes plantas están “muy interesados” en conocer los planes aunque presuponen que se avanzará en sumar capital privado para lo cual se convirtió en sociedad anónima. Ese cambio de figura jurídica se había anticipado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei.
“Fabricaciones Militares se transforma en Sociedad Anónima Unipersersonal para modernizar la estructura operativa, dotándola de mayor agilidad y flexibilidad para competir en el mercado actual. Igualmente seguirá sujeta a los mecanismos de control del sector público, garantizando transparencia y eficacia en su gestión”, se explicó oficialmente sobre el cambio.
Fabricaciones Militares activó en abril un programa de retiros voluntarios y de jubilaciones anticipadas que tenía como objetivo un achicamiento del 20% del plantel. El plan alcanzaba a unos 288 trabajadores, pero finalmente se retiraron 305; a comienzos de año otros 50 ya habían dejado sus cargos.
Impuesto a la riqueza
“Pagar me da una autoridad moral porque como dice el nombre del impuesto estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. Lo que pido (a los políticos) no es un esfuerzo extraordinario sino que se trabaje con honestidad y transparencia”, remarcó Vaquer el 31 de marzo de 2021, cuando contó que pagó el llamado Aporte Solidario Extraordinario o impuesto a la riqueza, que regía entonces para aquellas personas y sucesiones indivisas con bienes que excedieran los $200 millones.
“No podemos olvidar el porcentaje de pobreza estructural que tenemos en el país y tenemos que hacer algo diferente”, dijo ese día en una entrevista en LN+.
Hace poco más de un año, en el AmCham Ethics & Transparency Forum, que se realizó bajo la consigna “construyendo una cultura de transparencia”, señaló: “No tenemos derecho a rendirnos, no es imposible trabajar la cultura de la integridad en nuestro país”.
Uno de los principales objetivos fijados por el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei ha sido la privatización de diversas empresas del sector público nacional. Más allá de los razonables argumentos de racionalización de recursos y austeridad, bajo el mantra de que “todo lo que pueda ser privatizado, será privatizado”, pareciera que los análisis solo se han centrado en aspectos económicos y financieros, dejando de lado el impacto sobre otras áreas del Estado Nacional. Una de ellas es la que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri. El ejemplo más claro de lo señalado es la situación que atraviesa IMPSA, fijada como la primera privatización de la administración Milei y que, según lo indicado por medios internacionales como Bloomberg, enfrenta el peligro de una posible quiebra que se torna cada vez más latente.
En el plano del Instrumento Militar Nacional, IMPSA juega actualmente un papel importante en uno de los esfuerzos de actualización más relevantes emprendidos por el Ejército Argentino: el Programa de Modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) al estándar TAM 2C. Este programa busca dotar de una segunda vida al principal medio de combate de la fuerza, con la actualización de un total de 74 ejemplares. No obstante, iniciado hace más de diez años, ha transitado idas y vueltas, renegociaciones de plazos de pago y ajustes en los cronogramas de entrega. La introducción de un nuevo estándar, denominado TAM 2C-A2, que incorpora los últimos kits de modernización provistos por la empresa israelí Elbit Systems, parecía encauzar definitivamente el programa.
Una muestra de este avance fue el relanzamiento del programa efectuado por la actual gestión al frente del Edificio Libertador, con la presentación, a principios de julio, de las primeras unidades de preserie. Desde el Ejército Argentino, a través de una entrevista brindada a Zona Militar, el propio Jefe de la Institución, General de División Carlos Presti, fijó como objetivo contar, a finales del corriente año, con la primera tanda de diez tanques modernizados.
Durante aquel acto de julio se presentaron cinco ejemplares modernizados al nuevo estándar: el primer prototipo TAM 2C-A2, el ejemplar presentado en 2023 y tres nuevos TAM actualizados. También se evidenciaron los trabajos avanzados en una torre y la presencia de tres torres más que mostraban los procesos de mecanizado y modificaciones efectuados por la firma mendocina IMPSA.
Mediante múltiples convenios, IMPSA participa activamente en el Programa TAM 2C, siendo la empresa encargada de recibir las torres de los tanques seleccionados para su modernización, realizar los trabajos de mecanizado y modificaciones, e instalar los soportes que alojarán los futuros componentes del kit de actualización. Además, gracias a convenios firmados en 2023, la empresa fabrica los kits de faldones laterales para los TAM 2C-A2, destinados a las unidades de preserie y producción (71 unidades).
Gracias a la presentación del Jefe de Gabinete de Ministros ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, se pudo conocer el estado de avance de estos programas. En lo específico a los proyectos de IMPSA y el Ejército, el Informe N.º 141 detalla:
Provisión de repuestos TAM: ejecución al 7 %
Modernización de 71 torretas de tanques TAM: ejecución al 17 %
Suministro de soportería asociada al tanque TAM: ejecución al 10 %
Modernización del tanque TAM (faldones y soldaduras): ejecución al 16 %
A principios de septiembre, con la confirmación de que el gobierno nacional avanzaría con la privatización de IMPSA, desde Zona Militar expresamos dudas y preocupaciones, ya que originalmente las gestiones para este proceso no incluían cláusulas que garantizaran la producción de las torres destinadas al programa de modernización del Ejército Argentino. Posteriormente, diversas fuentes indicaron que esta situación fue contemplada. Sin embargo, frente a la improvisación demostrada y la falta de una comunicación oficial del Ministerio de Defensa al respecto, las dudas persistieron.
Según reportaron los medios internacionales la pasada semana, la primera privatización de la era Milei enfrenta nuevas dificultades. Estas fuentes señalan que IMPSA posee deudas por 536 millones de dólares con sus acreedores y que la empresa interesada en adquirirla, Industrial Acquisitions Fund (IAF), exige que dichas deudas sean liquidadas antes de la compra. Para ello, se han iniciado gestiones con la corredora AdCap Securities Ltd. en busca de una solución.
El hermetismo en el Edificio Libertador, sumado al del Ministerio de Economía, es total respecto al avance del proceso de privatización. Además, se ha fijado una nueva fecha límite: el 15 de diciembre. Ese día se definirá el futuro de IMPSA, ya que el gobierno ha advertido que, de no avanzar con la privatización, se declarará la quiebra de la empresa.
Mientras tanto, ningún sector ha mencionado el impacto que esto podría tener en el Programa de Modernización TAM 2C-A2. Tampoco se ha indicado si se están evaluando alternativas para que otra empresa con capacidades similares asuma estos trabajos, lo que tendría implicancias en el cronograma de entregas.
Por último, y a pesar de lo previamente señalado, a menos de un mes para el cierre de 2024, parece alejarse el objetivo de contar con las diez unidades de preserie, contradiciendo lo anunciado desde la cartera de Defensa y el Ejército Argentino, lo que pone en jaque, una vez más, uno de sus principales programas de modernización de la Institución.
Con una situación presupuestaria crítica, y con el directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) sin reunirse desde el año pasado, las autoridades de ciencia y tecnología acaban de comunicar extraoficialmente que desplazan al directorio de Veng, su subsidiaria encargada del desarrollo del Tronador II y de otras aplicaciones de tecnología aeroespacial, además de la operación de los satélites argentinos de observación terrena que se encuentran en órbita.
La noticia cayó como un balde de agua fría en momentos en que sus miembros estaban colaborando para mantener a flote la empresa y buscar aportes privados. “Hace dos semanas habíamos tenido una reunión y estábamos intentando hacer las cosas ordenadamente para solucionar los problemas –comentan desde la empresa–. No se entiende que quieran convocar a asamblea cuando es el directorio el que debe hacerlo”.
El directorio de Veng estaba compuesto por su presidente, Marcos Actis, ingeniero aeronáutico y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo a su cargo el desarrollo del lanzador argentino; su vicepresidente, Leonardo Comes Penalva, ingeniero electrónico y gerente de gestión tecnológica de Conae; y como director titular, el ingeniero Guillermo David Benito, referente de Invap. Todos cumplían funciones ad honorem.
Los reemplazantes serían Roberto Yasielski, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín, como presidente; Leonardo Comes seguiría como vicepresidente; y Martín Suárez Gazzero (de CNEA), Julio Manco (abogado y miembro de directorio de la Fábrica Argentina de Aviones) y Mariano Luna (de la Universidad de San Andrés) como directores. Ayer a última hora todavía no se había recibido la comunicación oficial.
En Veng, creada a fines de los años noventa, pero que comenzó a operar en la práctica en 2007, trabajan 463 ingenieros, técnicos y científicos de altísima calificación. “Son chicos de un valor extraordinario que no debemos perder”, subrayan. Trescientos de ellos se desempeñan en la estación de recepción de datos satelitales de Falda del Carmen, y sin esa dotación sería imposible operar y mantener los satélites en órbita. La Conae tiene una planta muy reducida: apenas 230 empleados.
La empresa se concibió para desarrollar el programa Tronador de acceso al espacio (un lanzador de cargas útiles), pero también participó como contratista en los satélites SAC-D/Aquarius y Saocom, y en el diseño y operación de la estación terrena de Tierra del Fuego. Del Tronador, hasta ahora se habían llegado a desarrollar los tanques y se estaba probando el motor de la segunda etapa, pero este año quedó todo parado.
Según el último informe de indicadores macroeconómicos del Grupo Economía, Política, Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (EPC-Ciicti), en octubre la función ciencia y tecnología perdió el 30,5% de su presupuesto en términos reales en comparación con el mismo mes de 2023, muy por encima del promedio del presupuesto nacional, que descendió un 24,4% real. Esta disminución implica que la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación representará el 0,216% del PBI cuando finalice 2024, lejos de lo pautado por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que establecía un 0,39% para este período.
En este momento, igual que la Conae, Veng está en la cuerda floja por el desfinanciamiento generalizado del área de ciencia y tecnología. Es más, se encuentran entre los organismos más afectados, con una reducción del 55% del presupuesto en relación con el año pasado.
“Se viene arrastrando una situación de posible cesación de pagos que ya se dio a mitad de año (…) aparentemente quedaría presupuesto como para que se paguen salarios hasta diciembre –advirtieron representantes de ATE en un comunicado–. Si la empresa se cae, se llevará a cuestas también la Conae.Es decir, que dejaría de funcionar la operación de los satélites y de las estaciones terrenas para la adquisición de información satelital”.
La empresa kazaja Kazatomprom ganó una licitación para proveerle a la estatal Dioxitek el concentrado de uranio necesario para fabricar los elementos combustibles que requieren las centrales nucleares argentinas. El primero de los tres envíos pactados llegó el 1 de diciembre del año pasado, pero el gobierno de Javier Mileino cumplió con las condiciones de pago y los kazajos interrumpieron el abastecimiento, lo que podría derivar en la paralización de Atucha II y Embalse para mediados de año próximo cuando se acaben las reservas.
Atucha II tiene una capacidad de generación de 745 MW y Embalse otros 683 MW. Por lo tanto, si esas centrales dejan de generar energía se perderían 1428 MW en un momento donde la capacidad de generación se encuentra por debajo de la demanda de energía proyectada para los próximos meses. Los elementos combustibles también son indispensables para que opere Atucha I, pero esa central salió de servicio a fines de septiembre para que se lleve adelante la extensión de su vida útil, obra que demorará unos 30 meses.
El default con los kazajos
El acuerdo con Kazatomprom contemplaba tres envíos anuales de unas 170 toneladas de uranio concentrado cada uno. El mecanismo de fijación de precio acordado fue bajo un esquema spot que toma la cotización promedio del insumo en una revista especializada durante las 8 semanas anteriores a la llegada del embarque.
El precio final del primer envío fue de US$ 34,5 millones. El 50% se debía pagar a los 30 días y el otro 50% a los 60 días. Sin embargo, cuando todavía no se había pagado ni siquiera la primera parte el Banco Central emitió una comunicación donde estableció que las deudas de importación de bienes y servicios debían ser canceladas con los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).
Como era de esperar, los kazajos se negaron a aceptar los Bopreal, pero Dioxitek no tenía acceso al mercado de cambios. Por lo tanto, la negociación se empantanó y Argentina quedó en default. La empresa estatal pagó el 95% de la deuda recién entre junio y julio, pero antes de realizar el segundo envío los kazajos endurecieron su postura y exigieron que se cancele el monto que faltaba, se pague una multa por el incumplimiento, se firme una adenda al contrato y se les otorgue una carta de crédito garantizada.
El primer embarque había salido desde San Petersburgo y demoró 6 meses en llegar a Buenos Aires, pero por las sanciones que se le aplicó a Rusia luego de la invasión de Ucrania ningún banco se mostró dispuesto a otorgar una carta de crédito para un envío proveniente de San Petersburgo. Una segunda opción que se exploró fue que el concentrado de uranio llegara desde Georgia, aunque el viaje ya no iba a demorar 6 sino 8 meses.
Si en julio se hubiera cumplido con las condiciones que fijó Kazatomprom, el segundo embarque podría haber arribado en marzo de 2025. Distintos funcionarios advirtieron durante meses sobre la necesidad de resolver el tema con urgencia porque las proyecciones indican que Dioxitek se va a quedar sin concentrado de uranio a mediados de mayo de 2025 y el stock de elementos combustibles que tienen las centrales nucleares es mínimo. Sin embargo, el gobierno nunca terminó de resolver el tema.
En los últimos meses incluso se exploró la posibilidad de buscar otros proveedores para un envío puntual, pero para que Nucleoeléctrica, la empresa que administra las centrales, autorice la compra, primero se debe obtener una nota de Kazatomprom que diga que no va a poder enviar el producto en los plazos requeridos y los kazajos no van a enviar ninguna carta hasta que se les cancele la deuda pendiente. Además, mantener el default con esa firma también complica la relación con cualquier otro proveedor del sector. Se confirmó con dos técnicos del sector nuclear sin contacto entre sí que hasta este viernes la deuda continuaba impaga.
Cómo se elaboran los elementos combustibles
Con el concentrado de uranio, Dioxitek produce polvo de dióxido de uranio que es utilizado por la empresa Conuar para fabricar pastillas de dióxido de uranio que se le proveen a las centrales nucleares. Esas pastillas se colocan en el interior de tubos de aleación de zirconio (llamados vainas) que se ensamblan para formar los elementos combustibles. Estos elementos son estructuras diseñadas específicamente para cada tipo de reactor.
Se utiliza el término elementos combustibles, en lugar de simplemente combustibles, para destacar que no se trata de una sustancia simple o cruda, como el carbón o el petróleo, sino de una estructura compleja y diseñada específicamente para ser usada en reactores nucleares. Embalse, por ejemplo, es un reactor de tecnología Candu con un diseño estándar. Por lo tanto, los canadienses podrían llegar a proveer los elementos combustibles. Atucha II, en cambio, es un diseño original desarrollado por Kraftwerk Union (KWU), una filial de Siemens, pero cuando se retomó la construcción en octubre de 2006 KWU había desaparecido y fue la estatal Nucleoeléctrica la que terminó la obra introduciendo ciertas variantes al diseño original, lo que obliga a ser más cautelosos al momento de evaluar la incorporación de elementos combustibles alternativos.
Fernando Krakowiak
Opínión de AgendAR:
El problema, lectores, no es únicamente estar en rojo con el mayor proveedor mundial de uranio, que es Kazajistán. Otros proveedores posibles, como Canadá o Rusia, no nos venderán un gramo hasta que salgamos de esta deuda.
