El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que comprará acciones de Aerolíneas Argentinas y convocará a otras provincias a participar del paquete de acciones de la línea de bandera, en caso que el gobierno de la Nación “quiera liquidar la empresa”.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia si la quiere”, argumentó el gobernador Axel Kicillof al anunciar que convocará también a otros gobernadores a sostener la empresa estatal. El anuncio del mandatario peronista se da cuando desde la gestión de Javier Milei se busca privatizar la compañía estatal.
“La provincia plantea que si hay intención de transferir nosotros empezamos un camino con gobernadores y trabajadores: vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo”, dijo Kicillof al anunciar la compra de acciones ante un escenario de venta de la línea de bandera.
“El gobierno nacional ha amenazado con venderla, disolverla, llevarla a la quiebra. Si la Nación plantea venta de paquete accionario o transferencia a trabajadores o declararla en quiebra o disolverla, nosotros lo vamos a impedir, en la medida de lo posible”, expresó el mandatario bonaerense.
“Ante la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar nada queremos que se deje de mentir- dijo Kicillof-. No nos podemos dar el lujo para que liquide venda o mal venda a Aerolíneas. Si el Gobierno plantea liquidarla que sepa que el gobierno de la provincia la va a sostener. Aerolíneas no se vende: hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la línea de bandera. Destinos a los que llama no rentables”, precisó. Y agregó, desafiante: “Quieren cerrar vuelos. Estamos en la antesala de una estafa”.
“Hoy estamos a la espera pero preparándonos para una decisión: la provincia de Buenos Aires empieza a explorar todos los caminos para dar una respuesta. No estamos en condiciones de que el gobierno destruya Aerolíneas . No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. Nosotros vamos a impedir el desastre. La provincia tiene diferentes caminos, algunos necesita de la Legislatura”, señaló.
Kicillof cuantificó los beneficios económicos para la provincia de Buenos Aires en 2665 millones de dólares, sin contar impuestos, contribuciones y tasas. Si la provincia empieza a perder vuelos esa será la pérdida para la provincia, precisó.
“Hoy llamamos a trabajar junto con los gobernadores y los trabajadores para sacarle más el jugo: la provincia de Buenos Aires tiene diez millones de pasajes, tiene mucho movimiento. Es fundamental que eso no cese”, dijo.
Representantes sindicales acompañaron al gobernador durante el anuncio. Estuvieron presentes los titulares de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano; y de la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA): Rubén Fernández; el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Mateo Ferrería; y la ex diputada nacional Alicia Castro. Más el gerente General de Autopistas de Buenos Aires, Pablo Ceriani; ex presidente de Aerolíneas Argentinas.
“Hoy vemos las cuentas de Aerolíneas Argentinas Si la vendieran por su tasación patrimonial, según los últimos balances, es dársela a alguien. No es solo recibirla sino sacarle más el jugo todo lo posible: Hubs, destinos regionales. Fomentar el turismo, dado que muchos los vuelos van a nuestros aeropuertos. Hay mucho movimiento, para la provincia de Buenos Aires es fundamental”, remarcó Kicillof.
El gobernador hizo el anuncio tras cumplirse nuevo aniversario de la creación de la líneas de bandera el 7 de diciembre de 1950.
La argentina Botmaker presentó soluciones de IA integradas a sus bots, capaces de generar respuestas automáticas con inteligencia artificial tanto en chats como en respuestas de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Los chatbots están entre nosotros hace tiempo ya. Interactuamos para pedir información, hacer reclamos o pedir un turno para una vacuna o sacar el registro. Una de las empresas que está detrás del desarrollo de estos sistemas que usamos a diario es Botmaker, la plataforma argentina encargada de haber desarrollado desde Boti, el chatbot del Gobierno de la ciudad, hasta Tina, chatbot de WhatsApp del gobierno nacional integrado con Mi Argentina.
La empresa, cofundada por Alejandro Zuzenberg y Hernán Liendo, presentó su última incorporación: Agentes de IA, un producto muy en boga a nivel mundial, que genera conversaciones con los usuarios mediante la interpretación generativa con IA, pero yendo un paso más allá, ya que puede tomar decisiones resolviendo consultas de manera autónoma. La diferencia con todo lo conocido es que la conversación y las respuestas son en lenguaje natural, utilizando diferentes modelos de lenguajes, pero entrenados con la información y configuración de cada empresa.
Y es un concepto transversal a la industria de la IA; de hecho, Globant lo eligió como una de las cinco tendencias tecnológicas a mirar en 2025. Google tiene Agentes de IA para Gemini, llamados Gems; OpenAI dice que ChatGPT tendrá Agentes de IA en 2025; Copilot tiene sus Agentes. Todos avanzan en el mismo camino: ofrecer una herramienta de IA que funciona con mayor autonomía que los chatbots convencionales, con un alcance más acotado en cuanto a temática, pero también más profundo: los agentes pueden interactuar con otros sistemas, recabar información nueva y procesarla, y tomar decisiones en forma autónoma.
Alejandro Zuzenberg, exdirector de Facebook Argentina y cofundador de Botmaker
Botmaker también presentó días Mailbot, un producto que conecta cuentas de correos electrónicos corporativos para diseñar flujos de atención a través de respuestas automáticas también generadas con inteligencia artificial generativa.
De esta manera, el servicio integral contempla tres modos automatizados de atención al cliente:
Mensajería: Mailbot, respuestas por correo electrónico usando inteligencia artificial generativa
Chat: Chatbot, con integración en WhatsApp, Instagram y hasta 20 canales de mensajería
Llamados: Callbot, con llamados realizados por voces entrenadas con inteligencia artificial de una base de voces sintéticas o bien, grabadas por el cliente.
Los Agentes de IA se complementan con este servicio y con los chats, y permiten diseñar conversaciones que van un paso más allá de un “árbol de opciones”, que entienden y responden a con lenguaje natural y que permiten a las empresas configurar cada tipo de respuestas. Es decir, si el chat o el mail tendrá memoria de consultas y qué gama de respuestas incorporarán a sus servicios.
La programación del chat es simple, funciona de la misma manera que hoy utilizamos los prompts en ChatGPT, con diversas capacidades. Entre ellas, se destacan las intenciones en la conversación con el usuario mediante la IA generativa y la capacidad de un intercambio más ágil, natural y transaccional con los usuarios. El servicio contempla el entrenamiento de bots en unos minutos u horas, sin alucinaciones -como se llama a las respuestas erráticas de la IA- y la fiabilidad de un servicio seguro y privado, que no compartirá datos de clientes con motores generativos públicos.
En una demostración para la prensa, su CEO Alejandro Zuzenberg mostró cómo funciona un chatbot generativo para reservar una mesa en un restaurante y pedir comida para tres comensales. Además de conversar de manera natural con el asistente y dialogar sobre el menú de comida, se le indicó que uno de los comensales era celíaco, para redefinir, en base a esa indicación, el pedido solicitado. La experiencia, muy similar a la que tenemos diariamente con un chat de IA generativa, ya está siendo usada por muchos de los clientes de Botmaker.
Por ejemplo, Boti, el asistente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, implementó esta función en su conversación en la opción de recomendaciones turísticas para pasear por la Ciudad. Al elegir esa opción, no solamente se le pueden pedir recomendaciones de lugares, sino otras indicaciones específicas, como por ejemplo: ¿a qué lugar puedo ir a pasear un día de lluvia? ¿Qué lugares son aptos para personas con movilidad reducida? y así sucesivamente.
Los chatbots utilizan bases de conocimiento del cliente y Copilot para enviar sugerencias a los agentes del chat. El usuario puede configurar qué base de conocimiento debe utilizar para responder, dar instrucciones, etc.
