La empresa de Elon Musk ya ejerce control territorial en EE.UU. ¿Qué pasaria en Argentina?

En su mensaje de presentación del cuestionado mega DNU el pasado miércoles 20, el presidente Javier Milei reconoció que la desregulación de la provisión de Internet se hace para favorecer el ingreso a ese mercado de empresas como Starlink, la que mencionó explícitamente.

El jefe de Estado, empero, no explicó qué recaudos se tomarán, para proteger la libertad de información y la soberanía del pueblo argentino ante las denuncias de funcionarios y ciudadanos norteamericanos por las limitaciones que estos principios sufren por efecto del control territorial que ejerce la empresa de comunicación digital por satélite.

Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso del miércoles 20.

Starlink es una empresa de provisión de servicios de Internet por los satélites de su matriz SpaceX, que ya colocó casi 4 mil naves en órbita terrestre baja (LEO, por su nombre en inglés) que dan acceso de alta velocidad a la red a más de un millón de clientes privados, institucionales y estatales en 70 países. En América Latina opera en Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México. En Argentina, en tanto, la empresa ya estaba habilitada desde 2021, pero todavía no tiene asignadas bandas de frecuencia ni ha completado la coordinación de su red trasmisora con la empresa estatal ARSAT que ofrece este mismo acceso.

A diferencia de un servicio de fibra óptica, Starlink alcanza velocidades de descarga entre 25 y 220 megabites por segundo (mbs), aunque puede superar los 100mbs, mientras que, según la propia empresa, la latencia varía entre 25 y 60mbs en tierra y más de 100mbs en ubicaciones remotas. En los países donde está presente el costo mensual del servicio Starlink Standard es de U$S90. A eso se suma una tarifa de 599 dólares por el equipamiento de antena y receptor.

SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, comenzó a lanzar satélites Starlink en 2019 y para mediados de la década de 2020 calcula tener en órbita cerca de 12.000 satélites. La empresa también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Recientemente su propietario, Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de Starlink 2.0 con satélites de 7,5 kg. Sin embargo, éstos requieren cohetes más grandes que los actuales y, por consiguiente, la adecuación de las plataformas de lanzamiento. Como parte de este vertiginoso desarrollo, a principios de la semana pasada la firma instaló su primera antena en Paraguay, en el Chaco Boreal. La conexión satelital permite a la compañía de Elon Musk ganar mercados en las áreas aisladas o menos urbanizadas. De ese modo adquiere una enorme ventaja sobre sus competidores y sobre los propios estados, que mayormente dependen de la conexión por fibra óptica.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne (California). Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. La compañía ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y ha llevado en la Dragon a dos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Sus logros tecnológicos son impresionantes.

El dueño de ambas firmas tecnológicas, Elon Reeve Musk (1971), conocido como Elon Musk, es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador y directivo de SpaceX; Tesla, Inc., The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI (aunque ya no tiene más participación en esta última), además de ser el director de tecnología de X Corp. Con un patrimonio neto estimado en junio de 2023 en unos 207 mil millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo.

Este empresario nació en Pretoria (Sudáfrica) de madre canadiense y padre sudafricano blanco. Estudió brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años para luego estudiar en la Universidad de Pennsilvania donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimbal. En 1999 la empresa fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares. Ese mismo año Musk creó el banco online X.com que se fusionó con Confinity en 2000 para formar PayPal. La empresa fue pronto comprada por eBay por 1.500 millones de dólares.

En 2002 Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, y en 2003 se unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc. (ahora Tesla Inc.) como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. Siguieron importantes fundaciones de empresas que constituyen hitos de su imperio tecnológico. En 2022, finalmente, compró por 44.000 millones de dólares la red social Twitter, la que rebautizó como X.

En el contexto de la política estadounidense Musk ha manifestado su apoyo a Barack Obama en 2008 y 2012, a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Sin embargo, en 2022 giró hacia el Partido Republicano, aunque sus posiciones ideológicas son contradictorias: está al mismo tiempo a favor de la renta básica universal, del derecho a la libre portación de armas, de la libertad de expresión y de un impuesto sobre las emisiones de carbono y se opone a las subvenciones gubernamentales.

