El camino de un científico que fundó la Empresa de Base Tecnológica que exporta enzimas al mundo

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Apenas se convirtió en científico del CONICET, Hugo Menzella adoptó como máxima la vieja idea de Becket: “prueba otra vez, fracasa de nuevo, fracasa mejor”. Guiado por ese lema, doce años atrás creó Keclon, la Empresas de Base Tecnológica del CONICET que hoy exporta tecnología de enzimas a Europa, Brasil y en breve lo hará a Estados Unidos. “Pareciera que los científicos tenemos prohibido fracasar –dice por videollamada desde el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROBYQ) que dirige, en Rosario-. Y aunque tendemos a ocultarlo, el fracaso es innato para el progreso y no debiera ser vergonzante, sino un gran aliado porque te da experiencia y conocimiento. Sin fracaso no hay nada nuevo porque te quedás en la zona de confort, que de confortable no tiene nada. No me refiero hacer start-ups, sino a la ciencia. Hacer ciencia es caminar a oscuras en terreno desconocido. La única forma de no tropezar es quedarse quieto y no avanzar”.

Menzella participó en el desarrollo de la primera enzima capaz de utilizarse en la industria alimenticia de Sudamérica. Corría la década del 90 y hablar de enzimas industriales era futurista: solo la producían dos empresas –una danesa y otra holandesa- en todo el mundo. Él tenía poco más de veinte años, era bioquímico y solo había leído sobre el tema en la Revista Muy Interesante. Por sus conocimientos en el universo de la Química sabía que en la naturaleza el queso se fabricaba a partir de una enzima -una proteína invisible al ojo humano- presente en el estómago de los terneros de menos dos meses de edad y que, aplicada a la leche, la coagulaba. Hizo su tesis doctoral sobre aquella enzima del estómago de los terneros logrando producirla a gran escala a través de una bacteria. “Era como viajar con un lavarropas a la Luna –dice-. Usando como fabrica a la bacteria de Escherichia coli con un gen de vaca se produjo esa enzima en grandes cantidades sin matar más terneros”.

Guiado por una curiosidad infinita por el mundo de las enzimas emigró junto a su familia hacia Estados Unidos. Radicado en California, se le abrió un nuevo mundo: el de las enzimas sintéticas. “Tuve la suerte de trabajar en una de las primeras empresa de biología sintética del mundo, antes que se acuñara el término ´biología sintética´. Ahí aprendí a diseñar enzimas que no existen en la naturaleza, a escribir las instrucciones en un gen en el idioma adecuado para cada especie de bacterias, para luego insertar esas instrucciones modificando genéticamente a las bacterias. Aprendí un montón de cosas que después me ayudaron a fundar Keclon”. La primera enzima sintética que diseñó tuvo como destino mejorar una droga anticancerígena. Estaba feliz y también añoraba volver a Argentina: por eso la bautizó Renomé, en honor a una canción de la banda de rock argentina Los Twist. “Estaba haciendo cosas de vanguardia, pero extrañaba mucho. Viví casi siete años y volví en 2010, para trabajar a la misma facultad donde había estudiado, enseñar lo que había aprendido y trabajar en CONICET”.

Fue entonces cuando se propuso llegar a aplicar lo que había aprendido en el exterior para solucionar problemas de la industria nacional. “Cuando haces tecnología tu trabajo más importante es salir a buscar problemas. Porque el mayor de los problemas es justamente no tener un problema para solucionar usando la tecnología que domina, como lo sería para un bombero que no existieran los incendios. Yo sabía hacer de EEUU drogas oncológicas sofisticadas, que acá no se hacían, entonces usé ese conocimiento para volver a lo que yo había hecho en la tesis, que eran enzimas para la industria”. Así fue como se abrió paso como líder del desarrollo de la tecnología de las enzimas para problemas de la industria de los biocombustibles: un sector que estaba en pleno ascenso. Lo lograron en apenas unos meses, pero pronto la legislación cambió y los biocombustibles comenzaron a pagar retenciones, lo que redundó en que dejaran de ser tan competitivos. Entonces, la tecnología desarrollada por Keclon para favorecer esa industria perdió la enorme demanda que tenía. “Fue una lección dura. Ahí descubrí que los problemas que resuelvas como científico tienen que ser genuinos y no un problema que dependa de la firma de un funcionario”, dice Menzella. “Fue fracasar para empezar de vuelta. Como lo habíamos hecho rápido y nos habían sobrado fondos, buscamos otro problema y encontramos el tema de la refinación del aceite. Se lo ofrecimos a Molinos Agro, una empresa a la que hasta el día de hoy es no solo cliente, sino que invirtió y es accionista de Keclon”.

Hoy, Keclon es un ejemplo de transferencia científica: diseña enzimas para aplicar en productos de diferentes industrias -la alimenticia, la aceitera, la de biocombustibles, la cosmética, la biomédica- y exporta sus enzimas al mundo. “Lo que hicimos nosotros se puede hacer en todos los institutos –asegura el científico-, solo es necesario meterse en problemas. Esto no significa que no haya investigadores que sigan haciendo ciencia básica y descubran cosas, sin ellos no existiríamos. Pero también estamos los que diseñamos productos y nos ubicamos en la frontera entre el conocimiento y el beneficio de la sociedad. Tradicionalmente, para los científicos juntarse con la empresa era una especie de pecado. Hay que animarse a romper los reglamentos para hacer lo correcto, para que evolucione y haya progreso. En resumen, a meterse en problemas y disfrutar de eso”.

Nombran en Fabricaciones Militares al ex CEO de una empresa proveedora

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El abogado y empresario Juan Manuel Vaquer, expresidente de DuPont para la Argentina y América Latina, fue designado el jueves pasado como presidente de Fabricaciones Militares (FM), empresa que pasó de estatal a Sociedad Anónima Unipersonal, pero que sigue bajo la órbita del Estado. Su nombramiento generó ruidos ya que la compañía en la que se desempeñó abastece a Fabricaciones Militares de la tela balística de la que está hecho el panel del interior de chalecos antibalas y antipunzantes que se producen en la planta de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe.

Vaquer fue designado el jueves pasado en reemplazo de Hugo Pascarelli. Lo acompañan en el directorio de FM Sergio Echeverría, como vicepresidente, y Diego Arenas, como director titular.

Abogado, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Vaquer tiene un máster en derecho internacional de la Southern Methodist University. Se unió a DuPont Argentina en 1990 como abogado y cinco años más tarde, se trasladó a Ginebra, donde trabajó como asesor jurídico para las unidades de negocio de la compañía en Europa. Regresó a la Argentina como gerente del departamento de legales; en 2004 asumió la vicepresidencia de esa área para América Latina y en 2008 ascendió a presidente de DuPont para el cono sur. Dejó el mundo corporativo en 2019 y se desempeña en el estudio JP O’Farrell.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio estatal que representa a los empleados de Fabricaciones Militares, advirtieron no solo sobre el vínculo de DuPont con Vaquer sino que además resaltaron sus nexos con los Estados Unidos. Las fuentes dijeron que intentará sumar capital privado a FM. Vaquer fue también titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Según información que tiene el gremio de ATE, Vaquer visitará el lunes próximo Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, que en abril de este año fue declarada “zona militar”, con lo que se habilita a las Fuerzas Armadas a instrumentar y dirigir materiales “que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito” en la jurisdicción demarcada. Esa planta cuenta con tres líneas productivas, la de chalecos, la de armas y la de municiones. De esa planta, DuPont es proveedora de poliparafenileno tereftalamidasu, la tela registrada con la marca “Kevlar”, según confirmaron fuentes de FM. El tejido fue desarrollado para la empresa que lo comercializa desde 1972 y es líder en el mundo. Es un material que, dicen las fuentes, “se debe comprar sí o sí a Estados Unidos”.