Los precios varían según las necesidades del cliente, pero en todos los casos se paga por conversación, a raíz de cinco centavos de dólar (80 pesos argentinos) cada intercambio (esto, desde el lado de la compañía; para los usuarios no tiene costo).
Botmaker nació en 2016, tiene presencia en más de 40 países y sus principales clientes son empresas y gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Fue pionera en ofrecer la tecnología ChatGPT dentro de sus productos para que la atención al cliente por chatbots sea asertiva y humanizada, siguiendo los procesos pertinentes de protección de datos y cumplimiento de la normativa legal de cada país. Trabaja, además, en alianza con diferentes partners y empresas de tecnología como Apple, Google y Meta.
Julieta Merlo, doctora en biología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabaja bajo la dirección de la destacada científica Silvia Ceré.
El desarrollo de una industria nacional de stents bioabsorbibles es el eje del trabajo de Merlo, quien destacó la importancia de ofrecer alternativas económicas y accesibles, especialmente en contextos donde la importación de estos dispositivos resulta compleja. “Nuestra meta es mejorar la recuperación del paciente y reducir riesgos a largo plazo mediante la incorporación de componentes bioactivos en la superficie de los stents”, explicó.
La relevancia del proyecto radica en su capacidad de impactar positivamente en la salud pública, al mejorar tanto la accesibilidad como la efectividad de los tratamientos médicos en el país.
Merlo valoró este reconocimiento como un impulso para continuar desarrollando innovaciones con un impacto tangible en la medicina y en la calidad de vida de las personas. Asimismo, destacó que su labor combina ciencia básica y aplicada: “Lo que más me entusiasma es explorar las interacciones microscópicas entre los materiales, las moléculas biológicas que añadimos y los tejidos. Estas investigaciones nos permiten diseñar soluciones que abordan problemas reales de salud pública.”
Colaboraciones interdisciplinarias
El proyecto de Merlo ha avanzado gracias a la colaboración con destacados equipos. Entre ellos, el Laboratorio de Patologías del Metabolismo y el Envejecimiento del Instituto Pasteur en Uruguay, liderado por Carlos Escande y Santiago Ruiz, quienes desarrollaron el compuesto NATOH.
Este material, que será incorporado a los stents, destaca por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su acción localizada en las arterias afectadas.
Otros desarrollos
Además, el Instituto de Física de Rosario (IFIR, CONICET-UNR), bajo la dirección de la investigadora Malarria, participó en la fabricación de la aleación metálica de hierro-manganeso-carbono-silicio que constituye la base del proyecto. Esta aleación fue diseñada como parte del trabajo doctoral de la ingeniera Melina Hankovits, en colaboración con el equipo de Merlo.
“Estas sinergias interdisciplinarias son fundamentales para el progreso del proyecto y para maximizar su impacto en la medicina”, subrayó Merlo.
Vocación y visión científica
La investigadora también reflexionó sobre su motivación en la ciencia: “Para mí, ser científica es perseguir preguntas relacionadas con la vida y los sistemas vivos. Disfruto de la diversidad de tareas, el trabajo en equipo y la constante generación de ideas nuevas, que son la esencia de esta labor.”
La Beca L’Oréal-UNESCO obtenida por Julieta Merlo pone en valor el potencial de la ciencia argentina para aportar soluciones innovadoras de impacto global. Además, reafirma el prestigio del INTEMA, que ha sido destacado en el ranking SCImago 2024 como uno de los institutos más innovadores de América Latina.
El proyecto de las represas de Santa Cruz cumplió un año sin avances ni desembolsos. La situación preocupa no solo a la administración provincial de Claudio Vidal, sino también a sindicatos y al gobierno nacional, que ahora presentó fuertes cuestionamientos hacia la UTE responsable de los trabajos, integrada por Gezhouba, Eling Energía (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo.
Según el último informe presentado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos la paralización de las obras, fue “iniciada unilateralmente” por las firmas en noviembre de 2023. A pesar de las conversaciones entre ambas partes, el Gobierno aclaró que no está obligado a firmar una adenda al contrato vigente y que cualquier modificación dependerá del análisis del interés público.
“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.
En este contexto, el Ministerio de Economía informó que no se han realizado nuevos desembolsos debido a la negativa del contratista a suscribir las solicitudes de financiamiento establecidas en el contrato.En mayo, el Gobierno había confirmado que finalizará la iniciativa, pero no puso plazos.
Interrogantes sobre el mantenimiento de la obra
El estado de la obra también está en el centro de las preocupaciones. Aunque no se han detectado daños estructurales visibles relacionados con la sobrecarga hídrica, las autoridades nacionales indicaron que será necesario realizar una evaluación exhaustiva para determinar si la paralización afectó las instalaciones.
Mientras tanto, subrayaron que la responsabilidad de mantenimiento y preservación recae íntegramente en la UTE, a quien además se le reprochó no cumplir con los estándares de producción y calidad requeridos.
En paralelo, la situación de los trabajadores permanece sin resolverse. Desde noviembre del año pasado, más de 2.800 obreros vinculados a las represas están sin actividad, y el Gobierno nacional sostuvo que su situación laboral corresponde exclusivamente al contratista.
En febrero de 2024, la UTE solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, argumentando falta de fondos para continuar con la obra. Las negociaciones realizadas en ese marco no pudieron evitar el deterioro de las condiciones laborales, y el procedimiento culminó sin acuerdos en marzo.
Además, el informe remarcó que las normativas aplicables varían según los trabajadores. Por ejemplo, las disposiciones del Procedimiento Preventivo de Crisis no son válidas para los empleados representados por la UOCRA, quienes deben regirse por la Ley 22.250.
En cualquier caso, el Gobierno destacó que “no corresponde emitir juicios sobre salarios, indemnizaciones u otros conflictos laborales que excedan sus competencias legales, dejando el futuro de los empleados en una compleja incertidumbre”.
Nueva negociación por las represas de Santa Cruz
A mediados de octubre, la conducción de Enarsa que encabeza Tristán Socas sumó a Sergio Viana como nuevo interlocutor con el consorcio integrado por la compañía china Gezhouba y Eling. El objetivo del equipo de negociación es reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz el 15 de enero.
Hasta el momento, la UTE integrada por Gezhouba y Eling Energía (ex Electroingeniería) lleva ejecutadas obras por unos 1.850 millones de dólares, en tanto que el grado de avance de la construcción es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner.
Entre 2021 y 2023, el consorcio hizo un aporte de capital propio cercano a los 450 millones de dólares para continuar con los trabajos.
Prólogo doblemente necesario, porque nadie más hablará de ello: se les viene el apagón nuclear y el «brown out» (insuficiencia eléctrica) nacional, hermanos yanquis. Y ustedes se los compraron. A joderse.
Y esto no es antiimperialismo de café, es pura tecnología. A nosotros, Uds. nos hicieron boicot de enriquecido en 1981, y nos las vimos negras con los reactores y los pacientes cardíacos y oncológicos. Pero jamás hubo peligro de que se nos apagara la luz. ¿Saben por qué? Porque nuestra única central en línea (entonces Atucha 1), quemaba natural. Las dos subsiguientes, Embalse y Atucha 2, también.
Me explico. Los EEUU jamás tuvieron centrales tipo CANDU. Son canadienses y de uranio natural «polenteado» (la palabra técnica es «moderado») con agua pesada. Si en lugar de 94 centrales a uranio enriquecido tuvieran la misma potencia instalada de CANDUs, habrían tenido un factor histórico de disponibiidad mucho mayor, habrían pagado la mitad o menos del costo de adquisición, tendrían una cadena de provisión de componentes totalmente estandarizados, coherente y barata, a prueba de extorsiones diplomáticas de «la Maffia del enriquecido» (que Uds. han liderado), y cero accidentes de derretimiento del núcleo.
