Los infartos son la principal causa de muerte en la Argentina, con 100.000 casos por año, y también son la principal causa de pérdida de años de vida productivos o de buena salud debido a la discapacidad que generan las enfermedades cardiovasculares.
En el mundo, los infartos representan el 31% de las muertes, aunque año a año baja la incidencia relacionada al envejecimiento de la población y por la mejora en los tratamientos.
Al igual que en otras áreas de la salud, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial encuentra aplicaciones en diversos campos, en este caso como asistencia a quienes deben realizar diagnósticos. El proyecto “Inteligencia artificial para prevenir enfermedades cardiovasculares”, una iniciativa conjunta entre la empresa Eira Healthcare e investigadores del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud (INICSA) de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, está desarrollando un técnica de inteligencia artificial para detectar riesgo cardiovascular en diagnóstico por imágenes.
A partir del trabajo en conjunto se desarrolló un software que asiste a los médicos en la detección de arterioesclerosis cardiovascular en el análisis de las ecografías de carótida y cruzando información con otras variables de la consulta.
“Se le están haciendo estudios a pacientes que tienen determinadas características de historia clínica y el médico le va marcando cosas al sistema para que el algoritmo pueda reconocer esas imágenes”, dice Romero.
La artereoescleroris es una afección en la que una placa formada por grasa, colesterol y calcio, entre otras sustancias, se acumula en las paredes de las arterias y con el tiempo se endurece, con lo que reduce el flujo de sangre por los vasos pudiendo generar infartos. Por eos, determiar el área total que ocupa la placa es vital para prevenir posibles problemas de salud. El software busca evitar uno de los limitantes más importantes de la técnica de diagnóstico, que es la variabilidad de los resultados obtenidos a partir de las imágenes, que dependen del técnico operador del ecógrafo, y así ayudar en la detección temprana y en el monitoreo de factores de riesgo.
El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la gestión de la Fundación Sadosky, institución pública privada que favorece la articulación entre el sistema científico-tecnológico. La iniciativa es una de las 16 propuestas seleccionadas en la edición 2022 de la convocatoria Soluciones Innovadoras para Desafíos de Software, en la que se busca generar un nexo entre investigadores y empresas para desarrollar productos tecnológicos.
El software busca evitar uno de los limitantes más importantes de la técnica de diagnóstico, que es la variabilidad de los resultados obtenidos a partir de las imágenes, que dependen del técnico operador del ecógrafo, y así ayudar en la detección temprana y en el monitoreo de factores de riesgo.
El desarrollo ya está en su etapa final de entrenamiento del algoritmo y pronto presentará resultados preliminares. Gilda Romero es la responsable del proyecto por parte de la Fundación Sadosky y dijo: “Se le están haciendo estudios a pacientes que tienen determinadas características de historia clínica y el médico le va marcando cosas al sistema para que el algoritmo pueda reconocer esas imágenes. Esto permitirá tener una identificación más certera del riesgo que dependa menos de la experiencia de quien maneja el ecógrafo”.
El proyecto tuvo una primera etapa en la que se desarrolló el software, una segunda etapa en la que se cargaron imágenes para entrenar al modelo en las diversas formas en que se toman imágenes por parte de diferentes operadores de ecógrafo, y una tercera en la que se cargan en forma masiva las imágenes para que la inteligencia artificial pueda determinar el riesgo cardiovascular. Se trata de una técnica novedosa y se espera que facilite el diagnóstico de estas afecciones.
“En la convocatoria 2022 se presentaron muchos proyectos vinculados a la salud, lo cual es muy interesante porque la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva en el área y permite hacer más eficiente todo el proceso y ser más certeros en el diagnóstico y predecir enfermedades”, explicó Romero. La Fundación Sadosky ya lanzó una nueva edición de la convocatoria Soluciones Innovadoras para Desafíos de Software 2023, que entre sus particularidades están el énfasis puesto en la distribución federal y también en que se genera una gran cantidad de trabajo remoto en la mayoría de los proyectos. Los proyectos se pueden ver en solucionesinnovadoras.fundacionsadosky.org.ar/proyectos-seleccionados-en-2023/
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus se reunió con su par de Brasil, Luciana Santos, para firmar convenios de cooperación para el desarrollo de un reactor nuclear de investigación en Brasil con tecnología argentina y fortalecer el desarrollo regional de la biotecnología en la producción de alimentos.
En el marco de su visita oficial a la Argentina, Santos fue acompañada por Filmus en una agenda marcada por las firmas de convenios en materia nuclear entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de Brasil; y en materia de Investigación y Desarrollo, entre la cartera científica argentina, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) de Brasil.
Santos indicó que «Argentina es reconocida internacionalmente en el desarrollo de proyectos de producción de radioisótopos y queremos contar con esa experiencia en la construcción de nuestro Reactor Multipropósito Brasilero». «Me da mucha alegría que estemos transformando en acciones concretas estos proyectos iniciados este año», expresó y mencionó algunas áreas prioritarias definidas dentro de la cooperación bilateral como la nuclear, en el caso del RA-10 y RMB, y la espacial, con el satélite SABIA-Mar.
Por su parte, Filmus celebró la integración con Brasil, y mencionó las áreas prioritarias donde trabajan los dos países, que en algunos casos fueron interrumpidos en el gobierno anterior, «en el área satelital se ha recuperado el proyecto colaborativo SABIA-Mar, y también, el proyecto Llama».
El ministro además mencionó, en el marco de la cooperación, al Centro Latinoamericano de Biotecnología (Cabbio); y la reciente noticia de que Argentina y Brasil fueron seleccionados por la Organización Panamericana de Salud (OPS) para realizar vacunas de ARN mensajero. «A futuro queremos iniciar un satélite meteorológico latinoamericano junto con Brasil y acompañamiento de más países de la región», destacó.
