Preocupados por lo que trascendía internacionalmente acerca de la devaluación de los presupuestos del CONICET y las universidades nacionales, tres laureados por la Academia Sueca se comunicaron con el biólogo molecular argentino Alberto Kornblihtt para interiorizarse sobre la situación.
La noticia sobre una carta en defensa de la ciencia argentina dirigida a las autoridades nacionales y firmada por 68 ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas dio la vuelta al mundo. Pero hasta ahora no había trascendido cómo fue que se gestó esa iniciativa que puso en perspectiva, como nunca antes, los aportes del sistema científico local a escala global. Testigo privilegiado de las gestiones para que este apoyo sin precedentes fuera una realidad, el destacado biólogo molecular argentino Alberto Kornblihtt brindó detalles del detrás de escena.
“Fue una propuesta directa de tres ganadores del Premio Nobel, que me escribieron 20 días atrás para que los ayudara porque le querían mandar una carta al presidente, a los legisladores y a la prensa, preocupados por lo que estaba pasando. Les dije que sí y les envié una reseña que incluía logros de la ciencia argentina que había recopilado la periodista científica Nora Bär”, explicó Kornblihtt, quien reconoció que se sorprendió con el análisis profundo que contiene el texto final.
Según contó el profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e Investigador Superior contratado del CONICET, el primero en contactarlo fue Andrew Fire, ganador del Nobel de Medicina en 2006 por haber sido uno de los descubridores de los ARN reguladores, y a quien no conocía personalmente. Luego se comunicaron Robert Horvitz, que descubrió a través del gusano Caenorhabditis elegans el mecanismo de la muerte celular programada o apoptosis; y Richard Roberts, uno de los codescubridores del “splicing” o mecanismo de maduración del ARN.
Consultado acerca de las posibles razones detrás de ese apoyo tan contundente a la ciencia argentina, Kornblihtt reflexionó: “Creo que no somos conscientes de la importancia de nuestra ciencia y tecnología en el contexto mundial. Hay algo que viene de la escuela de Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, entre otros, y que tiene que ver con que en la Argentina siempre luchamos por hacer una ciencia que fuera original y no la cola de león de los proyectos del hemisferio norte. Siempre hemos querido ser líderes de nuestros propios temas de investigación. Eso es algo que reconocen estos científicos laureados”.
Luego de mencionar muchos de los logros generados desde este lado del planeta y que redundaron, por ejemplo, en beneficios clínicos para los pacientes de todo el mundo; o la larga tradición en astronomía, paleontología, arqueología y estudios ambientales y sociales que ostenta la Argentina, la carta insta, entre otras cosas, a dejar sin efecto las restricciones impuestas a los presupuestos del sector científico y tecnológico. “Congelar los programas de investigación y disminuir el número de estudiantes de doctorado y de investigadores jóvenes provocará la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, y que requeriría muchísimos más para ser reconstruido”, advierte el texto.
“A mí lo que más me importa es la repercusión que pueda tener en senadores y diputados, que son los que finalmente pueden poner un freno institucional al desguace del sistema de ciencia y técnica”, enfatizó Kornblihtt. Y si bien reconoció que no sabe qué impacto real puede tener la carta en las políticas futuras relacionadas con el sector, el científico piensa que sí sirvió para renovar las esperanzas entre sus colegas.
“Creo que es un aliciente para los jóvenes investigadores e investigadoras, que ven peligrar su futuro porque se redujeron las becas, porque hay incertidumbre sobre la confirmación de la entrada a la carrera del investigador y porque las promociones no salen. En ese contexto muchos están pensando en irse, lo cual es un drama para la Argentina”, deslizó.
Hasta el cierre de esta nota no trascendió cómo repercutió el tema entre los legisladores, pero quién sí habló esta mañana fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa diaria aseguró: “El gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET”. Y tras asegurar que la gestión apuesta a la ciencia y la tecnología, añadió que “sin dudar de la honestidad intelectual de los Premio Nobel que firmaron la carta, cabe recordar que el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto. Y el contexto nuestro es que Argentina es un país empobrecido, así que no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”.
En los últimos días, las repercusiones internacionales por la situación del sistema científico argentino han ido tomando distintas formas: ya antes de la carta de los premios Nobel, investigadores de renombre de diferentes partes del mundo habían hecho circular por redes sociales videos brindando su apoyo. Y en las últimas horas la revista Nature publicó un nuevo artículo sobre la crisis que enfrenta el sector, con declaraciones de investigadores y la opinión de un vocero de la Secretaría de Ciencia, que no da su nombre. (Agencia CyTA-Leloir).-
VAX es el atractivo y la apuesta novedosa de Expoagro. A lo largo de la semana, el prototipo, que ocupa gran parte del stand de Metalfor, se robó la atención de decenas de productores. Se trata de un vehículo autónomo multipropósito, en cuyo desarrollo participaron la firma cordobesa, Marinelli Technology, y fue diseñada por José Luis Denari.
Desde Metalfor explicaron que la idea del vehículo es que este pueda hacer la pulverización y fertilización de forma robotizada. “Es un vehículo no tripulado. Es un “concept”, que el día de mañana puede usarse para siembra, actualmente “no existe otro”, explicaron los expertos.
“Hoy en día la maquinaria agrícola tiene tecnología muchísima más sofisticada que la que encontramos en la calle, es decir, los vehículos autónomos por una cuestión de seguridad todavía no existen, pero si te subís a cualquiera de estas máquinas grandes ya tienen piloto automático. O sea, uno define el recorrido, es mucho más fácil resolver, si bien es complejo, es más fácil en el campo donde los obstáculos no existen, no hay vidas humanas en juego. Entendemos que cada vez más la autonomía de la inteligencia artificial van a ser más preponderantes en este desarrollo”, dijo Eduardo Borri, presidente de Metalfor.
El diseño se realizó entre octubre y febrero pasado.“Este es un vehículo tractor. Hoy puede ser de utilización, de apoyo y en un futuro de siembra. El concepto es revolucionar o cambiar la idea de la maquinaria agrícola en términos de autonomía. Si ves la tecnología que hay en el campo, en la ciudad todavía no está funcionando por una cuestión de precaución y seguridad, pero todo eso ya está. Hay gente que ha querido comprarlo, pero todavía no lo podemos vender. Va a llevar un tiempo, seguramente va a tomar un par de años terminarlo”, precisó Borri.
Fue diseñado por José Luis Denari, quien se encargó de la parte estética de la máquina. Según mencionó, ya había diseñado una cosechadora de la firma. “Para el diseño, me inspiré en un drone, el concepto es eso, y el uso del logotipo de Metalfor está hecho de esa manera para que se vaya abriendo hacia los laterales. Cuando la ves por los laterales, te das cuenta de que tiene esa forma. La máquina y el concepto general tenía un drone arriba, porque es quien mapea el potrero y después vuelve y le da la información a la máquina”, agregó.
Denari sostuvo que la Argentina está a la par de Estados Unidos y Europa en este tipo de tecnología, donde todos están trabajando en lo mismo. “Eso en la industria automotriz no existe, mientras que en el campo esta tecnología es la misma que se está aplicando en otros países. En ese aspecto estamos trabajando en paralelo, y todos a la vez”, afirmó.
José Luis Denari fue quien se encargó de la parte estética de la máquinaMarcelo Manera – LA NACION
En la firma aseguran que este vehículo tiene menos materiales que una máquina tradicional, porque no tiene cabina, y hay un montón de componentes diferentes. “En definitiva, reducir la huella de carbono, todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero para fabricar productos plásticos y además necesito energía, entonces si reduzco la cantidad de materiales que tengo también estoy contribuyendo al medioambiente”, dijo.
Denari, quien manejaba la máquina con un control remoto, explicó que esta es bidireccional, es decir, como la trompa es igual a la cola, puede trabajar de ambos lados; por ese motivo, las luces se transforman en rojas si la máquina está yendo para el otro lado. “La máquina es el futuro de Metalfor y no es solamente en una apuesta estética, estamos pensando y trabajando en esto. La idea es que pueda estar funcionando”, indicaron en la firma.