Cero, pero cero. Se construyeron 52 CANDU desde 1962, todas seguras. Con esta tecnología no habrían tenido problemas serios en la tierra de los libres y hogar de los valientes, como el de Three Mile Island, Pennsylvania, 1979, ni en Japón, donde en Fukushima, 2011, fundieron núcleo e incendiaron combustibles 4 Westinghouse MK1 a la vez, máquina berreta si alguna vez hubo una.
En esa materia, marcas, modelos y módulos, en EEUU reina la anarquía total y fundacional. Cada propietario, que suele ser una de las muchas «utilities» de servicios eléctricos regionales, encarga la tecnología que se le canta, y para los proveedores de centrales, unas pocas firmas, «the customer is always right». Que en el spanglish de las revistas argentinas de negocios se traduce como «El customer siempre está right».
De tan variopinta arca de Noé quedan 94 máquinas operativas de las 112 que hubo en los ’90, y raramente hay dos mellizas o trillizas. Lo único que comparten y es estatal y federal es el licenciamiento de la NRC (Nuclear Regulatory Commission). Es un trámite de suyo complejo ycaro. Pero al tener que repetirse decenas de veces para plantas tan FOAK, «First of a Kind», inicio de una serie que luego se trunca, hace farragoso el pasaje de planos a operaciones. Demasiadas carpetas, oficinas, revisiones técnicas, inspectores, auditores y sellos. Y de producir los repuestos en masa para abaratar el mantenimiento de una flota de cierta homogeneidad, olvídate cariño.
Si el parque nuclear estadounidense dejó de crecer en los ’80, fue porque ante el panorama que ellas mismas crearon y el gobierno que deja crecer el caos privado, las utilities prefirieron el carbón, y hoy el gas natural, menos regulados. Por eso los EEUU, ombligo del mundo como creen serlo, acuñaron el mantra de que la electricidad nuclear es cara. Los chinos y los hindúes creen que no, pero se sabe: estos asiáticos son una manga de intervencionistas, y el estado es dueño y señor de todo lo nucleoeléctrico. Y los franceses, lo mismo.
Lo otro que comparten TODAS las plantas de EEUU es el combustible: uranio enriquecido a grado central, igual o por debajo del 5% de ley del isótopo físil 235, que es el que interesa por reactivo. Esa fue una decisión federal del State Department y el Pentágono: dado que Westinghouse y General Electric estaban destinados a ser el primer proveedor de centrales del Tercer Mundo, Sur Global o Planeta Deudor, había que poder venderles enriquecido, es decir el caballo y el pasto. Y con eso del pasto, tenerlos bien cortitos de rienda: si te niegan una firma, o una base militar, o tienen malas juntas, boicot de combustible y apagón nuclear.
El uranio natural es poco reactivo, por su abrumadora cantidad de uranio 238, nada físil. Aunque le hagas cantidad de transformaciones químicas para pasarlo de mineral a concentrado, y de concentrado a dióxido de uranio puro, y de éste a pastillas de cerámica, sigue siendo un combustible chirle, con siempre la misma ley de riqueza (o más bien pobreza) que el uranio natural que salió de la mina, el geológico.
Sólo tiene un 0,71% del isótopo 235, pero las centrales canadienses CANDU de 7 países y sus imitaciones NPCIL de la India lo queman alegremente desde 1962. Es que «polentean» su escasa reactividad con agua pesada, paradójicamente llamada moderador, cosas de físicos. El agua pesada es de producción cara, pero los países usuarios de la tecnología CANDU que la fabrican por sí mismos, se salvan de aprietes.
Canadá, como miembro de la OTAN, ha mandado armas públicamente y tropas secretamente a la guerra de Ucrania. Al punto de que la semana pasada los rusos les mataron al Tte. Coronel e ingeniero en misiles Ken Miller de un misilazo. El hombre debe haber tomado el vuelo equivocado, porque en lugar de Alberta, Canadá, al frente del Regimiento 41 de Ingenieros, estaba en Ucrania, como entrenador. No es el primer militar canadiense en viajar de regreso en ataúd.
¿Don Vladimir Putin puede represaliar a Canadá con el uranio enriquecido? ¿»Y para qué lo querríamos», contestarian los canadienses?
Tanto EEUU como Canadá uranio tienen minas de uranio, obviamente natural. Todo el uranio de la corteza terrestre es natural, reactivamente soso. Las minas canadienses, en general están en Athabasca, Ontario, son las de mayor concentración de uranio en roca del mundo, hasta el 10% en masa de mineral. Es una ley fenomenal, otros países uraníferos, como Kazajistán o Níger, tienen más uranio, pero jamás de una pureza semejante.
EEUU, que hasta los ’90 tuvo minería propia, tuvo también las mayores instalaciones de enriquecimiento del mundo en Savannah River, Georgia. Pero pasada la Primera Guerra Fría, y dado que éstas estaban viejas y gastaban electricidad a lo bestia (el 10% del consumo nacional), en lugar de modernizarlas, sus dueños privados las cerraron, las utilities eléctricas pasaron a importar enriquecido.
Con el derrumbe de la URSS y la demanda enorme que producen 112 plantas, ¿quién se iba a perder el negocio de venderles enriquecido? El Dios Mercado había ganado en el mundo, y ése Dios proveería SIEMPRE. Terminó siendo un estado nuevo quien proveyó, la Federación Rusa, por precios imbatibles. Pero como los rusos se habían vuelto creyentes del mismo Dios, todo bien con pagarle a los ivanes.
¿Vladimir Putin puede hoy parar las 22 plantas canadienses? Ni ahí. ¿Y las de los EEUU? Dios dirá. No es fácil rezarle al mercado.
Cuando EEUU empezó con ataques misilísticos dentro de territorio ruso, los ivanes suspiraron con su famosa melancolía nacional: se iban a perder un mercado enorme. Pero nada bueno les espera a quienes se metan con la Santa Madre Ródina, y decretaron boicot de enriquecido. Viéndosela venir, dado que la OTAN empezó la actual guerra de Ucrania al menos en 2009, EEUU llamó al toque a URENCO, consorcio británico, alemán y holandés. Esa empresa enriquece a grado civil y militar para toda la UE, salvo Francia, que se corta sola.
Pero URENCO estaba al límite de capacidad. En 2010 pactaron hacerse de una planta nueva y moderna, diseñada, construida y operada por URENCO USA, que en teoría podría surtir la mitad de la demanda civil americana, aunque su página web declara que es sólo un tercio. Subrayo «en teoría», porque por alguna causa, EEUU le siguió comprando al enemigo hasta la semana pasada. A Rusia, en contraste le sobra uranio, le sobra capacidad de enriquecimiento (tienen el 40% de la mundial) y no es teórica: exporta excedentes. Tantos, que de las 94 centrales nucleares estadounidenses, 44 utilizan exclusivamente combustible comprado a la estatal rusa Tenex.
El CANDU es un diseño estandarizado. Ha ido mejorando con las décadas, pero lo cierto es que cualquiera de los 52 CANDU que se han construido en 7 países están hechas con los mismos componentes. Básicamente, las CANDU y NPCIL constan de tubos de superaleaciones de circonio para los manojos de combustible, y de tubos de aleaciones de níquel, y tubos de aceros especiales para los circuitos de enfriamiento.
Con esos repuestos fabricados masivamente, hacés tanto una unidad de demostración de 220 MWe, como Douglas Point, Ontario, 1962, como una de 1000 MWe el estilo de la Monark que se va a construir en esa provincia canadiense.