Sus opiniones sobre las relaciones internacionales, incluidos los conflictos entre China y Taiwán y entre Rusia y Ucrania, han recibido reacciones encontradas. También apoyó el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 (declaradamente, para quedarse con el litio de ese país). Por el contrario, ha elogiado a China y mantiene una estrecha relación con el gobierno chino, lo que permite el acceso de Tesla al mercado de la potencia asiática.

A principios de abril de 2022, ante la destrucción de los servicios convencionales de Internet en Ucrania, SpaceX donó 3667 de un total de 5000 terminales Starlink que USAID proveyó a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Kiev debió haber costeado. Según Elon Musk, hasta el octubre siguiente su empresa había donado a Ucrania U$S80 millones y a fines de 2022 estimó que el costo de proveer acceso a Internet satelital a Ucrania alcanzaba los U$S20 millones mensuales.

Así, las terminales de satélite de SpaceX se hicieron cruciales para las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, durante el verano boreal de 2023, la contraofensiva ucraniana en la sureña provincia de Zaporiyia se frenó, cuando su vanguardia descubrió que, traspasada una cierta línea, la conexión a Internet dejaba de funcionar. Interpelado por los medios, Elon Musk eludió una respuesta directa, pero declaró que había rechazado una solicitud ucraniana para extender la conexión satelital hasta Sebastopol, porque no quería involucrar a SpaceX en la guerra. Algunas fuentes citaron en ese contexto sus buenas relaciones con Vladímir Putín.

En octubre de 2022 Musk propuso en Twitter que Ucrania cediera Crimea a Rusia de forma permanente y abandonara su intento de ingresar en la OTAN. Ese mismo mes el magnate sugirió que Taiwán se convirtiera en “una zona administrativa especial” de China con un “acuerdo más indulgente que Hong Kong”. Todavía tan recientemente como el 10 de noviembre de 2023 Musk criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, una semana después cambió su política en la plataforma X, declarando que serán suspendidos los usuarios que utilicen expresiones que, según él, impliquen el genocidio de los israelíes.

A lo largo de su carrera en EE.UU. Elon Musk se ha involucrado en interminables polémicas. Sus puntos de vista libertarios, conspirativistas, extremadamente individualistas, machistas, antiinmigrantes, negacionistas del cambio climático y del Covid19, entre otros muchos, provocan regularmente la reacción de los medios de comunicación masivos y de la opinión pública posmodernista.

Pero la influencia de Musk es más descarada y expansiva. Hay pocos precedentes de que un civil se convierta en árbitro de una guerra entre naciones de forma tan granular o del grado de dependencia que Estados Unidos tiene ahora de Musk en diversos campos, desde el futuro de la energía y el transporte hasta la exploración del espacio. SpaceX es actualmente el único medio por el que la NASA transporta tripulación desde suelo estadounidense al espacio, una situación que persistirá al menos un año más. El plan del gobierno para que la industria automovilística se oriente hacia los coches eléctricos requiere aumentar el acceso a estaciones de carga a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, pero esto depende de las acciones de otra empresa de Musk, Tesla.

El fabricante de automóviles ha sembrado gran parte del país con sus propias estaciones de carga, hasta el punto de que el gobierno de Biden relajó su impulso inicial de una norma de carga universal que no gustaba a Musk. Todavía, empero, sus estaciones pueden recibir miles de millones de dólares en subvenciones, siempre que Tesla las haga compatibles con el otro estándar de recarga.

En los últimos veinte años, en un contexto de desmoronamiento de las infraestructuras y pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos, Musk ha buscado oportunidades de negocio en áreas cruciales en las que el Estado ha retrocedido tras décadas de privatizaciones. El gobierno depende ahora de él, pero se esfuerza por reaccionar ante el gusto del empresario por tomar riesgos, su temeridad y su capricho. Funcionarios y ex funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que la influencia de Musk se había hecho ineludible en su trabajo y varios de ellos afirmaron que ahora lo tratan como una especie de funcionario no electo.

Si la primera potencia de Occidente reconoce los riesgos que trajo la creciente influencia del pulpo tecnológico de Elon Musk y el poder que le ha dado remplazar al Estado ausente en territorios y áreas de políticas públicas esenciales, pueden imaginarse los peligros que amenazan a nuestro país, con un Estado que en el último medio siglo fue varias veces atacado, se retiró de grandes áreas de nuestro territorio y descuidó funciones esenciales que hacen al mantenimiento de la soberanía y la libertad de los argentinos. No es para mencionar tan a la ligera a una empresa, como si fuera el sponsor oficial del gobierno.

Eduardo J. Vior analista internacional

La CGT convoca a un paro general con movilización para el 24 de enero

La CGT convocó a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei, que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud.

El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico, eso terminó de detonar todo”, lo calificó un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri.

La medida se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT y del que participaron las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre la protesta, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es en respuesta a un DNU ilegal. No hay necesidad ni urgencia de aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz del país. Atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, también contra el sistema solidario de salud”, argumentó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Y agregó: “Mientras que ayer nos estábamos movilizando apareció una ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Quieren hacer desaparecer la fórmula jubilatoria con una inflación creciente. Como eso, otras tantas cosas: las privatizaciones, no cuidar el patrimonio de los argentinos”. Pablo Moyano, otro de los jefes cegetistas, dijo que Milei “se caga en el Congreso” y prometió una marcha multitudinaria para el 24 de enero.

Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace unas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista, como es el caso del Sindicato del Neumático o una rama de la Unión Ferroviaria.

“Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Daer. La enumeración no fue casual: los gremios ya presentaron un amparo contra el DNU y avanzaron en gestiones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores para articular una oposición al libertario en el Congreso. El paro del 24 sería un día antes de cuando el oficialismo espera tratar en el Parlamento el mega proyecto de ley que envió ayer, con más de 1000 artículos a reformular.

“La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el 100 por 100 del ajuste”, dijo Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión oficial de frenar los proyectos de obra pública.

Es todo un récord el de la CGT, que le activaría un paro a Milei con menos de dos meses en el poder. El antecedente de una medida de rechazo en tan poco tiempo lo tenía Fernando de la Rúa, que sufrió la primera huelga a los 77 días de haber llegado a la Casa Rosada.

De la prudencia a la confrontación

En los días que les siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya dos semanas, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo Gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron los sindicatos.

Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encienda la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación haya devorado aún más los salarios, el ajuste ya haya dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcance para alimentos, pagar las tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron dramáticamente ayer, con el tono de las medidas que incluyó el Presidente en la ley ómnibus y la falta de un interlocutor con el Gobierno. Desconcierta a la CGT no tener abierto un canal de diálogo y negociación en el cual apostar.

La marcha de la CGT, el 27 de diciembre, en los tribunales
La marcha de la CGT, el 27 de diciembre, en los tribunalesRodrigo Abd – AP

Como parte del plan de lucha que activó hoy la CGT, se trazó la siguiente hoja de ruta: presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada, aunque rechazada; pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura sindical frente al DNU y la ley ómnibus; reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto; llamado a plenario de delegaciones Regionales de CGT para el 10 de enero; paro nacional a partir de las 12 hs del 24 de enero y movilización al Congreso Nacional, y facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación. En la CGT sospechan del acompañamiento que algunos legisladores peronistas le puedan dar al proyecto oficial. También temen un giro de los gobernadores, quienes, urgidos de fondos, podrían avalar la reversión del impuesto a las ganancias.

“El Presidente dice que lo acompaña el poder de los cielos. A nosotros nos asiste el poder de Jesucristo, de la justicia y de los trabajadores”, desafió Daer a Milei durante su discurso de cierre en el Confederal. Daer integró la comitiva sindical que ensayó sin éxito un acercamiento con el Gobierno a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hasta el momento, el único sindicalista de peso que mostró sintonía con los libertario fue el mercantil Armando Cavalieri, que manifestió su predisposición a adoptar para los empleados de comercio el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se lo dijo ayer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Casi con 90 años, Cavalieri fue menemista, duhaldista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora rompió el molde al acercarse a Milei. Así y todo, Cavalieri estuvo en la CGT y avaló el paro. Los sindicalistas suelen ser de lealtades frágiles.