Pero la mayor deuda la tenemos con nosotros mismos. Tenemos sólo tres centrales nucleares, una chica (Atucha 1) y dos medianas (Atucha 2 y Embalse). Dada la escasa demanda que supone un programa nucleoeléctrico absolutamente enano, como el argentino, tenemos todavía al menos dos décadas de uranio en la mina de Sierra Pintada, inmediaciones de San Rafael, Mendoza. Ni hablar de yacimientos ya prospectados y medidos pero nunca explotados, como Cerro Solo, en Chubut.
No somos un país uranífero, como Canadá, Kazajistán o Rusia, pero somos un país CON uranio. ¿Por qué estamos dependiendo entonces de Kazajistán?
Las causas del cierre prematuro de Sierra Pintada son impresentables. En 1989 cayó la URSS. En 1992 y 1997 se firmaron nuevos pactos de desarme (START II y SORT) entre la novedosa Federación Rusa y los EEUU. Tuvieron un éxito limitado pero medible, si consideramos que en 1985 había más de 63.600 cabezas nucleares en los arsenales yanquis y soviéticos y de las otras cuatro potencias con este tipo de armas, y hoy quedan 12.121. Y esos pactos inundaron el mundo de uranio baratísimo. Porque las nuevas minas fueron los arsenales.
Ese último número está en ascenso nuevamente. Y sigue siendo más que suficiente para eliminar a casi toda la especie humana. No tanto durante la guerra y por efecto directo de las armas, como después, durante el «invierno nuclear» subsecuente. Puede durar décadas, y en ese período, además de fríos subcongelantes incluso en los trópicos, desapareceran todas las fuentes de alimento de los que hayan sobrevivido a la guerra en sí.
La decisión de reducir los arsenales, sin embargo, tiene bases militares y económicas, cero pacifismo en el asunto. Con mucho menos que 12.121 cabezas nucleares está asegurada la destrucción recíproca de las potencias rivales (y la de casi toda la Argentina, que no es potencia ni rival). Pero el mantenimiento de las armas termonucleares es acuciante y carísimo. Por ejemplo, hay que reponerles constantemente la carga de tritio, el isótopo más pesado del hidrógeno. Es carísimo, Y tiene una vida media de 12,5 años, lo que significa que en ese lapso la carga inicial ha decaído en hidrógeno común, perfectamente inútil para generar una reacción nuclear de fusión.
Además, para una destrucción mutua asegurada, 63.600 armas básicamente termonucleares eran una exageración. Los nuevos sistemas de navegación y puntería, como el GPS, permitían liquidar un blanco a 12.000 km. de distancia con una sola explosión impecable e implacablemente precisa, en lugar de varias de mayor potencia y caídas en derredor. Era toda la puntería permitida con los istemas de navegación inerciales anteriores.
De modo que para bajar los costos de mantenimiento del equilibrio del terror, las minas de uranio fueron los arsenales excedentes, y básicamente los de la Rusia de Boris Yeltsin, que a EEUU le firmaba cualquier cosa sin mayor reciprocidad.
Los acuerdos se basaron en el axioma «Swords into ploughshares», fundir espadas para hacer arados, slogan inicial del Organismo Internacional de Energía Atómica allá por 1957. La idea del OIEA fue, era y todavía es dar de baja un exceso de alrededor de 50.000 cabezas nucleares y darle empleo civil a sus elementos físiles. Estos son mayormente, plutonio 239 y en menor medida, uranio 235, enriquecidos a una pureza mayor del 90%.
Ambos elementos se pueden diluir en uranio natural, que es casi todo uranio 238, físicamente casi imposible de fisionar, y el resultado puede ser uranio de usos pacíficos: enriquecido a algo menos del 20% para reactores multipropósito, o a valores muy inferiores (entre el 5% y algo menos del 1%) para centrales de potencia. El uranio reciclado de estas últimas, combinado con un poco de plutonio, forma combustibles llamados MOX, cerámicas de óxidos mixtos de uranio y plutonio, y es perfectamente equivalente al uranio enriquecido fresco y sin usar. Evita mucha minería.
Pero en el siglo XXI las cosas cambiaron. El parque nucleoeléctrico mundial empezó a crecer, impulsado en buena medida por el cambio climático. El precio del uranio empezó a dispararse, sobre todo porque los mayores consumidores del mundo tienen pocas reservas geológicas (caso de China y de la India), o les sobran, pero hicieron la idiotez de cerrar sus minas (EEUU) «porque el mercado arregla todo», o porque compran mineral de uranio, y pagando basura, a sus semicolonias africanas (Francia). Canadá y Rusia nunca abandonaron la minería. Los canadienses, porque tienen una flota considerable de centrales propias.
Pero además, los canadienses le tienen que dar de comer a las 94 centrales que todavía persisten en actividad en EEUU y que suministran el 20% de la potencia eléctrica de la tierra de los libres y hogar de los valientes. Los yanquis dejaron cerrar 10 en la última década y media «porque la energía nuclear es cara», y hoy se quieren cortar las venas, porque debido a la guerra de Ucrania, los rusos les acaban de anunciar que no les venden más uranio enriquecido.
Como «el mercado provee», en los últimos 30 años los autodenominados americanos dejaron que las plantas de enriquecimiento de Savannah River cerraran y se desguazaran, el uranio que les suministra Canadá es natural, y no tienen plan B. Los rusos no dejaron jamás de producir porque tienen bastante uranio en casa, un programa nuclear bastante coherente, son el mayor exportador mundial de centrales y su política es venderlas con combustible enriquecido ruso incluído.
La propuesta ruso un acuerdo ideal para nabos tecnológicos: te damos el caballo y también el pasto, y te cobramos ambos, y nos llevamos a casa el plutonio generado, plín-plin-plin-caja-caja-caja. Vos no tenés que ocuparte de nada. Ahora los ivanes son re-capitalistas, pero desde que se murió Yeltsin, ya no son idiotas. Entienden perfectamente que el uranio no es una commodity de mercado, y en cambio es un asunto estratégico. Y tanto lo es así y tanto ya no son idiotas que hoy están amenazando a EEUU con un apagón generalizado. Si te desaparece el 20% de la potencia firme del país, lo que te desaparece después es el país. Pero antes, cae el gobierno.
Aquí algo sabemos de eso.
Los ut-supra descriptos son tres modos estúpidos de quedarse sin uranio. Obviamente, la Argentina de Carlos Menem no podía perderse una imbecilidad que imitara a la de los EEUU. Además, cuando la dirección de Manuel Mondino de la CNEA dejó de demandar uranio para Sierra Pintada, le tiró la mina encima a Mendoza, para que ésta le vendiera uranio a Magoya.
Obviamente, ya que estaba, Mendoza debía gestionar por la propia la remediación ambiental de colas de molienda de mineral y de aguas de cantera. Es una cantidad importante de residuos con uranio, radio y radón, otros metales pesados no uraníferos ni radioactivos, y barros y líquidos tratados con ácido sulfúrico y de gran acidez. En suma, les dejó el muerto.
Los residuos de minería de uranio no son sustancialmente distintos o más peligrosos para la salud que los detritos de minería de oro, o de cobre, cuyo tratamiento y disposición en todo el Tercer Mundo suelen ser legal o ilegalmente pésimos. Pero los de uranio sin duda tienen peor prensa.
Y además, una cosa es que una provincia se atreva a plantarse con exigencias de remediación ambiental a una multinacional minera. Eso jamás sucedió en ninguna provincia minera de la Argentina, donde los gobernas están en un perpetuo noviazgo con estas corporaciones. Otra cosa es pegarle patadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que en tiempos de Menemy según si dirección, tenía la misma capacidad de autodefensa que una gallina réquiem.
Conclusión, que con la entrega del subsuelo, antes patrimonio nacional, a las provincias, Mendoza se declaró sumamente ecologista y cerró la mina. Desde 2010 la CNEA gastó U$ 17 millones en remediar las colas de proceso de Malargüe, y lo habrá hecho tarde pero de un modo inobjetable. Miles de toneladas de colas de procesamiento de baja radioactividad en la perifera de esa ciudad hoy están encerrados por arriba, abajo y los costados en una estructura hecha de múltiples capas de materiales geológicos de alta resistencia e impermeabilidad.
Antes de su encapsulamiento emitían radón, pero en una proporción menor a la que respiran espeleólogos de Mendoza, y los guías de turismo estival en la famosa Caverna de las Brujas. Son muchas las formaciones geológicas mendocinas que tienen uranio y emiten radón. Un mochilero imaginario que hubiera puesto su carpa en ese médano gris de colas situado en las afueras de Malargüe un año entero, habría aumentado sus chances de cáncer de pulmón como un fumador de los de un paquete diario en igual tiempo.
Los de Malargüe llaman «La Empanada» al confinamiento geológico, por su forma redondeada. El encierro está hecho para aguantar 5 siglos de lluvias, nieve, terremotos y perforación por raíces y por roedores. Pasado ese tiempo, habrán perdido todo impacto radiobiológico y químico. «La Empanada» está bajo monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear y del Ministerio de Medio Ambiente de Mendoza, parquizado y transformado en la mayor área recreativa de la provincia.
¿Se le exigen iguales cuidados a Bajo de la Alumbrera o a la Barrick en su minería de oro y cobre? Haceme reír… Ni ahí.
A nadie se le ocurrió que Mendoza en realidad pudiera ser más deudora que acreedora de la CNEA. Las colas encapsuladas en «La Empanada» de Malargüe a partir de 2010 habían electricidad por el equivalente de 10 años de años de consumo de la provincia de aquel año. Y bueh.
La CNEA, que desde tiempos de Alfonsín hasta hoy no ha tenido suficiente plata para desarrollar su central nuclear de exportación CAREM, ha venido rascando sus bolsillos para remediar con igual efectividad los pasivos ambientales de Sierra Pintada. Tiene la expectativa de que en algún momento Mendoza autorice dé luz verde a la reapertura de la mina.
Personalmente, creo que antes se va a congelar el infierno. Salvo que ahí pinte la canadiense CAMECO y desenvaine una platita, o la estatal francesa ORANO, a la que el actual gobierno nacionalista de Níger está expulsando de las minas de las que se llevó medio siglo de mineral baratito. Y hasta podría ser la kazaja Kazatomprom, de la que Milei nos ha vuelto deudores insolventes, con alguna propuesta ruinosa, tipo «O nos dan la mina, o se comen el apagón, argentos. Y de yapa, los ponemos en el Veraz. O su equivalente uranífero».
La insistencia en el cierro de la mina no sale de que Mendoza sea una provincia fundacionalmente ecologista, que lo es y de un modo absolutamente serio por su legislación constitucional sobre aguas desde 1916. Bueno, tras haberse manejado impecablemente desde entonces, ahora le cedió su manejo de aguas a Mekorot, una firma israelí. San Juan también. Sin comentarios.
Tampoco se trata de que la CNEA no esté remediando Sierra Pintada, porque lo hace con todo centavito que le sobra, y eso sale en los diarios locales. Las razones para no tener cerrada la mina son más banales, o más bananeras. Su explotación suponía trabajo estable, registrado y permanente mientras durara el uranio. Y como viene el partido, con sólo tres centrales nucleares, dos medianas y una chica, hay para rato.
Nada puede ofender más a los viñateros y grandes fincas frutícolas de San Rafael, acostumbrados inmemorialmente a tomar y despedir personal temporario según las vendimias y cosechas, y a negrearlo a rajatabla, que la presencia de un ente estatal que genera contratos permanentes, en blanco, y que los obliga a pagar más. Eso les hace hervir la sangre de ecologismo. Imaginate, te tomás un champú de San Rafael y esa noche no podés dormir por la luz azul de Cerenkov que despedís.
¿Por qué está cerrada Sierra Pintada? La explicación más lejana es el derrumbe de la URSS, pero la más cercana es la tacañería de gente de bien, tilingos finos pero algo acostumbrados al trabajo infantil.
El crimen es éste, y viene de largo. Lo de además haber cagado en plata a Kazajistán es pura imbecilidad añadida de este gobierno. Pero los libertarios no inventaron nada.
Son apenas la frutilla sobre una duradera torta de boñigas de cipayo.
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), Alberto Lamagna, anunció que la empresa esta negociando con la Corporación Andina de Fomento (CAF) un desembolso por US$ 210 millones para el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I. Lamagna también se explayó sobre la posibilidad de formar una joint venture con la francesa Framatome para producir radioisótopos médicos, en una exposición realizada en la reunión anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN).
La empresa estatal operadora de las centrales nucleares comenzó en septiembre la parada prolongada de extensión de vida operativa de Atucha I. Este proyecto y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II demandarán una inversión global cercana a los US$ 700 millones.
El presidente de la compañía afirmó que estan en conversaciones con la CAF para obtener un financiamiento por US$ 210 millones para la extensión de Atucha I y que estos fondos probablemente estarán disponibles ya en 2025.
«Con el apoyo y el seguimiento técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica y de su director general Rafael Grossi iniciamos un posible financiamiento de la CAF», dijo Lamagna en el evento llevado a cabo en el Palacio Libertad (ex CCK).
También hay conversaciones con el banco BPI por un financiamiento por US$ 120 millones, aunque el presidente de NA-SA destacó que cuentan con los aportes del Tesoro nacional garantizados para este año y 2025. Por otro lado, la empresa lanzó en 2022 el fideicomiso NASA IV, con el que consiguió un fondeo total de US$ 180 millones.
El gobierno nacional liberó este mes una partida para gastos de capital para Nucleolectrica por 104.659 millones de pesos. Un segundo desembolso ocurriría en los primeros meses del próximo año.
Una jLamagna exponiendo en la reunión anual de la AATN.
Una joint-venture con la empresa francesa Framatome
Lamagna también se explayó sobre el acuerdo al que arrimaron con Framatome para avanzar en la producción de radioisótopos medicinales. Este acuerdo podría derivar en la conformación de una joint venture con la empresa francesa.
Nucleoeléctrica anunció ayer la firma con Framatome de un acuerdo para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad sobre la instalación de sistemas para la producción de radioisótopos de vida corta, como Lutecio-177, en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Framatome cuenta con esta tecnología y ya esta siendo utilizada en una central CANDU en Canadá.
Lamagna explicó que Nucleoectrica analiza proyectos de joint ventures con otras compañías de diversa índole. En ese sentido, explicó que el acuerdo con Framatome podría derivar «en una empresa spin off de NA-SA o formar (el proyecto) parte de NA-SA». «Hay una primavera nuclear en el mundo y hay posibilidades de hacer joint ventures con más compañías», concluyó.
Gracias a una serie de imágenes capturadas por el fotógrafo Jorge Méndez, se pudo apreciar al IA-63 Pampa III B2 EX-03 del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina portando lo que sería una bomba guiada stand-off inerte de la serie Dardo.
Tal como se aprecia en las fotografías, el Pampa III del Centro de Ensayos en Vuelo operó esta semana desde la pista de Escuela de Aviación Militar junto al IA-58 Pucará A-568.
Vale recordar que ambas aeronaves forman parte del material de vuelo de la unidad que se aloja en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”.
En las imágenes no solo se aprecia claramente la bomba guiada stand-off Dardo, sino que también se observó a una bomba inerte de 250 kilogramos y un pod anaranjado que contiene cámaras para fotografía/video.
Por el momento no han trascendido mayores detalles del vuelo, y si el mismo corresponde a una nueva campaña de ensayos del proyecto para el desarrollo local de una bomba guiada stand-off.
El proyecto FAS-850 “Dardo” corresponde a una iniciativa a los fines de materializar una bomba guiada stand-off compatible con algunos de los sistemas de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
A lo largo del proyecto se fueron concibiendo diversas variantes, las cuales incorporaron mejoras con el paso del tiempo, con el fin de perfeccionar sus capacidades en cuanto a alcance y precisión.
Comentario de AgendAR:
La debilidad del sistema Dardo es que hoy, a fuerza de décadas de demoras, ya se hizo viejo: la navegación por GPS es fácil de interferir o de «spoofear».
La Dardo hoy tiene un 2do sistema de back-up no interferible y barato, el viejo guiado inercial de los misiles de los ’70, llamado INS (Inertial Navigation System). Garantiza una precisión mínima de 200 o 300 metros. Si te «spoofean» el GPS y la bomba pierde su guiado satelital, el INS va a seguir dándole su ubicación y velocidad con una precisión que se va diluyendo en el tiempo. Pero si el «spoofing» enemigo no es perfecto y cada tanto el GPS intercala un dato fiable, la precisión no decae tan rápido.
Con la carga explosiva más bien chica (220 kg.) de una MK84 estadounidense o una Expal española, la Dardo con doble guiado (GPS + inercial) sólo tendría utilidad usada «en enjambre», para aumentar las chances de que al menos una haga impacto directo y las demás dañen los alrededores. Eso, en una guerra simétrica, en que el enemigo tiene contramedidas electrónicas.
Éstas son las armas antiaéreas más baratas, del mismo modo que las bombas de planeo son los más baratos de los misiles. Usadas masivamente por la aviación rusa desde 2023, muy desde retaguardia y contra blancos fijos, su relación costo/efectividad en Ucrania sigue siendo enorme.
Como arma antibuque o contra otros objetivos móviles la Dardo tampoco parece muy disuasiva. Lo sería si puede recibir actualizaciones en vuelo de la ubicación del blanco desde un dron radarizado sacrificable, cuyas instrucciones tengan mayor autoridad que el GPS y el sistema inercial.
Eso ya sería un triple sistema de navegación. Aumentaría el costo y complejidad de la bomba y el dron, si es detectable, volvería más predecible el ataque. Sin embargo, la haría peligrosa contra blancos móviles defendidos por contramedidas electrónicas, como barcos o columnas de tanques. Sería un desarrollo más largo y por ende, más caro. Podrían bajarse costos con una Dardo con triple sistema que haga de «yegua madrina» y dirija un enjambre de bombas de planeo similares por fuera y por carga explosiva, pero menos inteligentes y más baratas.
La Dardo es un arma «fire & forget», el avión que la suelta da la vuelta para escaparse. Quien conozca algo de la historia tecnológica argentina, sabe que esto es casi como retomar la bomba planeadora Tábano. Fue diseñada por el ingeniero polaco Ricardo Dyballa en los años ’50 y ’60. Era portada y dirigida por radio por los viejos bombarderos Lincoln, y con sus alas y su motor cohete de combustibles líquidos, daba un alcance en aquel entonces fenomenal, de unos 60 km.
Se la construyó y testeó largo y tendido. Pero se la fue dejando envejecer técnicamente sin hacerla entrar en producción y despliegue, y para sorpresa de nadie, la cúpula aeronáutica la cajoneó «por vieja».
La Dardo II, lamentablemente, va por ese mismo camino. Hace ya más de una década que la Fuerza Aérea Argentina muestra maquetas en las exposiciones de armas, y se les hace modificaciones teóricas al sistema de navegación o propulsión. Perode ahí a testear una bomba real, y hacerla construir en serie hay una distancia que aquí es siempre insalvable.
Lo que no se puede discutir es la necesidad de que en cualquier versión, barata o cara o ambas, la Dardo se fabrique aquí, aunque nuestros proveedores habituales (la OTAN e Israel) tengan opciones más capaces.
Podemos repetir el deshonor y la estupidez menemistas de volver a aliarnos con la OTAN contra algún enemigo elegido por EEUU. Ese asunto lo pagamos con dos atentados en Baires y 107 muertos. Pero en guerras nuestras, nunca podremos pelear con armas de la OTAN y sus aliados íntimos. Y eso porque nuestros enemigos reales las conocen, saben explotar sus debilidades y neutralizarlas, y SON miembros de la OTAN.
Hoy esos proveedores han cerrado filas, como parte de la Segunda Guerra Fría. Si ésta se vuelve a calentar en el Atlántico Sur, y bien puede suceder, y si queremos defender nuestra neutralidad pero también nuestro territorio, será preferible tener piedras y palos. Pero propios.
Para el caso, los mosquetes y cañones de montaña que le construyó al Ejército de los Andes Fray Luis Beltrán, que no era ingeniero, metalurgista o armero, estaban lejos de los estándares de calidad europeos.
Pero terminaron para siempre con el Imperio Español en Sudamérica.
En la sede Central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desarrolló la reunión del Consejo Directivo para aprobar la “modernización” del organismo autárquico que planteó el gobierno de Javier Milei, que consistía en el despido de 227 personas y ventas de campos y edificios emblemáticos.
Pero tras más de 12 horas reunidos, se levantó la sesión y se suspendió. Finalmente, no hubo votación por falta de acuerdos entre las 10 integrantes de dicho consejo.
Según trascendió de la reunión, hubo acuerdos sobre la venta de tierras del organismo, pero cuando comenzaron a trabajar la baja del personal, hubo un quiebre entre los representantes.
“La Presidencia y la Vicepresidencia consultaron a la Secretaría de Agricultura y no les dieron margen. Voten y que salga como salga. No hubo votación, dejaron sin quórum la sesión, no se resolvió nada. No hay despidos, achique, no hay ventas, no hay nada y tampoco se aprobó el listado de retiros voluntarios”, dijo Mario Romero, secretario General de Apinta, el gremio que representa a los trabajadores, cerca de las 21 horas.
Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, había ratificado este miércoles la posición de la entidad que habían comunicado días atrás. “Nos vamos a oponer si la posición del Gobierno es baja de contratos y venta de tierras. A lo que no nos oponemos es a revisar cosas que se deben revisar, pero debe ser estratégico”, había remarcado.
Cabe destacar que el Consejo Directivo está conformado por el Presidente y Vicepresidente del INTA y un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía, de las facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).
¿Vender todo para darle más recursos?
Desde el Gobierno dicen que la venta de las tierras donde se realiza investigación clave para la actividad agropecuaria es para “darle más recursos al organismo”. “Ojalá que los directivos del INTA opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando mencionó este miércoles del plan de modernización del INTA.
El plan de “modernización” del Gobierno implica la venta de edificios, tierras y el despido de 227 empleados. “El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior”, había apuntado el funcionario.
Afuera de la reunión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Apinta, se movilizaron para expresar su “repudio” contra el llamado plan de “modernización” del organismo que impulsa el gobierno nacional.
Hasta 65 profesionales que tienen a su cargo la dirección de las Estaciones Experimentales y los Institutos de Investigación de ese organismo criticaron los despidos de personal y el ajuste institucional. En una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional, reivindicaron en primer término la calidad de su trabajo profesional y el de sus dirigidos.
Se pretende fomentar conexiones áéreas entre las distintas provincias argentinas mediante la simplificación de los procedimientos de autorización para aeronaves con capacidad de hasta 19 pasajeros. La medida desregulatoria, que busca diversificar el mercado aerocomercial y mejorar la conectividad, es celebrada en el sector, pero un exdirector de Aerolíneas Argentinas advirtió que se trata de “un invento”.
La nueva normativa permitirá a las empresas gestionar con mayor rapidez la autorización para operar vuelos no regulares, tanto nacionales como internacionales, destinados al transporte de pasajeros y carga. Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, la medida también apunta a fortalecer las economías regionales al ofrecer nuevas alternativas de conectividad aérea.
En diálogo con Punto y aparte (90.7 Punto a Punto Radio), Jorge Molina, especialista en aeronáutica y exdirector de la compañía de bandera nacional, reconoció que desregular y agilizar trámites es un paso necesario para eliminar trabas burocráticas, pero advirtió que el mercado argentino carece actualmente de la infraestructura y demanda necesarias para sustentar vuelos con aeronaves pequeñas.
“En Argentina no existe todavía el mercado para este tipo de vuelos para abastecer rutas aéreas no frecuentes en el interior. Las empresas que existen hoy en Argentina son de taxis aéreos, de vuelos no regulares. Pasar a la regularidad de vuelos se dará con la eficiencia económica con la que cuenten las empresas al final del día”, explicó.
El experto indicó que la infraestructura aeroportuaria del país presenta limitaciones, con muchos aeropuertos que no operan las 24 horas ni cuentan con la tecnología necesaria para este tipo de operaciones.
La medida gubernamental llega en un contexto en el que el transporte aéreo en Argentina tiene alto potencial de expansión, estimado en un crecimiento de hasta tres veces el número actual de pasajeros, según Molina. No obstante, el experto advirtió: “Volar es caro y necesitamos de inversiones y, con cepo, ninguna empresa extranjera vendrá a invertir sin poder llevarse las ganancias”.
Aviones de pequeño porte
Molina indicó que las aeronaves de hasta 19 pasajeros “no hay muchas en el mundo” y, además, “son caras operativamente”. “En los países de la región no hay empresas aéreas con aviones de esta capacidad. Estamos tratando de inventar algo que no existe en esta parte del planeta”, sostuvo.
Y agregó: “En Alaska, por ejemplo, que es un lugar donde sí hay estos aviones, el gobierno de Estados Unidos apoya fuertemente con subsidios porque de lo contrario no llegaría ninguna aeronave a ese punto”.
Además, el asesor de empresas aéreas señaló que “la parte operativa, el mantenimiento, el personal, todo eso lo hace inoperativo a un avión de estas características” en los términos que pretende el gobierno nacional.
“Estas aeronaves tienen muy poca capacidad de carga. Por lo tanto, si alguien viniera de Villa Dolores a Córdoba, no podría volver con las compras, valijas, cajas o bolsas a su localidad”, finalizó.
Andy Ferreyra
Comentario de AgendAR:
La historia se puede contar al revés de cómo la narra Molina. Cuando EMBRAER era una firma insignificante de Sao Paulo, en 1965, diseñó un transporte biturbohélice de cabotaje liviano para 21 pasajeros, el EMB 110 Bandeirante. Era casi idéntico al Guaraní 2, de nuestra Fábrica Militar de Aviones.
Pero es difícil imaginar dos destinos tan diferentes para dos aeronaves tan parecidas. Citando del historiador Carlos Ay, de Gaceta Aeronáutica, «…los méritos del modelo incluyen haber sido el primer diseño sudamericano en cruzar en vuelo el Océano Atlántico rumbo a Europa (1965) y atravesar el Estrecho de Drake para sobrevolar la Antártida (1968), ser el único modelo nacional en realizar vuelos regulares de transporte aéreo comercial (1973-1994), haber prestado servicio en operaciones de transporte, aerofotografía y calibración de radioayudas para las fuerzas armadas argentinas (1966-2007) y atender necesidades de transporte aéreo en organismos públicos federales y provinciales (1971-1994)». Nada menos, pero nada más.
EMBRAER, en aquel momento propiedad de la Fuerza Aérea Brasileña, más que dedicar el Bandeirante como avión militar de enlace entre sus bases aéreas, o como patrullero, o a vegetar en el poco cabotaje civil que permitía el escaso desarrollo de los aeródromos municipales brasucas, apostó a fabricarlo en series grandes y salió a venderlo al mundo. Ojo, el Guaraní era algo mejor que el Bandeirante en asuntos como velocidad crucero, pero a fecha de 1990 EMBRAER había ubicado más de 500 en aeronáuticas militares europeas de todos los continentes, y fundamentalmente, los muchos operadores privados de corta distancia.
En 2020 todavía volaban 39 Bandeirantes en propiedad de 15 aerolíneas chicas. Y la que no era chica era EMBRAER. Hoy es la tercera constructora mundial de jets comerciales de alcance medio, y le saca mercado a Boeing en EEUU y a Airbus en Europa.
En contraste, la FMA (Fábrica Militar de Aviones) obedeció al mandato secreto que asumió la Fuerza Aérea Argentina desde 1956: fabricar artesanalmente y no competir afuera. Se fabricaron 35 sólo Guaraní 2.
En 1990 se repitió la misma «hazaña»: el CBA Vector, desarrollado en conjunto por FMA con EMBRAER, fue dado de baja por Carlos Menem y Fernando Collor de Melo, el Menem brasileño, con tres prototipos volando, y más de 200 memorandos de intención de compra. En aquel año, fue la máquina biturbohélice más avanzada y rápida del mundo para cabotaje liviano.
EMBRAER, sin embargo, no perdió los U$ 600 millones que había invertido en el proyecto. Aprovechó el fuselaje y la aviónica del CBA Vector para su primer jet de cabotaje, y apoyándose en ese peldaño, se volvió lo que es hoy. Pero antes de eso, y por agachadas y furcios parecidos, Collor fue expulsado de la presidencia de Brasil. Menem no, y tanto sobrevivió como presidente que tuvo tiempo de regalarle la FMA a Lockheed.
Con estos antecedentes aeronáuticos, es inevitable que un CEO como Molina crea que el biturbo de cabotaje argentino deba a) ser importado, b) esperar a que los aeródromos de pista de pasto o de tierra sean pavimentados y dotados de torre de control, radar y balizas electrónicas para operar con niebla, lluvia, de noche, o todo junto.
Obviamente, es el momento en que Molina cuela el mantra libertario de que esto sólo se hará con plata venida de afuera, que acudirá a la lid no bien se levante el cepo cambiario.
La mala memoria de Molina, quizás por exceso de juventud o de vejez, lo ignoro, le hacen olvidar que el día mismo que el presidente argentino Raúl Alfonsín retiró el cepo cambiario, la alegre muchachada de mesadineristas, cueveros y banqueros de la City porteña secó la plaza de dólares y desató la primera hiperinflación argentina del siglo XX. No llegaron dólares, más bien se fugaron a lo bestia, y más afuera que a los colchones.
Obviamente, esto se llevó puesto al gobierno de Alfonsín.
A veces el mundo funciona exactamente al revés de lo que opinan, al menos públicamente, los CEOs. Y si se trata de colgar mi mantra, ahí les va: la infraestructura aeronáutica de la Argentina la construyó el estado nacional, creador, propulsor y propietario también de sus dos líneas principales: Aerolíneas y LADE.
La última conectó siempre las ciudades patagónicas no sólo con la Capital, sino entre sí. En su apogeo, LADE llegó a operar hasta 30 destinos en Argentina, incluyendo las islas Malvinas entre 1972 y 1982.
Llegó a tener aviones intercontinentales (éste es un país grande) como el Boeing 707, pero su trabajo principal de aerolínea «de fomento» lo ejercía con una flota de jets pequeños, los Fokker 28, y biturbohélice Fokker 28. Pero para donde las pistas muy cortas o muy malas, (Río Senguer, Río Mayo, El Maitén, Río Turbio) LADE llegaba con sus Twin Otter, biturbos lentos pero excepcionalmente robustos, y si además las cargas eran pesadas, con Hércules, y cuando directamente no había pista alguna, LADE usó hidroaviones (en Malvinas, en 1971).
«Fomento» significa que el estado asume pérdida operativa para que las ciudades de zonas despobladas prosperen, y en el caso de los 750.000 km2 de provincias patagónicas, para no perderlas por despoblamiento. Si este trabajo no lo hace el estado nacional, no lo hace nadie. La iniciativa privada argentina siempre estuvo bastante privada de iniciativa.
LADE la cerró Menem, sorpresa. Reabrió en tiempos de NK y fue recuperándose y reequipándose lentamente de flota, y retomando destinos. Estaba por iniciar vuelos turísticos a la Antártida. Pero la hizo desaparecer Macri, sorpresa.
Que no me venga Molina a decir que el cabotaje no existe en esta parte del mundo. Justo en este país, además.
El Consejo Portuario Argentino (CPA) advirtió que la licitación propuesta por al subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante para el mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad de la hidrovía implican un riesgo para el comercio exterior.
“El Consejo Portuario Argentino comparte con todos los sectores relacionados con el comercio, el trabajo y el transporte marítimo y fluvial el deseo de una pronta definición respecto del futuro del mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad del río Paraná y el río de La Plata y su salida al mar. Sin embargo, nos preocupa gravemente por su contenido la reciente resolución tomada por la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina mercante de la nación en ese sentido”, comunicó la entidad.
“Entendemos que los pliegos de licitación publicados contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones y, por lo tanto, para la economía de nuestro país. Además, se perjudicarán significativamente las posibilidades de las economías regionales y el desarrollo federal”, complementó.
En específico, los pliegos cuestionados por el Consejo por contener “evidentes ineficiencias” son la insistencia de mantener el Canal Emilio Mitre como ruta principal, tramo que “ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado”, remarcó el CPA.
A lo anterior se le sumaría la propuesta de profundizar y ampliar el Canal Punta Indio “con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena”, acotó la entidad.
En este sentido, las cerca de 1.500 naves al año que bajan por el río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía blanca y otras con rumbo al sur, se verán “obligadas a recorrer 150 kilómetros más que si lo hicieran por el Canal Magdalena”, subrayó el CPA.
“Además, la ruta por el Canal Punta Indio es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros”, añadió.
En este sentido, desde el Consejo se enfatizó que “la lista es más extensa y se mencionan aquí solo algunos aspectos. Sin embargo ya con éstos, queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá altas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador. Todo esto en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario. Tampoco se hace ninguna previsión respecto de las prospecciones hídricas crecientes y bajantes, seguramente influenciadas por el cambio climático que seguirá afectándonos”.
“La condición de servicio público queda poco asegurada, ya que no se definen claramente los accesos a mantener, ni las obligaciones de responder a necesidades públicas futuras. El esquema de gobernanza y control queda sujeto a la discrecionalidad del gobierno central no previendo ningún mecanismo institucional federal de control, ni siquiera la participación de las provincias en su incumbencia ambiental”, amplió.
El comunicado concluye lamentando la ocurrencia de los errores que la entidad identificó y esperando que los problemas sean revisados antes de establecer los compromisos contractuales “de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población”, según destacó la CPA.
La transición energética es un desafío global que, más allá de que toma distintas formas en cada región, requiere la búsqueda de soluciones compartidas basadas en el desarrollo científico-tecnológico y la cooperación entre países. Ese fue el eje del “Día de la Ciencia Argentino-Alemán”, una jornada realizada en la Embajada Argentina en Alemania el pasado 8 de noviembre, en Berlín.
El evento formó parte del programa de la Berlin Science Week, que se hace todos los años del 1 al 10 de noviembre con el objetivo de conectar ciencia, arte y sociedad. En esta edición, el festival ofreció más de 300 actividades desplegadas en 120 locaciones, con exponentes provenientes de todo el mundo, bajo el lema de «Common ground» (que puede traducirse como «terreno en común» o «puntos en común»).
Durante la actividad realizada en la Embajada argentina, científicos de ambos países disertaron sobre los proyectos que realizan en conjunto en distintos aspectos vinculados a la transición energética y debatieron en dos paneles de discusión sobre el tema. El evento, que se llevó a cabo en inglés y en español, contó con las palabras de bienvenida del embajador argentino en Alemania, Fernando Brun.
Durante la actividad realizada en la Embajada Argentina en Alemania, científicos de ambos países disertaron sobre los proyectos que realizan en conjunto en distintos aspectos vinculados a la transición energética y debatieron en dos paneles de discusión.
“¿Por qué un país como Argentina se integra a la semana de la ciencia en Alemania? Lo hacemos comprometidos de manera estratégica con la ciencia como motor de la competitividad y del avance de los beneficios de nuestra civilización”, expresó Brun, quien destacó a la transición energética como una oportunidad para “generar capacidades que nos permitan integrarnos de manera única en nuevas cadenas de valor”. A continuación, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, Darío Genua, en un mensaje grabado, destacó la importancia de la colaboración con Alemania en temas de transición energética por ser un país con una sólida trayectoria en innovación.
El moderador del evento fue Andrés Lasagni, doctor en Ciencia de Materiales y coordinador científico de la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA). La red, que el próximo mes festeja 15 años de existencia, busca generar una vinculación entre científicos argentinos que viven en ese país y fomentar la cooperación de ambos países en distintas disciplinas. “Inicialmente pertenecemos al programa Raíces. Nos gustaría llegar a más científicos argentinos que trabajan en Alemania. Los invitamos a sumarse y a contarnos qué esperan de la red, para seguir ampliando los lazos de cooperación”, indicó Lasagni.
Durante la jornada, se anunció la creación de la Alianza Geotérmica Argentino-Alemana (GAGA, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa aspira a identificar y catalogar los recursos geotérmicos de la Argentina para su posterior utilización, con miras a aprovechar esta fuente de energía renovable para seguir avanzando en la transición. La propuesta fue hecha por la científica alemana Igna Moeck, de la Universidad Göttingen, quien contó sobre la motivación para impulsarla. “Creo que es una gran oportunidad para nosotros ya que estamos convencidos de que compartir nuestro conocimiento mejora el potencial y el entendimiento en materia energética para ambos países”, sostuvo.
Berlin Science Week es un festival que se hace todos los años del 1 al 10 de noviembre con el objetivo de conectar ciencia, arte y sociedad. En esta edición, hubo más de 300 actividades desplegadas en 120 locaciones, bajo el lema de «Common ground».
Por su parte, Héctor Ostera, investigador de la UBA y representante argentino de esta nueva alianza, enumeró las ventajas de esta fuente de energía, como por ejemplo: limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los compromisos reflejados en el Acuerdo de París; mejorar la seguridad del suministro eléctrico en la región; y brindar un suministro de energía eléctrica de base confiable, incluso en condiciones adversas que afectan a otras fuentes como la escasez de agua y de vientos. En ese sentido, una de las primeras tareas de la Alianza será hacer un análisis del sistema geológico argentino y una recopilación y control de calidad de datos de temperatura del subsuelo para desarrollar un modelo de temperatura 3D para Argentina.
Otros de los expositores fue Emiliano Cortés, investigador argentino en el Nanoinstitut München, donde explora las propiedades de nanomateriales para tratar de convertir o almacenar energía de forma más eficiente. “Alemania tiene una apuesta muy grande en investigación básica y lleva la delantera en cuanto al porcentaje de su sistema energético que ya se ha convertido a energías limpias. En tanto, lo que tiene la Argentina son recursos naturales claves para formar parte de las energías limpias del futuro, incluyendo los minerales críticos, y por ello tiene un desafío muy grande: ver cómo hará para explotarlos de forma sostenible y amigable con el ambiente, con beneficios reales para la sociedad que habita ese territorio”, expresó.
A su vez, subrayó que la mayor dificultad para transicionar a energías limpias y abandonar los combustibles fósiles son los costos. “Los costos son un factor central para que la población se sume a la idea de un cambio de paradigma energético. Creo que podemos aprender mucho de China, que ha sido muy eficiente en ofrecerle a la población soluciones a un costo competitivo comparado con el de las energías contaminantes, con lo cual han logrado un cambio rápido y a gran escala. Esto nos muestra que las herramientas existen y hay que ver cómo podemos aplicarlas en nuestros territorios», remarcó.
En el mismo sentido, Liliana Mogni, investigadora del Centro Atómico Bariloche (CAB), quien contó sobre el trabajo que realizan en nuevos materiales e hidrógeno verde junto al Helmhotz-Zentrum Berlin y otras instituciones, agregó: “La Argentina tiene recursos naturales y energéticos claves. Mi esperanza es que podamos explotar estos recursos pero agregando valor a través de la ciencia, de forma similar a como hicimos en el pasado con la energía nuclear, apuntando a que se pueda desarrollar una industria en torno a esos recursos”.
Otros temas sobre los que se debatieron durante la jornada incluyeron la necesidad de reducir la cantidad de energía que se consume y de aumentar la eficiencia energética; la preocupación por la cantidad de energía que se va a necesitar en los próximos años para el uso de Inteligencia Artificial (se estima que podría llegar al 2% del consumo mundial de energía); y la inquietud por el impacto que tendrá la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, un conocido negacionista del cambio climático, en el proceso de transición energética mundial.
Por último, también hubo espacio para la reflexión sobre el desfinanciamiento de la ciencia argentina por parte del Gobierno. Al respecto, Mogni advirtió: “Tenemos una situación crítica con muchos proyectos congelados o con una asignación de fondos dilatados. Esto es un golpe muy grande porque este tipo de desarrollos requieren de capital intensivo. Sobre todo en las etapas iniciales, donde es clave la participación del Estado. Estoy viendo con mucha pena que hemos llegado a este punto de desarrollo con mucho más background científico y técnico que otros países de la región y, sin embargo, hoy estamos perdiendo la oportunidad de dar el salto por la dilatación de los fondos. Sin eso, se hará difícil continuar es el camino de la transición”.
China construyó un prototipo de reactor nuclear terrestre para un gran buque de guerra de superficie, en la señal más clara hasta ahora de que Beijing avanza hacia la producción del primer portaaviones de propulsión nuclear del país, según un nuevo análisis de imágenes de satélite y documentos del Gobierno chino facilitados a The Associated Press.
La Armada china es ya la mayor del mundo en términos numéricos y se modernizó rápidamente. Añadir portaaviones de propulsión nuclear a su flota sería un gran paso para hacer realidad sus ambiciones de contar con una verdadera fuerza de “aguas azules” capaz de operar en mares alejados de China en un creciente desafío global a Estados Unidos.
“Los portaaviones de propulsión nuclear situarían a China en el exclusivo escalafón de las potencias navales de primera clase, un grupo limitado en la actualidad a Estados Unidos y Francia”, afirma Tong Zhao, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en la ciudad de Washington. “Para los dirigentes chinos, este desarrollo simbolizaría el prestigio nacional, alimentaría el nacionalismo interno y elevaría la imagen global del país como potencia líder”.
Los investigadores del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de California declararon que habían llegado a esta conclusión mientras investigaban un emplazamiento montañoso a las afueras de la ciudad de Leshan, en la provincia suroccidental china de Sichuan, donde sospechaban que China estaba construyendo un reactor para producir plutonio o tritio con fines armamentísticos.
En lugar de ello, llegaron a la conclusión de que China estaba construyendo un reactor prototipo para un gran buque de guerra. El proyecto de Leshan se conoce como Proyecto Longwei, o Poder del Dragón, y también se menciona en los documentos como Proyecto de Desarrollo de la Energía Nuclear.
Ni el Ministerio de Defensa ni el de Asuntos Exteriores de China respondieron a las solicitudes de comentarios.
Imágenes de satélite y documentos públicos ayudaron a identificar el posible proyecto de portaaviones
Hace tiempo que se rumorea que China planea construir un portaaviones de propulsión nuclear, pero la investigación del equipo de Middlebury es la primera que confirma que China está trabajando en un sistema de propulsión nuclear para un buque de guerra de superficie del tamaño de un portaaviones.
“El prototipo de reactor de Leshan es la primera prueba sólida de que China está desarrollando un portaaviones de propulsión nuclear”, declaró Jeffrey Lewis, profesor de Middlebury y uno de los investigadores del proyecto. “Operar un portaaviones de propulsión nuclear es como ser parte de un club exclusivo, al que China parece dispuesta a unirse”.
Basándose en imágenes de satélite y documentos públicos, como licitaciones de proyectos, expedientes de personal, estudios de impacto ambiental –e incluso la queja de un ciudadano por las ruidosas obras y el exceso de polvo–, llegaron a la conclusión de que se estaba construyendo un prototipo de reactor para propulsión naval en las montañas del municipio de Mucheng, a unos 112 kilómetros al suroeste de Chengdu, la capital provincial de Sichuan.
El reactor, que según los documentos de adquisición pronto estará operativo, se encuentra en una nueva instalación construida en el lugar conocido como Base 909, que alberga otros seis reactores operativos, desmantelados o en construcción, según el análisis. El emplazamiento está bajo el control del Instituto de Energía Nuclear de China, filial de la Corporación Nuclear Nacional de China, que se encarga de la investigación y las pruebas de ingeniería de reactores.
Los documentos que indican que el Instituto 701 de China, formalmente conocido como Centro de Investigación y Diseño Naval de China, responsable del desarrollo de portaaviones, adquirió equipos de reactor “destinados a ser instalados en un gran buque de guerra de superficie” en el marco del Proyecto de Desarrollo de Energía Nuclear, así como la “designación de defensa nacional” del proyecto, ayudaron a llegar a la conclusión de que el reactor de grandes dimensiones es un prototipo para un portaaviones de nueva generación.
Imágenes de satélite de 2020 a 2023 mostraron la demolición de viviendas y la construcción de infraestructuras de toma de agua conectadas al emplazamiento del reactor. Los contratos para los generadores de vapor y las bombas de turbina indican que el proyecto incluye un reactor de agua a presión con un circuito secundario, un perfil coherente con los reactores de propulsión naval, afirman los investigadores.
Un informe de impacto ambiental califica el Proyecto Longwei de “proyecto de construcción relacionado con la defensa nacional” clasificado como “secreto”.
“A menos que China esté desarrollando cruceros de propulsión nuclear, una actividad que solo llevaron a cabo Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo más seguro es que el Proyecto de Desarrollo de Energía Nuclear se refiera a un proyecto de desarrollo de portaaviones de propulsión nuclear”, escriben los investigadores en un detallado informe de 19 páginas sobre sus hallazgos compartido en exclusiva con la AP.
Jamie Withorne, analista del Proyecto Nuclear de Oslo que no participó en la investigación y revisó las conclusiones, dijo que el equipo de Middlebury presentó un “argumento convincente”.
“A partir de los informes de identificación, la ubicación conjunta con otras instalaciones de reactores navales y la correlación de la actividad de construcción, creo que puede decirse que es probable que el Proyecto Longwei se encuentre en la Base 909, y podría estar ubicado en el edificio identificado”, dijo.
Sin embargo, la investigación no proporciona pistas sobre cuándo podría construirse y entrar en funcionamiento un portaaviones de propulsión nuclear chino, señaló.
Sarah Laderman, analista principal de Open Nuclear Network, un programa de la ONG estadounidense PAX sapiens foundation, dijo que los hallazgos habían sido “cuidadosamente realizados y minuciosamente investigados”.
“Dadas las pruebas presentadas aquí, veo un caso convincente de que China parece estar trabajando en la construcción de un sistema de propulsión nuclear para sus buques de superficie naval (probablemente portaaviones) en este lugar”, dijo Laderman, que tiene su sede en Viena y no participó en la investigación de Middlebury.
En busca de un portaaviones de propulsión nuclear
El primer portaaviones de China, puesto en servicio en 2012, era un buque soviético reutilizado, y el segundo fue construido en China pero basado en el diseño soviético. Ambos buques –llamados Liaoning y Shandong– emplean un método de lanzamiento del tipo “salto de esquí”, con una rampa al final de una pista corta para ayudar a los aviones a despegar.
El Tipo 003 Fujian, botado en 2022, fue el tercer portaaviones del país y el primero de diseño y construcción propios. Emplea un sistema de lanzamiento de tipo electromagnético como los desarrollados y utilizados por la Marina estadounidense. Los tres portaaviones son de propulsión convencional.
