El 19 de diciembre de 2025 será recordado como una fecha trascendental para la soberanía marítima de la América del Sur. SIMA Perú ha oficializado la firma de un contrato de codesarrollo con el gigante surcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) para la coproducción de submarinos en territorio peruano.
La firma del acuerdo fue protagonizada por el Gerente General de SIMA Perú, Contralmirante Luis Silva López, y el Senior Executive Vice President de HHI, Sr. Park Yongyeol, contando con la presencia del Presidente de la República, el Embajador de la República de Corea y el Comandante General de la Marina.
De Receptor a Codesarrollador
Lo más destacado de este acuerdo no es solo la adquisición de nuevas unidades, sino el cambio de paradigma para la industria nacional. SIMA Perú evoluciona de ser un ejecutor de proyectos a un codesarrollador activo.
Este contrato garantiza una transferencia real de tecnología, donde el objetivo no es simplemente recibir equipos, sino desarrollar capacidades propias. Como bien señala la institución, el verdadero significado de esta alianza es «no depender, sino construir capacidades propias», integrando a ingenieros, técnicos y proveedores locales en un ecosistema industrial de alto valor agregado.
Fortalecimiento de la Soberanía
La coproducción de submarinos en el Perú tendrá un impacto directo en:
Seguridad Nacional: Modernización de la fuerza silente con tecnología de vanguardia.
Desarrollo Económico: Creación de un «clúster naval» que involucra a universidades y a la industria nacional.
Cooperación Internacional: Consolidación de la alianza estratégica entre Perú y la República de Corea.
Este paso sitúa a Perú en un selecto grupo de naciones con capacidad para intervenir directamente en la construcción de sumergibles, fortaleciendo el control y la vigilancia de su dominio marítimo.
El Mercosur anunció dos nuevas negociaciones en el marco de su estrategia de ampliación de mercados con el foco puesto en Asia: buscará un Acuerdo de Comercio preferencial con Vietnam y el fortalecimiento de la alianza estratégica con Japón.
Mientras el cierre del acuerdo con la Unión Europea (UE) se postergó, por lo menos, hasta enero del año próximo, el Mercosur busca ampliar su influencia en un mercado cada vez más interesante para los países sudamericanos y de la mano de otros socios comerciales: el continente asiático y, específicamente, Vietnam y Japón.
Respecto del primer país, la declaración del bloque regional adelantó que ambas partes acordaron iniciar conversaciones para negociar un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP), «compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)«. «El futuro Acuerdo buscará promover la expansión del comercio mediante la eliminación de aranceles y abordar las medidas no arancelarias pertinentes para facilitar un acceso efectivo a los mercados y asegurar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías», explica el comunicado.
Para ello, tanto el Mercosur —Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay— como el gobierno vietnamita está «ultimando los Términos de Referencia que definen el alcance y la estructura del futuro Acuerdo, incluyendo las áreas que se cubrirán, considerando sus respectivas sensibilidades y prioridades de desarrollo».
«Esto representa un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos» entre ambas partes, destacó el bloque regional, en tanto impulsa «un proceso de negociación que promoverá la integración regional y contribuirá a unas relaciones económicas más dinámicas y mutuamente beneficiosas».
Fortalecimiento de la alianza estratégica con Japón
Por otra parte, Japón y los Estados parte del Mercosur reafirmaron sus «relaciones amistosas», así como su «compromiso con una economía de mercado abierta»; reconociéndose mutuamente como socios de gran importancia, «con un significativo potencial para profundizar y diversificar sus relaciones económicas».
Por ello mismo, coincidieron en avanzar en las discusiones para fortalecer su asociación estratégica, y establecieron un Marco de AsociaciónEstratégica Japón-Mercosur, dentro del cual ambas partes «procurarán llevar su cooperación a un nivel superior, fortaleciendo aún más las relaciones estratégicas» mutas, desde «una perspectiva integral y de largo plazo, basada en el comercio y la inversión, y construida a partir de ellos».
«El Marco abordará la cooperación en el ámbito económico, incluidos el comercio, la inversión, la resiliencia de las cadenas de suministro, la economía digital, la transición energética y la transformación verde, así como otras áreas de interés mutuo», detalló el comunicado oficial.
El debate sobre la protección al sector industrial ni es nuevo ni distingue situaciones o particularidades. Décadas más tarde, la disputa, lejos de atenuarse, se potenció por una tradición de casi un siglo de políticas intervencionistas, regulando y estableciendo barreras más o menos sutiles que dificultaban la competencia. Las distorsiones fueron tantas que, sumadas a un cuadro de estancamiento e inestabilidad macroeconómica, la coyuntura les presenta un futuro incierto y lleno de amenazas para la industria.
El origen. Para el investigador y profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la UCA, Ernesto O’Connor, en los últimos tres gobiernos aperturistas -incluyendo el actual- la producción industrial se redujo y paradójicamente también lo hizo durante el tercer kirchnerismo; sólo creció en el primer kirchnerismo, mucho menos en el segundo y algo bajo el impulso extremadamente subsidiario de la gestión Fernández postpandemia. A su juicio, el tema central es que Argentina no puede resolver por consenso un perfil productivo donde los recursos naturales, con o sin mucha agregación de valor, sí son competitivos, lo mismo que algunos segmentos intensivos en capital humano, en contraste a algunas ramas industriales más bien orientadas al mercado interno que hace tiempo no pueden competir con la producción global. “Dani Rodrik señaló que la industria ya no es la gran creadora de empleo y que sus posibilidades a nivel nacional quedaron limitadas”, concluye. Esta visión nada optimista también ayuda a comprender los dilemas actuales.
La economista Marina Dal Poggetto, por ejemplo, sostiene que “la historia no se repite, pero rima, en un país que no ha logrado romper el loop descendente frente a una dirigencia con mirada cortoplacista que sobrerreacciona a las demandas de la sociedad”. Explica que en 1989 la demanda de la sociedad era bajar la inflación, en 2001 bajar el desempleo y en 2023 volvió a ser bajar la inflación. “En ambos casos (los ‘90 y la coyuntura actual) se venía de un modelo de economía muy cerrada con alta inflación, tasas de interés negativas y brecha cambiaria en una economía que había perdido el acceso al crédito; que dio como resultado una bajísima productividad que, protección mediante, permitía sostener un bajo nivel de desempleo”, detalla. Y en ambos casos, la apertura de la economía y la suba de tarifas fue parte de la estrategia de corrección de precios relativos. Pero resume las diferencias que son mayores: Menem arrancó su mandato con las reformas estructurales (entre ellas la Ley de Reforma del Estado y las privatizaciones), con una participación estatal en el PBI mucho menor que la actual y sin embarcarse en una modernización laboral. El ancla cambiaria era, por definición, mucho más rígida durante la década que duró la Convertibilidad y la variable de ajuste en el empleo fue la ocupación antes que el salario real. Además, “la presente extensión del escenario de apertura agresiva de la economía con un dólar que no está adelantado y sin un salto en la productividad sistémica que acompañe, está dejando fuera de juego a una cantidad importante de sectores”, analiza.
Eduardo Fracchia, investigador y economista del IAE, señala que un punto importante es el de la dinámica de los cambios, aun cuando fueran imprescindibles y tuvieran consenso, los frutos tardan en emerger. Hasta un economista cercano a la política oficial como Ricardo Arriazu reconoce que ocurre una “destrucción creativa” de empresas y puestos de trabajo que más tarde serían compensados con empresas emergentes y mejores empleos. “La Argentina con los sectores ‘estrella’, los ganadores, no alcanza, porque serían US$ 1.000 per cápita de exportación cuando Australia y Canadá tienen US$ 7.000 per cápita de exportación de recursos naturales”, apunta Fracchia. La duda relevante, en su visión, es si va a haber una nueva configuración de las actividades asociadas a las diferencias con el tipo de cambio. “Hay sectores que quedan especialmente comprometidos, como el textil y calzado, y muchos otros más que comprometen a vastas regiones”, concluye.
Desde noviembre de 2023 cerraron 19.114 empresas y desaparecieron 224.000 empleos formales en total, de los cuales más de la mitad corresponde a la industria manufacturera (más de 30.000 puestos registrados) y la construcción, castigada por la sequía financiera y el desánimo de inversiones en el sector. Los empleos formales privados cayeron seis veces más que los públicos, sobre los que, incluso, pasó la declamada “motosierra”, sobre todo a nivel nacional. Según los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó un 10,3% desde 2023, o sea que no alcanzó todavía los niveles previos a la pandemia. La última medición de la serie que elabora FIEL arrojó que en octubre pasado la actividad industrial cayó 5,3% contra el mismo mes de 2024.
Varios frentes. A esto se suma una renovada presión fiscal ya que, como admitió recientemente el ministro Federico Sturzenegger, para poder bajar impuestos necesariamente tendrá que acelerar el talado de gastos. Pero también las críticas de los industriales se focalizaron en dos estamentos: el provincial por el incremento de las tasas de Ingresos Brutos y los municipios por la creación o ampliación de otros como “Seguridad e Higiene” que los observan como una ampliación de un tributo encubierto a las ventas.
El economista y empresario Gustavo Lazzari, que dirige una compañía familiar de chacinados, tiene un alto perfil mediático y también supo participar en la cámara de su sector, cuando aborda el tema del desafío del Gobierno para que la industria asuma un compromiso para aumentar su productividad, se desmarca y pone la pelota en el otro arco. “A la industria se le exige competitividad para poder enfrentar al mismo tiempo la apertura del comercio por desregulación de importaciones, pero a la vez no tiene ningún alivio tributario y debe enfrentar una caída en el consumo generalizado”, sostiene.
Competitividad. En esta mirada, no se puede hablar livianamente de competitividad sin referirse al lastre de regulaciones, carga impositiva, falta de normativas reales y mala infraestructura que agrava el denominado “costo argentino”. “Recién después de una reforma fiscal de fuste podemos saber quién puede quedar y quién no porque yo te puedo asegurar que, entre el empresariado local, es mucho más el que es competitivo que el que no lo es”, enfatiza Lazzari.
Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, destaca que la industria manufacturera necesita ganar en competitividad en cualquier escenario. “Las exportaciones de MOI -manufacturas de origen industrial- han caído a un andarivel del orden del 0,16 % de las exportaciones mundiales, viniendo de un 0,25%, antes y después de la crisis de la Convertibilidad, pero esa reconversión requiere condiciones adecuadas”, subraya. Cita como ejemplo el caso de una exportadora del sector automotor que, en sus ventas al exterior, imprime a sus unidades un sobreprecio del 12% al 13 % que se explica por impuestos distorsivos, nacionales, provinciales y municipales, que no se pueden descargar en la Aduana como sí ocurre con el IVA. “Estudios sectoriales muestran que la carga impositiva (por fuera del IVA) en cadenas de valor comparables duplica en la Argentina los guarismos de Brasil y México (30% contra 15% aproximadamente). Un verdadero lastre para la competitividad que no sólo dificulta las exportaciones, sino que pone en desventaja a muchos productos locales para pujar de igual a igual con los importados”, destaca.
Vasconcelos cree que dichos datos reafirman la necesidad de un proceso sincronizado en la política de apertura de la economía, para que el mecanismo de la señalada “destrucción creativa” sea funcional al crecimiento de largo plazo. Sobre todo, cuando se presenta como uno de los efectos colaterales más notorios en la pulseada entre Estados Unidos y China la mayor agresividad del gigante asiático en sus exportaciones a terceros mercados. Incluso, reconoce que, antes de la declarada “guerra comercial”, la irrupción de China capturando un tercio de las exportaciones industriales del planeta ya había puesto sobreaviso a los industriales locales.
La carrera entre sectores. La vieja dualidad entre las empresas o los rubros que se inscriben en sectores más o menos competitivos frente a un escenario cambiante y marcado por las adscripciones a corrientes de comercio y acuerdos multilaterales está en plena revisión por estas circunstancias. Vasconcelos dice que los nuevos proyectos tienden a apoyarse en ventajas competitivas que se consideran “sustentables” y son una mezcla de industria y servicios, relacionados con núcleos productivos como el agro, los hidrocarburos y la minería.
La venta de maquinaria agrícola se desplomó 17% interanual entre octubre y noviembre y borró de un plumazo la recuperación del primer semestre. La suba de tasas previa a las elecciones, las importaciones de tractores desde China y el ingreso de equipos usados desde Estados Unidos, habilitado por Federico Sturzenegger, conformaron un combo letal para esta industria de punta.
Con este escenario, el sector cerrará el año con un nivel de operaciones similar al de 2024, que ya había sido el peor registro de los últimos seis años, y con un elevado stock disponible que se proyecta incluso para 2026.
El ingreso de tractores chinos a mitad de precio que los de fabricación nacional y la expectativa de una mayor llegada de maquinaria usada importada desde Estados Unidos justo cuando comienza la temporada más fuerte de ventas de cosechadoras mantienen en vilo a fabricantes y concesionarias. A este cuadro se suma la advertencia sobre la posible irrupción de la India, el mayor jugador mundial en producción de tractores.
“En el mejor de los casos vamos a terminar en un número de ventas parecido al del año pasado, que fue el peor de los últimos seis años”, afirmó a Letra PHernán Zubeldía, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).
Hernán Zubeldía, el presidente de CAFMA advierte sobre los tractores chinos
Zubeldía es dueño de Pulqui, una pyme que fabrica pulverizadoras y fertilizadoras en su planta de Carlos Casares. CAFMA agrupa a más de 1200 pymes industriales entre fabricantes de maquinaria y de agropartes, entre las que se destacan Agrometal, Akron, Metalfor, Crucianelli, Ombú, Richiger, Mainero, Maizco y Tanzi. En conjunto, el sector genera alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos.
“Los meses preelectorales y el aumento de la tasa de los créditos impactaron muy negativamente en nuestras ventas. A eso hay que sumarle un incremento muy fuerte del ingreso de tractores chinos, a valores imposibles de competir desde la fabricación nacional”, explicó Zubeldía. Y agregó: “Nuestros tractores son hasta 40% más baratos que los brasileños, pero aun así no podemos competir con los chinos”.
Importaciones hechas por fabricantes nacionales
Dentro del mercado local también hay fabricantes que complementan su oferta con la importación de tractores asiáticos. Algunas de las marcas que ya participaron en Expoagro y Agroactiva son Chery —fabricado por Zoomlion—, Lovol, subsidiaria de Foton, y Lansu, enfocada en máquinas de baja potencia.
Lovol, la marca de tractores chinos que ya está en Argentina
“El tema chino es una preocupación a nivel mundial. Tienen una estrategia comercial muy agresiva para descremar los mercados a los que llegan”, señaló Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT).
AFAT agrupa a las multinacionales con plantas en el país: AGCO, Agrale, CLAAS, CNH Industrial, FPT Industrial, John Deere, Jacto y Stara. En total cuentan con 12 fábricas distribuidas entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Las empresas nucleadas en AFAT representan el 98% del mercado nacional de cosechadoras, el 85% de tractores y el 50% de pulverizadoras. La cadena de valor completa del sector emplea a unos 16.000 trabajadores.
CAFMA y AFAT mantienen desde hace años una disputa histórica: las fabricantes nacionales acusan a las multinacionales de ser “apenas armadurías” con baja integración local. Sin embargo, esas diferencias parecen quedar saldadas frente a la irrupción de China como amenaza común.
Fuentes del sector advierten que no existe un registro exacto de cuántos tractores chinos ingresaron al país, ya que es una práctica extendida entre productores y contratistas no patentar todas las máquinas, bajo el argumento de que son herramientas que no salen de los campos.
Un año partido en dos
En términos de ventas, 2025 fue un año claramente dividido. Durante el primer semestre, el mercado de maquinaria agrícola creció 15% interanual. Pero en la segunda mitad llegó el desplome.
El aumento de las tasas de interés —que llegaron al 80% en septiembre y hoy rondan el 30%— volvió prácticamente imposible para el productor agropecuario invertir en bienes de capital. Esto ocurrió incluso en un contexto de rindes récord en la actual cosecha de trigo en la zona núcleo y pese a la baja de retenciones dispuesta por el Gobierno para algunos productos.
“La situación de los productores del norte del país se agrava aún más. Decidimos no renovar maquinaria, reparar y seguir como se pueda. Las tasas son muy altas y venimos de tres campañas malas por el clima y por la chicharrita”, dijo a Letra PGonzalo Blasco, productor agropecuario de Tucumán.
Blasco, ingeniero agrónomo, explicó que “la maquinaria agrícola en Argentina tiene precios mucho más altos que en otros países y los tractores chinos aparecen como una alternativa por precio. Ya se incorporaron algunas unidades y estamos probando sus prestaciones”.
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el bimestre octubre-noviembre el patentamiento de maquinaria agrícola alcanzó las 1052 unidades, un 17,2% menos que en el mismo período de 2024.
Sturzenegger abrió la importación de usados
Desde AFAT advierten que el escenario se agravará con la habilitación de la importación de maquinaria usada, una decisión impulsada por Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
“Necesitamos una cancha equilibrada. Están viniendo máquinas usadas de países con estructuras y costos fiscales mucho más bajos que los de Argentina y con financiamiento mucho más conveniente, como Estados Unidos”, sostuvo Brito Peret.
El directivo explicó que el impacto se sentirá con mayor fuerza en el segmento de cosechadoras, cuyo ciclo de ventas se concentra en el primer trimestre del año. “En dos ciclos vamos a tener la real dimensión de la medida que tomó el Gobierno”, advirtió.
Las empresas nucleadas en AFAT concentran el 99% del mercado argentino de cosechadoras. La importación de usados golpea de lleno a las ventas de AGCO Argentina —con Massey Ferguson y Valtra—, CLAAS Argentina, CNH Industrial —dueña de Case New Holland— y John Deere.
Brito Peret alertó además sobre el retraso tecnológico del parque de maquinaria nacional: la antigüedad promedio en Argentina es de diez años, frente a seis en Brasil y cuatro en Estados Unidos. “Deberíamos estar vendiendo 1200 cosechadoras por año. En 2022, el mejor año reciente, se vendieron 750 máquinas a noviembre. Este año estamos en 680, y en 2023 y 2024 se acumularon 570 a noviembre. El mejor año fue 2017”, detalló.
Vassalli, el anteúltimo de los nuestros
La crisis del sector tiene un emergente claro en la situación terminal de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, en la ciudad santafesina de Firmat. La planta está completamente paralizada y a sus 280 trabajadores se les adeudan entre 3,5 y 4 millones de pesos por persona, sin contar diciembre ni el aguinaldo.
La familia Marsó, de Entre Ríos, había adquirido la empresa a comienzos de año, ya en crisis, pero no logró cumplir con los compromisos asumidos. Así, la Argentina está a punto de perder una de las dos últimas fábricas nacionales de cosechadoras que aún permanecían activas.
La restante es Metalfor, última sobreviviente de un entramado de 25 fábricas que existían hasta la década del 90. La paradoja es que el país fue el lugar donde se fabricó la primera cosechadora autopropulsada del mundo.
La industria preocupada por las importaciones de maquinaria agrícola
“Si seguimos importando máquinas, nos vamos a convertir en talleres: vamos a reparar y cambiar repuestos. Eso ya lo hicimos hace 100 años, nacimos así y no queremos retroceder”, advirtió Zubeldía.
El dirigente empresario aseguró que CAFMA mantiene conversaciones con los equipos técnicos de los ministro Sturzenegger y Toto Caputo para avanzar en medidas que permitan “ganar competitividad” en la industria.
Uno de los principales reclamos es la devolución de los saldos técnicos de IVA, un problema histórico del sector. El Estado retiene como crédito fiscal el diferencial entre las compras gravadas al 21% y las ventas alcanzadas por una alícuota del 10,5%.
“A valores actuales, el Estado nos debe el equivalente a cuatro años completos de la grilla salarial de cada empresa”, afirmó Zubeldía. Y explicó: “Estamos trabajando con los equipos técnicos de Caputo, pero entendemos que esos saldos se deben desde hace 20 años y que no se pueden devolver todos juntos”.
El Gobierno designó a cinco nuevos integrantes para el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), bajo el decreto 901/2025 publicado este lunes en Boletín Oficial. Los flamantes funcionarios actuarán en carácter ad honorem por un período de cuatro años dentro de la Agencia Espacial Nacional que promueve las políticas para la promoción y ejecución de las actividades en el área espacial.
De acuerdo con lo dispuesto, Leandro Horacio Massaccesi fue nombrado por el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, Felipe Berón asumirá como representante designado por el Ministerio de Economía; y en representación de la Cancillería, estará la ministra Plenipotenciario de Segunda Clase, María Jimena Schiaffino.
Por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, integrarán el órgano directivo el abogado Emiliano Cisneros y el contador Diego Alejandro Nelli. La normativa se apoya en la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, el Decreto N° 995/91 y actualizaciones, así como a los lineamientos establecidos para el funcionamiento de organismos descentralizados de la administración nacional.
Los nombramientos fueron llevados a cabo por las distintas áreas que articulan los sectores científicos, tecnológicos, productivos y educativo, de la Jefatura de Gabinete. Según la estructura vigente, la integración y normalización del Directorio resulta central para dar continuidad a los programas y proyectos en desarrollo en el área.
La designación ocurre pocos días después que desde el Gobierno presentara la nueva hoja de ruta para el desarrollo espacial argentino, con el lanzamiento oficial de las “Bases para el Desarrollo Espacial Argentino”, una iniciativa que busca redefinir la estrategia nacional de acceso al espacio y ampliar la articulación entre los sectores científico, tecnológico e industrial.
El anuncio se realizó durante un acto en el Centro Cultural de la Ciencia, encabezado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y reunió a referentes del sector, empresarios, emprendedores, estudiantes y autoridades de organismos vinculados al ecosistema espacial argentino.
El documento oficial establece la creación de un Hub Espacial Nacional, destinado a integrar capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como el desarrollo del proyecto de acceso al espacio y la consolidación de la Argentina como una plataforma formativa para aspirantes a astronautas. Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, este plan responde a la intensificación de la competencia internacional en materia espacial, donde participan no solo agencias estatales, sino también empresas privadas y nuevos actores regionales.
La nueva estrategia se construyó a partir de una serie de encuentros con especialistas, según explicó Genua. “Esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina. Gracias a ellos, construimos esta hoja de ruta que estamos presentando”, señaló el funcionario, quien destacó la importancia de promover una visión de largo plazo para consolidar avances sostenibles más allá de los ciclos de gobierno.
La designación ocurrió a pocos días de presentar las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino
Mediante la presentación de las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino, identificaron la necesidad de actualizar el plan espacial para generar sinergias con el ritmo de las transformaciones tecnológicas globales. En este sentido, el plan nacional apunta a una integración efectiva con la economía espacial. En paralelo, la propuesta plantea programas de formación para astronautas y profesionales especializados con perspectiva internacional.
En el marco de la presentación, explicaron que la propuesta se asienta en el Plan Nacional Espacial, que contempla la exploración, la fabricación y el lanzamiento de satélites nacionales como parte de la agenda de autonomía tecnológica. Entre los ejes centrales figura el desarrollo del cohete Tronador II, un proyecto destinado a dotar al país de la capacidad de colocar en órbita satélites de fabricación local. El secretario subrayó que “Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos.
Por eso, vamos a presentar un plan espacial, esta vez, elaborado con todo el ecosistema, donde los emprendedores, las empresas y el talento argentino sean protagonistas y lideren el crecimiento de la economía espacial argentina”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión con referentes del sector de energía nuclear y representantes sindicales vinculados a la actividad, en medio del intento de privatización del presidente Javier Milei de la empresa Nucleoeléctrica.
Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
En la reunión Kicillof afirmó: “Hace muchos años que la Argentina decidió invertir en el área de energía nuclear, lo que llevó a posicionar al país en un lugar de privilegio a nivel internacional y contar con un activo estratégico clave”. A ello, agregó: “Lamentablemente todo eso hoy se ve amenazado por un Gobierno nacional entreguista que, con su idea privatizadora, apunta a generar un gran negocio para unos pocos”.
La Asociación del Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividades Nucleares (APCNEAN) – sus referentes participaron de la reunión- emitió este comunicado:
«La energía nuclear está en una etapa de expansión a nivel global. La meta internacional para 2050 es alcanzar neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero. Un componente principal en esta hoja de ruta es incrementar significativamente la producción de energía nuclear por ser una forma limpia sin emisión y de base. Muchos países y organizaciones están trabajando para, al menos, triplicar la capacidad de generación de origen nuclear para 2050. Esta expansión implica la extensión de vida de muchas centrales y la construcción de nuevas.
Es nuestra convicción que también nosotros debemos aumentar significativamente la participación nuclear en nuestra matriz energética. Desde 2015 solo venimos con idas y vueltas en lo que respecta a centrales grandes de potencia, algo incomprensible y muy negativo para un país con el desarrollo nuclear importante que tenemos. La Argentina ha sabido desarrollar un ecosistema nuclear exitoso, público-privado, con una tecnología que poseemos, a saber, la tecnología de uranio natural y agua pesada. Creemos que esto debe expandirse con la construcción, en el plazo más corto posible, de una o varias centrales más de este tipo (CANDU). Y participar, a través de esta tecnología, de una fracción de un enorme negocio a nivel planetario (vía la exportación de partes sofisticadas y servicios altamente especializados) que busca al menos triplicar la capacidad nuclear instalada en los próximos 25 años. Sin embargo, esta oportunidad histórica de capitalizar los grandes esfuerzos realizados por la sociedad argentina y en particular por el sector público nuclear, nos encuentra sumidos en una profunda crisis presupuestaria, salarial y con intenciones del gobierno de entregar el desarrollo nuclear a manos privadas, en particular extranjeras.
Con motivo de los anuncios del gobierno (decreto 695/25 y anteriores) sobre la privatización de NA-SA y de la situación crítica del sector, ya nos hemos manifestado, como APCNEAN, crítica, reiterada y públicamente, en particular ante las Comisiones de CyT de ambas cámaras del HCN. Varios senadores y diputados han tomado la loable iniciativa de formular proyectos de ley en los cuales se intenta frenar la privatización de NA-SA, por el momento sin resultados concretos, debido a la falta de voluntad suficiente.
Como requisito previo a la privatización, el gobierno emitió un “Informe circunstanciado” (IF-2025-101135466-APN-SE#MEC). Es un escrito contradictorio y poco riguroso que no ofrece ninguna justificación válida para la privatización y que ofende nuestra inteligencia. En el se leen frases contradictorias como: a) “Durante el primer semestre del año 2025, se visualiza una posición económica estable (de NASA) que ha permitido una operación segura y confiable de las centrales nucleares, financiando los costos de operación y mantenimiento..” b) “Durante el año 2024, NASA obtuvo un récord (7.4% del total nacional) de generación de energía nucleoeléctrica anual de 10.449,015 GWh netos ..” c) En el último tiempo se verificaron pérdidas de RRHH calificados, por cuestiones de competitividad salarial.” d) “En atención a la creciente demanda energética del país, es que se considera que la venta parcial de acciones de NASA al sector privado permitirá sondear nuevas líneas de negocio aprovechando el auge nuclear que se observa hoy en día a nivel mundial.” e) “También se considera que la participación de accionistas privados podría complementar el financiamiento del Estado Nacional y además permitiríauna mayor eficiencia de gestión (véase Edesur como ejemplo).”. “La incorporación de capital privado… permitirá la exploración de nuevos desarrollos nucleares tanto a nivel local como internacional (¿?)”.
El día 5-11-25 el ministro de economía emitió una resolución (RESOL-2025-1751-APN-MEC), en la que pone en marcha el proceso de privatización parcial de NA-SA. Un elemento por demás preocupante es que abre la puerta para que una empresa extranjera lleve adelante la tasación de NA-SA (es como meter el zorro en el gallinero) y que NA-SA se termine rematando a un precio irrisorio. Esto está tomado textualmente de la ley de reforma del estado de Menem.
NA-SA es una empresa del pueblo argentino. Es mucho más que una mera operadora (algunos malintencionados e ignorantes le quieren bajar el precio calificándola de esa manera). Es diseñadora y desarrolladora de centrales nucleares. Esto está probado a través de la construcción y puesta en marcha de Atucha II, una verdadera epopeya, y por la extensión de vida de Embalse por 30 años más. NA-SA ha garantizado, con estándares internacionales de seguridad, de entre el 7 al 9% de la electricidad que consumimos los argentinos a un precio accesible, como lo reconoce el propio “Informe circunstanciado”. NA-SA es superavitaria y estratégica: impulsa el desarrollo industrial de nuestro país promoviendo el trabajo argentino de calidad, tanto en el sector público como en el privado nacional, impulsa la ciencia y tecnología nucleares junto a la CNEA y a otras organizaciones del sector y tiene capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo. El desarrollo científico, tecnológico e industrial nuclear no son una entelequia, son una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible (esto es en definitiva la seguridad energética).
El mayor capital acumulado, además de sus enormes activos físicos, es el know-how del capital humano de NA-SA y del sector nuclear. Este conocimiento nos garantiza autosuficiencia tecnológica y seguridad energética en la línea tecnológica que la Argentina eligió hace 60 años: la línea de uranio natural y agua pesada. La Argentina ha hecho todas las grandes inversiones necesarias para sustentar este programa. Este debe ser el eje vertebrador de un futuro plan nuclear: en particular, reflotar la PIAP, también desfinanciada por este gobierno (El agua pesada es un insumo de altísimo valor agregado, imprescindible en nuestra actividad nuclear y en otras aplicaciones médicas, farmacéuticas y electrónicas de alta demanda, con un gran mercado real.).
La masa de dinero que maneja NA-SA por la venta de la electricidad que produce es muy considerable, del orden de 700 MUSD/año (solamente un 10% de esto son 70 MUSD!). Actualmente las tarifas que percibe NA-SA son de las más bajas del mercado (ha trabajado hasta ahora esencialmente al costo, por ley, aunque esto está actualmente en proceso de revisión, en línea con la iniciativa de privatización), lo que redunda en un beneficio para la sociedad en su conjunto ya que reduce la tarifa de energía eléctrica en general y permite una mejor competitividad energética de nuestro sector productivo. Privatizar NA-SA no va a mejorar la vida de la gente, sino que abrirá la puerta a que se incremente la tarifa, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado. Además, la privatización/extranjerización podría implicar que por su influencia se comiencen a traer desde el exterior insumos y equipos que fabricamos en nuestro país, en detrimento de la industria local (al estilo de lo que ocurrirá con el RIGI). Y que una vez más, como ocurrió en 2017, se intente hacer desaparecer la línea tecnológica nuestra de Uranio natural y agua pesada.
Además, el decreto y la resolución no respetan la ley porque incumplen, entre otros elementos, lo prescripto en la ley de Reforma del Estado, 23.696, en plena vigencia, en su artículo 11, donde dice que se debe hacer participar a la provincia en cuyo territorio se asienta la infraestructura física más importante de NA-SA, a saber, la PBA. Textualmente: «En el caso de que la empresa declarada «sujeta a privatización» tuviera su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización.»
Estamos ante un burdo intento de desbaratar el inmenso capital acumulado durante muchos años. Conocemos de sobra sus motivaciones: a) Hacer caja, es decir dólares, que el gobierno necesita desesperadamente para mantener la ficción del dólar barato, algo irresponsablemente cortoplacista. b) Transferir al sector privado (amigos de adentro y de afuera) un negocio redondo montándose sobre un sistema exitoso construido por el Estado (es decir por el Pueblo Argentino), en funcionamiento pleno, seguramente aumentando las tarifas, tal como lo vienen haciendo. Es decir, privatizar las ganancias, sin asumir ningún riesgo. c) Motivaciones geopolíticas que buscan coartar nuestra capacidad de desarrollo nuclear independiente. Este intento, está acompañado por el vaciamiento del sector público nuclear, por asfixia salarial y presupuestaria, regalando a empresas privadas en formación (como Meitner Energy, la empresa que está impulsando el desarrollo del reactor ACR-300, reactor que trabajaría con uranio enriquecido que no tenemos.) y al extranjero, que recibe con brazos abiertos a nuestros especialistas (estas empresas están reclutando activamente trabajadores en CNEA).Todo esto está en línea con lo que está pasando en todo el sistema de CyT y nuestras Universidades Nacionales. Quieren liquidar al sector público porque ahí está el foco de mayor resistencia y además perspectivas de grandes negocios.
APCNEAN no se opone a la inversión privada genuina, es decir aquella que viene a invertir asumiendo los riesgos y desafíos para ampliar la capacidad productiva de nuestro país, pero sin que ello implique la liquidación y el remate del sector público nuclear, que nos trajo exitosamente hasta aquí.
Defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen, y es apostar por una Argentina con soberanía tecnológica, seguridad energética, tarifas justas y desarrollo para la Sociedad Argentina.»
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, aprobó un nuevo reglamento para la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el órgano asesor en materia de vacunas. La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, modifica rotundamente el funcionamiento de esta comisión consultiva, que funciona de forma no vinculante pero sí muy influyente desde el año 2000.
Fuentes del Ministerio aseguraron que el objetivo consiste en ordenar su operación y «recuperar la gobernanza en las decisiones sobre políticas de vacunación«. Agregaron que se busca equilibrar los «múltiples intereses de los participantes actuales» e incentivar colaboración con instituciones académicas. “La responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. La CoNaIn no ejercerá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias”, aclararon desde la cartera que encabeza Lugones.
Un punto central del cambio de normativa es que la CoNaIn pierde la potestad para proponer temas: a partir de este martes, su asesoramiento solo tiene lugar tras un pedido expreso de la DiCEI. Las áreas de la influencia y recomendación de la CoNaIn abarcan introducción, modificación o retiro de vacunas en el Calendario Nacional, esquemas de inmunización, pautas de aplicación, dosis, contraindicaciones, conservación y vigilancia de eventos atribuibles a vacunas. «La agenda de temas será elaborada y propuesta por la DiCEI», se especifica en el anexo 1 de la normativa.
Se reduce la cantidad de miembros de la CoNaIn
La CoNaIn depende de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), dependiente a su vez de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles de la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria de la Secretaría de Gestión Sanitaria. A partir de ahora, también será presidida por el director de la DiCEI.
Además, cambia la conformación del Núcleo Científico Central (NCC), «responsable del análisis de la evidencia y de la formulación de recomendaciones», la tarea más importante que tiene a cargo la CoNaIn en tanto órgano consultivo. Hasta ahora, el NCC contaba con ocho miembros titulares y ocho suplentes, que surgían de las propuestas de las facultades de Medicina de las universidades públicas. Desde hoy, se reduce a la mitad: cuatro titulares con sus suplentes, que las facultades propondrán por temas. La DiCEI analizará las ternas y seleccionará a los miembros según pertinencia técnica o coyuntura sanitaria. La nueva normativa establece también que la participación de todos los miembros de la CoNaIn será ad honorem.
Otras funciones incluyen análisis de información epidemiológica en brotes, revisión de evidencias sobre nuevas vacunas y estrategias de inmunización con impacto nacional. La DiCEI convoca expertos temporales para asesoramiento específico. Entre los programas y direcciones del Ministerio de Salud vinculadas con inmunizaciones que se incluyen como posibles socios técnicos e integrantes ad hoc de la comisión en el Boletín Oficial, se enumeran Maternidad e Infancia, Epidemiología, Vigilancia y Economía de la Salud.
Hasta este martes, la CoNaIn estaba integrada por Angela Gentile como presidenta, junto a Ana Ceballos, Mirta Roses, Andrea Uboldi, Daniela Hozbor, Gabriela Barbas, Guillermo Docena e Ignacio Maglio.
La cobertura de la vacunación cae en picada desde la pandemia
Esta decisión de modificar el funcionamiento de la CoNaIn se toma en contexto de caída en la cobertura vacunal posterior a la pandemia. Paradójicamente, aunque las vacunas fueron un factor clave para combatir al Covid-19 y mitigar su mortalidad, a nivel global se reactivó la discusión en torno a la efectividad de las inmunizaciones, y la cantidad de gente que desconfía de ellas creció. Por eso, en los últimos años se vieron en Argentina brotes de enfermedades erradicadas hace tiempo, como el sarampión.
En este contexto, el cambio en la CoNaIn enciende las luces de alarma. Fuentes oficiales destacaron que la medida consolida «un Estado eficiente«, con responsabilidad institucional definida.
El Gran Hermano habló. Llamó al participante al confesionario y le dejó en claro qué debía hacer para permanecer en el certamen. Y el participante, algo enojado pero consciente de que al final tiene posibilidades de victoria, aceptó lo que la autoridad le indicó. A cambio, el Gran Hermano tendrá pronto –en la segunda quincena de enero– un importante gesto a favor de su concursante favorito: la Argentina tendrá aprobado el primer año de vigencia del facilidades extendidas. Waiver mediante por la falta de acumulación de reservas del Banco Central, pero con el hecho de haberse logrado un resultado de superávit fiscal de más del 1,5% en el actual ejercicio y la no emisión monetaria, serán razones suficientes para que el tramo 2025 del acuerdo firmado en abril pasado quede aprobado. Y, ahora sí, a pensar en 2026.
Por lo que ya se sabe, el directorio del organismo –donde mandan los votos de Estados Unidos y sus aliados– está comenzando a analizar la situación de la Argentina; y se supone que, luego del obligado parate de fin de año de todo organismo financiero internacional que se precie de tal, desde la segunda semana de enero hasta la primera de febrero el caso argentino estará cerrado. Y aprobado. Al menos en 2026.
La decisión del gobierno de Javier Milei, con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo como brazo ejecutor, de comprometerse solemnemente (y por escrito) a comprar no menos de 10 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026 (temporada sojera), fue el acto de amor que el Gran Hermano exigió como condición indispensable –y disciplinadora– para que el concursante estrella siga todo 2026 dentro del facilidades extendidas. Pero el Fondo ahora va más allá y buscará que, como política derivada de este esquema de recuperación de reservas, se produzca otro efecto que el organismo venía reclamando desde el mismísimo abril en que se firmó el acuerdo con la Argentina. Con sumo cuidado y secreto.
Obviamente, todos saben que la consecuencia de esta obligada política de compra de divisas, además de una victoria mandril, tendrá como resultado inevitable un fortalecimiento del precio de la divisa en la cotización criolla. Esto derivó en que ambas partes negociaran muy en secreto durante noviembre la flexibilización del mecanismo de bandas cambiarias hacia una indexación del tope superior del sistema de fronteras, que seguirá el último índice de inflación publicado. En enero de 2026 se tomará el último porcentaje disponible: el de noviembre de 2025, que resultó de 2,5%, lo que derivará en un dólar de techo de 1.556 pesos. Habría sido de $ 1.536 si se hubiera seguido considerando la indexación del 1%.
Obviamente, nadie espera –incluido el FMI– que la cotización llegue a ese nivel, pero sí que tenga ahora más flexibilidad de movimiento y “gimnasia recreativa” para que haya un incremento más genuino y sano del precio del dólar en el mercado local. Lo importante es la consecución de la performance obligatoriamente alcista del dólar hacia abril de 2026, cuando se cumpla el primer aniversario de la firma del acuerdo vigente. La obligación de sumar reservas, que mantendrá inevitablemente fuerte la demanda de divisas, provocará además una presión inflacionaria también inevitable. Aunque controlado, el IPC tendrá así un sostenimiento de la fuerza alcista en los límites actuales, lo que derivará en un incremento porcentual que rondará el 2%.
Si se incluye, en esta tendencia porcentual, diciembre de 2025 –cuyo IPC será fuente de inspiración del crecimiento del techo de la banda cambiaria en febrero–, y enero y febrero de 2026, se tendrá un valor de referencia máximo para abril de 2026 de un techo de banda de 1.643 pesos. Si se compara ese precio del dólar oficial con el valor de $ 1.097 del 11 de abril de 2025, día en que comenzó a regir el nuevo esquema cambiario de bandas, la devaluación acumularía en un año (abril de 2025 contra abril de 2026) un aproximado del 50%. Si ese porcentaje se corrige por una inflación anualizada del 30% –el ritmo actual que se sostendría en el primer semestre del año–, la corrección del alza del dólar por los precios sería del 20%. En definitiva, esa sería la corrección real del tipo de cambio a un año de firmado el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.
Este es el punto en el que hay que volver al texto y a la letra chica de ese pacto entre la Argentina y el FMI.
A mediados de este año, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay mencionó en una exposición en el IAE de la Universidad Austral un descubrimiento. Dijo que en el staff report el organismo “recomienda” que el tipo de cambio ejecutivo para el trimestre posterior a la firma del facilidades extendidas debería navegar por arriba del 20% de la cotización del día anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto implicaba, aproximadamente, entre 1.315 y 1.320 pesos en el mes inaugural del ejercicio de bandas, para luego ir subiendo la cotización mes a mes, sosteniendo una inflación que debía ubicarse por debajo del 1%.
Sin embargo, la idea de los firmantes de Washington del facilidades extendidas nunca tuvo en carpeta la posibilidad de que el dólar oficial operara a la baja y navegara inmediatamente hacia aguas más cercanas a los $ 1.100 que a los más de $ 1.300 que consideraba el organismo como óptimos para el cierre del segundo semestre de 2025. Mucha diferencia. Más teniendo en cuenta que es el ítem que más le importa al fiscalizador general del caso argentino en el FMI, el venezolano Luis Cubeddu.
Prima hermana de esta queja aparecía el segundo cuestionamiento desde Washington. No se entendía desde el FMI cómo era que el Gobierno renunciaba a la acumulación de reservas vía compra de divisas a un valor incluso menor al estipulado desde el Fondo, de más de $ 1.300 dentro de la banda. Más aún teniendo en cuenta que para junio vencía la temporada de liquidación sojera, sin incrementos importantes en las reservas del Banco Central.
Con mucha preocupación, el Gran Hermano miraba en aquellos días que hasta julio se aplicaba otra estrategia. Más ideológica que técnica. Esperar a que el dólar llegara a los mil pesos para ahí comenzar a comprar y demostrarle a todo el que quisiera analizar el sistema cambiario argentino que la Casa Rosada tenía razón al asegurar que la divisa, al primer trimestre de 2025, no necesitaba de una devaluación.
Recordaba el Presidente que la batalla por la devaluación fue lo que hizo que se eyectara de las responsabilidades con la Argentina al entonces director gerente para el hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, quien en las negociaciones de mediados de 2024 discutía con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo sobre la necesidad de corregir el tipo de cambio de entonces, en un 20%. Mínimo. Valdés fue apartado de las negociaciones, pero hacia abril de 2025 el FMI le dio, bastante, la razón.
En las negociaciones previas, Milei se negó todo lo que pudo al esquema de bandas, defendiendo su teoría de los 900 pesos. Pero, ya acosado por el mercado a fines del primer trimestre del año, tuvo que ceder y negociar las bandas cambiarias de la tercera etapa de su plan de estabilización. El techo de 1.400 pesos fue exigencia del FMI, que no quería ni quiere una banda de máximos bajos que obligue rápidamente al Central a vender dólares y perder
reservas. El piso de mil fue exigencia de Milei, que quería una base por debajo de los $ 1.096 de cierre del régimen anterior, para demostrar que tenía razón.
No pudo ser. Esa apuesta de compra a los mil pesos nunca llegó. No se sumaron dólares al BCRA. Más bien se perdieron. Debió ocurrir un
segundo rescate en octubre pasado, esta vez combinado entre el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos, para que, en el final de la película –con el detalle de las elecciones legislativas victoriosas para el oficialismo–, el Gran Hermano se pusiera firme y le exigiera al participante tanto comprometerse a comprar reservas y sumar no menos de 10 mil millones de dólares en el primer semestre como a devaluar un 20%.
Y así, el concursante podrá seguir participando.
El próximo capítulo está por llegar. Habrá que esperar a la segunda quincena de enero.
Correo Argentino inauguró esta mañana en su planta logística de Monte Grande un sistema de clasificación robotizado (sorter) de última generación, el primero de su tipo instalado por un operador postal de América Latina. La puesta en marcha representa un hito de modernización y la apertura formal del plan integral de automatización previsto para 2026.
El sistema opera con 240 robots autónomos sobre una superficie de 1.180 m², integrando inteligencia artificial, algoritmos de direccionamiento y clasificación inteligente. Esta tecnología permite procesar hasta 9.000 paquetes por hora, lo que triplica la capacidad operativa actual de la compañía en todo el país y eleva los estándares de precisión y eficiencia.
La instalación incluye 13 puestos de inducción que sostienen un flujo continuo de carga y 130 salidas de clasificación, optimizando los tiempos de procesamiento y minimizando el margen de error.
«Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única», señala el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini.
El avance tecnológico se enmarca en un proceso de transformación financiera: tras revertir un déficit de $113.000 millones en 2023, Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025 y aportó $34.000 millones al Tesoro Nacional. «Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos», agrega Baldini.
Como parte de su hoja de ruta para 2026, la empresa prevé completar la automatización total de la planta de Monte Grande e incorporar nuevas tecnologías, entre ellas:
Un segundo sorter para paquetería de hasta 30 kg
Tecnología RFID para seguimiento en tiempo real de piezas y contenedores para trazabilidad integral
Aforadoras industriales para control automático de facturación
Vehículos de Guiado Automatizado (AGV) para el movimiento robotizado de contenedores
Con estas inversiones, Correo Argentino consolida su transición hacia un modelo logístico inteligente, orientado al crecimiento del eCommerce y la paquetería, fortaleciendo su competitividad en un mercado en expansión.
Descripción del sorter robótico
* Este sorter es el primer sistema de clasificación robotizado de su tipo instalado en un operador postal de América Latina.
* El sistema está compuesto por 240 robots autónomos, operando sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. Toda esta estructura se armó en apenas 50 días desde su llegada a la planta.
* Cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten alimentar el flujo de paquetes de forma continua, ordenada y sin interrupciones.
* Posee 130 salidas de clasificación, lo que multiplica la capacidad de direccionamiento automático y reduce a cero los desvíos o errores de clasificación.
* La productividad del sistema alcanza los 9.000 paquetes por hora, lo que permite triplicar los volúmenes que hoy se procesan en todo el país.
* Está diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que representan la mayor parte del flujo del comercio electrónico, nacional e internacional.
* La automatización incorpora lectura inteligente de etiquetas, sensores, algoritmos de direccionamiento y comunicación entre robots, optimizando cada movimiento.
* Los robots se cargan de manera automática: el sistema monitorea en tiempo real el nivel de batería y decide cuándo deben dirigirse a las estaciones de carga.
* Este proyecto forma parte de un plan más amplio: en los próximos meses se incorporará un segundo sorter para paquetes voluminosos de hasta 30 kilos, avanzando hacia una clasificación 100% automatizada en Monte Grande.
* Además, próximamentela planta sumará nueva tecnología: una aforadora industrial, un sistema de alimentación a granel, la conexión por cintas con la Planta Internacional y vehículos AGV para mover, apilar y despachar contenedores de manera autónoma.
* En total, el proyecto se integra dentro de una superficie operativa de más de 6.000 metros cuadrados, donde conviven las áreas de inducción, clasificación, control y despacho.
* Todo esto no solo permite ganar velocidad y precisión: también reducir esfuerzos físicos repetitivos, mejorar la trazabilidad, acelerar los tiempos de despacho y elevar, de manera concreta, los estándares de calidad operativa en todo el país.
La patronal de la industria siderúrgica de Brasil lanzó una advertencia sobre un posible colapso del sector debido al aumento sin precedentes de importaciones de acero procedentes de China.
La entidad expuso sus datos y preocupaciones en una conferencia de prensa, donde detalló que el ingreso de acero extranjero alcanzó su nivel más alto en quince años, pese a la reciente aplicación de una tasa de importación del 25% por parte del gobierno nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Acero Brasil, la producción nacional descenderá 2,2% en 2025, llegando a 33,1 millones de toneladas.
La organización explicó que, aunque la tarifa proteccionista está vigente desde principios de año, su impacto se reduce por la existencia de acuerdos comerciales como Mercosur-Egipto y por beneficios fiscales locales. Así, la protección efectiva para el acero brasileño se limita a apenas 7,2%.
La mayor parte del acero importado proviene del gigante asiático, que representa 64% de las compras externas, favorecido por incentivos estatales y subsidios industriales que permiten ofrecer productos en Brasil a precios inferiores al costo de fabricación.
En este contexto, la patronal remarcó que las prácticas consideradas como competencia desleal ya provocaron la eliminación de 5.000 puestos de trabajo en la industria siderúrgica brasileña y el freno de inversiones por más de 2.500 millones de reales (más de 450 millones de dólares).
Las proyecciones del instituto anticipan que las importaciones continuarán en ascenso durante 2026 y que la producción local sufrirá otra caída, acumulando una baja del 2,2%. También se prevé una disminución en las ventas internas del 1,7%, según el reporte de EFE.
Frente a estos datos, la entidad empresarial reclamó al gobierno federal la activación de nuevas defensas comerciales.
El presidente del Consejo Directivo de la patronal, André B. Gerdau Johannpeter, sostuvo que “los empleos e inversiones recortados en la industria siderúrgica brasileña son el precio que Brasil paga por no poder reaccionar contra las importaciones predatorias a la misma velocidad que se observa en países como Estados Unidos, la Unión Europea y México“.
La patronal advirtió que la prolongación de este escenario pone en riesgo la estabilidad y operatividad de las plantas siderúrgicas locales, lo que agravaría la caída del empleo y la inversión en toda la cadena industrial. Por ello, desde el sector exigieron al gobierno mayor rapidez en la adopción de mecanismos eficaces para proteger a los trabajadores del acero y asegurar la competitividad de la producción brasileña.
Durante la conferencia de prensa, los representantes del instituto destacaron que el desafío es igualar la capacidad de reacción demostrada por mercados como Estados Unidos, México y la Unión Europea.
La designación ocurrió a pocos días de presentar las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino
