La Fuerza Aérea Argentina ha completado un nuevo hito en la operación de aeronaves Saab 340 en la Antártida. Este se ha alcanzado con el reciente arribo de una aeronave del Escuadrón VI de Transporte de la IX Brigada Aérea a la Base Antártica Presidente Frei de la Fuerza Aérea de Chile, a fin de trasladar a un grupo de científicos argentinos.
A principios de año, la Fuerza Aérea completó un importante logro en el fortalecimiento de la presencia de la República Argentina en el Continente Blanco. Como fuera reportado un, el Saab 340 T-34 de la IX Brigada Aérea aterrizo por primera vez en la Base Antártica Conjunta Marambio, abriendo la posibilidad de que un nuevo sistema de armas pudiera operar en estos territorios.
Durante la jornada de ayer, estos esfuerzos sumaron un nuevo logro, cuando otro Saab 340, T-33, completó por primera vez una misión operativa con el transporte de un grupo de científicos argentinos a la Antártida.
Siguiendo lo reportado por la FAA “… operativo comenzó el 3 de diciembre cuando un grupo de científicos viajaron desde El Palomar hacia Río Gallegos a bordo de un avión Fokker F28 de la Fuerza Aérea Argentina”.
Prosiguiendo el 4 de diciembre prosiguió el traslado de los científicos a través del mencionado Saab 340, el cual realizó una escala previa en Ushuaia, antes de realizar el cruce con destino a la base antártica Presidente Frei. Arribado a la Antártica, el grupo de científicos argentino continua con su travesía con destino a la Base Carlini, a fin de “estudios científicos fundamentales para el conocimiento y preservación de los ecosistemas antárticos”.
Desde la Fuerza Aérea Argentina han destacado en sus redes sociales que: “Este tipo de despliegues no solo subrayan la importancia de la cooperación entre las instituciones científicas y militares, sino que también reafirman el rol de Fuerza Aérea Argentina como un actor comprometido con la exploración y preservación del continente blanco”.
Las últimas dos semanas no fueron normales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Después de una maratónica sesión de 12 horas el jueves 28, y que continuó al día siguiente con el llamado a una reunión de urgencia, el Consejo Directivo del INTA rechazó la propuesta del Gobierno de desvincular a 227 empleados del organismo, un plan para vender tierras y propiedades (con la excepción del edificio de la calle Cerviño, en el barrio de Palermo, y de 41 hectáreas en Salta, que fueron aprobadas) y la intención de ubicar en el organigrama de la institución a ocho directores alineados con la nueva gestión, liderada por Nicolás Bronzovich.
“En estos 75 días vamos a revisar toda la planta laboral, no sólo los ingresos de 2023”, dijo Bronzovich en la única entrevista que brindó tras la reunión, al programa Aire de Campo de Radio Rivadavia. Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar la reducción es que en 2014 la cantidad de personal llegó a los 7300 trabajadores, con respecto a los cerca de 3500 que tenía en 2003.
“Lo que no dicen es que ahora tenemos 6466 y que con el plan de retiros y las jubilaciones que se intimaron, y que están en trámite, seguramente quedemos en 6100”, dijo Mario Romero, secretario general de APINTA. “Si creen que hay gente que no trabaja van a tener que ver eso, a nosotros no nos consta, sino más bien todo lo contrario. Y si hay alguien que no trabaja hay también alguien que se está haciendo el distraído”, agregó Romero, quien dijo que el jueves por la noche hubo una fuerte presión sobre miembros del consejo del INTA por parte del Gobierno.
La semana pasada hubo múltiples movilizaciones en todo el país debido al plan de ajuste que propone el Gobierno para el INTA.
El Consejo Directivo del INTA está conformado por presidencia y vicepresidencia de la entidad, un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).
«El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior», había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni el miércoles 7, un día antes de la reunión directiva en la institución. El Ejecutivo también creó un cuerpo de cuatro asesores (Gonzalo Abaurrea, Matías Nardello, Inés Liendo y Luis Negruchi) para trabajar en un plan en un plazo de 180 días.
«La preocupación principal son los puestos de trabajo. Hoy el INTA está semi intervenido por la Secretaría de Agricultura y por AAPRESID (la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), de las cual son cuadros Bronzovich y (Beatriz) Giraudo, la vicepresidenta. Cuando hablan de reducir la planta y vender propiedades, lo que está detrás es un negocio inmobiliario y el desfinanciamiento del organismo. Esas tierras no son solo patrimonio del INTA, son de todos. Y no es cierto que no estén en uso, porque si no se usan para investigación se usan para producción, a través de cooperativas. Otro argumento con el que salieron es que se gasta mucho en combustible. Parece que no entienden que el INTA es un organismo que está presente en todo el país, en Tierra del Fuego, en Abra Pampa. Estamos hablando de lugares donde quizás para moverte a un campo experimental o ver a un productor tenés que hacer cientos de kilómetros», dijo Romero.
Bruno Massare
Comentario de AgendAR:
Un día como hoy pero de 1956 se fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), institución estatal descentralizada y con autarquía operativa y financiera, dedicada al desarrollo sostenible de la actividad agroalimentaria y agroindustrial, a la innovación tecnológica y a la transferencia de conocimiento adquirido a todo nuestro país.
Está presente en el Noroeste, el Noreste, en Cuyo, en la Región Pampeana y en la Patagonia, a través de 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, más de 350 Unidades de Extensión, 6 centros de investigación, 22 institutos de investigación y una sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desempeñan tareas casi 8000 trabajadores/as que garantizan soporte y acompañamiento a miles de productores y se retroalimentan con las prácticas visualizadas en el propio terreno con esos mismos productores/as.
La institución se especializa en: Investigación de agroindustria, en ciencias veterinarias y agronómicas, en la actividad agropecuaria, en el desarrollo tecnológico para agricultura familiar, en recursos naturales y en economía, política y sociedad. Sus institutos abarcan una infinidad de temáticas: tecnología de alimentos, ingeniería rural, biotecnología, genética, microbiología, virología, agua, clima, suelos, floricultura, entre otros. Mucha teoría pero también, mucha práctica.
Por primera vez en su historia, la presidencia del instituto está a cargo de una mujer. Se trata de la ingeniera agrónoma, investigadora y docente Susana Mirassou que ingresó en 1988, revistó en diferentes sectores de trabajo y se especializó en recursos naturales y sustentabilidad.
En un principio, sus trabajadores/as se nuclearon sindicalmente en los gremios estatales mayoritarios, ATE y UPCN. Pero el 13 de agosto de 1966 se fundó la_ Asociación del Personal del Inta (APINTA)_, a instancias de los compañeros/as de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y en 1971 alcanzaron el reconocimiento nacional con lo cual se fueron transformando en una organización sindical de peso dentro de los establecimientos.
El Instituto Experimental de Investigación Agrícola y Ganadera de la provincia de Santa Fe es el antecedente institucional más parecido al INTA pero que no se replicó en otras jurisdicciones. Durante décadas se fue ampliando el área sembrada y de pastoreo, con las dificultades históricas que supone el uso y tenencia de la tierra en nuestro país; en 1956 la producción agrícola-ganadera generaba el 95% de las exportaciones pero su ritmo de crecimiento era lento, en especial, por falta de incorporación de avances tecnológicos. La creación del INTA fue un intento de acortar la brecha y se resolvió financiarla con un impuesto del 1,5% de las exportaciones del sector.
Durante los gobiernos democráticos el INTA creció en influencia, capacidad investigativa y dotación especializada. Durante las dictaduras hubo un reflujo de la actividad. Un clásico de nuestra historia respecto a las instituciones estatales que responden con eficacia a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías, los cambios productivos o la investigación de calidad.
No obstante, la sabiduría colectiva pudo más y su dotación supo ampliar la variedad de ramas de investigación. Casi no existe actividad que no sea estudiada dentro del sector: cereales, oleaginosas, frutas, flores, hortalizas, forestación nativa, manejo de cultivos, plagas, malezas y enfermedades, patologías biológicas, genética, producción animal, apicultura, técnicas de cosecha, postcosecha, empaque, distribución y comercialización, trazabilidad de los productos cárnicos y lácteos, manejo de suelos, impacto del clima, uso racional del agua, agricultura familiar, sustentabilidad productiva, impacto económico de tecnologías aplicadas, mejoras en las cadenas de valor, interacción entre el sector público, cooperativo y privado, energías renovables.
El resultado de estas investigaciones se comparte con los productores/as, se acopia y aplica la información recibida por quienes producen, se intenta integrar nuevas formas de producción y aplicación de tecnología con las diferentes culturas, en algunos casos, milenarias y se establece un plan interactivo con novedades, cambios, requerimientos, descubrimientos, ciencia y costumbres.
Salú INTA!! Por tu inserción en todo el territorio nacional, por tu dinámica para recepcionar saberes y devolver información y nuevas posibilidades de producción, por vivir en esa tensión permanente entre avance tecnológico, sustentabilidad del medio ambiente y producción de alimentos saludable.
A comienzos de la semana, la aerolínea low cost Flybondi volvió a ser noticia debido a una serie de vuelos cancelados, que se sumaron al elevado número de noviembre, cuando la compañía llegó a 384 suspensiones, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La preocupación llegó hasta el Gobierno, que se reunió ayer con las autoridades de la empresa para encontrar soluciones y reducir el número de inconvenientes. Y hoy los intimó a presentar un plan correctivo dentro de las próximas 48 horas.
Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, el plan debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones y la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros. En caso de no cumplir con este requerimiento dentro del plazo establecido, Flybondi será objeto de un sumario, con la consecuente multa económica. A su vez, si el elevado número de cancelaciones persiste, se tomarían mayores medidas, como la quita de autorización para operar rutas.
La información oficial le da un marco al problema. El mes pasado, Flybondi operó 1991 vuelos, de los cuales 384 fueron cancelados, lo que representa el 20% del total de sus operaciones. Es decir, una de cada cinco tuvieron dificultades para cumplir con lo previsto.
Por otro lado, se estima que alrededor de 700 vuelos debieron ser reprogramados (cambiados dentro de las 48 horas). En otros términos, si se suman las cifras anteriores, casi uno de cada dos aviones modificó su plan original.
Hasta ahora, la ANAC no ha labrado nuevas actas contra la compañía, ya que se confeccionan luego de los primeros cinco días del mes siguiente. Es decir, esta semana se podría conocer si hay nuevas actuaciones, más allá de las tres actas que se hicieron en octubre, cuando ANAC registró 23 cancelaciones de Flybondi.
Según fuentes calificadas del mundo aeronáutico, el problema de la low cost sería la falta de respaldo o plan de contingencia ante una situación tan esperable como que un avión entre en mantenimiento.
Consultados sobre las demoras y cancelaciones recientes, fuentes de Flybondi afirmaron que se debe a cuestiones operativas vinculadas a la disponibilidad de flota. Y agregaron que persiste el problema del acceso a las divisas, que el año pasado estuvo a punto de dejar en tierra dos aviones.
Según lo expresado por su CEO, Mauricio Sana, los alquileres de aviones se pagan recién 30 días después del último día de servicio, mientras que los repuestos se abonan en cuatro cuotas mensuales después de la fecha de despacho. “¿Qué significa esto? Que hoy tengo la cadena de suministros del avión rota, porque algo que antes podía resolver en seis horas, ahora me toma 96. Es un efecto dominó que termina en que el pasajero lo nota. Antes no se notaba. Lo podíamos resolver”, explicó.
El 20 de octubre último, un avión de Flybondi sufrió una falla mecánica en el aeropuerto de Puerto Madryn, Chubut, y recién un día y medio después se pudo resolver el problema. Mientras tanto, la aeroestación quedó paralizada, ya que solo cuenta con una posición, lo que hace que cualquier inconveniente en plataforma deje a la terminal fuera de operaciones.
Flybondi es la primera low cost de la Argentina, fundada en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. El principal inversor de la compañía es Cartesian Capital Group LLC, seguido por Yamasa Co. Limited y Givin Capital, así como inversores privados locales y de Europa.
Bajo la premisa “la libertad de volar”, la empresa comenzó a operar el 26 de enero de 2018. Fue seguida por la low cost Norwegian en octubre de ese mismo año, y por Jetsmart en diciembre, lo que dio origen a lo que desde el macrismo llamaron “la revolución de los aviones”, con el ingreso de nuevas compañías y la apertura comercial del aeropuerto de El Palomar.
Sin embargo, solo un año después, en diciembre de 2019, Norwegian fue absorbida por Jetsmart y, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández cerró El Palomar para operaciones aerocomerciales bajo la excusa de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.
A pesar de esto, Flybondi sobrevivió a la crisis que afectó a todo el sector y retomó un proceso de crecimiento agresivo en diciembre de 2021. Pero en 2023 se enfrentó a un nuevo problema local: la falta de dólares para pagar el leasing (alquileres) de los aviones.
Desde que arrancó sus operaciones, Flybondi solo registra un accidente por un contacto anormal con la pista de aterrizaje ocurrido el 6 de enero de este año en el aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de Mar del Plata.
De acuerdo con fuentes de la compañía, el incidente fue un “golpe en la parte inferior del avión durante el aterrizaje”, al que denominaron “hard landing”, es decir, un aterrizaje brusco con mayor energía y fuerza que uno normal.
”No hubo consecuencias para pasajeros y tripulación; desembarcaron normalmente”, afirmaron desde Flybondi.
Al finalizar diciembre de 2023, la inflación fue del 25,5%, el registro más alto en 3 décadas.
En 2024, luego de que se registraron subas del 20,6% (enero), 13,2% (febrero) y 11% (marzo), la velocidad de la inflación fue desacelerándose hasta llegar al 2,7% en octubre, el dato más bajo en 3 años.
2- Salarios: aún por debajo del final de la gestión anterior
Según información oficial, los salarios registrados en septiembre de 2024 cayeron 6,8% real (es decir, considerando el efecto de la inflación) con respecto a noviembre de 2023.
Sin embargo, a partir de marzo los salarios recuperaron parte de las pérdidas ocurridas en diciembre de 2023, y registran un incremento real del 9,8% con respecto a ese mes.
3- La jubilación mínima perdió poder adquisitivo; la AUH no
Con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aquellos jubilados que cobran ingresos superiores al haber mínimo ($ 259.599 en diciembre) tuvieron un incremento real del 11,8% en diciembre. Sin embargo, los jubilados que cobran la mínima tuvieron una caída del 6,6%, debido al congelamiento desde marzo del bono extraordinario que reciben ($ 70 mil).
La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 105,6% real en diciembre con respecto a igual mes del año pasado.
4- Más desempleo y menos trabajo privado
En el primer trimestre de 2024 el desempleo aumentó 1,2 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2023, ubicándose en el 7,7%. En el segundo trimestre, fue del 7,6%.
Si se considera el universo de asalariados registrados (que informa la Secretaría de Empleo de la Nación), entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 85.500 empleos de ese tipo.