El cerebro tecnológico
En el tecnódromo, donde está el prototipo funcionando, Nicolás Marinelli, contó que fue el encargado de realizar la parte de la inteligencia artificial y robotización de la máquina. El joven se considera autodidacta, igual que su padre, Sergio Marinelli.
“Realizamos toda la automatización del equipo, por eso la presentamos en conjunto con Metalfor”, resumió. La empresa había trabajo en el desarrollo del RUAS 160, el helicóptero no tripulado de la firma Cicaré. “Siempre nos inspira la parte agrícola y todo lo que tiene que ver con la robotización y automatización para poder ser sustentables y más eficientes en la agricultura de precisión”, planteó Marinelli.
Marinelli Technology, la firma que se dedica a la automatización y robotización, se encargó de la parte interna donde están los módulos de los pilotos automáticos y los sistemas de comunicaciones. “Trabajamos por pasión y por querer desarrollar, renovar y buscar resolver problemas a la sociedad y que todos en el sector podamos crecer. Ni mi papá ni yo tenemos un título, pero nos apoyamos en los profesionales a la hora de los desarrollos”, afirmó.
La idea es que todas estas tecnologías vengan a resolver problemas. “Hoy, el sector está más exigente y tiene que estar a la vanguardia de un montón de tecnología y tenemos que ver a nivel mundial hacia dónde está yendo hoy la agricultura; más que nada para poder tener la persona que antes estaba arriba de la máquina, que pueda estar abajo haciendo un control y poder evitar algunos errores humanos, que por ahí solemos tener en las máquinas y evitarlos, ya que esto lo haría de manera autónoma o con inteligencia artificial para resolver un montón de problemas”, afirmó.
También trabajan en otro tipo de desarrollo tecnológico más pequeño desde 2020. “Nuestro propósito es la parte de sustentable, las Buenas Prácticas Agrícolas [BPAs], la parte ambiental, económica y también social”, amplió. La empresa familiar presta servicios de cosecha, pulverización y todo lo que es agricultura de precisión.
“Tratamos de poder hacer todo de manera más ágil para los prototipos, y empezar a demostrar y poder probarlos. Hay equipos que por ahí nos llevan un par de años y otros que, por ejemplo, nos toma seis meses para lograr un prototipo utilizable”, agregó.
El VAX demoró unos seis meses en terminarse. “Fue poco tiempo dentro de todo. Nosotros colocamos parte de la electrónica en el equipo para la automatización, después, las reformas para poder quitarle la cabina y poder trabajar. Después ya nace como un robot y nosotros lo que hacemos es incorporarle la tecnología para poder controlarla manualmente y además automática”, precisó.
El hecho de que Metalfor haya estado en el armado y desarrollo de la máquina jugó a favor para que fuera diseñada en tiempo récord. “Nosotros ya arrancamos desde una base, con un equipo que es muy confiable, con una reputación y un muy conocido, el equipo y sus productos, por eso nosotros damos por descontado que desde la parte mecánica no íbamos a tener ningún tipo de problema; ya estaba todo eso desarrollado”, agregó.
Una estratégica terminal portuaria se comenzará a erigir en las islas Malvinas para atraer cruceros, pesqueros, barcos de investigación científica y hasta petroleros, eventualmente, en la puerta de entrada a la Antártida.
Fruto de un acuerdo entre las autoridades del archipiélago y el astillero británico Harland & Wolff se llevará a cabo un proyecto que se empezó a gestar en la necesidad de reconstruir puerto Stanley, destrozado en la guerra de 1982.
La inversión inicial será de alrededor de 150 millones de dólares, contaba con créditos por US$ 85 millones para financiarlo y se encuadrará en las normas británicas medioambientales.
La Fundación Marambio ha estado advirtiendo desde hace tres años el riesgo de que la iniciativa, ahora en vías de concreción, «puede poner en jaque la política antártica de Argentina».
Desde entonces, la idea de modernizar la terminal fueguina de Ushuaia se encuentra estancada y la aparición de un competidor de fuste enfrente reaviva las viejas polémicas, justo cuando la política del gobierno de Javier Milei para con las Malvinas no es propicia un avance en ese terreno.
La visita a la Argentina de David Cameron y sus definiciones respecto de las «Facklands», como las denominan los británicos, incomodaron a la Cancillería, que terminó emitiendo una nota de protesta tras el anuncio de ampliación del área de protección, con zonas de veda a la pesca, alrededor de las Islas Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur.
El contrato cerrado con Hartland & Wolff, el astillero que hizo el famoso Titanic, hundido en 1912, sucedió al intento de celebrarlo con Bam Nuttall en 2020.
La licitación se efectuó en 2023 y hubo dos ofertas, una de ellas de Harland & Wolff, con lo que se definió no sólo la construcción de las instalaciones sino la infraestructura de acceso y la calzada.
Ahora, la concreción de ambos proyectos permitirá reemplazar al FIPASS (Falkland Interim Port and Storage System), o puerto Stanley.
El puerto y la central eléctrica son obras prioritarias para las islas, según aseguró a los medios de prensa el consejero Mark Pollard.
En cuanto a las disputas diplomáticas entre Reino Unido y Argentina, las nuevas medidas tomadas por el gobierno kelper en torno de ese archipiélago en el Atlántico Sur las reaviva y acrecienta.
Se trata de dos de las siete naciones que reivindican partes del continente blanco, pero son las únicas dos que reclaman exactamente la misma porción de territorio.
El reclamo antártico británico, realizado en 1908, abarca por completo (y excede) el territorio que la Republica Argentina había reclamado en 1904. En 1940, Chile se sumó a la polémica, reivindicando parte del terreno disputado por ambos.
El relato que hizo BBC Mundo sobre el significado de la construcción de un puerto moderno donde está emplazado Puerto Stanley introduce un nuevo mojón a finales de 2018, cuando el gobierno de las islas Malvinas, conocido como FIG o Falkland Islands Government, publicó un aviso invitando a compañías a presentar sus ideas para un nuevo puerto.
En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa local, Barry Elsby, responsable de la cartera de Desarrollo y Servicios Comerciales, explicó que el deterioro del puerto actual, construido en 1984 y conocido como Fipass (Sistema de Almacenamiento y Puerto Interino de las Falklands), era tal «que ya no es seguro que los barcos atraquen allí».
Consultado por el diario Penguin News —el único que se publica en las islas— sobre cómo pretendían que fuera el nuevo puerto, Elsby señaló que el FIG estaba abierto a sugerencias, y que había dejado el aviso «deliberadamente abierto».
El anuncio salió diciendo «que queremos un puerto con esta cantidad de espacio de atraque, esta cantidad de capacidad de carga en el borde, y luego permitimos que los interesados desarrollen sus propias ideas y nos las vendan», afirmó entonces.
Se estableció 2024 como el año de reemplazo de Puerto Stanley. Durante la firma del contrato, en abril de 2020, el director gerente de BAM Nuttall, Martin Bellamy, había dicho que el nuevo puerto «respaldará la economía local, incluida la pesca, el turismo y el transporte marítimo, y facilitará el crecimiento económico previsto en el futuro».
La pandemia de coronavirus puso en pausa los planes, que se retomaron en agosto de 2020 y en septiembre BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad.
A todo esto, recién 2021 en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (que incluye a las Malvinas), denunció a BAM Nuttall por operar sin su autorización en esa región sobre la que reclaman soberanía.
El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, denunció ante el Parlamento que la obra tiene como fin último ampliar el control británico sobre la Antártida, ya que «con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida».
Según el legislador, el objetivo del nuevo puerto es «brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco», con lo cual se torna genuina la preocupación de que el nuevo puerto de Malvinas busque reemplazar al de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como punto de ingreso y partida a la Antártida. Ubicada a unos 1000 kilómetros del Continente Blanco, Ushuaia es la capital más austral del mundo y se autoproclama la «puerta de entrada a la Antártida». Hasta ahora.