En marzo ni siquiera habían comenzado las pruebas de mar del Fujian cuando Yuan Huazhi, comisario político de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, confirmó la construcción de un cuarto portaaviones. Cuando se le preguntó si sería de propulsión nuclear, dijo que “pronto se anunciaría”, pero de momento no ha sido así.
Se ha especulado con la posibilidad de que China empiece a fabricar dos nuevos portaaviones a la vez, uno Tipo 003 como el Fujian y otro Tipo 004 de propulsión nuclear, algo que no ha intentado antes pero que sus astilleros tienen capacidad para hacer.
Matthew Funaiole, investigador principal del Proyecto China Power del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, duda que el próximo portaaviones chino sea de propulsión nuclear. En su lugar, espera que el cuarto portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación se centre en optimizar el diseño actual del portaaviones Fujian con “mejoras graduales”.
Nick Childs, investigador principal de fuerzas navales y seguridad marítima en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que los chinos “adoptaron un enfoque incremental para el desarrollo de su portaaviones con una serie de ambiciones que evolucionarán con el tiempo”.
“Por ahora, sus despliegues fueron relativamente cautelosos, manteniéndose en gran medida dentro del alcance del apoyo en tierra, pero proyectando influencia y hasta cierto punto coerción dentro de sus aguas cercanas”.
Con el tiempo, sin embargo, “portaaviones más grandes y más parecidos a sus homólogos estadounidenses les darán más opciones para proyectar poder”, dijo Childs.
Se tarda varios años en construir un portaaviones y ponerlo en funcionamiento, pero el desarrollo de la propulsión nuclear para su próxima generación de buques de guerra acabaría dando a China más potencia para hacer funcionar sistemas avanzados, como lanzadores electromagnéticos, radares y armas de nueva tecnología, afirmó Childs.
“Además de obviar la necesidad de que el buque tenga que repostar con regularidad y, por tanto, de darle una autonomía mucho mayor, la energía nuclear significa que, sin necesidad de transportar combustible para el buque, habrá espacio a bordo para combustible y armas para sus aviones, ampliando sus capacidades”, dijo Childs.
“Mucho dependerá del tamaño total del próximo portaaviones, pero la incorporación de la energía nuclear representará un importante paso adelante en el desarrollo de los portaaviones chinos, con un buque más comparable a los portaaviones de la Marina de Estados Unidos”.
Zhao, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, afirmó que los portaaviones de propulsión nuclear proporcionarían a las Fuerzas Armadas chinas “mayor flexibilidad y resistencia para operar en torno a puntos estratégicos críticos, especialmente a lo largo de la Primera Cadena Insular, donde se encuentran la mayoría de los territorios disputados por China”.
La Primera Cadena de Islas incluye la isla autogobernada de Taiwán, que China reclama como propia y promete anexar por la fuerza si es necesario.
Estados Unidos está obligado por una ley nacional a suministrar a Taiwán armas suficientes para impedir una invasión, y podría prestar ayuda a la isla desde sus bases en el Pacífico en caso de invasión o bloqueo. También aumentaon las tensiones en el Mar de China Meridional entre China y las naciones vecinas por disputas territoriales y reivindicaciones marítimas.
“Estos portaaviones también podrían extender las operaciones chinas más profundamente en el Pacífico Occidental, desafiando aún más la capacidad militar de EE.UU. para ‘intervenir’ en asuntos regionales que China considera que se resuelven mejor solo por los países de la región”, dijo Zhao.
Rivalidad entre Estados Unidos y China
El presidente de China, Xi Jinping, pidió a los responsables de defensa la construcción de una Armada de “primera clase” y la conversión en una potencia marítima como parte de su plan para el rejuvenecimiento del país.
El informe más reciente del país sobre defensa nacional, fechado en 2019, decía que la Armada china se estaba ajustando a los requisitos estratégicos “acelerando la transición de sus tareas desde la defensa en los mares cercanos a las misiones de protección en los mares lejanos”.
La Armada del Ejército Popular de Liberación es ya la mayor del mundo, con más de 370 buques y submarinos. El país también cuenta con una poderosa capacidad de construcción naval: los astilleros chinos construyen varios centenares de buques al año, mientras que Estados Unidos construye cinco o menos, según un informe del Congreso estadounidense de finales del año pasado.
Sin embargo, la Armada china está por detrás de la estadounidense en muchos aspectos. Entre otras ventajas, Estados Unidos dispone actualmente de 11 portaaviones, todos ellos de propulsión nuclear, lo que le permite mantener desplegados en todo momento múltiples grupos de ataque en todo el mundo, incluido el Indo-Pacífico.
Pero el Pentágono está cada vez más preocupado por la rápida modernización de la flota china, que incluye el diseño y la construcción de nuevos portaaviones.
Esto concuerda con el “creciente énfasis de China en el dominio marítimo y las crecientes demandas” para que su Armada “opere a mayores distancias de China continental”, dijo el Departamento de Defensa en su más reciente informe al Congreso sobre las fuerzas armadas chinas.
Y la “creciente fuerza de portaaviones de China amplía la cobertura de defensa aérea de los grupos de tareas desplegados más allá del alcance de las defensas terrestres, permitiendo operaciones más alejadas de la costa china”, según el informe.
Un resumen de AgendAR:
Va a ser el tercer portaaviones de China y el primero nuclear. Podrá estar en misión tiempo prolongado sin abastecimiento de combustible para su propulsión o su consumo de potencia eléctrica. Y todo ese volumen de almacenamiento de combustibles líquidos de un portaaviones convencional, lo puede dedicar al querosene JP-1 de sus aviones.
Un portaaviones chino de este tipo andaría cerca de los 100.000 toneladas de desplazamiento, y la motorización nuclear estaría cerca de los 200 MWe. Amén de navegar a mucha velocidad, podría dar varias vueltas al mundo sin recambio de combustibles. Pero además el excedente eléctrico no sólo cubre la «hotelería» de la tripulación, sino permite un extra de potencia para las catapultas magnéticas de los aviones, su sistema de frenado en apontamiento, los radares, los sonares, las comunicaciones y los sistemas de autodefensa. Aquí ya hay un preaviso de que la Armada del EPL deja de ser defensiva y costera.
En lo estrictamente defensivo, con el portaaviones 004 nuclear tendrá una capacidad de despliegue prolongado, y por ende, de contrabloqueo desde el Este o el Oeste de los estrechos de Malaca y Singapur, vitales para el comercio chino. Y no es la presencia en zona de uno o dos portaaviones nucleares chinos, el 004 y un eventual 005, en estos dos «choke points» marítimos lo que disuade a cualquiera de cerrarlos. Alcanza con que existan. Su efectividad, por ahora, será más geopolítica que militar.
El complemento aéreo ya pinta superior al de los 11 portaaviones nucleares estadounidenses, porque es más nuevo. Si estuviera navegando hoy, debería usar como cazas de ataque y superioridad aérea los enormes derivados chinos del Sukhoi 27 Flanker ruso, los J-11, J-15 y J-31. Son células pesadas, del orden de las 17 toneladas. Las catapultas y sistemas de apontamiento magnético deberán ser muy poderosas. Pero estos cazas bimotores adhieren al mandato de ingeniería de la aviación soviética y rusa: en lo posible no depender del reabastecimiento aéreo, y en cambio tener mucho combustible a bordo para tener el mayor radio de acción posible. En cuanto a morfología stealth, o furtiva ante el radar, estos cazas siguen el mandato ruso: del radar enemigo te escapás con contramedidas electrónicas.
Pero cuando el 004 esté haciendo sus ensayos de mar, problablemente empiece a equiparse con la versión naval del FC-31, de morfología adiamantada como todo caza stealth, y dos turbinas que suman un empuje máximo de 24 toneladas. A carga plena, con 8 toneladas de armas, podría despegar a puro postcombustor, sin catapulta magnética. No es imposible que en la dotación de FC-31 haya un alto número de aparatos biposto, y que el tipo importante a bordo sea el que se sienta detrás del piloto, un oficial de armas y comunicaciones que va a estar manejando escuadrillas de drones 100 o 200 km al frente.
El FC-31 es supercrucero: puede volar supersónico sin postcombustor, «crucereando» en el punto de mayor eficiencia de las dos turbinas. Eso les da un alcance de ataque de 1250 km. El de los Super Hornet block 3 yanquis, con tanques envolventes del fuselaje y equipado a guerra, llega a 1700 km… dicen. El punto flojo del Hornet y del Super Hornet siempre ha sido la falta de alcance efectivo, debido en parte a turbinas con poca derivación de aire perimetral, más cerca de los viejos turbojets que de los más modernos turbofan.
Un avión tanquero convencional no puede operar desde portaaviones, por su tamaño. Y el Pacífico es demasiado grande. Sin reabastecimiento, un Super Hornet puede atacar a distancia, pero no tiene asegurada la vuelta. Por la misma cuestión de tamaño, un reabastecedor convencional es un blanco perfecto para misiles como el PL-15 chino, con alcance efectivo de 300/400 km. .
Pero en la guerra moderna, la tecnología ha hecho que los portaaviones e incluso sus aviones no sean armas tan decisiva. Ese papel queda para los submarinos (no necesariamente grandes ni forzosamente tripulados) armados con misiles antibuque, torpedos inteligentes de largo alcance. Y hay amplio lugar para los bombarderos terrestres capaces de disparar misiles antibuque hipersónicos, como el Kinzhal ruso.
Para los que se perdieron Midway por no haber nacido a tiempo, la lucha entre portaaviones en altamar hoy es bastante imposible. Una fuerza de tareas hoy opera bajo observación constante espacial y de drones enemigos. Se ha vuelto demasiado vulnerable a todo tipo de ataques, incluso con misiles balísticos de carga no nuclear, como el Oreshnik. En la superficie del mar no hay escondites.
Los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva mantien una relación tensa.Pero rubricaron el lunes 18/11 el acuerdo bilateral para potenciar las exportaciones de gas desde Vaca Muerta al Brasil en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira estamparon la firma sobre el memorandum de entendimiento para los intercambios de gas entre ambos países. El documento final establece volúmenes de gas incrementales a ser exportados al Brasil hasta llegar a 30 millones de m³ por día para 2030. Por otro lado, Bolivia firmaría un anexo a este acuerdo en el que se establecerá el precio por el transporte de gas a través de territorioboliviano, según las fuentes consultadas.
El acuerdo suscrito por los ministros establece que la Argentina entregaría al Brasil dos millones de metros cúbicos de gas (MMm3) por día a principios de 2025. Este volumen podría crecer a 10 MMm3/día en los próximos tres años, alcanzando 30 MMm3/día en 2030, indicaron las fuentes sobre el texto final rubricado este lunes.
Silveira celebró que la firma del acuerdo llevará «gas barato» al Brasil. «Firmé con el Ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el Memorando de Entendimiento para traer gas de Vaca Muerta a Brasil. La previsión es que las importaciones brasileñas de gas natural de nuestros vecinos se realicen a través de 5 rutas. Queremos aumentar la oferta de gas en Brasil y en consecuencia reducir el precio. Necesitamos tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para reducir el precio y reindustrializar Brasil, generando más oportunidades para nuestro pueblo», dijo el ministro de Lula en su cuenta de X (ex Twitter).
El texto adelantado por este medio señala que se establecerá un Grupo de Trabajo Bilateral para trabajar sobre tres modalidades de intercambio de gas argentino al Brasil. Del documento se desprende que los gobiernos están impulsando centralmente las exportación de volúmenes no interrumpibles desde Vaca Muerta.
Los integrantes del grupo buscarán tratar las operaciones de exportación de gas natural bajo tres alternativas de intercambio: Operación Comercial de Exportación de Gas Natural en firme, Operación de Intercambio de Gas Natural en Carácter de Emergencia con Devolución, y Operación de Exportación de Gas Natural en Carácter de Oportunidad con Devolución. También se deja la puerta a realizar importaciones de gas temporales o de emergencia desde Brasil.
Un ingrediente habitual de los protectores solares, las nanopartículas de zinc, pueden ayudar a proteger el arroz del estrés térmico, un problema cada vez más frecuente en el marco del cambio climático.
Se sabe que el zinc desempeña un papel importante en el metabolismo de las plantas. A menudo se añade una forma salina del mineral al suelo o se pulveriza sobre las hojas como fertilizante, pero esto no es muy eficaz. Otro método consiste en administrar el zinc en forma de partículas de menos de 100 nanómetros, que caben por los poros microscópicos de las hojas y se acumulan en la planta.
Los investigadores han estudiado este tipo de nanopartículas como forma de suministrar más nutrientes a las plantas, ayudando a mantener el rendimiento de los cultivos y reduciendo al mismo tiempo los daños medioambientales derivados del uso excesivo de fertilizantes. Ahora, Xiangang Hu, de la Universidad de Nankai (China), y sus colegas han comprobado cómo afectan las nanopartículas de óxido de zinc al rendimiento de los cultivos en condiciones de ola de calor.
Cultivaron plantas de arroz en flor en un invernadero en condiciones normales y bajo una ola de calor simulada en la que las temperaturas superaron los 37 °C durante seis días seguidos. Algunas plantas fueron rociadas con nanopartículas y otras no recibieron ningún tratamiento.
En el momento de la cosecha, la producción media de grano de las plantas tratadas con nanopartículas de zinc fue un 22,1% superior a la de las plantas que no habían sido rociadas, y este arroz también tenía mayores niveles de nutrientes. El zinc también fue beneficioso en condiciones de ola de calor; de hecho, en estos casos, la diferencia de rendimiento entre las plantas tratadas y las no tratadas fue incluso mayor.
Basándose en mediciones detalladas de los nutrientes en las hojas, los investigadores concluyeron que el zinc aumentaba el rendimiento al potenciar las enzimas que intervienen en la fotosíntesis, así como los antioxidantes que protegen a las plantas contra las moléculas dañinas conocidas como especies reactivas del oxígeno.
«Los micronutrientes a nanoescala tienen un enorme potencial para aumentar la resistencia climática de los cultivos mediante una serie de mecanismos únicos relacionados con las especies reactivas del oxígeno», afirma Jason White, de la Estación Experimental Agrícola de Connecticut.
Los investigadores también descubrieron que el arroz tratado con nanopartículas de zinc mantenía más diversidad entre los microbios que viven en las hojas -la llamada filosfera-, lo que puede haber contribuido a la mejora del crecimiento.
Los ensayos con nanopartículas de óxido de zinc en plantas como la calabaza y la alfalfa también han demostrado un aumento del rendimiento. Pero Hu afirma que se necesita más investigación para verificar que esto podría beneficiar a otros cultivos, como el trigo.
El gobierno nacional divulgó por primera vez las estimaciones de cuántos son y dónde se asentaron todos los argentinos que se radicaron en el exterior en la última década. Estos datos fueron brindados por el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, en una de sus respuestas a las 1093 preguntas que le enviaron los senadores nacionales, en el marco de la exposición oral que el funcionario realizará mañana en el Congreso.
Según la respuesta de Francos, que fue publicada antes de la exposición, se estima que son 1.803.000 los argentinos que emigraron desde 2013 hasta 2023.
El ranking de los 20 países con mayor cantidad de argentinos residentes estaba, al menos hasta 2023, encabezado por España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Le siguen Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.
La respuesta oficial del Poder Ejecutivo surge a partir de una pregunta de la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien representa a la provincia de Córdoba y pertenece al bloque PRO. La legisladora se mostró disconforme con la respuesta que, según explicó Francos en su respuesta, fue creada a partir de estimaciones consulares y datos del Padrón Electoral de argentinos en el exterior.
“Se ha considerado el padrón electoral de 2023 (450.697) como base cierta y, aplicando un índice de 4 a 1 sobre el mismo, se infiere una comunidad potencial de 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en el año 2023″, fue la explicación de Francos.
Para tener el dato real, siguió el funcionario, “sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio”, pero “ninguna de estas dos situaciones se verifica”.
“Yo quiero información pura y dura, y no me la dieron —dijo Álvarez Rivero—. Busco saber cuántos son los argentinos en el exterior para que garanticemos su voto, porque en la Argentina el voto es obligatorio. Quiero que sean parte de la toma de decisiones para que, si quieren volver, puedan hacerlo. Creo que la Argentina va a ser mejor si logramos que vuelvan”, afirma la legisladora cordobesa, cuya hija vive en el exterior desde hace seis años y recién el año pasado logró votar.
Los únicos números y estadísticas que hay sobre la migración de argentinos datan de los tiempos de la pandemia. Esto se debe a que, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 14 de abril de 2022, era obligatorio al egresar del país entregar una declaración jurada en la que se manifestaba el motivo de la salida. De todos los argentinos que partieron en ese período, que en total fueron 3.388.047, el 77,5% (2.625.189) lo hizo por turismo; el 10,5% (355.117), por trabajo; el 9,6% (325.932), por residencia; el 1,4% (46.075), por mudanza; y el 1,1% (35.734), por estudio.
La mayoría de los argentinos que, durante la pandemia, tomaron la decisión de mudarse y/o residir fuera de la Argentina eran jóvenes que eligieron Brasil o España como sus destinos finales. Los datos surgieron de una serie de pedidos de acceso a la información pública de Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Argentinos en Chile, España, Italia y Estados Unidos
El único dato que había hasta le fecha era una estimación de la cantidad de argentinos que emigraron a Chile, España, Italia y Estados Unidos desde 2013 hasta 2023 — 967.000—, que había sido divulgado también tras una pregunta de Álaverez Rivero en el marco de la exposición del entonces jefe de gabinete Nicolás Posse en mayo de este año.
En el caso de España, el país con mayor población argentina, en 2013 había 340.000 argentinos residentes, población que ascendió a 360.000 hacia 2018 y que el año pasado llegó a 510.000. Estos datos, que parten de las estimaciones consulares, marcan la misma tendencia que los de la Cámara Nacional Electoral, que brindó el número de la cantidad de argentinos empadronados en España para votar. En 2013 ese padrón tenía 4716 personas y en 2017, 85.388, número que siguió creciendo de manera progresiva hasta el año pasado, cuando registró un total de 114.825 personas.
El nuevo voto por correo de los argentinos en el exterior
El pasado 18 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley N°27781, que regula el voto por correo en el exterior. “La emisión del sufragio en el exterior se realizará utilizando la Boleta Única establecida en el Código Electoral Nacional, las que serán idénticas para todos los países. Los electores en el exterior podrán ejercer su derecho al sufragio optando libremente por el voto presencial en sedes consulares o mediante el voto por correo postal. La Cámara Nacional Electoral será responsable de la implementación de ambas opciones”, se lee en el artículo 5 bis.
“Ahora quienes vivan en el exterior van a poder votar desde su casa. Antes, para votar no solo tenían que tener residencia en el exterior, tenían que empadronarse y además, tenían que viajar el día de las elecciones a votar, en muchos casos irse hacia otra ciudad. Estaba hecho para que no votes. En la Argentina, al tener el voto obligatorio, tenemos que garantizar que voten todos los argentinos, sino estamos vulnerando sus derechos”, afirma Álvarez Rivero.
Un reciente estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Investigación (Ciicti) indica que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) disminuyó su cantidad de científicos por primera vez en dos décadas. De acuerdo con el informe, en lo que va de 2024, el organismo registró una pérdida de 1055 trabajadores, entre ellos, 598 investigadores de carrera, 457 becarios y personal administrativo.
Según el último informe de Evolución de Empleo y Recursos Humanos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborado por el Grupo Economía, Política, Ciencia (EPC) y el Ciicti, esa caída “se da en el marco de un descenso generalizado de puestos de trabajo en el sector, en el que ya se perdieron 2696 empleos, pasando de 75.051 en diciembre de 2023 a 72.355 en septiembre de este año”.
En relación con lo sucedido en el Conicet, la investigación del Ciicti remarca: “Tras un crecimiento poblacional (en la cantidad de investigadores) sostenido hasta el año 2016, el organismo asistió a un estancamiento de su planta hasta el año 2021. El retroceso actual no tiene equivalentes en la historia reciente del organismo”. El Conicet representa por sí solo casi el 37% del empleo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además del Conicet, identificaron una disminución de personal en todos los organismos de ciencia y tecnología. “Si bien los demás organismos no perdieron tantos trabajadores como el Conicet, se destaca la caída absoluta en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (-673). La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ha sufrido una importante reorganización que incluyó más de 131 bajas. Otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Agencia I+D+i también presentan una contracción significativa de su planta en los últimos nueve meses”, destacan en el informe.
Y agregan: “En apenas 10 meses, la nueva gestión se abocó a reducir la planta, iniciando los despidos en diciembre mismo, y dedicándose de allí en más a achicar de manera incesante la cantidad de puestos de trabajo en el sector, desarticulando capacidades estatales y comprometiendo la posibilidad de llevar adelante políticas públicas en los más variadas ámbitos. Con ello, a fines de septiembre de 2024 la planta se encuentra en un mínimo en la serie, alcanzando apenas los 307.305 puestos de trabajo”.
El total de empleo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –incluyendo los tres agrupamientos más numerosos, es decir, empleados en organismos de la Administración Pública Nacional, personal de empresas y sociedades del Sector Público Nacional y docentes con dedicación exclusiva en universidades nacionales– pasó de 75.051 en diciembre de 2023 a 72.355 en septiembre de 2024 (-3,6%), con una destrucción neta de 2.696 empleos.
De acuerdo con el informe, en términos relativos, el mayor ajuste se dio en la Agencia I+D+i (-32,0%), la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (-22%), el INTI (21,6%) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (-12,8%). “Una decena de organismos pierden más del 5% de su planta en tan solo 10 meses. Entre las empresas del Sector Público Nacional, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) y Dioxitek tienen caídas de doble dígito (-17,9% y 15%, respectivamente)”, suman.
Y en el caso del Conicet, principal organismo de ciencia del país, la caída fue del 2,5% en la cantidad de investigadores científicos y tecnológicos (CIC) y del 4% en becarios de posgrado.
Asimismo, los responsables del informe advierten que el único organismo de ciencia y tecnología que presenta un ligero incremento en la nómina de personal en los últimos 10 meses es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, con +6), “aunque el organismo está impulsando procedimientos de retiros y jubilaciones en medio de una marcada crisis institucional”.
Fundado por las universidades nacionales de La Plata y San Martín, el Ciicti se dedica al análisis e investigación en temas estratégicos. Daniel Filmus, Gabriela Dranovsky, José Luis Zárate y Fernando Tauber integran su consejo directivo. En tanto, el Grupo EPC es dirigido por el doctor en Filosofía y Letras Nicolás Lavagnino y está formado por investigadores, analistas y consultores.
Las fobias de principios generalmente no requieren de razones. Sobre todo si son demasiadas. Sobre todo si son inconfesables.
La administración (??) de Javier Milei le tiene una fobia de principios a ARSAT. La quiere reventar por las mismas razones por las que lo hizo Mauricio Macri: ARSAT es pública, es tecnológica, estorba con su sola existencia a las multinacionales de telecomunicaciones terrestres y espaciales en rodeo propio y ajeno y gana plata. Desmiente el relato actual con su sola existencia. Es un mal ejemplo para la región.
Pero además, ARSAT generó desde la nada activos nacionales valiosos: el más estratégico sin duda es la REFEFO, los 38.000 km. de fibra óptica de 200 MHz de ancho de banda que enlaza en anillos las 24 provincias, y 2 satélites geoestacionarios, uno de los cuales sostiene las escuelas rurales y el otro exporta señal desde Ushuaia a Canadá. ARSAT hace del estado argentino propietario en uso legal de dos sitios geoestacionarios interesantes: uno vende señal a casi toda Latinoamérica, el otro a las Tres Américas. Y por último, tuvo la propiedad y custodia de otro tesoro público: grandes zonas del espectro de radiofrecuencia destinadas al crecimiento de la telefonía celular 4 y 5 G.
De haberse continuado con el plan de desarrollo de satélites y de fibra óptica, hoy Argentina sería dueña, operadora, exportadora de señal de 6 satélites operando simultáneamente, y tendría un despliegue de fibra óptica de 60.000 km. Con menos de 40.000 km., apenas más que los logrados en 2015, de todos modos sigue siendo la mayor red pública de Latinoamérica, la única federal y la de mayor velocidad.
Si los planes de ARSAT hubieran seguido a la velocidad que traía en 2015, las ganancias netas de la empresa, que viene de sólo 2 satélites lanzados en 2014 y 2015, serían mucho mayores de U$ 30 millones/año. Eso porque el ancho de banda de los satélites del 3 al 6, debido a su mayor potencia eléctrica en antenas y el tipo de antenas multispot, que la focalizan geográficamente a demanda, sería exponencialmente mayor. Hablemos más bien de U$ 300 millones/año.
Con tanto ancho de banda espacial útil especialmente para «broadcasting» habría un despliegue enorme de internet gratis para la educación, la salud y la administración públicas en sus tres niveles, así como para las fuerzas de seguridad y armadas. Con tanta red óptica terrestre como 60.000 km., no habría escuelas rurales desconectadas. Tendrían antenas satelitales de doble vía, veloces, aptas para el «ping-pong» rápido que es la telefonía 4G, que incluye uso de videos pesados.
No hay modo de que esto le caiga bien a ningún topo que viene a dinamitar el estado desde adentro, vista de elegante sport y se bañe, o use peluca y escatime jabón.
Hablando de jabón, tanta fibra óptica en manos del estado desde 2010 «pone nervioshos» a cantidad de gentes de bien. Hasta hoy, ARSAT (es decir el Estado Nacional) les permitió y permite ganar fortunas a los monopolios privados y/o extranjeros de las comunicaciones y a los multimedios. Usan la REFEFO a tarifas estúpidamente bajas, disfrazados legalmente de pequeñas cooperativas municipales del interior, como tiranosaurios haciendo «pío pío» en canasta de pollitos.
La REFEFO, estimadas/os, es la mayor obra de integración territorial del país desde que los ingleses construyeron los ferrocarriles, sólo que mueve información en lugar de mercaderías, y cero ingleses, sólo Estado Nacional. ARSAT construyó la red y se las puso al pie (error que pide autocrítica a gritos). Gracias a que operan sobre la REFEFO, en 2010 los celulares resucitaron y empezaron a servir para algo. Antes, a duras penas funcionaban para mensajitos de texto, ¿recuerda? Y bajar archivos gráficos a la compu, en casi todo el país sólo se podía hacer a las 4 de la mañana, cuando había algo de ancho de banda, los locutorios estaban cerrados y la comunicación se cortaba menos.
Watsapp y Netflix en Argentina, sin la REFEFO, serían tecnología-ficción.
Gracias a la REFEFO, Personal, Claro y Movistar se reparten el mercado interno celular a tercios. No para bien nacioan: son un cártel carísimo, funcionan como la mismísima (usar todo sustantivo adecuado) y Clarín es… bueno, Clarín, un gran sustantivo. Sin la REFEFO, su teléfono celular, lectora y lector, tendría las mismas capacidades de comunicación que un adoquín en coma. Era el estado de cosas en 2006, cuando se fundó ARSAT.
Claudio Marín, al frente de FOETRA, expresó en Página 12 que no se entendía qué quiere hacer el gobierno de Milei con ARSAT. No debería tener dudas. Lo que quiere hacer con ARSAT ya lo está haciendo: primero la está vaciando de su principal recurso inmaterial y cultural, los recursos humanos. A fecha de hoy se han ido unos 100 profesionales irreemplazables de las gerencias satelital, REFEFO y Data Center, debido a que sus cuadros técnicos ganan el 50% de lo que hace un año y Milei sigue ignorando fallos judiciales.
Luego de vaciada le venderá la REFEFO por dos mangos al que apriete más y carpetee mejor a Milei: ¿Slim, el dueño de Claro, o el Grupo Clarín? Los satélites tal vez se incluyan en el paquete, gratis. Nadie se niega a que le regalen dos chiches que ganarán entre U$ 30 y U$ 50 millones/año de acuerdo a que su servicio se venda mal o bien. Eso sí, dejarán de prestar uso público. De darle Internet a las escuelas se ocupará Elon Musk con su red Starlink. Promete no ser barato.
Pero lo decisivo es que con la REFEFO en manos privadas se le puede sacar el jugo al estado federal, a las provincias, a las empresas, y a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Tu celular, oh compatriota, te obligará a volver a comunicarte por chasqui. Bueno, Rappi. O teléfono de línea terrestre, si las telcos todavía no se afanaron todo el cobre del tendido de la vieja ENTEL.
Las posiciones orbitales serán vendidas, regaladas o intrusadas ilegalmente, sin que eso haga mayor diferencia.
Quedó lejos 2013, cuando CFK, ya con media REFEFO construida y dos satélites a salir, amenazó con crear Libre.ar, una compañía de celulares del estado para «pisarles el precio» a Movistar, Telecom, Telefónica y Claro, y obligarlos a dar mejor servicio. No lo hizo, como tantas cosas, pero el julepe todavía lo tienen.Y la fobia.
Mientras ARSAT siga existiendo, existirá la posibilidad de que aquí pinte algún Lula, Evo o Petro criollos, pero en versión polenteada, y haga lo que hay que hacer.
En la Argentina, la actividad agrícola necesita generar en promedio 6,3 toneladas de biomasa por hectárea por año para mantener los niveles actuales de carbono orgánico en el suelo (COS). Con esta declaración la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) dio detalles del programa proyecto de Brechas de Carbono que conforman su entidad y Syngenta “con datos a nivel de en cada región, así como estrategias para mantener e incrementar la cantidad de COS.
“El proyecto de Brechas de Carbono es una iniciativa colaborativa que busca potenciar el rol del agro en la captura de CO2 de la atmósfera para almacenarlo como COS, y contribuir a un doble beneficio: ayudar a mitigar el cambio climático y mejorar la salud y productividad de los suelos”, indicaron. Con ese propósito se conformó la Red de Carbono de Aapresid, integrada por productores y técnicos.
Según informaron, el primer hito de la iniciativa fue estimar mediante modelos de simulación a 20 y 50 años los niveles actuales, alcanzables y potenciales de COS en cada región. “Estas estimaciones revelan que los suelos agrícolas del país tienen un stock promedio de COS de 56 tn/ha y están a un 46% de su capacidad máxima de almacenamiento de carbono. También aseguran que de implementar masivamente ciertas estrategias, podrían capturar el equivalente a la mitad de las emisiones GEI generadas por la agricultura”, señaló Aapresid.
Niveles aproximados de producción de Materia Seca aérea (en t MS/ha/año; grano + rastrojo) necesarios para: (izq.) mantener los niveles actuales de carbono orgánico en el suelo; (centro) subir los niveles actuales de carbono orgánico en el suelo hasta los niveles alcanzables; y (der.) subir los niveles actuales de carbono orgánico en el suelo hasta los niveles potenciales o de saturaciónAapresid
Con esta información, añadió, “se generaron además mapas disponibles online que permiten a los productores conocer las brechas de COS en cada zona”. El próximo paso será “que esos mapas sean interactivos, para que los productores puedan simular distintos escenarios y cargar ellos mismos la información de sus lotes”.
Mantener o mejorar el stock de COS: hablar de biomasa
Para la entidad, conocer dónde se está parado en cuanto a niveles actuales y posibles de COS en cada zona es muy importante, pero “¿cómo saber cuánto COS se aporta año a año y cómo se puede mantener o mejorar ese aporte?”, se preguntó.
En este contexto, la Red advirtió que el aporte de COS está íntimamente relacionado con las toneladas de residuo o materia seca (biomasa), tanto aérea como de raíces, generadas con cada cultivo, y que esto varía según la zona y el manejo productivo. “En esta línea, la Red lideró un trabajo para estimar las toneladas de materia seca y de carbono que son necesarios aportar cada año para mantener o mejorar los aportes de COS en cada región”, destacó.
El informe de Aapresid explicó que para su desarrollo se utilizaron datos de rendimiento y áreas sembradas en los últimos cinco años, junto con modelos de simulación y técnicas de mapeo digital.
El informe reveló que en las áreas agrícolas se está aportando anualmente un promedio de 6,5 toneladas de materia seca, lo que equivale a 2,56 toneladas de carbono por hectárea/año: “Estos valores son muy cercanos a los requeridos para mantener los stocks de COS en su nivel actual (6,3t MS y 2.45 t de C ha/año en promedio)”.
“En este sentido, prácticas como la siembra directa, las rotaciones diversificadas con inclusión de gramíneas y cultivos de servicios y la nutrición balanceada, están entre las que más contribuyen a aumentar los volúmenes de materia seca y carbono aportados”, finalizaronAapresid
Sin embargo, estos valores son muy variables según cada región. “Regiones como el NOA, Entre Ríos, la zona núcleo, y el sudeste de Buenos Aires muestran la mayor demanda de carbono, requiriendo aportes superiores a las cinco t C/ha/año para sostener sus niveles de COS. En términos de materia seca, esto significa más de 10 t MS/ha/año. Si se apostara a mejorar los valores de COS a niveles alcanzables, sería necesario llevar los niveles de producción anual a un equivalente de 7,4 toneladas MS aérea/ha/año en promedio, es decir aumentar en un 11% los aportes de biomasa actuales. Esto en términos promedio, ya que en las mismas regiones mencionadas, el aporte necesario escala a las 11-12 tn/ha/año2,detallaron.
Por último, en la Red concluyeron que para llevar a los suelos a su máxima capacidad de almacenaje de COS (COS potencial), la biomasa a generar escalaría a 13,7 t MS/ha/año y sugirieron que los resultados subrayan la importancia de incrementar la producción de biomasa y optimizar el manejo de residuos en estas áreas.
“En este sentido, prácticas como la siembra directa, las rotaciones diversificadas con inclusión de gramíneas y cultivos de servicios y la nutrición balanceada, están entre las que más contribuyen a aumentar los volúmenes de materia seca y carbono aportados”, finalizaron.
Comentario de AgendAR:
El título original del estudio es demasiado tímido. Lo que ahí se revela es que el déficit de carbono orgánico de la agricultura intensiva actual es casi del 60%, y esto, que debería llamarse «minería de carbono», se toma como normalidad.
Aapresid y Syngenta, quienes financiarion este estudio, obtuvieron una una foto donde salen muy despeinados. El título tímido es un engaño a cuenta de intereses corporativos de corto plazo. Es algo muy de quienes trabajan para contratistas, que a su vez operan sobre campos de dueños ausentes y/o distraídos.O de quienes trabajan de proveedores de fondos de inversión que destruyen la capa fértil de decenas de miles de hectáreas en una o dos décadas, y luego se hacen humo y te dejan el erial.Todo parecido con lo que sucede en la llanura chaqueña debe ser entendido como intencional.
No alcanza con conservar y enterrar los rastrojos de cosecha para que el suelo esté saludable, cosa que pocos hacen porque cuesta gasoil. Hay que rotar agricultura intensiva con ganadería intensiva. ¿Métodos? Hay muchos, el PRV (Pastoreo Racional Voisin), el Savory (derivado del primero) y una panoplia grande de adaptaciones a medida de los agroecosistemas, y de la red comercial y laboral que los sustentan. Sobra bibliografía. Es la misma que falta en nuestras facultades de agronomía, salvo si tienen alguna cátedra de edafología o manejo del suelo.
Con cualquier sistema de rotación entre animales y cultivos el margen de rentabilidad inmediata baja porque hay que emplear más personas.
Pero en pocos años, cuando el suelo empieza a resucitar y se satura de carbono orgánico y bacterias nitrificantes, bajan dramáticamente los costos fijos dolarizados. Son el nitrógeno, fósforo, calcio, gasoil, herbicidas e insecticidas, los laboreos innecesarios y el riego artificial. No dije que desaparecen mágicamente, dije que bajan.
Y ojo, porque estos son los costos que a la larga funden al productor mediano y chico endeudado a la primera sequía persistente. La tierra más negra, porosa, llena de vida bacteriana y de estructura aterronada no es una lámina de fórmica. Es permeable, y eso previene o al menos mitiga las inundaciones, y estira, por infiltración, la vida de las napas freáticas al alcance de las raíces.
La agricultura sin ganadería a la larga termina a pérdida para el propietario.
Y de las ecorregiones, el fisco y el país, ni hablar.
Se conocieron los datos de la pobreza del primer semestre y confirmaron lo que se esperaba: un fuerte salto que la ubicó en el 53% de la población, y de la indigencia, que fue de 18%. Pero para poder contextualizar con rigurosidad estos datos y entender sus causas, primero tenemos que explicar cómo se mide, porque además es un dato que siempre se presta a confusiones.
¿Cómo se mide?
La manera en la que el INDEC mide la pobreza es a través del método de los ingresos (el más difundido a nivel global, aunque también hay otros, como la pobreza multidimensional). En este método, primero que nada, elabora una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y una Canasta Básica Total (CBT).
La CBA está compuesta por un conjunto de alimentos que define el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para poder subsistir (teniendo en cuenta una determinada calidad nutricional). La CBT le agrega a lo anterior los bienes y servicios básicos y necesarios para que una persona no sea considerada pobre, como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc. Además, ambas canastas también tienen en cuenta el hecho de que un hombre no consume lo mismo que una mujer, que un adolescente o una niña recién nacida. Si a alguien le interesa profundizar en la cuestión metodológica, recomiendo este documento de INDEC muy claro y bien explicado.
A partir de esas dos canastas, el organismo actualiza todos los meses su valor monetario y lo compara con los ingresos de la población. Así, todos los hogares que tienen ingresos menores a la CBA son considerados indigentes y todos aquellos que están por debajo de la CBT son considerados pobres.
¿Es realmente tan alta la pobreza en Argentina?
Aclarado lo anterior, la primera cuestión a examinar es la magnitud del dato, ya que cualquier persona que haya viajado a otros países de la región como Colombia, Perú, Brasil, etc. le cuesta creer que Argentina tenga una tasa de pobreza más alta.
Esto tiene una explicación, y es el hecho de que la vara que utiliza el INDEC para medir la pobreza –es decir, la Canasta Básica Total– es bastante más elevada que en el resto de los países de la región. Como referencia, el gráfico de abajo muestra el valor monetario de la canasta de varios países, expresado en dólares, de modo que sean comparables. Como pueden ver, la vara de Argentina es relativamente alta (es la más elevada de la región y se ubica en niveles similares a los países europeos de ingresos medios).
Canasta básica total (expresada en paridad del poder adquisitivo de 2017)
Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial.
Lo anterior es crucial para advertir que la pobreza no es directamente comparable entre países, es decir, uno no puede agarrar la tasa de pobreza que publica cada organismo de estadísticas. Esto se observa muy a menudo, sobre todo para decir que Argentina tiene una de las tasas de pobreza más alta de la región cuando, en realidad, eso no es así. Con la vara argentina, la pobreza de Brasil, Colombia o Perú (por poner algunos ejemplos), sería superior al 60%.
Otra cuestión que lleva a que la tasa real de pobreza pueda estar sobrestimada es la cuestión de los problemas típicos de medición que surgen a la hora de relevar ingresos que provienen de encuestas que se le realizan a las personas. Como muestra (y cuantifica) este excelente trabajo que acaba de ser publicado por investigadores del CEDLAS, las personas de mayores ingresos son las que más subdeclaran lo que ganan, pero el dato más interesante del trabajo es que encuentran que esto también sucede (aunque a una escala bastante menor) en los estratos de menores ingresos. Ojo, con esto no están diciendo que el INDEC mide mal la pobreza, es un fenómeno muy común la subdeclaración de los ingresos en las encuestas, y justamente este tipo de trabajos tratan de estimar y corregir esos desvíos.
Entonces, si queremos comparar la pobreza entre los distintos países, tenemos que tener una canasta que sea homogénea. Esto es precisamente lo que hace el Banco Mundial aunque, de nuevo, hay que advertir que la vara que utiliza este organismo es más baja que la de Argentina (de USD 6,85 por día). Como se puede ver en el gráfico, Argentina sigue siendo de los países con menor tasa de pobreza de la región (todavía no hay datos para 2024 pero, de todos modos, el salto implicaría como mucho una pobreza del 16% con esta medición).
Tasa de pobreza para 2023 (a USD 6,85 por día)
Fuente: Banco Mundial.
Al margen de lo anterior, como decimos en economía, el problema de Argentina no es tanto la foto, sino la película. La pobreza está sumamente vinculada al crecimiento económico. La expansión sostenida de la producción (el PBI) viene de la mano con el incremento de los ingresos de la población. Por ende, se observa una relación muy estrecha entre el PBI per cápita (que no es otra cosa que el ingreso promedio de la sociedad) y la tasa de la pobreza: cuando se incrementa la producción sucede lo mismo con los ingresos y eso lleva a que se reduzca la pobreza (y viceversa).
Y justamente el problema de Argentina es que no crece hace ya 13 años. La comparación con el resto de la región es elocuente en este sentido. El gráfico a continuación muestra el crecimiento del PBI per cápita entre 2013 y 2023 (en el eje X) y la variación de la pobreza para el mismo período (en el eje Y). Como pueden ver, Argentina fue el único país de la región –exceptuando a Venezuela– que mostró una caída de su PBI per cápita y un incremento de la pobreza durante la última década.
Variación del PIB per cápita (en dólares constantes) y de la pobreza (diferencia en puntos porcentuales) para 2013-2023
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial y FMI.
La pobreza argentina
Volvamos a concentrarnos en el dato actual. Algo sumamente relevante, y que no se le dio la importancia que merece, es que el 66% de los niños (0 a 14 años) son pobres. La gravedad de este punto para mí nunca termina de internalizarse en la sociedad, la política y los medios, no solo por la magnitud del problema, sino porque son el futuro del país. Cada día que se mantienen por debajo de la línea de la pobreza no solo se reducen sus posibilidades individuales de progresar, sino que también se ven afectadas las capacidades productivas de la economía en su conjunto. Hay evidencia de sobra que muestra que la pobreza en la vida temprana de las personas puede tener efectos duraderos. Por ejemplo, la malnutrición afecta el desarrollo y las capacidades de aprendizaje y también aumenta los riesgos en la salud.
Después obviamente el otro dato relevante fue el fuerte salto que se observó tanto en la pobreza (que pasó del 42% al 53%), como en la indigencia (que pasó del 12% al 18%). ¿Cuáles son las causas por detrás del incremento? La respuesta corta es que los ingresos de la población crecieron bastante menos (87%) que la CBA (115%) y la CBT (119%), llevando a que más personas queden por debajo de la línea de la indigencia y la pobreza.
Por detrás de eso, la causa principal estuvo en todo el programa económico que aplicó Milei ni bien asumió, en particular la drástica devaluación del tipo de cambio, que es lo que provocó la aceleración inflacionaria (contra la cual los ingresos no pudieron incrementarse a la misma velocidad).
Esto nos lleva a otra discusión, quizás la más álgida de todas, acerca de la “culpa” del incremento de la pobreza. Si bien es imposible dar una respuesta definitiva, lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que están equivocados tanto quienes sostienen que toda la culpa es del presidente Javier Milei (por ser quien implementó las medidas), como quienes sostienen que es todo por culpa del gobierno anterior (por los problemas que dejaron); lo cual no es poco, porque en esas dos posturas tenemos englobadas a buena parte de las minorías intensas que son las que más discuten esta cuestión.
La realidad es que los problemas macroeconómicos que dejó la gestión de Alberto Fernández fueron sumamente graves (inflación mensual del 13%, reservas netas negativas por unos USD 12.000 millones, brecha cambiaria superior al 150%, un importante atraso en las tarifas energéticas y del transporte, deudas con las empresas importadoras por más de USD 25.000 millones, y varias cuestiones más que examinamos en su momento acá).
No había manera de solucionar esto sin que haya un ajuste, sobre todo en materia del tipo de cambio. Y absolutamente todas las devaluaciones de la historia reciente vinieron acompañadas de un incremento de la pobreza (2023, 2019, 2018, 2016, 2014, 2001). Incluso si uno se remonta a las anteriores (1989, 1981, 1975, 1962, 1958), si bien no contamos con datos de la pobreza, lo que sí se observó en todas –como estudiamos acá– es una caída del salario real (salvo en la de 1962), lo que casi con seguridad llevó a un incremento de la pobreza. O sea, las devaluaciones provocan incrementos de la pobreza.
Por tales motivos, se podría discutir si la magnitud de la devaluación fue correcta o no, si la manera de implementar el recorte del gasto público (a las jubilaciones, inversión pública, universidades) fue el adecuado o no, o si la velocidad a la que se ajustaron las tarifas de los servicios fue correcta o no. En definitiva, y volviendo a la pregunta inicial, lo que se puede discutir es si había una manera de que los resultados (en términos de la pobreza) fueran menores. Yo creo que sí. Lo que, en mi opinión, no se puede discutir, es si eso había que hacerlo o no.
Veintisiete años pasaron desde que nació oficialmente el único Tratado Binacional de estas características en el mundo, hasta el día de hoy. Por entonces, el objetivo de éste fue que la Cordillera de Los Andes se vendiera al mundo como un distrito único que abarcaba a Chile y Argentina. Tuvo su primera aplicación con el proyecto Pascua Lama (se terminó de firmar en el 2004), yacimiento de oro y plata propiedad de Barrick Gold, y El Pachón, cuprífero hoy en manos de Glencore. Los dos están ubicados en la Provincia de San Juan, por el lado argentino. Y precisamente, los cuatro Protocolos actualmente en estudio también están vinculados al metal rojo. Las casualidades existen, pero no en este caso. Es que la provincia cuyana brilla con sus pórfidos de cobre y las empresas quieren hacerlos crecer echando mano a la exploración.
El Tratado Minero Binacional está vigente en toda la frontera argentino-chilena y fue firmado en 1997 tras cinco años de negociación entre ambos países. Ese acuerdo inédito apunta al aprovechamiento conjunto, racional e integrado de los recursos que hay a ambos lados de la frontera. Permite, siempre en el marco de los protocolos, que haya circulación de personas y bienes relacionados a la actividad sin tramitaciones o frenos. Los límites internacionales se borran.
Igual, únicamente se activa con un Protocolo Adicional Específico solicitado por las empresas, y confeccionado con las herramientas del Tratado, para tener un área de operaciones que circunda el yacimiento. Hay dos tipos de Protocolo, el de Exploración y el de Explotación y pueden modificarse las veces que requieran las empresas. Cualquiera de lo dos sale de la Comisión Administradora del Tratado Minero Argentino Chileno, donde intervienen las Cancillerías respectivas y las autoridades mineras de cada país, sumando cuatro personas en total.
Dos de los Protocolos en estudio son nuevos. Uno de ellos corresponde al Proyecto Filo Sur, que ocupa territorio argentino-chileno y está pegado a Filo del Sol, solo que al sur. La empresa Kopano Cobre, subsidiaria en el país de Mogotes Metals, hizo en la última campaña perforaciones superficiales del lado argentino y en esta temporada planea iniciar una más agresiva incluso en Chile. Esa es la razón por la cual solicitó el Protocolo. La empresa quiere un área de operaciones, que encierra todas las pertenencias mineras y abarca ambos territorios sobre el límite fronterizo, para circular libremente. El ingreso lo seguirían haciendo por Argentina porque no tienen un camino de acceso desde el país vecino.
El otro Protocolo considerado nuevo, que fue solicitado hace diecisiete meses por Minera Los Pelambres, productora de concentrados de cobre y molibdeno, en la IV Región de Chile y en plena Cordillera de Los Andes, es para tener un camino de acceso del lado argentino que les facilite el transporte de insumos como, por ejemplo, la cal sanjuanina. Vendría a ser una servidumbre de paso para cruzar el límite fronterizo y acceder al emprendimiento minero.
¿No era que solo había dos clases de Protocolo? Si, el de Exploración y el de Explotación. Sin embargo, este requerimiento aplica en el segundo caso porque el Tratado lo permite cuando se trata de trabajos accesorios a la explotación minera. La petición lleva casi un año y medio de análisis porque se sugirieron cambios, es decir, la Comisión Administradora le entregó un esquema diferente para facilitar la aplicación del Protocolo. Lo que quiere Minera Los Pelambres es poner toda la faena minera como área de operaciones, pero, en este caso, se complica porque los trabajadores, que son miles, tendrían que hacer Aduana y Migraciones cada vez que ingresen a la mina. Por lo tanto, la empresa tendrá que analizar si es factible establecer un área de operaciones más chica que comience apenas se cruce el punto de paso fronterizo (siendo paso fronterizo no se puede ir al resto del territorio chileno) y que le sirva para hacer acopio de todos los insumos que llevará a la mina por ese camino. En esa área de depósito estaría instalada la Aduana de Chile que controlará qué es lo que compran e ingresan desde la Argentina.
Parte de los tanques de flotación que se instalarán a 4 mil metros de altura, en el límite entre Chile y Argentina.
El camino tiene unos 160 km, es el mismo que usa el Proyecto El Pachón y se va a iniciar en el Paso llamado El Molle. La traza es esta: nacerá en Barreal hasta la bifurcación que hay en La Junta y seguirá hasta El Molle, hasta ahí es Ruta Provincial. Después, desde El Molle hasta el límite fronterizo es un camino privado que El Pachón tiene concesión de uso y hay dos superficiarios particulares que tienen un contrato de servidumbre. En El Molle estaría la instalación con Migraciones y Aduana.
La dueña mayoritaria de Minera Los Pelambres es Antofagasta Minerals (AMSA), el principal Grupo Minero privado de Chile que opera cuatro minas cupríferas y se ubica en el top five de productores de cobre en el país trasandino.
“En cuanto al Protocolo de Filo Sur, tenemos un modelo para exploración inicial entonces es fácil armarlo. Debemos garantizar que las pertenencias mineras que la empresa incluirá estén bien otorgadas y no haya ningún inconveniente, eso lo chequeamos con la provincia que le dio la concesión y en Chile lo mismo Estamos viendo de sacárselo antes de fin de año para que en esta temporada también puedan explorar del lado chileno. Respecto a Minera Los Pelambres nos falta muy poco para poder terminarlo”, mencionó Eduardo Traian, secretario Ejecutivo de la Comisión Administradora del Tratado Minero Argentino Chileno sección argentina.
Agrandar y achicar
En estudio hay dos Protocolos para modificar, que están vigentes, y son el de Vicuña y el de Filo del Sol, ambos otorgados a Lundin Mining. El primero incluye el Proyecto Josemaría en Argentina y el Proyecto Los Helados, en Chile. El segundo, tiene el Proyecto Filo del Sol (compartido con Chile) y Tamberías, en el país vecino. ¿Cuál es achica y cuál se agranda? El Protocolo Vicuña se ampliará porque la compañía sumó más concesiones mineras tanto en San Juan, como en La Rioja y también en Chile y pidieron ampliar el área de operaciones para poder explorarlas. Y el de Filo del Sol se reducirá porque, justamente, algunas concesiones pasarán a Vicuña.
En el marco del VII Encuentro Minero Chileno-Argentino, que tuvo lugar en Chile a fines de agosto, se hizo la reunión número 34 de la Comisión Administradora del Tratado Minero y el Protocolo de Vicuña modificado estaba casi listo para firmar, sucede que las pertenencias mineras de Chile que están incorporando pertenecen a Minera Lumina Copper que no es propietaria del Protocolo. Si bien Lundin Mining posee una participación del 51% en Minera Lumina Copper Chile, deben anexar documentación que indique que esas concesiones le fueron cedidas, o bien que el organismo que da las concesiones mineras en Chile se las otorgó a Lundin.
El Protocolo de Filo del Sol se modificará porque una zona del área de operaciones que tiene pertenencias mineras se pasó a Vicuña. Es decir, Vicuña agrandará su área de operaciones sobre el área de operaciones que tiene Filo del Sol. Ahora bien, este Protocolo tampoco se pudo firmar en la última reunión por un detalle. Es que faltó la documentación donde consta de qué manera se trasladaron las pertenencias (venta, etc.). En realidad, el detalle no es insignificante, aunque pareciera que sí. Cierto es que Filo del Sol tiene como dueño a Lundin Mining, pero la incorporación de BHP como socia igualitaria para la explotación de Filo y Josemaría cambió el escenario debido a que el acuerdo no está cerrado del todo en los papeles. Dicho en otras palabras, resta completar pasos legales y eso llevaría algunos meses.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de Chile y Argentina en la década de los 90, luego de años de negociación.
Por si quedaron dudas, esos dos Protocolos van a tener modificaciones, pero seguirán siendo efectivos para la exploración. El acuerdo Lundin-BHP, que requiere de la aprobación de las agencias regulatorias de Canadá, EE. UU., Australia, China y Corea del Sur y podría quedar finiquitado en el primer trimestre del 2025, claramente muta el escenario al integrar el Proyecto Filo del Sol con Josemaría que está en etapa de preconstrucción con miras a la producción de concentrado de cobre. Cuando esto ocurra, los ejecutivos de la empresa que conformarán ambas compañías deberán sentarse junto a los miembros de la Comisión Administradora para evaluar alternativas bajo el paraguas del Tratado. Pero nada complicado. Habrá que abordar, eso sí, una nueva modificación de ambos Protocolos y, tal vez, se podría hacer un Protocolo grande y mixto tanto para explotación (Josemaría) como para exploración, tarea que la compañía no dejará de hacer.
“Estas modificaciones las pidieron en noviembre del año pasado. Respecto al Protocolo de Vicuña, nosotros no podemos dar un protocolo sobre pertenencias de un tercero, es decir, de otra empresa por más que forme parte del grupo. Entonces, tanto el de Vicuña como el de Filo del Sol lo vamos a aprobar próximamente cuando nos corrijan esos temas de papeleo. En enero o febrero próximo seguramente vamos a discutir la entrada en explotación de Josemaría, pero mientras tanto ellos seguirán explorando y necesitan incorporar áreas nuevas. No podemos dibujar un protocolo de explotación sin saber cuál es la mejor forma que ellos quieran operar porque, justamente, la facilitación fronteriza del Tratado es para que puedan operar de la forma más eficiente posible”, precisó Traián. El funcionario asegura que, si las empresas completan los requerimientos que les pidieron, la Comisión Administradora podría reunirse nuevamente antes de finalizar el 2024 para aprobar los cuatro Protocolos.
El Pachón, con ultimátum
Los otros proyectos que tienen un Protocolo Binacional son Los Azules (McEwen Mining) y, de alguna manera, El Pachón (Glencore). ¿De alguna manera? Correcto. El Tratado se firmó el 28 de diciembre de 1997 y de parte de los inversores había tanto interés por desarrollar El Pachón, y también Pascua Lama, que los gobiernos de ambos países no tuvieron mejor idea que hacerle un pedido al grupo negociador del Tratado. El mangazo fue un Protocolo para estos dos proyectos y buscándole la vuelta sugirieron que fuera en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el mayor grupo latinoamericano de integración.
Eduardo Traian, secretario Ejecutivo de la Comisión Administradora del Tratado.
“En el 96 le hicimos firmar a ambos países esos protocolos. Al año siguiente, cuando firmamos el Tratado incluimos la cláusula de que la Comisión Administradora debía readecuarlos al Tratado. El de Pascua Lama se pudo hacer, pero el de El Pachón no, porque fue cambiando de dueños y cada vez que eso pasaba citábamos a la empresa para readecuarlo y antes de hacerlo teníamos que preguntarle si quería hacer algún cambio del protocolo que se había hecho. En la ALADI nunca se dio de baja y lo haremos nosotros cuando podamos regularizar el protocolo en el marco del Tratado. En el reciente encuentro, le dijimos a Glencore que le dábamos plazo hasta la próxima reunión para que nos presenten la readecuación, sino le daremos de baja definitiva y, cuando ellos quieran, lo podemos habilitar o hacer uno nuevo”, detalló Eduardo Traian.
Para El Pachón, proyecto de cobre que está del lado argentino, originalmente se preveía un mineraloducto hasta el Puerto de Los Vilos, en Chile. El cuprífero Los Azules, que también se ubica completamente en el país, pidió en su momento un Protocolo para acceder vía Chile porque del lado argentino el camino era dificultoso y acortaba la temporada de exploración.
Historia del tratado
Considerado una herramienta de política exterior para el desarrollo de la frontera, nació en pleno litigio con Chile cuando, casi a punto del conflicto bélico, el Papa Juan Pablo II intervino firmando el Tratado de Paz y Amistad en 1984. En su artículo 12 dice que las partes acuerdan crear una Comisión Binacional de carácter permanente con el objeto de intensificar la cooperación económica y la integración física, y estará encargada de promover y desarrollar iniciativas sobre varios temas como la explotación de recursos naturales y protección del medio ambiente, y complementación turística.
En función de esto, cuando asumió la presidencia Carlos Menem se reunió con su par chileno de entonces, Patricio Aylwin, y el 29 de agosto de 1990 firmaron el Acuerdo de Complementación Económica ACE 16 que se terminó de suscribir al año siguiente y es una pieza fundamental porque posibilitó que ambas naciones comenzaran a hablar de alianza estratégica. En el ACE 16 estaba la intención de solucionar todos los problemas fronterizos que existían, sobre todo de límites. En 1991 se estableció el Protocolo N° 3 de Cooperación e Integración Minera, por medio del cual ambos países convenían alentar la concreción de programas y proyectos específicos de cooperación en las áreas de minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y concentrado metalúrgico.
La base conceptual del Tratado es el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la frontera de tal modo que su exploración y explotación se haga de forma racional e integrada aplicando las normas y prácticas de la ingeniería más avanzada. Y, a tal efecto, se alentará la constitución de empresas conjuntas entre personas físicas y jurídicas de ambos países, así como también la participación de inversores extranjeros en las mismas. También se acordó la adquisición de equipamiento y servicios mineros, así como facilitar el tránsito de estos y del personal adecuado a través de la frontera a fin de permitir la investigación, exploración y explotación integrada de esos recursos minerales.
El paso siguiente fue constituir una Comisión Binacional y fue a principios del ‘92 cuando comenzaron las reuniones entre ambos países. Cinco años después se firmó el Tratado.
El CEO global de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, evaluó que la compañía no analizará seriamente realizar inversiones en proyectos de gas natural licuado (GNL) en la Argentina hasta que se normalice el acceso al mercado cambiario. El tema surgió durante la conversación que el líder de la petrolera de origen francés mantuvo con el presidente Javier Milei en una visita a Casa Rosada realizada el 20 de septiembre, según se desprende de la última call con inversores. TotalEnergies es desde hace 30 años uno de los tres mayores productores de gas natural en el país mediante la explotación de yacimientos tanto en la cuenca Austral como en la neuquina. Su plateau de inversión ronda los US$ 600 millones anuales. La visita de Pouyanné coincidió con la novedad de la salida de la petrolera malaya Petronas del proyecto Argentina LNG que impulsa el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.
La petrolera europea publicó la semana pasada los resultados del tercer trimestre del 2024. En la conferencia con inversores para analizar su performance, Pouyanné fue consultado sobre los planes de la empresa en la Argentina, en donde recientemente puso en producción Fénix, un desarrollo offshore de gas en Tierra del Fuego, concretado a través del consorcio CMA 1 que integra junto con Pan American Energy (PAE) y Harbour Energy (ex Wintershall Dea).
El ejecutivo recordó que producen principalmente gas natural en el país y que tienen áreas con potencial de producción de petróleo sin explotar. También señaló que no descartan la posibilidad de destinar mayores inversiones de capital hacia el petróleo y menos al gas natural. No obstante, Pouyanné subrayó que los planes en la Argentina están fuertemente condicionados por las restricciones para tomar y girar ganancias fuera del país.
«Mientras siga igual, como le expliqué al presidente argentino cuando me reuní con él el mes pasado, queremos que nos devuelvan nuestro dinero. No invertiremos más mientras no veamos libertad para repatriar dividendos», disparó el CEO de TotalEnergies.
Sondeo del presidente Milei
Fuentes del gobierno consultadas por EconoJournal indicaron que Pouyanné hizo referencia en realidad a una consulta puntual del presidente Milei sobre la posibilidad de que TotalEnergies pueda ingresar al proyecto Argentina LNG en reemplazo de Petronas. El primer mandatario argentino hizo esa consulta de manera informal dado que la visita ocurrió el mismo día que el diario Clarín anunció la salida de la petrolera malaya del mega proyecto anunciado por YPF.
Pouyanné respondió que una inversión en un proyecto de GNL no es posible con las restricciones vigentes en el mercado cambiario. Sin embargo, ante una consulta realizada por este medio, desde TotalEnergies destacaron que el no acceso a dividendos no impedirá seguir invirtiendo en la Argentina. «Mantenemos y desarrollamos proyectos para seguir creciendo y esto es un hecho, tenemos planes a largo plazo. La puesta en marcha de Fénix es prueba manifiesta de eso», señalaron.
El gobierno e YPF continúan en la búsqueda de socios para desarrollar el proyecto Argentina LNG. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo en octubre que la petrolera bajo control estatal firmaría un acuerdo con una petrolera internacional para exportar GNL. Desde el gobierno deslizaron que la empresa en cuestión es Shell, sin embargo ese acuerdo no se firmó.
Petronas frenó su decisión de avanzar en el proyecto con YPF, aunque el cronograma establecido en el memorando de entendimiento vigente con la petrolera estatal indica que la empresa malaya tiene que tomar una decisión relevante en el último bimestre del año: debe decidir si integra los fondos necesarios para completar los trabajos de ingeniería de detalle de la planta de licuefacción que YPF quiere instalar en Punta Colorada, Río Negro. En total, son unos US$ 180 millones de inversión, cuya ejecución debe estar comprometida a más tardar en diciembre de 2024.