Después de la visita a Fray Luis Beltrán, Vaquer realizará un recorrido por las otras plantas que dependen de Fabricaciones Militares. Son dos en Córdoba (Río Tercero y Villa María), una en Buenos Aires (Azul), y la de San José de Jáchal, en San Juan. Los delegados de las diferentes plantas están “muy interesados” en conocer los planes aunque presuponen que se avanzará en sumar capital privado para lo cual se convirtió en sociedad anónima. Ese cambio de figura jurídica se había anticipado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei.

“Fabricaciones Militares se transforma en Sociedad Anónima Unipersersonal para modernizar la estructura operativa, dotándola de mayor agilidad y flexibilidad para competir en el mercado actual. Igualmente seguirá sujeta a los mecanismos de control del sector público, garantizando transparencia y eficacia en su gestión”, se explicó oficialmente sobre el cambio.

Fabricaciones Militares activó en abril un programa de retiros voluntarios y de jubilaciones anticipadas que tenía como objetivo un achicamiento del 20% del plantel. El plan alcanzaba a unos 288 trabajadores, pero finalmente se retiraron 305; a comienzos de año otros 50 ya habían dejado sus cargos.

Impuesto a la riqueza

“Pagar me da una autoridad moral porque como dice el nombre del impuesto estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. Lo que pido (a los políticos) no es un esfuerzo extraordinario sino que se trabaje con honestidad y transparencia”, remarcó Vaquer el 31 de marzo de 2021, cuando contó que pagó el llamado Aporte Solidario Extraordinario o impuesto a la riqueza, que regía entonces para aquellas personas y sucesiones indivisas con bienes que excedieran los $200 millones.

“No podemos olvidar el porcentaje de pobreza estructural que tenemos en el país y tenemos que hacer algo diferente”, dijo ese día en una entrevista en LN+.

Hace poco más de un año, en el AmCham Ethics & Transparency Forum, que se realizó bajo la consigna “construyendo una cultura de transparencia”, señaló: “No tenemos derecho a rendirnos, no es imposible trabajar la cultura de la integridad en nuestro país”.

Gabriela Origlia

«La privatización o quiebra de IMPSA: nuevo golpe a la modernización del Ejército Argentino»

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Uno de los principales objetivos fijados por el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei ha sido la privatización de diversas empresas del sector público nacional. Más allá de los razonables argumentos de racionalización de recursos y austeridad, bajo el mantra de que “todo lo que pueda ser privatizado, será privatizado”, pareciera que los análisis solo se han centrado en aspectos económicos y financieros, dejando de lado el impacto sobre otras áreas del Estado Nacional. Una de ellas es la que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri. El ejemplo más claro de lo señalado es la situación que atraviesa IMPSA, fijada como la primera privatización de la administración Milei y que, según lo indicado por medios internacionales como Bloomberg, enfrenta el peligro de una posible quiebra que se torna cada vez más latente.

En el plano del Instrumento Militar Nacional, IMPSA juega actualmente un papel importante en uno de los esfuerzos de actualización más relevantes emprendidos por el Ejército Argentino: el Programa de Modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) al estándar TAM 2C. Este programa busca dotar de una segunda vida al principal medio de combate de la fuerza, con la actualización de un total de 74 ejemplares. No obstante, iniciado hace más de diez años, ha transitado idas y vueltas, renegociaciones de plazos de pago y ajustes en los cronogramas de entrega. La introducción de un nuevo estándar, denominado TAM 2C-A2, que incorpora los últimos kits de modernización provistos por la empresa israelí Elbit Systems, parecía encauzar definitivamente el programa.

Una muestra de este avance fue el relanzamiento del programa efectuado por la actual gestión al frente del Edificio Libertador, con la presentación, a principios de julio, de las primeras unidades de preserie. Desde el Ejército Argentino, a través de una entrevista brindada a Zona Militar, el propio Jefe de la Institución, General de División Carlos Presti, fijó como objetivo contar, a finales del corriente año, con la primera tanda de diez tanques modernizados.

Durante aquel acto de julio se presentaron cinco ejemplares modernizados al nuevo estándar: el primer prototipo TAM 2C-A2, el ejemplar presentado en 2023 y tres nuevos TAM actualizados. También se evidenciaron los trabajos avanzados en una torre y la presencia de tres torres más que mostraban los procesos de mecanizado y modificaciones efectuados por la firma mendocina IMPSA.

Mediante múltiples convenios, IMPSA participa activamente en el Programa TAM 2C, siendo la empresa encargada de recibir las torres de los tanques seleccionados para su modernización, realizar los trabajos de mecanizado y modificaciones, e instalar los soportes que alojarán los futuros componentes del kit de actualización. Además, gracias a convenios firmados en 2023, la empresa fabrica los kits de faldones laterales para los TAM 2C-A2, destinados a las unidades de preserie y producción (71 unidades).

Gracias a la presentación del Jefe de Gabinete de Ministros ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, se pudo conocer el estado de avance de estos programas. En lo específico a los proyectos de IMPSA y el Ejército, el Informe N.º 141 detalla:

  • Provisión de repuestos TAM: ejecución al 7 %
  • Modernización de 71 torretas de tanques TAM: ejecución al 17 %
  • Suministro de soportería asociada al tanque TAM: ejecución al 10 %
  • Modernización del tanque TAM (faldones y soldaduras): ejecución al 16 %

A principios de septiembre, con la confirmación de que el gobierno nacional avanzaría con la privatización de IMPSA, desde Zona Militar expresamos dudas y preocupaciones, ya que originalmente las gestiones para este proceso no incluían cláusulas que garantizaran la producción de las torres destinadas al programa de modernización del Ejército Argentino. Posteriormente, diversas fuentes indicaron que esta situación fue contemplada. Sin embargo, frente a la improvisación demostrada y la falta de una comunicación oficial del Ministerio de Defensa al respecto, las dudas persistieron.

Según reportaron los medios internacionales la pasada semana, la primera privatización de la era Milei enfrenta nuevas dificultades. Estas fuentes señalan que IMPSA posee deudas por 536 millones de dólares con sus acreedores y que la empresa interesada en adquirirla, Industrial Acquisitions Fund (IAF), exige que dichas deudas sean liquidadas antes de la compra. Para ello, se han iniciado gestiones con la corredora AdCap Securities Ltd. en busca de una solución.

El hermetismo en el Edificio Libertador, sumado al del Ministerio de Economía, es total respecto al avance del proceso de privatización. Además, se ha fijado una nueva fecha límite: el 15 de diciembre. Ese día se definirá el futuro de IMPSA, ya que el gobierno ha advertido que, de no avanzar con la privatización, se declarará la quiebra de la empresa.

Mientras tanto, ningún sector ha mencionado el impacto que esto podría tener en el Programa de Modernización TAM 2C-A2. Tampoco se ha indicado si se están evaluando alternativas para que otra empresa con capacidades similares asuma estos trabajos, lo que tendría implicancias en el cronograma de entregas.

Por último, y a pesar de lo previamente señalado, a menos de un mes para el cierre de 2024, parece alejarse el objetivo de contar con las diez unidades de preserie, contradiciendo lo anunciado desde la cartera de Defensa y el Ejército Argentino, lo que pone en jaque, una vez más, uno de sus principales programas de modernización de la Institución.

Desplazan al directorio de VENG, la empresa aeroespacial de la CONAE

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Con una situación presupuestaria crítica, y con el directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) sin reunirse desde el año pasado, las autoridades de ciencia y tecnología acaban de comunicar extraoficialmente que desplazan al directorio de Veng, su subsidiaria encargada del desarrollo del Tronador II y de otras aplicaciones de tecnología aeroespacial, además de la operación de los satélites argentinos de observación terrena que se encuentran en órbita. 

La noticia cayó como un balde de agua fría en momentos en que sus miembros estaban colaborando para mantener a flote la empresa y buscar aportes privados. “Hace dos semanas habíamos tenido una reunión y estábamos intentando hacer las cosas ordenadamente para solucionar los problemas –comentan desde la empresa–. No se entiende que quieran convocar a asamblea cuando es el directorio el que debe hacerlo”.

El directorio de Veng estaba compuesto por su presidente, Marcos Actis, ingeniero aeronáutico y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo a su cargo el desarrollo del lanzador argentino; su vicepresidente, Leonardo Comes Penalva, ingeniero electrónico y gerente de gestión tecnológica de Conae; y como director titular, el ingeniero Guillermo David Benito, referente de Invap. Todos cumplían funciones ad honorem

Los reemplazantes serían Roberto Yasielski, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín, como presidente; Leonardo Comes seguiría como vicepresidente; y Martín Suárez Gazzero (de CNEA), Julio Manco (abogado y miembro de directorio de la Fábrica Argentina de Aviones) y Mariano Luna (de la Universidad de San Andrés) como directores. Ayer a última hora todavía no se había recibido la comunicación oficial.  

En Veng, creada a fines de los años noventa, pero que comenzó a operar en la práctica en 2007, trabajan 463 ingenieros, técnicos y científicos de altísima calificación. “Son chicos de un valor extraordinario que no debemos perder”, subrayan. Trescientos de ellos se desempeñan en la estación de recepción de datos satelitales de Falda del Carmen, y sin esa dotación sería imposible operar y mantener los satélites en órbita. La Conae tiene una planta muy reducida: apenas 230 empleados.

La empresa se concibió para desarrollar el programa Tronador de acceso al espacio (un lanzador de cargas útiles), pero también participó como contratista en los satélites SAC-D/Aquarius y Saocom, y en el diseño y operación de la estación terrena de Tierra del Fuego. Del Tronador, hasta ahora se habían llegado a desarrollar los tanques y se estaba probando el motor de la segunda etapa, pero este año quedó todo parado.

Según el último informe de indicadores macroeconómicos del Grupo Economía, Política, Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (EPC-Ciicti), en octubre la función ciencia y tecnología perdió el 30,5% de su presupuesto en términos reales en comparación con el mismo mes de 2023, muy por encima del promedio del presupuesto nacional, que descendió un 24,4% real. Esta disminución implica que la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación representará el 0,216% del PBI cuando finalice 2024, lejos de lo pautado por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que establecía un 0,39% para este período.

En este momento, igual que la Conae, Veng está en la cuerda floja por el desfinanciamiento generalizado del área de ciencia y tecnología. Es más, se encuentran entre los organismos más afectados, con una reducción del 55% del presupuesto en relación con el año pasado. 

“Se viene arrastrando una situación de posible cesación de pagos que ya se dio a mitad de año (…) aparentemente quedaría presupuesto como para que se paguen salarios hasta diciembre –advirtieron representantes de ATE en un comunicado–. Si la empresa se cae, se llevará a cuestas también la Conae. Es decir, que dejaría de funcionar la operación de los satélites y de las estaciones terrenas para la adquisición de información satelital”.

El default con una firma kazaja pone en riesgo la operación de nuestras centrales nucleares

La empresa kazaja Kazatomprom ganó una licitación para proveerle a la estatal Dioxitek el concentrado de uranio necesario para fabricar los elementos combustibles que requieren las centrales nucleares argentinas. El primero de los tres envíos pactados llegó el 1 de diciembre del año pasado, pero el gobierno de Javier Milei no cumplió con las condiciones de pago y los kazajos interrumpieron el abastecimiento, lo que podría derivar en la paralización de Atucha II y Embalse para mediados de año próximo cuando se acaben las reservas.

Atucha II tiene una capacidad de generación de 745 MW y Embalse otros 683 MW. Por lo tanto, si esas centrales dejan de generar energía se perderían 1428 MW en un momento donde la capacidad de generación se encuentra por debajo de la demanda de energía proyectada para los próximos meses. Los elementos combustibles también son indispensables para que opere Atucha I, pero esa central salió de servicio a fines de septiembre para que se lleve adelante la extensión de su vida útil, obra que demorará unos 30 meses.

El default con los kazajos

El acuerdo con Kazatomprom contemplaba tres envíos anuales de unas 170 toneladas de uranio concentrado cada uno. El mecanismo de fijación de precio acordado fue bajo un esquema spot que toma la cotización promedio del insumo en una revista especializada durante las 8 semanas anteriores a la llegada del embarque.

El precio final del primer envío fue de US$ 34,5 millones. El 50% se debía pagar a los 30 días y el otro 50% a los 60 días. Sin embargo, cuando todavía no se había pagado ni siquiera la primera parte el Banco Central emitió una comunicación donde estableció que las deudas de importación de bienes y servicios debían ser canceladas con los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

Como era de esperar, los kazajos se negaron a aceptar los Bopreal, pero Dioxitek no tenía acceso al mercado de cambios. Por lo tanto, la negociación se empantanó y Argentina quedó en default. La empresa estatal pagó el 95% de la deuda recién entre junio y julio, pero antes de realizar el segundo envío los kazajos endurecieron su postura y exigieron que se cancele el monto que faltaba, se pague una multa por el incumplimiento, se firme una adenda al contrato y se les otorgue una carta de crédito garantizada.

El primer embarque había salido desde San Petersburgo y demoró 6 meses en llegar a Buenos Aires, pero por las sanciones que se le aplicó a Rusia luego de la invasión de Ucrania ningún banco se mostró dispuesto a otorgar una carta de crédito para un envío proveniente de San Petersburgo. Una segunda opción que se exploró fue que el concentrado de uranio llegara desde Georgia, aunque el viaje ya no iba a demorar 6 sino 8 meses.

Si en julio se hubiera cumplido con las condiciones que fijó Kazatomprom, el segundo embarque podría haber arribado en marzo de 2025. Distintos funcionarios advirtieron durante meses sobre la necesidad de resolver el tema con urgencia porque las proyecciones indican que Dioxitek se va a quedar sin concentrado de uranio a mediados de mayo de 2025 y el stock de elementos combustibles que tienen las centrales nucleares es mínimo. Sin embargo, el gobierno nunca terminó de resolver el tema.

En los últimos meses incluso se exploró la posibilidad de buscar otros proveedores para un envío puntual, pero para que Nucleoeléctrica, la empresa que administra las centrales, autorice la compra, primero se debe obtener una nota de Kazatomprom que diga que no va a poder enviar el producto en los plazos requeridos y los kazajos no van a enviar ninguna carta hasta que se les cancele la deuda pendiente. Además, mantener el default con esa firma también complica la relación con cualquier otro proveedor del sector. Se confirmó con dos técnicos del sector nuclear sin contacto entre sí que hasta este viernes la deuda continuaba impaga.

Cómo se elaboran los elementos combustibles

Con el concentrado de uranio, Dioxitek produce polvo de dióxido de uranio que es utilizado por la empresa Conuar para fabricar pastillas de dióxido de uranio que se le proveen a las centrales nucleares. Esas pastillas se colocan en el interior de tubos de aleación de zirconio (llamados vainas) que se ensamblan para formar los elementos combustibles. Estos elementos son estructuras diseñadas específicamente para cada tipo de reactor.

Se utiliza el término elementos combustibles, en lugar de simplemente combustibles, para destacar que no se trata de una sustancia simple o cruda, como el carbón o el petróleo, sino de una estructura compleja y diseñada específicamente para ser usada en reactores nucleares. Embalse, por ejemplo, es un reactor de tecnología Candu con un diseño estándar. Por lo tanto, los canadienses podrían llegar a proveer los elementos combustibles. Atucha II, en cambio, es un diseño original desarrollado por Kraftwerk Union (KWU), una filial de Siemens, pero cuando se retomó la construcción en octubre de 2006 KWU había desaparecido y fue la estatal Nucleoeléctrica la que terminó la obra introduciendo ciertas variantes al diseño original, lo que obliga a ser más cautelosos al momento de evaluar la incorporación de elementos combustibles alternativos.

Fernando Krakowiak

Opínión de AgendAR:

El problema, lectores, no es únicamente estar en rojo con el mayor proveedor mundial de uranio, que es Kazajistán. Otros proveedores posibles, como Canadá o Rusia, no nos venderán un gramo hasta que salgamos de esta deuda.

Pero la mayor deuda la tenemos con nosotros mismos. Tenemos sólo tres centrales nucleares, una chica (Atucha 1) y dos medianas (Atucha 2 y Embalse). Dada la escasa demanda que supone un programa nucleoeléctrico absolutamente enano, como el argentino, tenemos todavía al menos dos décadas de uranio en la mina de Sierra Pintada, inmediaciones de San Rafael, Mendoza. Ni hablar de yacimientos ya prospectados y medidos pero nunca explotados, como Cerro Solo, en Chubut.

No somos un país uranífero, como Canadá, Kazajistán o Rusia, pero somos un país CON uranio. ¿Por qué estamos dependiendo entonces de Kazajistán?

Las causas del cierre prematuro de Sierra Pintada son impresentables. En 1989 cayó la URSS. En 1992 y 1997 se firmaron nuevos pactos de desarme (START II y SORT) entre la novedosa Federación Rusa y los EEUU. Tuvieron un éxito limitado pero medible, si consideramos que en 1985 había más de 63.600 cabezas nucleares en los arsenales yanquis y soviéticos y de las otras cuatro potencias con este tipo de armas, y hoy quedan 12.121. Y esos pactos inundaron el mundo de uranio baratísimo. Porque las nuevas minas fueron los arsenales.

Ese último número está en ascenso nuevamente. Y sigue siendo más que suficiente para eliminar a casi toda la especie humana. No tanto durante la guerra y por efecto directo de las armas, como después, durante el «invierno nuclear» subsecuente. Puede durar décadas, y en ese período, además de fríos subcongelantes incluso en los trópicos, desapareceran todas las fuentes de alimento de los que hayan sobrevivido a la guerra en sí.

La decisión de reducir los arsenales, sin embargo, tiene bases militares y económicas, cero pacifismo en el asunto. Con mucho menos que 12.121 cabezas nucleares está asegurada la destrucción recíproca de las potencias rivales (y la de casi toda la Argentina, que no es potencia ni rival). Pero el mantenimiento de las armas termonucleares es acuciante y carísimo. Por ejemplo, hay que reponerles constantemente la carga de tritio, el isótopo más pesado del hidrógeno. Es carísimo, Y tiene una vida media de 12,5 años, lo que significa que en ese lapso la carga inicial ha decaído en hidrógeno común, perfectamente inútil para generar una reacción nuclear de fusión.

Además, para una destrucción mutua asegurada, 63.600 armas básicamente termonucleares eran una exageración. Los nuevos sistemas de navegación y puntería, como el GPS, permitían liquidar un blanco a 12.000 km. de distancia con una sola explosión impecable e implacablemente precisa, en lugar de varias de mayor potencia y caídas en derredor. Era toda la puntería permitida con los istemas de navegación inerciales anteriores.

De modo que para bajar los costos de mantenimiento del equilibrio del terror, las minas de uranio fueron los arsenales excedentes, y básicamente los de la Rusia de Boris Yeltsin, que a EEUU le firmaba cualquier cosa sin mayor reciprocidad.

Los acuerdos se basaron en el axioma «Swords into ploughshares», fundir espadas para hacer arados, slogan inicial del Organismo Internacional de Energía Atómica allá por 1957. La idea del OIEA fue, era y todavía es dar de baja un exceso de alrededor de 50.000 cabezas nucleares y darle empleo civil a sus elementos físiles. Estos son mayormente, plutonio 239 y en menor medida, uranio 235, enriquecidos a una pureza mayor del 90%.

Ambos elementos se pueden diluir en uranio natural, que es casi todo uranio 238, físicamente casi imposible de fisionar, y el resultado puede ser uranio de usos pacíficos: enriquecido a algo menos del 20% para reactores multipropósito, o a valores muy inferiores (entre el 5% y algo menos del 1%) para centrales de potencia. El uranio reciclado de estas últimas, combinado con un poco de plutonio, forma combustibles llamados MOX, cerámicas de óxidos mixtos de uranio y plutonio, y es perfectamente equivalente al uranio enriquecido fresco y sin usar. Evita mucha minería.

Pero en el siglo XXI las cosas cambiaron. El parque nucleoeléctrico mundial empezó a crecer, impulsado en buena medida por el cambio climático. El precio del uranio empezó a dispararse, sobre todo porque los mayores consumidores del mundo tienen pocas reservas geológicas (caso de China y de la India), o les sobran, pero hicieron la idiotez de cerrar sus minas (EEUU) «porque el mercado arregla todo», o porque compran mineral de uranio, y pagando basura, a sus semicolonias africanas (Francia). Canadá y Rusia nunca abandonaron la minería. Los canadienses, porque tienen una flota considerable de centrales propias.

Pero además, los canadienses le tienen que dar de comer a las 94 centrales que todavía persisten en actividad en EEUU y que suministran el 20% de la potencia eléctrica de la tierra de los libres y hogar de los valientes. Los yanquis dejaron cerrar 10 en la última década y media «porque la energía nuclear es cara», y hoy se quieren cortar las venas, porque debido a la guerra de Ucrania, los rusos les acaban de anunciar que no les venden más uranio enriquecido.

Como «el mercado provee», en los últimos 30 años los autodenominados americanos dejaron que las plantas de enriquecimiento de Savannah River cerraran y se desguazaran, el uranio que les suministra Canadá es natural, y no tienen plan B. Los rusos no dejaron jamás de producir porque tienen bastante uranio en casa, un programa nuclear bastante coherente, son el mayor exportador mundial de centrales y su política es venderlas con combustible enriquecido ruso incluído.

