La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que «cientos de miles de familias» en el país tienen problemas para «alimentarse bien» y afirmó que «la comida no puede ser una variable de ajuste». Mientras tanto, decenas de personas forman fila frente al Ministerio de Capital Humano en reclamo de alimentos y desde el Gobierno negaron todo tipo de convocatoria.
El mensaje de la CEA apuntó a que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia «sin dilación» para que la situación «no profundice la crisis alimentaria«.
«Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘Un plato de comida no se le niega a nadie’. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien», expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea.
La Iglesia advirtió por «crisis alimentaria»
En ese documento, titulado «El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia», y difundido a una semana de que el papa Francisco reciba en el Vaticano al presidente Javier Milei, la CEA resaltó que «es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria», y en ese sentido consideró que «se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores».
«Ante una crisis -mencionó el texto- no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad», afirmó.
El documento indicó que «la inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos», una situación que «siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios».
«Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste», sostuvo.
El documento citó un fragmento del libro sapiencial de Tobías, en el Antiguo Testamento, que señala que «entre las necesidades primarias está el alimento», un motivo por el cual, continuó el texto, «Jesús se identifica con los últimos en la fila de la vida que padecen hambre, y dice: ‘Tuve hambre y me diste de comer'».
La CEA recordó que el tiempo de la pandemia de Covid-19 «enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada» y que en aquel tiempo de emergencia sanitaria «se multiplicaron los comedores» en las parroquias, las Iglesias evangélicas y los movimientos populares.
Así, destacó que «las grandes protagonistas fueron las mujeres», porque «cada una se acercó a la olla pensando no sólo en sus hijos, sino también en los de los vecinos», mencionó la CEA.
La entidad católica valoró que «esa reserva» social «está todavía presente», y por eso «el Estado nacional, provincial y municipal tienen que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día».
«Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, iglesias evangélicas y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación», opinó la Comisión Episcopal.
Y agregó: «Toda esta comunidad, verdadero ejército de amor y servicio, está dispuesta a dar de comer ahora porque hace falta, pero sin renunciar a seguirse poniendo la patria al hombro, para que en nuestra querida Argentina se haga realidad el sueño de Tierra, Techo, y Trabajo para cada familia».
El Gobierno respondió ante los reclamos de alimentos
En la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la comida «no es variable de ajuste» y apuntó contra los intermediarios de las organizaciones sociales que «especulan» con la necesidad de la gente y los tildó de «gerentes de la pobreza».
«La comida de los argentinos no está en discusión. Se acaba de firmar un convenio entre los ministros Sandra pettovello y Pedro de la Torre en virtud de la asistencia alimentaria», explicó el vocero en su habitual contacto con la prensa en Casa Rosada.
Según Adorni «la comida no es una variable de ajuste» y sí «lo son los intermediarios, que hacían negocios con la pobreza, queremos que nadie haga negocios con lo que no le corresponde», dijo.
Respecto a las filas de decenas de personas en el Ministerio de Capital Humano que hoy reclaman alimentos, Adorni aclaró que «no tenemos ninguna valoración al respecto si fue una convocatoria de una organización» e insistió en que «la intención es que la ayuda le llegue al que le tiene que llegar. No queremos más intermediario, no queremos más pobres», cerró.
El medio chileno El Mostrador informa a sus lectores que el presidente argentino Milei firmaria en los proximos dias la compra de 24 aviones F-16 dados de baja por Dinamarca, pero fabricados en Estados Unidos por la compañía Lockheed Martin.
Cada país fabricante de armas debe autorizar la reventa de sus productos. Así, la movida de Washington no solo significó desplazar a China como proveedor, también incluyó al Reino Unido y su plan de control-protección de las islas Malvinas. El Pentágono, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, convencieron a Londres para que permitiera la compra por parte de Argentina y que, de alguna manera, recupere algo del poder de defensa que perdió en 1982 a manos de los británicos. Además, el Pentágono gestionó un paquete de financiamiento por 40 millones de dólares para facilitar la compra por parte del gobierno argentino.
Y si bien los fondos para la transacción están aprobados –600 millones de dólares: 300 millones por los aviones y 300 millones por el armamento y la parte electrónica, (EE.UU. regala un 15 por ciento)–, hay una serie de trámites y papeleos que el ministro de Defensa trasandino, Luis Petri, realiza por estos días contra reloj, pues el plazo del trato vence a fin de mes.
La idea partió hace unos dos años, cuando Dinamarca decidió renovar su flota de aviones. “Las autoridades danesas hablaron con las estadounidenses para negociar la compra de nuevos aviones y, de paso, la autorización para vender los antiguos. Esta oportunidad calzó completamente con la forma en que Estados Unidos está trabajando hoy con América Latina: generando préstamos de cooperación en ámbitos de seguridad y para la lucha contra el crimen organizado. Así le dio el pase a Argentina para el traspaso de los F-16. Esto les dará una capacidad importante de dominio del espacio aéreo”, explica el analista político en Defensa y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, quien añade que entre las restricciones puestas por el Congreso y el Departamento de Estado norteamericanos está que los aviones no pueden ser usados contra Chile y tampoco contra las Malvinas.
Para nadie es un misterio que nuestro vecino no renueva hace años su material defensivo, principalmente por no tener capacidad de pago, lo que se ha agravado por las restricciones que puso el Reino Unido tras la guerra de las Malvinas.
“Hace varias décadas que no tiene portaaviones. Hizo un acuerdo para la compra de aviones navales para vigilar zonas australes exclusivas, pero no pudo llegar ni con el primer pago. Este tema para la comunidad internacional no es menor, porque el flujo de flotas pesqueras de China, Japón, Rusia, Estados Unidos y otros países no tiene control”, dice Holzmann.
“Cuando organizaron la reunión del G20 (2018), los concurrentes pidieron a las autoridades proteger los cielos aéreos de Argentina de atentados terroristas, pero la Fuerza Aérea trasandina no tenía esa capacidad”, señala por su parte el experto en Defensa y Seguridad Nacional, Richard Kouyoumdjian.
Ante los problemas económicos y las restricciones que le impuso el Reino Unido, Argentina buscó alianzas estratégicas y ahí se encontró con China. “Le vendía repuestos que copiaba, pero duraban menos. También compró material ruso, pero tuvo problemas por la incapacidad de pago. Estuvo negociando con Pakistán, con India y Turquía. Firmó acuerdos bilaterales con Italia y con Francia, pero siempre hubo problemas económicos”, afirma Guillermo Holzmann.
Nada nuevo para Chile
El senador Pedro Araya (PPD), que es integrante de la Comisión de Defensa, dice que esta compra no tiene implicancias para el país, “porque Chile no tiene ningún tipo de aspiración bélica. Por el contrario: está buscando mantener la paz y sobre esa base se ha diseñado un plan estratégico de compra de material para las Fuerzas Armadas”.
Agrega que Chile no tiene un ánimo expansionista ni está en una carrera armamentista. “Es una decisión que se tomó hace bastantes años y se ha repetido en el Libro Blanco de la Defensa. Hoy se está comprando material multipropósito que tiene otros fines. Por ejemplo, el avión Hércules para traslado de personal, ataque de emergencias. En la última compra de helicópteros, se pensó más en que cumplieran ciertas condiciones para auxiliar a la población en caso de catástrofes y emergencias”.
Pese a ello, Milei tiene planes de restablecer, gradualmente, su gasto de defensa a indicadores más tradicionales a nivel mundial: hasta llegar al 2% del PGB. “La vicepresidenta, Victoria Villarruel, viene de una familia militar, es muy pro Fuerzas Armadas y quiere restablecer su prestigio. Ella, además, tiene una posición más asertiva respecto de los espacios australes, de la Antártida y todas esas cosas, que siempre complican la relación con Chile”, explica Richard Kouyoumdjian.
Sin embargo, el experto señala que “Chile tiene capacidades militares bastante superiores. El tema es una señal de que Argentina salió de un letargo estratégico de equipamiento en defensa y que probablemente deberíamos esperar lo mismo en temas de equipamiento militar y naval. Si un gobierno del tipo Milei tiene éxito, podríamos volver a situaciones donde la relación con Argentina se complejiza un poquito por problemas limítrofes. Cuando Argentina está mejor equipada y además económica y políticamente más resuelta, normalmente las agarra con Chile. En 200 años eso indica la historia. Ahora tampoco eso es anormal, porque compartimos más de 4 mil kilómetros de frontera”.
Holzmann, en dicho sentido, puntualiza que “es necesario reforzar el ánimo de diálogo y negociación. Hay algunos temas pendientes con Argentina que deben ser mirados con mucha tranquilidad, con visión de futuro. Los países vecinos, en general, mantienen una historia que no siempre es convergente y necesitan mantener un diálogo directo, franco, de confianza en un nivel de reserva en lo diplomático, y eso debemos recomponerlo rápidamente. Se debe fortalecer la cooperación frente a los intereses que hay desde Brasil, México, pasando por India, China… en esta zona y la Antártica. Hay que trabajar esta relación muy bien”.
El orden estratégico del sur
Argentina es importante a nivel global por su capacidad agrícola, ganadera e industrial. También tiene la Patagonia y acceso a la Antártica, que son los lugares más apreciados en términos de reservas naturales. “Además, al igual que Chile, tiene el control del paso del océano Pacífico al Atlántico. Los submarinos nucleares y los portaaviones no pueden cruzar por Panamá, por lo tanto, la posición geoestratégica de ambos países es muy importante desde el punto de vista de las potencias”, afirma Guillermo Holzmann.
China es un socio importante de Argentina y de varios países de la región, incluido Chile. Tiene instalada una base de monitoreo satelital en la Patagonia trasandina, que posee inmunidad diplomática, y con esta venta Estados Unidos logró recomponer las relaciones más estratégicas con Argentina. “Eso significa que en el futuro habrá más ejercicios conjuntos entre Chile y Argentina. Estados Unidos va a presionar por una cooperación entre nuestros países, dado que tenemos las mismas armas. Los F-16 vienen con estándar OTAN, que es lo que Chile maneja hace muchos años. En consecuencia, Estados Unidos está apostando a que es más fácil recomponer la relación de cooperación, de confianza entre Chile y Argentina y que, así, aunque China se mantenga en la Patagonia, tendrá menos espacio de crecimiento”, añade Holzmann.
Al respecto, el senador Araya indica que “todos sabemos las implicancias que tiene la disputa de China con Estados Unidos, para lograr ejercer una mayor influencia en la región. La decisión argentina pareciera darle una mejor posición a Estados Unidos”. Sobre el efecto en Chile, dice que “con Argentina mantenemos una muy buena relación bilateral. Hacemos ejercicios conjuntos, no hay ningún roce, pero no existe hoy un actuar conjunto respecto a cómo enfrentar geopolíticamente la situación entre Estados Unidos y China”.
“El equipamiento militar hoy se ha vuelto complejo porque, como hay situaciones de guerra en el Medio Oriente, en Ucrania y, además, todo el vecindario cercano a China también anda medio agitado, no puedes salir a comprar 20 aviones el día que se te ocurra. Son procesos muy planificados, preparados, que cuestan mucha plata y hay harta demanda. Entonces, que Argentina logre llevarse 24 de 34 aviones y que Ucrania quede solo con 10, quiere decir que efectivamente para Estados Unidos es importante en qué ámbito se alinea con Argentina”, añade Richard Kouyoumdjian.
“China, además de tener una estación de monitoreo de satélites muy importante en el sur de Argentina, está haciendo inversiones, proyectos de infraestructura, como el puerto de Ushuaia. Normalmente los canjea por deuda externa o por compras de soya o exportaciones argentinas. A China le interesa ir tomando posiciones en ciertos países que son proveedores importantes. De Chile le interesa el cobre, el litio”, detalla.
En Argentina dicen que este es un trabajo que viene haciendo hace rato Estados Unidos, a través de su embajada. El embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, se apuró en ofrecer una alternativa para el ejército trasandino, luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, calificara como improcedente avanzar en el financiamiento de 156 vehículos 6×6 Guaraní de producción brasileña por parte del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social ), el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y el Banco da Patagonia. Igualmente, se ha mostrado interesado en proveer de helicópteros UH-60 Black Hawk para la aviación del ejército, que deberá sustituir a sus Bell UH-1 Huey muy pronto.
Según Página 12, en la Fuerza Aérea trasandina no ven todo color de rosa con los F-16. “El mantenimiento es caro y, con un Gobierno que nos dice que no hay plata, esperemos que estos aparatos no terminen siendo maceteros llenos de plantitas. Volarlos una hora cuesta entre 10 mil y 15 mil dólares. ¿Habrá fondos para entrenar a los pilotos? O peor aún: en el alineamiento que está teniendo el presidente, no vaya a ser que se terminen triangulando hacia conflictos en los que no tenemos nada que ver”.
Por lo pronto, se informó que el Gobierno de Alberto Fernández dejó comprados cuatro aviones P-3 Orion –tres para misiones de patrullaje y vigilancia marítima, y uno especializado en acciones de búsqueda y salvamento–, recientemente dados de baja por Noruega y autorizados por Estados Unidos.
El otro “gesto” de Milei hacia EE.UU. promete traer más polémica interna que los aviones. Se trata de la firma del decreto para que las Fuerzas Armadas incursionen en seguridad interior.
Según informa Página 12, se revocaría una norma anterior (2006) que establecía que los militares podían intervenir únicamente ante la amenaza de “un Estado” extranjero. De esa formulación, Milei y su ministro de Defensa, Luis Petri, sacarán la palabra “Estado”, por lo tanto, quedará un gran abanico bajo las palabras “amenaza extranjera”: grupos narcos, guerrillas, organizaciones indígenas, formaciones terroristas, bandas que lucran con movimientos migratorios.
Francia no es un país neutral. Su historia, sus tradiciones, siempre han marcado desde el pueblo la firmeza tan concreta de la defensa de las convicciones,.
Como lo indica el lema de la República Francesa, “Libertad, igualdad, fraternidad” es de alguna manera lo que subyace en los reclamos de los productores que hace semanas están en las calles de sus pueblos, en las rutas de sus regiones, y que incluso llegaron al frente de la sede de la Unión Europea en Bruselas, para manifestarse frente a las contradicción de políticas restrictivas dentro del continente y la intención de generar acuerdos internacionales con países donde las producciones no tienen tantas reglamentaciones como los de los países miembros de la UE.
En tiempos revueltos, que nos recuerdan cada una de las revoluciones que marcaron a Francia, Bichos de Campo habló con uno de los productores que está al frente de las manifestaciones.
Bruno Cardot, siempre con el saludo característico de “salut, salut”, muestra su actividad en redes sociales, porque quizá esa sea una manera más de trascender, de explicar la importancia de la generación de alimentos, pero también como forma de defender sus derechos para seguir adelante, para alimentar al mundo, aunque cada vez con más limitaciones políticas que van en contra de esa necesidad global.
Desde San Quintín, una ciudad ubicada a mitad de camino entre Paris y Bruselas, en la Región de los Altos de Francia, en su campo produce trigo, colza, cebada, remolacha azucarera, papas y también viñas de uva chardonnay.
La Unión Europea viene desarrollando políticas que atentan contra la producción de alimentos, a pesar de venderlas como el salvataje global. Según Bruno, “el Pacto Verde con su política ‘de la granja al tenedor’ son estrategias decrecientes. Ya hay una pérdida de volúmenes de producción del 15% en la Unión Europea. Las restricciones regulatorias ambientales, sumadas a las impuestas por Francia, dan como resultado un aumento de las importaciones europeas y especialmente en nuestro país. Estas importaciones no respetan nuestras normas medioambientales, ni sociales”.
Para los productores, los eventos más impactantes en su desempeño de los últimos años son “la gran volatilidad de los precios de venta, los eventos geopolíticos incontrolables, las distorsiones de la competencia dentro de Europa y también fuera del bloque”. En este contexto Bruno dice que vende todos su productos “a comerciantes”, para tener negociaciones lo más directas posibles, mientras que hay muchos espacios cooperativos que intervienen en el tránsito entre el campo y los consumidores.
“El acuerdo con el Mercosur me inquieta desde el inicio de las negociaciones, porque la parte dedicada a las materias primas agrícolas es inaceptable, en términos de volúmenes y en términos de cumplimiento de nuestras normas de producción europeas, relacionadas con normas medioambientales”, define.
Lo que no quieren los productores europeos es una competencia desleal y saben de las flexibilidades que tiene Latinoamérica en general y que no escapan a la producción de alimentos. Sin embargo existen intercambios comerciales actuales que podrían incrementarse, sobre todo desde Brasil y Argentina. Ellos nos ven como amenaza. Y lo que no se ve desde el otro lado del Atlántico es la cantidad de limitaciones propias que tenemos acá, para poder realmente retomar la posición de potencia en la producción alimenticia, primaria e industrializada, a pesar de la capacidad conocida.
“Los productores que ahora se manifiestan comenzaron a seguir una importante acumulación de reglas y estándares a lo largo de varios años. Ya no somos competitivos. Nuestros ingresos han caído drásticamente”, dice Bruno, que considera que por eso se hacen ahora visibles.
“Las rutas son el símbolo del comercio injusto. Muchos camiones con materias primas agrícolas extranjeras circulan. Por lo tanto, bloqueando así las autopistas y también las grandes ciudades es la forma que encontramos para explicar nuestros problemas, lo más cerca posible de los franceses”. Saben entonces que el Gobierno francés los está escuchando y reafirman su oposición al acuerdo con el Mercosur.
De todas formas, aclara el productor galo, “estamos de acuerdo en la firma de acuerdos internacionales. Nosotros tenemos la necesidad de exportar la mitad de los cereales que producimos, nuestros productos alimenticios industrializados y también otras cosas industrializadas, pero nos encontramos con que las materias primas que se importan tienen pesticidas que nosotros tenemos prohibidos usar”.
A eso se agrega el capítulo de la deforestación como condición, pero también “la competencia desleal que tenemos frente al bajo costo de la mano de obra que distorsiona el mercado y los productos”.
Lo que quieren los productores europeos es aquello con lo que comenzábamos la nota, básicamente la igualdad, que no se descompense la balanza de las condiciones entre unos y otros, mientras resisten en las rutas entre tractores, fardos y ante temperaturas que son completamente opuestas a las que padecemos acá.
Bruno es concreto. Dice que “debemos seguir intercambiando nuestras producciones, pero ustedes tienen que progresar como nosotros en materia de ambiente. No se puede ignorar el cambio climático. Es un hecho. El clima es universal, nuestros suelos deben tener los mismos estándares en todo el mundo, y si no la carrera por el negocio agrícola llegará inevitablemente a su fin, entre el agua, la sequía y la necesidad de energías”.
La jugada de los productores europeos es muy drástica. Entonces, si el Mercosur quiere el acuerdo deberá elevar sus estándares y negociar de la manera más justa posible, pero hoy como están dadas las cosas, la respuesta de los productores franceses seguirá siendo un no.
La OMS ha publicado ayer un informe sobre el impacto del cáncer en todo el mundo en el que advierte sobre el incremento en el número de casos, el impacto desproporcionado sobre las personas con menos recursos y la necesidad de afrontar las inequidades en los tratamientos a nivel global.
El documento, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, de sus siglas en inglés), estima que, en 2022, hubo unos 20 millones de casos de cáncer y 9,7 millones de muertes. El documento incluye una previsión del número de casos de cáncer que se diagnosticarán en 2050 y calcula un aumento del 77%, hasta los 35 millones de casos.
El crecimiento de la población, el envejecimiento y otros factores como el consumo de alcohol o tabaco y la obesidad se encuentran entre las causas que justifican esta predicción. La contaminación del aire es otro de los culpables señalados por la OMS. En total, uno de cada nueve hombres y una de cada 12 mujeres morirán por cáncer. La organización calcula también que hay 53,5 millones de personas que siguen vivas cinco años después de recibir un diagnóstico de cáncer.
El organismo también ha hecho público hoy otro estudio, que incluye a 115 países, en el que se ve que la mayoría no financian adecuadamente los tratamientos como parte de la cobertura sanitaria universal. Solo el 39% de los países cubren lo básico y solo un 28% aportan cobertura adicional para las personas que requieren tratamiento del dolor y paliativo.
Los más comunes
El IARC estima que 10 tipos de cáncer, de 36 considerados, suponen dos tercios de los nuevos casos y las muertes. El cáncer de pulmón es el más común, con un 12,4% de los nuevos casos (2,5 millones); el segundo es el cáncer de mama, con un 11,6% (2,3 millones); le sigue el colorrectal, con un 9,6% (1,9 millones); el quinto es el de próstata, con el 7,3% (1,5 millones); y le sigue el de estómago, con un 4,9% (970.000 casos). En número de muertes, el cáncer de pulmón fue el más letal, con un 18,7% de las muertes (1,8 millones); el colorrectal el segundo, con un 9,3% (900.000); el de hígado, el tercero, con un 7,8% (760.000); el de mama es el cuarto, con un 6,9% (670.000); el de estómago es el quinto, con un 6,8% (660.000). La OMS interpreta que el resurgir del cáncer de pulmón como el que más muertes provoca se debe al uso del tabaco en Asia.
Algunos tumores tienen distinto impacto por regiones. Es el caso del cáncer cervical, que es el octavo cáncer más común en todo el mundo, pero el más frecuente en 25 países, una mayoría en el África subsahariana. El cáncer cervical, provocado por el virus del papiloma humano, se puede prevenir con revisiones periódicas y vacunas y la OMS tiene un programa para eliminarlo o reducirlo drásticamente como problema de salud pública.
La falta de equidad también es dramática, según los datos presentados hoy. En los países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) elevado, una de cada 12 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama, pero solo una de 71 morirán por esa causa. Sin embargo, en los países con un IDH bajo, aunque solo una de 27 recibirán ese diagnóstico, una de 48 morirán por ese tipo de tumor, un desequilibrio que se debe a la falta de tratamientos eficaces y diagnóstico temprano. Este tipo de desigualdades se observan en todos los tipos de cáncer. Aunque en total serán los países con un IDH alto los que verán un aumento mayor, con 4,8 millones de diagnósticos previstos para 2050, serán los de un IDH bajo, con un aumento del 142%, y los de desarrollo medio, con un 99%, los que verán un crecimiento proporcional más intenso.
En una entrevista, el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas (JEMCOFFAA), Brigadier General Xavier Julián Isaac, confirmó la compra de 24 aviones caza F-16 Fighting Falcon, de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca.
Si bien no brindó fecha sobre la firma del acuerdo, que también involucra a los Estados Unidos, confirmó que la operación se concretaría en el corto plazo.
En la mencionada entrevista, también Isaac adelantó que los aviones serán destinados a la VI Brigada Aérea. “Seguramente lo va a decir el jefe de la Fuerza Aérea, pero van a ir a Tandil” señaló la autoridad militar.
“Está previsto en el paquete (de inversión) una cierta cantidad de plata para modificar la VI Brigada. El trabajo será profundo, tendremos en cuenta hasta el último detalle: la pista, la calle de rodaje, los hangares y la sala de pilotos”, expresó Isaac.
Así lo reporta la Alianza por los Humedales Andinos en base al relevamiento de la Convención Ramsar. La caída se explica por la crisis climática, los cambios en el uso del suelo y las actividades extractivas como la minería de litio, un mineral “crítico” para la transición energética.
La extensión de los humedales disminuyó entre un 64% y un 71% durante el siglo XX, según estadísticas de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de estos ecosistemas. Por tal retroceso y su impacto en el bienestar humano y ambiental, la Alianza por los Humedales Andinos vuelve a instar a los gobiernos y comunidades de la región a trabajar para la conservación de su biodiversidad y recursos naturales.
“En el marco el Día Mundial de los Humedales ─celebrado cada 2 de febrero para generar conciencia acerca del valor de estos ecosistemas para la vida en el planeta─, desde la Alianza por los Humedales Andinos hacemos un llamado a proteger y conservar los humedales andinos en América Latina, así como el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos”, expresó en un comunicado la entidad que nuclea organizaciones ambientales de Bolivia, Chile y Argentina.
La caída en la extensión de los humedales a nivel mundial responde a múltiples factores. Por un lado, destacan la reciente profundización de la crisis climática y el calentamiento global así como también los cambios en el uso del suelo. Por otro, algunas actividades extractivas como la minería de litio, cobre y otros minerales “críticos” para la transición energética también afecta de manera directa a este tipo de ecosistemas que incluye salares, lagos y lagunas.
Según indicaron desde Alianza por los Humedales Andinos, Argentina, Bolivia y Chile albergan más del 53% de las reservas globales de litio, un mineral de alta demanda por parte del norte global. Se trata de un material muy utilizado para la fabricación, entre otros elementos, de baterías y celulares, lo que, con el avance las nuevas tecnologías, ha acelerado su proceso de extracción y producción a nivel global.
La actividad minera requerida para su obtención, sin embargo, contribuye a la degradación de los medio ambiente, generando así perjuicios para tanto socioeconómicos como ambientales para la población mundial.
“La minería de litio en humedales implica graves alteraciones en su disponibilidad para la biodiversidad y las personas y para el funcionamiento de los ecosistemas en su conjunto. La minería de litio incumple, además, con distintos derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas respecto a actividades que puedan afectarlas, así como también con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizadas por la normativa internacional y nacional”, detalló la directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Argentina, Pía Marchegiani.
En este marco, la Alianza por los Humedales Andinos reclama por una transición socioecológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, en la que se priorice la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. “Abogar por una transición energética justa y popular implica considerar no solo la necesidad de descarbonizar, sino también garantizar la preservación de la biodiversidad y los modos de vida de los pueblos y comunidades. Es hora de adoptar enfoques más radicales y propositivos que busquen un equilibrio entre la satisfacción de necesidades y la conservación, priorizando la justicia socioambiental en el camino hacia un futuro más sostenible”, explicó Ramón Balcazar, director de la Fundación Tantí de Chile.
En la misma línea, Claudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) planteó la necesidad de repensar la relación tripartita entre el ser humano, la economía y el ambiente.
“El agua, como elemento central del paisaje, es hábitat y fuente de vida para innumerables especies de flora y fauna. Todo esto y más es lo que está en riesgo cuando la transición energética corporativa presiona para la rápida y descontrolada extracción de minerales críticos en los humedales andinos, que avanza sin respetar los derechos humanos ni los estándares internacionales de protección ambiental. Es momento de cuestionar si la apuesta por los minerales a toda costa es la transición que el mundo necesita realmente o si únicamente replica el viejo modelo extractivo creando nuevas zonas de sacrificio en América Latina”, sostuvo.
Hablemos de tecnología, lectores. Pero antes, hagan un experimento sencillo.
Consulten con conocidos o desconocidos. Elíjanlos al azar, si pueden, y verán que sin distinción de a quién votaron, una mayoría de argentinos no quiere que se privaticen para siempre las tres centrales nucleares criollas.
Hoy pertenecen a la empresa nacional que las opera, repara, actualiza, re-diseña y que construyó al menos una, Nucleoeléctrica Argentina, NA-SA.
En general, comprobará que sus interlocutores ni siquiera conocen el nombre de la firma. Algunos creerán que Ud. les está hablando de la Agencia Espacial de los EEUU. Pero si uno explica que NA-SA es estatal, dueña de tres centrales atómicas y que pinta venta, los asusta la seguridad nuclear: no quieren un operador privado que ahorre en la materia.
Los ya canosos, los que leían diarios impresos en papel, recuerdan que las máquinas son tres y que estuvieron medio siglo en manos del Estado, primero como propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), luego de NA-SA. Y por mucho que rebusquen en su memoria, no recuerdan accidente o incidente de seguridad alguno que CNEA o NASA hayan generado.
No lo recuerdan porque no lo hubo. En medio siglo.
¿Cambiar eso? ¿A santo de qué?
QUIÉNES SOMOS Y DE QUÉ HABLAMOS
Uno de los dos firmantes (el Dr. Gabriel Barceló) fue hasta hace días miembro del directorio saliente de NA-SA. Yo, Daniel Arias, soy periodista científico. Y ambos estamos derrapando: le propusimos evitar obviedades, como la seguridad. Y preferimos hablar de tecnología. Porque nadie lo está haciendo.
No hablamos de software informático. Nos referimos a la palabra “tecnología” en su sentido original y amplio: el conocimiento para fabricar cosas y/o dar servicios. Lo que en inglés se suele llamar “know how”.
La tecnología es un bien tan cultural como la música. Necesita de diseñadores, físicos, químicos e ingenieros, así como la partitura de una pieza musical requiere de compositores.
La tecnología también necesita de otros ingenieros distintos, de técnicos, empresarios industriales, montajistas y obreros muy calificados que ejecuten la idea. No de otro modo, los directores de orquesta, los instrumentistas y los ingenieros de sonido vuelven sonido real algo tan virtual como una partitura.
Y finalmente música y tecnología necesitan ambas de un público, los usuarios o consumidores. Sin la cadena completa, aunque sólo falte un único eslabón, no hay tecnología ni música.
¿Pero se puede vivir sin música? ¿Y sin tecnología? Eso nunca sucedió. Desde hace 50.000 años, cuando éramos cazadores-recolectores y moríamos generalmente antes de los 30, siempre tuvimos instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión.
Y generalmente eran derivados de nuestras herramientas de caza y recolección. Y estaban asociados a asuntos imprescindibles: educación de los jóvenes, medicina de los viejos, creencias y valores de todos.
El Homo sapiens siempre vivió inmerso en su música y en su tecnología. El arte y el “know how” nacieron juntos, y junto con el lenguaje articulado, definen nuestra especie. Y ésta logró alargar su expectativa y calidad de vida con la mejora de la tecnología.
Y algunas mejoras fueron revolucionarias.
¿CUÁL LIBRE MERCADO?
Apurando la construcción del CAREM a fines de 2022, vecino de las Atuchas y con el Paraná de las Palmas al fondo. Se destaca el mallado muy cerrado y la densidad extraordinaria del varillado de acero del futuro hormigón. NA-SA está usando hasta 6 tipos de hormigones químicamente distintos en la contención de este prototipo de central nuclear de la CNEA.
La historia de la tecnología es la de la gente. Su mayor o menor manejo distingue pueblos relativamente libres de pueblos exterminados, ocupados, arrancados de sus tierras o simplemente colonizados. Los perdedores frecuentemente se quedan sin su tierra, sin su trabajo, sin su casa, sin su cultura, sin su identidad, sin su tecnología, sin su historia. Y a veces, sin su idioma.
En su discurso en Davos, el presidente Javier Milei argumentó que el responsable del fenomenal aumento del PBI per cápita del mundo a partir de 1800 fue la economía liberal. Sí, ponele.
En parte Milei tiene razón. Sólo se olvida de ese detalle nimio, la Primera Revolución Industrial. La máquina de vapor diferenció a la burguesía comercial de la comercial y la financiera, le imprimió un desarrollo y una complejización fenomenales a las otras tecnologías para la producción y el transporte.
Fueron el vapor y la mecánica las disparadoras del más tremendo crecimiento de la productividad y la riqueza de 50 milenios de historia humana. El comercio masivo de ultramar autogenerado por estos desarrollos ayudó virtuosamente, pero el motor central fue la irrupción de nuevas tecnologías.
Tras milenios de dominio social de la nobleza y el clero, la industria, fogoneada por investigadores, inventores, desarrolladores y maestros técnicos, ocupó de pronto el centro del poder mundial. Y lo primero que hizo cada país que se industrializó fue defender sus fronteras no sólo con ejércitos y armadas modernos, sino con aduanas.
Todo esto lo lograron unos pocos estados, otros no, se volvieron clientes de fierros ajenos y de ideas berreta. Donde el conocimiento se articuló con la destreza de trabajadores educados y con las necesidades de la sociedad, allí aumentaron explosivamente la calidad de los recursos humanos, la productividad por habitante, e inevitablemente, la riqueza por habitante, la expectativa de vida e incluso la cantidad de habitantes.
No fue así para todas las personas ni para todas las naciones. Jamás para las naciones sin fronteras o sin aduanas. Pero a eso vamos después.
Bien, ¿y cómo se produce la tecnología?
La generación de tecnología consiste en articular conocimientos para de todo tipo para generar productos y procesos.
Quizás los dos ejemplos más exitosos de este fenómeno cultural en la Argentina son nuestros desarrollos biotecnológicos y nucleares.
No es moco de pavo, lectores. Único país del planeta con cultivos transgénicos propios resistentes por diseño al cambio climático. Séptimo en el mundo en desarrollar una vacuna eficaz contra el Covid. Único en la región con centrales nucleares propias. Único en el hemisferio sur en exportar reactores nucleares multipropósito, y plantas de radioisótopos.
Único capaz de ignorar u olvidarse de semejantes golazos.
A FALTA DE ADUANAS, DOS GUERRAS
Central Nuclear de Embalse, en Córdoba, de ingeniería CANDU. Junto con el «retubado», el reemplazo de los 380 tubos de presión y de calandria, así como de los 4 generadores de vapor, se cambiaron todos los sistemas electrónicos, eléctricos, electromecánicos e informáticos de control y de seguridad de la planta. Se hizo a nuevo y dura 30 años más en operaciones por un tercio del costo de una CANDU nueva.
Estos éxitos surgieron por la misma causa que nuestra industria sustitutiva de importaciones. Tras setenta años de educación pública, éste era un país raro. Demasiado culto, para el gusto de muchos.
Como todos los países de la región, entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda la Argentina se quedó de pronto sin importaciones industriales críticas. Y agarrate, Catalina. ¿Cómo exportar trigo, sin tractores, fertilizantes, o repuestos para locomotoras, o neumáticos para camiones, o motores navales? Pero Argentina tuvo los recursos humanos calificados para desarrollar todo esto. Y en el caso nuclear y biotecnológico, se volvió exportador.
Si hasta los ’40 nos autoelogiábamos como “granero del mundo”, entre los ’50 y los ’70 fuimos algo bastante mejor: la ferretería industrial del Cono Sur. Lo que hizo próspera y relativamente justa a la Argentina, presidente Milei, no fue el libre comercio internacional, sino justamente su fracaso entre 1914 y 1945. Aquí ya no llegaban fierros. Pero teníamos educación. Y a falta de pan, buenas son las tortas.
En la Primera Guerra fría, ya rodeados en la vida cotidiana de manufacturas complejas que proclamaban con tranquila naturalidad “Industria Argentina”, y ante la posibilidad de una Tercera Guerra caliente, aquí no teníamos autoabastecimiento en petróleo o gas. Por ello, reinó una determinación nacional irrebatible: no podíamos no tener tecnología nuclear.
Hasta los ’80, en la dirigencia argentina nadie se opuso a ello. El átomo de uranio era el futuro del mundo, eso era cantado. Y para dominarlo, había que arremangarse e investigar y desarrollar casi todo en forma local.
Aún en períodos de relativa paz mundial, la nuclear es y será siempre una tecnología imposible de comprar por transferencia. Es demasiado dual y demasiado estratégica. No es un commodity, no es un conjunto de manufacturas complejas pero geopolíticamente banales, y tampoco un corpus de conocimiento libremente transable entre naciones, incluso aliadas.
Lo atómico es MUY nacional, o no existe. Necesita un entramado nacional de saberes e intereses de científicos, ingenieros, de industriales privados, de empleados y obreros detrás de una ambición trascendente: ser autónomos en el renglón nuclear. Y lo bien que lo logramos, aunque seamos campones en olvidarlo a cada rato.
Por eso aquí se llegó a dominar el ciclo completo del combustible nuclear (uranio natural). Por eso se pudo desarrollar el enriquecimiento de uranio. Por eso aquí primero la CNEA pudo terminar la central de Embalse, y luego NA-SA hizo lo mismo con Atucha II, cada organización como responsable total de ambos proyectos, con participación creciente de industrias argentinas como proveedoras. Y en el caso de Atucha II, sin apoyo alguno del diseñador original.
NA-SA, heredera de CNEA, se salió de su rol de «operador bobo» en que la puso Carlos Menem, cuando aquel presidente fracasó en vender la centrales. En tiempos mejores (mucho mejores), NA-SA se hizo arquitecto-ingeniero nuclear para terminar Atucha II. Para ello tuvo que actuar sin SIEMENS, que en 1990 había abandonado la ingeniería nuclear. Hoy sabemos más del negocio atómico que ellos.
La obra de Atucha II se detuvo muchas veces por falta de presupuesto. Empezó obra en 1981 pero al año del inicio ya empezó a quedarse sin plata. Y así siguió en “stop and go”, arranque y frenazo, hasta su abandono definitivo en 1994.
Definitivo “ma non troppo”. En 2006 la central era un rompecabezas indescifrable y desesperante de millones de componentes almacenados por la CNEA en atmósfera de nitrógeno, para evitar su corrosión. Pero aquel año sucedieron dos cosas: el PBI crecía en flecha y su techo eran los apagones, cada vez peores. Pero además en 2006 se inauguró el reactor OPAL australiano, construido por INVAP. Sólo le falta la chapita «Industria Atómica Argentina». El mejor del mundo en su tipo, hasta hoy.
Fuera por pura necesidad o por aquel baldazo de prestigio, NA-SA recibió luz verde presidencial para terminar Atucha II. Y lo hizo en medio de una rechifla general de medios: «Es una obra imposible», «va a ser un peligro», y sandeces al uso. Tuvo que calificar 400 nuevos ingenieros a grado de «nucleares», especialmente en las empresas privadas proveedoras. Debió entrenar a 1400 operarios, en firmas de montaje privadas, como soldadores «de alta», que casi habían desaparecido en el país. En fin, Atucha II está operativa desde 2014, y la estamos curando de problemas de diseño (alemán).
Podemos, porque NA-SA es heredera de la tradición sabatiana de la CNEA de «aprendé haciendo y hacé aprendiendo», y la historia era repetida. Mucho antes, entre 1988 y 1989, «La Comisión» tuvo que reparar sin la SIEMENS la Atucha anterior, la unidad I. Y a fuerza de retoques y rediseños posteriores, pudo curarla definitivamente de sus defectos de diseño, elevar su potencia de 320 a 357 megavatios eléctricos, alargar un 80% la vida de sus combustibles, y llevarla de un 71 a un 93% de disponibilidad. Hoy es casi perfecta. Y eso con medio siglo en operaciones encima.
No fueron muchos los problemas, y ninguno de seguridad sino de disponibilidad. Y resultan típicos de un aparato FOAK, «First of a Kind, primer ejemplar de una serie a desarrollar.
Por reparar Atucha I en 1988, SIEMENS cotizó U$ 200 millones de entonces, y anunció que la central estaría 4 o 5 años despiezada, Más aún, cuando se rearmara, no daba garantías de poder arrancarla de nuevo. El país vivía en apagones por vejez y olvido del parque térmico. Desde que la CNEA tomó la decisión de reparar Atucha I sin los alemanes, zanjó la cosa por U$ 17 millones y en 8 meses.
Honrando esa misma tradición de la CNEA y más de dos décadas después, NA-SA viene de reparar Atucha II en agosto de 2023. Estaba también aquejada de defectos FOAK, porque lejos de ser una copia agrandada de Atucha I, la unidad II es también un prototipo. Tanto así que ni siquiera usan el mismo combustible.
Proveedores extranjeros consultados por la rotura de Atucha II, todas empresas de primer orden, pidieron un año para pensarlo, dieron presupuestos de unos U$ 400 millones, y exigieron varios años con la central desmontada. NA-SA se hartó y la reparó por U$ 22 millones y en 9 meses, punto.
Citamos estos dos entre tantos otros logros. Porque en su conjunto, nuestro dominio de la tecnología es NACIONAL, está repartido entre organismos estatales, empresas nacionales, firmas mixtas y privadas. Y eso permitió que INVAP, una Sociedad del Estado fundada por la CNEA en 1974, exportara reactores nucleares a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita.
Hoy además coloca a la empresa mixta CONUAR, de CNEA y el grupo PECOM, sea proveedora de componentes para retubar y repotenciar las centrales tipo CANDU de China, la India y Canadá. Y eventualmente, si las ventas salen bien, de 47 máquinas más de este tipo en 7 países. También del agua pesada que usan como moderador de neutrones: tenemos la mayor planta de producción del mundo en Arroyito, Neuquén, y acababa de despachar varias exportaciones cuando el presidente Mauricio Macri la cerró.
Obviamente, hay que reabrirla.
Todo lo cual hace que Argentina haya puesto por fin a un compatriota, Rafael Grossi, como actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Y Grossi es hábil. Ya va por su segundo directorado.
EL BLANCO PRINCIPAL
PIAP de Arroyito, Neuquén, actualmente la planta de fabricación de agua pesada de mayor capacidad en el mundo. El presidente Mauricio Macri la cerró en 2018, justo cuando terminaba de despachar varias exportaciones y hacía mantenimiento para acopiar stock para las Atuchas y Embalse, y fabricar la carga de 480 toneladas de la nueva CANDU argentina que debía construirse en Lima con el nombre de Atucha III, y que Macri también canceló. En 2018 la demanda mundial de agua pesada estaba subiendo, y sigue, pero no hay oferta. Por ello el precio pasó de U$ 300.000 la tonelada aquel año, a U$ 1 millón. Debido a a ese cierre, NA-SA está importando para reponer las 21 toneladas/año que gastan las Atuchas y Embalse.
NA-SA, la empresa que Milei quiere privatizar, tiene un área llamada “Proyectos Nucleares”. Es la que articula la tecnología para operar, reparar y, también, para construir nuevas centrales.
“Proyectos” es toda la diferencia entre un chofer que opera un camión y la empresa que lo diseñó y construyó. “Proyectos” es el alma de NA-SA. Y por ello, el primer objetivo a aniquilar.
Si al presidente Milei le sale bien el tiro, seremos un competidor menos en el mercado nuclear mundial. Ya el gobierno de Macri hizo lo propio en 2018 y despidió a 200 diseñadores de NA-SA. Eran los que terminaron Atucha II y retubaron Embalse para 30 años más de servicio. Pero no logró transformar la empresa en un operador bobo. Muchos se fueron del país, pero otros volvieron a NA-SA como a su casa, en 2020.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica no se desentendió jamás de la actividad de NA-SA, o viceversa. Van una con la otra, son caras de la misma moneda.
NA-SA no sólo está ayudando a CNEA a terminar el CAREM, su central de potencia compacta, modular y de enfriamiento convectivo. «La Comisión», en contrapartida, estuvo y está presente en todos los proyectos de reparación y construcción nueva de NA-SA.
La CNEA ha sido, es y será fuente de tecnología nuclear original argentina gracias a sus investigadores, expertos, laboratorios, instalaciones y tradición. Cuando en NA-SA falta un conocimiento o un componente nuevo, le encarga el desarrollo a la CNEA. Es nuestra caja de herramientas.
Y lo que entre NA-SA y CNEA hacemos no es comprable en ningún otro lugar del mundo. Salvo a precios demenciales, y/o firmando condiciones diplomáticas que liquidarían nuestra autonomía tecnológica. Y con ella, nuestro perfil de exportadores nucleares mundiales.
Esta relación entre la CNEA y NA-SA es la esencia del desarrollo nuclear argentino. Después del área de Proyectos Nucleares, esa relación sería la segunda víctima de una privatización total o parcial de NA-SA, un blanco de oportunidad.
Eso de que si pinta enajenación de NA-SA el estado se queda «con la acción de oro» es un salvavidas de plomo, un verso de hojalata. ¿De qué oro hablan? Si una parte de tu casa la ocupa un tigre, sin importar si es el 5% o el 95%, ¿sigue siendo tu casa?
La catástrofe climática puso de nuevo, y era hora, a la energía nuclear como salvavidas. El mercado mundial de centrales de potencia, que en Asia nunca dejó de crecer pero sí en Occidente. Y ahora enraizará con fuerza en mercados casi vírgenes de Medio Oriente, África y Sudamérica. Se volverá enorme. ante la oportunidad, NA-SA tiene su tecnología, y para lo que falte, está esa caja de innovación y desarrollo, la CNEA.
Una vista poco frecuente del robusto edificio de contención de la Central Nuclear de Embalse, en Río Tercero, Córdoba, la más moderna conceptualmente de nuestro parque nuclear pero no la más nueva. Se terminó en 1984, pero Atucha II, que debió haberse terminado en 1987, lo hizo recién en 2014.
Por empezar, paga todos sus gastos y no causa pérdidas, certificado por la Auditoría General de la Nación. Daría tremendas ganancias si no estuviera obligada por el estado a venderle al estado el megavatio hora más barato (y seguro) de la red argentina, a U$ 54, bien por debajo del eólico, de U$ 72 a 120 (e intermitente). Dan electricidad tan de base, tan firme y disponible, que con el 4,1% de la potencia instalada nacional no es raro que, según llueva o no en los ríos hidroeléctricos, generen el 10% y hasta el 15% de la producción eléctrica anual.
Las centrales nucleares en un sentido SON como los diques hidroeléctricos: requieren una alta inversión inicial y se amortizan en 60, 80 o incluso 100 años. Los costos de combustible, operación y mantenimiento pesan mucho menos que esa inversión inicial a la hora de calcular el costo del KWh generado. Y aquí la plata la puso toda el estado. Si pinta dueño privado, vendrá a cobrar durante décadas sin haber invertido, y las tarifas serán otras.
Si se privatiza NA-SA, a olvidarse de que siga exportando fierros o servicios. O olvidarse también de ampliar nuestro propio parque nuclear, ridículamente pequeño, salvo con compras llave en mano. Eso iría muy a contramano de nuestros 74 años de experiencia tecnológica autónoma.
Es ilusorio pensar que un privado vaya a hacer una inversión inicial monumental para recuperarla luego de muchas décadas. Es ilusorio pensar que, sin el Estado Argentino, la energía nuclear en Argentina sea siquiera posible. Y eso sin meterse a indagar el asunto de la seguridad.
Porque, como propusimos, aunque a veces se nos suelte la cadena… hablemos sólo de tecnología.
Si un privado se apodera de nuestras centrales nucleares, y actúa de acuerdo con los principios de mercado y con los antecedentes de las privatizaciones eléctricas de los ’90, no va a poner un peso en nada.
Y menos que menos en asegurar que la Argentina, con apenas tres plantas en línea (¡¡las planificadas en 1981!!), siga increíblemente en la vanguardia del mercado nuclear mundial, en paridad con países que tienen 93centrales como EEUU, o 56 como Francia, o 18 como Canadá.
«En paridad» significa que desde fines del siglo pasado a las empresas nucleares de los países nombrados INVAP les ganó por paliza en todas las licitaciones internacionales de reactores multipropósito. Estas plantas no son en absoluto centrales de potencia, pero resultan complejísimas. Es más, compatriotas, a fuerza de victorias en este nicho exclusivo, a EEUU y Canadá los sacamos por knock-out del ring. Desde 2000, ya no vuelven.
¿Y nuestra industria nuclear privada, cómo se las va a arreglar? Lo que va a hacer un privado con NA-SA es contratar los servicios y repuestos donde los consiga más baratos, sin tratar de generar proveedores calificados locales. Las que existen gracias a CNEA y NASA son unas 120 empresas argentinas privadas, fogueadas en la terminación de Atucha II, en su reparación, y en la extensión de vida de Embalse. Algunas son PyMES, otras son monumentales. Pero todas van a quedar agarradas del pincel.
Es dudoso que los nuevos proveedores sean locales y coticen siquiera en licitación: la ley sólo obliga a ello a una NA-SA estatal. Un privado, en cambio, compra lo que se le da la gana. Con el agravante de que en asuntos atómicos, y por ende estratégicos, rara vez hay libre mercado. Hay proveedores monopólicos y clientes pasivos, dominadores y dominados. Punto.
Quede claro que quien le eche el guante a NA-SA no construirá nuevas centrales aquí o en ningún otro lugar, al menos no con su plata. Pero menos que menos con nuestra tecnología.
Nuestros compositores e intérpretes nucleares se irán con la música a otras partes. Es posta, lectores: serán recibidos con alegría y unos sueldazos de estrépito.
Es que ahora, cuando el clima global arde y el antinuclearismo se empieza a congelar, faltan buenos recursos humanos atómicos en todo el planeta. Pero en Occidente, que está atrasado por 40 años de masturbación antinuclear, ni te cuento.
Si el comprador de NA-SA es, además, una multinacional a la que le hemos vencido en tantas licitaciones, lo más posible es que se vengue y la compre para irla acogotando despacito. Como garantía de que la tecnología nuclear argentina no vuelva a robarle mercado.
Si NA-SA es blanco principal, el de oportunidad será la CNEA. Sin NA-SA estatal, el potente elenco de investigación y desarrollo de la CNEA quedará aislado, en un vacío puramente académico, sin proyección industrial. La CNEA sin NA-SA escribirá partituras sin intérprete o público, hasta evaporarse en el olvido.
En este negocio hay intereses que van mucho más allá de lo meramente comercial. No es un negocio de prender lamparitas. Es mucho más que eso, es de vender tecnología original. Y desarrollar una cadena muy calificada de proveedores privados nacionales. La nuclear no es sólo industria estratégica: es industria industrializante.
La estrechez de la relación entre CNEA y NA-SA le cae fatal al país por el cual el nuevo presidente argentino se desvive. Un divorcio entre NASA y la CNEA sería aplaudido en varias embajadas y capitales del mundo.
Lo dicho: desde los ’70 fueron barridas ramas enteras de la industria argentina, o quedaron tecleando: la electrónica, la de defensa, la aeronáutica, la naval, la de máquinas herramienta, la eólica, la química, la textil… Pero contra viento, marea y gobiernos indiferentes u hostiles, afuera del país pero sobre todo adentro, nos hicimos muy fuertes en dos áreas, la biotecnológica y la nuclear. Y recién estamos calentando motores.
No privaticemos el futuro nuclear argentino, porque no habrá futuro argentino.
En el marco del debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación, creemos oportuno aportar las razones por las cuales TANDANOR SACIyN no debe ser privatizada. Con 144 años de existencia TANDANOR es una empresa estratégica en el marco de la industria para la defensa. Es líder de la industria naval y defensora, junto a otros actores, de nuestra soberanía nacional.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley “ómnibus” que en uno de sus artículos propone la privatización de 41 empresas públicas entre las que se encuentra TANDANOR. El argumento que guía ese propósito es que esas empresas son generadoras del déficit fiscal que, según el presidente Javier Milei, es el origen de todos los males que aquejan a la República Argentina.
Ese argumento no abarca a TANDANOR, dado que los balances contables de los años 2020/2021/2022 y 2023, auditados por la AGN (Auditoría General de la Nación), fueron positivos. La empresa es superavitaria y no recibe subsidios del Estado, se autofinancia, los salarios de los trabajadores se pagan con el resultado de la producción. Los datos duros del año 2023 arrojan valores positivos: resultado económico: 4016 millones – Ventas construcciones: 8753 millones / Ventas reparaciones: 12.887 millones.
TANDANOR no debe ser privatizada porque cuenta con una infraestructura única en Latinoamérica. En sus 34 hectáreas se encuentra instalado un ascensor de buques (SYNCROLIFT) con una capacidad de elevación de hasta 15.000 toneladas, posee una capacidad de transferencia de 11.700 toneladas, 4 gradas de trabajo y 1.400 metros de muelles.
Además, la Armada Argentina le cedió el uso de las instalaciones del Astillero Almirante Storni, cuyas instalaciones y su capacidad productiva son similares a las de los astilleros más modernos del mundo, todos estatales: el SIMA de la República hermana del Perú es una sociedad anónima de capital estatal mayoritario; la NAVANTIA de España es un astillero estatal; en el NAVAL GROUP de Francia, el Estado Francés posee el 64% de las acciones. ¿Por qué son todos estatales? Porque los Estados Nacionales se reservan el poder de defender su soberanía y de construir las herramientas para el logro de ese objetivo.
El carácter estratégico de TANDANOR en el marco de la Industria para la defensa es la tercera razón por la cual no debe ser privatizada. Es una empresa preparada para la construcción de buques de diversas características para la Armada Argentina, la Prefectura y empresas privadas.
Debemos destacar la construcción de 12 remolcadores para la Armada Argentina, la construcción de lanchas de aluminio para la custodia de nuestros lagos y ríos y el combate del fuego, el Proyecto de construcción de un buque Polar junto a la empresa finlandesa AKER, proveedora de la ingeniería básica y líder mundial en el diseño de buques polares; la construcción del buque científico SWAT para el Servicio de Hidrografía Naval; la participación junto al Astillero Río Santiago en la construcción de las lanchas Lica para la Armada Argentina.
Pero además, como partícipe en la defensa de la Soberanía Nacional, TANDANOR está construyendo la nueva base Petrel, un edificio de última generación de 2400 m2 cuyo primer módulo se está instalando en estos momentos en la Antártida. Además, se construyeron los cimientos de la nueva base integrada de Ushuaia.
Durante los años 2022/2023 junto al Ministerio de Defensa de la Nación y a las empresas Thyssen Group (Alemania) y Naval Group (Francia), se trabajó intensamente en la reformulación y puesta en valor del proyecto de construcción de tres submarinos, para que Argentina vuelva a contar con una fuerza que le permita ejercer su poder disuasivo frente a potenciales agresores estatales extranjeros. Ambas empresas destacaron las capacidades edilicias, humanas y de infraestructura de TANDANOR para la ejecución de este proyecto.
En TANDANOR también se desarrollaron importantes proyectos en la industria metalmecánica: puentes vehiculares para el ferrocarril Sarmiento que ofrecen una solución económica para suprimir los pasos a nivel, mobiliario urbano para barrios populares, tanques GOA para la Antártida, reparación de vagones para Ferrocarriles Argentinos. Durante 2023 se repararon 85 buques privados de las más variadas industrias, todos ellos de empresas nacionales y extranjeras que eligen la compañía por la calidad de sus trabajos, la capacitación y dedicación de sus trabajadores y la competitividad de sus presupuestos.
Si a pesar de las razones expuestas, persiste el proyecto privatizador de TANDANOR, cobran fuerza las noticias sobre el interés privado en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en sus 34 atractivas hectáreas en la dársena sur del puerto de Buenos Aires.
Dada la cercanía con el proyecto que desarrollará IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, en la vieja ciudad deportiva de Boca Juniors, parece factible su interés en los terrenos del astillero. Ya en los 90, esta empresa se adjudicó la privatización de TANDANOR, declarada fraudulenta por la Justicia Argentina, de nulidad absoluta e insanable por el Decreto 315/07 del presidente Néstor Kirchner, y en 2018 declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella oportunidad el objetivo era hacer una ciudad de oficinas en el predio denominado Planta I, cercano a Puerto Madero.
Que la conciencia nacional ilumine a nuestros legisladores para que TANDANOR no sea privatizada una vez más.
Por Dr. Alberto M. Schprejer, exvicepresidente de TANDANOR SACIyN, período 2022-2023.
El gobierno de Javier Milei decretó hoy la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el Gobierno allana el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización a dar ese paso que figura en el proyecto de ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
El papel de Karina
No fue el único cambio en el área: otra disposición publicada en el Boletín Oficial (BO) había establecido el viernes que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, absorbería las principales funciones vinculadas a la comunicación oficial.
Así la vocería, a cargo de Manuel Adorni, y la subsecretaría de Prensa, de Javier Lanari, pasaron a reportar a la hermana del Presidente.
El secretario de Medios de Comunicación, Eduardo Serenellini, quedó notablemente diezmado de poder después de haber protagonizado tensiones con Adorni y con el asesor Santiago Caputo, clave en la comunicación del Gobierno.
La ley ómnibus, que obtuvo el viernes la aprobación en general en Diputados, contiene un listado de empresas públicas factibles de ser vendidas: todos estos medios públicos se encuentran en la lista.
Asimismo, durante diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
Es así cómo el Gobierno comenzó a allanar el camino hacia la privatización, tal como prometió Milei.
Los interventores
El interventor en los medios públicos será Chaher, un abogado mendocino que ocupó durante 20 años cargos gerenciales en medios del grupo América, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Se recibió en la Universidad de Belgrano en 1997, tiene una maestría en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo y otros estudios de posgrado, según consta en su currículum.
El adjunto, Diego Sebastián Marias, fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro. Antes de eso se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al entonces ministro Esteban Bullrich.
En su paso por la cámara de la ciudad participó activamente en la redacción del Código Electoral que rige en el distrito, al ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Al terminar su mandato fue designado como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados de la Capital Federal.
El descongelamiento del Impuesto a las Transferencia de Combustibles (ITC) y al Dióxido de Carbono (IDC) promete ser un verdadero “impuestazo” este año. Según estimaciones privadas, de acá a mayo subirá 630%. El dato corresponde al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entidad que midió la incidencia del gravamen en el precio final, tomando como referencia a la ciudad de Córdoba, donde el precio es algo mayor.
Hay que tener en cuenta que el ICT y IDC son tributos de suma fija por litro, que se actualizan cada tres meses por inflación. En la actualidad, el impuesto es de $27,7 por litro. Pero cuando concluya el cronograma de recomposición anunciado este jueves por el Gobierno, terminará en $202.
Eso implica un nivel de incidencia en el precio final del 17% para Córdoba a precios de hoy, pero se puede estimar que en Buenos Aires sería del 22%. Hay que tener en cuenta además que de acá a mayo es probable que el precio de los combustibles siga subiendo.
Con este verdadero “impuestazo”, el ministro de Economía, Luis Caputo, espera recaudar un 0,37% adicional del PBI, que le viene bien en momentos en que el Congreso demuestra que tiene intenciones de acotarle al máximo las subas de impuestos.
El informe señala que “la suba que rige desde este jueves está en la resolución general de la AFIP 4257 que actualiza el monto del tributo desde $27,7 que tenía el mes pasado a $64,9, es decir, un incremento del 134%”.
“A fines de junio debería actualizarse de acuerdo a la inflación por IPC del INDEC del primer trimestre de 2024. Y así sucesivamente, de no mediar nuevos cambios legales”, señala el informe.
La medida oficial
El Gobierno comenzó a aplicar a partir de este jueves un aumento gradual de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxidode carbono sobre las naftas y el gasoil, para lo que dispuso un esquema de traslado de los cargos pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023.
La medida se dispuso a través del decreto 107/2023, publicado en el Boletín Oficial, y era esperada tanto por los usuarios de vehículos como por los expendedores de combustibles, ya que las sucesivas prórrogas de la suspensión de los aumentos representaban una acumulación de cargos.
El Gobierno fijó un cronograma para actualizar el gravamen. En febrero arranca con lo atrasado del tercer y el cuarto trimestre del 2021 y todo el 2022, en marzo lo que corresponde al primero y segundo trimestre del 2023, en abril el tercero y en mayo el cuarto del año pasado. Mientras tanto tendrá que ir actualizando los importes de 2024 en junio y diciembre.