5- Pobreza: fuerte suba inicial y tendencia a la baja
En el segundo semestre de 2023 la pobreza fue del 41,7% según el INDEC. En tanto, en el primer semestre de 2024, aumentó al 52,9%.
Si se analizan los datos por trimestres, un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) muestra que la pobreza aumentó del 45,2% en el cuarto trimestre de 2023 al 54,8% en el primer trimestre de 2024, para luego bajar al 51% en el segundo trimestre.
6- La actividad rebota desde un piso bajo, pero el crecimiento es dispar
Según datos del INDEC, el desarrollo de la actividad en 2024 fue dispar. Sin embargo, en los meses de julio (2,7%) y agosto (0,9%) mostró un incremento, seguida de una leve caída del 0,3% en septiembre.
Entre las diferentes actividades la evolución también fue heterogénea: mientras que la agricultura, la energía y la minería mostraron fuertes aumentos, la industria, la construcción y el comercio cayeron con respecto a 2023.
7- El consumo, en caída
El consumo privado cayó en el primer semestre un 8,2% interanual. En tanto, otros indicadores más específicos muestran un freno en la caída, pero sin dar aún señales de recuperación.
Las ventas en supermercados informadas por el INDEC se encontraban en septiembre de 2024 un 10% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. En la comparación intermensual, el índice se mantiene estable desde junio, sin mostrar nuevas caídas, pero tampoco un repunte.
8- Balanza comercial positiva
Luego de un 2023 con un fuerte déficit comercial (-US$ 6.872 millones), en los primeros 10 meses de gestión de Javier Milei la balanza comercial acumula un superávit de US$ 21 mil millones.
En materia de comercio exterior, el Gobierno nacional se encamina a terminar 2024 con un importante superávit energético (US$ 4.302 millones hasta octubre), el mayor de los últimos 15 años.
9- Superávit fiscal y financiero
Desde el primer mes hasta octubre inclusive (último dato disponible), el Gobierno alcanzó el superávit primario (la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes del Estado).
También mantuvo durante 9 de los 10 meses de 2024 el superávit financiero (el resultado primario menos el pago de intereses de deuda).
10- La brecha cambiaria se redujo y bajó el riesgo país
Milei asumió la presidencia con una brecha cambiaria cercana al 150%. A principios de diciembre de 2024, se ubicó por debajo del 5% en todas las variantes paralelas. Se trata de los niveles más bajos registrados desde agosto de 2019.
El riesgo país era de 1.923 puntos básicos. A inicios del mes, se ubicó en los 760 puntos básicos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que comprará acciones de Aerolíneas Argentinas y convocará a otras provincias a participar del paquete de acciones de la línea de bandera, en caso que el gobierno de la Nación “quiera liquidar la empresa”.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia si la quiere”, argumentó el gobernador Axel Kicillof al anunciar que convocará también a otros gobernadores a sostener la empresa estatal. El anuncio del mandatario peronista se da cuando desde la gestión de Javier Milei se busca privatizar la compañía estatal.
“La provincia plantea que si hay intención de transferir nosotros empezamos un camino con gobernadores y trabajadores: vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo”, dijo Kicillof al anunciar la compra de acciones ante un escenario de venta de la línea de bandera.
“El gobierno nacional ha amenazado con venderla, disolverla, llevarla a la quiebra. Si la Nación plantea venta de paquete accionario o transferencia a trabajadores o declararla en quiebra o disolverla, nosotros lo vamos a impedir, en la medida de lo posible”, expresó el mandatario bonaerense.
“Ante la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar nada queremos que se deje de mentir- dijo Kicillof-. No nos podemos dar el lujo para que liquide venda o mal venda a Aerolíneas. Si el Gobierno plantea liquidarla que sepa que el gobierno de la provincia la va a sostener. Aerolíneas no se vende: hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la línea de bandera. Destinos a los que llama no rentables”, precisó. Y agregó, desafiante: “Quieren cerrar vuelos. Estamos en la antesala de una estafa”.
“Hoy estamos a la espera pero preparándonos para una decisión: la provincia de Buenos Aires empieza a explorar todos los caminos para dar una respuesta. No estamos en condiciones de que el gobierno destruya Aerolíneas . No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. Nosotros vamos a impedir el desastre. La provincia tiene diferentes caminos, algunos necesita de la Legislatura”, señaló.
Kicillof cuantificó los beneficios económicos para la provincia de Buenos Aires en 2665 millones de dólares, sin contar impuestos, contribuciones y tasas. Si la provincia empieza a perder vuelos esa será la pérdida para la provincia, precisó.
“Hoy llamamos a trabajar junto con los gobernadores y los trabajadores para sacarle más el jugo: la provincia de Buenos Aires tiene diez millones de pasajes, tiene mucho movimiento. Es fundamental que eso no cese”, dijo.
Representantes sindicales acompañaron al gobernador durante el anuncio. Estuvieron presentes los titulares de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano; y de la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA): Rubén Fernández; el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Mateo Ferrería; y la ex diputada nacional Alicia Castro. Más el gerente General de Autopistas de Buenos Aires, Pablo Ceriani; ex presidente de Aerolíneas Argentinas.
“Hoy vemos las cuentas de Aerolíneas Argentinas Si la vendieran por su tasación patrimonial, según los últimos balances, es dársela a alguien. No es solo recibirla sino sacarle más el jugo todo lo posible: Hubs, destinos regionales. Fomentar el turismo, dado que muchos los vuelos van a nuestros aeropuertos. Hay mucho movimiento, para la provincia de Buenos Aires es fundamental”, remarcó Kicillof.
El gobernador hizo el anuncio tras cumplirse nuevo aniversario de la creación de la líneas de bandera el 7 de diciembre de 1950.
La argentina Botmaker presentó soluciones de IA integradas a sus bots, capaces de generar respuestas automáticas con inteligencia artificial tanto en chats como en respuestas de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Los chatbots están entre nosotros hace tiempo ya. Interactuamos para pedir información, hacer reclamos o pedir un turno para una vacuna o sacar el registro. Una de las empresas que está detrás del desarrollo de estos sistemas que usamos a diario es Botmaker, la plataforma argentina encargada de haber desarrollado desde Boti, el chatbot del Gobierno de la ciudad, hasta Tina, chatbot de WhatsApp del gobierno nacional integrado con Mi Argentina.
La empresa, cofundada por Alejandro Zuzenberg y Hernán Liendo, presentó su última incorporación: Agentes de IA, un producto muy en boga a nivel mundial, que genera conversaciones con los usuarios mediante la interpretación generativa con IA, pero yendo un paso más allá, ya que puede tomar decisiones resolviendo consultas de manera autónoma. La diferencia con todo lo conocido es que la conversación y las respuestas son en lenguaje natural, utilizando diferentes modelos de lenguajes, pero entrenados con la información y configuración de cada empresa.
Y es un concepto transversal a la industria de la IA; de hecho, Globant lo eligió como una de las cinco tendencias tecnológicas a mirar en 2025. Google tiene Agentes de IA para Gemini, llamados Gems; OpenAI dice que ChatGPT tendrá Agentes de IA en 2025; Copilot tiene sus Agentes. Todos avanzan en el mismo camino: ofrecer una herramienta de IA que funciona con mayor autonomía que los chatbots convencionales, con un alcance más acotado en cuanto a temática, pero también más profundo: los agentes pueden interactuar con otros sistemas, recabar información nueva y procesarla, y tomar decisiones en forma autónoma.
Alejandro Zuzenberg, exdirector de Facebook Argentina y cofundador de Botmaker
Botmaker también presentó días Mailbot, un producto que conecta cuentas de correos electrónicos corporativos para diseñar flujos de atención a través de respuestas automáticas también generadas con inteligencia artificial generativa.
De esta manera, el servicio integral contempla tres modos automatizados de atención al cliente:
Mensajería: Mailbot, respuestas por correo electrónico usando inteligencia artificial generativa
Chat: Chatbot, con integración en WhatsApp, Instagram y hasta 20 canales de mensajería
Llamados: Callbot, con llamados realizados por voces entrenadas con inteligencia artificial de una base de voces sintéticas o bien, grabadas por el cliente.
Los Agentes de IA se complementan con este servicio y con los chats, y permiten diseñar conversaciones que van un paso más allá de un “árbol de opciones”, que entienden y responden a con lenguaje natural y que permiten a las empresas configurar cada tipo de respuestas. Es decir, si el chat o el mail tendrá memoria de consultas y qué gama de respuestas incorporarán a sus servicios.
La programación del chat es simple, funciona de la misma manera que hoy utilizamos los prompts en ChatGPT, con diversas capacidades. Entre ellas, se destacan las intenciones en la conversación con el usuario mediante la IA generativa y la capacidad de un intercambio más ágil, natural y transaccional con los usuarios. El servicio contempla el entrenamiento de bots en unos minutos u horas, sin alucinaciones -como se llama a las respuestas erráticas de la IA- y la fiabilidad de un servicio seguro y privado, que no compartirá datos de clientes con motores generativos públicos.
En una demostración para la prensa, su CEO Alejandro Zuzenberg mostró cómo funciona un chatbot generativo para reservar una mesa en un restaurante y pedir comida para tres comensales. Además de conversar de manera natural con el asistente y dialogar sobre el menú de comida, se le indicó que uno de los comensales era celíaco, para redefinir, en base a esa indicación, el pedido solicitado. La experiencia, muy similar a la que tenemos diariamente con un chat de IA generativa, ya está siendo usada por muchos de los clientes de Botmaker.
Por ejemplo, Boti, el asistente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, implementó esta función en su conversación en la opción de recomendaciones turísticas para pasear por la Ciudad. Al elegir esa opción, no solamente se le pueden pedir recomendaciones de lugares, sino otras indicaciones específicas, como por ejemplo: ¿a qué lugar puedo ir a pasear un día de lluvia? ¿Qué lugares son aptos para personas con movilidad reducida? y así sucesivamente.
Los chatbots utilizan bases de conocimiento del cliente y Copilot para enviar sugerencias a los agentes del chat. El usuario puede configurar qué base de conocimiento debe utilizar para responder, dar instrucciones, etc.
Los precios varían según las necesidades del cliente, pero en todos los casos se paga por conversación, a raíz de cinco centavos de dólar (80 pesos argentinos) cada intercambio (esto, desde el lado de la compañía; para los usuarios no tiene costo).
Botmaker nació en 2016, tiene presencia en más de 40 países y sus principales clientes son empresas y gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Fue pionera en ofrecer la tecnología ChatGPT dentro de sus productos para que la atención al cliente por chatbots sea asertiva y humanizada, siguiendo los procesos pertinentes de protección de datos y cumplimiento de la normativa legal de cada país. Trabaja, además, en alianza con diferentes partners y empresas de tecnología como Apple, Google y Meta.
Julieta Merlo, doctora en biología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabaja bajo la dirección de la destacada científica Silvia Ceré.
El desarrollo de una industria nacional de stents bioabsorbibles es el eje del trabajo de Merlo, quien destacó la importancia de ofrecer alternativas económicas y accesibles, especialmente en contextos donde la importación de estos dispositivos resulta compleja. “Nuestra meta es mejorar la recuperación del paciente y reducir riesgos a largo plazo mediante la incorporación de componentes bioactivos en la superficie de los stents”, explicó.
La relevancia del proyecto radica en su capacidad de impactar positivamente en la salud pública, al mejorar tanto la accesibilidad como la efectividad de los tratamientos médicos en el país.
Merlo valoró este reconocimiento como un impulso para continuar desarrollando innovaciones con un impacto tangible en la medicina y en la calidad de vida de las personas. Asimismo, destacó que su labor combina ciencia básica y aplicada: “Lo que más me entusiasma es explorar las interacciones microscópicas entre los materiales, las moléculas biológicas que añadimos y los tejidos. Estas investigaciones nos permiten diseñar soluciones que abordan problemas reales de salud pública.”
Colaboraciones interdisciplinarias
El proyecto de Merlo ha avanzado gracias a la colaboración con destacados equipos. Entre ellos, el Laboratorio de Patologías del Metabolismo y el Envejecimiento del Instituto Pasteur en Uruguay, liderado por Carlos Escande y Santiago Ruiz, quienes desarrollaron el compuesto NATOH.
Este material, que será incorporado a los stents, destaca por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su acción localizada en las arterias afectadas.
Otros desarrollos
Además, el Instituto de Física de Rosario (IFIR, CONICET-UNR), bajo la dirección de la investigadora Malarria, participó en la fabricación de la aleación metálica de hierro-manganeso-carbono-silicio que constituye la base del proyecto. Esta aleación fue diseñada como parte del trabajo doctoral de la ingeniera Melina Hankovits, en colaboración con el equipo de Merlo.
“Estas sinergias interdisciplinarias son fundamentales para el progreso del proyecto y para maximizar su impacto en la medicina”, subrayó Merlo.
Vocación y visión científica
La investigadora también reflexionó sobre su motivación en la ciencia: “Para mí, ser científica es perseguir preguntas relacionadas con la vida y los sistemas vivos. Disfruto de la diversidad de tareas, el trabajo en equipo y la constante generación de ideas nuevas, que son la esencia de esta labor.”
La Beca L’Oréal-UNESCO obtenida por Julieta Merlo pone en valor el potencial de la ciencia argentina para aportar soluciones innovadoras de impacto global. Además, reafirma el prestigio del INTEMA, que ha sido destacado en el ranking SCImago 2024 como uno de los institutos más innovadores de América Latina.
El proyecto de las represas de Santa Cruz cumplió un año sin avances ni desembolsos. La situación preocupa no solo a la administración provincial de Claudio Vidal, sino también a sindicatos y al gobierno nacional, que ahora presentó fuertes cuestionamientos hacia la UTE responsable de los trabajos, integrada por Gezhouba, Eling Energía (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo.
Según el último informe presentado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos la paralización de las obras, fue “iniciada unilateralmente” por las firmas en noviembre de 2023. A pesar de las conversaciones entre ambas partes, el Gobierno aclaró que no está obligado a firmar una adenda al contrato vigente y que cualquier modificación dependerá del análisis del interés público.
“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.
En este contexto, el Ministerio de Economía informó que no se han realizado nuevos desembolsos debido a la negativa del contratista a suscribir las solicitudes de financiamiento establecidas en el contrato.En mayo, el Gobierno había confirmado que finalizará la iniciativa, pero no puso plazos.
Interrogantes sobre el mantenimiento de la obra
El estado de la obra también está en el centro de las preocupaciones. Aunque no se han detectado daños estructurales visibles relacionados con la sobrecarga hídrica, las autoridades nacionales indicaron que será necesario realizar una evaluación exhaustiva para determinar si la paralización afectó las instalaciones.
Mientras tanto, subrayaron que la responsabilidad de mantenimiento y preservación recae íntegramente en la UTE, a quien además se le reprochó no cumplir con los estándares de producción y calidad requeridos.
En paralelo, la situación de los trabajadores permanece sin resolverse. Desde noviembre del año pasado, más de 2.800 obreros vinculados a las represas están sin actividad, y el Gobierno nacional sostuvo que su situación laboral corresponde exclusivamente al contratista.
En febrero de 2024, la UTE solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, argumentando falta de fondos para continuar con la obra. Las negociaciones realizadas en ese marco no pudieron evitar el deterioro de las condiciones laborales, y el procedimiento culminó sin acuerdos en marzo.
Además, el informe remarcó que las normativas aplicables varían según los trabajadores. Por ejemplo, las disposiciones del Procedimiento Preventivo de Crisis no son válidas para los empleados representados por la UOCRA, quienes deben regirse por la Ley 22.250.
En cualquier caso, el Gobierno destacó que “no corresponde emitir juicios sobre salarios, indemnizaciones u otros conflictos laborales que excedan sus competencias legales, dejando el futuro de los empleados en una compleja incertidumbre”.
Nueva negociación por las represas de Santa Cruz
A mediados de octubre, la conducción de Enarsa que encabeza Tristán Socas sumó a Sergio Viana como nuevo interlocutor con el consorcio integrado por la compañía china Gezhouba y Eling. El objetivo del equipo de negociación es reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz el 15 de enero.
Hasta el momento, la UTE integrada por Gezhouba y Eling Energía (ex Electroingeniería) lleva ejecutadas obras por unos 1.850 millones de dólares, en tanto que el grado de avance de la construcción es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner.
Entre 2021 y 2023, el consorcio hizo un aporte de capital propio cercano a los 450 millones de dólares para continuar con los trabajos.
Prólogo doblemente necesario, porque nadie más hablará de ello: se les viene el apagón nuclear y el «brown out» (insuficiencia eléctrica) nacional, hermanos yanquis. Y ustedes se los compraron. A joderse.
Y esto no es antiimperialismo de café, es pura tecnología. A nosotros, Uds. nos hicieron boicot de enriquecido en 1981, y nos las vimos negras con los reactores y los pacientes cardíacos y oncológicos. Pero jamás hubo peligro de que se nos apagara la luz. ¿Saben por qué? Porque nuestra única central en línea (entonces Atucha 1), quemaba natural. Las dos subsiguientes, Embalse y Atucha 2, también.
Me explico. Los EEUU jamás tuvieron centrales tipo CANDU. Son canadienses y de uranio natural «polenteado» (la palabra técnica es «moderado») con agua pesada. Si en lugar de 94 centrales a uranio enriquecido tuvieran la misma potencia instalada de CANDUs, habrían tenido un factor histórico de disponibiidad mucho mayor, habrían pagado la mitad o menos del costo de adquisición, tendrían una cadena de provisión de componentes totalmente estandarizados, coherente y barata, a prueba de extorsiones diplomáticas de «la Maffia del enriquecido» (que Uds. han liderado), y cero accidentes de derretimiento del núcleo.
Cero, pero cero. Se construyeron 52 CANDU desde 1962, todas seguras. Con esta tecnología no habrían tenido problemas serios en la tierra de los libres y hogar de los valientes, como el de Three Mile Island, Pennsylvania, 1979, ni en Japón, donde en Fukushima, 2011, fundieron núcleo e incendiaron combustibles 4 Westinghouse MK1 a la vez, máquina berreta si alguna vez hubo una.
En esa materia, marcas, modelos y módulos, en EEUU reina la anarquía total y fundacional. Cada propietario, que suele ser una de las muchas «utilities» de servicios eléctricos regionales, encarga la tecnología que se le canta, y para los proveedores de centrales, unas pocas firmas, «the customer is always right». Que en el spanglish de las revistas argentinas de negocios se traduce como «El customer siempre está right».
De tan variopinta arca de Noé quedan 94 máquinas operativas de las 112 que hubo en los ’90, y raramente hay dos mellizas o trillizas. Lo único que comparten y es estatal y federal es el licenciamiento de la NRC (Nuclear Regulatory Commission). Es un trámite de suyo complejo ycaro. Pero al tener que repetirse decenas de veces para plantas tan FOAK, «First of a Kind», inicio de una serie que luego se trunca, hace farragoso el pasaje de planos a operaciones. Demasiadas carpetas, oficinas, revisiones técnicas, inspectores, auditores y sellos. Y de producir los repuestos en masa para abaratar el mantenimiento de una flota de cierta homogeneidad, olvídate cariño.
Si el parque nuclear estadounidense dejó de crecer en los ’80, fue porque ante el panorama que ellas mismas crearon y el gobierno que deja crecer el caos privado, las utilities prefirieron el carbón, y hoy el gas natural, menos regulados. Por eso los EEUU, ombligo del mundo como creen serlo, acuñaron el mantra de que la electricidad nuclear es cara. Los chinos y los hindúes creen que no, pero se sabe: estos asiáticos son una manga de intervencionistas, y el estado es dueño y señor de todo lo nucleoeléctrico. Y los franceses, lo mismo.
Lo otro que comparten TODAS las plantas de EEUU es el combustible: uranio enriquecido a grado central, igual o por debajo del 5% de ley del isótopo físil 235, que es el que interesa por reactivo. Esa fue una decisión federal del State Department y el Pentágono: dado que Westinghouse y General Electric estaban destinados a ser el primer proveedor de centrales del Tercer Mundo, Sur Global o Planeta Deudor, había que poder venderles enriquecido, es decir el caballo y el pasto. Y con eso del pasto, tenerlos bien cortitos de rienda: si te niegan una firma, o una base militar, o tienen malas juntas, boicot de combustible y apagón nuclear.
El uranio natural es poco reactivo, por su abrumadora cantidad de uranio 238, nada físil. Aunque le hagas cantidad de transformaciones químicas para pasarlo de mineral a concentrado, y de concentrado a dióxido de uranio puro, y de éste a pastillas de cerámica, sigue siendo un combustible chirle, con siempre la misma ley de riqueza (o más bien pobreza) que el uranio natural que salió de la mina, el geológico.
Sólo tiene un 0,71% del isótopo 235, pero las centrales canadienses CANDU de 7 países y sus imitaciones NPCIL de la India lo queman alegremente desde 1962. Es que «polentean» su escasa reactividad con agua pesada, paradójicamente llamada moderador, cosas de físicos. El agua pesada es de producción cara, pero los países usuarios de la tecnología CANDU que la fabrican por sí mismos, se salvan de aprietes.
Canadá, como miembro de la OTAN, ha mandado armas públicamente y tropas secretamente a la guerra de Ucrania. Al punto de que la semana pasada los rusos les mataron al Tte. Coronel e ingeniero en misiles Ken Miller de un misilazo. El hombre debe haber tomado el vuelo equivocado, porque en lugar de Alberta, Canadá, al frente del Regimiento 41 de Ingenieros, estaba en Ucrania, como entrenador. No es el primer militar canadiense en viajar de regreso en ataúd.
¿Don Vladimir Putin puede represaliar a Canadá con el uranio enriquecido? ¿»Y para qué lo querríamos», contestarian los canadienses?
Tanto EEUU como Canadá uranio tienen minas de uranio, obviamente natural. Todo el uranio de la corteza terrestre es natural, reactivamente soso. Las minas canadienses, en general están en Athabasca, Ontario, son las de mayor concentración de uranio en roca del mundo, hasta el 10% en masa de mineral. Es una ley fenomenal, otros países uraníferos, como Kazajistán o Níger, tienen más uranio, pero jamás de una pureza semejante.
EEUU, que hasta los ’90 tuvo minería propia, tuvo también las mayores instalaciones de enriquecimiento del mundo en Savannah River, Georgia. Pero pasada la Primera Guerra Fría, y dado que éstas estaban viejas y gastaban electricidad a lo bestia (el 10% del consumo nacional), en lugar de modernizarlas, sus dueños privados las cerraron, las utilities eléctricas pasaron a importar enriquecido.
Con el derrumbe de la URSS y la demanda enorme que producen 112 plantas, ¿quién se iba a perder el negocio de venderles enriquecido? El Dios Mercado había ganado en el mundo, y ése Dios proveería SIEMPRE. Terminó siendo un estado nuevo quien proveyó, la Federación Rusa, por precios imbatibles. Pero como los rusos se habían vuelto creyentes del mismo Dios, todo bien con pagarle a los ivanes.
¿Vladimir Putin puede hoy parar las 22 plantas canadienses? Ni ahí. ¿Y las de los EEUU? Dios dirá. No es fácil rezarle al mercado.
Cuando EEUU empezó con ataques misilísticos dentro de territorio ruso, los ivanes suspiraron con su famosa melancolía nacional: se iban a perder un mercado enorme. Pero nada bueno les espera a quienes se metan con la Santa Madre Ródina, y decretaron boicot de enriquecido. Viéndosela venir, dado que la OTAN empezó la actual guerra de Ucrania al menos en 2009, EEUU llamó al toque a URENCO, consorcio británico, alemán y holandés. Esa empresa enriquece a grado civil y militar para toda la UE, salvo Francia, que se corta sola.
Pero URENCO estaba al límite de capacidad. En 2010 pactaron hacerse de una planta nueva y moderna, diseñada, construida y operada por URENCO USA, que en teoría podría surtir la mitad de la demanda civil americana, aunque su página web declara que es sólo un tercio. Subrayo «en teoría», porque por alguna causa, EEUU le siguió comprando al enemigo hasta la semana pasada. A Rusia, en contraste le sobra uranio, le sobra capacidad de enriquecimiento (tienen el 40% de la mundial) y no es teórica: exporta excedentes. Tantos, que de las 94 centrales nucleares estadounidenses, 44 utilizan exclusivamente combustible comprado a la estatal rusa Tenex.
El CANDU es un diseño estandarizado. Ha ido mejorando con las décadas, pero lo cierto es que cualquiera de los 52 CANDU que se han construido en 7 países están hechas con los mismos componentes. Básicamente, las CANDU y NPCIL constan de tubos de superaleaciones de circonio para los manojos de combustible, y de tubos de aleaciones de níquel, y tubos de aceros especiales para los circuitos de enfriamiento.
Con esos repuestos fabricados masivamente, hacés tanto una unidad de demostración de 220 MWe, como Douglas Point, Ontario, 1962, como una de 1000 MWe el estilo de la Monark que se va a construir en esa provincia canadiense.
Cualquiera de las 22 CANDU canadienses ubicadas en 5 parques nucleares en 3 provincias (Ontario, Québec y New Brunswick) , puede intercambiar repuestos con nuestra central de Embalse, en Córdoba. También con el complejo de 4 CANDU en Cernavoda, Rumania, o con las 18 en operaciones y las 6 en construcción y 7 pedidas en la India. Un manojo de combustible de nuestra Embalse puede funcionar en el núcleo de Qinshan 1 y 2 en China, o en Krakapar 1, 2, 3 y 4 en Gujarat, Indiak, y ni se entera de la diferencia.
Eso explica que la firma argentina CONUAR, con 2/3 del paquete en manos del grupo Pérez Companc y 1/3 y la tecnología en propiedad de la CNEA, hoy esté fabricando este tipo de caños high-tech para exportar a la India, Rumania y a Canadá. La lista sigue, porque los países con CANDU incluyen otros gigantes como China, Corea del Sur y obviamente Argentina.
Nuestro único error lamentable con esta ingeniería es tener una sola CANDU, la citada Embalse, teniendo derecho legal a «clonarla» N veces en territorio nacional. Siempre fue y sigue siendo la mejor de nuestro parque nucleoeléctrico por seguridad, disponibilidad, precio y vida operativa.
Cada vez que alguno de estos países construye nuevas plantas de potencia, o le hace «retubamiento» a las que ya tiene para sacarles 30 años más de vida operativa, CONUAR y NA-SA aprovechan y vende caños y/o servicios MUY sofisticados, respectivamente. En materia de problemas, soluciones a los problemas y modernizaciones, la disímil banda de propietarios de CANDU forman un grupo llamado CANDU Owners Group, o COG, e intercambian chismes, quejas y soluciones. Son como un grupete de egresados de secundaria en Watsapp.
La muchachada del COG siempre se preguntó por qué demonios Argentina tiene desde 1984 una única CANDU, pero la respuesta es larga y muy geopolítica. Lo que sí saben es que el retubamiento de la solitaria Embalse la Argentina lo hizo sin ayuda exterior, y con componentes propios, y que si antes andaba joya, ahora anda joya y media. El COG sabe que vendemos expertise, componentes de manojos de combustible y repuestos baratos de la primera y todavía única central totalmente modular vendida masivamente en el mundo. Aunque algún marketinero canadiense, probablemente ya jubilado o muy réquiem, y antes algo bobo, se olvidó de mencionarlo.
Entendemos tiernamente el julepe que tienen los EEUU: el 20% de su capacidad eléctrica es nuclear, pero sus 94 centrales remanentes responden a más de 40 modelos, marcas y diseños distintos, de modo que ya de suyo nacen innecesariamente caras. Henry Ford I, bastante nazi aunque nada estúpido a la hora de abaratar las cosas produciéndolas iguales y en masa, se tiraría de los pelos. Pero lo fundamental es que todas esas 94, así como las 10 que cerraron por viejas, caras o ambas cosas, funcionaban y funcionan con uranio enriquecido.
Hace 70 años que los EEUU vienen tratando por las buenas, por las malas y por las sucias (campañas de ultraecologistas y medios locales) de disuadirlos de construir más centrales CANDU, e ir cerrando las existentes.
Y de paso y cañazo, comprar algunas centrales estadounidenses de uranio enriquecido, cuantimás. El famoso síndrome de Estocolmo, eso de ponerse a favor de tu carcelero, hizo que en los ’90 los canadienses pararan su plan de exportación y dejaran envejecer y cerrar algunas de sus CANDU, y permitiera caer en la quiebra a la diseñadora federal AECL (Atomic Energy Commission of Canada, Ltd) y a la constructora provincial principal, Ontario Hydro.
Pero a la hora de comprar parque núcleoeléctrico yanqui, y de yapa experimental, los Canucks no han parado de las cartas de intención, que no valen el papel en que están impresas: son amor platónico. Y «Thanks, but no, thanks», les han contestado. Y ahora los Canucks, con la vieja AECL transformada en Atkins Realis, más nacional que el jarabe de arce y la Policía Montada, se disponen a ampliar su capacidad instalada con modelos realmente grandes, los Monark.
Y se han venido aquí a aprovechar la crisis de recursos humanos creada en NA-SA por Javier Milei para llevarse nuestros ingenieros nucleares en carrito de supermercado.
ARGENTOS CASTIGADOS POR CARTERISTAS
Nosotros mismos, oh lectores argentos, hemos sufrido las represalias en uranio enriquecido de Washington. Cuando en 1981 la CNEA e INVAP empezaron a construir los reactores RP-0 y RP-10 en Perú, el presidente Jimmy Carter (que había sido ingeniero nuclear de la US Navy) se puso como loco. Y mandó a romper viejos contratos de aprovisionamiento de enriquecido a la Argentina, que los necesitaba para sus reactores RA-1, RA-2, RA-3, RA-6 y los de Perú.
El Jimmy era un capo como reactorista, y lo mostró tomando él solito las decisiones críticas del «meltdown» de la central nuclear de Three Mile Island, y fueron todas correctas. Lo hizo por teléfono, porque entre el operador privado y la NRA no pegaban una. Pero don Carter solía pisarse los propios zapatos en política exterior, y nos sometió a embargo de uranio enriquecido, y lo hizo aquel mismo 1981 en que le aplicó sanciones a la URSS, que había invadido Afganistán, y donde más le dolía a Moscú: la comida.
La más grave fue la de no entregarles trigo estadounidense, asunto capital para los soviéticos. Eran famosamente malos como administradores agrícolas, y les fracasaban las cosechas en la mejor tierra negra y «de pan llevar» no de Europa, sino del mundo: el «chernosol» ucraniano y ruso. Eso hacía que las colas frente a las panaderías soviéticas fueran no sólo largas sino inexplicables, y que el pan se acabara antes de atender a la mitad. Y eso en Moscú: no quieras ver en las ciudades chicas y en Siberia.
Las sanciones de Carter a la Argentina nuclear por atreverse a exportar su tecnología en la región aquí iban a costar muchas vidas argentas y sudacas, y ni te cuento de nuestro prestigio como exportadores nucleares, que estaba todavía por nacer. Cuando se nos acabara el stock de reservas de uranio enriquecido al 90% del RA-3 de Ezeiza, se paraba ese reactor y se terminaba la producción nacional de radiofármacos para diagnóstico y terapia cardíaca y oncológica. Teníamos autoabastecimiento en radiofármacos y medicina nuclear. Y además exportábamos al resto del Cono Sur. Como dije, muchas vidas y de prestigio, olvídate, chico.
Al Contraalmirante Carlos Castro Madero se le ocurrió una idea ingeniosa. El principal cliente de trigo de la Argentina era la URSS, asunto absolutamente aprobado por gente tan poco comunista como el general Roberto Viola o al Sr. Guillermo Alchouron, presidentes del país y de la Sociedad Rural Argentina, respectivamente. Ni uno ni otro tenía problemas ideológicos con exterminar a obreros, estudiantes, profes, médicos y familias de izquierda, pero de venderle trigo a los ivanes, todo bien: históricamente, pagaban como duques. De modo que la Argentina les dio la casi exclusividad de su principal producción agrícola de entonces, el trigo, en discreto canje por uranio enriquecido para sus reactores.
En el Kremlin se tiraron de palomita sobre la propuesta, no sólo porque acortaba la paciente cola para comprar pan, en general bajo la nieve, o al menos una lluvia aborreciblemente fría. Pero además, vendernos enriquecido era enredarle los piolines diplomáticos a los EEUU. Todavía en la Plaza Roja resuena el eco de las carcajadas del difunto camarada Secretario General Leonid Brezhnev, el Opio de los Pueblos lo tenga en su gloria.
De modo que con un poco de rediseño de núcleos y sistemas termohidráulicos de enfriamiento, aquí readaptamos los reactores argentinos y los peruanos para funcionar con uranio enriquecido al 20%. Al 90%, su combustible original hasta entonces provisto por EEUU, habría estado mejor, pero para esa época ya el Organismo Internacional de Energía Atómica ponía el 20% como límite máximo de enriquecimiento comercial. No por bobera: con 20 kilos de uranio al 90% tenés una bomba atómica tipo cañón, como la de Hiroshima.
Lo que Jimmy Carter no logró fue apagarnos la luz. En aquel momento el AMBA dependía muchísimo de la electricidad producida por Atucha 1, en Lima, Provincia de Buenos Aires, a 160 km. de la entonces Capital Federal. Había cantidad de parque eléctrico a fuel-oil perteneciente a la empresa estatal SEGBA, pero tenían bastante atraso en los mantenimientos.
Además, SEGBA había sido obligada a hacerse cargo de la monumental Central de Costanera de la Ítalo, manejada por una empresa suiza que a fuerza de coimas logró mantener su concesión, cancelada en 1975, hasta 1978. Eso dejó a los suizos con las manos libres para vaciar la empresa, dejar de pagar el fuel-oil a YPF y que las máquinas terminaran de decaer a chatarra, para irse en 1978 tranquilísimos con un vagón de guita que les pagaron José Martínez de Hoz y su Secretario Walter Klein a precio de nuevo.
Haciéndola corta, en el melancólico lote de chatarra que en 1981 iluminaba el AMBA, o Baires y Conurbano, como se la llamaba entonces, la única máquina fiable era Atucha 1, de la entonces intocable CNEA, vaca políticamente sagrada. Era chiquita pero nueva en serio, y no se rompía aunque era un prototipo, y porque se la mantenía con primor.
Y lo más importante de todo, quemaba pastillas de cerámica hechas de dióxido de uranio natural, con el mismo tenor de uranio 235 que tiene en la roca madre de las minas de Los Gigantes, en Córdoba, y de Huemul y Sierra Pintada, en Mendoza. Y se venían más centrales: Embalse, entonces en obra, y luego Atucha II, y luego planes para 6 CANDU más a terminar en 1990. Todas de uranio natural.
De esa rodada de 1981 salimos caminando y con las riendas en la mano. El reactor RP-10 peruano fue el mayor del hemisferio sur hasta 2006, cuando se inauguró el OPAL en Sydney, Australia, obra de INVAP. Que con el prestigio ganado en Perú, luego le vendió reactores multipropósito a Argelia, Egipto, la ut supra mentada Australia, Holanda, Arabia Saudita, y dentro de poco, Uganda.
Por eso, a la Argentina actual un boicot de uranio enriquecido le resbala. No le podés apagar la luz. La estupidez es no haber seguido el plan de 6 CANDU más. La estupidez de yapa, en tiempos del Carlos (Menem), fue haber abandonado la minería de uranio. Y la estupidez cumbre, es haberle permitido también el cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada. De ser el mayor fabricante del mundo, pasamos a importador.
Léalo, nadie publica las barbaridades que dice AgendAR. Y son ciertas, venimos investigándolas desde 1985.
GUÍA PARA ROMPER LA UNIDAD PATRÓN
Y de despedida, amigos yanquis: sin tomar partido ni a favor ni en contra de Rusia, este quilombo Uds. se lo compraron.
Por lo cual les sugerimos, en plan avuncular y consejero, que hagan de tripas corazón y le compren algunas CANDU a Canadá. Nunca se accidentaron aquí y tampoco en 6 países más, se construyen fácilmente y de cualquier potencia por modulares, tienen un factor de disponibilidad apabullante, arriba del 90% del año, y no hace falta pararlas para recargarles el combustible. Pueden quemar uranio natural, o cualquier combustible alternativo que les pongas. Son un caño. Bueno, miles de caños.
Y está tan estandarizada la construcción, que entre inicio e inauguración pasan 6 años, porque todos los países del COG y la India han conservado recursos humanos calificados en la cadena de proveedores, de componentes, y sobre todo, de empresas contratistas de obra. No hay que rehacer 3 veces la misma soldadura, hasta que logra pasar una inspección de la NRC, y estar 18 años para terminar una central que debió entregarse andando en 6 años, y a cuatro veces el precio pautado. Es lo que les viene pasando a Uds.
Las CANDU salen como piña. Salvo que anden Uds. intrigando en el medio, chantajeando a los canadienses para que no entreguen los componentes en tiempo y forma, no cumplan ni ebrios ni dormidos con la transferencia de tecnología, subcontraten a ignorantes y hagan todo lo posible porque la obra no se termine jamás. Es lo que hicieron aquí.
Las CANDU siguen siendo las mejores centrales del mundo, pero con el peor proveedor. Embalse la terminamos por la nuestra, después de que la CNEA, harta de incumplimientos, rompió contrato con AECL. Lógicamente, la bola se corrió en todo el mundillo nuclear, y los Canucks no volvieron a exportar una central a su clientela natural, los países de escaso desarrollo industrial.
En fin, ése era el objetivo real de los EEUU.
Dado que Uds. mismos no han logrado exterminar enteramente la maldición CANDU, estos fierros son a prueba de todo incluso en términos geopolíticos. Si me hacen caso, deberán cerrar el State Department, pero Ottawa va a estar encantada. Cómprense algunas CANDU y se le ríen en la cara al tío Vladimir.
Es obvio que antes de que me den bola, se va a congelar el infierno.
Pero también se pueden congelar ustedes, al menos en los estados del Norte, al menos un poco, tal vez el invierno boreal de 2025. Depende de la velocidad de URENCO USA para suplantar el enriquecido ruso que queman 44 de sus 94 centrales. Entre todas, producen el 20% de la potencia eléctrica circulante.
Qué momento. Joe Biden ha logrado superar a Jimmy Carter. Como decía un colega argento mucho más famoso que yo, eso es romper el boludómetro.
Bueno, como también decía mi colega otro colega, pero compatriota de Uds., el entrañable Edward Morrow: «Good night, and good luck».
La Argentina, un país cuya economía depende en gran parte de su clima, tiene casi el 70% de su superficie con suelos clasificados como áridos, semiáridos o subhúmedos. Se calcula que el 36% del territorio nacional, unos 100 millones de hectáreas, presentan algún proceso de degradación por erosión hídrica, eólica o biológica asociada al menos en parte con malas prácticas productivas como el sobrepastoreo, la deforestación y los incendios intencionales, entre otros. Las dos regiones más afectadas son la Patagonia –por el sobrepastoreo ovino– y las provincias que integran el Gran Chaco (Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco) por los desmontes y los cambios de uso del suelo. Estos datos, que se desprenden del último Informe sobre el Estado del Ambiente de 2021 renuevan el debate sobre los efectos que generan a nivel local tanto las sequías como los procesos de desertificación del territorio.
“Estos procesos de desertificación se aceleran por las otras dos grandes crisis ecológicas: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sin ecosistemas sanos no hay producción posible”, explicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para Sergio Montico, ingeniero agrónomo a cargo de la cátedra de Manejo de Tierras de la facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Argentina tiene un problema “grave” de erosión, tanto hídrica –en la región pampeana norte– como eólica –en el sur del país–. “Esto genera problemas productivos y ambientales porque se deteriora el suelo y disminuye tanto su capacidad productiva como su posibilidad de brindar servicios ecosistémicos”, dijo el experto.
Por su lado, Maximiliano Eisa, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Balcarce (INTA) y miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, explicó que desde el sector “se ve el problema y se viene reclamando”. “A veces desde los ámbitos productivos y políticos se siguen asombrando por el nivel de degradación de los suelos. Tenemos los mejores suelos del mundo y nos creímos que eran indestructibles, pero hoy vemos otra cosa”, señaló.
Un país que depende el clima
Sobre esto se conversará a nivel global a partir de este lunes en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld, por sus siglas en inglés) que tiene lugar en Riad, Arabia Saudita, un encuentro donde se buscará acelerar las acciones para la gestión sostenible de las tierras y mejorar la resiliencia frente a las sequías. Según datos de esta institución, el 40% de las tierras del planeta están degradadas y las sequías han aumentado un 29% desde 2000 hasta ahora como consecuencia del cambio climático, así como también por efecto de las modificaciones en los usos del suelo con fines agrícolas y ganaderos.
La Argentina, que adhiere a esa Convención desde 1996, estará representada por el embajador en ese país, Facundo Vila. Consultados sobre la estrategia del actual gobierno en el tema y el papel que tendrá la Argentina en esa cumbre, así como sobre la composición de la delegación nacional, desde la Subsecretaría de Ambiente decidieron no contestar, por el momento.
El país padece de primera mano estos fenómenos. La zona núcleo, la más productiva en términos agropecuarios (centro norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y este de Córdoba), acaba de dejar atrás una sequía que duró más de tres años –la más extensa de las últimas seis décadas– con gravísimas pérdidas económicas, sociales y ambientales. Según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, el país perdió unos 20.000 millones de dólares a causa de este fenómeno, solo durante el año pasado, por la disminución de volúmenes en los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo): “La sequía se cobró tres puntos del PBI argentino del año 2023″, se lee en el documento.
El último Informe sobre el Estado del Ambiente –publicado a principios de 2023, con datos de 2021– señala que casi el 70 % del territorio nacional está clasificado como “tierras secas”. Es decir, aquellas que por sus características climáticas son áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estos territorios “presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio”. Son varios los factores que producen esto: la erosión hídrica y eólica, la compactación, la salinización y la pérdida de la cobertura vegetal y la de la biodiversidad del suelo, entre otros.
La Argentina cuenta con un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía (PAN), cuyo objetivo es prevenir y reducir el fenómeno. En ese contexto, el país adoptó metas a 2030, que incluyen la protección de bosques nativos, el fomento de métodos productivos sustentables (como el manejo de bosques con ganadería integrada), el fortalecimiento de los sistemas de Manejo del Fuego y la mejora de prácticas agrícolas de riego y de rotación de cultivos, detalló Di Pangracio.
Productores, investigadores y técnicos especializados del agro afirman que la Argentina es líder a nivel mundial en una práctica conservacionista del suelo como la siembra directa que se adopta en más de un 90% en la superficie agrícola del país, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Esta técnica consiste en la no remoción del suelo mediante el uso del arado, lo que permite mantener la materia orgánica, un mejor almacenamiento del agua y un menor uso de combustible en la siembra de los cultivos. En los últimos años, además, se están incorporando los llamados cultivos de servicio que contribuyen a mantener el suelo siempre verde durante todo el año e incrementar la captura de carbono.
“Muchos de los problemas socioambientales del país se originan en la falta de ordenamiento ambiental del territorio, algo que reconoce la Ley General del Ambiente, pero en lo cual no se ha avanzado”, agregó la experta.
Montico, por su lado, señaló que la erosión hídrica que padecen las provincias de la zona productiva húmeda (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires) es fuente de problemas que van desde el arrastre de sedimentos por lluvias intensas a “otros componentes como residuos de fitosanitarios o efluentes”. “Esto significa problemas ambientales severos”, dijo.
Agenda global
La protección de los suelos y la lucha contra la erosión y la desertificación es un tema que está en la agenda de discusión global. Según la Cnuld, el 40% de las tierras del planeta están degradadas, lo que afecta a la mitad de la población mundial y genera graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y los medios de vida. “Entre 2015 y 2019, se perdieron al menos 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas cada año, un área equivalente al doble del tamaño de Groenlandia”, advierte el organismo.
La agenda de la cumbre sobre desertificación busca acelerar la restauración de las tierras degradadas y mejorar las respuestas ante las sequías. Para Di Pangracio, la COP16 “es una renovada oportunidad para que siga profundizando la participación y el apoyo directo a las personas más afectadas por la desertificación, degradación y sequías, como los pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo a mujeres y jóvenes, para una mayor equidad y seguridad en la tenencia de la tierra”.