Techint-Sacde presentaron la mejor oferta por el Gasoducto Norte

La reversión del Gasoducto del Norte, un licitación clave para garantizar el suministro de gas desde Vaca Muerta a siete provincias del NOA en el próximo invierno, tuvo un avance hoy luego de las dudas generadas por el cambio de gobierno nacional y el anuncio de paralización de toda la obra pública.

La empresa estatal Enarsa llevó a cabo hace instantes el acto de apertura de ofertas sobres N° 2 del renglón 2 de licitación pública GNPK N° 02/2023 “ingeniería de detalle, suministros y construcción (epc) del proyecto: Reversión del Gasoducto norte – obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

La UTE Techint-Sacde quedó cerca de la adjudicación, con una propuesta $59.500.622.938,88 más IVA y una nota de descuento equivalente al 4,11%, lo que se traduce en un monto total de $57.055.147.336,09 más IVA.

Mientras que su competidora BTU hizo una oferta más alta: $72.106.171.580,33 más IVA.

Los tramos de la obra

En octubre, se abrieron las ofertas por el renglón 1, que abarca la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, un loop (ampliación) de 62 kilómetros junto a la traza del Gasoducto Norte y la construcción de los 22 kilómetros finales del gasoducto Tío Pujio-La Carlota. La UTE Techint-Sacde también realizó la mejor oferta económica para esas obras, con una propuesta de $ 146.996.467.332 más IVA, respecto de la cual ofreció además un «descuento especial» de 3,80 %, de manera que la cifra final quedó en $ 141.410.601.573 más IVA. Mientras que la propuesta de BTU totalizó $ 183.334.454.848 más IVA. Enarsa rechazó la oferta y debe resolver si llama a una nueva licitación por ese tramo de la obra. El renglón 2, cuyas ofertas se conocieron hoy, comprende la obra desde el kilómetro 0 al 50. Resta avanzar con la apertura de ofertas por el renglón 3, desde el kilómetro 50 al 100 del gasoducto a construir entre Río Pujio y La Carlota, en la provincia de Córdoba. El presupuesto oficial de la obra es de US$ 710 millones, de los cuales US$ 540 millones serán financiados por un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y el resto con fondos de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, según había planificado el gobierno anterior.

Estratégica y urgente

La Reversión del Gasoducto Norte permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a hogares, industrias y centrales eléctricas del NOA y el desarrollo de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. El gobierno deberá avanzar a contrarreloj para evitar una crisis de suministro de gas en esa región el próximo invierno, cuando venza el contrato de importación con Bolivia.