Cualquiera de las 22 CANDU canadienses ubicadas en 5 parques nucleares en 3 provincias (Ontario, Québec y New Brunswick) , puede intercambiar repuestos con nuestra central de Embalse, en Córdoba. También con el complejo de 4 CANDU en Cernavoda, Rumania, o con las 18 en operaciones y las 6 en construcción y 7 pedidas en la India. Un manojo de combustible de nuestra Embalse puede funcionar en el núcleo de Qinshan 1 y 2 en China, o en Krakapar 1, 2, 3 y 4 en Gujarat, Indiak, y ni se entera de la diferencia.
Eso explica que la firma argentina CONUAR, con 2/3 del paquete en manos del grupo Pérez Companc y 1/3 y la tecnología en propiedad de la CNEA, hoy esté fabricando este tipo de caños high-tech para exportar a la India, Rumania y a Canadá. La lista sigue, porque los países con CANDU incluyen otros gigantes como China, Corea del Sur y obviamente Argentina.
Nuestro único error lamentable con esta ingeniería es tener una sola CANDU, la citada Embalse, teniendo derecho legal a «clonarla» N veces en territorio nacional. Siempre fue y sigue siendo la mejor de nuestro parque nucleoeléctrico por seguridad, disponibilidad, precio y vida operativa.
Cada vez que alguno de estos países construye nuevas plantas de potencia, o le hace «retubamiento» a las que ya tiene para sacarles 30 años más de vida operativa, CONUAR y NA-SA aprovechan y vende caños y/o servicios MUY sofisticados, respectivamente. En materia de problemas, soluciones a los problemas y modernizaciones, la disímil banda de propietarios de CANDU forman un grupo llamado CANDU Owners Group, o COG, e intercambian chismes, quejas y soluciones. Son como un grupete de egresados de secundaria en Watsapp.
La muchachada del COG siempre se preguntó por qué demonios Argentina tiene desde 1984 una única CANDU, pero la respuesta es larga y muy geopolítica. Lo que sí saben es que el retubamiento de la solitaria Embalse la Argentina lo hizo sin ayuda exterior, y con componentes propios, y que si antes andaba joya, ahora anda joya y media. El COG sabe que vendemos expertise, componentes de manojos de combustible y repuestos baratos de la primera y todavía única central totalmente modular vendida masivamente en el mundo. Aunque algún marketinero canadiense, probablemente ya jubilado o muy réquiem, y antes algo bobo, se olvidó de mencionarlo.
Entendemos tiernamente el julepe que tienen los EEUU: el 20% de su capacidad eléctrica es nuclear, pero sus 94 centrales remanentes responden a más de 40 modelos, marcas y diseños distintos, de modo que ya de suyo nacen innecesariamente caras. Henry Ford I, bastante nazi aunque nada estúpido a la hora de abaratar las cosas produciéndolas iguales y en masa, se tiraría de los pelos. Pero lo fundamental es que todas esas 94, así como las 10 que cerraron por viejas, caras o ambas cosas, funcionaban y funcionan con uranio enriquecido.
Hace 70 años que los EEUU vienen tratando por las buenas, por las malas y por las sucias (campañas de ultraecologistas y medios locales) de disuadirlos de construir más centrales CANDU, e ir cerrando las existentes.
Y de paso y cañazo, comprar algunas centrales estadounidenses de uranio enriquecido, cuantimás. El famoso síndrome de Estocolmo, eso de ponerse a favor de tu carcelero, hizo que en los ’90 los canadienses pararan su plan de exportación y dejaran envejecer y cerrar algunas de sus CANDU, y permitiera caer en la quiebra a la diseñadora federal AECL (Atomic Energy Commission of Canada, Ltd) y a la constructora provincial principal, Ontario Hydro.
Pero a la hora de comprar parque núcleoeléctrico yanqui, y de yapa experimental, los Canucks no han parado de las cartas de intención, que no valen el papel en que están impresas: son amor platónico. Y «Thanks, but no, thanks», les han contestado. Y ahora los Canucks, con la vieja AECL transformada en Atkins Realis, más nacional que el jarabe de arce y la Policía Montada, se disponen a ampliar su capacidad instalada con modelos realmente grandes, los Monark.
Y se han venido aquí a aprovechar la crisis de recursos humanos creada en NA-SA por Javier Milei para llevarse nuestros ingenieros nucleares en carrito de supermercado.
ARGENTOS CASTIGADOS POR CARTERISTAS
Nosotros mismos, oh lectores argentos, hemos sufrido las represalias en uranio enriquecido de Washington. Cuando en 1981 la CNEA e INVAP empezaron a construir los reactores RP-0 y RP-10 en Perú, el presidente Jimmy Carter (que había sido ingeniero nuclear de la US Navy) se puso como loco. Y mandó a romper viejos contratos de aprovisionamiento de enriquecido a la Argentina, que los necesitaba para sus reactores RA-1, RA-2, RA-3, RA-6 y los de Perú.
El Jimmy era un capo como reactorista, y lo mostró tomando él solito las decisiones críticas del «meltdown» de la central nuclear de Three Mile Island, y fueron todas correctas. Lo hizo por teléfono, porque entre el operador privado y la NRA no pegaban una. Pero don Carter solía pisarse los propios zapatos en política exterior, y nos sometió a embargo de uranio enriquecido, y lo hizo aquel mismo 1981 en que le aplicó sanciones a la URSS, que había invadido Afganistán, y donde más le dolía a Moscú: la comida.
La más grave fue la de no entregarles trigo estadounidense, asunto capital para los soviéticos. Eran famosamente malos como administradores agrícolas, y les fracasaban las cosechas en la mejor tierra negra y «de pan llevar» no de Europa, sino del mundo: el «chernosol» ucraniano y ruso. Eso hacía que las colas frente a las panaderías soviéticas fueran no sólo largas sino inexplicables, y que el pan se acabara antes de atender a la mitad. Y eso en Moscú: no quieras ver en las ciudades chicas y en Siberia.
Las sanciones de Carter a la Argentina nuclear por atreverse a exportar su tecnología en la región aquí iban a costar muchas vidas argentas y sudacas, y ni te cuento de nuestro prestigio como exportadores nucleares, que estaba todavía por nacer. Cuando se nos acabara el stock de reservas de uranio enriquecido al 90% del RA-3 de Ezeiza, se paraba ese reactor y se terminaba la producción nacional de radiofármacos para diagnóstico y terapia cardíaca y oncológica. Teníamos autoabastecimiento en radiofármacos y medicina nuclear. Y además exportábamos al resto del Cono Sur. Como dije, muchas vidas y de prestigio, olvídate, chico.
Al Contraalmirante Carlos Castro Madero se le ocurrió una idea ingeniosa. El principal cliente de trigo de la Argentina era la URSS, asunto absolutamente aprobado por gente tan poco comunista como el general Roberto Viola o al Sr. Guillermo Alchouron, presidentes del país y de la Sociedad Rural Argentina, respectivamente. Ni uno ni otro tenía problemas ideológicos con exterminar a obreros, estudiantes, profes, médicos y familias de izquierda, pero de venderle trigo a los ivanes, todo bien: históricamente, pagaban como duques. De modo que la Argentina les dio la casi exclusividad de su principal producción agrícola de entonces, el trigo, en discreto canje por uranio enriquecido para sus reactores.
En el Kremlin se tiraron de palomita sobre la propuesta, no sólo porque acortaba la paciente cola para comprar pan, en general bajo la nieve, o al menos una lluvia aborreciblemente fría. Pero además, vendernos enriquecido era enredarle los piolines diplomáticos a los EEUU. Todavía en la Plaza Roja resuena el eco de las carcajadas del difunto camarada Secretario General Leonid Brezhnev, el Opio de los Pueblos lo tenga en su gloria.
De modo que con un poco de rediseño de núcleos y sistemas termohidráulicos de enfriamiento, aquí readaptamos los reactores argentinos y los peruanos para funcionar con uranio enriquecido al 20%. Al 90%, su combustible original hasta entonces provisto por EEUU, habría estado mejor, pero para esa época ya el Organismo Internacional de Energía Atómica ponía el 20% como límite máximo de enriquecimiento comercial. No por bobera: con 20 kilos de uranio al 90% tenés una bomba atómica tipo cañón, como la de Hiroshima.
Lo que Jimmy Carter no logró fue apagarnos la luz. En aquel momento el AMBA dependía muchísimo de la electricidad producida por Atucha 1, en Lima, Provincia de Buenos Aires, a 160 km. de la entonces Capital Federal. Había cantidad de parque eléctrico a fuel-oil perteneciente a la empresa estatal SEGBA, pero tenían bastante atraso en los mantenimientos.
Además, SEGBA había sido obligada a hacerse cargo de la monumental Central de Costanera de la Ítalo, manejada por una empresa suiza que a fuerza de coimas logró mantener su concesión, cancelada en 1975, hasta 1978. Eso dejó a los suizos con las manos libres para vaciar la empresa, dejar de pagar el fuel-oil a YPF y que las máquinas terminaran de decaer a chatarra, para irse en 1978 tranquilísimos con un vagón de guita que les pagaron José Martínez de Hoz y su Secretario Walter Klein a precio de nuevo.
Haciéndola corta, en el melancólico lote de chatarra que en 1981 iluminaba el AMBA, o Baires y Conurbano, como se la llamaba entonces, la única máquina fiable era Atucha 1, de la entonces intocable CNEA, vaca políticamente sagrada. Era chiquita pero nueva en serio, y no se rompía aunque era un prototipo, y porque se la mantenía con primor.
Y lo más importante de todo, quemaba pastillas de cerámica hechas de dióxido de uranio natural, con el mismo tenor de uranio 235 que tiene en la roca madre de las minas de Los Gigantes, en Córdoba, y de Huemul y Sierra Pintada, en Mendoza. Y se venían más centrales: Embalse, entonces en obra, y luego Atucha II, y luego planes para 6 CANDU más a terminar en 1990. Todas de uranio natural.
De esa rodada de 1981 salimos caminando y con las riendas en la mano. El reactor RP-10 peruano fue el mayor del hemisferio sur hasta 2006, cuando se inauguró el OPAL en Sydney, Australia, obra de INVAP. Que con el prestigio ganado en Perú, luego le vendió reactores multipropósito a Argelia, Egipto, la ut supra mentada Australia, Holanda, Arabia Saudita, y dentro de poco, Uganda.
Por eso, a la Argentina actual un boicot de uranio enriquecido le resbala. No le podés apagar la luz. La estupidez es no haber seguido el plan de 6 CANDU más. La estupidez de yapa, en tiempos del Carlos (Menem), fue haber abandonado la minería de uranio. Y la estupidez cumbre, es haberle permitido también el cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada. De ser el mayor fabricante del mundo, pasamos a importador.
Léalo, nadie publica las barbaridades que dice AgendAR. Y son ciertas, venimos investigándolas desde 1985.
GUÍA PARA ROMPER LA UNIDAD PATRÓN
Y de despedida, amigos yanquis: sin tomar partido ni a favor ni en contra de Rusia, este quilombo Uds. se lo compraron.
Por lo cual les sugerimos, en plan avuncular y consejero, que hagan de tripas corazón y le compren algunas CANDU a Canadá. Nunca se accidentaron aquí y tampoco en 6 países más, se construyen fácilmente y de cualquier potencia por modulares, tienen un factor de disponibilidad apabullante, arriba del 90% del año, y no hace falta pararlas para recargarles el combustible. Pueden quemar uranio natural, o cualquier combustible alternativo que les pongas. Son un caño. Bueno, miles de caños.
Y está tan estandarizada la construcción, que entre inicio e inauguración pasan 6 años, porque todos los países del COG y la India han conservado recursos humanos calificados en la cadena de proveedores, de componentes, y sobre todo, de empresas contratistas de obra. No hay que rehacer 3 veces la misma soldadura, hasta que logra pasar una inspección de la NRC, y estar 18 años para terminar una central que debió entregarse andando en 6 años, y a cuatro veces el precio pautado. Es lo que les viene pasando a Uds.
Las CANDU salen como piña. Salvo que anden Uds. intrigando en el medio, chantajeando a los canadienses para que no entreguen los componentes en tiempo y forma, no cumplan ni ebrios ni dormidos con la transferencia de tecnología, subcontraten a ignorantes y hagan todo lo posible porque la obra no se termine jamás. Es lo que hicieron aquí.
Las CANDU siguen siendo las mejores centrales del mundo, pero con el peor proveedor. Embalse la terminamos por la nuestra, después de que la CNEA, harta de incumplimientos, rompió contrato con AECL. Lógicamente, la bola se corrió en todo el mundillo nuclear, y los Canucks no volvieron a exportar una central a su clientela natural, los países de escaso desarrollo industrial.
En fin, ése era el objetivo real de los EEUU.
Dado que Uds. mismos no han logrado exterminar enteramente la maldición CANDU, estos fierros son a prueba de todo incluso en términos geopolíticos. Si me hacen caso, deberán cerrar el State Department, pero Ottawa va a estar encantada. Cómprense algunas CANDU y se le ríen en la cara al tío Vladimir.
Es obvio que antes de que me den bola, se va a congelar el infierno.
Pero también se pueden congelar ustedes, al menos en los estados del Norte, al menos un poco, tal vez el invierno boreal de 2025. Depende de la velocidad de URENCO USA para suplantar el enriquecido ruso que queman 44 de sus 94 centrales. Entre todas, producen el 20% de la potencia eléctrica circulante.
Qué momento. Joe Biden ha logrado superar a Jimmy Carter. Como decía un colega argento mucho más famoso que yo, eso es romper el boludómetro.
Bueno, como también decía mi colega otro colega, pero compatriota de Uds., el entrañable Edward Morrow: «Good night, and good luck».
La Argentina, un país cuya economía depende en gran parte de su clima, tiene casi el 70% de su superficie con suelos clasificados como áridos, semiáridos o subhúmedos. Se calcula que el 36% del territorio nacional, unos 100 millones de hectáreas, presentan algún proceso de degradación por erosión hídrica, eólica o biológica asociada al menos en parte con malas prácticas productivas como el sobrepastoreo, la deforestación y los incendios intencionales, entre otros. Las dos regiones más afectadas son la Patagonia –por el sobrepastoreo ovino– y las provincias que integran el Gran Chaco (Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco) por los desmontes y los cambios de uso del suelo. Estos datos, que se desprenden del último Informe sobre el Estado del Ambiente de 2021 renuevan el debate sobre los efectos que generan a nivel local tanto las sequías como los procesos de desertificación del territorio.
“Estos procesos de desertificación se aceleran por las otras dos grandes crisis ecológicas: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sin ecosistemas sanos no hay producción posible”, explicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para Sergio Montico, ingeniero agrónomo a cargo de la cátedra de Manejo de Tierras de la facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Argentina tiene un problema “grave” de erosión, tanto hídrica –en la región pampeana norte– como eólica –en el sur del país–. “Esto genera problemas productivos y ambientales porque se deteriora el suelo y disminuye tanto su capacidad productiva como su posibilidad de brindar servicios ecosistémicos”, dijo el experto.
Por su lado, Maximiliano Eisa, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Balcarce (INTA) y miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, explicó que desde el sector “se ve el problema y se viene reclamando”. “A veces desde los ámbitos productivos y políticos se siguen asombrando por el nivel de degradación de los suelos. Tenemos los mejores suelos del mundo y nos creímos que eran indestructibles, pero hoy vemos otra cosa”, señaló.
Un país que depende el clima
Sobre esto se conversará a nivel global a partir de este lunes en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld, por sus siglas en inglés) que tiene lugar en Riad, Arabia Saudita, un encuentro donde se buscará acelerar las acciones para la gestión sostenible de las tierras y mejorar la resiliencia frente a las sequías. Según datos de esta institución, el 40% de las tierras del planeta están degradadas y las sequías han aumentado un 29% desde 2000 hasta ahora como consecuencia del cambio climático, así como también por efecto de las modificaciones en los usos del suelo con fines agrícolas y ganaderos.
La Argentina, que adhiere a esa Convención desde 1996, estará representada por el embajador en ese país, Facundo Vila. Consultados sobre la estrategia del actual gobierno en el tema y el papel que tendrá la Argentina en esa cumbre, así como sobre la composición de la delegación nacional, desde la Subsecretaría de Ambiente decidieron no contestar, por el momento.
El país padece de primera mano estos fenómenos. La zona núcleo, la más productiva en términos agropecuarios (centro norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y este de Córdoba), acaba de dejar atrás una sequía que duró más de tres años –la más extensa de las últimas seis décadas– con gravísimas pérdidas económicas, sociales y ambientales. Según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, el país perdió unos 20.000 millones de dólares a causa de este fenómeno, solo durante el año pasado, por la disminución de volúmenes en los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo): “La sequía se cobró tres puntos del PBI argentino del año 2023″, se lee en el documento.
El último Informe sobre el Estado del Ambiente –publicado a principios de 2023, con datos de 2021– señala que casi el 70 % del territorio nacional está clasificado como “tierras secas”. Es decir, aquellas que por sus características climáticas son áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estos territorios “presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio”. Son varios los factores que producen esto: la erosión hídrica y eólica, la compactación, la salinización y la pérdida de la cobertura vegetal y la de la biodiversidad del suelo, entre otros.
La Argentina cuenta con un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía (PAN), cuyo objetivo es prevenir y reducir el fenómeno. En ese contexto, el país adoptó metas a 2030, que incluyen la protección de bosques nativos, el fomento de métodos productivos sustentables (como el manejo de bosques con ganadería integrada), el fortalecimiento de los sistemas de Manejo del Fuego y la mejora de prácticas agrícolas de riego y de rotación de cultivos, detalló Di Pangracio.
Productores, investigadores y técnicos especializados del agro afirman que la Argentina es líder a nivel mundial en una práctica conservacionista del suelo como la siembra directa que se adopta en más de un 90% en la superficie agrícola del país, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Esta técnica consiste en la no remoción del suelo mediante el uso del arado, lo que permite mantener la materia orgánica, un mejor almacenamiento del agua y un menor uso de combustible en la siembra de los cultivos. En los últimos años, además, se están incorporando los llamados cultivos de servicio que contribuyen a mantener el suelo siempre verde durante todo el año e incrementar la captura de carbono.
“Muchos de los problemas socioambientales del país se originan en la falta de ordenamiento ambiental del territorio, algo que reconoce la Ley General del Ambiente, pero en lo cual no se ha avanzado”, agregó la experta.
Montico, por su lado, señaló que la erosión hídrica que padecen las provincias de la zona productiva húmeda (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires) es fuente de problemas que van desde el arrastre de sedimentos por lluvias intensas a “otros componentes como residuos de fitosanitarios o efluentes”. “Esto significa problemas ambientales severos”, dijo.
Agenda global
La protección de los suelos y la lucha contra la erosión y la desertificación es un tema que está en la agenda de discusión global. Según la Cnuld, el 40% de las tierras del planeta están degradadas, lo que afecta a la mitad de la población mundial y genera graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y los medios de vida. “Entre 2015 y 2019, se perdieron al menos 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas cada año, un área equivalente al doble del tamaño de Groenlandia”, advierte el organismo.
La agenda de la cumbre sobre desertificación busca acelerar la restauración de las tierras degradadas y mejorar las respuestas ante las sequías. Para Di Pangracio, la COP16 “es una renovada oportunidad para que siga profundizando la participación y el apoyo directo a las personas más afectadas por la desertificación, degradación y sequías, como los pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo a mujeres y jóvenes, para una mayor equidad y seguridad en la tenencia de la tierra”.
Apenas se convirtió en científico del CONICET, Hugo Menzella adoptó como máxima la vieja idea de Becket: “prueba otra vez, fracasa de nuevo, fracasa mejor”. Guiado por ese lema, doce años atrás creó Keclon, la Empresas de Base Tecnológica del CONICET que hoy exporta tecnología de enzimas a Europa, Brasil y en breve lo hará a Estados Unidos. “Pareciera que los científicos tenemos prohibido fracasar –dice por videollamada desde el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROBYQ) que dirige, en Rosario-. Y aunque tendemos a ocultarlo, el fracaso es innato para el progreso y no debiera ser vergonzante, sino un gran aliado porque te da experiencia y conocimiento. Sin fracaso no hay nada nuevo porque te quedás en la zona de confort, que de confortable no tiene nada. No me refiero hacer start-ups, sino a la ciencia. Hacer ciencia es caminar a oscuras en terreno desconocido. La única forma de no tropezar es quedarse quieto y no avanzar”.
Menzella participó en el desarrollo de la primera enzima capaz de utilizarse en la industria alimenticia de Sudamérica. Corría la década del 90 y hablar de enzimas industriales era futurista: solo la producían dos empresas –una danesa y otra holandesa- en todo el mundo. Él tenía poco más de veinte años, era bioquímico y solo había leído sobre el tema en la Revista Muy Interesante. Por sus conocimientos en el universo de la Química sabía que en la naturaleza el queso se fabricaba a partir de una enzima -una proteína invisible al ojo humano- presente en el estómago de los terneros de menos dos meses de edad y que, aplicada a la leche, la coagulaba. Hizo su tesis doctoral sobre aquella enzima del estómago de los terneros logrando producirla a gran escala a través de una bacteria. “Era como viajar con un lavarropas a la Luna –dice-. Usando como fabrica a la bacteria de Escherichia coli con un gen de vaca se produjo esa enzima en grandes cantidades sin matar más terneros”.
Guiado por una curiosidad infinita por el mundo de las enzimas emigró junto a su familia hacia Estados Unidos. Radicado en California, se le abrió un nuevo mundo: el de las enzimas sintéticas. “Tuve la suerte de trabajar en una de las primeras empresa de biología sintética del mundo, antes que se acuñara el término ´biología sintética´. Ahí aprendí a diseñar enzimas que no existen en la naturaleza, a escribir las instrucciones en un gen en el idioma adecuado para cada especie de bacterias, para luego insertar esas instrucciones modificando genéticamente a las bacterias. Aprendí un montón de cosas que después me ayudaron a fundar Keclon”. La primera enzima sintética que diseñó tuvo como destino mejorar una droga anticancerígena. Estaba feliz y también añoraba volver a Argentina: por eso la bautizó Renomé, en honor a una canción de la banda de rock argentina Los Twist. “Estaba haciendo cosas de vanguardia, pero extrañaba mucho. Viví casi siete años y volví en 2010, para trabajar a la misma facultad donde había estudiado, enseñar lo que había aprendido y trabajar en CONICET”.
Fue entonces cuando se propuso llegar a aplicar lo que había aprendido en el exterior para solucionar problemas de la industria nacional. “Cuando haces tecnología tu trabajo más importante es salir a buscar problemas. Porque el mayor de los problemas es justamente no tener un problema para solucionar usando la tecnología que domina, como lo sería para un bombero que no existieran los incendios. Yo sabía hacer de EEUU drogas oncológicas sofisticadas, que acá no se hacían, entonces usé ese conocimiento para volver a lo que yo había hecho en la tesis, que eran enzimas para la industria”. Así fue como se abrió paso como líder del desarrollo de la tecnología de las enzimas para problemas de la industria de los biocombustibles: un sector que estaba en pleno ascenso. Lo lograron en apenas unos meses, pero pronto la legislación cambió y los biocombustibles comenzaron a pagar retenciones, lo que redundó en que dejaran de ser tan competitivos. Entonces, la tecnología desarrollada por Keclon para favorecer esa industria perdió la enorme demanda que tenía. “Fue una lección dura. Ahí descubrí que los problemas que resuelvas como científico tienen que ser genuinos y no un problema que dependa de la firma de un funcionario”, dice Menzella. “Fue fracasar para empezar de vuelta. Como lo habíamos hecho rápido y nos habían sobrado fondos, buscamos otro problema y encontramos el tema de la refinación del aceite. Se lo ofrecimos a Molinos Agro, una empresa a la que hasta el día de hoy es no solo cliente, sino que invirtió y es accionista de Keclon”.
Hoy, Keclon es un ejemplo de transferencia científica: diseña enzimas para aplicar en productos de diferentes industrias -la alimenticia, la aceitera, la de biocombustibles, la cosmética, la biomédica- y exporta sus enzimas al mundo. “Lo que hicimos nosotros se puede hacer en todos los institutos –asegura el científico-, solo es necesario meterse en problemas. Esto no significa que no haya investigadores que sigan haciendo ciencia básica y descubran cosas, sin ellos no existiríamos. Pero también estamos los que diseñamos productos y nos ubicamos en la frontera entre el conocimiento y el beneficio de la sociedad. Tradicionalmente, para los científicos juntarse con la empresa era una especie de pecado. Hay que animarse a romper los reglamentos para hacer lo correcto, para que evolucione y haya progreso. En resumen, a meterse en problemas y disfrutar de eso”.
El abogado y empresario Juan Manuel Vaquer, expresidente de DuPont para la Argentina y América Latina, fue designado el jueves pasado como presidente de Fabricaciones Militares (FM), empresa que pasó de estatal a Sociedad Anónima Unipersonal, pero que sigue bajo la órbita del Estado. Su nombramiento generó ruidos ya que la compañía en la que se desempeñó abastece a Fabricaciones Militares de la tela balística de la que está hecho el panel del interior de chalecos antibalas y antipunzantes que se producen en la planta de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe.
Vaquer fue designado el jueves pasado en reemplazo de Hugo Pascarelli. Lo acompañan en el directorio de FM Sergio Echeverría, como vicepresidente, y Diego Arenas, como director titular.
Abogado, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Vaquer tiene un máster en derecho internacional de la Southern Methodist University. Se unió a DuPont Argentina en 1990 como abogado y cinco años más tarde, se trasladó a Ginebra, donde trabajó como asesor jurídico para las unidades de negocio de la compañía en Europa. Regresó a la Argentina como gerente del departamento de legales; en 2004 asumió la vicepresidencia de esa área para América Latina y en 2008 ascendió a presidente de DuPont para el cono sur. Dejó el mundo corporativo en 2019 y se desempeña en el estudio JP O’Farrell.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio estatal que representa a los empleados de Fabricaciones Militares, advirtieron no solo sobre el vínculo de DuPont con Vaquer sino que además resaltaron sus nexos con los Estados Unidos. Las fuentes dijeron que intentará sumar capital privado a FM. Vaquer fue también titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).
Según información que tiene el gremio de ATE, Vaquer visitará el lunes próximo Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, que en abril de este año fue declarada “zona militar”, con lo que se habilita a las Fuerzas Armadas a instrumentar y dirigir materiales “que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito” en la jurisdicción demarcada. Esa planta cuenta con tres líneas productivas, la de chalecos, la de armas y la de municiones. De esa planta, DuPont es proveedora de poliparafenileno tereftalamidasu, la tela registrada con la marca “Kevlar”, según confirmaron fuentes de FM. El tejido fue desarrollado para la empresa que lo comercializa desde 1972 y es líder en el mundo. Es un material que, dicen las fuentes, “se debe comprar sí o sí a Estados Unidos”.
Después de la visita a Fray Luis Beltrán, Vaquer realizará un recorrido por las otras plantas que dependen de Fabricaciones Militares. Son dos en Córdoba(Río Tercero y Villa María),una en Buenos Aires(Azul), y la de San José de Jáchal, en San Juan. Los delegados de las diferentes plantas están “muy interesados” en conocer los planes aunque presuponen que se avanzará en sumar capital privado para lo cual se convirtió en sociedad anónima. Ese cambio de figura jurídica se había anticipado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei.
“Fabricaciones Militares se transforma en Sociedad Anónima Unipersersonal para modernizar la estructura operativa, dotándola de mayor agilidad y flexibilidad para competir en el mercado actual. Igualmente seguirá sujeta a los mecanismos de control del sector público, garantizando transparencia y eficacia en su gestión”, se explicó oficialmente sobre el cambio.
Fabricaciones Militares activó en abril un programa de retiros voluntarios y de jubilaciones anticipadas que tenía como objetivo un achicamiento del 20% del plantel. El plan alcanzaba a unos 288 trabajadores, pero finalmente se retiraron 305; a comienzos de año otros 50 ya habían dejado sus cargos.
Impuesto a la riqueza
“Pagar me da una autoridad moral porque como dice el nombre del impuesto estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. Lo que pido (a los políticos) no es un esfuerzo extraordinario sino que se trabaje con honestidad y transparencia”, remarcó Vaquer el 31 de marzo de 2021, cuando contó que pagó el llamado Aporte Solidario Extraordinario o impuesto a la riqueza, que regía entonces para aquellas personas y sucesiones indivisas con bienes que excedieran los $200 millones.
“No podemos olvidar el porcentaje de pobreza estructural que tenemos en el país y tenemos que hacer algo diferente”, dijo ese día en una entrevista en LN+.
Hace poco más de un año, en el AmCham Ethics & Transparency Forum, que se realizó bajo la consigna “construyendo una cultura de transparencia”, señaló: “No tenemos derecho a rendirnos, no es imposible trabajar la cultura de la integridad en nuestro país”.
Uno de los principales objetivos fijados por el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei ha sido la privatización de diversas empresas del sector público nacional. Más allá de los razonables argumentos de racionalización de recursos y austeridad, bajo el mantra de que “todo lo que pueda ser privatizado, será privatizado”, pareciera que los análisis solo se han centrado en aspectos económicos y financieros, dejando de lado el impacto sobre otras áreas del Estado Nacional. Una de ellas es la que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri. El ejemplo más claro de lo señalado es la situación que atraviesa IMPSA, fijada como la primera privatización de la administración Milei y que, según lo indicado por medios internacionales como Bloomberg, enfrenta el peligro de una posible quiebra que se torna cada vez más latente.
En el plano del Instrumento Militar Nacional, IMPSA juega actualmente un papel importante en uno de los esfuerzos de actualización más relevantes emprendidos por el Ejército Argentino: el Programa de Modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) al estándar TAM 2C. Este programa busca dotar de una segunda vida al principal medio de combate de la fuerza, con la actualización de un total de 74 ejemplares. No obstante, iniciado hace más de diez años, ha transitado idas y vueltas, renegociaciones de plazos de pago y ajustes en los cronogramas de entrega. La introducción de un nuevo estándar, denominado TAM 2C-A2, que incorpora los últimos kits de modernización provistos por la empresa israelí Elbit Systems, parecía encauzar definitivamente el programa.
Una muestra de este avance fue el relanzamiento del programa efectuado por la actual gestión al frente del Edificio Libertador, con la presentación, a principios de julio, de las primeras unidades de preserie. Desde el Ejército Argentino, a través de una entrevista brindada a Zona Militar, el propio Jefe de la Institución, General de División Carlos Presti, fijó como objetivo contar, a finales del corriente año, con la primera tanda de diez tanques modernizados.
Durante aquel acto de julio se presentaron cinco ejemplares modernizados al nuevo estándar: el primer prototipo TAM 2C-A2, el ejemplar presentado en 2023 y tres nuevos TAM actualizados. También se evidenciaron los trabajos avanzados en una torre y la presencia de tres torres más que mostraban los procesos de mecanizado y modificaciones efectuados por la firma mendocina IMPSA.
Mediante múltiples convenios, IMPSA participa activamente en el Programa TAM 2C, siendo la empresa encargada de recibir las torres de los tanques seleccionados para su modernización, realizar los trabajos de mecanizado y modificaciones, e instalar los soportes que alojarán los futuros componentes del kit de actualización. Además, gracias a convenios firmados en 2023, la empresa fabrica los kits de faldones laterales para los TAM 2C-A2, destinados a las unidades de preserie y producción (71 unidades).
Gracias a la presentación del Jefe de Gabinete de Ministros ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, se pudo conocer el estado de avance de estos programas. En lo específico a los proyectos de IMPSA y el Ejército, el Informe N.º 141 detalla:
Provisión de repuestos TAM: ejecución al 7 %
Modernización de 71 torretas de tanques TAM: ejecución al 17 %
Suministro de soportería asociada al tanque TAM: ejecución al 10 %
Modernización del tanque TAM (faldones y soldaduras): ejecución al 16 %
A principios de septiembre, con la confirmación de que el gobierno nacional avanzaría con la privatización de IMPSA, desde Zona Militar expresamos dudas y preocupaciones, ya que originalmente las gestiones para este proceso no incluían cláusulas que garantizaran la producción de las torres destinadas al programa de modernización del Ejército Argentino. Posteriormente, diversas fuentes indicaron que esta situación fue contemplada. Sin embargo, frente a la improvisación demostrada y la falta de una comunicación oficial del Ministerio de Defensa al respecto, las dudas persistieron.
Según reportaron los medios internacionales la pasada semana, la primera privatización de la era Milei enfrenta nuevas dificultades. Estas fuentes señalan que IMPSA posee deudas por 536 millones de dólares con sus acreedores y que la empresa interesada en adquirirla, Industrial Acquisitions Fund (IAF), exige que dichas deudas sean liquidadas antes de la compra. Para ello, se han iniciado gestiones con la corredora AdCap Securities Ltd. en busca de una solución.
El hermetismo en el Edificio Libertador, sumado al del Ministerio de Economía, es total respecto al avance del proceso de privatización. Además, se ha fijado una nueva fecha límite: el 15 de diciembre. Ese día se definirá el futuro de IMPSA, ya que el gobierno ha advertido que, de no avanzar con la privatización, se declarará la quiebra de la empresa.
Mientras tanto, ningún sector ha mencionado el impacto que esto podría tener en el Programa de Modernización TAM 2C-A2. Tampoco se ha indicado si se están evaluando alternativas para que otra empresa con capacidades similares asuma estos trabajos, lo que tendría implicancias en el cronograma de entregas.
Por último, y a pesar de lo previamente señalado, a menos de un mes para el cierre de 2024, parece alejarse el objetivo de contar con las diez unidades de preserie, contradiciendo lo anunciado desde la cartera de Defensa y el Ejército Argentino, lo que pone en jaque, una vez más, uno de sus principales programas de modernización de la Institución.
Con una situación presupuestaria crítica, y con el directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) sin reunirse desde el año pasado, las autoridades de ciencia y tecnología acaban de comunicar extraoficialmente que desplazan al directorio de Veng, su subsidiaria encargada del desarrollo del Tronador II y de otras aplicaciones de tecnología aeroespacial, además de la operación de los satélites argentinos de observación terrena que se encuentran en órbita.
La noticia cayó como un balde de agua fría en momentos en que sus miembros estaban colaborando para mantener a flote la empresa y buscar aportes privados. “Hace dos semanas habíamos tenido una reunión y estábamos intentando hacer las cosas ordenadamente para solucionar los problemas –comentan desde la empresa–. No se entiende que quieran convocar a asamblea cuando es el directorio el que debe hacerlo”.
El directorio de Veng estaba compuesto por su presidente, Marcos Actis, ingeniero aeronáutico y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo a su cargo el desarrollo del lanzador argentino; su vicepresidente, Leonardo Comes Penalva, ingeniero electrónico y gerente de gestión tecnológica de Conae; y como director titular, el ingeniero Guillermo David Benito, referente de Invap. Todos cumplían funciones ad honorem.
Los reemplazantes serían Roberto Yasielski, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín, como presidente; Leonardo Comes seguiría como vicepresidente; y Martín Suárez Gazzero (de CNEA), Julio Manco (abogado y miembro de directorio de la Fábrica Argentina de Aviones) y Mariano Luna (de la Universidad de San Andrés) como directores. Ayer a última hora todavía no se había recibido la comunicación oficial.
En Veng, creada a fines de los años noventa, pero que comenzó a operar en la práctica en 2007, trabajan 463 ingenieros, técnicos y científicos de altísima calificación. “Son chicos de un valor extraordinario que no debemos perder”, subrayan. Trescientos de ellos se desempeñan en la estación de recepción de datos satelitales de Falda del Carmen, y sin esa dotación sería imposible operar y mantener los satélites en órbita. La Conae tiene una planta muy reducida: apenas 230 empleados.
La empresa se concibió para desarrollar el programa Tronador de acceso al espacio (un lanzador de cargas útiles), pero también participó como contratista en los satélites SAC-D/Aquarius y Saocom, y en el diseño y operación de la estación terrena de Tierra del Fuego. Del Tronador, hasta ahora se habían llegado a desarrollar los tanques y se estaba probando el motor de la segunda etapa, pero este año quedó todo parado.
Según el último informe de indicadores macroeconómicos del Grupo Economía, Política, Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (EPC-Ciicti), en octubre la función ciencia y tecnología perdió el 30,5% de su presupuesto en términos reales en comparación con el mismo mes de 2023, muy por encima del promedio del presupuesto nacional, que descendió un 24,4% real. Esta disminución implica que la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación representará el 0,216% del PBI cuando finalice 2024, lejos de lo pautado por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que establecía un 0,39% para este período.
En este momento, igual que la Conae, Veng está en la cuerda floja por el desfinanciamiento generalizado del área de ciencia y tecnología. Es más, se encuentran entre los organismos más afectados, con una reducción del 55% del presupuesto en relación con el año pasado.
“Se viene arrastrando una situación de posible cesación de pagos que ya se dio a mitad de año (…) aparentemente quedaría presupuesto como para que se paguen salarios hasta diciembre –advirtieron representantes de ATE en un comunicado–. Si la empresa se cae, se llevará a cuestas también la Conae.Es decir, que dejaría de funcionar la operación de los satélites y de las estaciones terrenas para la adquisición de información satelital”.
