En medio de la fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar, los préstamos al sector privado registraron en agosto su segunda caída consecutiva, al anotar una baja en términos reales del 0,8% en pesos, informó este viernes el BCRA en su informe monetario mensual.
Así, los créditos para este segmento dejaron atrás la tendencia creciente que habían mostrado hasta la primera parte del año, en términos reales y ajustados por estacionalidad.
Por su parte, el crecimiento interanual real se ubicó en 10,9%, mientras que el total de préstamos, pesos y moneda extranjera, presentó un aumento mensual de 1%, con una variación interanual de 19%, dijo el BCRA. No obstante, aclaró, que esta cifra incluye el impacto de la depreciación del peso respecto al dólar observada en el mes.
En cuanto a los préstamos con garantía real, los hipotecarios presentaron un aumento de 0,6% en términos reales y ajustados por estacionalidad.
Respecto a los préstamos destinados mayormente a las familias, las financiaciones con tarjetas de crédito crecieron en el mes 0,8% en términos reales y sin estacionalidad.
Los lectores habituales de AgendAR saben que -de tanto en tanto- publicamos encuestas. No como predicciones -para eso no sirven- sino como testimonios de las actitudes y preocupaciones de la población en un momento dado.
Como tales, son un dato necesario para los que se interesan en la producción y el consumo argentinos.
Esta vez, les acercamos una de Raúl Aragón y Asociados. Aragón sostiene que hablar de una «grieta» entre dos sectores da una imagen incompleta. El ve tres, que abarcan entre ellos la casi totalidad del electorado: dos ya definidos, los que rechazan la experiencia macrista y los que rechazan la experiencia kirchnerista; y un tercero, muy numeroso, donde muchos comparten una u otra de esas posiciones pero éstas no alcanzan para definir su voto.
Igual, lo que antecede es una interpretación más de los datos de la encuesta. Pueden acceder a los números cliqueando aquí.
La calificadora de riesgo S&P anunció que coloca en perspectiva negativa a diez empresas argentinas. Éstas entraron “en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicancias negativas” y otra más fue revisada de “positiva” a “estable».
La decisión se tomó “por los crecientes riesgos de implementación de medidas de ajuste económico” anunciadas por el Gobierno, en medio de las negociaciones con el FMI para conseguir una ampliación del paquete de ayuda.
Las empresas que tuvieron revisiones negativas en escala global, en moneda local y extranjera, fueron Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), AES, Capex, Transener, IRSA Inversiones y Representaciones, IRSA Propiedades Comerciales, Telecom, TGS, Pampa Energía e YPF.
Por su parte, Edenor fue pasada de “positiva” a “estable” por “su exposición al riesgo país y su naturaleza regulada”, y se le confirmó su calificación crediticia de emisor de largo plazo como “B”.
“El estatus de CreditWatch con implicancias negativas es consecuencia de nuestra acción similar sobre el soberano (en este caso, el Estado argentino), derivada de nuestra opinión sobre crecientes riesgos de implementación de medidas de ajuste económico, en un contexto de aversión al riesgo creciente que debilita el peso y eleva la inflación”.
Según consideró la agencia, estas empresas “son vulnerables a un escenario de incumplimiento del soberano”. Una excepción a esto es AA2000, que “permanece un nivel por encima de las calificaciones soberanas” por “su sólida generación de flujo de caja y cierta diversificación geográfica que le permitiría sortear un escenario de estrés soberano, al menos por cierto tiempo”.
La otra excepción es Telecom Argentina, en este caso por “su sólido balance y su significativa capacidad de generación de caja, que le confieren una protección moderada para hacer frente a un escenario de estrés soberano”.
El Ministerio de Producción anunció ayer la renovación del listado de productos del programa de Precios Cuidados. Sumó 127 alimentos y bebidas, y entre sumas y bajas, el total de productos ahora sobrepasa los 550.
De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, el 60% del nuevo listado de productos son alimentos y bebidas. Que es donde las últimas subas de precios se sintieron más fuerza. Respecto de la lista anterior, hay 23 productos más que antes.
El nuevo listado tendrá validez hasta el 6 de enero próximo. En términos de precios, el aumento promedio para toda la variedad de productos es de 3,1% respecto del último listado.
En junio, el programa ya había sido actualizado con la incorporación de 100 productos de la canasta básica como café, bebidas, lácteos, productos de higiene personal y pollo. En el nuevo listado se incorporan panificados, fideos y galletitas, productos que subieron mucho tras el fuerte aumento de la harina.
Según explicó Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, además de los 2.250 supermercados de todo el país donde estará disponible el nuevo listado, se sumarán cadenas mayoristas –un canal de venta que ha crecido mucho tras la devaluación del tipo de cambio– «con productos de marcas propias y ofertas».
Para el caso de los comercios nucleados en la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (supermercados chinos) habrá que esperar un par de semanas porque se encuentran negociando una canasta especial.
Como parte de las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2019, el Gobierno analiza gravar las propiedades de los argentinos en el exterior. El dato fue confirmado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a radio Mitre.
«Es una de las propuestas que se están analizando. Claramente, en este momento complicado lo que tratamos es que los que más tengan hagan un aporte mayor», aseguró el funcionario.
La medida contempla actualizar la alícuota del Impuesto de Bienes Personales -que es coparticipable- de 0,25% a 1%,exclusivamente para propiedades fuera de la Argentina. Si bien en un principio había reticencia a instrumentar esta modificación (no es difícil creerlo), en las últimas horas volvió a tomar impulso la posibilidad en la mesa de negociaciones.
La negociación de este año tiene características inéditas. Es que por primera vez un gobierno busca acordar los términos de la ley más importante para el funcionamiento de la administración pública antes de girarla al Congreso. El diálogo con los gobernadores está marcado por la crisis económica y por el ajuste planteado en el gasto público como parte de la estrategia del gobierno nacional por reducir el déficit cero.
En caso de cerrarse el acuerdo por el Presupuesto, el Poder Ejecutivo cree que enviará una nueva señal de gobernabilidad que ayudará a tranquilizar los mercados luego de dos semanas de turbulencias y alta volatilidad.
Con el entendimiento cerrado con las provincias, el Gobierno elevará al Congreso el 15 de septiembre el proyecto de presupuesto 2019, que tendrá un recorte del déficit aún mayor del 1,3% del PBI previsto originalmente en función de una exigencia del FMI para destrabar fondos a la Argentina.
Una mirada realista debe concluir que es muy difícil que una medida de este tipo llegue a ser realidad. Pero el último párrafo da la clave del asunto. Porque no pocos en el nivel dirigencial veían con sorna la discusión sobre el Presupuesto 2019. Después de todo, de las previsiones del Presupuesto 2018, no se cumplió ninguna ¿Por qué se iba a tomar en serio el de este año?
La razón es que es (una de las) exigencias del F.M.I. Exige una señal del compromiso de la oposición con las metas del acuerdo. Esa presión obliga al gobierno a -por lo menos- aceptar discutir un tema caro a sus intereses particulares (y a los de otros en el mundo político y empresario): el gravamen a los bienes en el exterior. Puede decirse que ya no hay nada sagrado, offshore.
La secretaría de Energía quiere evitar los picos que se dan en invierno en las boletas de gas. Y que tanto malestar y broncas provocaron en los consumidores. Por eso, está pensando en un sistema de «facturas previsibles», en una suerte de tarifa plana.
En el esquema que se está pensando, un hogar no pagaría $ 400 de factura en verano y $ 4000 en invierno, como ejemplo, sino que le cobrarían todos los bimestres un monto similar. De esa forma, desembolsará más en verano de lo que le correspondería, pero también abonará menos en invierno, cuando las cifras son elevadas.
La idea central es que el pago del consumo invernal -que arroja sumas altas- se pueda prorratear durante el año. Las distribuidoras consideran factible esta posibilidad.
En el Gobierno estiman que el próximo aumento de gas será del 30%. «La suba de la electricidad será igual a la inflación y la de gas, inferior», subrayó un funcionario del área. Esos precios regirán por 6 meses. Desde allí, el Poder Ejecutivo trabajará para desarrollar una suerte de tarifa plana.
Es necesario señalar que en este tipo de esquema se descarta el razonamiento, ideológico, con el que se justificaba los tarifazos en el más alto nivel del Gobierno: que los precios cumplen con la función de racionalizar el consumo. Pero ya ha quedado claro que la realidad está forzando a esta administración a abandonar la rigidez ideológica.
* El Gobierno también prepara algunas modificaciones en el mercado de los combustibles.
Estudia una serie de medidas para flexibilizar ese sector. La idea es que los productores de biocombustibles también puedan competir con los refinadores de petróleo. Y que los camiones y ómnibus puedan utilizar gas licuado (en lugar de gasoil), que es más económico y de menor emisión de carbono por kilómetro recorrido, y casi nula de hollines, aunque más peligroso en caso de ruptura del tanque o de su aislamiento térmico.
«El mercado está cartelizado», caracterizó una fuente oficial, convencida de que las próximas medidas ayudarán a romper esa situación. Se estima que la Secretaría de Energía avanzará con algunos cambios en la próxima semana.
El sistema de franquicias se extiende cada vez más en nuestro país -y en el resto del mundo. Ahora, las empresas también encuentran en él una forma de sobrevivir a la recesión imperante.
Tras la fuerte caída del consumo la tradicional heladería Freddo, en manos de varios grupos inversores -entre ellos, Pegasus-, comenzó un proceso de reconversión de su negocio. Este año el consumo bajó más que en años anteriores y cuestionaron los altos costos de producción por problemas de logística, certificaciones y habilitaciones.
Según confirmó la tradicional marca de helados artesanales, cerrará su planta en Balvanera, donde trabajan unas 60 personas, tercerizará su producción en varias plantas que no son de su propiedad, y dejará de impulsar una comercialización mixta con locales propios y franquicias, para pasarlos todos a terceras manos.
De las casi 120 heladerías, actualmente unas 20 son propias: dejarían de serlo para convertirse en franquicias.
La idea es quedarse con el prestigio de la marca y las gestiones del marketing, la fabricación, la compra de insumos y el transporte del helado.
Desde la compañía dijeron que Freddo se va a concentrar en lo que mejor sabe hacer: llevar a los consumidores el mejor helado premium del país, como desde hace más de 50 años. Aparentemente, eso es posible sin fabricarlo en instalaciones propias.
Freddo -dice la empresa- se asegurará de mantener el control sobre el proceso productivo artesanal y sus recetas únicas que garantizan su sabor y calidad. Además, buscará abrir 50 nuevos locales en los próximos 24 meses para consolidar su liderazgo en el mercado.
Por el lado del personal, las inquietudes son otras: «Se dice que están preparando las indemnizaciones», contó un delegado del gremio de los pasteleros en la empresa. «Los rumores sobre esta situación comenzaron en mayo pasado, se extendieron y en agosto ya se hablaba de una planta paralela en Rosario. Hay mucha inquietud. Estábamos en plenas paritarias. Tenemos convenios por empresas y uno de los mejores convenios entre las diferentes heladerías es el de Freddo». Ayer apareció el sindicato en la planta y podría haber medidas de fuerza.
La empresa de turismo brasileña CVC Corp decidió venir de compras a la Argentina.
Adquirió, en dos operaciones simultáneas, el 60% del grupo Bibam, propietario de las agencias argentinas Avantrip y Biblos y también el 60% de la agencia mayorista, Ola S.A., perteneciente al Grupo Transatlántica. El monto total de ambas operaciones ronda los US$ 20 millones.
«Esta alianza es parte de nuestra estrategia de crecimiento y de generación de valor alineado con expansión regional que, a pesar de la reciente volatilidad de la economía argentina, impacta positivamente al flujo de turismo entre ambos países», señaló CVC en un comunicado.
Paralelamente, CVC Corp compró además, el 60% del grupo Bibam, dueña de las agencias Biblos y Avantrip, por algo más de US$ 5,3 millones. Con esta jugada, según Cristian Adamo, CEO del grupo Bibam, «pasa a ser la tercera agencia del mercado», señaló. Ese ránking local es liderado por Despegar y Almundo.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos financiarán durante cinco años la colaboración del doctor Alejandro Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal en la Fundación Instituto Leloir (FIL), y la doctora Paola Arlotta, del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
El objetivo de su proyecto es identificar los programas genéticos que se activan en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo, lo que podría inspirar el desarrollo de terapias para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo por Alzheimer o lesiones traumáticas.
Para generar ese nuevo conocimiento, Schinder y Alortta recibirán durante cinco años fondos del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares que depende de los Institutos Nacionales de Salud (NINDS-NIH) de Estados Unidos, en el marco de un programa del Centro Internacional Fogarty (NIH), que apoya la investigación global de trastornos del cerebro y del sistema nervioso.
“Nuestro laboratorio ha sido muy afortunado. Sin este subsidio sería imposible trabajar con la intensidad y la profundidad que estos problemas demandan: comprender mecanismos que determinan que el cerebro funcione bien o mal”, destaca Schinder, quien también es investigador principal del CONICET.
Mediante la realización de experimentos con modelos animales, Schinder y Arlotta apuntan a identificar los mecanismos genéticos y moleculares que regulan las diferentes etapas que atraviesan las neuronas que se “fabrican” en el hipocampo y que luego se “enchufan” al circuito del cerebro adulto.
“Se sabe que el hipocampo y otras áreas específicas del cerebro siguen fabricando neuronas durante toda su vida, un proceso conocido como ‘neurogénesis’ que está vinculado con el aprendizaje y la formación de nuevas memorias”, explica Schinder. Sucesivos trabajos de Schinder y sus colegas, incluyendo una publicación en “Science” de 2016, han demostrado que las neuronas que se generan en el hipocampo contribuyen de manera diferente al procesamiento de información a medida que se desarrollan. Y que esto se altera notablemente durante el envejecimiento. Esta pérdida de plasticidad es un mecanismo clave responsable de la dificultad para incorporar nuevos conocimientos en etapas tardías de la vida.
“Nuestra línea de trabajo ayudará a comprender a nivel molecular los factores responsables de la disminución de la plasticidad con la edad”, señala el investigador de la FIL, quien resalta que precisamente el objetivo del proyecto binacional es encontrar los programas genéticos que se activan secuencialmente en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo.
Para identificar los genes que cumplen un rol en cada uno de los momentos del desarrollo de las neuronas nuevas del hipocampo, Schinder y Arlotta contarán con la colaboración del doctor Ariel Chernomoretz, jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Integrativa de la FIL e investigador del CONICET. Chernomoretz y su equipo aplicarán herramientas de análisis bioinformático e integración masiva de datos que ayuden a la interpretación biológica de los experimentos.
Una vez que se identifiquen genes relevantes a través del análisis bioinformático de las decenas de miles que hay, “vamos a alterar sus funciones para determinar si cumplen un rol clave en la función de las neuronas nuevas en cerebros jóvenes y viejos”, explica Schinder. Y agrega: “Vamos a estudiar qué tipo de alteraciones se producen en el envejecimiento y qué moléculas son importantes para mantener la plasticidad de los circuitos en el cerebro joven. Este conocimiento sentará las bases fundamentales sobre las cuales diseñar estrategias futuras para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo en condiciones donde se produce un daño cerebral, ya sea por patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o por lesiones traumáticas”.
Los subsidios del Centro Internacional Fogarty, que este año cumplió medio siglo, buscan promover investigaciones sobresalientes en Estados Unidos y el resto del mundo que apuntan a encontrar soluciones a las necesidades de la salud pública global. Pero Schinder, más allá de la satisfacción personal, reconoce que “debemos tomar como ejemplo el hecho de que Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos decidan financiar proyectos internacionales porque consideran que las cuestiones fundamentales se resuelven explotando la diversidad de pensamiento, con sus diferentes focos y geografías. Es rol ineludible del Estado Argentino sostener y alimentar la valiosa diversidad y calidad que hoy identifican a nuestra propia comunidad científica, imprescindible generadora de soluciones a los problemas actuales de nuestra sociedad”.
El dólar volvió a bajar ayer jueves, en una jornada con relativamente poco movimiento. Cerró a $ 38,32, 93 centavos por debajo del cierre del miércoles, en el mercado minorista. El Banco Central no vendió dólares.
Los restantes mercados, el mayorista, el informal o «blue» y el de futuros acompañaron esta tendencia. Mientras que en el mercado de dinero entre bancos, el «call money», las tasas se mantuvieron cerca del 58%.
Ayer, algunos medios atribuyeron el descenso a maniobras de Caputo. Hoy, se reconoce que, en estos días, los pedidos de compra de dólares disminuyeron.
La pregunta clave es si este precio se sostendrá algún tiempo -en tanto la inflación permita que este precio del dólar sea «competitivo». Los que responden sí, confían en que se ha llegado a un precio que los compradores consideran «alto», y por lo tanto, no seguirá la demanda desenfrenada por dólares.
Los pesimistas sostienen que no es el «precio» del dólar el factor que estimula las compras, sino el temor que el Estado no tiene los bastantes dólares para cumplir con sus compromisos. Es muy probable que antes de fin de año sabremos cuál de esas posiciones es la correcta.
Los ex presidentes y dirigentes de las entidades que conformaron la Comisión de
Enlace del 2008, Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati por SRA, Eduardo Buzzi por
Federación Agraria, Mario Llambías por CRA y Carlos Garetto por Coninagro, los mismos dirigentes que en 2008 enfrentaron la Resolución 125, esta semana hablaron sobre qué Ley de Semillas quieren. Y lo hicieron con claridad, aunque quizás algo tarde. Y es que la nueva ley que se les viene encima parece escrita en inglés.
Los mencionados hicieron sus reclamos desde el suplemento Campo de La Nación, el sábado 1° de agosto. Desde ese foro, que no es exactamente una barricada progresista, le marcaron la cancha a las semilleras y compañías de biociencias (casi todas multinacionales). Éstas son las que impulsan el trámite bicameral de la ley de marras, cuyos lobbistas esperan un desenlace para octubre o noviembre a más tardar. Su proyecto está “en cocina” desde 2016. Si no sale con este gobierno y este parlamento, luego todo se vuelve impredecible.
En teoría, en Argentina todavía rige la ley de 1973, tan en desuso como la “Ley Seca” de 1919 en EEUU. En la práctica, en el campo ya mandan las dueñas intelectuales del “germoplasma” (por las semillas híbridas comunes desde los ‘60 hasta principios de los ‘90), que también son las propietarias de los “eventos” (las semillas transgénicas cuyo “boom” sucedió desde mediados de los ‘90). Lo claro es que la ley nueva daría marco definitivo a algo que ya funciona: las multinacionales tienen acorralada a la gente de campo a través de la AFIP.
La documentación que hoy exigen los inspectores impositivos persigue a los usuarios de semillas “de bolsa blanca”, o “semilla libre”, en 3 de los cultivos industriales más importantes: la soja, el maíz y el trigo. La persecución varía según el lugar: hay zonas donde es feroz y llueven las multas. Hay otras, en cambio, donde la AFIP otorga alguna vista gorda para evitar represalias de pueblo chico y/o puebladas sobre sus funcionarios.
El problema es que la bolsa “de marca” se vende a precios dolarizados. Si un productor se ve obligado a gastar de más “en marca”, gastará de menos en fertilización (también dolarizada), lo que es un perjuicio privado y público. Si el dueño maltrata su tierra demasiados años, quiebra. Si lo hacen muchos dueños, como hoy, lo que cae es el PBI agropecuario de provincias y ecorregiones enteras. Y la tierra cambia de dueños.
Hace 10 años era práctica habitual que ante la siembra, un productor le pidiera “semilla libre” a su acopiador de siempre. Generalmente éste se la daba con garantía de palabra de que tendría suficiente poder germinativo. A la hora de la cosecha y si todo iba bien, el productor le devolvía el doble en especie. Era una transacción sin plata.
Hoy en el campo no se mueve un peso o un grano sin que medien papeles y bancos. En el nuevo panóptico impositivo, construido para cobrar retenciones, la vieja operatoria en especie es imposible. El asunto es cómo se apalancaron las multinacionales de biociencias sobre estas nuevas capacidades de control del estado para impedir que los productores produzcan su propia “semilla libre”, o que compren la de sus vecinos.
Sucede que hasta 2015, los productores culpaban de todos sus males a las retenciones del gobierno kirchnerista. Pero como desde 2016 y con otro gobierno éstas fueron bajando, y sin embargo miles de productores chicos y medianos siguen quebrando (especialmente en zonas de suelos o clima difíciles), quedan a la vista problemas ajenos al furor recaudatorio del estado.
Llamativamente, con menos retenciones, también quebró el gobierno nacional. Si las retenciones salieron por la puerta en 2016, vuelven por la ventana en 2018. Pero ha cambiado tanto el panorama agrícola desde 2008 que lo que sucede hoy, en 2015 habría sido “política ficción”.
“La Mesa” creada para movilizar al campo contra la AFIP, hoy le muestra los dientes a sectores que lo depredan desde adentro. Y el valor a defender, pese a la resistencia a llamar pan al pan, es la semilla libre, es decir la vieja “bolsa blanca”.
“Bolsa blanca” significa que la que hay adentro es no semilla “F1” o “de fabricante”, sino su progenie (F2) crecida en campos propios o de algún vecino, generalmente intermediada por los acopiadores de la zona.
Si esa semilla tiene un poder germinativo excepcional, podría ser incluso progenie de la progenie (es decir, F3). Pero es raro que se mantenga una capacidad tan transgeneracional de generar una planta saludable, o agronómicamente aceptable. En trigo, maíz y soja, esa potencia se suele perder luego de la 2da. generación, la F2. Durante la “Revolución Verde” de los ’60, hubo mucha selección artificial para lograr en la semilla el equivalente de la “obsolescencia planificada” de los artículos industriales, eso que descubrió Henry Ford charlando con los chatarreros: los autos jamás deben ser tan irrompibles que eviten la necesidad de comprar nuevos modelos. Del mismo modo, desde los ’60 ninguna semillera quiere que su producto retenga una capacidad germinativa tal que la vuelva innecesaria como proveedora.
Trigo HB4 de Bioceres, que ante la sequía en lugar de secarse y morirse, aumenta hasta un 14% su rendimiento. Agroindustria no lo autoriza. Se tomó 10 años para licenciar la soja HB4.
Fuera de lo que quieran o no las semilleras, la naturaleza tiene la última palabra: las mutaciones espontáneas del genoma hacen que toda F1 pierda sus virtudes agronómicas originales en pocas generaciones.
Más allá de su color real, la “bolsa blanca” argentina carece de la marca de ninguna de las 2.616 empresas registradas como semilleras. Casi todas estas firmas son “multiplicadoras” (unas 900) o comercializadoras (más de 700). Las que meten mano en serio en la biología y tienen innovaciones reales son las “obtentoras”, que a fines del año pasado eran 337.
Pero las obtentoras en Argentina no podrían hacer gran cosa sin los laboratorios (mayormente estatales), de los que sale el know-how. A misma fecha, eran sólo 126. Si se consideran las redes de distribución, esta cadena de valor aquí empieza con científicos mal pagos y amenazados de cesantía en el INTA o en las Universidades Nacionales, y emplea directa e indirectamente a unas 90.000 personas que viven comparativamente mucho mejor que los investigadores. En lo que se refiere a la transferencia del conocimiento generado aquí en la Argentina, el complejo semillero argentino, que produce unos U$ 1500 millones/año, es como un tambo paradójico, cuyos dueños golpean y hambrean a sus propias vacas. De todos modos, el plato fuerte del “know how” biotecnológico que se vende en nuestro país no es local.
No es de esperar entonces que ese complejo trate bien a los productores. Desde que la AFIP declaró la guerra a la bolsa blanca, la gente de campo tiene que bailar la música que les ponen Monsanto (hoy disuelta dentro de Bayer), Nidera, Syngenta-Chem-China, Dreyfus, Dow-Dupont, BASF y DonMario (una nacional).
El manejo del estado que alcanzaron estas firmas impresiona. Si no es un inspector local de la AFIP pidiéndote declaraciones juradas de tus compras, será otro –con un bioquímico, un abogado y un oficial de justicia al pie- esperándote en el puerto de embarque. Si un test genético rápido indica que sos “legal”, tu carga sube al barco. Pero si tu embarque tiene una proporción de semilla salida de tus propias plantas o las de vecinos, como ha sido norma desde que se inventó la agricultura (hace entre 23.000 y 12.000 años), enfrentás la pérdida del flete, multas, decomisión de la carga, etc. La Ley de Semillas viene a legalizar un estado policial que se creó para cobrar retenciones, pero ahora opera ya no a beneficio del fisco sino de firmas de biociencias mayormente extranjeras.
Si la “bolsa blanca” fue la forma de resistencia soterrada de los productores en maíz, trigo y soja, ya desapareció totalmente en girasol y sorgo. Con estos cultivos no hay más semilla libre. Desapareció. Sea por la manipulación de la AFIP o la del genoma, estas semillas hoy sólo se venden “de marca”, es decir F1. Quien se atreva a sembrar girasol o sorgo antes tiene que hacer cálculos muy prolijos: cada siembra es una nueva compra. Ya no trabaja para sí mismo. Tiene socios involuntarios que usan el estado, pero no son el estado.
Este Nuevo Mundo Feliz tiende al monocultivo y a la “minería de nitrógeno y fósforo” del suelo. En él la agricultura familiar y campesina es legal y económicamente imposible porque la semilla libre desaparece, aunque la ley venga con algún saludo a la bandera incumplible “para el pobrerío”. En la Argentina, según cifras del “viejo” Ministerio de Agricultura de 2015, el pobrerío rural detenta el 20% del territorio cultivable, que en la práctica produce el 70% de la comida de los argentinos, provee el 53% del empleo rural y motoriza una parte no medida de los PBI regionales.
En EEUU, país que frecuentemente se cita aquí como referencia de seriedad, las semilleras lograron tal autoridad que han logrado sacar del mercado a firmas con las que objetivamente no tenían conflicto, pero cuya extinción abre posibilidades. Un ejemplo: las “limpiadoras” de semilla de avena, ese forraje básico. Como en las pasturas la avena crece mezclada con otras gramíneas de mayor duración pero menor poder nutritivo, la recolección de la semilla de avena suele ser “sucia” (contiene semillas de muchas especies).
Las “limpiadoras” yanquis eran PyMES transhumantes que iban recorriendo los campos de los “farmers”, ofreciendo los servicios de una vieja zaranda mecánica que concentraba la avena del farmer hasta una pureza lo suficientemente alta como para resembrar verdeos. Aquí todavía existen, en general como monotributistas minúsculos. Las leyes americanas permitieron que Monsanto y otras semilleras acorralaran a las limpiadoras estadounidenses a juicios hasta erradicarlas. ¿Para qué? Con ello lo “desmalezaron” el mercado como para poder venderte una avena “de marca”… en cuanto tengan alguna.
La Dra. Raquel Chan, del CONICET, y parte de su equipo de ingenieros genéticos de la UNL..
¿Y qué pasa con las obtentoras nacionales? Que los organismos regulatorios (CONABIA, SENASA) de nuestra agricultura odian autorizar “eventos” transgénicos locales desde 1991, cuando quedaron obligados a hacerlo. Para el funcionario argentino tipo de Agricultura (luego Agroindustria), “ponerle el gancho” a un evento nacional es un riesgo. No lo es, en cambio, autorizar automáticamente lo que viene con luz verde del Department of Agriculture de los EEUU. Licenciar la soja HB4 resistente a sequía, desarrollo de la ya célebre Dra. Raquel Chan, del CONICET, tomó 10 años, el trigo HB4 sigue sin autorizarse porque Comercialización tiene terror de que los ecologistas brasileños rechacen las harinas argentinas si traen algo tan tóxico como algunos genes de girasol, como es el caso de estas recombinantes de Bioceres. O eso arguye.
Pero cuando viene una sequía como la del verano pasado y se pierden U$ 7000 millones y quiebran miles de productores, la culpa es del clima, no de Agroindustria.
El artículo en que los viejos dirigentes de “La Mesa” de 2008 cruzan a las semilleras no tiene firma. Ergo, nadie quiere quemarse como individuo, pero todo el diario está alineado con ese pensamiento. ¿Qué piden “Los de la Mesa” esta vez? Que la ley cuide los derechos intelectuales de los obtentores, pero no desproteja a los usuarios, en su mayoría pequeños y medianos productores. Pasando del puro humo a la sustancia, dicen expresamente que el único momento en que los obtentores deben ver recompensada su inversión en investigación y desarrollo es en el momento de la venta de la semilla, punto. Pero que luego de ésta transacción, el obtentor no debe tener otros derechos sobre “los granos” (ahí están hablando de la progenie F2, es decir la primera) y tampoco sobre sus subproductos.
¿Hace falta aclarar lo de los subproductos? Monsanto, además de detener embarques en Argentina, solía tener inspectores en algunos puertos de destino para controlar si el biodiesel o los aceites o las harinas de soja venidos desde estas tierras “infringían sus patentes”, es decir si tenían trazas de semilla libre. Ahí paraban desembarques. Fueron (¿son?) un estado policial sin fronteras.
Si Bayer está hoy muy ocupada en borrar la imagen terrorífica de la firma que compró a U$ 63.000 millones, tendría que declarar que no va a seguir con esas prácticas. Pero aún si lo hiciera (y NO lo hizo), los productores argentinos podrían creer que el “sex appeal” corporativo de la firma comprada tal vez no residía tanto en su lista de “eventos” transgénicos a licenciar, como en su ejército internacional privado de abogados, jueces, diputados, senadores y lobistas.
Los ex integrantes de La Mesa piden también mantener un uso propio gratuito de la semilla limitado a la misma cantidad comprada. En cristiano, eso significa poder usar libremente las mismas toneladas de progenie que las de semilla “de marca” que adquirieron en varias campañas. ¿Cuántas? A negociar, se supone. Pero van un poco más lejos: piden que la multiplicación de semillas para sembrar en mayor superficie pague un canon previamente pautado, vinculado “razonablemente” a la magnitud de la compra original. ¿Cuán razonablemente? Están mandando una advertencia.
Terminan con que la ley debe ser de orden público, y con que el Estado (y se refieren al argentino) tiene que ser el único certificador de granos y subproductos tanto en el orden interno como externo. Si esto fuera así, parar un desembarque en destino sería desconocer la autoridad del estado argentino, un posible problema diplomático.
Para salir de modo tan innegable de su immovilidad histórica, los productores argentinos deben estar muy asustados de lo que se les viene encima. Este desacato al orden corporativo internacional en 2008 era impensable, y también en 2015. Por supuesto, un artículo en La Nación Campo no es lo mismo que salir a cortar las rutas. Pero esto de llamar pan al pan y “monopólicas” a las semilleras no sucedió jamás.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que la cadena de pagos «está totalmente destruida» en la economía de la Argentina.
«Los índices vienen muy complicados. Ahora estamos en una espera para que la Argentina salga de esta crisis cambiaria y de credibilidad que está sufriendo», dijo el empresario en declaraciones a radio La Red.
Acevedo aclaró que por la volatilidad del tipo de cambio y con las tasas de interés posicionadas en el 60% anual al menos hasta diciembre, «no se puede hablar de inversiones o precios de referencia».
«Cuando tenemos tasas arriba del 60% o la cadena de pagos totalmente destruida, no hay precios de referencia», insistió el el empresario al trazar un panorama sobre la situación de la economía argentina.
Acevedo evaluó que si se frena esta desconfianza contra la Argentina que «está sobredimensionada», es posible que el Gobierno pueda empezar a reacomodar la macroeconomía para que las empresas tengan la posibilidad de retomar la senda de la inversión.
«Esta es una devaluación por desconfianza. Ha venido así. Nadie la esperaba. El precio del dólar es el precio de la desconfianza. Si esto se maneja bien, el dólar tiene que estar más abajo de 40 pesos, claramente», opinó Acevedo.
Es imprescindible entender que el mundo cambia, que nuestro mercado cambia, que el cliente cambia y lo hacen mucho más rápido de lo que estamos dispuestos a asumir. Y un día tu negocio abre su puerta y no están los clientes, se fueron. No sabemos qué pasó con los clientes pero están en la competencia. Esta es una de las cosas que pueden pasar si no se digitaliza la pyme, ya que más que una necesidad se ha convertido en una obligación para sobrevivir.
Hay múltiples ejemplos de negocios que han fracasado por no asumir el proceso. Grandes corporaciones, líderes en su sector, que no supieron ver los cambios y digitalizarse, como Nokia o BlackBerry. O industrias completas que se resistieron a buscar un modelo de negocio diferente. Es el caso de la musical, que pensaba que su enemigo era Internet, no su solución.
Hoy en día es más fácil devolver unas zapatillas que compramos por Internet que en muchos establecimientos comerciales con local a la calle. Las armas del comercio tradicional, esa cercanía, ese trato diferencial hacia el cliente al que conocemos y recomendamos también comienzan a ofrecerse online.
La cantidad de datos que dejamos mientras visitamos una tienda online hacen factible recomendaciones personalizadas que se acercan mucho más a las necesidades y deseos de los clientes.
Esto afecta a todos los sectores. La naturaleza del cliente también cambia. Si ayer algo tan tradicional en nuestras ciudades como un bar tenía en sus habitués a sus mejores clientes, hoy otros hacen del envío a domicilio su modelo de negocio buscando ofrecer una mejor alternativa a clientes que no quieren bajar a tomar algo o comer y prefieren cenar viendo su serie favorita, mientras la comentan con sus amigos en las redes sociales. Nos guste o no ha cambiado el mercado.
Entender ese cambio de modelo supone saber que la digitalización nos ayuda a mejorar como empresa, a mejorar el trato al cliente, abaratar costos y hacer que como empresa seamos mucho más atractivos que la competencia a la hora de ser elegidos por los clientes.
En la primera jornada del congreso “Argentina Wind Power 2018”, organizado por el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, por sus siglas en inglés), el subsecretario de Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, anunció la Ronda 3 del programa RenovAr, conocida como MiniRen.
Se lanzará oficialmente en el mes de octubre.
Esta nueva ronda ofrecerá 400 MW de potencia para ser conectados en redes de media tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV. La potencia máxima permitida por proyecto será de 10 MW, mientras que la mínima de 0,5 MW. La distribución por tecnología será de 350 MW para eólica y solar fotovoltaica, 10 MW para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 25 MW para biomasa para biogás 10 MW y para Biogás de Relleno Sanitario habrá 5 MW.
Durante esta jornada, que contó con la apertura del presidente de GWEC, Ben Backwell y del director para América Latina de la entidad, Ramón Fiestas, los principales actores del sector debatieron sobre el estado de la industria eólica y las tendencias globales primero; y sobre el desarrollo del mercado en la Argentina, en el contexto de incertidumbre actual.
“Estamos agradecidos de que el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, haya elegido el evento de GWEC en Buenos Aires para realizar el anuncio de la Ronda-3 del RenovAr. Este anuncio representa un impulso para la industria eólica en Argentina y es una clara señal de apoyo para el futuro”, señaló Ben Backwell.
Luego del anuncio oficial, las exposiciones giraron en torno a la integración de las energías renovables a gran escala en la red eléctrica; los desafíos que enfrenta la Argentina en materia logística y las soluciones tecnológicas para la optimización del aprovechamiento del recurso eólico.
Durante dos días, el congreso reúne a actores locales como Genneia, Energías del Plata y muchos miembros de la Cámara Eólica Argentina (CEA), Invest, Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) con compañías internacionales como Vestas, Siemens Gamesa, DNV. GL, UL Renovables, Ventus, ArcVera, Nordex Acciona, Megajoule, y otros.
Pese a que la Argentina tiene fabricantes eólicos con tecnologías interesantes y fuerte trayectoria en exportación de ingeniería (IMPSA, INVAP,), en las dos rondas previas de RenovAR las firmas multinacionales se llevaron todas las ofertas. Hasta ahora, lo más notable que está logrando Energía es que el país ponga el viento, que exporte «el vento», y genere puestos de trabajo calificados. Mayormente, en el Hemisferio Norte.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha subido a su página web el siguiente comunicado:
«Ante la decisión del gobierno nacional de suprimir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y convertirlo nuevamente en una Secretaría ministerial, este Directorio solicita muy especialmente al Sr. Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri que preserve la jerarquía del ministerio en el estado y toda su estructura organizacional.
No ignoramos la gravedad de la crisis económica que vive el país, ni las consecuencias sociales que la misma traerá en el futuro, pero estamos profundamente convencidos de que suprimir el Ministerio no significa ningún aporte valioso a la solución de la misma.
Por el contrario, la magnitud de los problemas estructurales que afrontamos como sociedad desde los orígenes mismos de la nación, nos obliga a potenciar y promover la producción y transmisión del conocimiento, reconociendo a éste como el principal bien social y estratégico de las naciones para garantizar la mejora sostenible de la calidad de vida de sus habitantes.
La ciencia y la tecnología no deben entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica, transversal a todas las áreas de la gestión del Estado Nacional y como promotores del desarrollo socio-económico y productivo de cada una de las regiones de nuestro país. Resulta fundamental mantener la independencia del MINCyT para que, a través de sus estructuras, se genere el conocimiento científico que sea el sustento técnico de las políticas de gestión del Estado Nacional, como así también del sector productivo».
La Cámara Argentina de Comercio y Mercado Libre se combinaron para darle vida a un portal que promete , con apenas un clic, llegar a compradores de cualquier país alrededor del globo. Lo que se pretende, afirman sus promotores, es «democratizar» el comercio exterior.
«Pymes al Mundo» es el nombre del nuevo programa, que estará operativo la semana próxima.
En esta primera etapa, el «plantel» estará conformado por unas 40 pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores, de diferentes partes del país.
Desde la Cámara aclararon que «una vez concluida la primera etapa, se prevé un segundo proceso de selección para incorporar Pymes a la plataforma, siguiendo los criterios de: federalismo, heterogeneidad, sustentabilidad y marca argentina».
En concreto, esta iniciativa de comercio electrónico propone reducir los tiempos y mejorar la competitividad de las firmas que apunten a lograr una operación de exportación.
Aseguran que, al contar con el apoyo de Mercado Libre, las Pymes que participen lograrán una mayor visibilidad para promocionar sus productos, sin tener que afrontar una importante erogación para sumarse a misiones comerciales o giras de negocios.
En este plan «Pymes al Mundo», Mercado Libre puso su know how para montar un showroom a través de la plataforma Mercado Shops, donde cada empresa tendrá su propio micrositio para subir fotos o videos de los productos.
«El abanico de rubros al que pertenecen las empresas es muy diverso, al tiempo que provienen de diferentes puntos del país, no solo de Buenos Aires. Es una propuesta federal. Tenemos desde firmas que venden indumentaria, hasta artículos eléctricos y autopartes, pasando por productos para mascotas e, incluso, grupos electrógenos y alimentos, como miel. Realmente la propuesta es muy variada».
En cuanto a los destinos a los que apuntan, el directivo de Mercado Libre aseguró que «no habrá limites, pero lógicamente, por costos logísticos, cercanía y por cantidad de consumidores, Brasil será el principal objetivo».
En la Cámara de Comercio afirman que «Pymes al Mundo» tiene la ventaja de que las empresas podrán exportar vía couriers, pudiendo así enviar pequeños despachos, sin la necesidad de tener que consolidar todo un contenedor. Esto es clave, dado que muchos pequeños productores no tienen la capacidad para hacer frente a una gran demanda.
A modo de ejemplo, puso el caso de una bodega mendocina, «que por determinadas razones, como el volumen que maneja, no quiere pasar por grandes mayoristas o distribuidores, pero sí puede encontrar la veta para venderle directamente a un restaurante».
Los productores yerbateros de Misiones pidieron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate fije en 10 pesos el kilo de hoja verde, un incremento de casi el 45%.
Actualmente el valor de la materia prima es de 7,02 pesos y los nuevos precios que se fijen por consenso o a través de un laudo de la Secretaría de Agricultura de la Nación regirán hasta marzo del año que viene.
Los productores de hoja verde sostienen que la grilla de costos elaborada por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones da una cifra superior a los nueve pesos. Ese dato sumado a la inflación y el aumento constante de los insumos, son los principales argumentos de los chacareros.
Con el valor de la hoja verde a diez pesos, la yerba canchada debería pasar de 26,04 a unos 38 pesos por kilo, lo cual también impactaría en el precio de salida de molino.
Por la crisis que viene atravesando el sector lechero en la Argentina se cerraron 604 tambos en lo que va del año, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA)
Esto representa una caída del 5,3% en el número de explotaciones.
De acuerdo a la evolución del número de vacas que registra SENASA, 1.595.920 cabezas para 2018 significa una baja del 7,2% sobre el año anterior. En realidad, salvo para el período 2006-2007 y 2012-2013 el número de cabezas siempre fue en descenso. Un 1,3% anual en los últimos 13 años.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su vicepresidente Jorge Chemes señaló que «los datos demuestran que se está yendo a un achicamiento de la actividad y el riesgo es que no sólo hay menos vacas en producción sino que la falta de rentabilidad se gaste menos y por ende se produce menos leche».
Los 360 tambos más grandes que producen un promedio de 15.445 litros diarios, aportan la misma cantidad de leche que los 5.800 tambos más pequeños que producen menos de 2.500 litros de leche por día.
Científicos e ingenieros argentinos terminaron de fabricar el 1° tomógrafo PET (Tomografía por Emisión de Positrones) desarrollado y hecho íntegramente en el país. Los especialistas forman parte del Grupo de Sistemas Digitales y Robótica del Centro Atómico Ezeiza, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El equipo fue llevado al Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionará en un espacio especialmente acondicionado dentro del Servicio de Medicina Nuclear de ese hospital, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Claudio Verrastro, jefe de la División de Sistemas Digitales y Robótica de la CNEA, explicó que el próximo paso será pedirle a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) la autorización para trabajar con radiofármacos y, posteriormente, comenzará una etapa de caracterización del equipo desde el punto de vista funcional que permitirá homologarlo para su utilización en pacientes. El tomógrafo AR-PET obtendrá imágenes anatómicas y funcionales del cuerpo humano de forma no invasiva, brindando un diagnóstico preciso de ciertas enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos y trastornos cerebrales.
La CNEA explicó, además, que funciona de manera inalámbrica y con un consumo de 12 voltios. Eso permite utilizar baterías con menor impacto ambiental. También puede operar con 2 de sus 6 componentes principales, lo que facilita que el equipo sea reparado sin interrupciones en la prestación de sus servicios.
«Esto es posible gracias a que sus cabezales (los responsables de la toma de imágenes) son de giro continúo. Para esto, cada fotomultiplicador del equipo tiene su propia computadora dedicada al procesamiento de datos. Estos cabezales fueron construidos con cristales centelladores dispuestos en forma hexagonal, lo que permite obtener un campo de visión amplio y facilita que se puedan sacar, reparar y reponer sin que el escáner salga de servicio».
El proyecto fue financiado con recursos del tesoro nacional e inicialmente contó con el aporte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Sólo 3 empresas en todo el mundo se dedican a comercializar estos instrumentos. Su valor de mercado es superior a US$ 1 millón.
¿Para qué sirve un PET?
Es un estudio de alta complejidad que permite obtener imágenes anatómicas y funcionales del cuerpo humano, brindando un diagnóstico preciso de ciertas enfermedades como cáncer, problemas cardíacos y trastornos cerebrales. Puede detectar lesiones muy pequeñas con gran precisión.
A diferencia de otros estudios complejos como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, un PET detecta la actividad metabólica de las células y muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. Esto permite la detección temprana de procesos patológicos, inclusive antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, ya que generalmente los cambios fisiológicos anteceden a los cambios anatómicos.
En AgendAR reproducimos esta nota, porque estamos de acuerdo en que es un orgullo nacional. Conviene apreciar las diferencias entre un tomógrafo común a rayos X (CT-scanner), un resonador magnético (o MR scanner), un tomógrafo SPECT (aquí llamado «cámara gamma»), y finalmente el más evolucionado de todos, que es justamente el tomógrafo de positrones o PET-scanner que esta gente de la CNEA construyó. Invitamos también a ver este video en el que el Ing. Verrastro, el jefe de diseño, da precisiones valiosas en sólo 2 minutos:* La posibilidad de bajar el precio de referencia internacional de U$ 1 millón a la mitad.* La de bajar mucho el costo de repuestos y servicio técnico, ya que serían locales (fue la ventaja decisiva de los radares de INVAP). Esto supone también disminuir la duración de las salidas de servicio.Ahora, nos preguntamos ¿donde están las empresas interesadas en comercializar este logro? Si se espera la autorización de ANMAT… puede tardar mucho, porque le cuesta jugarse cuando algo no ha sido aprobado primero por la FDA estadounidense en su país.
El Banco Central ofrece datos de la formación de activos externos del sector privado no financiero hasta el 2002 inclusive. Más conocida por su otro nombre: «fuga de capitales», este fenómeno fue de US$ 16.676 millones en los primeros seis meses del año, la más alta de los años citados.
Eso significó un aumento del 117% respecto del primer semestre de 2017. La fuga solo había llegado a la doble cifra en 2009 y 2008, cuando alcanzó los U$S 11.195 millones y U$S 10.647 millones respectivamente.
En general, más del 95% de los clientes compran de a menos de $10.000 dólares por mes, pero solo significan la mitad de la masa de dólares comprados.
En la corrida de mayo, que llevó el dólar del $20 a $25, la participación de la categoría (los que compran menos de 10 mil dólares) más baja cayó al 31%. Ese mes, sin embargo, el número absoluto de clientes subió respecto del mes anterior (pasó de 830.000 a 1.080.000 personas).
Eso quiere decir que la mayor porción de compra respondió a una acción de los estratos más altos. En mayo, 21% de los dólares comprados fueron a parar a los bolsillos de «grandes jugadores» (aquellos que compran U$S 2 millones o más en el mes).
Cada mes que pasa, más personas vuelcan su inversión al dólar.
Pero no hay que creer que la corrida al dólar es la maniobra de una pequeña minoría de especuladores. En julio, 1.350.000 personas compraron dólares, unos 250.000 clientes más que el mes anterior. En el mes del aguinaldo, julio, la compra sube: no es un dato menor. De hecho, funciona como termómetro de la (poca) confianza en el peso argentino.
Como se indica arriba, las columnas representan el monto de los capitales fugados, desde el año 2002 hasta ahora. Y el 2018 aún no ha terminado. Esa columna no incluye la corrida de agosto, por ejemplo.