En tabto, la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, expresó: «Con Brasil nos une desde hace mucho tiempo la autoridad la ABACC, la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de materiales nucleares. Esa Asociación, Brasil, Argentina y la OIEA tienen un acuerdo cuatripartito por el cual se hacen los controles mutuos de salvaguardias. Con ese control mutuo ambos países muestran su compromiso con los usos pacíficos de la energía nuclear y sus aplicaciones».
En ese sentido, Serquis señaló que ambos países «han desarrollado mucha tecnología en el ámbito nuclear de manera bastante complementaria. Tenemos un acuerdo entre los dos países desde hace años en el cual establecimos como proyectos similares el RA-10, el reactor multipropósito nuestro, y el RMB por parte de Brasil, en el cual se había acordado la cooperación en materia en estos reactores de investigación».
En medio de la polémica por la suba del gasto durante la campaña electoral, el Gobierno puede mostrar como un logro haber reducido en un 17,5% los subsidios a la energía en lo que va de 2023.
Esto obedeció, según un informe elaborado por Economía & Energía, a “la disminución de los precios internacionales, la mejora hídrica, el proceso de segmentación tarifaria y, en menor medida, la ampliación de la capacidad de evacuación de gas natural desde la Cuenca Neuquina”.
No obstante, las transferencias orientadas al sector siguen teniendo un impacto significativo en las arcas nacionales. De hecho, expresan una leve suba en comparación con los fondos erogados durante los primeros nueve meses de 2021.
En términos monetarios, el reporte indicó que entre enero y septiembre de este año los subsidios llegaron a 8.282 millones de dólares; o sea, US$ 1.759 millones menos que los US$ 10.041 millones desembolsados en los primeros nueve meses de 2022, pero US$ 155 millones más que los US$ 8.127 millones verificados en el mismo lapso de 2021.
El recorte con respecto a la temporada pasada tuvo como epicentro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En ese sentido, el trabajo resaltó que “la reducción del costo monómico de generación y el aumento del precio abonado por la demanda (precio estacional), permitieron una baja de los subsidios desde los US$ 65 por megawatt/hora (Mwh) en los primeros ocho meses de 2022 a US$ 47 por Mwh en idéntico período del presente año”.
En concreto, los fondos volcados a Cammesa disminuyeron desde los US$ 6.909 millones acumulados entre enero de septiembre de 2022 hasta los US$ 4.668 millones en el mismo lapso de 2023.
Los subsidios destinados a la estatal Enarsa, en cambio, se incrementaron en la comparación interanual. Esto sucedió, de acuerdo con Economía & Energía, “a pesar de la contracción que experimentaron los precios internacionales”.
Recorte y segmentación
Los subsidios a la energía se convirtieron en una mención recurrente dentro de los discursos políticos de los máximos aspirantes a ocupar la Presidencia de la Nación. En la recta final de su campaña, el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, con el que se prevé alcanzar el equilibrio fiscal a partir de una mayor recaudación y de una fuerte reducción de los subsidios al segmento.
Atada a los compromisos sellados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la propuesta de Massa para el año que viene apunta a destinar un 7,1% del gasto público al abastecimiento de energía, la inversión y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros.
La idea es que un 62,63% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por los usuarios en el marco de la segmentación tarifaria. Vale aclarar que para 2023 estaba previsto que el gasto estatal oscilara en torno a un 9,8% del presupuesto y que los usuarios cubrieran un 49% del total.
Similar sería la evolución de la política de subsidios en el caso del gas natural. Entre otras medidas, en dicho ámbito se procurará incentivar las inversiones en exploración y explotación de nuevos yacimientos, además de ampliar la cantidad de usuarios beneficiados por el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).
Planes opositores
La política tarifaria que plantean los principales asesores energéticos de Patricia Bullrich se basa en la implementación de aumentos “reales, mensuales y poco graduales”, respetando la segmentación por nivel de ingresos y la aplicación de una tarifa social federal.
En materia gasífera, específicamente, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) anticipó que respetará los compromisos firmados bajo el Plan Gas.Ar, aunque promoviendo una paulatina liberación a partir de 2028, con tendencia al precio export parity, y sin descartar una eventual renegociación contractual con las distribuidoras. Con respecto a los combustibles, la intención de Bullrich sería acoplar sin demasiado gradualismo su valor local al del mercado regional e internacional.
Más extrema aún es la visión de Javier Milei, quien impulsa una fuerte reducción de los subsidios energéticos en todos los estratos sociales, proyectando un abrupto aumento de las tarifas. Según el candidato de La Libertad Avanza (LLA), su gobierno sólo subsidiaría de manera directa a los usuarios más vulnerables, estipulando un límite de consumo.
El ganador de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también expresó que cumplirá con los acuerdos del Plan Gas.Ar. No obstante, proyectó el restablecimiento del mercado a término, además de impulsar una migración de los contratos con Cammesa y Enarsa hacia los consumidores del gas.
Finalmente, Milei adelantó que de resultar electo abolirá los derechos de exportación y los aranceles de importación para el petróleo y los combustibles. Así, las naftas y el gasoil en el mercado interno igualarían bruscamente la cotización export parity.
La empresa automotriz Stellantis y Argentina Litio y Energía S.A. (ALE), una subsidiaria de Argentina Lithium & Energy Corp., anunciaron una inversión de 90 millones de dólares de Stellantis para avanzar en los cuatro proyectos de exploración de la empresa en Argentina. De esta manera Stellantis adquiere una participación del 19,9% en ALE.
El acuerdo de siete años prevé que la entrega de producción comience en el año 2028.
«Esta adquisición representa un paso importante para Stellantis en nuestra estrategia de movilidad sostenible y de la importancia de América del Sur en el plan global de la compañía. El litio es un componente esencial en la fabricación de baterías, y asegurar un suministro estable y sostenible es fundamental para nuestro éxito en esta área a nivel global», afirmó Antonio Filosa, Presidente de Stellantis América del Sur.
«Estamos encantados de tener a Stellantis como socio en el futuro desarrollo de nuestros proyectos de litio en Argentina», dijo el presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium & Energy Corp., Nikolaos Cacos. “Juntos compartimos la visión de construir una operación minera de litio que brinde a las comunidades y provincias involucradas un futuro prometedor. Esperamos una relación sólida y exitosa con Stellantis y estamos comprometidos a ofrecer un producto de litio sostenible que contribuya a la electrificación de la movilidad y la protección de nuestra atmósfera”.
Como parte del plan estratégico Dare Forward 2030, Stellantis anunció planes para alcanzar un mix de 100% de ventas de BEV (vehículos 100% eléctricos) en Europa y un mix de 50% de ventas de BEV y camiones ligeros en los Estados Unidos para el año 2030. Para lograr estos objetivos de ventas, la Compañía está asegurando aproximadamente 400 GWh de capacidad de baterías, incluido el respaldo de seis plantas de fabricación de baterías en América del Norte y Europa.
Las autoridades del Ejército Argentino y de la Municipalidad de Tolhuin concretaron esta semana la firma del acuerdo para la cesión de terrenos donde comenzará a instalarse la Guarnición Militar Conjunta Tierra del Fuego. Se trata de una unidad militar que se trasladará a la ciudad con el objetivo de reforzar presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia del sur del país.
El documento aprueba la entrega de un predio de 3.211 metros cuadrados, además de la cabecera del Lago Fagnano, ubicado en la isla Grande, localizada en el extremo austral del continente. Allí se completará la construcción de las instalaciones que permitirá alojar un primer contingente de soldados, el cual materializará el despliegue paulatino y permanente de personal del Ejército en dicha localidad.
Según detallaron, el control de dicho establecimiento y el accionar del personal en la zona estará a cargo del “Escalón Adelantado Río Grande”, la agrupación compuesta por un grupo de oficiales y suboficiales que se desplegó en la comuna fueguina a principios de este año con el objetivo de dar los primeros pasos para concretar la nueva unidad militar. A fines de enero desembarcó en el puerto de Ushuaia la totalidad del material y vehículos para la dotación del mismo.
La firma del acuerdo entre las autoridades del Ejército Argentino y la Municipalidad de Tolhuin
El espacio donde se llevarán a cabo las obras para la guarnición militar conjunta Tierra del Fuego fue elegido luego de que una comisión -integrada por el director general de Ingenieros e Infraestructura del Ejército, el jefe del Escalón Adelantado Río Grande, oficiales ingenieros militares, arquitectos y suboficiales- realizará trabajos topográficos en el lugar.
Al respecto de la instalación de la nueva unidad militar, las autoridades remarcaron que es “de vital importancia por su ubicación geográfica particular”. En este sentido, explicaron que la misma permitirá incrementar la presencia de las fuerzas armadas en esta región del país, además de capacitar y preparar a sus integrantes para cumplir con las diferentes tareas que la Defensa Nacional les imponga en el sur de Argentina.
Asimismo, detallaron que la zona también podrá utilizarse como base tanto para las prácticas previas a las campañas antárticas -dado que se requiere una instrucción en movilidad, supervivencia y actividades técnicas en climas extremadamente fríos- como para el empleo del material específico a utilizar en la Antártida durante el desarrollo de las campañas invernales y estivales. “Además, resulta apto para el adiestramiento de los buzos del Ejército y de las otras fuerzas armadas, al facilitar la adquisición de conocimientos, y el empleo del material y adaptación del personal a las operaciones en aguas gélidas”, señalaron.
La firma del acuerdo se realizó con la presencia del intendente local, Daniel Harrington; el Jefe de la Delegación del Estado Mayor General del Ejército “Ushuaia”, coronel César Hernán Maiztegui Marcó; el Jefe del Escalón Adelantado Río Grande, coronel Víctor Hugo Olivarez e integrantes de la Prefectura Naval Argentina.
La iniciativa surgió a raíz de una resolución del Ministerio de Defensa publicada en el año 2022 lanzada con el objetivo de “fortalecer progresivamente el adiestramiento de su personal en esa zona geográfica”.
El proyecto consta de dos etapas. En la primera de ellas, ya concretada, se realizó la delimitación y demarcación del predio donde se construirán las futuras instalaciones. También se facilitó el arribo del contingente que luego desarrolló la nivelación, las redes de servicios y los alambrados perimetrales.
La segunda etapa, que comenzará en las próximas semanas, el Ejército tiene previsto iniciar las obras en el predio, consolidar la presencia de comando y logística del Ejército en Río Grande (puerta de ingreso aeronaval a la isla), y fortalecer progresivamente el adiestramiento en la zona de fuerzas desplazadas por cortos períodos de tiempo. Además, habían anunciado que en el mediano plazo se prevé construir pistas de instrucción, polígonos y demás medios de apoyo.
El 6 de octubre la Central Hidroeléctrica Guillermo Céspedes, ubicada en cercanías Pomona, sobre el Canal Matriz Sur del Sistema de Riego Valle Medio, celebro su sexagésimo aniversario.
Actualmente, el Departamento Provincial de Aguas cuenta con cinco centrales hidroeléctricas distribuidas en la provincia, que en su totalidad generan 120 GWh año (Energía Media Anual).
La central fue construida por la empresa estatal nacional Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE) y nombrada en honor al ingeniero Guillermo Céspedes, figura destacada en el desarrollo de sistemas de riego en nuestro país.
En 1991, con la disolución de Agua y Energía Eléctrica (AEyE), la propiedad de la central fue transferida a la Provincia, que comenzó a operarla a través de la sociedad del estado Energía Río Negro (ERSE) y posteriormente Edersa (Empresa de Energía de Río Negro S.A).
Finalmente, en 2004, la responsabilidad de la central fue asumida por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), junto con las centrales hidroeléctricas Julián Romero, Cipolletti y Roca. En 2005, el DPA otorgó la concesión de operación y mantenimiento a Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE).
Céspedes opera con dos máquinas hidráulicas que generan electricidad aprovechando la energía del flujo de agua del canal de riego. El sistema está diseñado para garantizar que la operación de las máquinas no interfiera con el riego.
Con una potencia eléctrica instalada de 5.52 MW y una generación anual de alrededor de 30 GWh, un equivalente aproximado al consumo de 21000 hogares, la central inyecta la energía producida en el Sistema Argentino de Interconexión a través del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés), Lina Khan, presentó su muy anticipado y audaz caso en contra de Amazon. Esta acción apunta a que el gobierno de Biden está decidido a restaurar un enfoque que había ido en declive desde el gobierno de Carter en la legislación aplicable a la competencia. Sin duda, es una decisión que provocará nuevas críticas sobre sus supuestas exageraciones. Pero lo cierto es que Amazon es precisamente el tipo de empresa que el Congreso tenía en mente cuando promulgó las numerosas leyes antimonopolio de Estados Unidos.
Eso sí, el Congreso de 1890, que aprobó la primera de esas leyes, nunca se habría imaginado el mundo en que vivimos hoy.
En ese entonces, los llamados “barones ladrones” se apropiaron de la economía y la política, pero también debían superar las restricciones de imperios basados en bienes físicos. No podían construir líneas de ferrocarril o erigir una planta acerera sin antes sortear obstáculos de logística y capital, un proceso que requería mucho tiempo.
En cambio, los barones tecnológicos de la actualidad, de plataformas enormes como Amazon, Google y Meta, pueden implementar tácticas contrarias a la competencia, engañosas e injustas con la agilidad y velocidad de un sistema digital. Como en cualquier truco de dónde está la bolita, la mano rápida engaña al ojo.
En este sentido, Amazon es el superdepredador de nuestra era de plataformas. Con subsidios otorgados en un principio a los usuarios finales y condiciones favorables ofrecidas más adelante a sus clientes comerciales, Amazon aprovechó su flexibilidad digital para atrapar a ambos tipos de clientes y extraer cada vez más del valor que creaban. Este programa de redistribución de los usuarios de las plataformas a los accionistas continuó hasta que Amazon se convirtió en un lugar vestigial, un coloso minorista prácticamente sin trabas de la competencia y la regulación, donde los precios se elevan y la calidad baja y una mezcla indiferenciada de productos de marcas poco conocidas se envuelven con reseñas falsas.
Es difícil recordar que el supuesto objetivo original de internet era conectar a los productores con los compradores, a los artistas con las audiencias y a los miembros de distintas comunidades entre sí sin permiso o control de terceros. En sus primeros años, Amazon era bueno con sus usuarios. Vendía productos a precios asequibles y sus envíos eran rápidos y confiables. Verificaba con diligencia la autenticidad de las reseñas incluidas en su sitio y operaba una “búsqueda honesta” cuyas páginas de resultados contenían las mejores coincidencias para cada búsqueda.
Después, Amazon comenzó su estrategia de captura a diestra y siniestra. A través de Prime, les vendió a los clientes un año de envíos pagados por anticipado. Con sus negocios de publicidad digital, alentó a los clientes a adquirir suscripciones, construyó una base cautiva de lectores e implementó tecnología y textos extensos de leyes de derechos de autor desconocidas para impedir que ofrecieran los libros a otras plataformas. Abrió los envíos Prime a una tarifa baja para sus proveedores, con lo que liberó a las empresas de la compleja logística de surtido de pedidos.
Entre tanto, sus enormes subsidios, posibles gracias al interés de sus inversionistas en respaldar un monopolio incipiente, les dificultaban cada vez más a los sitios minoristas rivales ganar tracción, pues las arcas de Amazon parecían no tener fondo, así que podía vender bienes por debajo de su costo y acabar con cualquier empresa nueva que osaba competir con ella. Esto creó otra forma de monopolio para Amazon: se hizo cada vez más difícil no comprarle.
Mientras más atrapados estábamos, menos necesitaba ofrecernos Amazon. Las búsquedas honestas y accesibles para los clientes se fueron degradando porque la empresa empezó a permitirles a las minoristas pagar para aparecer más arriba en las listas: para 2021, los anuncios generaron 31.000 millones de dólares en ventas. Los vendedores se hicieron más dependientes de Amazon para exhibir y entregar sus bienes, así que la empresa se vio en total libertad para sacarles dinero también a ellos con una tarifa tras otra y se ha informado de que incluso hizo copias de los productos más vendidos.
El ejército de trabajadores de Amazon también sufre: es normal que ocurran mutilaciones en el trabajo y las enfermerías de las instalaciones envían de regreso a situaciones peligrosas a trabajadores con lesiones graves. Los empleados de sus almacenes orinan en botellas para poder cumplir las exigencias imposibles de rapidez en el surtido de pedidos; sus conductores se ven obligados a defecar en bolsas. Amazon fue pionera del “megaciclo”, un turno nocturno obligatorio de 10 horas y media en sus almacenes, así como un nuevo tipo de semiempresario independiente que obtiene en préstamo pequeñas fortunas y contrata a legiones de conductores enfundados en uniformes de Amazon, pero se ve forzado a pagar la factura de todas esas camionetas de entregas y además corre el riesgo de que su contrato se dé por terminado en cualquier momento.
En un discurso de respaldo a su trascendental proyecto de ley antimonopolio de 1890, el senador John Sherman dijo: “Si no toleramos a un rey en el poder político, no deberíamos tolerar que nadie reine sobre la producción, transportación y venta de productos básicos para la vida. Si no estamos dispuestos a rendirnos ante un emperador, no deberíamos rendirnos ante un autócrata del comercio”.
Esta desconfianza del poder corporativo murió en la era de Ronald Reagan, cuando los reguladores adoptaron una nueva postura basada en la idea de que los monopolios demuestran eficiencia, por lo que deben promoverse, y el “bienestar del consumidor” expresado en precios bajos es el bien absoluto de la legislación antimonopolio. Sin duda, Amazon es el rey de nuestro tiempo. Nuestras leyes antimonopolio se diseñaron específicamente para protegernos de este poder corporativo abrumador; tanto de su acumulación como de su abuso.
Esto es algo que Khan, la presidenta de la FTC, comprende mejor que casi cualquier otra persona: en sus épocas de estudiante de derecho, publicó el artículo “La paradoja antimonopolio de Amazon” en la revista The Yale Law Journal en 2017. Ese artículo lanzó su carrera como teórica antimonopolio, que culminó con su designación para dirigir la comisión de comercio apenas cuatro años más tarde. Resulta irónico que debido al profundo conocimiento de Khan sobre Amazon y sus críticas del pasado a la empresa, esta haya buscado recusarla de investigaciones antimonopolio.
Khan ha tenido en la mira a algunas de las mayores empresas tecnológicas que el mundo ha visto en la historia. Algunas veces, ha perdido la batalla. La FTC no logró impedir que Microsoft adquiriera Activision Blizzard ni que Meta adquiriera Within. Así que los detractores de Khan intentan mancillarla con acusaciones de prácticas poco ortodoxas y falta de sinceridad. Pero Khan está dedicada a la honorable y necesaria tarea de restaurar el programa de cumplimiento de la ley del gobierno federal. Busca revitalizar el uso de los poderes imperecederos —y por mucho tiempo inactivos— que ostenta.
El mejor momento para combatir a este poder fue durante el cuarto de siglo pasado, cuando el fundador de Amazon, Jeff Bezos, invirtió el capital de sus accionistas en campañas depredadoras de precios, aparentemente en flagrante violación de la Ley Robinson-Patman de 1936, y en una serie de adquisiciones anticompetitivas que sin duda contravinieron la Ley Antimonopolio Clayton de 1914.
El segundo mejor momento para combatir a este poder es ahora. Khan, a quien se han unido más de una decena de estados para enfrentar a Amazon, se ha planteado una tarea monumental, urgente y necesaria. Está luchando para ganar; pero si pierde de nuevo, no será una señal de derrota.
El edificio calcificado de precedentes promonopolio comprados a un alto precio es fuerte, pero parece quebradizo. Con nuestro apoyo, Khan, junto con sus colegas de la comisión y Jonathan Kanter, su homólogo en la división antimonopolio del Departamento de Justicia, seguirán martillando este viejo caparazón amarillento hasta que se desmorone.
La gran mayoría de los chinos en Argentina proviene del condado de Fuqing, parte de la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian; desde su llegada se convirtieron en supermercadistas, pero hoy el fenómeno se está revirtiendo y cada vez hay menos autoservicios chinos. Ahora hay una nueva corriente migratoria mas joven y con formacion universitaria.
El aluvión comenzó a mediados de los 2000. Si los primeros inmigrantes de China continental habían llegado al país a cuentagotas durante los 80, para comienzos del nuevo milenio ya podía hablarse de una comunidad pujante. En la ciudad de Buenos Aires abrieron supermercado tras supermercado, rubro que no tardaron en saturar (llegó a haber un autoservicio chino cada dos o tres cuadras).
Y fue entonces, a mediados del 2010, que la comunidad china comenzó a esparcirse por el resto del territorio nacional. Tal fue el impacto de este flujo migratorio y sus respectivos comercios que algunos gobiernos municipales optaron por poner límites. La Plata, por ejemplo, prohibió la instalación de un supermercado chino a menos de 600 metros del otro.
Un primer dato llamó la atención cuando el fenómeno comenzó a ser estudiado: por lo menos el 80 por ciento de los chinos instalados en el país provenía de la misma provincia, Fujian, ubicada al sudeste de China, frente a la isla de Taiwán. Un segundo dato también despuntó: pese a que los chinos emigraron a ciudades de todo el mundo en las últimas décadas, creando cientos de China Towns alrededor del globo, solo en la Argentina abrieron supermercados a mansalva.
El pequeño río frente a los edificios de tierra de Fujian (también conocidos como Hakka tulou).Shutterstock
De Fujian a la Argentina, ¿por qué?
“Dentro de lo que es China, Fujian es una provincia históricamente pobre o relegada del centro. Eso explica la competencia cultural de quienes llegaban a la Argentina -afirma Miguel Calvete, presidente de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina-. Acá muchos vinieron ‘de prestado’ y a veces sin secundario completo. Vino una clase media o media baja, te diría. Y a partir de eso, crecieron. Muchos de los inmigrantes de Fujian se convirtieron en millonarios, otros no. Hay 180.000 chinos hoy en la Argentina”. Según desliza una investigación sobre organizaciones de inmigrantes chinos en el país (2014), los pocos inmigrantes chinos provenientes de otras regiones descalifican a los supermercadistas fujianeses por ser “brutos” y por no saber hacer otra cosa que trabajar.
La inmigración china suele darse en todo el mundo a través del boca en boca y es por eso, según Calvete, que es común que en un país en particular se instalen chinos de una misma ciudad o provincia. En este contexto, la llegada de los fujianeses a la Argentina tiene que ver con una cuestión primordialmente económica. “No fueron a Europa o Estados Unidos porque allá necesitaban más dinero para asentarse. Ni hablar de Sidney, que es para la clase alta directamente. Ni hablar de Londres”, suma Carlos Lin, comunicador y referente de la comunidad china en la Argentina.
La mayoría de los fujianeses que llegaron a la Argentina lo hicieron sin saber exactamente dónde quedaba el país, sin siquiera conocer por encima sus costumbres ni su idioma. Llegaron confiando en la recomendación de un amigo o familiar. Así lo afirma la doctora en antropología social Luciana Denardi. “Llegaron guiados por el rumor de que Argentina era un país tranquilo, que había oportunidades para trabajar. Muchos incluso mencionan: ‘Bueno, acá hay buena educación. Es un lugar tranquilo para vivir con los hijos’. Ellos siempre dicen que Argentina es un país supergeneroso”, asegura la académica de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín e Investigadora Asistente de Conicet.
La próxima pregunta que surge, en este contexto, es por qué en este país abrieron supermercado tras supermercado y no lo hicieron en el resto del mundo. Calvete destaca que los chinos son, por excelencia, comerciantes, y que se sintieron cómodos en el rubro del autoservicio, sistema que empezó a implantarse en el país entre los ‘70 y los ‘80, porque este no requería gran interacción con los clientes, por lo cual ellos no necesitaban un buen manejo del español. Pero fueron más que nada las facilidades que ofrecía el gobierno argentino para poner este tipo de negocios lo que permitió que solamente en este país los inmigrantes chinos se volvieran sinónimo de supermercadistas.
“Lo que ellos me dijeron es que en la época en que empezaron a venir era muy fácil instalar un supermercado en términos de los trámites necesarios para hacerlo. Por lo general, los familiares que habían llegado antes los esperaban con el supermercado listo para que ellos lleguen y empiecen a trabajar”, explica Denardi.
Según especialistas, gran parte de quienes hoy tienen supermercados chinos en Argentina no se dedicaban al rubro del comercio de los alimentos en su país natal.Shutterstock
-Existe esta idea muy difundida de que hay una especie de mafia china con la que ellos se endeudan para poder venir y poner el supermercado. ¿Eso es verdad?
Denardi: No. Sí se endeudan para viajar, eso sí, pero le piden dinero prestado a sus familiares, a sus amigos, y después lo van devolviendo. Sí hubo situaciones en las que aparecieron estos personajes, pero la Embajada China colaboró mucho con la policía argentina para ocuparse de esta cuestión. Es un tema del que a ellos no les gusta mucho hablar.
En pocos años, los chinos instalados en la argentina se posicionaron como la quinta corriente migratoria con mayor presencia en el país, solo superada por inmigrantes de origen latinoamericano. Hoy hay 10.788 supermercados chinos en la Argentina. Algunos de sus propietarios ya no trabajan en el local sino que emplean a inmigrantes de otros países, como bolivianos, peruanos y paraguayos. A lo largo de las décadas, la mayoría de los fujianeses pudo desarrollarse económicamente en el país. Muchos tuvieron hijos acá. Hoy, los mayores de esa generación ya terminaron el secundario. Pero actualmente, destacan los especialistas, el flujo de fujianeses parece estar retrocediendo. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que las razones de base por las que decidieron dejar China para “hacerse la América” en la Argentina ya han cambiado.
¿El fin de los supermercados chinos?
Si en un principio las corrientes migratorias chinas (de los 80 en adelante) surgieron de la necesidad imperiosa de vivir mejor, ahora es posible afirmar que la situación del país del que huyeron ha cambiado rotundamente. “China viene de un período muy difícil, de mucha pobreza. Pero a fines de los 70, principios de los 80, se da la reforma y la apertura de China hacia el mundo. Se empiezan a generar los cambios necesarios para que China sea lo que es hoy. En las ciudades más importantes las condiciones mejoraron rápido, pero en otros lugares, como Fujian, todo se dio un poco más tarde, así que muchos se fueron a buscar oportunidades a otros países”, cuenta Denardi.
Dentro del cúmulo Chuxi Tulou, temprano en la mañana. Tulou es la vivienda rural tradicional única de Hakka, Fujian.Shutterstock
La llegada de muchos de los primeros fujianeses a la Argentina coincidió con el uno a uno, lo cual alentó la inmigración. Pero fue especialmente después de que el país comenzara a recuperarse de la crisis del 2001 cuando, según los especialistas, empezaron a llegar la mayor parte de los chinos que hoy residen en el país.
“Llegaron para progresar en la Argentina. Progresar no significa que los hijos sigan en el supermercado, sino que los hijos se hagan profesionales”, explica el periodista y antropólogo de ascendencia china Gustavo Ng. El mismo destaca que muchos hijos de chinos nacidos en la Argentina hoy estudian en la universidad o ya están ejerciendo diferentes profesiones, lejos de las góndolas familiares en las que se criaron. Y es por eso, por la falta de un recambio generacional en el local, que algunos supermercados chinos han comenzado a cerrar.
Hay otro factor que fogonea el cierre de estos autoservicios: al jubilarse “los chinos tienden a volver a China”, explica Denardi. “Siempre quieren volver a cuidar a sus mayores, a sus padres. Es parte de su cultura, es un mandato muy fuerte, se sienten en la obligación de volver”, asegura. En los últimos años la tendencia se vio, además, intensificada por la pandemia y por la crisis económica argentina. El comienzo de la primera cuarentena por coronavirus coincidió con el Año Nuevo chino, fiesta para la cual muchos fujianeses radicados en la Argentina habían viajado de visita en sus pueblos y ciudades de origen. Algunos de ellos no pudieron volver durante meses, por lo que un porcentaje de ellos decidió volver a armar sus vidas allí. A esto se sumó el contexto inflacionario argentino y, a su vez, la mejora económica que vivió Fujian en las últimas décadas. Según datos de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina, el 10 por ciento de la comunidad ha regresado a su país de origen en los últimos años. Para el antropólogo Alejandro Grimson este porcentaje es bajo si se lo compara con el de otros flujos migratorios que llegaron al país a lo largo de la historia. “De la migración clásica, la europea transatlántica de 1880 a 1930, se volvió más o menos un 60 por ciento. Vino más del doble de gente que la que se quedó”, afirma el doctor en Antropología e investigador independiente del Conicet.
Vista aérea de la Universidad de Xiamen; Fujian se ha desarrollado económicamente en los últimos años, dejando de ser la provincia históricamente pobre que fue hasta hace pocas décadas.Shutterstock
Los datos actuales permiten concluir que, al menos por ahora, gran parte de la comunidad china instalada en la Argentina elige quedarse. Según Denardi, esto se debe a que “el inmigrante de Fujian tiene más posibilidad de crecer acá, en la Argentina, que en China, por más crisis que tengamos”. “En China la competencia es tan severa que solo los muy preparados, los muy formados, son los que terminan teniendo éxito. No alcanza solamente con la fuerza de trabajo y el sacrificio de trabajar de lunes a lunes. Entonces, en la Argentina, a pesar de todo, terminan ganando más. Están descontentos con el dólar, con la inseguridad, con mil cosas, pero siguen estando acá”, dice.
Ng no duda en afirmar que la cantidad de supermercados chinos está decayendo en todo el país. “No hay datos oficiales de esto, pero la tendencia es completamente firme. Creo que para muchos porteños es evidente la cantidad de supermercados chinos que ya han cerrado”, dice.
A su vez, en los últimos años, ha llegado una nueva inmigración china a la argentina. No es tan masiva como la del 2000 y tampoco proviene únicamente de Fujian. Se trata de una corriente de personas jóvenes, en muchos casos con formación universitaria y proveninetes de grandes ciudades, que una vez instalados en el territorio argentino intentan marcar una distancia cultural respecto de los supermercadistas fujianeses, a quienes critican, por ejemplo, por “solo saber trabajar”.
En todos los casos, y siempre que sea factible, se deberá promover la participación de empresas consideradas MiPyMEs, según lo dispuesto.
Además, cuando las entidades alcanzadas por el régimen de Compre Argentino procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior a 240.000 módulos, deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al 20% del valor total de la oferta, puntualizó el decreto.
Y añadió que para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de valor agregado.
También, el Gobierno dispuso que los ACP deberán prever la adquisición, producción o contratación de bienes producidos en la Argentina “en los términos de la presente reglamentación o la provisión o contratación de servicios locales, en ambos casos directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación”.
Mediante la Ley N° 27.437, se estableció el Régimen de Compre Argentino y un programa de Desarrollo de Proveedores con el objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional.
Ahora, la Casa Rosada consideró necesario realizar diversas modificaciones en relación con los ACP, “con el fin de potenciar el espíritu del texto de la Ley”, ya que esa norma “no contempló al momento de su sanción la posibilidad de que la contratación local exigida por la obligación del ACP pudiera ser provista por el propio oferente en su calidad de empresa productora de bienes y/o empresa proveedora de servicios locales”.
Esa carencia “perjudica al potencial oferente local en su carácter de productor de bienes o proveedor de servicios locales propios frente a los potenciales oferentes que podrían contratar bienes o servicios locales a un tercero”, aclaró el texto oficial.
Para el Poder Ejecutivo, los cambios “garantizan una mayor concurrencia de potenciales oferentes en los procesos de contrataciones del Estado y la igualdad de condiciones entre los mismos”.
Uno por uno, los cambios
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores por el siguiente: “ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de adquirir, contratar, producir o proveer bienes y/o servicios locales. En todos los casos deberán encontrarse vinculados al objeto del proceso de selección. La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los fines del presente artículo. En todos los casos, y siempre que sea factible, se deberá promover la participación de empresas consideradas MiPyMEs según la Ley N° 27.264 y sus modificatorias”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores por el siguiente: “ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior a DOSCIENTOS CUARENTA MIL MÓDULOS (M 240.000) deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de valor agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido mediante la contratación, producción o provisión mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho monto pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica a efectuarse dentro del mismo sector productivo del objeto de la contratación y/o su cadena de valor, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un mínimo de VEINTE POR CIENTO (20 %), en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. El excedente no podrá computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley”.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 25 del Anexo al Decreto N° 800/18 por el siguiente: “ARTÍCULO 25.- En las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, los Acuerdos de Cooperación Productiva (en adelante ACP) deberán prever la adquisición, producción o contratación de bienes producidos en la REPÚBLICA ARGENTINA en los términos de la presente reglamentación o la provisión o contratación de servicios locales, en ambos casos directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación. En los casos en que no resulte factible alcanzar el monto establecido en el artículo 10 de la Ley N° 27.437 conforme lo expresado en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar que dicho monto se complete mediante las siguientes categorías, a efectuarse dentro del mismo sector productivo del bien objeto de la contratación y/o su cadena de valor:
*Inversiones: adquisiciones de bienes de capital e instalaciones productivas y/o inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) realizadas por el adjudicatario en territorio nacional.
*Transferencia tecnológica: adquisiciones de derechos locales de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños y modelos industriales, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización.
*Investigación y capacitación técnica: actividades de investigación y capacitación relacionadas con la producción o el mantenimiento de los bienes adquiridos, su sector productivo y/o su cadena de valor. Este rubro no podrá superar un VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto del ACP“.
Preguntas y Respuestas
1- ¿Qué establece la Ley de Compre Argentino?
La Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.
2- ¿Cómo favorece a la industria nacional?
La ley otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.
3- ¿Quiénes son los sujetos alcanzados de la ley?
Los organismos de la Administración Pública Nacional.
Las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos y fondos fiduciarios.
Licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado Nacional para la realización de obras y servicios públicos del Estado Nacional y sus contratistas directos.
El Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación.
CAMMESA (para contrataciones realizadas en representación del Estado Nacional).
4- ¿Qué instrumentos utiliza la ley para promover la participación de la industria nacional en las compras públicas?
Revisión de proyectos de pliego: intervención antes de la publicación del pliego para garantizar la igualdad de acceso a los proveedores nacionales, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $640 millones. La Autoridad de Aplicación puede exigir modificaciones del proyecto de pliego cuando existan restricciones de participación de la producción nacional o condiciones desiguales de competencia.
Márgenes de preferencia para bienes de origen nacional: en todas las contrataciones superiores a $4 millones (15% para MIPyMES y 8% para el resto)
Márgenes de preferencia para bienes no nacionales pero con algún grado de integración local: siempre y cuando no participen ofertas de bienes nacionales en todas las contrataciones superiores a $4 millones (1% hasta un máximo de 8% por cada 5 p.p. de integración local).
Posibilidad de mejorar la oferta para MIPyMES: para oferentes de bienes de origen nacional en compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $80 millones, siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.
Reservas de mercado para MIPyMES: en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $4 millones (bienes) y $400 millones (obra en vivienda y edificios públicos).
Exigencia de Certificado de Verificación para Bienes de Origen No Nacional (CDV): con el objetivo de verificar del valor de los bienes no nacionales.
Acuerdos de Cooperación Productiva: exigencia a los proveedores de bienes no producidos en nuestro país de suscribir un compromiso de subcontratación de bienes y servicios locales y en caso que no sea posible, transferir tecnología a proveedores locales, radicar inversiones o realizar investigación y desarrollo, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $1920 millones.
Posibilidad de modificar condiciones en contrataciones de bienes de alto contenido científico-tecnológico, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $640 millones.
5- ¿Quiénes son los beneficiarios de la ley?
Cualquier proveedor nacional que participe en procedimientos de selección mediante licitación o concurso público, o contrataciones privadas de los sujetos alcanzados por la ley.
6- ¿Cómo se define un bien de origen nacional?
Para ser de origen nacional, el bien debe cumplir dos condiciones:
i) Ser producidos en Argentina, es decir, ser resultado de un proceso productivo realizado en el territorio nacional.
ii) Su contenido importado (conjuntos, subconjuntos, partes, piezas y materias primas) no debe superar el 40% del precio final del bien. En el caso de los conjuntos y subconjuntos que conforman el bien final, su valor será considerado como contenido importado si no cumplen individualmente con la misma condición de origen nacional exigida para los bienes finales.
7- ¿Cómo se define una obra de origen nacional?
Cuando al menos el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la Ley 18.875.
8- ¿Cómo se certifica que el bien es de origen nacional?
A fin de comprobar el origen nacional de los bienes, de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los pliegos de bases y condiciones particulares o documentación equivalente deben incluir el Formulario de Declaración Jurada de contenido nacional aprobado por la Autoridad de Aplicación.
El Gobierno nacional avanza las gestiones para la llegada del tren hasta Vaca Muerta, lo que permitirá conectar el corazón productivo energético de Argentina con uno de los principales puertos del país, en Bahía Blanca. Las obras involucrarán financiamiento por casi u$s 1200 millones que se negocia con China, pero también hay interés del sector privado.
Sucede que la ampliación de la estructura ferroviaria permitirá bajar los costos para la llegada de insumos, y aumentar la capacidad de transporte en hasta 6 veces. “Para que Vaca Muerta tenga las enormes proyecciones de producción que tiene actualmente, hay que dotarla de recursos, y para eso el tren se tiene que sumar al desarrollo productivo de la zona”, aseguró Silvestre Fontana, jefe de gabinete, gestión e infraestructura de ADIF, que es la agencia encargada de la infraestructura ferroviaria del Ministerio de Transporte.
La infraestructura para llegar con el Tren Norpatagónico consistirá en dos etapas. Por un lado, se busca “poner a punto” la renovación de vías de la traza existente entre Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, hasta la estación Contraalmirante Cordero, en General Roca, Río Negro, de una extensión de 755 kilómetros.
Por el otro, construirán una nueva traza, de 77 kilómetros, que irá desde Contraalmirante Cordero hasta Añelo, Neuquén, la ciudad cabecera de Vaca Muerta. Entre ambas obras, el Ministerio de Transporte negocia un monto de u$s 1200 millones en financiamiento. “Poner a punto la infraestructura cuesta u$s 1000 millones, que se negocian con China. Es necesario renovar todas las vías existentes para transportar las cantidades que pensamos que se van a necesitar”, explicó Fontana.
Por otra parte, el miembro de ADIF reveló que hay sectores empresarios interesados en invertir en el nuevo tramo del tren, que costará u$s 180 millones. “Las petroleras de la zona está muy interesadas por invertir, por la mejora que esto traerá en su competitividad”, agregó Fontana.
En la actualidad, el tramo que llega hasta Vaca Muerta es el “prioritario” para el Gobierno. Son 83 kilómetros de una vía nueva. Actualmente, las obras que se llevan a cabo son la ejecución de lo que se conoce como “playón ferroviario”, con una inversión del Estado de u$s 9 millones. Desde Transporte prevén que el nuevo tramo del tren podría estar listo para llegar a Añelo en 2025.
El tren permitiría allanar el camino para que Vaca Muerta llegue al millón de barriles de petróleo por día. Para ello, más allá de las fracturas, la producción o el empleo, se debe multiplicar el transporte de insumos. Por eso estiman que el tren tiene que quintuplicar su frecuencia, y dejar de pasar solo 1 vez por día, como ocurre en la actualidad.
Desde el gobierno nacional se afirma que el ferrocarril es el único modo que puede ofrecer la escala y los costos que viabilicen los proyectos regionales como competitivos. La demanda total de insumos proyectados en 2018 era de 1,58 millones de toneladas, mientras que para el 2030 se espera que ascienda a 4,15 millones. Incluye productos e insumos como el metanol, arena, tubos, cemento y otros materiales.
El mayor salto de la demanda se dará en la arena, insumo clave para el desarrollo de la técnica del fracking. Mientras que en el 2018 se estimaba que Vaca Muerta requería 985.000 toneladas de arena, para el 2030 se espera una demanda de transporte ferroviario por 2,73 millones.