La propuesta ruso un acuerdo ideal para nabos tecnológicos: te damos el caballo y también el pasto, y te cobramos ambos, y nos llevamos a casa el plutonio generado, plín-plin-plin-caja-caja-caja. Vos no tenés que ocuparte de nada. Ahora los ivanes son re-capitalistas, pero desde que se murió Yeltsin, ya no son idiotas. Entienden perfectamente que el uranio no es una commodity de mercado, y en cambio es un asunto estratégico. Y tanto lo es así y tanto ya no son idiotas que hoy están amenazando a EEUU con un apagón generalizado. Si te desaparece el 20% de la potencia firme del país, lo que te desaparece después es el país. Pero antes, cae el gobierno.

Aquí algo sabemos de eso.

Los ut-supra descriptos son tres modos estúpidos de quedarse sin uranio. Obviamente, la Argentina de Carlos Menem no podía perderse una imbecilidad que imitara a la de los EEUU. Además, cuando la dirección de Manuel Mondino de la CNEA dejó de demandar uranio para Sierra Pintada, le tiró la mina encima a Mendoza, para que ésta le vendiera uranio a Magoya.

Obviamente, ya que estaba, Mendoza debía gestionar por la propia la remediación ambiental de colas de molienda de mineral y de aguas de cantera. Es una cantidad importante de residuos con uranio, radio y radón, otros metales pesados no uraníferos ni radioactivos, y barros y líquidos tratados con ácido sulfúrico y de gran acidez. En suma, les dejó el muerto.

Los residuos de minería de uranio no son sustancialmente distintos o más peligrosos para la salud que los detritos de minería de oro, o de cobre, cuyo tratamiento y disposición en todo el Tercer Mundo suelen ser legal o ilegalmente pésimos. Pero los de uranio sin duda tienen peor prensa.

Y además, una cosa es que una provincia se atreva a plantarse con exigencias de remediación ambiental a una multinacional minera. Eso jamás sucedió en ninguna provincia minera de la Argentina, donde los gobernas están en un perpetuo noviazgo con estas corporaciones. Otra cosa es pegarle patadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que en tiempos de Menemy según si dirección, tenía la misma capacidad de autodefensa que una gallina réquiem.

Conclusión, que con la entrega del subsuelo, antes patrimonio nacional, a las provincias, Mendoza se declaró sumamente ecologista y cerró la mina. Desde 2010 la CNEA gastó U$ 17 millones en remediar las colas de proceso de Malargüe, y lo habrá hecho tarde pero de un modo inobjetable. Miles de toneladas de colas de procesamiento de baja radioactividad en la perifera de esa ciudad hoy están encerrados por arriba, abajo y los costados en una estructura hecha de múltiples capas de materiales geológicos de alta resistencia e impermeabilidad.

Antes de su encapsulamiento emitían radón, pero en una proporción menor a la que respiran espeleólogos de Mendoza, y los guías de turismo estival en la famosa Caverna de las Brujas. Son muchas las formaciones geológicas mendocinas que tienen uranio y emiten radón. Un mochilero imaginario que hubiera puesto su carpa en ese médano gris de colas situado en las afueras de Malargüe un año entero, habría aumentado sus chances de cáncer de pulmón como un fumador de los de un paquete diario en igual tiempo.

Los de Malargüe llaman «La Empanada» al confinamiento geológico, por su forma redondeada. El encierro está hecho para aguantar 5 siglos de lluvias, nieve, terremotos y perforación por raíces y por roedores. Pasado ese tiempo, habrán perdido todo impacto radiobiológico y químico. «La Empanada» está bajo monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear y del Ministerio de Medio Ambiente de Mendoza, parquizado y transformado en la mayor área recreativa de la provincia.

¿Se le exigen iguales cuidados a Bajo de la Alumbrera o a la Barrick en su minería de oro y cobre? Haceme reír… Ni ahí.

A nadie se le ocurrió que Mendoza en realidad pudiera ser más deudora que acreedora de la CNEA. Las colas encapsuladas en «La Empanada» de Malargüe a partir de 2010 habían electricidad por el equivalente de 10 años de años de consumo de la provincia de aquel año. Y bueh.

La CNEA, que desde tiempos de Alfonsín hasta hoy no ha tenido suficiente plata para desarrollar su central nuclear de exportación CAREM, ha venido rascando sus bolsillos para remediar con igual efectividad los pasivos ambientales de Sierra Pintada. Tiene la expectativa de que en algún momento Mendoza autorice dé luz verde a la reapertura de la mina.

Personalmente, creo que antes se va a congelar el infierno. Salvo que ahí pinte la canadiense CAMECO y desenvaine una platita, o la estatal francesa ORANO, a la que el actual gobierno nacionalista de Níger está expulsando de las minas de las que se llevó medio siglo de mineral baratito. Y hasta podría ser la kazaja Kazatomprom, de la que Milei nos ha vuelto deudores insolventes, con alguna propuesta ruinosa, tipo «O nos dan la mina, o se comen el apagón, argentos. Y de yapa, los ponemos en el Veraz. O su equivalente uranífero».

La insistencia en el cierro de la mina no sale de que Mendoza sea una provincia fundacionalmente ecologista, que lo es y de un modo absolutamente serio por su legislación constitucional sobre aguas desde 1916. Bueno, tras haberse manejado impecablemente desde entonces, ahora le cedió su manejo de aguas a Mekorot, una firma israelí. San Juan también. Sin comentarios.

Tampoco se trata de que la CNEA no esté remediando Sierra Pintada, porque lo hace con todo centavito que le sobra, y eso sale en los diarios locales. Las razones para no tener cerrada la mina son más banales, o más bananeras. Su explotación suponía trabajo estable, registrado y permanente mientras durara el uranio. Y como viene el partido, con sólo tres centrales nucleares, dos medianas y una chica, hay para rato.

Nada puede ofender más a los viñateros y grandes fincas frutícolas de San Rafael, acostumbrados inmemorialmente a tomar y despedir personal temporario según las vendimias y cosechas, y a negrearlo a rajatabla, que la presencia de un ente estatal que genera contratos permanentes, en blanco, y que los obliga a pagar más. Eso les hace hervir la sangre de ecologismo. Imaginate, te tomás un champú de San Rafael y esa noche no podés dormir por la luz azul de Cerenkov que despedís.

¿Por qué está cerrada Sierra Pintada? La explicación más lejana es el derrumbe de la URSS, pero la más cercana es la tacañería de gente de bien, tilingos finos pero algo acostumbrados al trabajo infantil.

El crimen es éste, y viene de largo. Lo de además haber cagado en plata a Kazajistán es pura imbecilidad añadida de este gobierno. Pero los libertarios no inventaron nada.

Son apenas la frutilla sobre una duradera torta de boñigas de cipayo.

Daniel E. Arias

Nucleoeléctrica negocia un crédito de US$ 210 millones para la extensión de vida de Atucha I

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El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), Alberto Lamagna, anunció que la empresa esta negociando con la Corporación Andina de Fomento (CAF) un desembolso por US$ 210 millones para el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I. Lamagna también se explayó sobre la posibilidad de formar una joint venture con la francesa Framatome para producir radioisótopos médicos, en una exposición realizada en la reunión anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN).

La empresa estatal operadora de las centrales nucleares comenzó en septiembre la parada prolongada de extensión de vida operativa de Atucha I. Este proyecto y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II demandarán una inversión global cercana a los US$ 700 millones.

El presidente de la compañía afirmó que estan en conversaciones con la CAF para obtener un financiamiento por US$ 210 millones para la extensión de Atucha I y que estos fondos probablemente estarán disponibles ya en 2025.

«Con el apoyo y el seguimiento técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica y de su director general Rafael Grossi iniciamos un posible financiamiento de la CAF», dijo Lamagna en el evento llevado a cabo en el Palacio Libertad (ex CCK).

También hay conversaciones con el banco BPI por un financiamiento por US$ 120 millones, aunque el presidente de NA-SA destacó que cuentan con los aportes del Tesoro nacional garantizados para este año y 2025. Por otro lado, la empresa lanzó en 2022 el fideicomiso NASA IV, con el que consiguió un fondeo total de US$ 180 millones.

El gobierno nacional liberó este mes una partida para gastos de capital para Nucleolectrica por 104.659 millones de pesos. Un segundo desembolso ocurriría en los primeros meses del próximo año.

Una jLamagna exponiendo en la reunión anual de la AATN.

Una joint-venture con la empresa francesa Framatome

Lamagna también se explayó sobre el acuerdo al que arrimaron con Framatome para avanzar en la producción de radioisótopos medicinales. Este acuerdo podría derivar en la conformación de una joint venture con la empresa francesa.

Nucleoeléctrica anunció ayer la firma con Framatome de un acuerdo para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad sobre la instalación de sistemas para la producción de radioisótopos de vida corta, como Lutecio-177, en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Framatome cuenta con esta tecnología y ya esta siendo utilizada en una central CANDU en Canadá.

Lamagna explicó que Nucleoectrica analiza proyectos de joint ventures con otras compañías de diversa índole. En ese sentido, explicó que el acuerdo con Framatome podría derivar «en una empresa spin off de NA-SA o formar (el proyecto) parte de NA-SA». «Hay una primavera nuclear en el mundo y hay posibilidades de hacer joint ventures con más compañías», concluyó.

Nicolás Deza

Fuerza Aérea: Un IA-63 Pampa III realizó un vuelo de prueba con un misil guiado argentino

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Gracias a una serie de imágenes capturadas por el fotógrafo Jorge Méndez, se pudo apreciar al IA-63 Pampa III B2 EX-03 del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina portando lo que sería una bomba guiada stand-off inerte de la serie Dardo.

Tal como se aprecia en las fotografías, el Pampa III del Centro de Ensayos en Vuelo operó esta semana desde la pista de Escuela de Aviación Militar junto al IA-58 Pucará A-568.

Vale recordar que ambas aeronaves forman parte del material de vuelo de la unidad que se aloja en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”.

En las imágenes no solo se aprecia claramente la bomba guiada stand-off Dardo, sino que también se observó a una bomba inerte de 250 kilogramos y un pod anaranjado que contiene cámaras para fotografía/video.

Por el momento no han trascendido mayores detalles del vuelo, y si el mismo corresponde a una nueva campaña de ensayos del proyecto para el desarrollo local de una bomba guiada stand-off.

El proyecto FAS-850 “Dardo” corresponde a una iniciativa a los fines de materializar una bomba guiada stand-off compatible con algunos de los sistemas de armas de la Fuerza Aérea Argentina.

A lo largo del proyecto se fueron concibiendo diversas variantes, las cuales incorporaron mejoras con el paso del tiempo, con el fin de perfeccionar sus capacidades en cuanto a alcance y precisión.

Comentario de AgendAR:

La debilidad del sistema Dardo es que hoy, a fuerza de décadas de demoras, ya se hizo viejo: la navegación por GPS es fácil de interferir o de «spoofear».

La Dardo hoy tiene un 2do sistema de back-up no interferible y barato, el viejo guiado inercial de los misiles de los ’70, llamado INS (Inertial Navigation System). Garantiza una precisión mínima de 200 o 300 metros. Si te «spoofean» el GPS y la bomba pierde su guiado satelital, el INS va a seguir dándole su ubicación y velocidad con una precisión que se va diluyendo en el tiempo. Pero si el «spoofing» enemigo no es perfecto y cada tanto el GPS intercala un dato fiable, la precisión no decae tan rápido.

Con la carga explosiva más bien chica (220 kg.) de una MK84 estadounidense o una Expal española, la Dardo con doble guiado (GPS + inercial) sólo tendría utilidad usada «en enjambre», para aumentar las chances de que al menos una haga impacto directo y las demás dañen los alrededores. Eso, en una guerra simétrica, en que el enemigo tiene contramedidas electrónicas.

Éstas son las armas antiaéreas más baratas, del mismo modo que las bombas de planeo son los más baratos de los misiles. Usadas masivamente por la aviación rusa desde 2023, muy desde retaguardia y contra blancos fijos, su relación costo/efectividad en Ucrania sigue siendo enorme.

Como arma antibuque o contra otros objetivos móviles la Dardo tampoco parece muy disuasiva. Lo sería si puede recibir actualizaciones en vuelo de la ubicación del blanco desde un dron radarizado sacrificable, cuyas instrucciones tengan mayor autoridad que el GPS y el sistema inercial.

Eso ya sería un triple sistema de navegación. Aumentaría el costo y complejidad de la bomba y el dron, si es detectable, volvería más predecible el ataque. Sin embargo, la haría peligrosa contra blancos móviles defendidos por contramedidas electrónicas, como barcos o columnas de tanques. Sería un desarrollo más largo y por ende, más caro. Podrían bajarse costos con una Dardo con triple sistema que haga de «yegua madrina» y dirija un enjambre de bombas de planeo similares por fuera y por carga explosiva, pero menos inteligentes y más baratas.

La Dardo es un arma «fire & forget», el avión que la suelta da la vuelta para escaparse. Quien conozca algo de la historia tecnológica argentina, sabe que esto es casi como retomar la bomba planeadora Tábano. Fue diseñada por el ingeniero polaco Ricardo Dyballa en los años ’50 y ’60. Era portada y dirigida por radio por los viejos bombarderos Lincoln, y con sus alas y su motor cohete de combustibles líquidos, daba un alcance en aquel entonces fenomenal, de unos 60 km.

Se la construyó y testeó largo y tendido. Pero se la fue dejando envejecer técnicamente sin hacerla entrar en producción y despliegue, y para sorpresa de nadie, la cúpula aeronáutica la cajoneó «por vieja».

La Dardo II, lamentablemente, va por ese mismo camino. Hace ya más de una década que la Fuerza Aérea Argentina muestra maquetas en las exposiciones de armas, y se les hace modificaciones teóricas al sistema de navegación o propulsión. Pero de ahí a testear una bomba real, y hacerla construir en serie hay una distancia que aquí es siempre insalvable.

Lo que no se puede discutir es la necesidad de que en cualquier versión, barata o cara o ambas, la Dardo se fabrique aquí, aunque nuestros proveedores habituales (la OTAN e Israel) tengan opciones más capaces.

Podemos repetir el deshonor y la estupidez menemistas de volver a aliarnos con la OTAN contra algún enemigo elegido por EEUU. Ese asunto lo pagamos con dos atentados en Baires y 107 muertos. Pero en guerras nuestras, nunca podremos pelear con armas de la OTAN y sus aliados íntimos. Y eso porque nuestros enemigos reales las conocen, saben explotar sus debilidades y neutralizarlas, y SON miembros de la OTAN.

Hoy esos proveedores han cerrado filas, como parte de la Segunda Guerra Fría. Si ésta se vuelve a calentar en el Atlántico Sur, y bien puede suceder, y si queremos defender nuestra neutralidad pero también nuestro territorio, será preferible tener piedras y palos. Pero propios.

Para el caso, los mosquetes y cañones de montaña que le construyó al Ejército de los Andes Fray Luis Beltrán, que no era ingeniero, metalurgista o armero, estaban lejos de los estándares de calidad europeos.

Pero terminaron para siempre con el Imperio Español en Sudamérica.

Daniel E. Arias

Se frenó el plan del desguace del INTA

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En la sede Central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desarrolló la reunión del Consejo Directivo para aprobar la “modernización” del organismo autárquico que planteó el gobierno de Javier Milei, que consistía en el despido de 227 personas y ventas de campos y edificios emblemáticos.

Pero tras más de 12 horas reunidos, se levantó la sesión y se suspendió. Finalmente, no hubo votación por falta de acuerdos entre las 10 integrantes de dicho consejo.

Según trascendió de la reunión, hubo acuerdos sobre la venta de tierras del organismo, pero cuando comenzaron a trabajar la baja del personal, hubo un quiebre entre los representantes.

“La Presidencia y la Vicepresidencia consultaron a la Secretaría de Agricultura y no les dieron margen. Voten y que salga como salga. No hubo votación, dejaron sin quórum la sesión, no se resolvió nada. No hay despidos, achique, no hay ventas, no hay nada y tampoco se aprobó el listado de retiros voluntarios”, dijo Mario Romero, secretario General de Apinta, el gremio que representa a los trabajadores, cerca de las 21 horas.

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, había ratificado este miércoles la posición de la entidad que habían comunicado días atrás. “Nos vamos a oponer si la posición del Gobierno es baja de contratos y venta de tierras. A lo que no nos oponemos es a revisar cosas que se deben revisar, pero debe ser estratégico”, había remarcado.

Cabe destacar que el Consejo Directivo está conformado por el Presidente y Vicepresidente del INTA y un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía, de las facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).

¿Vender todo para darle más recursos?

Desde el Gobierno dicen que la venta de las tierras donde se realiza investigación clave para la actividad agropecuaria es para “darle más recursos al organismo”. “Ojalá que los directivos del INTA opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando mencionó este miércoles del plan de modernización del INTA.

El plan de “modernización” del Gobierno implica la venta de edificios, tierras y el despido de 227 empleados. “El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior”, había apuntado el funcionario.

Afuera de la reunión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Apinta, se movilizaron para expresar su “repudio” contra el llamado plan de “modernización” del organismo que impulsa el gobierno nacional.

Hasta 65 profesionales que tienen a su cargo la dirección de las Estaciones Experimentales y los Institutos de Investigación de ese organismo criticaron los despidos de personal y el ajuste institucional. En una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional, reivindicaron en primer término la calidad de su trabajo profesional y el de sus dirigidos.

Aviones de hasta 19 plazas para conectar la extensa Argentina. Polémica en AgendAR

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Se pretende fomentar conexiones áéreas entre las distintas provincias argentinas mediante la simplificación de los procedimientos de autorización para aeronaves con capacidad de hasta 19 pasajeros. La medida desregulatoria, que busca diversificar el mercado aerocomercial y mejorar la conectividad, es celebrada en el sector, pero un exdirector de Aerolíneas Argentinas advirtió que se trata de “un invento”.

La nueva normativa permitirá a las empresas gestionar con mayor rapidez la autorización para operar vuelos no regulares, tanto nacionales como internacionales, destinados al transporte de pasajeros y carga. Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, la medida también apunta a fortalecer las economías regionales al ofrecer nuevas alternativas de conectividad aérea.

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En diálogo con Punto y aparte (90.7 Punto a Punto Radio), Jorge Molina, especialista en aeronáutica y exdirector de la compañía de bandera nacional, reconoció que desregular y agilizar trámites es un paso necesario para eliminar trabas burocráticas, pero advirtió que el mercado argentino carece actualmente de la infraestructura y demanda necesarias para sustentar vuelos con aeronaves pequeñas.

“En Argentina no existe todavía el mercado para este tipo de vuelos para abastecer rutas aéreas no frecuentes en el interior. Las empresas que existen hoy en Argentina son de taxis aéreos, de vuelos no regulares. Pasar a la regularidad de vuelos se dará con la eficiencia económica con la que cuenten las empresas al final del día”, explicó.

El experto indicó que la infraestructura aeroportuaria del país presenta limitaciones, con muchos aeropuertos que no operan las 24 horas ni cuentan con la tecnología necesaria para este tipo de operaciones.

La medida gubernamental llega en un contexto en el que el transporte aéreo en Argentina tiene alto potencial de expansión, estimado en un crecimiento de hasta tres veces el número actual de pasajeros, según Molina. No obstante, el experto advirtió: “Volar es caro y necesitamos de inversiones y, con cepo, ninguna empresa extranjera vendrá a invertir sin poder llevarse las ganancias”.

Aviones de pequeño porte

Molina indicó que las aeronaves de hasta 19 pasajeros “no hay muchas en el mundo” y, además, “son caras operativamente”. “En los países de la región no hay empresas aéreas con aviones de esta capacidad. Estamos tratando de inventar algo que no existe en esta parte del planeta”, sostuvo.

Y agregó: “En Alaska, por ejemplo, que es un lugar donde sí hay estos aviones, el gobierno de Estados Unidos apoya fuertemente con subsidios porque de lo contrario no llegaría ninguna aeronave a ese punto”.

Además, el asesor de empresas aéreas señaló que “la parte operativa, el mantenimiento, el personal, todo eso lo hace inoperativo a un avión de estas características” en los términos que pretende el gobierno nacional.

“Estas aeronaves tienen muy poca capacidad de carga. Por lo tanto, si alguien viniera de Villa Dolores a Córdoba, no podría volver con las compras, valijas, cajas o bolsas a su localidad”, finalizó.

Andy Ferreyra

Comentario de AgendAR:

La historia se puede contar al revés de cómo la narra Molina. Cuando EMBRAER era una firma insignificante de Sao Paulo, en 1965, diseñó un transporte biturbohélice de cabotaje liviano para 21 pasajeros, el EMB 110 Bandeirante. Era casi idéntico al Guaraní 2, de nuestra Fábrica Militar de Aviones.

Pero es difícil imaginar dos destinos tan diferentes para dos aeronaves tan parecidas. Citando del historiador Carlos Ay, de Gaceta Aeronáutica, «…los méritos del modelo incluyen haber sido el primer diseño sudamericano en cruzar en vuelo el Océano Atlántico rumbo a Europa (1965) y atravesar el Estrecho de Drake para sobrevolar la Antártida (1968), ser el único modelo nacional en realizar vuelos regulares de transporte aéreo comercial (1973-1994), haber prestado servicio en operaciones de transporte, aerofotografía y calibración de radioayudas para las fuerzas armadas argentinas (1966-2007) y atender necesidades de transporte aéreo en organismos públicos federales y provinciales (1971-1994)». Nada menos, pero nada más.

EMBRAER, en aquel momento propiedad de la Fuerza Aérea Brasileña, más que dedicar el Bandeirante como avión militar de enlace entre sus bases aéreas, o como patrullero, o a vegetar en el poco cabotaje civil que permitía el escaso desarrollo de los aeródromos municipales brasucas, apostó a fabricarlo en series grandes y salió a venderlo al mundo. Ojo, el Guaraní era algo mejor que el Bandeirante en asuntos como velocidad crucero, pero a fecha de 1990 EMBRAER había ubicado más de 500 en aeronáuticas militares europeas de todos los continentes, y fundamentalmente, los muchos operadores privados de corta distancia.

En 2020 todavía volaban 39 Bandeirantes en propiedad de 15 aerolíneas chicas. Y la que no era chica era EMBRAER. Hoy es la tercera constructora mundial de jets comerciales de alcance medio, y le saca mercado a Boeing en EEUU y a Airbus en Europa.

En contraste, la FMA (Fábrica Militar de Aviones) obedeció al mandato secreto que asumió la Fuerza Aérea Argentina desde 1956: fabricar artesanalmente y no competir afuera. Se fabricaron 35 sólo Guaraní 2.

En 1990 se repitió la misma «hazaña»: el CBA Vector, desarrollado en conjunto por FMA con EMBRAER, fue dado de baja por Carlos Menem y Fernando Collor de Melo, el Menem brasileño, con tres prototipos volando, y más de 200 memorandos de intención de compra. En aquel año, fue la máquina biturbohélice más avanzada y rápida del mundo para cabotaje liviano.

EMBRAER, sin embargo, no perdió los U$ 600 millones que había invertido en el proyecto. Aprovechó el fuselaje y la aviónica del CBA Vector para su primer jet de cabotaje, y apoyándose en ese peldaño, se volvió lo que es hoy. Pero antes de eso, y por agachadas y furcios parecidos, Collor fue expulsado de la presidencia de Brasil. Menem no, y tanto sobrevivió como presidente que tuvo tiempo de regalarle la FMA a Lockheed.

Con estos antecedentes aeronáuticos, es inevitable que un CEO como Molina crea que el biturbo de cabotaje argentino deba a) ser importado, b) esperar a que los aeródromos de pista de pasto o de tierra sean pavimentados y dotados de torre de control, radar y balizas electrónicas para operar con niebla, lluvia, de noche, o todo junto.

Obviamente, es el momento en que Molina cuela el mantra libertario de que esto sólo se hará con plata venida de afuera, que acudirá a la lid no bien se levante el cepo cambiario.

La mala memoria de Molina, quizás por exceso de juventud o de vejez, lo ignoro, le hacen olvidar que el día mismo que el presidente argentino Raúl Alfonsín retiró el cepo cambiario, la alegre muchachada de mesadineristas, cueveros y banqueros de la City porteña secó la plaza de dólares y desató la primera hiperinflación argentina del siglo XX. No llegaron dólares, más bien se fugaron a lo bestia, y más afuera que a los colchones.

Obviamente, esto se llevó puesto al gobierno de Alfonsín.

A veces el mundo funciona exactamente al revés de lo que opinan, al menos públicamente, los CEOs. Y si se trata de colgar mi mantra, ahí les va: la infraestructura aeronáutica de la Argentina la construyó el estado nacional, creador, propulsor y propietario también de sus dos líneas principales: Aerolíneas y LADE.

La última conectó siempre las ciudades patagónicas no sólo con la Capital, sino entre sí. En su apogeo, LADE llegó a operar hasta 30 destinos en Argentina, incluyendo las islas Malvinas entre 1972 y 1982.

Llegó a tener aviones intercontinentales (éste es un país grande) como el Boeing 707, pero su trabajo principal de aerolínea «de fomento» lo ejercía con una flota de jets pequeños, los Fokker 28, y biturbohélice Fokker 28. Pero para donde las pistas muy cortas o muy malas, (Río Senguer, Río Mayo, El Maitén, Río Turbio) LADE llegaba con sus Twin Otter, biturbos lentos pero excepcionalmente robustos, y si además las cargas eran pesadas, con Hércules, y cuando directamente no había pista alguna, LADE usó hidroaviones (en Malvinas, en 1971).

«Fomento» significa que el estado asume pérdida operativa para que las ciudades de zonas despobladas prosperen, y en el caso de los 750.000 km2 de provincias patagónicas, para no perderlas por despoblamiento. Si este trabajo no lo hace el estado nacional, no lo hace nadie. La iniciativa privada argentina siempre estuvo bastante privada de iniciativa.

LADE la cerró Menem, sorpresa. Reabrió en tiempos de NK y fue recuperándose y reequipándose lentamente de flota, y retomando destinos. Estaba por iniciar vuelos turísticos a la Antártida. Pero la hizo desaparecer Macri, sorpresa.

Que no me venga Molina a decir que el cabotaje no existe en esta parte del mundo. Justo en este país, además.

Daniel E. Arias

El Consejo Portuario advierte: «La propuesta de licitación de la hidrovía afectará al comercio exterior»

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El Consejo Portuario Argentino (CPA) advirtió que la licitación propuesta por al subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante para el mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad de la hidrovía implican un riesgo para el comercio exterior.

“El Consejo Portuario Argentino comparte con todos los sectores relacionados con el comercio, el trabajo y el transporte marítimo y fluvial el deseo de una pronta definición respecto del futuro del mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad del río Paraná y el río de La Plata y su salida al mar. Sin embargo, nos preocupa gravemente por su contenido la reciente resolución tomada por la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina mercante de la nación en ese sentido”, comunicó la entidad.

“Entendemos que los pliegos de licitación publicados contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones y, por lo tanto, para la economía de nuestro país. Además, se perjudicarán significativamente las posibilidades de las economías regionales y el desarrollo federal”, complementó.

En específico, los pliegos cuestionados por el Consejo por contener “evidentes ineficiencias” son la insistencia de mantener el Canal Emilio Mitre como ruta principal, tramo que “ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado”, remarcó el CPA.

A lo anterior se le sumaría la propuesta de profundizar y ampliar el Canal Punta Indio “con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena”, acotó la entidad.

En este sentido, las cerca de 1.500 naves al año que bajan por el río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía blanca y otras con rumbo al sur, se verán “obligadas a recorrer 150 kilómetros más que si lo hicieran por el Canal Magdalena”, subrayó el CPA.

“Además, la ruta por el Canal Punta Indio es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros”, añadió.

En este sentido, desde el Consejo se enfatizó que “la lista es más extensa y se mencionan aquí solo algunos aspectos. Sin embargo ya con éstos, queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá altas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador. Todo esto en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario. Tampoco se hace ninguna previsión respecto de las prospecciones hídricas crecientes y bajantes, seguramente influenciadas por el cambio climático que seguirá afectándonos”.

“La condición de servicio público queda poco asegurada, ya que no se definen claramente los accesos a mantener, ni las obligaciones de responder a necesidades públicas futuras. El esquema de gobernanza y control queda sujeto a la discrecionalidad del gobierno central no previendo ningún mecanismo institucional federal de control, ni siquiera la participación de las provincias en su incumbencia ambiental”, amplió.

El comunicado concluye lamentando la ocurrencia de los errores que la entidad identificó y esperando que los problemas sean revisados antes de establecer los compromisos contractuales “de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población”, según destacó la CPA.