En el Senado de la Nación Argentina, con la participación del mencionado legislador, se presentó el Proyecto de Comunicación S-1819/2021, que dice que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan y ante la posible construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
La revista argentina DEF, especializada en asuntos de defensa, energía y ciencia, reveló en tal sentido un viaje que realizaron cerca de un centenar de técnicos y científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania. Habían salido de la ciudad de Hamburgo con destino a la base alemana Neumayer III, en la Antártida.
Se destacó como sospechoso el itinenario que hicieron: primero volaron en un avión de Lufthansa, contratado por el Instituto Wegener, hasta el Aeropuerto Internacional Mount Pleasant, la base militar de la Fuerza Aérea británica en las islas Malvinas.
Y desde allí viajaron hasta el Continente Blanco en el rompehielos alemán Polarstern, el mayor buque de investigación científica de todos los tiempos.
La publicación subrayó que se trataba de «la primera operación aeromarítima de este tipo, con capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas».
Y concluyó que este viaje, sumado a la construcción de «un nuevo puerto británico en Malvinas especializado en servicios antárticos, son indicios del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la comunidad antártica internacional».
Hasta ahora, muchos de los países que reivindican partes de la Antártida, y de las restantes 35 naciones que tienen bases permanentes en el continente blanco, habían accedido hasta allí desde los dos puntos más cercanos: Ushuaia o Punta Arenas, en Chile (ubicada unos 150km más al norte).
Según el mismo informe de DEF, estos países —que en su mayoría están en el hemisferio norte— podrían estar buscando otras vías de acceso debido a que «los puertos sudamericanos se caracterizan por tener trabas administrativas».
Del quedo argentino en el aprovechamiento de su privilegiada posición geográfica da cuenta asimismo que, más allá de los planes británicos, Chile ya aventaja a Argentina en cuanto a la logística que ofrece para acceder a la Antártida.
«Chile desarrolló empresas privadas de buques y aeronaves para la exploración polar, lidera la franja de turismo antártico y dentro de poco contará con el rompehielos más moderno del hemisferio sur», indica DEF.
Alejandro Bertotto, exdirector provincial de Antártida y exjefe de la base antártica San Martín, señaló a DEF que en la década de los 1990 hubo un ambicioso proyecto, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para establecer en Ushuaia «un sistema internacional de logística antártica».
Los planes incluían la instalación de «una estación de terminal de cargas aéreas, una terminal de carga marítima y un alojamiento para personal científico en tránsito» en torno de un puerto de aguas profundas en el canal de Beagle.
«Además en la Antártida, en la base Petrel, se preveía una estación terminal de cargas antárticas, para, desde ahí, distribuir a las bases argentinas y extranjeras que contraten esos servicios» contó.
El informe de DEF resalta que el país -el primero del mundo en instalar una base permanente en la Antártida y en reclamar su soberanía allí- «cuenta con una alta calidad de sus recursos humanos, militares y científicos, además de una amplia trayectoria en el desarrollo de campañas antárticas».
En un hecho infrecuente y por pedido de la República Popular China, la Armada autorizó el ingreso de una flota de 260 pesqueros del país asiático a la Zona Económica Exclusiva argentina, para resguardarlos de un fuerte temporal. Los barcos permanecieron cuatro días en un sector lateral del Golfo San Jorge, alejados de los “caladeros de pesca” y con patrullajes permanentes para constatar que no hubieran vulnerado la prohibición de pescar en el espacio marítimo de nuestro país.
La flota pesquera china realizó el pedido ante las adversas condiciones meteorológicas de la zona, que presentaban olas de siete metros de altura y vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.
“No es algo habitual. Fue por un pedido especial, ante una situación humanitaria”, explicaron las fuentes navales.
El patrullaje fue realizado por una aeronave de exploración Beechcraft B-200, de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima, bajo las operaciones del Comando Conjunto Marítimo. Se constató, así, que la totalidad de los 260 buques pesqueros chinos abandonaran finalmente el área asignada en forma temporaria y se informó que ya se encuentran fuera de la Zona Económica Exclusiva. Las tareas de control forman parte de las operaciones del Comando Conjunto Marítimo, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el brigadier general Xavier Julián Isaac.
“Como autoridad marítima nacional SAR, la Armada Argentina otorgó el permiso para el ingreso y permanencia en un sector delimitado al lateral del Golfo San Jorge, alejado de los caladeros de pesca. Esta autorización fue brindada tras el pedido de la autoridad recíproca de la República Popular de China para que sus buques pesqueros, que se encontraban en el área adyacente, ingresaran dentro del límite establecido por la milla doscientos”, informaron las autoridades navales.
El vuelo de patrullaje se sumó a las medidas adoptadas por el Comando Conjunto Marítimo, que mantuvo un monitoreo exhaustivo para constatar que los buques no efectuaran actividades de pesca durante el resguardo del temporal.
Las fuentes navales indicaron que algunas de las medidas del control para evitar la actividad pesquera en aguas argentinas fueron la verificación de velocidad de los pesqueros y el análisis del patrón de navegación, además de la posición AIS (sistema automático de identificación) de cada embarcación, fotos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con el fin de localizar si había luces encendidas de los buques poteros para la pesca.
“La inspección llevada adelante por la aeronave naval apunta a determinar el nombre de cada buque, información que se comparte con todas las centrales de operación en tierra y las unidades de superficie desplegadas en el litoral marítimo”, explicaron en la Armada.
Finalizada la exploración, la aeronave confirmó que no se encontraron buques pesqueros extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva realizando tareas de pesca.
En este informe del Centro de Economia Politica Argentinase analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante los dos primeros meses del año 2024.
Entre las principales conclusiones se destaca la fuerte caída de la ejecución real respecto a los dos primeros meses del año 2023, del orden del 29%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración.
Paralelamente, se verificó una fuerte representación de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó nada más y nada menos que el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado.
Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y hospitales nacionales.
En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector.
Como se había identificado en enero último, la seguridad social sobresale como uno de los sectores con fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al 38% respecto al año pasado.
Los organismos vinculados al desarrollo productivo no están ejecutando partidas. Algunos de ellos, como el Instituto Nacional de Promoción Turística, presenta caídas superiores al 55% interanual. Se le suman la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con más del 83% de ajuste y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo con una caída superior al 75%.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, salvo el Ministerio de Seguridad, que se ve incrementado en 36% interanual. Las fuerzas de seguridad están viendo reducidas sus partidas. Es el caso de la Policía Federal (-63%), Gendarmería Nacional (-57%) y PSA (-22%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-5%), la Armada (-25%), y la Fuerza Aérea (-8%).
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas sociales, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días y Plan Nacional de Apoyo a la Primera Infancia, con ejecución cercana a $0). También se detectaron ajustes de 46% en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
En materia educativa se observa 0% de ejecución base caja en partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Conectar Igualdad y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” y “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
En materia de empleo y obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas del 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
A pesar de que el Gobierno, en su enfrentamiento con las organizaciones sociales, plantea la necesidad de la capacitación e inserción laboral, los programas de Acciones de Capacitación Laboral y Acciones de Empleo, ambos de la cartera de Trabajo, sufrieron ajustes del 93% y 80% respectivamente.
Finalmente, al analizar el desempeño de los programas vinculados a la Seguridad y Defensa, se observan fuertes incrementos en sus partidas, oscilando entre el 22% de aumento para Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, y el 434% de incremento interanual para el programa Logística de la Defensa, y pasando por el 386% de aumento en la ejecución de Proyectos Especiales en Seguridad Pública.
Más allá de estos últimos casos analizados, la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. En un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.
Además, se analizaron las partidas de las Transferencias No Automáticas a las provincias, las llamadas “discrecionales”. Allí se observan porcentajes de ejecución extremadamente bajos, cercanos al 0%, que explican el conflicto desatado recientemente con las provincias.
Para acceder al informe completo del Centro de Economía Política Argentina cliquea aquí.
A 10 kilómetros de la frontera con Chile, a más de 4200 metros de altura, alrededor de 900 personas trabajan día a día entre las montañas con la ilusión de que avance la construcción del proyecto minero de cobre Josemaría. Después de 20 años de exploración, la empresa canadiense Lundin Mining está lista para dar el próximo paso, que implicaría inversiones por US$5000 millones, pero todavía espera más claridad de las condiciones económicas argentinas. En especial, que haya menos controles de cambios y más certidumbre tributaria. El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú, que son los dos mayores países productores del mundo. Solo Chile aporta el 25% de la oferta mundial de cobre, con 5 millones de toneladas métricas en 2023. “Es la Arabia Saudita del cobre”, grafican en el sector, por sus grandes reservas. En la Argentina, el único proyecto de cobre que se desarrolló dejó de operar en 2018, cuando cesó su actividad la mina Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca. Desde entonces, el país abandonó la comercialización de este mineral.
“Si se mejoraran las condiciones para el sector, atacando las problemáticas que enfrenta, al menos seis de los proyectos de cobre más avanzados de la Argentina se encuentran en condiciones de iniciar inversiones para su construcción en el mediano plazo. Se trata de proyectos de clase mundial, algunos de los cuales son los de mayor potencial productivo del mundo aún sin explotar”, dicen casi con exasperación en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Solo por los costos de exploración, las empresas llevan invertido en el país US$740 millones. Si se ponen en marcha los seis proyectos, ingresarían al país al menos US$20.000 millones más por inversión de capital, según estimaciones del sector. Luego estarían los ingresos de divisas por la exportación del mineral. Los representantes de las empresas mineras tuvieron una primera reunión en enero con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada, para mostrarles el potencial económico del sector, que podría convertirse en el tercer generador de dólares, solo por detrás del campo y la energía. También había sido parte de la reunión la exsecretaria de Minería Flavia Royon, que fue despedida el mes pasado y todavía no tuvo reemplazo. De hecho, durante estos días se desarrolla en Canadá el evento más importante de minería en el mundo y la Argentina no tiene representación nacional. A nivel provincial viajaron los gobernadores de San Juan y Mendoza, además de varios empresarios locales, pero la principal pregunta que hacen los inversores está dirigida al Gobierno: cuándo se termina con la libre entra y salida de capitales.
El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú
En el sector tenían ilusión de viajar a Canadá con el texto de la sanción de la ley ómnibus, que le dedicaba un capítulo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorgaba beneficios impositivos y aduaneros (flexibilidad en importaciones). Sin embargo, se encuentran en la convención PDAC sin certezas sobre el proyecto de ley y sin representante nacional en Minería. Atento a esta falta, el Gobierno publicó la semana pasada en la página oficial de la Secretaría un catálogo de proyectos y videos institucionales en inglés y chino. “Las dificultades macroeconómicas y la alta presión tributaria han retrasado de forma persistente la puesta en marcha de nuevos proyectos de cobre en la Argentina. La principal operación de cobre local dejó de producir en 2018 y desde entonces no ha logrado poner en marcha ningún otro proyecto”, dicen en CAEM. A diferencia de lo que podría ocurrir con la demanda de petróleo, en el sector destacan que la transición energética generará un mayor consumo del mineral. “En los próximos 40 años se va a consumir lo mismo de cobre que en los últimos 120″, explican. El crecimiento, dicen, estará impulsado por el reemplazo de los vehículos a combustión interna por versiones eléctricas, que requieren cinco veces más de cobre. El mineral también es más utilizado en la construcción de parques eólicos y solares que en las plantas de generación térmica, y es más difícil de encontrarle un sustituto, a diferencia de otros minerales.
Entre San Juan y Chile hay al menos seis proyectos mineros de cobre, oro y plata a menos de 15 km de distancia, cuyos resultados de exploración impresionan a los geólogos. A la zona la denominaron Distrito Vicuña, y promete ser la “Vaca Muerta” del noreste del país, ya que sería un punto de inflexión para la provincia, como fue el reservorio hidrocarburífero para Neuquén. Del lado argentino están los proyectos Josemaría, Las Pailas, Filo del Sol y Lunahuasi. Josemaría es actualmente el proyecto minero a cielo abierto más grande del país próximo a entrar en construcción. En la montaña, en el departamento sanjuanino Iglesia, hay construido casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos (con pool y metegol), un quiosco en donde se puede pagar con billeteras virtuales y una sala de enfermería, que próximamente incluirá un quirófano, necesario para proyectos tan alejados de la civilización. Si no es por la vista que se observa desde las ventanas, con picos montañosos alrededor, y por la sensación de falta de aire al caminar, por momentos en las oficinas del campamento Batidero, el visitante se olvida que está a más de 4200 metros de altura, a solo 10 km de Chile. Incluso hay un amplio comedor comunitario que ofrece dos variedades de platos principales durante el almuerzo y la cena, y una extensa cantidad de postres y frutas frescas, que parecieran recién compradas. Sin embargo, el stock de comida alcanza a cubrir 50 días de alimentación de los más de 900 trabajadores, sin necesidad de bajar de la montaña. El tramo para llegar al campamento desde la ciudad de San Juan son 432 km, pero dura alrededor de 10 horas porque es un camino de ripio y atraviesa varias localidades, incluida Guandacol, en La Rioja, donde termina el asfalto.
En el departamento sanjuanino Iglesia, construyeron casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos, quiosco y sala de enfermería
A través de ese trayecto, la empresa constructora Fluor, subcontratista de Lundin Mining, fue trasladando la infraestructura necesaria: desde los contenedores viviendas (donde algunas habitaciones cuentan con baño privado y bidet), hasta los tanques de almacenamiento de gasoil, que abastecen los grupos electrógenos y los vehículos (camiones, micros y ambulancias de emergencia). En la montaña, la actividad se centra en continuar con los trabajos de exploración y planificar la ingeniería del proyecto, para cuando se avance con la construcción de la mina de cobre. Para ello hay varios equipos conformados, que diseñan los informes de impacto ambiental y de ingeniería, que presentan antes las autoridades locales. Si la empresa minera decide pasar el estado del proyecto a construcción, primero se construirá una nueva ruta que comunique el campamento con la capital sin salir de la provincia. Esto facilitaría los costos logísticos para trasladar los equipos y procesar el mineral en la montaña. Se trata de seis molinos, que muelen las rocas extraídas en pedazos más chicos, y que están compuestos por piezas que pesan alrededor de 100 toneladas.
La mayoría de los accesorios ya llegaron al centro de almacenaje, en San Juan, donde fueron trasladados por camión desde el puerto de Zárate, Buenos Aires, ya que el tren no está operativo por la desinversión de los gobiernos de las últimas décadas. Las piezas están apoyadas sobre vigas y cubos de hormigón para resguardarse de los sismos sanjuaninos. El proyecto de construcción, que tomaría tres años antes de comenzar a producir cobre, también implicaría la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, para bajar la dependencia del gasoil y abaratar costos. También se necesitaría la contratación de más empleados, que llevaría a que alrededor de 6000 personas pasen a trabajar en la montaña, con el régimen laboral de 14 días en las alturas y siete de descanso. .
Todo esto implicaría una inversión de capital de US$5000 millones. En el plan se incluye también la recuperación de las vías del tren, para trasladar luego el cobre de exportación al puerto de Rosario. De avanzar con los proyectos de cobre, San Juan podría convertirse en la cuarta mayor provincia exportadora, avanzando desde el puesto ocho, solo detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La restauración y readecuación de vías permitirá exportar más de 2000 tn diarias de concentrado de cobre. La vida útil de la mina está estimada en más de 19 años, según el estudio de factibilidad realizado en 2020, lo que permitiría que vuelva a haber producción de cobre en la Argentina por un largo tiempo.
Transener, una de las principales empresas del sector eléctrico, que cumple una tarea estratégica porque es la encargada de operar el sistema de alta tensión del país, envío este miércoles un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir a sus accionistas que, por una inédita decisión del gobierno de Javier Milei, no contará con los fondos para cubrir los salarios del mes próximo. La compañía, que paradójicamente es propiedad del propio Estado, dado que Enarsa posee un 50% del capital accionario (el otro 50% está en manos de Pampa Energía), está obligada a informar la decisión por cotizar en la Bolsa porteña.
El comunicado se conoció después de que Jorge Garavaglia, representante del Ejecutivo en la comisión directiva de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que tiene en su directorio a distribuidoras, generadores y transportistas, le comunicó a Transener que el Estado sólo le transferirá un 50% de los fondos que precisa la compañía para abonar las remuneraciones de su personal. Con este tipo de martingalas presupuestarias es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado en enero alcanzar superávit financiero.
Es curioso: desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de las transportistas (Transener, Distrocuyo, Transba y Transcomahue, entre otras), el Estado es quien cubre parte de los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.
El gobierno de Milei pretende cambiar esa realidad para que sean los usuarios (los residenciales y los grandes clientes) quienes abonen directamente los costos reales de generación y transporte de energía, para lo cual están habilitando tanto un aumento del precio de la energía como del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que están bajo competencia federal.
El problema es que la Secretaría de Energía recién va por la mitad del camino. El atraso de los precios y tarifas de electricidad es tan grande que no es factible construir un puente o una transición hacia un esquema de libre mercado en apenas tres meses. El riesgo de que el intento derive en un quebranto de toda la cadena de pagos del sector está cada vez más cerca.
De la decisión de Caputo de frenar las transferencias a Cammesa se desprende que el ministro de Economía y por consiguiente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aspiran a que sean los accionistas de Transener quienes inyecten capital o busquen alternativas de financiamiento para cubrir con recursos propios sus costos operativos hasta que el mercado recupere el funcionamiento que perdió desde la caída de la Convertibilidad. Un inconveniente, en ese sentido, es que los privados no tienen certeza de cuánto tiempo puede demandar la normalización del sistema. Rodríguez Chirillo sostiene que, para junio o julio, una vez que se instrumenten todos los aumentos de tarifas que restan (en especial para hogares categorizados como N2 y N3, de sectores populares y medios, respectivamente), el sistema de cobranzas del mercado debería estar saneado. Pero la mayoría de las empresas creen que el proceso demandará más tiempo.
¿Por qué es Transener la primera en blanquear que se quedó sin caja para pagar salarios? Por una sencilla razón: a diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. Las distribuidoras le pagan a Cammesa y es el Estado Nacional, a través de esa firma de capital mixto, el que paga la tarifa. El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada.
A diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. El régimen tarifario establece que el costo de la energía se pague a través de la recaudación de Cammesa, que proviene del pago que las distribuidoras le pagan a la compañía administradora del MEM y de aportes del propio Estado Nacional.
El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada. A su vez, ahora Caputo decidió que el Tesoro va a dejar de cubrir esos pagos y que la transportista deberá cubrir sus gastos con el aporte de los accionistas hasta que las distribuidoras recompongan su caja a partir del aumento de tarifas y comiencen a regularizar sus pagos. Según el gobierno, la normalización podría llevar unos tres meses, pero en el sector dudan de esos plazos porque la “normalización” no solo depende del Estado Nacional, como ocurre con las tarifas de Edenor y Edesur, sino también de las provincias, las cuales pueden seguir manteniendo el Valor Agregado de Distribución atrasado como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
La preocupación se extiende en el Gobierno en funciones de PaísesBajos ante el riesgo inminente de que una de sus empresas emblemáticas, ASML Holding, se pueda trasladar fuera del país en un momento crucial para Europa en cuanto al sector de los chips y el dominio asiático.
Según la agencia Bloomberg, el actual Gobierno neerlandés se ha visto obligado a actuar y ha formado un equipo especial de trabajo para abordar las intenciones de expansión internacional de ASML.
La compañía, conocida como una de las principales potencias tecnológicas de Europa por su producción de máquinas de litografía utilizadas en la fabricación de chips, está valorada en más de 350.000 millones de euros.
ASML ha expresado su preocupación ante las autoridades neerlandesas sobre el entorno económico y empresarial del país, y ha apuntado a dificultades en áreas como la atracción de talento internacional, la congestión de la red eléctrica y las restricciones medioambientales, particularmente en la emisión de nitrógeno.
El medio De Telegraaf ha revelado que ASML ha comunicado su intención de expandir sus operaciones más allá de las fronteras de Países Bajos con Francia como una de las principales opciones para esta posible expansión.
Más tensión
Esta situación genera más tensión en Países Bajos, que ya han experimentado la pérdida de dos de sus empresas más importantes en años recientes debido a su régimen fiscal. Empresas emblemáticas como Unilever y Shell trasladaron sus oficinas centrales al Reino Unido, mientras otras como la española Ferrovial se mudaba a Países Bajos.
Las preocupaciones de ASML se acentúan tras los resultados de las recientes elecciones, que vieron el ascenso del Partido de la Libertad. Entre las propuestas laborales de este partido se encuentran planes para restringir la llegada de estudiantes extranjeros y reducir las ventajas fiscales de los trabajadores expatriados en el país, medidas que podrían afectar la capacidad de ASML para atraer talento internacional.
Bloqueo a China
El gobierno de Países Bajos prohibió la exportación a China de máquinas de fabricación de chips de última generación de la compañía ASML, informó la empresa, en medio de presiones de Estados Unidos en este sector estratégico.
ASML dijo en un comunicado el lunes que el gobierno de Países Bajos revocó recientemente una licencia para enviar algunas de sus máquinas, «lo que afectaría a un pequeño número de clientes en China» de ASML. Países Bajos se unieron recientemente a Estados Unidos y Japón para limitar las exportaciones de equipos avanzados de fabricación de chips. El objetivo es impedir que Pekín adquiera chips avanzados que podrían usarse en armas y alta tecnología.
El director ejecutivo saliente de ASML, Peter Wennink, afirmó en una conferencia de prensa en enero: «Somos una empresa global, iremos a donde necesitemos ir para asegurarnos de que la empresa pueda crecer y atender a nuestros clientes». La jubilación de Wennink en abril provocará la llegada al cargo de Christophe Fouquet, quien asumirá el liderazgo de la empresa.
Congestión de red
Las empresas neerlandesas también se enfrentan a la congestión de la red eléctrica y la presión regulatoria en áreas como la expansión de instalaciones, que se suelen bloquear por restricciones ambientales.
En un debate parlamentario en febrero, el ministro de Asuntos Económicos en funciones, Micky Adriaansens, expresó su preocupación por el tratamiento regulatorio y fiscal a las empresas locales, y advirtió sobre los riesgos de debilitar el entorno empresarial del país.
Estas tensiones se suman a la escasez de viviendas en los Países Bajos. En un intento por mitigar el impacto de su crecimiento en el mercado inmobiliario local, ASML anunció el mes pasado una colaboración para construir 130 apartamentos asequibles en Veldhoven.
Comentario de AgendAR:
AMSL no fabrica chips. Fabrica las máquinas de litografía ultravioleta extremo con la que los taiwaneses fabrican chips con cableados ultrafinos, de 3 nanómetros, probablemente el límite cuántico para que los electrones no salten como locos por fuera de sus conductores por efecto túnel. Esos chips no son de aplicación militar inmediata. El armamento inteligente de hoy usa chips que eran «top of the line» hace 20 o 30 años.
Son más resistentes a ataques con pulsos de ondas electromagnéticas. Pero dado que la mitad de la guerra entre estados hoy pasa por hackeos informáticos apuntados contra la infraestructura civil y militar del enemigo, tener chips de muy alto grado de integración y componentes de pocos nanómetros es un asunto militar HOY.
Por eso EEUU quiere a AMSL en territorio propio. Y hasta donde yo sé, lo está logrando. Es inevitable que el gobierno holandés esté furioso, y que el CEO de AMSL le diga que su empresa es libre de instalarse adonde se le cante. La UE calla y otorga.
Elon Musk es un exponente paradigmático de lo que los estadounidenses promovieron por todo el mundo como el modelo de capitalista exitoso, el selfmade man. Aquel que forja su propio éxito por el tesón de su esfuerzo y su talento. Los mitos, como ya sabían los griegos, pueden contener algo de verdad pero tomados literalmente son un conjunto de falsedades. La propaganda pretende que el mito del éxito autoconstruido se tome al pie de la letra y sin crítica.