El CONICET y el resto de la estructura cientifica, en coma inducido

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Al retirarse, Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+I, el principal  financiador de la ciencia local, dejó en sus arcas 5000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares. Pero las autoridades designadas y por designar para el nuevo organigrama que regirá al sistema científico solo repiten el mantra que se escucha del resto de los funcionarios: “No hay plata”. Con esa excusa no solo están incumpliendo con compromisos ínfimos que habían quedado del gobierno anterior. Con la advertencia «de palabra» (todavía no hay nada firmado ni publicado en el Boletín Oficial) de que deberán manejarse con el presupuesto de 2023, están poniendo al Conicet (y al resto del aparato estatal, incluyendo universidades) en riesgo de parálisis. Aunque la orden fue emitida antes de que cesara en sus funciones la gestión previa y su monto es despreciable en términos del presupuesto del Estado, y a pesar de gestiones realizadas ante las nuevas autoridades, los científicos galardonados por su tarea destacada no reciben respuesta. Pero si esto no tiene una justificación plausible, es peor lo que anticipa un documento no oficial que circuló ampliamente sobre una reunión de directores de Centros Científicos y Tecnológicos del Conicet con los vicepresidentes, Claudia Capurro y Alberto Baruj en la que se les habría informado que desde el 10 de diciembre el organismo está imposibilitado de realizar pagos, porque no hay nadie que tenga firma autorizada, y que deberán enfrentar el próximo año, para el que se calculan niveles de inflación del 300% o más, con el mismo presupuesto de 2023, por lo que deberán pagar “los gastos mínimos e indispensables” para que las instituciones sigan funcionando. Todo, de palabra.
Incluso sin aumento de salarios, ese presupuesto solo permitiría llegar hasta mediados de año. Como se mencionó, la parálisis en junio no solo valdrá para el Conicet, sino para el Estado en su conjunto, porque no hay forma de pagarle a todo el personal el sueldo de diciembre con el presupuesto actual, que es la suma de lo que se pagó en todo el año que concluye, incluyendo los primeros meses, cuando las remuneraciones eran mucho más bajas. Mientras Daniel Salamone sigue reuniéndose con diferentes áreas para conocer su funcionamiento, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a una subsecretaría (también sin responsable nombrado) dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino. El Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica dependerán en forma directa del titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse. Aunque ya están los resultados de los concursos para ingreso a carrera, el directorio del Conicet debería publicar el orden de mérito el 12 de enero, pero en principio se habría resulto hacerlo sin el otorgamiento de la beca hasta que no estén los fondos. La incorporación de los nuevos investigadores debería ser en abril. La misma conducta se seguiría con respecto a las promociones. Se comunicarían los resultados de las evaluaciones, pero no se podrían hacer efectivas hasta que no se disponga del presupuesto. Y lo mismo con los ingresos pendientes de 2022 y 2023: solo se irían dando las altas a medida que haya presupuesto. Aunque seguirían haciéndose los concursos para ingreso a la carrera del investigador y becas posdoctorales, no se comunicarían los resultados ni se haría efectiva su incorporación. Además, siempre según esta minuta de la reunión, se dieron de baja varios convenios y obras en curso del Programa Federal Equipar y Construir, se suspendió el teletrabajo y no se pagarán horas extras, ni se firmarán convenios. Queda frenada por el momento la conformación de nuevos centros científico-tecnológicos. Según este recuento, Salamone les habría comunicado que, como el país está en una crisis muy profunda, la institución “deberá ser parte de la solución y no del problema”. Entre las “soluciones” que habría sugerido figura que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga, y que se potencie la vinculación con privados y la cooperación internacional.

Detalle de la propuesta privatizacion de las industrias de defensa

Reproducimos esta nota del portal especializado Zona Militar:

El alcance del proyecto de Ley Ómnibus, presentado por Javier Milei, de incidencia en los distintos sectores de interés nacional, incluye a las empresas estatales o de participación accionaria mixta del Complejo Militar Industrial Argentino, habilitando al Estado Nacional a queden sujetas a procesos de privatización. Entre ellas se detalla en uno de los anexos que integra el cuerpo del proyecto de Ley a la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin” S.A. (FAdeA), Fabricaciones Militares S.E., Talleres Navales Dársena norte S.A.C.I. y N (TANDANOR), Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA).

Esta situación fue analizada desde Zona Militar, en virtud que en el DNU 70/2023 se derogaron las Leyes Nº 15349/46, referente a normas del régimen de sociedades mixtas, y la 13.653 sobre el Régimen Legal de Funcionamiento de Empresas del Estado, con incidencia directa en la Política de Defensa de la República Argentina y su Instrumento Militar.

Se abre así un nuevo capítulo para las empresas estatales ligadas al sector Defensa, enfrentándose a una realidad compleja, atravesada por una profunda crisis económica y financiera, con resultados en términos de rendimiento objetables desde el punto de vista económico. Cabe destacar que no todas presentan un balance similar, siendo la situación puntual de cada una de ellas diferente.

Línea de remotorización Pampa II-40. Foto: Carlos Borda Bettolli

Si bien se trata de empresas con una trascendencia histórica fundamental para la industria argentina, su impacto en la mejora de las capacidades militares de la argentina en los últimos años se ha visto limitado por la falta del impulso presupuestario necesario, que muchas veces contrasta con la probada capacidad de su personal, alterando el resultado final en términos de costo-beneficio.

Oficializaron el nombramiento de Daniel Felipe Salamone al frente del CONICET

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En línea con las designaciones que se suceden ya a tres semanas de iniciado el gobierno de Javier Milei, se oficializó al médico veterinario Daniel Felipe Salamone en el cargo de presidente del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Su nombre se había rumoreado luego de las PASO, en medio de la polémica por las declaraciones del Presidente, quien en ese momento como candidato planteó que había que cerrar el organismo.

A través del decreto 102/2023 DECTO-2023-102-APN-PTE publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo designó a Salamone por un período de ley con la intención de llevar a cabo su plan de reformas que se centra en la inversión de capitales privados en el Conicet, con el objetivo de aumentar la producción y los beneficios de las investigaciones, para la sociedad.

El decreto sobre Salamone
El decreto sobre Salamone
 

Daniel Salamone nació en 1960 y tiene 63 años. Es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la misma materia en países como Japón y Canadá. Además, es doctor en biotecnología y biomedicina por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Por otro lado, se especializó en reproducción asistida y clonación de animales domésticos y salvajes.

Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía
Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía

Entre sus antecedentes laborales se destacan sus trabajos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y como profesor de fisiología animal en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal del Departamento de Zootecnia. El experimentado científico es investigador principal del Conicet y miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

En una entrevista que Salomone dio en noviembre, opinó que hubo un desfinanciamiento en la ciencia como consecuencia de la aguda crisis económica perpetuada a través de los años que inclinó la balanza en contra de la ciencia argentina en relación con la de países vecinos, que a pesar de ello, no poseen una organización gubernamental del calibre del Conicet.

Entre sus planteos, dijo que tenía intención de integrar el sistema científico con el sector privado y traducir el trabajo del laboratorio a resultados concretos, incorporar el financiamiento de fondos de inversión, empresas y universidades y promover la creación de start ups. Además, contó en aquella oportunidad que busca fomentar la integración de equipos internacionales y proporcionar soluciones a las necesidades de la población “en un país que, en este momento, es pobre”.

El trabajo de Salamone al frente del Conicet en primera instancia radicará en reanudar el funcionamiento y adquirir financiamiento, mientras despeja dudas respecto a rumores de despidos que circularon por los pasillos del organismo tras las críticas de Milei, a la par de lidiar con la resistencia política enraizada en los últimos años.

 

En la Universidad de Córdoba diseñaron un generador eléctrico portátil

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La principal inspiración para Alexis Tapia llegó de la mano de un problema. Todos los veranos, por el aumento del consumo de energía eléctrica, los cortes de luz son comunes en Río Segundo, su ciudad natal. Más de una vez se quedó sin servicio, y sin ventilador. Pero este estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC) de 35 años reconoce que la idea también se gestó andando. Amante del trekking, Alexis se encontró más de una vez en parajes recónditos en medio de la montaña, sin batería para recargar su linterna frontal. Para coronar su gesta, en pandemia, ideó junto a un compañero un generador portátil para abastecer de energía a una carpa sanitaria. “La idea era tener un espacio en el que el servicio no se cortara. Uno podría pensar que los generadores y los paneles ya están inventados. Pero lo nuevo de nuestro invento fue poderlos trasladar. Aprovechar, por ejemplo, el viaje en ambulancia para recargar el generador y enchufarlo en una carpa o en un respirador”, cuenta Alexis. Los tres eventos (cortes de luz, caminatas por las sierras y pandemia) le valieron de inspiración para el proyecto que presentó en la edición 2023 de “UNC Innova”, una exposición organizada por la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cómo funciona

Este generador eléctrico móvil acumula energía y se abastece a través de distintos tipos de almacenamiento. Puede conectarse a un automóvil y utilizar la energía cinética del movimiento del vehículo para generar electricidad. También puede abastecerse del sistema energético de una vivienda, tenga o no energía fotovoltaica. “Si en una casa hay paneles solares que producen energía renovable, el aparato que inventé se conecta a la red de electricidad de esa vivienda y se retroalimenta. Cuando se desenchufa y se lleva, por ejemplo, a una casa de campo, se conecta a esa red y le da la energía que almacenó. Es como si se le sacara sangre a una persona para darle a otra”, ejemplifica. Al ser bidireccional, se puede alimentar de un sistema de energía eléctrica convencional, no renovable. El generador fue creado con un dispositivo que se adapta a cada tablero. También previene desperfectos de aparatos eléctricos por baja de tensión. En el caso de un auto, se conecta a la toma a 12 voltios. Alexis señala que un viaje de una hora (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Impacto en la huella de carbono

Inspirado en la bioarquitectura y en los principios de la sustentabilidad, Alexis construye su casa en Pilar –una localidad contigua a Río Segundo- mediante el sistema steel frame. En su propio hogar pone en práctica sus estudios para crear una refrigeración y calefacción pasiva, sin utilizar tanto el aire acondicionado o un calefactor. Con la misma idea se propuso reducir la huella de carbono, a través de su nuevo invento. Por un lado, reduce el consumo de energía convencional no renovable. Por otro, permite obtener un rédito de la contaminación que genera un vehículo. “Un auto que funciona a combustible genera emisiones y despide dióxido de carbono. Mediante la utilización de este aparato, se puede obtener la energía que almacenó el generador. No evita la contaminación, pero queda una ganancia”, sostiene el estudiante.

Posibles usos

Si bien la idea original fue llevar energía a lugares remotos, con el tiempo Alexis se dio cuenta de que la mayor necesidad estaba en las grandes ciudades. La pandemia demostró que un corte de luz podía afectar el funcionamiento de un respirador, y conoció la realidad de gente electrodependiente, que depende de un artefacto eléctrico para sobrevivir o mantener calidad de vida. “Si quisiéramos llevar energía a un campo, podríamos tranquilamente conectar el generador a un tractor, almacenar y darle luz a un sitio que no cuenta con el servicio”, agrega. Esta propuesta puede ser utilizada en cualquier lugar donde se utilicen vehículos y exista la necesidad de disminuir la contaminación ambiental. También en lugares donde la red eléctrica es inestable o inaccesible, permitiendo el acceso a la energía mediante una fuente renovable y sostenible. En la actualidad, Alexis usa su generador para llevar energía a obras en construcción, en sitios que aún no cuentan con el servicio. Y también lo prueba en su propia casa, en proceso de edificación. En la feria de la UNC obtuvo excelentes comentarios. El proyecto espera financiamiento para ser probado y lanzado al mercado.
El proyecto
Nombre: Generador eléctrico solar para automóviles con almacenamiento de energía y conexión domiciliaria. Autor: Alexis Tapia, estudiante de cuarto año de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. El ahorro en números: un viaje de una hora aproximada (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Por Natalia Lazzarini (UNCiencia)

También los ambientalistas cuestionan medidas del DNU de Milei

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Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. Compartimos a la sociedad un primer análisis de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: * Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. * Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto. * Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. * Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. * Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría

El proyecto de «Ley Omnibus» aspira a dar vuelta a la Argentina como un guante.

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El Gobierno nacional envió ayer al Congreso de la Nación la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario. El texto de la «ley ómnibus» contiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso. Prevé la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo aprivatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos. «Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.En esa línea, continuó: «Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos». En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales». El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

Este es el proyecto completo de Reforma del Estado

Marcha de la CGT: «No se confunda señor presidente»

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La CGT se movilizó para escenificar su presentación en la Justicia para tratar de invalidar el decreto de necesidad y urgencia que impulsó Javier Milei para desregular la economía y reformar la legislación laboral. La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.

El magistrado rechazó hoy conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

En paralelo al formalismo judicial, la CGT hizo público un duro documento contra el Gobierno que se titula “Somos los trabajadores, no la casta” y que cuestiona, por ejemplo, que no se permita el debate de los cambios en el Congreso. “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó la central obrera peronista.

Y agregó: “Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. No se confunda señor presidente, somos trabajadores, no la casta”

El documento completo

El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.

Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales

El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.

No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.

Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.

El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.

Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.

Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.

No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.

Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.

Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.

NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE. NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES

Ciudad de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL