El presidente estadounidense Donald Trump viaja hoy a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, después de que la cumbre se pospusiera a principios de este año debido a la guerra de Estados Unidos en Irán. Muchos analistas ya han declarado a China como la vencedora estratégica del conflicto.
Pero la política entre grandes potencias no siempre es de suma cero, escribió recientemente James Palmer de FP, y ambas partes podrían salir perdedoras del último capítulo del aventurismo estadounidense. Esto hace que el histórico viaje de Trump —el primero de un presidente estadounidense a China desde su propia visita de Estado en 2017— sea aún más polémico.
Y eso suponiendo que no se posponga por segunda vez. Ciertamente, ninguna de las partes parece estar ansiosa por reunirse. Este mes, China puso a prueba una herramienta poco común en su arsenal de medidas al prohibir públicamente a las empresas chinas cumplir con las sanciones estadounidenses relacionadas con el petróleo iraní; también arremetió contra las sanciones de EE.UU. contra Cuba.
Podría decirse que Trump marcó el rumbo que Estados Unidos ha tomado hacia China durante su primer mandato. En esta ocasión, está distraído por Oriente Medio. Por su parte, China, el mayor comprador de petróleo iraní, prefiere evitar una recesión global provocada por la crisis energética. Es probable que Xi también espere continuar la tregua comercial negociada con Washington el año pasado e incluso que esté esperando un nuevo acuerdo.
¿Qué concesiones ofrecerá Trump a Xi para ayudar a poner fin al conflicto con Irán? Japón , Taiwán y el resto de la región de Asia-Pacífico (que ha sufrido importantes consecuencias económicas a causa de la guerra con Irán) estarán observando con especial atención.
Investigadores han descubierto más de cien genes cuya expresión difiere consistentemente entre el cerebro masculino y el femenino. La mayoría de estos genes no se encuentran en los cromosomas sexuales, pero muchos están regulados por hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona. Este trabajo podría ayudar a explicar por qué el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades cerebrales, como la esquizofrenia y el Alzheimer, difiere entre hombres y mujeres. «Comprender las diferencias sexuales en la susceptibilidad a las enfermedades podría conducir a mejores tratamientos que beneficien a todos», afirma la neurocientífica Jessica Tollkuhn.
En medio del deterioro de los salarios y la producción, aumenta la cantidad de argentinos que no accede al menos a uno de los servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas: pasó del 51% al 52,9% en el segundo semestre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, en la salud generó más presión sobre el sistema público.
Hacia adentro de los diferentes servicios, se observa que el acceso al gas de red se encuentra en franco retroceso en los últimos años: pasa del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en el mismo período de 2025.
En contraste, el acceso a agua corriente alcanza al 89,7% de los argentinos, mientras que el 69,5% dispone de cloacas. Sin embargo, la combinación de estos tres servicios deja un dato preocupante: apenas el 47,1% de la población accede a los tres simultáneamente.
Para tener en cuenta, el gas de red aumentó 28% interanual en diciembre de 2025 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un 709% desde noviembre 2023, según el IIEP-Conicet; mientras que el agua escaló 13% interanual y 386% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Vale destacar que desde noviembre de 2023 el gobierno lleva a cabo una recomposición de tarifas, que incluyendo el transporte acumulan un alza de 561% en ese período, aunque en el IPC General se observa un alza de 185%.
De esta manera, se observa que la infraestructura no logra acompañar las necesidades básicas, y las brechas territoriales siguen marcando el acceso diferencial.
Salud: más presión sobre el sistema público
Otro de los puntos críticos que emerge del informe es la baja de la cobertura médica, generando mayor presión en el sistema público. De la población total, el 65,4% poseyó cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia durante el segundo semestre de 2025, mientras que un año atrás la cobertura era del 67,1% y en el 2023 alcanzaba al 67,5% de los argentinos.
Esto implica que cerca de 10.293.000 personasdependan exclusivamente del sistema público de salud (34,3%). Vale destacar que al cierre de 2023, el 32,4% de la población dependía del sistema público de salud. La situación se profundiza entre niños, niñas y adolescentes, esa proporción asciende al 45%, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en los sectores más jóvenes. El 96,7% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.
Vivienda: estabilidad con focos críticos
En términos habitacionales, los datos muestran cierta estabilidad, aunque con núcleos duros de precariedad. El 81% de los hogares tiene viviendas con materiales adecuados, pero el 12,6% presenta calidad parcialmente insuficiente y el 6,4% restante directamente insuficiente.
En condiciones críticas, el 1,9% de los hogares (195.000) vive en hacinamiento crítico, lo que afecta a más de 1 millón de personas; el 12% no cuenta con saneamiento adecuado y el 6,1% no tiene baño con descarga de agua.
Además, un 8,2% de los hogares está en zonas inundables y otro 5,3% vive cerca de basurales. Se trata de variables que suelen concentrarse en los sectores de menores ingresos y que profundizan la desigualdad más allá del ingreso.
Anthropic anunció esta semana una función que llamó «dreaming» —soñar, en inglés— para sus agentes de IA. La metáfora no es casual.
Lo que hace el sistema es sencillo de entender y difícil de subestimar: entre sesión y sesión, el agente repasa su historial de trabajo, identifica patrones, consolida lo que aprendió y descarta lo que ya no sirve. Como cuando un operario al final del turno revisa qué salió bien, qué falló, y arranca al día siguiente con eso incorporado. Solo que el agente lo hace solo, sin que nadie se lo pida.
El anuncio se hizo en el Code with Claude, la conferencia anual de desarrolladores de Anthropic, en San Francisco. Junto con el dreaming, la compañía llevó a beta pública otras dos funciones: outcomes, que permite definirle al agente qué es un resultado exitoso para que se autoevalúe, y orquestación multiagente, que deja que un agente principal divida tareas y las delegue a agentes especialistas que trabajan en paralelo. Las tres cosas juntas apuntan en la misma dirección: que el agente no solo ejecute, sino que aprenda, se corrija y coordine con otros sin intervención humana constante.
El caso concreto que trascendió es el de Harvey, una empresa de software legal que usa estos agentes para trabajo jurídico. Después de implementar el dreaming, la tasa de tareas completadas con éxito se multiplicó por seis. No es una mejora marginal. Es pasar de un sistema que repite errores a uno que los identifica y los corrige entre un turno y el siguiente.
Qué cambia con esto
Hasta ahora, un agente de IA era básicamente amnésico entre sesiones. Podías darle contexto al inicio de cada conversación, pero el aprendizaje se reiniciaba. Con este mecanismo, el agente acumula criterio. Se vuelve más útil cuanto más tiempo lo usás, y lo hace de manera autónoma, sin que vos tengas que enseñarle explícitamente.
Para los sectores productivos, el salto es importante. Un agente que analiza pedidos de logística, o que monitorea alertas de plagas en campo, o que revisa presupuestos de mantenimiento industrial, hoy pierde aprendizaje entre una sesión y la siguiente. Con un sistema como este, ese aprendizaje se acumula. El agente se ajusta al contexto específico de la empresa, no al contexto genérico con el que fue entrenado.
La otra cara: equipos más chicos, misma producción
Mientras esto pasaba, Snap —la empresa detrás de Snapchat— confirmaba que despidió a 1.000 personas, el 16% de su planta global. El CEO Evan Spiegel fue explícito en un memo a empleados que terminó publicado como filing ante la SEC: la IA ya genera el 65% del código nuevo de la compañía, y equipos más chicos con herramientas de IA alcanzan el mismo resultado que equipos grandes sin ella.
No es la primera empresa que usa este argumento para reducir personal, y no va a ser la última. Pero la diferencia con anuncios anteriores es que acá hay números concretos y un documento regulatorio que los respalda. No es «estamos explorando IA». Es «la IA ya hace la mayoría del trabajo técnico, y ajustamos la estructura en consecuencia». Las acciones de Snap subieron 11% tras el anuncio. El mercado leyó el mensaje.
El patrón que empieza a verse en el mundo empresarial global es el siguiente: la IA deja de ser una herramienta que la gente usa y pasa a ser infraestructura que opera de manera semi-autónoma. Los modelos mejoran solos, los agentes acumulan criterio, y los equipos humanos se achican alrededor de esa infraestructura.
Lo que esto significa acá
Para Argentina, esto no es una noticia de tecnología. Es una noticia de organización del trabajo y de competitividad.
Hay un diagnóstico que circula en el sector agro local y que aplica a casi toda la industria: comprar tecnología no es transformarse. La diferencia entre una empresa que incorpora IA y una que la usa bien está, cada vez más, en si esos sistemas acumulan conocimiento del negocio o si son apenas una capa cosmética sobre los procesos de siempre.
Un agente que «sueña» —que revisa sus propios errores y mejora— no es útil si no tiene acceso a los datos correctos, si no está integrado en los procesos reales, si nadie en la empresa sabe qué pedirle. La función es poderosa. El contexto en el que se despliega puede hacerla irrelevante o transformadora.
Eso es lo que va a separar a las empresas que aprovechan esta etapa de las que la dejan pasar mirando el catálogo de herramientas sin abrir ninguna.
El grupo Roemmers concretó la adquisición del laboratorio nacional Craveri, una compañía fundada en 1886 y con fuerte trayectoria en el mercado farmacéutico argentino. La operación, según fuentes del sector habría rondado los US$ 60 millones.
La información fue adelantada por el medio especializado Pharmabiz, que detalló que la compra se produce menos de un año después de que Roemmers incorporara al laboratorio Sidus a su estructura empresarial.
Craveri, controlada por la tercera generación de la familia fundadora, había perdido terreno en los últimos años en del ranking de ventas de la industria farmacéutica local. Según datos citados por Pharmabiz, la compañía pasó del puesto 29 en 2017 al 36 en la actualidad dentro de las auditorías de ventas en farmacias.
Entre sus productos más reconocidos se encuentran la metformina Islotin y la diosmina Diosmin. Sin embargo, la firma venía desprendiéndose de varias de sus marcas estratégicas. En 2018 le vendió el antimigrañoso Tetralgin al propio grupo Roemmers, mientras que en 2020 transfirió el antidepresivo Duloxin a la brasileña Eurofarma. Más recientemente, también había cedido la marca Telpres y la línea Trip D3.
Estancamiento estructural
La compañía atribuyó su decisión de vender a un escenario de estancamiento estructural del mercado farmacéutico argentino, sin crecimiento real en unidades desde 2009, además de una creciente concentración en manos de los grandes jugadores y mayores exigencias regulatorias.
La situación financiera de Craveri también mostraba señales de deterioro. Según datos relevados por el medio especializado, la empresa acumulaba pasivos por aproximadamente $9330 millones y registraba cheques rechazados por falta de fondos durante 2026.
El laboratorio contaba con dos plantas productivas, ubicadas en Caballito y Villa del Parque, además de un proyecto industrial en Pilar. En total, la operación involucra a unos 310 empleados, aunque todavía no se informó cómo quedará conformada la estructura definitiva dentro del grupo comprador.
Con esta adquisición, Roemmers continúa ampliando su peso específico en la industria farmacéutica nacional y acelera un proceso de concentración.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) «atraviesa una situación crítica cuyo núcleo más sensible es la pérdida de recursos humanos«. La descripción es compartida por más de veinte referentes del sector nuclear argentino que fueron convocados por la Fundación Balseiro a reflexionar sobre el presente y futuro del organismo científico.
La fundación organizó el 24 y 25 de abril en Bariloche una actividad con un grupo reducido de personalidades de reconocida trayectoria en el área, quienes compartieron sus visiones sobre cuestiones estratégicas, controversiales y de proyección futura. EconoJournal accedió al documento final del evento, que incluye los artículos escritos por los expositores y sintetiza las coincidencias y diferencias.
Entre los expositores figuran Conrado Varotto (miembro fundador de INVAP), Alfredo Caro (ex director del Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche), Germán Guido Lavalle (ex presidente de CNEA), Julián Gadano (ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación) y Diego Hurtado (ex vicepresidente de CNEA).
«Todos coinciden en un punto central: la CNEA es una institución estratégica para el desarrollo de nuestro país que atraviesa una etapa crítica y que requiere unaredefinición profunda de su misión, su gobernanza, sus instrumentos de gestión y su relación con el ecosistema nuclear y científico-tecnológico nacional», dice el documento.
Dicha redefinición es estructural y va más allá de la coyuntura actual, marcada por reclamos salariales y presupuestarios. Cerca de 100 jefes y jefas de 11 de las 12 gerencias de la institución a mediados de abril elevaron una carta a las autoridades expresando su preocupación por la situación salarial, contractual y presupuestaria, en la que señalaron la «imposibilidad de sostener grupos de trabajo».
El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, respondió que el gobierno trabaja en una reestructuración integral de la CNEA para que sea un organismo de investigación y desarrollo con capacidad de generar sus propios ingresos. «La inercia institucional que premió la expansión permanente nunca exigió resultados. Pedir más presupuesto sin cambiar la estructura es pedirle al Tesoro que financie indefinidamente un modelo que no cierra«, apuntó en un posteo en X.
CNEA: coincidencias y diferencias sobre el presente y futuro del organismo
Según la síntesis, los referentes coincidieron en que la CNEA enfrenta al menos cuatro desafíos: el fortalecimiento del organismo, la reforma de su gobernanza, la formación y retención de los recursos humanos, y la compensación adecuada de sus aportes al resto del ecosistema nuclear argentino. El diagnóstico común es que «la forma actual es inadecuada», aunque existen distintas miradas sobre cómo debería reorganizarse.
La expresión visible de la crisis esta en la dificultad del organismo para formar y retener el talento, su «activo más valioso». «El conocimiento nuclear profundo —el que permite diseñar, licenciar, operar, reparar, evaluar, innovar y formar— es conocimiento encarnado en comunidades técnicas. Se transmite entre generaciones mediante trabajo conjunto, dirección de tesis, participación en proyectos, operación de instalaciones y resolución de problemas reales. Una interrupción de esa cadena puede ser irreversible«, dice el documento.
Una buena parte de los problemas para retener el talento tienen origen en los problemas presupuestarios y salariales y en la relación institucionalmente desordenada con las empresas del ecosistema. «La síntesis posible es que la CNEA no debe competir innecesariamente con empresas, pero tampoco debe quedar subordinada a ellas ni transformarse en una cantera gratuita de talento y conocimiento«, advierten.
Sin embargo, en el documento se reconoce que existen diferencias sobre la manera en la que se deben abordar estos desafíos. Puntualmente, se mencionan diferencias vinculadas al peso relativo del Estado y del sector privado en el ecosistema y respecto de los grandes proyectos, como el CAREM o los reactores grandes como los diseños CANDU.
«Hay divergencias sobre la forma institucional concreta: autonomía de centros, estructura matricial, directorios, fondos fiduciarios, gestión de activos, laboratorios nacionales o reestructuración interna», señalan.
Aportes de los participantes
La síntesis anterior fue elaborada por el comité redactor en base a los textos escritos por los participantes, de los cuales emergen algunos conceptos que dan cuenta de los debates en curso dentro del sector.
El doctor en Física y ex director del Instituto Balseiro, Alfredo Caro, describió una serie de problemas en CNEA como la consolidación de áreas de poder ligadas a proyectos prolongados, la captura de recursos humanos e infraestructura por estructuras cerradas sobre sí mismas, la subutilización de equipamiento de alto valor, la endogamia en la formación y la hipertrofia de funciones jerárquicas como compensación salarial.
La propuesta de Caro es transformar a la CNEA en un Laboratorio Nacional moderno y que parte del financiamiento para sus proyectos de I+D provenga de la generación nucleoeléctrica a partir de su participación accionaria en Nucleoeléctrica Argentina. «Esto permite un cambio cultural: la CNEA dejaría de verse como un área dependiente sólo de fondos públicos para ser vista como una productora de recursos estratégicos de innovación«, explica Caro.
El ex subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, coincide en el valor que tiene el modelo de Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía de los EE.UU. como ejemplo a replicar en el país. «El Estado hoy debe retirarse de las actividades productivas para que el sistema crezca, pero tiene un lugar irrenunciable en tres dimensiones: generación de incentivos correctos, regulación y licenciamiento, e I+D+I lo más en la punta que nuestras capacidades permitan», explicó.
El ingeniero nuclear ingeniero y actual miembro del directorio de INVAP, Juan Pablo Ordóñez, se expresó en una línea similar sobre la misión de la futura CNEA, la cual debería limitarse a la producción de bienes públicos. «Las actividades que no cumplan con la definición de ser bienes públicos, deberían ser transferidas a nuevas empresas que se creen para los fines específicos, o, en caso de ser viable, a las empresas existentes en el sector nuclear», analizó.
El físico-tecnólogo y ex presidente de Nucleoeléctrica, Alberto Lamagna, consideró que el organismo debería orientarse decididamente a la transferencia tecnológica y a la asociación con empresas de alta tecnología, tanto en el sector nuclear como en otras tecnologías sensibles y estratégicas.
«Esta redefinición del rol de la CNEA no implica que deje de participar en grandes proyectos futuros, como fueron el RA-10 o el CAREM. Significa que, para no desvirtuar su misión, la gestión de hitos, cronogramas y financiamiento debería recaer en otra instancia de gobiernoo en un consorcio público-privado creado específicamente para ese fin», apuntó.
El doctor en Física y ex vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado, consideró que el sector nuclear, en tanto sector económicamente estratégico, es compatible con los gobiernos que impulsan políticas industriales, energéticas y de I+D convergentes y de escala nacional.
En ese sentido, criticó las decisiones de cancelar proyectos como las centrales nucleares de tipo CANDU y Hualong One que China había ofrecido financiar. «Las centrales nucleares de potencia son la columna vertebral y el principio ordenador del sector nuclear argentino que garantiza la articulación de la trama institucional-empresarial y la convergencia de agendas institucionales y empresarias», evaluó.
Nicolás Deza
Comenta Daniel E. Arias:
Para variar, el Dr. Diego Hurtado va a la raíz del problema, con la diferencia sobre tantos otros de no haber sido causante, principal o accesorio, del problema.
A la Comisión Argentina de Energía Atómica desde 1983 lo que le falta es justamente energía atómica: centrales y reactores y plantas anexas; la industrial de agua pesada a la cabeza.
Seguimos con los mismos activos de siempre. Remando en dulce de leche, se completó Atucha 2 y la Planta Industrial de Agua Pesada.
No veo en ese cónclave la intención expresa de terminar y poner en marcha la planta nucleoeléctrica. compacta CAREM, y menos aún de construir Atucha 3 CANDU, o de terminar el reactor RA-10. Tampoco de reabrir la PIAP.
En cambio, no falta casi ninguno de los que le pisaron la el poncho o la cabeza a todas estas obras nucleares.
Cuando leo a esos tipos que quieren quitarle los fierros a la CNEA, madre de la industria más industrializante de nuestra historia, y volverla un vaporoso y manicurado club de académicos, se me paran los pelos de punta. Por no hablar de los delincuentes que quieren privatizar Nucleoeléctrica Argentina, y de yapa transformar lo que queda del Programa Nuclear Argentino en pura minería y exportación de uranio hacia los EEUU.
Quiero que vuelva la CNEA fierrera, esa que vivía en obra, inaugurando plantas, creando y capacitando industrias privadas proveedoras y fogoneándolas con tecnologías propias, nuevas y vendibles. Quiero que vuelva aquel orgullo de la Argentina atómica.
El negocio nuclear no es vender sólo electricidad, servicios y fierros. Es crear y vender tecnología.
Y que quede claro: todo eso lo paga el estado, porque lo hizo siempre, y lo hizo bien, y porque eso construye país.
Pero hoy el negocio parece ser vender uranio, y de paso, a la CNEA.
No soy fotogénico, pero trataría de no aparecer con esa gente y en esa foto.
Hace años se instaló la idea de que la infraestructura TI era un commodity sin valor diferencial, un elemento secundario frente al peso de las aplicaciones y la nube. Sin embargo, la realidad reciente demostró lo contrario.
La “nube infinita” llegó a su fin y el soporte físico volvió a ganar peso estratégico. El hardware ya no puede ser tratado como un simple commodity intercambiable. Hoy, la arquitectura física es un factor determinante para la capacidad competitiva de las empresas y de los países.
Incluso gigantes como AWS, Azure y Google Cloud sufrieron cortes de suministro que dejaron al descubierto los riesgos de depender únicamente de la nube. En esa misma línea, la consultora Bismart señaló que, después de años de supremacía cloud, el hardware “ha recuperado protagonismo” y volvió a ser considerado un elemento clave.
A su vez, McKinsey advirtió que los límites de potencia en los centros de datos y las vulnerabilidades de la red expusieron “fisuras en la infraestructura global”.
La estrategia digital de cualquier empresa resulta hoy tan fuerte como el cable más débil de su ecosistema. Por eso, el soporte físico –centros de datos, cables, energía y hardware especializado- ya no puede verse como un gasto accesorio: es infraestructura crítica.
Tormenta perfecta: faltan cables y chips para sostener el boom de la IA
La expansión acelerada de la inteligencia artificial volvió a poner en primer plano un factor básico de la economía digital: la infraestructura física. Detrás del avance de los modelos de IA, los servicios en la nube y el crecimiento del tráfico de datos, crece la presión sobre insumos críticos como los cables de fibra óptica y los chips.
El problema ya impacta en la cadena de suministro. La demanda de IA y conectividad superó la capacidad disponible de componentes esenciales para centros de datos y redes. En ese escenario, el mercado global de fibra óptica atraviesa un repunte estructural de precios.
La tensión se explica por el salto en el consumo. Los centros de datos diseñados para IA utilizan entre 5 y 10 veces más fibra óptica que los tradicionales. A la vez, la demanda global de fibra para este tipo de infraestructura creció casi 76% en 2025.
Para operadores, proveedores tecnológicos y datacenters, el nuevo escenario obliga a rehacer presupuestos, cerrar contratos de suministro de largo plazo y asegurar inventario. La carrera por la IA ya no depende solo del software o de la capacidad de cómputo. También exige cables, chips y una red física capaz de sostener el volumen de datos que mueve el negocio.
Una tensión parecida se observa en los semiconductores. Gartner proyecta un aumento récord de ingresos para 2026 por el boom de la IA, aunque advierte sobre una fuerte “memflation”. Según la consultora, “los ingresos por memoria se triplicarán en 2026”, con alzas de precios de 125% en DRAM y 234% en NAND flash.
El fenómeno responde a una reasignación masiva de capacidad productiva hacia chips destinados a IA y cloud. Ese movimiento deja faltantes selectivos en componentes de consumo y de PCs, lo que genera una “presión estructural en los precios”.
Los distribuidores ya sienten el impacto. En Argentina, por ejemplo, los precios de memorias y SSDs subieron más de 200% en 2025 por el agotamiento de suministros.
Todo indica que el alivio no llegará rápido. Según Gartner, la crisis de disponibilidad y los costos elevados podrían extenderse, al menos, hasta 2027.
Las tensiones exceden a los chips y los cables. La cadena global de suministro quedó más fragmentada por disputas geopolíticas, sanciones y una industria concentrada en pocos fabricantes estratégicos. Ese escenario complica proyectos de infraestructura digital, como despliegues masivos de 5G, redes regionales y nuevos cables submarinos, que enfrentan demoras y mayores costos.
Según TeleGeography, hay más de 50 nuevos cables submarinos previstos hasta 2026 para mejorar la conectividad global. Sin embargo, su avance choca con obstáculos logísticos y regulatorios.
La dependencia de la infraestructura física deja una señal clara para las empresas. Cualquier cuello de botella en hardware, fibra óptica o conectividad puede frenar una estrategia digital completa.
Infraestructura crítica y resiliencia B2B
Asegurar la infraestructura crítica ya no es una tarea secundaria para las empresas. En el actual escenario, se volvió un imperativo estratégico. La tecnología física, lejos de quedar limitada al back-office, hoy condiciona de manera directa la operación del negocio.
La consultora Excelia lo resume con claridad al señalar que “la tecnología dejará de ser un mero habilitador para convertirse en una infraestructura crítica para el negocio, con un impacto directo en la eficiencia operativa, la seguridad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad”.
En otras palabras, la solidez de una estrategia digital ya no se mide únicamente por sus algoritmos de IA. También depende de la capacidad de las compañías para mantener operativos sus sistemas vitales ante fallas, interrupciones o amenazas externas.
Por ese motivo, las empresas B2B necesitan ampliar su visión de riesgo. Un informe de EY recomienda identificar de manera continua las amenazas externas, “ya sea en las cadenas de suministros, en el panorama competitivo o en el espacio político y normativo”.
En la práctica, esto exige un monitoreo exhaustivo de los proveedores de hardware y red, además de una revisión constante de su solidez operativa. Excelia va en la misma línea al remarcar que la gestión de riesgos de terceros es “esencial para garantizar la continuidad y resiliencia del negocio”.
Los hechos recientes refuerzan esta mirada. El gran apagón en la Península Ibérica, ocurrido en abril de 2025, dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas obsoletos. La consultora tecnológica española Entelgy sostuvo que el episodio marcó la “necesidad urgente de revisar la tecnología que hace funcionar nuestras infraestructuras más importantes”.
Sus especialistas advirtieron que, en sistemas apoyados en tecnología antigua, “la gestión de incidencias se ve afectada por factores como la escasa automatización en la recuperación y la falta de supervisión continua”.
La lectura final es clara. Las organizaciones que carecen de un plan de modernización “se exponen a riesgos crecientes de ineficiencia operativa y enfrentan mayores dificultades para recuperarse ante posibles fallos”.
Recomendaciones clave
En este contexto, las empresas tecnológicas B2B deben implementar acciones concretas para reforzar su infraestructura física. Por ejemplo:
Auditoría y modernización de sistemas legacy, reemplazando gradualmente software y hardware críticos desactualizados, tal como aconseja el análisis de Entelgy.
Diversificación de proveedores y planificación de capacidad a largo plazo, siguiendo la advertencia de EY de vigilar proactivamente las cadenas de suministro.
Inversión en redundancia energética y de red, equilibrando escalado masivo con control local. Como señala McKinsey, los líderes balancearán “escalas centralizadas con control localizado” – por ejemplo, redes eléctricas modulares y microgrids – para mitigar interrupciones.
La idea de que “la nube lo resuelve todo” perdió fuerza frente a una certeza cada vez más evidente. La infraestructura física sostiene al negocio digital. Hoy, la resiliencia de una compañía depende tanto de su talento en IA como de la solidez de sus cables, su red eléctrica y sus sistemas críticos.
Las inversiones en fibra, datacenters y redundancia ya no representan un gasto accesorio. Forman parte central de la estrategia corporativa. Ese respaldo permite que las empresas mantengan activas sus operaciones en un mercado B2B donde el suministro escaso y las fallas imprevistas ponen a prueba cada infraestructura tecnológica.
En un acto realizado en la Embajada de la República Federal de Alemania, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la empresa Merck S.A. firmaron la adenda correspondiente a la edición 2026 del “Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud”, una iniciativa conjunta orientada a estimular la aceleración de startups y desarrollos innovadores en ciencias básicas y aplicadas de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generar valor para la sociedad a través de proyectos científico-tecnológicos de alto impacto.
La convocatoria abrirá el 1 de junio de 2026 y cerrará el 19 de junio de 2026. Luego se desarrollarán las etapas de evaluación, mentoreo y presentación final de proyectos ante un Gran Jurado integrado por especialistas designados por ambas instituciones.
Durante la firma, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, sostuvo: “Este premio representa la importancia de trabajar de manera articulada entre el sistema científico, el sector privado y la cooperación internacional para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad. La Sexta Edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud consolida un espacio de excelencia para promover el talento científico argentino y transformar conocimiento en soluciones concretas”.
Y agregó: “Quiero destacar especialmente el compromiso de Merck y el apoyo de la Embajada de Alemania, así como felicitar y agradecer a los equipos de trabajo del CONICET y de Merck que hacen posible esta iniciativa con profesionalismo y dedicación, y a los científicos que participaron y fueron reconocidos en las ediciones anteriores, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar este premio como una referencia en el ámbito de la innovación en salud”.
A su turno, el director general de Merck Argentina, Marcelo Ponte, afirmó: “Nos enorgullece presentar una nueva edición del Premio Merck-CONICET, una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. Creemos que la colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”.
Por su parte, el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania, Peter Neven, expresó: “Desde la Embajada de Alemania acompañamos esta iniciativa con mucho orgullo porque representa dos pilares fundamentales de la relación entre Alemania y Argentina: la cooperación económica y la cooperación científica. El Premio Merck-CONICET es un gran ejemplo de articulación público-privada y del compromiso del sector privado con el desarrollo de la investigación y la innovación en salud. Además, refleja la sólida relación científica entre ambos países y la calidad de las instituciones argentinas, que son socios estratégicos para Alemania”.
El premio, organizado por el CONICET, a través de su Dirección de Relaciones Institucionales, y por Merck Argentina se ha consolidado como un punto de encuentro entre el talento científico argentino, la innovación en salud con impacto social y la cooperación estratégica entre instituciones públicas y privadas. Entre las principales novedades de la nueva edición, se estableció que el proyecto ganador del primer lugar recibirá un aporte no reembolsable de 13 millones de pesos, y se incluyó un segundo lugar, cuya propuesta seleccionada obtendrá 9,1 millones de pesos. Próximamente se publicarán las bases y condiciones de la convocatoria 2026.
Podrán participar de la Convocatoria emprendedores y equipos con propuestas de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana, incluyendo áreas como soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas y/o endocrinológicas y/o que afecten la fertilidad; test diagnósticos para enfermedades neurológicas y/u oncológicas y/o endocrinológicas y/o para fertilidad; microbioma; bio-interfaces y bio-sensores; inteligencia artificial aplicada a la salud; industria 4.0 aplicada a la salud; robótica aplicada a la salud; salud digital; y biotecnología.
Desde su creación, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todo el país y se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y promoción para proyectos innovadores capaces de transformar el ecosistema científico-tecnológico y aportar soluciones concretas a desafíos vinculados con la salud.
Ningún país desarrollado abrió su mercadotextil sin un plan de transición. Argentina lo hizo en 24 meses, sin reducción fiscal, sin financiamiento tecnológico y sin estrategia exportadora. La comparación internacional revela que el problema no es la apertura sino la ausencia de política industrial.
La destrucción de la industria textil argentina no es un fenómeno inevitable de la globalización. Es el resultado de una decisión de política económica ejecutada sin los instrumentos que utilizaron todos los países que lograron reconvertir exitosamente sus sectores textiles frente a la competencia asiática. La experiencia comparada de Italia, Corea del Sur, Turquía y Portugal demuestra que la apertura comercial funciona cuando va acompañada de estrategia. Sin ella, lo que se produce no es reconversión: es demolición.
Italia: la reconversión por escalamiento de valor
Italia enfrentó la presión competitiva de China y el Sudeste Asiático desde los años noventa con una estrategia que le tomó casi dos décadas perfeccionar. En lugar de competir en precio, el Estado italiano apoyó la migración de su industria textil hacia segmentos de alto valor agregado: diseño, textiles técnicos, fibras de alto rendimiento y marcas de moda con posicionamiento global.
Los instrumentos fueron específicos: financiamiento público a la innovación en distritos industriales, incentivos fiscales a la inversión en tecnología, programas de formación laboral para reconvertir trabajadores de producción masiva hacia manufactura especializada, y una apertura comercial gradual dentro del marco institucional de la Unión Europea que incluyó períodos transitorios con cuotas diferenciadas por producto. Italia perdió participación en volumen, pero incrementó el valor unitario de sus exportaciones textiles. El empleo se redujo, pero la productividad y el ingreso medio del sector aumentaron. El proceso llevó quince años y requirió coordinación entre gobierno nacional, regiones y asociaciones industriales.
Corea del Sur: del textil masivo al textil inteligente
Corea del Sur representa probablemente el caso más ambicioso de reconversión textil deliberada. Durante las décadas del ochenta y noventa, cuando la industria coreana comenzó a perder competitividad frente a China e India, el gobierno no abandonó al sector: lo reconvirtió mediante política industrial activa.
El Estado coreano desplegó un abanico de instrumentos que incluyó fondos de reconversión tecnológica para pymes textiles, subsidios directos a la investigación en textiles técnicos e industriales, programas de smart factory para digitalizar procesos productivos, y financiamiento blando para la transición hacia fibras de carbono, textiles electrónicos y materiales de alto rendimiento. La estrategia más reciente, lanzada en 2024, apunta a elevar la participación coreana en el mercado global de textiles industriales del 3% al 10% para 2030, con un fondo de 2,9 billones de wones destinado exclusivamente a la transformación productiva del sector.
El elemento central de la experiencia coreana fue el gradualismo: la apertura comercial se ejecutó a lo largo de dos décadas, sincronizada con la capacidad de absorción tecnológica de las empresas. El Estado no protegió al sector de la competencia, pero le dio instrumentos para competir.
Turquía: apertura con devaluación y promoción exportadora
Turquía inició su liberalización comercial en 1980, pero la ejecutó con una combinación deliberada de devaluación sostenida del tipo de cambio, un programa robusto de promoción de exportaciones y la reducción gradual y preanunciada de las restricciones a la importación. Cuando la Unión Europea eliminó las cuotas textiles del Acuerdo Multifibras en 2005, las empresas turcas respondieron con una estrategia de escalamiento de calidad: ante la imposibilidad de competir con China en precio, elevaron el valor unitario de sus exportaciones mediante mejoras tecnológicas y diversificación de productos.
El resultado fue notable: las exportaciones textiles turcas se triplicaron entre 2001 y 2010 pese a la liberalización. La industria perdió empleo en segmentos de baja calificación, pero lo reemplazó en segmentos de mayor productividad. La clave fue que la apertura nunca operó en un contexto de apreciación cambiaria real como el que enfrenta Argentina.
Portugal: reconversión con fondos europeos
Portugal canalizó fondos estructurales de la Unión Europea para financiar la modernización de su industria textil durante más de una década. La reconversión incluyó programas de capacitación laboral masiva, incentivos a la inversión en maquinaria de última generación e integración en cadenas de valor europeas como proveedor especializado. El empleo textil portugués cayó, pero la transición fue administrada con redes de protección social y reentrenamiento profesional que amortiguaron el impacto sobre las comunidades dependientes del sector.
Argentina: la excepción que confirma la regla
Ninguno de estos países abrió su mercado textil sin antes desplegar instrumentos compensatorios. Ninguno lo hizo con apreciación cambiaria simultánea. Ninguno ejecutó la apertura en menos de una década. Y ninguno prescindió de una estrategia industrial explícita que definiera hacia dónde debía migrar el sector.
Argentina hizo exactamente lo contrario. En 24 meses, las importaciones de ropa crecieron 185% en volumen, las compras por courier se expandieron 274%, el tipo de cambio se apreció sustancialmente y la carga fiscal sobre la producción local se mantuvo intacta. El resultado está a la vista: 659 empresas cerradas, 20.700 empleos destruidos, 7 de cada 10 máquinas paradas y una capacidad instalada que se invirtió en el ciclo 2021-2023 hoy convertida en capital muerto.
La comparación internacional no sugiere que Argentina debiera haber mantenido un proteccionismo indefinido. Sugiere algo mucho más preciso: que la apertura comercial sin política industrial de acompañamiento no produce reconversión productiva sino destrucción de capacidades. Italia escaló en valor. Corea del Sur migró hacia textiles inteligentes. Turquía combinó apertura con competitividad cambiaria. Portugal financió la transición con inversión pública.
Argentina eligió un camino que ningún país exitoso transitó: apertura total, apreciación cambiaria, presión fiscal invariable y ausencia completa de estrategia de reconversión. El resultado no es una transición hacia un modelo superior. Es la eliminación de un sector que emplea cientos de miles de personas sin haber construido nada que lo reemplace.
El debate no es apertura versus proteccionismo. Esa es una falsa dicotomía que empobrece la discusión pública. El debate real es si Argentina puede permitirse destruir capacidad productiva y empleo sin tener un plan para lo que viene después. La experiencia internacional, sin excepción, responde que no.
Argentina vivió la misión Artemis II como otra coronación de gloria: fue el único país de la región que pudo enviar un microsatélite. Y así volvimos a poner los ojos en el espacio. Es la historia de la evolución de la humanidad, pero también de la conquista, porque el espacio ultraterrestre siempre fue un escenario de disputa de poder, donde cada gesto es una demostración de las capacidades militares y tecnológicas que tiene un país para avanzar o defender. Frente a esto, América Latina tiene el desafío de encontrar su lugar en un tablero donde distintos actores compiten por definir las reglas del juego.
Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la LunaGentileza SICyT
Según datos de Novaspace, la economía espacial alcanzó en 2025 los 626.000 millones de dólares, impulsada por un ecosistema que combina inversión pública, desarrollo privado y aplicaciones cada vez más extendidas en la vida cotidiana. Esta cifra no muestra un techo cercano: el Foro Económico Mundial proyecta que alcancé los 1.800.000 millones de dólares en 2035. Es un negocio inmenso y todos quieren la porción más grande de la torta.
Los especialistas coinciden en que América Latina puede aprovechar el desarrollo de tecnologías espaciales para reducir sus brechas estructurales en infraestructura, conectividad y acceso a servicios. Sus aplicaciones trascienden ese ámbito y son una herramienta clave para abordar desafíos como la mitigación de desastres y el cambio climático, la conectividad y la respuesta humanitaria. También tienen impacto en áreas como la seguridad, la investigación en salud, la sostenibilidad y la eficiencia en la cadena de suministro. ¿Más simple? Mirar al espacio podría ayudarnos a resolver problemas en la Tierra.
Y sin embargo, el espacio corre el riesgo de convertirse en la próxima frontera colonial, con los mismos sistemas extractivos que históricamente profundizaron las desigualdades entre países. Estados Unidos y China compiten por definir quién escribe las reglas. Las empresas privadas operan sin bandera ni obligaciones. Las potencias emergentes buscan su lugar. Y América Latina, una vez más, corre el riesgo de llegar tarde a una disputa que ya empezó.
Es una región muy heterogénea en términos de iniciativas, capacidades y alineamientos, que históricamente dependió de la tecnología espacial extranjera para su desarrollo. “Ocupa un lugar periférico, pero no irrelevante”, sostiene Luis Castillo Argañaraz, investigador del CONICET y doctor en Derecho y Ciencia Política. Aunque no lidera la carrera tecnológica ni la explotación de recursos, “tiene oportunidades reales de inserción en áreas como aplicaciones satelitales, cooperación internacional y desarrollo de capacidades específicas”, explica.
Potencial en órbita
Un punto clave para capitalizar es la ubicación geográfica privilegiada. “Los países más cercanos al Ecuador son excelentes para tener centros de lanzamiento, mientras que en el Cono Sur se pueden realizar actividades de observación astronómica que no pueden llevarse a cabo en ninguna otra parte del mundo”, explica Martina Elia Vitoloni, abogada especialista en derecho espacial e investigadora de la Universidad de McGill.
El Programa Estratégico de Sistemas Espaciales define la política espacial de Brasil con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica.
En este sentido, Castillo Argañaraz resalta dos lugares estratégicos. El desierto de Atacama, en Chile, es un punto clave para el desarrollo del Space Situational Awareness (SSA), que permite conocer qué objetos hay en el espacio, dónde están, cómo se mueven y qué riesgos pueden generar. “Gracias a estos sistemas es posible detectar satélites activos, desechos espaciales y monitorear la actividad de otros actores, tanto estatales como privados”, detalla Castillo Argañaraz. Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcântara, piedra angular del programa espacial de la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Ubicado en el estado de Maranhão, es uno de los mejor ubicados del mundo: su cercanía al ecuador le da una ventaja significativa en eficiencia de combustible, ya que permite a los cohetes aprovechar al máximo la rotación de la Tierra, especialmente para órbitas bajas y ecuatoriales.
Argentina tiene una de las trayectorias espaciales más sólidas de la región. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con más de tres décadas de experiencia, le da al país la capacidad de desarrollar y lanzar satélites de manera independiente, algo que muy pocos países de la región pueden decir.
Esa trayectoria tiene nombres concretos. En 1961 fue el primer país del hemisferio sur en lanzar exitosamente un cohete, el Alfa-Centauro. Fue pionera en desarrollar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones propios, como ARSAT-1 y ARSAT-2, y en el uso de tecnología radar avanzada con la serie SAOCOM, que permite observar la Tierra en cualquier condición climática. Logró su primera exportación espacial al aportar componentes al satélite Amazonia-1 de Brasil. Y su último hito fue el microsatélite Atenea, enviado en la misión Artemis II, un proyecto que reunió a la CONAE, organismos científicos, universidades y la empresa VENG S.A., y que da cuenta tanto de la capacidad técnica del país como del entramado de colaboración que la sostiene. Detrás de estos desarrollos, siempre aparece INVAP, la empresa estatal especializada en integración y ensayo de satélites, con experiencia exportadora y operación en órbita.
Mirar hacia arriba para resolver lo de abajo
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas profundas en el acceso a infraestructura básica que también se reflejan en la conectividad. Esa falta de acceso impacta directamente en la salud y la educación, y es más marcada entre zonas urbanas y rurales y entre países con distintos niveles de desarrollo. En ese escenario, las tecnologías espaciales empiezan a jugar un rol concreto para achicar esas distancias: “La infraestructura para seguimiento y mapeo de satélites puede mejorar la vida de comunidades aisladas por la distancia, garantizar acceso a telemedicina, educación virtual y otros servicios clave para su desarrollo”, explica la abogada.
En esa misma línea, la tecnología espacial también permite anticipar y responder ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes. “Por ejemplo, los datos satelitales pueden predecir dónde y bajo qué condiciones podría iniciarse un incendio, lo que facilita evacuaciones tempranas y una mejor planificación de los recursos. Es algo que la CONAE hace muy bien y que el año pasado fue clave para mejorar el monitoreo y la respuesta ante los incendios en la Argentina”, señala Vitoloni. A esto se suman las redes satelitales, que aseguran conectividad para los equipos de rescate incluso en áreas remotas, y satélites especializados capaces de detectar fugas de metano de forma más rentable que los sensores terrestres. En una región especialmente expuesta a estos fenómenos, esa capacidad no solo mejora la respuesta: puede marcar la diferencia entre anticiparse o llegar tarde.
Simulacro de despegue de Artemis y Atenea en la Estación Terrena en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, en CórdobaVerónica Schuler – Comunicación Conae
Ese potencial, sin embargo, convive con limitaciones estructurales. Las brechas en infraestructura, gobernanza y financiamiento siguen condicionando el desarrollo de políticas espaciales sostenibles en la región. “Hoy hay déficits importantes, sobre todo en la retención de talento. Muchos profesionales del sector espacial se van del país y eso genera una escasez de recursos humanos que la región no puede darse el lujo de ignorar”, advierte Vitoloni.
Un tablero, múltiples jugadores
Estados Unidos y China compiten con estrategias diferentes, pero con un mismo objetivo: asegurar su posición en un dominio estratégico. “A diferencia de la Guerra Fría, donde el motor era el prestigio estatal, la nueva carrera espacial está impulsada por la necesidad de establecer un nuevo ordenamiento jurídico y económico global”, explica Castillo Argañaraz. “El fin es que, al momento en que las actividades logren plena rentabilidad económica, las reglas de juego ya hayan sido establecidas por quienes lideraron la coalición científico-tecnológica más fuerte”, agrega.
El modelo estadounidense de cooperación combina inversión estatal con un fuerte impulso privado. Busca establecer las reglas del juego y ordenar la gobernanza espacial a través de los Acuerdos Artemis, unos principios de cooperación para la exploración espacial impulsados por la NASA y firmados ya por 61 países.
China avanza con un modelo predominantemente estatal que apuesta al liderazgo operativo y a la autonomía de sus infraestructuras, con el despliegue de estaciones propias y constelaciones soberanas. “A través de su diplomacia espacial intenta atraer a potencias emergentes y a Estados no alineados con Estados Unidos”, explica Castillo Argañaraz. Como respuesta al descontento con los Acuerdos Artemis, impulsa junto a Rusia la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), un proyecto que busca establecer una base científica permanente en el polo sur de la Luna y consolidar una red alternativa de cooperación espacial, a la que se han sumado Venezuela, Nicaragua y otros países de Asia, África y Europa del Este.
En este marco, la relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China se ha convertido en uno de los pilares más dinámicos de la cooperación Sur-Sur. “Ofrece a la región una alternativa al liderazgo tradicional de Estados Unidos”, detalla Castillo Argañaraz. “Para los países que firmaron los Acuerdos Artemis, esta doble vía de cooperación abre una tensión difícil de resolver”, agrega.
En lo que algunos describen como una ‘ruta de la seda espacial’, Pekín invierte en infraestructura terrestre vinculada al sector, con casos como el lanzamiento de satélites en Bolivia y Venezuela y la Estación de Espacio Profundo en Neuquén. Esta última, ubicada en Pampa de Pilmatue, fue construida con el propósito de seguir satélites y misiones espaciales; generó polémica por su hermetismo, y aunque Estados Unidos manifestó su preocupación por su posible uso militar, no existen pruebas públicas de espionaje.
“La mayor parte de los países latinoamericanos están buscando crear vínculos con otras potencias espaciales para desarrollar capacidades”, explica Vitoloni. En ese camino, la mayoría se sumó a los Acuerdos Artemis y, al mismo tiempo, coopera con China . Pero la especialista advierte un primer riesgo: “Se puede generar una situación de rehén en la que los países se adhieren porque necesitan los beneficios de la cooperación tecnológica para desarrollarse, pero no participaron en su elaboración ni pueden oponerse a las posiciones del país que lo elaboró en los foros internacionales”.
Castillo Argañaraz identifica un segundo riesgo, más estructural: “Se plantea un dilema sobre la autonomía estratégica, ya que la centralización de servicios como la geolocalización o la conectividad bajo un único modelo técnico y político impacta en la capacidad de decisión de los países latinoamericanos en un orden cada vez más fragmentado”. Así, adherirse a un modelo de cooperación sin haber participado en su diseño puede derivar en una dependencia tecnológica difícil de revertir.
Concepto de desarrollo para la ILRS.
Los actores privados también ocupan un rol predominante en la economía espacial con proyectos de impacto global. “Son el motor industrial y comercial de la nueva era espacial”, explica Castillo Argañaraz. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Axiom Space buscan la rentabilidad y la expansión de mercados mediante estrategias orientadas a la reducción de costos, la reutilización, el desarrollo de estaciones espaciales y el despliegue de mega constelaciones satelitales para ampliar la conectividad global.
SpaceX —la empresa aeroespacial de Elon Musk— es el caso más representativo. A partir del desarrollo de cohetes reutilizables, redujo significativamente los costos de acceso al espacio y reconfiguró el sistema de lanzamientos. En ese marco, Estados Unidos concentra cerca del 80% de los objetos en órbita a nivel global, con un peso decisivo de SpaceX dentro de su capacidad de lanzamiento. Solo en el último año realizó más de 100 lanzamientos y colocó en órbita alrededor de 3.000 toneladas de carga, principalmente satélites de la red Starlink, consolidando un modelo de despliegue masivo que refleja la concentración de la infraestructura en un número reducido de actores.
“Sin el sector privado es muy difícil desarrollar un ecosistema espacial”, señala Vitoloni. La especialista advierte además que en América Latina su desarrollo es limitado, en parte porque la mayoría de los países no lo fomentan y porque aún existen vacíos regulatorios, más allá del caso de Brasil, que aprobó su legislación en 2024, lo que también puede desincentivar la inversión privada.
La apuesta por la cooperación regional
En el plano institucional, los países de América Latina han generado conexiones y alianzas con distintas potencias espaciales. Los 18 países que participan en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la ONU (COPUOS) lo hacen de manera limitada y atravesados por la disputa entre los dos ejes, lo que dificulta la construcción de una postura regional común. “Casi toda la región forma parte de los Acuerdos Artemis, salvo Venezuela y Bolivia, lo que influye en cómo interactúan en el foro y tiene el riesgo de fragmentar la región”, advierte Vitoloni. “La fragmentación regulatoria predomina a nivel internacional, por lo que no me sorprendería si la región sigue el mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que ciertos Estados consideran algo permitido y otros no”, agrega.
En ese contexto, Castillo Argañaraz subraya la importancia de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que tuvo su primera reunión este año e imita el modelo de la Agencia Espacial Europea. “Reúne a 33 Estados de América Latina y el Caribe, con niveles muy desiguales de desarrollo espacial y compromiso político”, explica. Sin embargo, la ausencia de Brasil en su instrumento constitutivo podría afectar su viabilidad, aunque el país impulsa en paralelo un Consejo Espacial de los BRICS para institucionalizar la cooperación.
“La mera participación en iniciativas impulsadas por actores extrarregionales no implica una posición autónoma en la configuración del orden espacial emergente”, advierte Castillo Argañaraz. Sin una estrategia regional basada en la cooperación, el desarrollo de capacidades propias y una presencia activa en los foros internacionales, la participación latinoamericana puede quedar supeditada a intereses externos en la definición del futuro régimen espacial.
El precio de llegar tarde
Uno de los principales riesgos es la militarización del espacio. “El avance tecnológico no solo impulsa la exploración y comercialización del espacio, sino que también amplifica su dimensión militar, y se genera una dinámica en la que cooperación y rivalidad coexisten en tensión constante”, explica Luis Castillo Argañaraz.
En paralelo, en América Latina persisten vacíos regulatorios. “En la región no hay marcos normativos consolidados, más allá de la ley que aprobó Brasil en agosto de 2024. La mayoría de los países latinoamericanos no fomentan el sector privado espacial, lo cual es un gran error”, advierte Vitoloni. En ese contexto, la falta de regulación puede desincentivar la inversión y la consolidación de actores privados. Un ejemplo de ello es el caso de la empresa Satellogic, que inició operaciones en Argentina, se trasladó luego a Uruguay y finalmente estableció su sede en Estados Unidos en busca de mayor seguridad jurídica para la compañía y sus clientes.
Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave Orion.
El problema no es solo regional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, impulsado por la ONU y firmado por 115 países, constituye la base del derecho espacial internacional. Establece que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos y prohíbe la apropiación nacional. Sin embargo, su carácter general deja amplios márgenes de interpretación. Vitoloni explica que el acuerdo “plantea principios generales más que obligaciones, lo que les da a los gobiernos amplio margen de interpretación y ningún incentivo para actualizarlo porque regular implica perder libertad”. En ese vacío, advierte, se impone una lógica de llegada temprana para asegurar presencia y control operativo en la Luna, una dinámica que reabre debates sobre formas de apropiación en clave contemporánea.
Esta ausencia de reglas vinculantes se inscribe en una tendencia más amplia. La fragmentación regulatoria ya predomina a nivel internacional, y no sería extraño que la región siga ese mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que distintos Estados consideren válidas prácticas que otros no reconocen.
A esto se suma un riesgo concreto: el síndrome de Kessler, un escenario en el que la acumulación de basura espacial en órbita puede desencadenar una reacción en cadena de colisiones. Castillo Argañaraz explica que el aumento de satélites y mega constelaciones, como las de SpaceX, incrementa el riesgo de choques en órbita, generando desechos capaces de inutilizar otros satélites y afectar servicios como telecomunicaciones, conectividad y teledetección. “Esto transformaría la órbita terrestre en un entorno saturado de residuos, con impactos que trascienden el espacio y comprometen infraestructuras críticas en la Tierra, afectando la seguridad, la economía global y la gobernanza ambiental”, detalla el doctor.
Los especialistas aseguran que el problema no es solo jurídico sino también estructural: existe el riesgo de que un número reducido de actores termine tomando decisiones con impacto global, afectando a toda la humanidad y profundizando asimetrías que aún persisten en la Tierra. El espacio exterior debe entenderse como un recurso natural a preservar.
Quizás sea el momento de desafiar el paradigma de que el que llega primero escribe las reglas. Para eso es fundamental que América Latina defina en qué condiciones va a participar de la carrera espacial. La falta de cooperación regional es un problema que se repite en otros ámbitos, profundizando brechas y achicando márgenes de autonomía. En un momento en que el orden global se fragmenta, el espacio ofrece una oportunidad para que el Sur Global, a pesar de sus limitaciones estructurales, levante la voz y proponga algo distinto: un sistema basado en la cooperación, que proteja el patrimonio común y aproveche las capacidades de cada país en lugar de explotarlas. No para llegar tarde a una carrera que otros diseñaron. Para proponer otro juego.