Nacido en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, Elon fue el primer hijo de Errol Musk, un sudafricano blanco (afrikáner) y la modelo y nutricionista canadiense Maye Haldeman. Errol era un ingeniero y empresario inmobiliario millonario que, entre otras cosas, según su propia confesión, explotó una mina ilegal de esmeraldas en Zambia cuando Elon era pequeño. Todo esto ya va desvirtuando la historia creada por el jefe mayor de Tesla acerca de que todo su capital, intelectual y monetario, lo forjó solo. Lo cierto es que el primogénito de Errol nació en cuna de oro.
Es verdad que, a los 18 años, Elon, su madre y sus dos hermanos, Kimbal y Tosca, se mudaron a Canadá huyendo de los maltratos del padre y que durante ese tiempo el futuro mandamás de Tesla y su familia pasaron necesidades porque Errol les había cortado el acceso a las cuentas bancarias. Pero, en 1992, Elon se fue a Estados Unidos para estudiar Física y Economía en la Universidad de Pensilvania gracias a una beca, y de allí pasó a la Universidad de Stanford para hacer un doctorado, el cual abandonó a pocos días de inscribirse para comenzar su raid como empresario tecnológico.
El entorno
Stanford es uno de los nodos centrales del Silicon Valley, el núcleo del desarrollo tecnológico de la informática y la programación en Estados Unidos, en el norte de California. A mediados de la década de 1990, Musk se insertó en un ecosistema de innovación y negocios como no existía otro igual en el planeta. Este detalle es fundamental para explicar el éxito de tantos empresarios norteamericanos, como Bill Gates, Steve Jobs y el propio Elon Musk. Un dato que suele ser omitido por la mayoría de estos “triunfadores” en los autorrelatos sobre los orígenes de sus conquistas.
En el caso de Musk esto es especialmente evidente. Hombre de indudables y precoces talentos, tuvo que mudarse a un ecosistema empresarial y tecnológico específico para poder llegar a la cima en la que se encuentra en la actualidad. En su Sudáfrica natal eso hubiera sido imposible. Quizás hubiera podido ser un millonario más, como su padre, pero no la persona que sueña con diseñar y construir la primer nave espacial tripulada por humanos que llegue a Marte.
Ahora bien, el ecosistema que le hizo de invernadero a Musk en los alrededores de la ciudad de San Francisco había sido creado en la década de 1960 y apoyado, en buena medida, por el Estado norteamericano, como lo han demostrado la economista italo-británica Mariana Mazzucato y la historiadora estadounidense Margaret O’Mara.
Los bonos de carbono han sido una muy buena fuente de financiamiento extra para Tesla. La compañía obtiene estos bonos por las bajas emisiones de sus autos y luego se los vende a otras automotrices que siguen teniendo como eje de su negocio la venta de vehículos de combustión interna.
Hipocresía libertaria
Como suele ser habitual en el discurso libertario, en lo discursivo denostan la intervención estatal y el gasto de los fondos públicos, pero en privado son los primeros en apelar profusamente a ellos.
El 6 de diciembre de 2021, la columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal, Joanna Stern, le realizó a Musk una entrevista por videoconferencia. El sudafricano se encontraba en la entonces reciente megafactoría de Tesla ubicada en Austin, Texas. Con poco más de 400.000 metros cuadrados, es una de las más grandes del planeta para cualquier rubro industrial que se considere y fue construida con ayuda de los subsidios que Texas le concedió a Tesla.
Aún así, en la entrevista con Stern, Musk hizo gala de su discurso anti estatista. Consultado sobre que le parecía el entonces proyecto de ley elaborado por el gobierno de Joe Biden para financiar un plan de inversión destinado a la expansión y mejora de la infraestructura nacional, Musk respondió: “Honestamente, podría ser mejor si el proyecto de ley no se aprueba, porque hemos gastado tanto dinero que es como si el déficit presupuestario federal fuera una locura”.
Luego, Stern indagó sobre el apoyo a la innovación por parte del gobierno federal estadounidense. Musk aprovechó para volver a la carga con sus muletillas libertarias: “Creo que el papel del gobierno debería ser el de árbitro, pero no el de jugador en el campo. Así que, en general, creo que el gobierno debería tratar de apartarse del camino y no impedir el progreso. Creo que hay un problema general, no sólo en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países donde las reglas y regulaciones siguen aumentando cada año”.
La entrevistadora también tocó el tema de los subsidios gubernamentales, por ejemplo, para el desarrollo de la infraestructura que precisan los autos eléctricos como los que hace y vende Tesla. Con total tranquilidad, Musk espetó: “Literalmente, estoy diciendo que nos deshagamos de todos los subsidios”. La confianza de Musk probablemente provenía de la seguridad de que no habría repreguntas sobre el tema. Fue una pena que no se aprovechara la ocasión para consultarle sobre la planta automotriz a sus espaldas, que tanto orgullo le generaba. Los periodistas Maggie Severns, Matt Stiles y Alex Leeds Matthews revelaron en una nota (29/04/2022), en The Messenger, que para lograr que Tesla eligiera a Texas como sede de la nueva mega fábrica su gobierno le había ofreció 60 millones de dólares en beneficios, parte de los cuales salieron de los fondos escolares del distrito.
En la pelea por el sitio de emplazamiento de la mega planta, en donde también hubo otras postulantes, la que seguramente se lleva el premio al ingenio, y a la abyección, fue la ciudad de Tulsa, en el Estado de Oklahoma, que entre las dádivas ofrecidas a Tesla se encontraba pintar una estatua de siete pisos alegórica a un trabajador petrolero cuyos rasgos eran sorprendentemente familiares a los de Musk.
El periodista Jerry Hirsch de Los Ángeles Times (30/05/2015) y la ONG Good Jobs First han realizado un extenso rastreo de los beneficios estales recibidos por Musk y sus empresas.
Space X, fundada en 2002 por Musk, ha sido viable y se ha desarrollado merced a los contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y la Fuerza Aérea estadounidense (USAF por sus siglas en inglés).
La ayuda estatal es mala si es para otros
A la hora de contabilizar los fondos estatales que las empresas de Musk han ido recolectando a lo largo de su nacimiento y creación deben tenerse en cuenta modalidades y fuentes muy diferentes. Las principales son: subsidios, reembolsos, exenciones de impuestos o tasas, y los créditos de carbono.
En el caso de los reembolsos y las exenciones impositivas, algunas no van directamente a la empresa proveedora del bien o servicio, sino que se dirigen a la demanda. Eso ocurre por ejemplo con los autos de Tesla o los paneles solares de Solarcity.
En el primer caso, el Estado, a nivel local, o el federal, subsidia de diferentes maneras el precio de los Tesla como una forma de incentivar la compra de vehículos menos contaminantes. Por ejemplo, el Model Y tiene en la actualidad un precio, sin incluir impuestos y comisiones, de 42.990 dólares, pero con el crédito fiscal que aporta el estado federal y el estímulo para el ahorro de combustibles fósiles baja a 31.890 dólares, más de un 20% menos. Estas reducciones de precio, vía aportes estatales, son una manera de mejorarle el negocio a Musk, ampliándole el mercado. Más gente puede acceder a sus autos de lo que lo harían si el precio fuese más caro.
Los bonos de carbono ameritan alguna explicación previa porque son un instrumento financiero poco conocido en la Argentina y América Latina. Ellos se difundieron principalmente a partir de la Climate Action Reserve (CAR) creada en 2008 por el Estado de California, tomando como base un registro conformado siete años antes (The California Climate Action Registry) para contabilizar y promover acciones de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero. La idea central es que las empresas bajen sus emisiones de estos gases o desarrollen productos o servicios que contribuyan a que se reduzca el efecto invernadero. A cambio, reciben del Estado unos bonos que pueden comercializar en el mercado financiero. Si una empresa no puede disminuir sus emisiones respecto a los topes fijados por el gobierno puede adquirir esos créditos de otra compañía que si lo hace y así compensar la contaminación que la primera provoca y evitar posibles sanciones.
Los bonos de carbono han sido una muy buena fuente de financiamiento extra para Tesla. La compañía obtiene estos bonos por las bajas emisiones de sus autos y luego se los vende a otras automotrices que siguen teniendo como eje de su negocio la venta de vehículos de combustión interna.
Tesla ha recibido también otros aportes estatales como se puede apreciar en el cuadro, como los 1.300 millones de dólares otorgados por el Estado de Nevada en 2013 para que Musk instalara su mega factoría de baterías. Como la cifra más que duplicaba el importe máximo que la legislación de Nevada podía otorgar como beneficio económico a empresas privadas, contabilizando subsidios directos, desgravaciones impositivas y otros instrumentos, Nevada debió cambiar su normativa al respecto para satisfacer las exigencias del sudafricano.
Otra de las empresas insignia de Musk es SpaceX. Hacedora de proezas tecnológicas como los cohetes parcialmente recuperables de aterrizaje vertical, Falcon 9. La compañía fundada en 2002 por Musk ha sido viable y se ha desarrollado merced a los contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y la Fuerza Aérea estadounidense (USAF por sus siglas en inglés). Entre ambas instituciones estadounidenses SpaceX ha recibido contratos por cerca de 5.500 millones de dólares desde su fundación hasta 2015, mientras que el Estado de Texas aportó alrededor de 20 millones de dólares para la construcción del sitio de lanzamiento de la empresa en su territorio.
Solarcity ha sido otra de las aventuras de Musk. Al igual que Tesla, la empresa dedicada a la fabricación de paneles solares, baterías eléctricas para almacenamiento de energía a gran escala y consultoría, no fue una compañía originalmente fundada por él. Solarcity fue gestada por sus primos, Lyndon y Peter Rive, en 2006, aunque Musk fue uno de los inversionistas iniciales. En 2016, el magnate sudafricano le compró a los Rive su parte y pasó a controlarla. Para entonces, Solarcity ya había sido beneficiaria de unos 126 millones de dólares provenientes del Estado de California y de alrededor de 497 millones de dólares del gobierno federal, sin contar los más de 1.000 millones de dólares aportados por Washington de modo indirecto a través de subsidios a la compra de los paneles solares como parte de las políticas de transformación de la matriz energética para enfrentar el cambio climático. En aquel momento, Musk tenía poco más del 20% de la empresa y con la adquisición de la mayoría del paquete accionario la obtención de fondos estatales continuaría. En 2017, Solarcity obtuvo aportes por cerca de 750 millones de dólares del Estado de Nueva York para que se construyera en su suelo una nueva planta de producción.
El listado anterior no incluye a otras empresas menores de Musk como Neuralink, TheBoring Company, la recientemente adquirida y rebautizada X (antes Twitter) o Starlink, que en realidad es una unidad de negocios de SpaceX.
A Starlink tampoco le faltaron ganas de hacerse con algún subsidio estatal, el problema fue que no pudo cumplir con las condiciones de prestación del servicio de Internet rural que le exigía la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC por sus siglas en inglés) estadounidense y en 2022 le negaron los 885,5 millones de dólares a los que había postulado.
Apología del buen subsidio
En todos los casos mencionados, el Estado, en sus diferentes niveles, ha realizado aportes económicos significativos, sean en forma directa (subsidios) o indirecta (desgravaciones impositivas o subsidios a la demanda) en favor de compañías privadas sin que recibiera una parte de la propiedad de las mismas. De esta forma, cuando haya ganancias, el Estado no participará de ellas, aunque haya sido un financista gratuito fundamental de esas compañías.
Del lado empresario, y también del político, se suele esgrimir, como razón para todos estos beneficios públicos para un privado, los puestos de trabajo que generan estas inversiones, la expansión económica que conllevan y los mayores ingresos fiscales que producen. No obstante, no se ve la razón por la cual el Estado debería contribuir a incrementar aún más las ingentes fortunas personales de los dueños de las empresas beneficiarias para conseguir esos objetivos en lugar de realizar esas inversiones por sí mismo o promover a otros actores sociales sin ánimo de lucro y de perfil más comunitario, o a pymes. Así como el discurso antiestatal considera como gasto ineficiente o corrupto cualquier sobrecosto que no se destine específicamente a un bien o servicio público calificado como legítimo, de igual modo debería estimarse como inaceptable que buena parte de los fondos gubernamentales terminen engrosando la riqueza particular de un grupo de personas.
De todas maneras, tal vez lo más llamativo es esta extraña regla que se verifica en diversas latitudes, por la cual cuantos más subsidios recibe un empresario más repudia al Estado y todas sus políticas. Una actitud que se repite desde Musk, en Estados Unidos, hasta en Sudamérica con Marcos Galperín, de Mercado Libre.
La bandera de la eficiencia
La ideología empresaria suele hacer flamear la insignia de la eficiencia para justificar tanto beneficio estatal para las corporaciones privadas siendoque luego estigmatiza laayuda destinada a otros sectores de la sociedad. Una de las vías argumentativas de ese enfoque es alegar que es mejor que el Estado delegue en particulares actividades que podría hacer él mismo porque la iniciativa privada es más eficiente. Este razonamiento, en el caso de Musk y sus empresas, se emplea profusamente en la relación entre SpaceX y la NASA.
Atif Ansar y Bent Flyvbjerg, dos economistas de la Universidad de Oxford, publicaron en 2022 un estudio comparativo entre la eficiencia de la empresa de Musk y la mítica agencia estadounidense en lo que respecta a la realización y cumplimiento de misiones espaciales. La conclusión de los investigadores es que SpaceX es más eficiente que la NASA en las cuatro dimensiones que eligieron para la comparación: costos, velocidad de acceso al mercado, cumplimiento de los cronogramas y escalabilidad de los sistemas desarrollados (por ejemplo, los vectores, cohetes, de lanzamiento). En algunos aspectos las diferencias de eficiencia entre estas dos entidades son muy significativas. Sin embargo, Ansar y Flyvbjerg aclaran que el propósito de su trabajo no fue denostar al sector público y ensalzar al privado, sino mostrar las ventajas de los proyectos basados en plataformas, empleado por SpaceX; en contraposición con aquéllos orientados a los “saltos cuánticos”, tradicionalmente empleado por la NASA. Es más, los investigadores enfatizan que el éxito de SpaceX, y hasta su propia existencia, no hubiera sido posible sin la iniciativa de la NASA, tomada a mediados de la década de 2000, de impulsar enfoques distintos a los empleados por ella misma para el abordaje de proyectos complejos.
Hay otras dos cuestiones a considerar en la comparación entre la eficiencia de la NASA y SpaceX. Una mencionada al pasar por Ansa y Flyvbjerg, y la otra no tanto. La primera es que buena parte de la baja performance de la agencia espacial estadounidense en sus programas se ha debido a la tradicional aversión a los riesgos de las entidades gubernamentales, que les impide aventurarse más en estrategias de aprendizaje por experimentación previa, como habría hecho SpaceX. El tema es que frecuentemente esta aversión al riesgo proviene de la multiplicación de una cultura de la supervisión y el escrutinio sobre los entes estatales, promovida mucho más allá de los razonable por quienes son enemigos declarados de lo público bajo el argumento de la eterna sospecha de todo lo que realiza el Estado y sus organizaciones.
La segunda cuestión, es la omisión a una clara referencia a los conocimientos que la NASA ha transferido a SpaceX. Cuando Musk llegó con sus enfoques revolucionarios de gestión de proyectos y sus jornadas extenuantes de trabajo para sus ingenieros y sus cohetes, el camino ya había sido en buena medida abierto por el esfuerzo estatal de la NASA que, a su vez, aportaría dinero y recursos para que la empresa se luciera.
Las incongruencias de Musk también surgen cuando pretende que un Estado le asegure la provisión barata de litio para las baterías de sus Tesla, tal como exhibió en su apología del golpe contra Evo Morales en Bolivia, en una serie de tuits de julio de 2020.
De todas maneras, hay cierta diferencia inconmensurable entre un libertario como Musk, que hizo su fortuna aportando importantes cuotas de innovación, y las versiones tercermundistas y autóctonas que no pasan de ser un grupo de fanáticos y oportunistas. La trayectoria de Musk, como el de todos los selfmademan, lejos de exhibir el cenit de los logros de la iniciativa privada, lo que revelan al ojo observador es que no es posible lograr el desarrollo social ni las ganancias personales sin un poderoso Estado presente.
Especialistas del CONICET en el Hospital Garrahan y colegas de otras instituciones lograron desarrollar por primera vez un modelo preclínico y cultivos celulares primarios que reproducen la biología del retinoblastoma (el cáncer de ojo pediátrico más común) metastásico y que servirán para diseñar tratamientos innovadores que puedan curar a estos pacientes. El avance se describe en la revista Investigative ophthalmology & visual science.
La incidencia de retinoblastoma en el mundo es de 1 caso cada 17 mil nacidos vivos y en Argentina se detectan entre 40 y 45 casos nuevos por año en menores de 15 años.
El retinoblastoma se puede eliminar cuando se detecta en forma temprana y suele ser sensible a la quimioterapia. Sin embargo, el pronóstico empeora si el cáncer se disemina principalmente al sistema nervioso central: en esos casos, hasta 9 de cada 10 pacientes no logra curarse pese a la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía.
“Es imprescindible avanzar en el conocimiento de por qué se disemina el tumor, determinar los factores de riesgo moleculares que controlan ese proceso. Los modelos preclínicos que logramos generar serán útiles para evaluar nuevas terapéuticas y finalmente, encontrar nuevos tratamientos para esta población que hoy carece de alternativas”, afirma Paula Schaiquevich, líder del avance, investigadora del CONICET y directora de la Unidad de Tratamientos Innovadores del Hospital Garrahan.
Detección tardía
En los países desarrollados este tipo de tumor se suele detectar a tiempo, pero en los de ingresos medios y medios-bajos, como consecuencia del diagnóstico tardío, limitaciones en el acceso a tratamientos, factores culturales y otras variables, más de la mitad de los niños afectados se diagnostican con enfermedad metastásica, es decir, cuando el tumor se diseminó por fuera del ojo a otros órganos y tejidos.
Schaiquevich enfatiza la importancia de desarrollar un modelo preclínico para el estudio del retinoblastoma. Este tipo de cáncer, como la mayoría de las malignidades pediátricas, son enfermedades raras. “Por ello, es muy difícil realizar estudios clínicos para identificar nuevos tratamientos que incluyan un número significativo de pacientes. Al ser ‘pocos’ pacientes, se dificulta la realización de varios estudios clínicos para identificar cual sería la ‘mejor’ terapéutica. Para ello, estos modelos, como el que hemos desarrollado, son muy importantes porque nos permiten evaluar y ‘filtrar’ seleccionando los tratamientos que sean los más promisorios para que luego sí se puedan evaluar en estudios en pacientes”, puntualiza.
Investigación traslacional y clínica
Previo al estudio liderado por especialistas del CONICET no existían células tumorales de pacientes retinoblastoma metastásico que se pudiesen cultivar en el laboratorio, así como animales de laboratorio (ratones) con ese tipo de tumor en los que se puede estudiar la progresión del tumor y testear nuevas drogas.
“En este estudio, desarrollamos modelos celulares y animales con ese tipo de tumor y luego de evaluarlos, sabemos que se presentan características histológicas, moleculares y farmacológicas similares a los pacientes. Para ello desarrollamos estudios moleculares, genómicos, histopatológicos, y de pruebas farmacológicas que reflejaron un comportamiento distinto para cada modelo, pero similar a lo que ocurre en el paciente del cual obtuvimos las células tumorales”, explica Schaiquevich.
Tumores invasores
En diferentes análisis, la científica del CONICET y colegas constataron que los tumores crecían e invadían órganos y tejidos en el animal como ocurrió en los pacientes de los cuales se tomaron las células del tumor. “Son modelos confiables y reproducen la biología del tumor del paciente del cual derivan. Incluso, los estudios de laboratorio nos muestran que las células tumorales en el laboratorio responden a la quimioterapia como se observó en los pacientes”, afirma Schaiquevich. Y agrega: “Así podemos usar estos modelos para descubrir nuevos tratamientos, sean fármacos nuevos o bien aquellos que ya estén en el mercado pero que se usen para el tratamiento de otros tumores pediátricos o incluso, para otras enfermedades”.
Un aspecto muy importante del proyecto “es que generamos capacidades locales en nuestro país para la evaluación genómica y molecular del retinoblastoma y el desarrollo y caracterización de modelos preclínicos de este tumor. Las herramientas aprendidas pueden aplicarse a desarrollar nuevos modelos en otros tumores pediátricos”, afirmó Schaiquevich.
Estudios previos, liderados por la investigadora del CONICET, han permitido mejorar el tratamiento del retinoblastoma intraocular (no metastásico) en un ojo, bilateral (los dos ojos) y refractario (cuando el paciente no responde al tratamiento estándar).
Retinoblastoma
Antes, para el retinoblastoma intraocular, se administraba quimioterapia por vía endovenosa, pero los fármacos además de eliminar células cancerígenas dañaban tejidos sanos. “Con el grupo de investigación en retinoblastoma, realizamos estudios preclínicos que permitieron optimizar los esquemas terapéuticos y definir cuáles quimioterápicos usar conjuntamente en niños afectados con retinoblastoma intraocular para lograr una mayor eficacia del tratamiento y disminuir la probabilidad de eventos adversos, incluso serios que pueden poner en peligro la vida del paciente”, explica Schaiquevich. Y continúa: “Estos estudios permitieron comprobar la eficacia y seguridad de dos técnicas de administración de quimioterapia (Quimioterapia superselectiva intra-arteria oftálmica y Quimioterapia intravítrea) que se desarrollaron en Japón, Estados Unidos y en Suiza y cuyo fin era administrar la quimioterapia principalmente en el tumor para evitar efectos secundarios sistémicos (en la sangre y otros tejidos normales). Los resultados de nuestras investigaciones, descritos en revistas científicas internacionales, permitieron que el equipo de oncólogos, oftalmólogos y neurointervencionistas del Hospital Garrahan pudiesen emplear esos procedimientos y tratar con éxito a niños y niñas con retinoblastoma intraocular”.
“Contar con grupos de investigación del CONICET desde hace más de 15 años dentro del hospital ha sido muy beneficioso para aplicar terapias efectivas a los pacientes pediátricos con retinoblastoma intraocular. Este trabajo interdisciplinario permite que la ciencia ayude a resolver desafíos que enfrentamos en la clínica”, afirma Pedro Zubizarreta, médico pediatra y jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Garrahan. Y concluye: “Los chicos y chicas con retinoblastoma metastásico tienen disminuida la posibilidad de curación. Por esta razón es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías y posibilidades terapéuticas para este grupo de pacientes. El modelo experimental desarrollado por Schaiquevich y colegas para entender la biología de este tumor cuando se disemina pretende aportar nuevos conocimientos que contribuyan con ese objetivo”.
Modelo preclínico
El desarrollo del modelo preclínico para el estudio del retinoblastoma metastásico forma parte de una línea de investigaciones desarrolladas en el marco de un trabajo conjunto coordinado e integrado por investigadores e investigadoras, becarios y becarias del CONICET en el hospital pediátrico de referencia nacional Garrahan, en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), especialistas de instituciones internacionales, y personal médico del Garrahan.
Los estudios se realizaron gracias a la obtención de distintas fuentes de financiamiento científico nacionales como el CONICET y el apoyo de la Fundación Natali Dafne Flexer, The Fund for Ophtahlmic Knowledge (Nueva York, Estados Unidos), la Fundación Nelia et Amadeo Barletta, la Fundación Leo Messi y el Instituto Oncológico Henry Moore.
