Preguntas sobre una política exterior argentina en los tiempos de Trump

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Introducción

«Los fuertes hacen lo que tienen el poder de hacer y los débiles aceptan lo que tienen que aceptar.» Tucídides (ca. 411 a.C./2000, Libros V-VIII)

El 20 de noviembre de 2025 Donald Trump compartió en Truth Social el mensaje de un seguidor que exigía ahorcar a legisladores demócratas y aseguraba que «George Washington los haría». Añadió de su puño y letra: «¡Es un comportamiento sedicioso por parte de traidores! ¡Enciérrenlos!».

Con esa sola secuencia ya tenemos el espíritu del tiempo: la superpotencia hegemónica del último siglo se desliza hacia una retórica que combina la violencia fundacional de la república con la estética del linchamiento. El mundo observa, atónito, cómo el país que durante siete décadas garantizó (o impuso) un cierto orden liberal internacional ahora exhibe, sin pudor, la posibilidad de su propia descomposición interna y, con ella, la de todo el sistema que sostuvo.

Este artículo intenta leer ese instante histórico sin pretender agotarlo. Partimos de dos postulados simples:

  1. nada en los seres humanos es “natural”; nuestra única naturaleza es la sociedad que construimos conflictivamente a lo largo de la historia (Bourdieu, Marx);
  2. la realidad social es tan compleja que solo podemos abordarla mediante drásticas simplificaciones (Morín, Moscovici).

Aceptada esa limitación, adoptamos deliberadamente el «anarquismo metodológico» de Feyerabend: no hay un único método legítimo y cada capa de la realidad exige herramientas distintas. Nuestra explicación será, pues, multicausal y multicapa, como una cebolla: al retirar una capa aparece otra de igual complejidad.

Las tres capas que alcanzamos a vislumbrar (sabiendo que no son las únicas ni necesariamente las más importantes) son:

  1. Las crisis recurrentes del capitalismo y el descubrimiento de sus límites estructurales actuales.
  2. El caos del interregno pos-unipolar: lo viejo (el mundo westfaliano y la globalización neoliberal) muere; lo nuevo (¿multipolaridad ordenada?, ¿caos?, ¿nuevo imperialismo?) no termina de nacer.
  3. Las contradicciones internas de Estados Unidos, que se expresan en el retorno del nacionalismo agresivo y en la figura de Donald Trump como síntoma y acelerador.

El resultado global es un mundo caleidoscópico y peligrosísimo, atravesado por violencias físicas y simbólicas que desbordan los aparatos de comprensión racional que Occidente tomó durante dos siglos y medio como “la” naturaleza humana. Este texto no pretende cortar el nudo gordiano, solo intenta describirlo, develar una imagen borrosa del mismo, aun sospechando que no existirá algún nuevo Alejandro que lo parta definitivamente.

Capa 1 – Las crisis recurrentes del capitalismo y el descubrimiento de sus límites estructurales actuales

El capitalismo no está muriendo por falta de crecimiento ni por la caída tendencial de la tasa de ganancia en su versión clásica. Está muriendo por su triunfo descomunal: produce demasiado, demasiado barato y con demasiado poca gente.

Desde 2007-2009 el sistema entró en una crisis estructural distinta a todas las anteriores. Lehman Brothers fue el estallido visible; la desregulación financiera de los 90 (culminada con la derogación efectiva de Glass-Steagall en 1999) fue la mecha; pero la pólvora es más antigua y más profunda.

Gracias al conocimiento científico convertido en fuerza productiva directa (automatización, robótica, inteligencia artificial), el capitalismo actual genera riqueza a una velocidad que ya no necesita a la mayoría de los seres humanos ni como productores ni como consumidores solventes. Marx lo anticipó en los Grundrisse: cuando la fuente de valor deja de ser el tiempo de trabajo vivo y pasa a ser la ciencia objetivada en máquinas, el trabajador se convierte en simple “vigilante y regulador” … y luego ni siquiera eso.

Rifkin y Mason lo actualizan: estamos entrando en un mundo donde grandes segmentos de la población son estructuralmente sobrantes. El desempleo ya no es cíclico ni sirve como ejército de reserva. Es permanente y creciente. La IA generativa destruye ahora empleos administrativos y de servicios con la misma brutalidad con que la mecanización destruyó los oficios manuales hace dos siglos. El resultado es una crisis de demanda histórica: la productividad se dispara, pero la capacidad de consumo agregado se estanca o retrocede.

La secuencia se repite desde 2008:

  1. Excedente masivo de capital sin colocación productiva rentable.
  2. Crédito barato → burbujas sucesivas (inmobiliaria, tecnológica, cripto, IA).
  3. Estallido → rescate público con deuda soberana → nueva burbuja para evitar la deflación.
  4. Mientras tanto, cada ciclo deja más población fuera del mercado laboral para siempre.

En 2025 se suma un detonante de corto plazo que acelera el incendio: el fin del carry-trade japonés. Tres décadas de tasas cero o negativas financiaron al mundo. Al normalizar su política monetaria, Japón retira liquidez global de golpe: caen los mercados, suben los rendimientos de la deuda, el dólar se fortalece peligrosamente y se prepara una recesión global de proporciones aún impredecibles.

Esta no es una crisis más dentro del capitalismo. Es la evidencia de que el capitalismo como modo de producción históricamente determinado está mutando hacia algo cualitativamente distinto. El trabajo humano deja de ser el eje de la creación y distribución de la riqueza; el conocimiento objetivado en máquinas (y pronto en inteligencias no humanas) toma ese lugar.

Lo que venga después puede ser, en teoría, maravilloso: abundancia material casi ilimitada, jornadas laborales mínimas o nulas, niveles de vida nunca vistos para la inmensa mayoría. También puede ser (y mi pesimismo antropológico me inclina a temerlo) algo moralmente horroroso según los parámetros que hoy consideramos humanos: una sociedad escindida entre una minoría que controla las máquinas y el conocimiento y una mayoría sobrante, mantenida con raciones básicas o directamente excluida, vigilada, encerrada o, en el peor caso, eliminada por innecesaria.

La historia no tiene guion escrito, pero sí tiene antecedentes claros: cada vez que un modo de producción volvió superflua a una parte significativa de la población, esa población fue tratada como desecho o como amenaza. El capitalismo tardío, con su capacidad inédita de producir sin casi trabajo humano, está a punto de repetir esa lógica a escala planetaria y con herramientas de control y destrucción que harían palidecer a cualquier tiranía del pasado.

Esa es la capa de base. Sin entender esta mutación en curso no se comprende por qué el mundo de 2025-2030 se parece cada vez más al de 1914-1939… pero con armas nucleares, cambio climático y una inteligencia artificial que ya no necesita a la mayoría de nosotros.

Capa 2: El caos del interregno pos-unipolar: lo viejo (el mundo westfaliano y la globalización neoliberal) muere; lo nuevo (¿multipolaridad ordenada?, ¿caos?, ¿nuevo imperialismo?) no termina de nacer.

Lo viejo muere, lo nuevo no termina de nacer

«La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados.» Gramsci, Cuadernos de la cárcel

En las relaciones internacionales estamos viviendo exactamente ese interregno.

Lo viejo tiene dos caras que se derrumban al mismo tiempo:

  1. El sistema westfaliano de Estados-nación soberanos (nacido en 1648) ya no controla ni sus fronteras, ni sus monedas, ni sus políticas económicas, ni sus narrativas culturales.
  2. La globalización neoliberal que iba a ser su sucesora (la “nueva Polis” que describía Samir Amín, dominada por el capital financiero transnacional y sus cinco monopolios: tecnología, finanzas, recursos, medios y armas de destrucción masiva) recibió heridas mortales entre 2001 (11-S) y 2008 (Lehman). Desde entonces agoniza sin que nadie haya logrado enterrarla del todo.

El resultado es un vacío de poder global que nadie llena.

Fukuyama anunció en 1989 el “fin de la historia” y la victoria eterna de la democracia liberal. Treinta y seis años después [actualizado a 2025], la historia ha vuelto con venganza: hipernacionalismos, guerras comerciales, guerras a secas, desdolarización acelerada, bloques regionales armados, carreras armamentistas en el Indo-Pacífico y en Europa del Este, y una potencia hegemónica (EE.UU.) que alterna entre el repliegue aislacionista y el golpe de Estado preventivo según quién esté en la Casa Blanca.

Lo nuevo que debería reemplazar al viejo no termina de nacer. Las candidatas son tres, todas problemáticas:

a) Una multipolaridad ordenada (el sueño BRICS ampliado, G-20, etc.) que requiere instituciones comunes y una mínima confianza recíproca. No existe ni lo uno ni lo otro: China y la India se miran con desconfianza, Rusia está en guerra abierta con Occidente, Brasil y Sudáfrica oscilan.

b) Un nuevo imperialismo (chino, estadounidense restaurado o híbrido) que imponga un orden por la fuerza. China no tiene todavía la capacidad militar global ni la voluntad ideológica de hacerlo; EE.UU. ya no tiene el consenso interno ni los recursos económicos para repetirlo.

c) El caos puro: fragmentación en bloques hostiles, proliferación nuclear, guerras por recursos escasos (agua, tierras raras, rutas marítimas), migraciones masivas y colapso de cadenas de suministro. Este es el escenario que, por descarte, gana probabilidad cada día.

En este vacío, los Estados recuperan agresividad porque ya no tienen nada que perder ni nada que los discipline desde arriba. Las normas del derecho internacional se convierten en papel mojado cuando la superpotencia misma las rompe sin costo (Irak 2003, Libia 2011, AUKUS 2021, Gaza 2023-2025). Los actores subestatales (megacorporaciones, fondos buitre, narcoestados, milicias) ganan autonomía. Y los ciudadanos, desprotegidos por Estados debilitados y por una globalización que ya no reparte beneficios, se refugian en identidades tribales, religiosas o nacionalistas.

Este interregno no es una “transición ordenada”. Es un período de entropía creciente en el que las reglas que funcionaron durante setenta y cinco años (1945-2020) se disuelven sin que aparezcan nuevas reglas universalmente aceptadas. Y mientras no aparezcan, vuelve a regir la ley más vieja del mundo: la que citaba Tucídides en la introducción.

Para los Estados del Sur Global —mi propio país incluido— el costo de equivocarse en este tablero es literalmente existencial. Una decisión mal calculada (elegir el bloque perdedor, firmar un tratado de libre comercio que te convierta en patio trasero de alguien, endeudarte en dólares cuando el dólar es arma de guerra, abrirle la puerta a una base militar extranjera, o simplemente quedarse quieto y esperar que pase la tormenta) puede significar, en el mejor de los casos, décadas de estancamiento y dependencia reforzada; en el peor, desmembramiento territorial, hambruna organizada, migración masiva de la propia población o directamente la desaparición como sujeto político soberano.

En este nuevo juego no hay árbitro, no hay red de seguridad y no hay segunda oportunidad. Los fuertes volverán a hacer lo que puedan; los débiles —nosotros— sufriremos lo que debamos si no acertamos con una estrategia que, por primera vez en dos siglos, no esté escrita en Washington, Bruselas o Pekín, sino en nuestras propias capitales.

La tercera capa —la descomposición interna de Estados Unidos y su traducción en política exterior trumpista— no es un fenómeno separado. Es la consecuencia lógica de las dos capas anteriores: un imperio que ya no puede sostener ni el orden global ni la cohesión interna reacciona con furia primitiva.

Capa 3. Las múltiples capas de la cebolla norteamericana.

Subcapa 1: Los peligros de la estrategia demócrata

El imperio que se mira el ombligo

El núcleo de la fractura estadounidense es la lucha por el control de Eurasia, el tablero decisivo según la geopolítica clásica. Desde Mahan hasta Mackinder y Brzezinski, la doctrina es la misma: quien domine el Heartland euroasiático y sus bordes costeros dominará el planeta. Para la élite de Washington, China no es un socio comercial algo díscolo, sino el único contendiente capaz de disputarle ese premio definitivo.

Esta obsesión no nació en los 90. Es la herencia directa del Gran Juego que, entre 1830 y 1907, enfrentó al Imperio Británico y a la Rusia zarista por el control de Asia Central: rutas comerciales, pasos de montaña, acceso al Indo y al Pacífico. El tablero es el mismo; solo cambió el color de las banderas.

Pero antes de que la élite pudiera siquiera plantearse la estrategia para contener a China, la globalización que había prometido prosperidad infinita se volvió en contra de su propio pueblo.

El shock fue múltiple y simultáneo:

· China emergió como fábrica del mundo y, en menos de dos décadas, pasó de receptor de inversiones a acreedor neto de Estados Unidos.

· Las guerras interminables en Medio Oriente (2001-2021) costaron 8 billones de dólares y devolvieron a casa ataúdes y veteranos rotos.

· Las sucesivas derrotas catastróficas —de Irak a Afganistán— destruyeron la fe en la invencibilidad estadounidense y en la capacidad de exportar democracia con bombas.

El resultado interno fue devastador.

La clase media industrial fue barrida. Las fábricas cerraron o se mudaron a Shenzhen y Dongguan. El Cinturón del Óxido —esa franja que va de Pensilvania a Illinois pasando por Ohio, Michigan y Wisconsin— se convirtió en el paisaje visible del abandono: plantas oxidadas, pueblos fantasmas, esperanza de vida en caída libre. El desempleo estructural se instaló y ya no se fue. Los hombres blancos sin título universitario —la columna vertebral histórica del país— vieron caer su expectativa de vida entre 2014 y 2017 por primera vez en tiempos de paz, gracias a lo que Case y Deaton bautizaron “muertes por desesperación”: sobredosis, suicidio, alcoholismo. El fentanilo, fabricado en laboratorios chinos y cruzado por carteles mexicanos, terminó de hacer el trabajo: alrededor de 82.000-110.000 muertos al año [ajustado por datos CDC 2025], una guerra civil lenta que ningún presidente declara.

Al mismo tiempo, la frontera sur se volvió porosa. Millones de migrantes —muchos de ellos población sobrante de sus propios países, expulsada por la misma lógica de automatización y concentración de riqueza que ya describimos— llegaron buscando los empleos que los estadounidenses ya no querían o ya no existían. El encuentro fue explosivo: comunidades blancas en declive que se sentían reemplazadas en su propio territorio por otros que, paradójicamente, también eran víctimas del mismo sistema. El resentimiento no era solo económico; era existencial. El “sueño americano” —trabajo duro = ascenso social— había muerto, y nadie ofrecía uno nuevo.

Esta combinación tóxica —desindustrialización, derrotas militares, epidemia de opioides, migración masiva— creó una sociedad partida en dos: una minoría cosmopolita, educada y conectada al mundo (costas, grandes ciudades) que seguía beneficiándose de la globalización, y una mayoría interior que se sentía traicionada, olvidada y humillada por sus propias élites.

Solo en ese caldo de cultivo pudo surgir la pregunta estratégica que hoy divide a Washington: ¿cómo contener a China cuando tu propio país se está desmoronando por dentro?

La respuesta dominante —la que hegemonizó la política exterior de Clinton, Bush hijo (segundo mandato), Obama y Biden— fue la siguiente: primero había que debilitar a Rusia, repetir en Eurasia el guion que tan bien funcionó en Yugoslavia (1991-1999): fragmentar una federación multiétnica, crear estados clientes en sus bordes y aislar geopolíticamente a Moscú para que no pueda servir de retaguardia continental a Pekín.

Esta estrategia se fundamenta en la lectura más agresiva de Mackinder y Brzezinski: si se rompe el Heartland ruso, China queda expuesta en sus flancos norte y oeste, convertida en una potencia marítima vulnerable, rodeada por aliados estadounidenses desde Japón hasta la India. La expansión de la OTAN al Este (1999: Polonia, Hungría, República Checa; 2004: países bálticos, Rumania, Bulgaria; 2008: promesa formal de membresía a Ucrania y Georgia en la cumbre de Bucarest) no fue un proceso inocente de “ampliación democrática”. Fue la construcción deliberada de un cordón sanitario que acercara la frontera de la alianza atlántica a 150 km de San Petersburgo y a 400 km de Moscú, exactamente el mismo movimiento que Londres intentó (y fracasó) contra la Rusia zarista en el siglo XIX.

Think tanks cercanos al Partido Demócrata elaboraron la hoja de ruta. El Center for a New American Security (CNAS) y el Atlantic Council publicaron, entre 2016 y 2022, informes y mapas que mostraban escenarios de “descentralización” o “federalización forzada” de la Federación Rusa: un Cáucaso independiente, un Lejano Oriente autónomo, una Siberia rica en recursos, pero desconectada de Moscú. El Carnegie Endowment for International Peace (2022) llegó a incluir mapas explícitos de una Rusia fragmentada en cinco o seis entidades para “impedir la formación de una coalición eurasiática antioccidental”. El objetivo táctico nunca se ocultó del todo: debilitar a Rusia primero para enfrentar a China después con el flanco europeo asegurado.

Dos voces realistas de peso advirtieron que esa estrategia era suicida. Henry Kissinger, en múltiples artículos y entrevistas entre 2014 y 2023, repitió que tratar a Rusia como una potencia regional derrotada la empujaría inevitablemente a los brazos de China, creando exactamente la coalición que Brzezinski consideraba “el escenario más peligroso”. John Mearsheimer, en su célebre artículo de 2014 y en decenas de conferencias posteriores, fue más contundente: “Occidente está provocando a Rusia hacia una guerra que no puede ganar militarmente, pero que sí puede hacer perder a Ucrania y fracturar a Europa; el resultado será una Eurasia más unida contra nosotros, no más dividida”.

La historia les dio la razón más rápido de lo que imaginaban. La invasión rusa de Ucrania en 2022 no fue el comienzo de la confrontación, sino su consecuencia previsible. Y la respuesta occidental —sanciones masivas, rearme europeo, envío de armas— solo aceleró la alianza Moscú-Pekín que se pretendía evitar.

Lo que comenzó como una disputa estratégica entre élites se ha convertido en una fractura política y social dentro de Estados Unidos mismo. La próxima subcapa de esta cebolla mostrará cómo esa grieta atraviesa clases, regiones y generaciones, y cómo la reacción nacionalista —encarnada hoy en el retorno de Trump— es la respuesta interna a un proyecto imperial que ya no puede pagar sus cuentas ni convencer a su propia población.

Subcapa 2: Las contradicciones e imposibilidades de Trump

Este caldo de cultivo explica el fenómeno Trump: un movimiento que canaliza el resentimiento visceral de la población sobrante —ese Homero Simpson desempleado, o el obrero del Cinturón del Óxido que ya no sueña con ascenso social, sino que vive la pesadilla de un «sueño americano» convertido en deuda perpetua, fentanilo y fronteras porosas—. Su sujeto electoral no es un bloque homogéneo de élites o ideólogos puros, sino una masa desarraigada que ve en Trump no un salvador coherente, sino un ariete contra el sistema que los devoró. Detrás de este emergente político, sin embargo, se esconde un ramillete de posicionamientos ideológicos internos en guerra permanente, un Frankenstein político que explica las imposibilidades estructurales del segundo mandato: un gobierno que promete «drenar el pantano» pero termina ahogándose en sus propias contradicciones.

El trumpismo arrastra, en primer lugar, a los republicanos tradicionales: pragmáticos aislacionistas que comparten con los demócratas la visión de China como amenaza estructural, pero que prefieren una contención quirúrgica —aranceles selectivos, alianzas ad hoc— sin los excesos de la guerra fría recargada. Son los herederos de Eisenhower o Nixon: un Estado eficiente para el comercio y la defensa, no para aventuras morales o intervenciones humanitarias disfrazadas de imperialismo.

Luego vienen los neoconservadores clásicos, los halcones de la era Bush que creen en un Estado fuerte y expansivo como motor de la grandeza americana. Para ellos, el keynesianismo no es un pecado, sino una virtud si se motoriza con guerra permanente: un leviatán que gasta billones en complejos militares-industriales para generar empleo en los estados rojos, proyectar poder global y «exportar democracia» a bombazos. Ven en la OTAN un baluarte sagrado, en China un enemigo que exige no solo tarifas, sino portaaviones en el Estrecho de Taiwán y apoyo incondicional a Israel o Ucrania. El retiro caótico de Afganistán fue, para ellos, una traición; DOGE, un capricho que socavaba la «gran estrategia» imperial.

En el extremo opuesto, y en profunda contradicción con los neocons, pululan las nuevas derechas libertarias y tecnológicas —un enjambre de Silicon Valley que venera a Ayn Rand como profeta del egoísmo racional y encuentra en pensadores «nuevos» como Peter Thiel (el inversor que financió a Trump mientras soñaba con ciudades-estado flotantes y monedas privadas), Curtis Yarvin (el neorreaccionario que aboga por «reiniciar» la democracia con CEOs como reyes absolutos) y figuras paradigmáticas como Elon Musk (el transhumanista que prioriza Marte sobre Detroit) y Sam Altman (el CEO de OpenAI que acelera la IA para «salvar» el capitalismo, pero que ya condena a millones a la obsolescencia). Estos ven al Estado no como motor de poder, sino como un tumor burocrático que ahoga la innovación: odian los impuestos que financian guerras eternas, desprecian la OTAN como un club de parásitos europeos y sueñan con un «America First» que signifique criptomonedas libres, regulaciones cero y un gobierno reducido a un árbitro mínimo para que las élites tecnológicas reorganicen el mundo a su imagen.

Esta contradicción es letal y ya ha hecho eclosión en el segundo mandato de Trump. Los neoconservadores empujan por más gasto en defensa —$1.01 billones para el Pentágono en 2026, con énfasis en bases en el Indo-Pacífico y apoyo incondicional a aliados—, mientras los libertarios reclaman tijeretazos masivos al Estado: recortes a la ayuda exterior que han causado, según estimaciones independientes, cientos de miles de muertes en el Sur Global [recortes en la USAID habrían implicado la muerte de 300.000 niños], y una desregulación que deja a la población sobrante sin red de seguridad alguna. El choque estalló en la creación y colapso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el experimento libertario por excelencia: Musk, co-líderando con Vivek Ramaswamy, prometió ahorrar $2 billones cortando «fraude y burocracia» con una sierra mecánica simbólica, instalando ingenieros jóvenes (de 25-30 años) de Tesla y SpaceX en agencias federales y despidiendo a alrededor de 200.000 funcionarios en meses. Pero DOGE se convirtió en un caos: brechas de seguridad en datos sensibles (incluyendo información personal de millones de americanos), demandas por abuso de poder y un costo neto de $21.7 billones según el Office of Management and Budget, mientras los neocons lo veían como un sabotaje a la «gran estrategia» imperial.

El retiro de Musk en mayo de 2025 fue el clavo final. Tras una pelea pública con Trump —Musk arremetió en X contra recortes a subsidios para vehículos eléctricos que beneficiaban a Tesla, y criticó el «One Big Beautiful Bill» como un despilfarro que aumentaba el déficit y socavaba DOGE; Trump lo llamó «ingrato» en un mitin—, el magnate abandonó Washington, dejando el DOGE huérfano y disuelto en noviembre, ocho meses antes de su mandato original hasta julio de 2026. Según el director de la Office of Personnel Management, Scott Kupor, DOGE «ya no existe» como entidad centralizada; sus funciones se dispersaron en otras agencias, sus empleados huyeron o fueron reubicados, y lo que quedó no fue eficiencia, sino un limbo: demandas judiciales por violaciones de privacidad, denunciantes manifestando accesos ilegales a datos sensibles y una lección brutal sobre la incompatibilidad entre el keynesianismo bélico de los neocons y el anarcocapitalismo de los tech-libertarios.

Trump, pragmático como siempre, navega entre ambos: nombra a halcones como Marco Rubio en Exteriores para contentar a los intervencionistas, pero deja que Thiel y Yarvin susurren al oído sobre «reinicios» tecnológicos que ignoran las guerras ajenas. Esta subcapa política contradictoria explica por qué la política exterior trumpista es errática: un día amenaza con aranceles del 60% a China y alianzas con Putin; al siguiente, envía portaaviones al Estrecho de Taiwán y veta la desintegración de la OTAN. El imperio ya no dicta reglas coherentes porque su alma está partida: los unos quieren un Estado guerrero que proyecte poder; los otros, un Estado mínimo que libere al «homo economicus» de las cadenas fiscales. Y en medio, la población sobrante —ese Simpson enfurecido— aplaude el espectáculo, sin saber que ambos bandos lo ven como colateral prescindible en su lucha por el futuro.

Conclusión (o la ausencia deliberada de ella)

No hay conclusión posible, porque en este interregno nada concluye: el capitalismo sigue mutando sin saber hacia qué monstruo o maravilla, el orden mundial se deshace sin que nadie logre armar uno nuevo, y el imperio que durante setenta y cinco años escribió las reglas del juego ahora ni siquiera puede ponerse de acuerdo consigo mismo sobre si quiere seguir jugando o quemar la mesa. Los fuertes volverán a hacer lo que puedan; los débiles —nosotros— sufriremos lo que debamos si no encontramos, rápido y por nuestra cuenta, una estrategia que no dependa de Washington, Bruselas ni Pekín. Y mientras tanto, en este mundo sin árbitro ni red de seguridad, solo queda una pregunta que resuena como un eco infantil y trágico a la vez:

¿Y ahora quién podrá defendernos?

Lic. Hugo Villanueva

Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Champagnat (Mendoza), Universidad Nacional de Cuyo

Mandioca misionera: La soberanía del bioplástico, sin resinas importadas

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No es un dato menor. Mientras la agenda pública se distrae con debates superficiales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), nuestro buque insignia en ciencia y tecnología, avanza silenciosamente en la construcción de una soberanía material. En esta oportunidad, de la mano de la empresa misionera Plastimi SRL, se está desarrollando una tecnología que podría cambiar la matriz de importación de bioplásticos en nuestro país, utilizando un recurso tan nuestro como el almidón de mandioca.

Digamos todo: hoy Argentina depende de la importación de resinas biodegradables. Sí, se compran de Europa, generalmente a base de almidón de maíz, para satisfacer una demanda creciente. Esta dependencia no solo implica una salida de divisas significativa, sino que también nos ata a cadenas de suministro externas y tecnologías que no son propias. La iniciativa conjunta entre el CONICET y Plastimi SRL viene a desafiar este esquema, proponiendo un camino hacia la autoabastecimiento con materia prima nacional y tecnología desarrollada en casa.

El corazón del proyecto reside en la capacidad de nuestros investigadores para innovar. Mientras los bioplásticos comerciales a nivel global se basan en almidones de papa o maíz, este equipo argentino está apostando por el almidón de mandioca. Y esto, hay que subrayarlo, no es un detalle menor. La mandioca es un cultivo de profunda arraigo en Misiones, con un impacto social y económico directo en pequeños y medianos productores de la región. «Buscamos generar un desarrollo regional que le dé valor agregado a la materia prima de nuestra propia provincia», señaló con acierto ‘Cuenca’, uno de los participantes clave en este esfuerzo. Esa frase encierra la esencia de lo que debería ser nuestra política de desarrollo productivo: agregar valor, generar empleo y asegurar independencia.

El camino no es nuevo en su concepción. En 2021, el Programa de Investigación Científica y Tecnológica Aplicada (PICTA) ya sentaba las bases para este tipo de sinergias. Lo que vemos hoy es la materialización de esa visión. La conjunción de la capacidad científica del CONICET para desentrañar los secretos de la materia y el know-how industrial de Plastimi SRL —una empresa con trayectoria en la fabricación de envases y con un historial de colaboración con grupos científicos locales— es la fórmula que necesitamos potenciar. No se trata solo de hacer bolsas biodegradables que contaminen menos, que ya es un objetivo loable. Se trata, fundamentalmente, de dejar de importar y de poner a trabajar a nuestra ciencia y a nuestra industria en beneficio propio, generando tecnología transferible y adaptada a nuestras condiciones.

Los beneficios son múltiples y estratégicos. Por un lado, una reducción sustancial de los costos de producción al reemplazar insumos importados por materia prima local. Por el otro, una disminución palpable del impacto ambiental, lo que nos posiciona mejor en un contexto global donde la sostenibilidad es una divisa cada vez más valiosa. Pero, por sobre todo, es un paso firme en la dirección de la soberanía tecnológica e industrial, un objetivo que ‘Agenda R Web’ siempre ha puesto en el centro del debate nacional. Este desarrollo nos obliga a mirar la capacidad instalada que tenemos, en CONICET y en nuestras PyMEs, para resolver problemas complejos y generar riqueza en casa.

Impacto para la Argentina

Este desarrollo entre CONICET y Plastimi SRL es un faro que ilumina el camino correcto para Argentina. Primero, en materia de sustitución de importaciones: cada tonelada de resina bioplástica que se produzca con almidón de mandioca en Misiones es una tonelada menos que se importa de Europa, con el consecuente ahorro de divisas. Esto es crucial para nuestra economía, que siempre pugna por equilibrar su balanza comercial. Segundo, y no menos importante, es la generación de valor agregado en origen. La mandioca, un producto primario, se transforma en un material de alta tecnología. Esto no solo beneficia a los productores de Misiones con una demanda sostenida y con mejores precios, sino que también impulsa toda una cadena de valor regional, desde el campo hasta la fábrica.

Para INVAP, para ARSAT, y para cada PyME innovadora en el país, este proyecto debería ser un modelo a seguir. Demuestra que la vinculación público-privada es el motor más eficaz para la innovación productiva. Nuestro CONICET, lejos de ser un mero centro de conocimiento abstracto, se reafirma como un activo estratégico fundamental para la soberanía tecnológica. En un país con tantas urgencias, invertir en ciencia aplicada que resuelve problemas concretos y genera riqueza genuina, es la inversión más inteligente que podemos hacer. Es la demostración práctica de que el Estado, con sus capacidades de investigación, puede ser el gran articulador de un modelo de desarrollo que nos saque de la dependencia y nos impulse hacia la autonomía productiva.

Redacción de AgendAR

El acuerdo EE.UU.-Argentina: qué pasará con los medicamentos y la industria farmacéutica local

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El acuerdo que se está negociando entre Argentina y Estados Unidos reabrió un debate que atraviesa economía, salud y desarrollo: el de la propiedad intelectual (PI) en la industria farmacéutica. El tema puede parecer técnico, pero sus efectos son concretos: definen cuánto tiempo dura el monopolio del que desarrolla un medicamento y si hay lugar para la competencia una vez vencida la patente.

En Argentina, un país con un entramado farmacéutico robusto –uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional, salarios superiores al promedio manufacturero, fuerte orientación a investigación y desarrollo, y un perfil productivo que combina empleo calificado y capacidades científicas difíciles de replicar–, los cambios en materia de patentes pueden redefinir la estructura competitiva y el acceso a tratamientos esenciales. El sector explica 4% del Valor Agregado Bruto industrial y 3,4% del empleo industrial, indicadores que muestran un peso relativo mayor al de muchas otras ramas manufactureras.

Qué plantea el acuerdo

Entre sus capítulos, el acuerdo incluye cambios en materia de propiedad intelectual, que básicamente es el sistema que define quién puede producir un medicamento y por cuánto tiempo. Estados Unidos busca extender y reforzar esas protecciones, especialmente en el caso de las patentes secundarias, porque eso les garantiza a sus empresas más años de exclusividad y menos competencia temprana en otros países.

En la industria farmacéutica existen dos grandes tipos de patentes:

●       Patentes primarias: protegen el principio activo original. Es decir, es el desarrollo de un medicamento nuevo.

●       Patentes secundarias: protegen nuevas formulaciones, dosis, formas de liberación o nuevos usos. A veces introducen cambios importantes, pero en muchas otras ocasiones los cambios pueden ser menores, como un nuevo sabor o un nuevo tamaño en un mismo producto. 

Las patentes secundarias son el terreno más controvertido. A veces representan mejoras reales, pero otras constituyen una estrategia conocida como evergreening: cuando un laboratorio utiliza variantes menores para extender artificialmente la exclusividad de un medicamento cuya patente principal está por vencer. En la práctica, esto demora la competencia y mantiene precios altos por más tiempo.

La advertencia no es teórica. Un estudio reciente de FIEL estimó que, si Argentina hubiera aceptado las solicitudes de patentes secundarias presentadas desde 2012, el país habría enfrentado un incremento del 139% en el gasto en medicamentos entre 2021 y 2023, equivalente a un costo adicional anual de 2.214 millones de dólares.

Argentina cuenta, desde 2012, con una guía específica que restringe la patentabilidad de variantes menores y limita la posibilidad de otorgar patentes secundarias sin justificación sólida. Esa regulación –amparada por las flexibilidades del acuerdo internacional ADPIC– fue decisiva para que la industria local pudiera competir, producir, abastecer el mercado y sostener precios más accesibles en un sector altamente concentrado.

Qué está en juego

Ceder esa excepción sería un retroceso. Reduciría el margen regulatorio que permitió construir un entramado productivo propio y consolidar capacidades que hoy sustentan empleo calificado, desarrollo científico y producción local.

Si el país adoptara un estándar más estricto en patentes secundarias:

●      Se retrasaría la entrada de genéricos y biosimilares, claves para bajar precios.

●      Se elevarían los costos del sistema de salud (obras sociales, prepagas, PAMI, Estado).

●      Se achicaría el margen competitivo de los laboratorios que producen en el país.

●      Se limitaría el espacio para políticas industriales, incluyendo la producción de biosimilares, vacunas y medicamentos de alto costo, y el uso de herramientas como el Compre Nacional y la orientación del gasto público en ciencia y tecnología hacia desarrollos locales.

Todas estas líneas son centrales en la agenda de desarrollo productivo del país.

Si bien se mencionan posibles beneficios –como mayor previsibilidad o nuevas oportunidades de cooperación tecnológica–, sus impactos son difusos, y no está claro que una ampliación de patentes secundarias genere más innovación en Argentina. La evidencia internacional no muestra que flexibilizar estos criterios impulse capacidades propias en economías de desarrollo medio.

La experiencia reciente –desde la pandemia hasta la producción local de medicamentos biotecnológicos– muestra que Argentina tiene capacidades que vale la pena preservar y ampliar. En ese contexto, ceder en patentes secundarias no sólo afectaría precios y acceso, sino que implicaría retroceder en el esquema que permitió construir una industria competitiva y científicamente sofisticada.

Más allá de las leyes, lo que realmente está en juego es el grado de autonomía que conserva el país para interpretar los criterios de patentabilidad. El acuerdo sobre los ADPIC no define qué debe entenderse por novedad, altura inventiva o aplicación industrial: deja ese margen a cada Estado. La Argentina utilizó ese espacio en 2012 para establecer, mediante una resolución conjunta hoy judicializada, un estándar riguroso que evita conceder patentes por modificaciones triviales que no constituyen innovación genuina. Ese criterio permitió limitar el evergreening, fomentar la competencia y resguardar un equilibrio entre salud pública, acceso y desarrollo productivo. Cualquier compromiso internacional que restrinja ese margen interpretativo –aunque no modifique la Ley de Patentes– implicaría, en los hechos, retroceder en soberanía regulatoria y abrir la puerta a una mayor concentración y a precios más altos.

La clave será que los compromisos internacionales no limiten la posibilidad de seguir combinando política sanitaria, política industrial y soberanía tecnológica. En un sector tan sensible y estratégico como el de los medicamentos, ese equilibrio define los precios, el acceso y el futuro del desarrollo productivo argentino.

Martín Alfie

Argentina concreta su 1ra. exportación de trigo a China: 107.000 toneladas

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Argentina ha completado la primera serie de exportaciones de trigo hacia la República Popular China. Este envío histórico, un total de 107.000 toneladas del cereal, partirá en diciembre de 2025. La operación marca la culminación de ocho años de negociaciones y abre un nuevo mercado para el trigo argentino.

Los primeros embarques se distribuirán en tres despachos. El gigante chino de agronegocios COFCO operará un envío de 65.000 toneladas desde el puerto de Timbúes, en el Gran Rosario. Desde Bahía Blanca, Cargill despachará 20.000 toneladas a bordo del buque Obsession, y 22.000 toneladas en el Anastasia K. Otra fuente menciona a Bunge como operadora del embarque de 20.000 toneladas. El Obsession zarpará el 12 de diciembre, y el Anastasia K lo hará el 23 de diciembre de 2025.

Este comercio se concretó tras un proceso que incluyó la aprobación de las autoridades sanitarias chinas en octubre de 2023, y la habilitación formal para exportar en enero de 2024. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lideró las negociaciones. Las compañías argentinas ahora figuran en el Sistema Online de Registro Cuarentenario de Establecimientos de la Administración General de Aduanas de China (GACC).

China impone requisitos fitosanitarios estrictos para el trigo, incluyendo límites precisos para agroquímicos de poscosecha. Además, no acepta la presencia de transgénicos en el cereal. El país asiático, el tercer importador mundial de trigo en 2022 con 10 millones de toneladas valoradas en US$3.800 millones, busca asegurar su abastecimiento. Sus principales proveedores fueron Australia (5,7 millones de toneladas) y Canadá (1,8 millones de toneladas) en 2022. Para el ciclo 2025/2026, China proyecta importar al menos 6,0 millones de toneladas de cereal, priorizando la importación de grano para su procesamiento interno.

Argentina proyecta exportar 17,5 millones de toneladas de trigo en 2025, con una cosecha estimada de 17,6 millones de toneladas para la campaña 2024/2025. Esta sería la cuarta mejor cosecha de los últimos 15 años. En contraste, las exportaciones de trigo en 2023 alcanzaron aproximadamente 3 millones de toneladas, generando US$1.050 millones, un valor afectado por la sequía. En 2022, las exportaciones fueron de 14 millones de toneladas, valoradas en US$4.315 millones.

El contexto global muestra una sobreoferta de trigo, impulsada por buenas producciones en la Unión Europea y Rusia. Esto provocó una caída del precio internacional a US$160 por tonelada en noviembre de 2025, el nivel más bajo desde 2019. El valor FOB (Free On Board) del trigo argentino se mantiene en US$180 por tonelada. Esta diferencia implica una pérdida potencial de US$20 por tonelada para los exportadores argentinos. Si se aplica a 8 millones de toneladas, la pérdida ascendería a US$160 millones. La cosecha global de trigo para la campaña 2025/2026 se proyecta en 825 millones de toneladas. La competitividad del trigo argentino en el mercado mundial se atribuye a problemas climáticos en la competencia y una calidad razonable en Argentina, lo que abre posibilidades en mercados como el norte de África y el sudeste asiático.

Redacción de AgendAR

Grupo México Transportes se interesa en la privatización de Belgrano Cargas

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El gobierno avanza en el proceso de privatización de sus líneas de trenes de carga estatales. Belgrano Cargas y Logística (BCyL), conocida como Trenes Argentinos Cargas, es el principal objetivo de esta iniciativa. Grupo México Transportes (GMXT), un actor ferroviario internacional, ha expresado interés en la operación.

El consorcio mexicano anticipa una inversión superior a los 3.000 millones de dólares si obtiene las concesiones del Belgrano Cargas y San Martín, o potencialmente las seis líneas de transporte de cargas de Argentina. GMXT, antes conocido como Ferromex, posee 27 años de experiencia en el sector. Opera el ferrocarril más grande de México y la mayor línea de Florida en Estados Unidos. Su socio es Union Pacific, el mayor ferrocarril de carga del mundo. GMXT gestiona más de 100 millones de toneladas de carga anualmente a nivel global.

A nivel nacional, al menos cinco cerealeras argentinas —Bunge, Louis Dreyfus Company, Cargill, ACA y Aceitera General Deheza (AGD)— preparan una propuesta conjunta. Empresas mineras también han mostrado interés. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y liderada por Diego Chaer, gestiona el proceso.

La privatización de BCyL se aprobó por el Decreto 67/2025, enmarcado en la Ley Bases. El modelo contempla una desintegración vertical de la empresa. Las vías férreas y terrenos aledaños se concesionarán mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, manteniendo el Estado la propiedad de los activos. El material rodante, que incluye locomotoras y vagones, se venderá a través de remate público. Los talleres ferroviarios también se concesionarán.

Un fideicomiso utilizará los fondos de la venta del material rodante para financiar obras en las vías concesionadas. El período de concesión se extenderá por 50 años. El Gobierno inicialmente propone un modelo de «acceso abierto» para las vías, permitiendo el uso a diferentes operadores. GMXT, sin embargo, prefiere un control total sobre las vías.

La Oficina del Presidente anunció oficialmente la privatización a fines de octubre de 2024. El Gobierno planea lanzar la licitación entre fines de noviembre o principios de diciembre de 2025. La adjudicación de los contratos se espera para marzo de 2026. Belgrano Cargas SA opera las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza desde 2013.

El Gobierno busca inversiones mínimas de 900 millones de dólares para las vías, trenes y talleres de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. En 2023, Belgrano Cargas SA registró un déficit operativo de 65.057 millones de pesos. El transporte ferroviario de carga en Argentina movilizó 19 millones de toneladas en 2023. Belgrano Cargas SA, abarcando las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, controla el 37% del mercado ferroviario de cargas del país. La línea San Martín representa el 20%, la Belgrano el 14% y la Urquiza el 3%. La compañía cuenta con 4.377 empleados.

La infraestructura del Belgrano Cargas abarca 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias argentinas. La línea Belgrano conecta los puertos del Gran Rosario con el norte argentino. La línea San Martín atraviesa Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba. Mejoras previas, como las de 2018, permitieron la operación de trenes de 70 vagones y 4.000 toneladas. La renovación total del Belgrano Cargas implicó una inversión de 2.900 millones de dólares, incluyendo 107 locomotoras y 3.500 vagones nuevos. El Belgrano Cargas se considera estratégico por su potencial de rentabilidad, atravesando zonas de producción agrícola y minera.

Redacción de AgendAR

Guardianes de la cultura: Cómo se cuidan las obras y objetos patrimoniales

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Un cuadro, un libro, una película o un juguete tienen, además de materialidad, una historia. Todos dicen algo de la época en la que fueron creados y conservan aspectos culturales de la sociedad en la que habitaron. Por eso, muchos de ellos son considerados como parte del patrimonio social y cultural, y por eso también se vuelve necesario preservarlos en buen estado, para que las generaciones futuras también puedan accede a ellos y a todo su valor.

Quienes se ocupan de esa tarea son los conservadores y restauradores, dos oficios que se ocupan de cosas distintas: los primeros cuidan el entorno en el que se encuentran las obras u objetos a conservar, como las temperaturas, la iluminación y posibles plagas que puedan afectarlas; mientras que los segundos intervienen las obras para limpiarlas o repararlas. Pero a todos se los suele conocer como “conservadores”.

“Todo lo que hacemos tiene que perdurar lo más posible en el tiempo. Es difícil en esta época del consumo y el descarte, pero hay que conservar el patrimonio porque es nuestro, es lo que nos dejaron y lo que les vamos a dejar a los que siguen”, dice Damasia Gallegos, directora del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (TAREA) de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, y explica que la figura del conservador dentro del museo es algo “relativamente nuevo”, sobre todo en América Latina.

“En Europa y en Estados Unidos también, aunque a fines del siglo XIX y principios del siglo XX ya se incorporan ciertas pautas, como la mínima intervención y reversibilidad en los materiales, que implican que hay que intervenir lo menos posible y usando materiales que hayan sido probados y puedan ser removidos”, explica Gallegos, que decidió dedicarse a esto luego de visitar un museo en Estados Unidos, en el cual había obras que habían sido “intervenidas”. “Cuando volví al país, comencé a averiguar, pero no existía la carrera en ese momento. Entonces, entré en el taller particular de Néstor Barrio, que luego fue director de TAREA, que ofrecía una suerte de curso de cinco años al que solo entrábamos cinco personas”. Gallegos también se capacitó en Roma (Italia) durante un año y participó en diversos talleres.

En la EAyP no solo se dicta la Licenciatura en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural; también se pueden cursar una especialización y dos maestrías vinculadas a estos temas. Además de la parte artística, estas propuestas educativas incluyen aspectos más técnicos, como ciencia de los materiales, química y biología, y también cuestiones vinculadas con las ciencias sociales, como la historia y la antropología.

“Tomamos muestras de las pinturas y las analizamos para saber de qué materiales están compuestos. Además, evaluamos los materiales y vemos cómo envejecen, y corroboramos que los materiales agregados en la restauración no perjudiquen la obra”, detalla Gallegos, y agrega que, además de estudiar distintas materialidades, las carreras ofrecen conceptos de base que sirven a la hora de trabajar sobre cualquier material. “Quienes cursan saben que tienen que estudiar el contexto y documentar, que es muy importante la historia del arte y que también es muy importante la ciencia, porque al conocer los materiales constitutivos, se puede trabajar en función de eso y tomar mejores decisiones”.

Hoy, muchxs graduadxs de estas carreras están trabajando como conservadorxs o restauradorexs en distintas instituciones de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Entre ellxs, Carlos Gómez, conservador en el Museo del Juguete de San Isidro; María Eugenia Da Re, conservadora en la Biblioteca Nacional; y Martina Soccimarro, conservadora en el Museo Lumiton, en Vicente López.

La vida es juego

A Carlos Gómez siempre le gustaron los juguetes, los colecciona desde que comenzó a sentirse grande como para jugar con ellos, pero nunca imaginó que se ganaría la vida cuidando que no se deterioraran con el paso del tiempo. De hecho, a la hora de elegir qué estudiar pensó en su otra pasión y comenzó a cursar el Profesorado en Artes, en Mercedes, su ciudad natal, hasta que lo llevaron a recorrer un museo y se encontró con dos restauradoras en acción. “Me pareció tan increíble verlas con sus delantales, explicándonos, limpiando la escultura, volviéndole a dar vida al objeto, que dije ‘Me parece que esto es lo mío’. En ese momento, ni siquiera imaginaba que los juguetes debían conservarse”.

Carlos terminó la Licenciatura en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en 2021 y hoy es el único encargado de la conservación de la colección del Museo del Juguete de San Isidro, una institución municipal que se propone promover los derechos infantiles, con particular énfasis en el derecho al juego.

“Este museo es muy particular porque es un museo vivo: tiene los juguetes de la colección, que están en vitrinas, pero en cada sala también hay propuestas para jugar con juguetes que no son de la colección”, cuenta Gómez y detalla que allí él se ocupa del manejo del inventario, de recibir donaciones y de la restauración de los juguetes, las veces que sea posible y necesario. Para eso, tiene que estar continuamente investigando y analizando las distintas materialidades sobre las que le toca trabajar, entre las cuales hay, por ejemplo, madera, plástico, tela, cerámica, vidrio y plomo.

“Para mí, el juguete es un objeto cultural y patrimonial, tiene mucho diseño detrás. Por ejemplo, una muñeca, ¿qué tela va a tener?, ¿por qué?, ¿qué estampado?, ¿qué pelo?, ¿hasta dónde?, ¿qué color de ojos? Pasan muchas cosas en un juguete, y ni hablar en algo impreso como un juego de mesa”, reflexiona Gómez.

Por otro lado, lo que más valora de su formación en UNSAM es que no solo le dio conocimientos sobre los materiales y cómo tratarlos, también le permitió desarrollar un criterio profesional sólido: “a la hora de encarar un objeto para restaurarlo, nos dio el criterio para definir por qué restauraríamos tal o cual cosa”, afirma Gómez y agrega que esto es crucial ya que toda intervención es un cambio en el objeto y debe estar justificada.

Leer entre Exlíbris

María Eugenia Da Re siente que la profesión la eligió a ella. “Nunca tuve ese pensamiento de que en diez años quiero dedicarme a tal o cual cosa, yo estoy hoy”, afirma Da Re, que se guía por las cosas que la hacen sentir bien de manera cotidiana y cuando las encuentra se apasiona, quiere saber más y no duda en proyectar a largo plazo. Así fue creciendo su vocación y eso fue lo que le ocurrió cuando decidió estudiar la Licenciatura en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en UNSAM.

En ese entonces, ya trabajaba como conservadora en la Biblioteca Nacional, pero para cumplir con los requisitos de ingreso estudió un año en otra universidad hasta que logró ingresar a la carrera, en 2017. “Empecé a trabajar como en este mundo en la legislatura, cuando se inundó en el 2012, como voluntaria”, aclara Da Re y comenta que como había estudiado en un colegio técnico en arte conocía técnicas de encuadernación y eso le permitió quedar trabajando en la legislatura, en la restauración de libros dañados, adonde se desempeño hasta 2014, que pasó a la Biblioteca Nacional.

“Así que hasta el año pasado, que entré al Tesoro, estuve un poco en restauración y un poco en conservación preventiva dentro de la biblioteca”, afirma Da Re y detalla que en esa institución, además de trabajar en papel también lo hace sobre otros materiales como cuero, tela e incluso madera y metales. “En el tesoro hay de todo, ahí está lo más antiguo e importante de la institución, que pueden ser fotos o mapas antiguos, muebles, cuadros, esculturas, libros con distintos materiales de encuadernación y otros objetos”, detalla la especialista y afirma que, por ejemplo, allí está el escritorio y una pluma del ex presidente Raúl Alfonsín y cuadros de Antonio Berni.

Además, agrega que hay libros antiguos que han sido digitalizados en microfilms, que siguen estando disponibles para la consulta y se suman a los materiales a conservar, y también los denominados exlibris, que son grabados pequeños que algunos coleccionistas ponían en las cubiertas o en las primeras páginas de sus libros como símbolo de propiedad. “A nivel material para restaurar, me especialicé más en papel, pero también lo hice en conservación preventiva, y eso lo trabajo en toda la colección”, dice.

“La UNSAM, el Taller TAREA, el laboratorio de Química, es como ir a estudiar algo al primer mundo, pero acá, en Argentina, y totalmente público”, subraya Da Re. Foto: Pablo Carrera Oser.

Da Re hizo su tesis de grado sobre conservación y hoy destaca que la universidad le brindó conocimientos científicos que le permitieron comprender mejor su actividad práctica y tomar mejores decisiones. “La universidad te cambia la manera de pensar y de hacerte preguntas, te muestra todo lo que debe ser, como debe ser hecho y qué cosas tener en cuenta si no tenés determinados instrumentos o para qué lo querrías tener o por qué son importante cuando se monta un taller de restauración”, afirma Da Re.

“La UNSAM, el Taller TAREA, el laboratorio de Química, es como ir a estudiar algo al primer mundo, pero acá, en Argentina, y totalmente público”, subraya Da Re y destaca la infraestructura con la que contaron durante la cursada. Por ejemplo, recuerda que pudieron hacer radiografías en una obra, analizar distintos tipos de fotografías con luz UV y con rayos infrarrojo, y también hacer análisis con microscopio. “¡Fue fascinante! Y es buenísimo porque se trabaja con un objeto puntual para entender el ejercicio pero después se ven muchos casos y podes aprender en profundidad, o una vez que ya viste cómo funciona la química o la biología del material, lo podes aplicar sin necesidad de volver a hacer el estudio”.

La magia del cine

Martina Soccimarro no era una gran aficionada al cine pero estudió Licenciatura en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en UNSAM y, antes de recibirse, ya estaba trabajando en un lugar de película: en el Museo Lumiton, que se dedica a preservar y difundir la historia del cine argentino y de los Estudios Lumiton, que fue la primera productora de cine creada en Argentina, en 1931. Fue contratada en 2023 para poner en valor la colección de afiches de cine del museo y durante un año se dedicó a la restauración de 77 afiches de películas argentinas de los años 30 a los 60.

“Muchos tenían roturas o cinta adhesiva que le ponen los coleccionistas para venderlos o incluso guardarlos”, afirma Soccimarro y explica que si bien el adhesivo se pone del lado del reverso, con el tiempo se acidifica y se ve en el anverso. “Tuve que remover las cintas adhesivas, reparar roturas, hacer reintegraciones adonde había faltantes, con materiales de conservación como el papel Japón o adhesivos reversibles”, detalla.

“Me pareció muy hermoso poder como juntar ambos ambas pasiones -arte y ciencia-, al ver que se pueden unir dos mundos quizás muy distintos o que por ahí uno no pensaría que tienen una conexión tan específica y que se puede estudiar en una universidad”, recuerda Soccimarro. Foto: Pablo Carrera Oser.

Después de un año de trabajo, también comenzó a participar en la conservación de los materiales del museo, entre los cuales también hay una colección audiovisual previa al VHS, que si bien se fue digitalizando es necesario conservar el material original, que pueden ser acetatos de celulosa o poliéster, que requieren condiciones específicas de temperatura y humedad ya que son químicamente muy inestables.

“Como mi tesis de grado fue sobre conservación preventiva con monitoreo ambiental mediante sensores, todo lo que apliqué en otro museo para hacer la tesis -se refiere al Museo Sívori-, lo empecé a aplicar acá, empecé a hacer un monitoreo del área de guarda e intentar buscar soluciones para conservar a largo plazo estos materiales”, afirma Soccimarro y agrega que para eso trabaja en conjunto con un colega especializado en material fílmico, que realiza análisis organolépticos para detectar el estado de degradación de los materiales.

A la hora de elegir la carrera, Soccimarro no sabía bien qué hacer, siempre se había interesado en el arte pero también en las ciencias naturales, hasta que en 2017 conoció a un restaurador que le comentó lo que hacía y la impulsó a seguir la carrera. “Me pareció muy hermoso, poder como juntar ambos ambas pasiones, al ver que se pueden unir dos mundos quizás muy distintos o que por ahí uno no pensaría que tienen una conexión tan específica y que se puede estudiar en una universidad”, recuerda Soccimarro y destaca que en UNSAM le brindó “un montón de posibilidades”, no solo por la cursada sino también porque pudo participar en distintos proyectos de trabajo e investigación que acercaban los profesores y le permitieron tomar conciencia, “muy desde el inicio”, del valor del patrimonio y de su conservación.

“Todos los proyectos en los que fui participando en la carrera por tener que cubrir horas de práctica, que todas esas horas prácticas son muy importantes porque te sacan un poco de la teoría para empezar a tener una mirada más profesional, fue muy enriquecedor; y en todo momento, las y los profesores fueron muy abiertos y generosos”, subraya Soccimarro, que continúa ligada a la universidad y participa en distintos proyectos del Centro de Estudios sobre Patrimonios y Ambiente (CEPyA) de la UNSAM, que integra especialistas de la EAyP y del del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA).

Vanina Lombardi

Finanzas, agro y minería. Ganadores y perdedores en la gestión de Milei

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Como decía hace dos semanas, hay algo que me preocupa en la macroeconomía argentina. Paradójicamente, no es la inflación ni el tipo de cambio ni las reservas internacionales. Es el empleo. En realidad, todo eso sí me preocupa, pero más me inquieta el futuro del mundo del trabajo, porque están creciendo sectores que no generan mucho laburo y están cayendo los que sí.

En todos los gobiernos hay un par de datos a seguir que son el quid de la cuestión. Y no es que el empleo no sea siempre importante, sino que no siempre es el principal problema. En la administración de Alberto Fernández, por ejemplo, la variable a monitorear era la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos. Hoy, claramente, seguir ese dato no tiene tanto goyete. ¿Por qué pienso, en cambio, que el empleo es clave? Dame unos minutos y te explico.

Corre mucha agua bajo el puente

El mercado de trabajo es como una bañera en la que constantemente entra y sale agua. Los trabajadores se mueven desde el empleo al desempleo y viceversa, pero también entran y salen cuando dejan de buscar trabajo (o trabajar) o cuando comienzan a hacerlo. Algo así como lo que se ve en el siguiente esquema:

Los trabajadores pasan de un estado al otro. Es lo que indican las flechas del esquema anterior: así como alguien puede estar ocupado y al minuto siguiente puede pasar a la inactividad, también hay desocupados que, de un momento, pueden conseguir trabajo.

Las tasas de actividad, desocupación y empleo que regularmente mide el INDEC, dependen no solamente de cuánta gente hay buscando trabajo, sino de cuántos puestos hay. Cada sector de la economía real requiere de una cantidad específica de trabajadores. Por eso es importante saber cómo evoluciona cada uno.

Agua que no has de beber…

En todos los gobiernos, salvo casos muy particulares, hay sectores que ganan y sectores que pierden. La política económica de Milei no es la excepción. Si comparamos la producción, entre agosto de 2023 y agosto de 2025 (para evitar cambios asociados a la estacionalidad), se ve claramente quiénes ganaron y quiénes perdieron, al menos hasta ahora.

El siguiente gráfico muestra la variación absoluta del estimador mensual de actividad económica (EMAE), un proxy que construye el INDEC para anticipar a lo que será el dato del PIB (saqué algunos que dan más o menos empatados para que se vea mejor). Los que más crecieron son Intermediación financiera, Pesca, Minas y canteras, Hoteles y restaurantes y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Los que más cayeron son Construcción, Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones.

Variación en la actividad económica (agosto de 2025 vs. agosto de 2023), en tasas de crecimiento, rubros con mayores y menores cambios (fuente: elaboración propia con base en datos del EMAE/INDEC).

Con excepción de Hoteles y Restaurantes (que están muy ligados al turismo), los que se expandieron no son sectores que crean mucho empleo. Los que contrajeron, por desgracia, sí. Para que no te quedes con las ganas, y porque obviamente es el tema de esta edición, armé otro gráfico con la variación de los puestos de trabajo de asalariados formales en el mismo período.

Aunque las categorías no coinciden exactamente con las del gráfico anterior, sucede más o menos lo que te contaba: los que ganaron casi no crearon laburo, excepto el agro, mientras que los que perdieron (con la excepción del comercio) son los que destruyeron el empleo. En total, la cuenta da más de 178 mil puestos asalariados formales abajo.

Variación en el empleo asalariado registrado (agosto de 2025 vs. agosto de 2023), en valores absolutos (fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA/Ministerio de Capital Humano).

Todavía no sabemos qué pasó en el resto del 2025. Hay una primera mitad no tan mala para el empleo y una segunda probablemente más complicada por el escenario electoral. De todas formas, me incluyo entre los que se comieron la curva, porque el INDEC revisó los datos (es normal que lo haga) y resulta que en el tercer trimestre no hubo recesión. En cualquier caso, los ganadores y perdedores del modelo de Milei siguen siendo los mismos. De hecho, en la revisión del EMAE, la intermediación financiera fue uno de los responsables de que no hubiera recesión.

Lo que vimos hasta ahora fue el resultado del ajuste a finales de 2023 y principios de 2024, que produjo una recesión de la cual la economía comenzó a salir hacia fines de 2024 y principios de 2025. El número absoluto de cuánto empleo se crea, sin embargo, no te va a decir qué pasó con la tasa de desempleo, porque hay que ver también qué hacen los trabajadores. ¿Entran muchos al mercado de trabajo? ¿Y si están desocupados, se desaniman y dejan de buscar un empleo?

Dejala correr

Esta dinámica que vengo describiendo pegó de lleno en los sectores que viven de un sueldo y, si bien se revolean algunos números que muestran que el empleo en total crece (con un muy fuerte ajuste en el empleo público), hace rato que venimos leyendo que lo que más crece es el empleo informal (reflejado en el aumento del número de trabajadores registrados en el régimen del monotributo).

Cuando caen los sectores que crean laburo, la ligan, sin comerla ni beberla, los que viven directa o indirectamente del trabajo. Y se benefician, obviamente, los que no viven exclusivamente del trabajo, o aquellos que, por ejemplo, tienen que contratar trabajadores para una changa o, como venimos argumentando, piden productos por una aplicación para que se los lleve alguien arriba de una moto. Todos los que pueden adquirir estos servicios, se ven beneficiados de poder contratarlos a menor costo; obviamente, si perdés el trabajo esta ventaja la perdés, pero todos los que lo conservan o los que tienen otros ingresos no.

La diferencia más notable entre la actualidad y otras épocas de nuestro país en las que buscar trabajo era jodido (básicamente, en los noventa), es que hoy hay un nuevo mecanismo para juntar algún mango: la economía de plataformas. En su momento, para algunos proliferaron los negocios –las canchas de pádel, los videoclubs, los parripollos–, tal vez aprovechando una indemnización por un despido en una empresa pública. Para otros, en la actividad más parecida a hacerse chofer de app, la salida fue manejar un taxi o un remís.

Muchas de estas actividades, por sus características, encajan de modo casi perfecto en lo que en la teoría del desarrollo económico se suele denominar “sector informal”; hace un tiempito, te los describí a trazo grueso cuando te conté qué onda la reforma laboral que se podría venir.

El sector informal carece de ingresos fijos para cada trabajador. Es como si existiera una torta gigante que se reparten entre todos; cuantos más trabajadores haya en la informalidad, más chico será el pedazo que se lleve cada uno.

Cuando llueve, se inunda

El problema, finalmente, es que si no se logra crear suficiente empleo formal, los trabajadores que queden desocupados van a moverse al informal y el pedazo de torta que le toque a cada uno se va a achicar. ¿Se entiende, entonces, por qué pienso que el empleo es la variable que yo miraría –si a punta de pistola me obligan a elegir una y solo una– para analizar la gestión Milei? Porque si se destruye el laburo formal –con una política macroeconómica que combina ajuste fiscal, apretón monetario y atajar el dólar como sea, mezclada con una apertura comercial y reforma laboral–, podría ser mucha más la gente que se desplace desde el sector formal al informal.

En lugar de un aumento brutal del desempleo, como en los noventa, tal vez asistamos a una crisis de ingresos que afecte primero al empleo informal (como ya ha venido ocurriendo) y veremos luego qué pasa con el resto. No descarto que eventualmente golpee a los sectores formales, porque en la medida en la que exista destrucción de empleo, los ingresos de quienes queden trabajando allí podrían sufrir recortes o no crecer o crecer muy lentamente. Por supuesto, también habrá un grupo de personas a las que tomarse un Uber les saldrá mucho más barato.

Todo esto puede ocurrir aunque haya mil reformas estructurales, la economía argentina tire años sin una crisis cambiaria (algo que, ojo, es un montón comparado con el lugar del que venimos) e incluso con una economía en donde haya sectores muy pujantes, como Vaca Muerta.

En lo personal, no comparto el optimismo acérrimo que muestran algunos colegas que ven la solución al problema del empleo en las reformas promercado y en la estabilización de la macroeconomía. Sí comparto, obviamente, que la estabilización es indispensable y me parece bien discutir a fondo las reglas del juego. Aunque no sea fan de todas las reformas que se proponen, hay mucho por hacer en materia laboral-previsional, comercial y tributaria.

Emiliano Libman

¿Por qué el litio no se industrializa en la Argentina?

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La Argentina es el quinto país productor de litio, tiene las terceras reservas mundiales comprobadas (según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos) y cuenta con más de 30 proyectos en etapa avanzada, lo que convierte al país en uno de los principales actores del mercado mundial de este mineral. El aumento de la demanda global convirtió al litio en uno de los principales motores de las exportaciones mineras argentinas. Sin embargo, aún no se logró avanzar hacia un modelo que incorpore mayor valor agregado. Sobre esa problemática expuso Martín Obaya, investigador del CONICET y vicedirector del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT-EEyN/UNSAM), durante un seminario en el que presentó avances de un trabajo que desarrolla junto con Teresa Kramarz, investigadora argentina radicada en la Universidad de Toronto.

El estudio, actualmente en proceso de evaluación para su publicación en una revista académica, reconstruyó las estrategias que la Argentina, Chile y Bolivia desplegaron en distintas etapas para explotar sus reservas de litio. La idea fue ir más allá de describir la situación actual y entender el proceso que llevó a cada país a su modelo actual.

Para ello, los investigadores analizaron documentos oficiales, proyectos de ley, declaraciones públicas y notas periodísticas, rastreando paso a paso cómo evolucionaron las políticas en cada país: “La literatura generalmente sacó fotos de estas cuestiones: sabemos qué pasa en determinado momento, pero eso no alcanza para explicar qué están haciendo los países ni por qué”, explicó Obaya.

El análisis identificó momentos críticos en cada caso: las reformas mineras de los años noventa en la Argentina (1993-1997), el ciclo 1979-1983 en Chile y la reforma constitucional de 2007-2010 en Bolivia. A partir de ese análisis, el estudio clasificó tres tipos de estrategias posibles: la neoliberal (donde empresas privadas extraen el recurso con mínima intervención estatal), la híbrida (donde el Estado y el mercado comparten responsabilidades) y la desarrollista estatal (donde el Estado controla toda la cadena productiva del recurso).

«Los países quieren producir baterías porque quieren tener una industria automotriz fuerte, y una condición para eso es tener una industria de baterías competitiva», explicó Obaya.

El hallazgo principal es que cada país del llamado “triángulo del litio” quedó atrapado en una trayectoria distinta. Según el estudio, la Argentina permaneció siempre dentro del esquema neoliberal; Chile evolucionó hacia un modelo híbrido; y Bolivia pasó de un enfoque neoliberal a uno estatal puro y, más recientemente, intentó sin éxito transitar hacia un esquema híbrido.

El núcleo del problema argentino

El origen del problema argentino se remonta a las reformas mineras de la década de 1990. Bajo la influencia del Consenso de Washington, el país rediseñó su marco regulatorio y el litio fue clasificado legalmente como un commodity ordinario, es decir, un bien básico, intercambiable y sin un estatus estratégico particular.

Esa definición tuvo consecuencias estructurales. Obaya identificó tres elementos que consolidaron el modelo. El primero fue la implementación del Código de Minería de 1993 y la Ley de Inversiones Mineras de 1997, que abrieron las puertas a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años. El segundo fue un sistema de concesiones directas a empresas privadas, donde el Estado nacional quedó relegado al rol de fiscalizador y receptor de regalías bajas, en torno al 3% del valor de producción. El tercer componente fue la reforma constitucional de 1994, que otorgó a las provincias la titularidad y gestión de los recursos naturales.

Este esquema de “federalismo minero” resultó determinante. Las provincias productoras (Jujuy, Salta y Catamarca) adquirieron capacidad de veto sobre cualquier modificación, por lo que cualquier cambio en el modelo requiere su aprobación, y eso bloqueó todos los intentos de reforma: “La Constitución es clave para entender por qué este tema es tan rígido. Se otorga a las provincias la gestión y la titularidad de los recursos. Esa combinación generó un sistema muy difícil de modificar”, explicó Obaya.

La investigación muestra que una vez que estas reglas se establecieron, se volvieron cada vez más difíciles de cambiar. Esto ocurre porque las instituciones generan beneficios crecientes para quienes operan bajo ellas (empresas que invierten, provincias que reciben regalías, burócratas con roles específicos) y porque van moldeando las ideas sobre cómo debe funcionar la explotación del recurso. Romper ese esquema requiere mayorías políticas muy amplias, que solo aparecen cuando las ideas dominantes pierden legitimidad o cuando la correlación interna de fuerzas cambia de manera drástica.

Lo notable, según Obaya, es que esta arquitectura institucional resistió múltiples intentos de transformación. Incluso en períodos de gobiernos con discursos fuertemente nacionalistas, el sector del litio permaneció prácticamente inalterado: “Hubo múltiples intentos de reforma, pero las provincias terminaron creando esquemas de protección, como la región minera del litio, y todo terminó siempre bloqueado”, señaló.

La coalición entre provincias productoras y empresas extranjeras funcionó como un mecanismo de resistencia que defendió el status quo constitucional. Con más de 30 proyectos en marcha y crecientes flujos de inversión, el sistema adquiere cada vez más peso político y económico, lo que vuelve aún más costoso cualquier tentativa de reversión.

La provincia de Jujuy fue la que más lejos llegó en intentar modificar el modelo. A través de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) diseñó un esquema de joint ventures con empresas privadas, con participación accionaria minoritaria y acceso a una cuota del 5% de la producción a precio preferencial, destinada a empresas interesadas en industrializar localmente.

Sin embargo, la participación minoritaria redujo al mínimo el poder de decisión real de la provincia y hubo una insuficiencia del volumen asignado: “Para atraer un proceso industrial serio, no solo se requiere ensamblado de baterías, necesitás mucho volumen. Si querés producir cátodos, por ejemplo, el 5% de lo que se producía era muy poquito”, explicó Obaya.

La Argentina cuenta con más de 30 proyectos de explotación de litio en etapa avanzada.

¿Con tener litio alcanza?

El artículo cuestiona la idea extendida de que disponer del recurso garantiza avanzar hacia su industrialización. Obaya lo ilustró con una analogía: “Nadie, ningún país, ha dicho: ‘Tenemos hierro, ¿por qué no hacemos autos?’ Porque hay una distancia demasiado grande entre el recurso y el bien final”. Con el litio, sin embargo, esa pregunta aparece frecuentemente en América Latina.

La distancia entre extraer litio y fabricar baterías es enorme. En una batería, el litio representa apenas entre el 5% y el 10% del valor final, según los precios del momento. Contar con el recurso puede ofrecer ventajas en términos de seguridad de abastecimiento, pero no asegura una ventaja económica suficiente para instalar industrias complejas. De hecho, Australia, el principal productor mundial, se limita a extraer la materia prima sin avanzar en la cadena. La Argentina y Chile procesan el mineral y producen carbonato e hidróxido de litio, pero el salto hacia la fabricación de celdas continúa siendo lejano.

Las cadenas de valor de las baterías están altamente concentradas y fuertemente regionalizadas. Y la tracción no proviene del litio, sino del otro extremo: la industria automotriz: “Los países quieren producir baterías porque quieren tener una industria automotriz fuerte, y una condición para eso es tener una industria de baterías competitiva”, explicó Obaya. El sector automotriz absorbe más del 80% del litio mundial. Sin una industria automotriz de escala global en la región, el incentivo para instalar fábricas de baterías sigue siendo limitado.

Obaya también cuestionó la idea de que la minería del litio pueda generar los mismos efectos económicos que otras actividades extractivas como el petróleo: “Aunque se lo denomina actividad minera porque el producto es un mineral, el proceso productivo es totalmente distinto”, advirtió. La extracción de litio es, en esencia, un proceso químico: se bombea salmuera de los salares, se la procesa en plantas industriales con reactivos y etapas de evaporación o purificación, y se obtiene carbonato o hidróxido de litio.

Una vez superada la etapa de construcción, la actividad no demanda grandes cantidades de mano de obra ni genera requerimientos de insumos tecnológicos complejos. Si bien alrededor del 70% de los insumos pueden ser de origen nacional, “no requieren tecnología de punta ni conocimiento altamente especializado”, aclaró. Esto limita la capacidad de la actividad para impulsar el desarrollo de otras industrias en la economía local.

Chile llegó a concentrar cerca del 40% de la producción mundial de litio, aunque su participación cayó después de 2016, mientras que la Argentina nunca superó el 15% y durante años osciló entre el 4% y el 5%. Bolivia, pese a tener las mayores reservas, aún no produce litio a escala comercial.

El caso chileno mostró mayor flexibilidad institucional. El marco de 1979 declaró al litio recurso estratégico y no concesionable, pero con excepciones que permitieron desarrollar el Salar de Atacama y convertirse en líder mundial. Con el gobierno de Gabriel Boric, Chile profundizó una estrategia híbrida mediante la Estrategia Nacional del Litio, la creación de una empresa estatal, renegociación de contratos y asociación entre CODELCO y SQM para avanzar en la producción. El diseño institucional chileno nació con márgenes de flexibilidad que le permitieron adaptarse sin reformas constitucionales, a diferencia del caso argentino.

Bolivia siguió el camino opuesto. En los años 1990 estuvo cerca de firmar un contrato neoliberal, pero el ciclo político que desembocó en la llegada de Evo Morales cambió por completo la orientación del sector. Entre 2007 y 2010, la reforma constitucional nacionalizó el litio, lo declaró recurso estratégico y estableció que solo el Estado podía explotarlo. “Ha sido un proyecto muy liderado por el Estado en todo su ciclo”, destacó Obaya.

Geopolítica: Entre el discurso y la realidad

En los últimos años, el litio ingresó en el discurso de la “geopolítica de los minerales críticos”, con Estados Unidos, China y la Unión Europea compitiendo por asegurarse cadenas de suministro. Pero, según Obaya, en Sudamérica esto es más retórica que un hecho concreto. “La Unión Europea firmó acuerdos estratégicos, hay movimientos diplomáticos, pero hasta ahora no veo cambios reales. Nadie expulsó a nadie, todo sigue igual”, afirmó.

En la Argentina, además, cualquier intento de reorientación geopolítica enfrenta un límite estructural, dado que el Estado nacional no controla el recurso: “Son las provincias las que tienen la titularidad. Los embajadores que vienen a hablar del tema recorren las provincias porque saben a quién tienen que convencer”, señaló.

La exposición cerró con una advertencia: “Es la institucionalidad doméstica la que determina el rumbo. Explicar todo por factores externos es reduccionista. Frente a un mismo estímulo hay respuestas muy distintas. No hay nada automático”, sintetizó Obaya.

Matías Ortale

Investigadores del CONICET y una empresa privada elaboran la 1ª salsa de ostras nacional

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Investigadores del CONICET y la empresa Cultivo Ostras SAS, perteneciente a la firma Ostras de la Patagonia, desarrollaron un proyecto piloto para producir la primera salsa de ostras nacional, elaborada a partir de la ostra del Pacífico Magallana  (o Crassostrea) gigas, una especie invasora que afecta los ecosistemas costeros del sur bonaerense.

El desarrollo avanza hacia su habilitación industrial y abre una nueva línea de producción sustentable con alcance regional y nacional, que involucra a los municipios de Patagones y Bahía Blanca.

El proyecto, desarrollo científico-industrial piloto” fue liderado por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET–UNS), junto a la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI, CONICET–UNS) y el Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR, CONICET–UNS), pertenecientes al CONICET Bahía Blanca.

Fue llevado adelante por un equipo de investigadores, personal de apoyo y becarios bajo la dirección científica de la investigadora del CONICET Sandra Botté y el integrante de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) del CONICET, Eder Dos Santos, especialistas en biotecnología marina y aprovechamiento de recursos costeros en el IADO.

Los F-16 llegan, finalmente, a nuestro país. Hace 18 meses se había cuestionado en AgendAR

En un vuelo ferry, conducidos por pilotos de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y acompañados por aeronaves de apoyo logístico, despegaron el viernes último desde la base danesa de Skrydstrup los seis aviones de combate F-16 comprados por la Argentina a ese país europeo, con el equipamiento militar provisto por los Estados Unidos.

Los F-16 Figthing Falcon recorrerán más de 12.000 kilómetros y cruzarán el Atlántico, en un trayecto con varias escalas para reabastecimiento –la primera fue en Zaragoza y ahora se encuentran en la base aérea de Gando, en las Canarias-, y llegarán el próximo viernes al Área Militar Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde permanecerán hasta que la Fuerza Aérea decida el traslado a su destino final: la VI Brigada Aérea de Tandil. La última escala será en la ciudad brasileña de Natal.

Componen el apoyo logístico en vuelo un Boeing 737 y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, además de un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con un costo total de 650 millones de dólares, contando el gasto por el equipamiento del sistema de armas, la operación militar es la más relevante desde la guerra del Atlántico Sur, en Malvinas, donde la Fuerza Aérea hizo su bautismo de fuego, con los aviones caza Mirage, el sistema de armas vigente en el país durante más de 30 años, hasta su desprogramación, en 2015.

Los aviones caza supersónicos comprados por la Argentina
Los aviones caza supersónicos comprados por la ArgentinaMin. de Defensa

La llegada de los F-16 encuentra al gobierno de Javier Milei en plena transición en materia de política militar, ante la designación del jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, como nuevo ministro de Defensa, para suceder al mendocino Luis Petri, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados. Será el primer militar en actividad en conducir el área en los 42 años ininterrumpidos que lleva la democracia en la Argentina.

De las seis unidades militares que ultimaron la puesta a punto en la base aérea danesa de Aalborg, cuatro son aviones biplazas (matrículas M-1004, M-1005, M-1007 y M-1008) y dos monoplazas (M-1002 y M-1009), explicaron fuentes especializadas. Se trata de aviones de combate de cuarta generación, cuya hora de vuelo está cotizada en una suma cercana los 20.000 dólares, por el combustible, el mantenimiento y los costos de operación.

Son aviones caza supersónicos, diseñados para volar a velocidades superiores a la del sonido (1234 kilómetros por hora al nivel del mar. Se estima que en la actualidad existen cerca de 1000 aviones F-16 que vuelan en las distintas fuerzas aéreas. Cumple con las máximas exigencias de defensa y ataque que impone la OTAN, afirman expertos aeronáuticos. Dinamarca y Polonia, por ejemplo, enviaron estas aeronaves a la guerra de Ucrania.

Preparación definitiva

La puesta a punto de los F-16 estuvo a cargo en los últimos meses de un equipo multidisciplinario de militares y técnicos del Programa F-16, constituido en la Fuerza Aérea Argentina, y de la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO) en la base militar de Aalborg. Se ultimaron los detalles más diversos, desde el equipamiento de los aviones hasta las manos de pintura de las aeronaves, revelaron a LA NACION autoridades aeronáuticas. Se trata de un sistema de armas y capacidades adoptado por otros 26 países, sostienen en la Fuerza Aérea.

En medios especializados se destacó que estas unidades F-16 cuentan con el sistema Have Glass V, una pintura absorbente de tecnología avanzada que reduce significativamente la posibilidad de que puedan ser detectados por radares.

Petri viajó en junio pasado a la base de Aalborg para interiorizarse de los trabajos de mantenimiento de las aeronaves, antes de la fase final de ensamblado, preparación y pruebas de vuelo. Lo acompañó el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde.

A su vez, en los últimos meses llegaron al país delegaciones de la Air Force Security Assistance Training, para coordinar la gestión del entrenamiento del personal, de Top Aces, responsable de la instrucción de los técnicos y pilotos y de la agencia de logística DALO.

Uno de los aviones caza supersónicos, diseñados para volar a velocidades superiores a la del sonido
Uno de los aviones caza supersónicos, diseñados para volar a velocidades superiores a la del sonidoMin. de Defensa

La Fuerza Aérea creó el Programa F-16 hace más de diez años, con la misión de explorar las condiciones existentes para mejorar el equipamiento militar, aun antes de que avanzaran las gestiones para la compra de los aviones de origen danés. Durante el gobierno de Alberto Fernández se barajaron otras opciones, como los MIG-35 de Rusia, los JF-17 de China y los HAL Tejas, producidos por la India.

El contrato por los F-16 se firmó en abril de 2024, cuando el ministro Petri y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, viajaron a Dinamarca. Pilotos y técnicos argentinos se trasladaron, también, para capacitarse en el manejo de estas aeronaves.

La Fuerza Aérea viene trabajando desde hace más de un año en la instrucción y el entrenamiento de pilotos y técnicos incorporados al Programa F-16, con especial intensidad desde marzo, a partir de la llegada del avión escuela destinado a tareas de capacitación.

Desde septiembre de 2024 rige un “secreto militar” sobre las obras de remodelación de la VI Brigada Aérea de Tandil. Así lo estableció el decreto 807/2024, firmado por Milei.

Mariano De Vedia

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El 27 de marzo de 2024, en ocasión de la compra de los F-16, publicamos esta opinión en AgendAR:

Opinión: otra oportunidad perdida

Desde diciembre de 2015, cuando la Fuerza Aérea Argentina dio de baja el sistema de armas Mirage-Dagger en todas sus versiones, la Nación se quedó sin su estilete aéreo, se quedó sin cazas interceptores supersónicos. Este importante sistema de armas comenzó a ser incorporado en la década del 70 y Argentina supo tener una distinguida capacidad militar con estos aparatos de origen francés -Mirage III en varias versiones- e israelí -en versiones de Mirage V Dagger y Mara-. Lo cierto, es que estos aviones de destacada actuación en la guerra de nuestras Islas Malvinas, son de concepción de tercera generación con distintas limitaciones pese a las actualizaciones que fueron llevadas a cabo, posterior al citado conflicto del atlántico sur.

En los años previos al 2015 el sistema de armas Mirage protagonizó algunos incidentes que le fueron atribuidos al desgaste y a sus años de servicio. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que una dotación mínima podría haberse sostenido en servicio algunos años mas y no perder esa capacidad interceptora supersónica.

El alto mando aéreo, tal vez, interpretó que dando de baja a todo el sistema de armas pondría presión a la conducción política para un rápido reemplazo. Eso no ocurrió. De todos modos, vale recordar, que a finales de 2015 el Ministerio de Defensa había acordado con Francia y España la adquisición del Mirage F-1, avión caza interceptor, de origen francés pero que era operado por el Ejército del Aire Español. Este avión, si bien antiguo, ostentaba horas remanentes de vuelo que suponía un parche momentáneo a la capacidad militar diezmada, hasta tanto se adquiriera un nuevo sistema de armas que le asegurara a la Nación tener en operaciones a un caza interceptor de cuarta generación por muchos años. Finalmente, eso no ocurrió. El saliente ministro Agustín Rossi entendió que la operación debería ser cerrada por el gobierno entrante, toda vez que comprometía parte del presupuesto del ejercicio del año venidero.

Durante todo el gobierno del ingeniero Mauricio Macri no se hicieron avances en la adquisición de aeronaves de combate que suplieran esa capacidad militar perdida, el corazón de la aviación de combate argentina quedó a cargo de la V Brigada Aérea (San Luis) donde operan, aún, los veteranos A-4AR adquiridos a EE.UU. de segunda mano -con actualizaciones- en el año 1997 durante el gobierno del presidente Carlos Menem en el apogeo de las relaciones carnales. Argentina, durante ese gobierno, obtuvo el estatus “aliado extra-OTAN” que le otorgaba ciertos beneficios en la adquisición de equipos militares.

Más acá en el tiempo, durante la gestión de Alberto Fernández, nuevamente el ministro de Defensa Rossi, quien había promovido la sanción de la ley del FONDEF (un fondo especial para la financiación de la reestructuración de las FF.AA.) puso sobre la mesa la discusión sobre la adquisición de material aéreo con capacidad interceptora. Fue así como durante más de tres años la Fuerza Aérea evaluó distintos modelos (KAI FA-50, HAL TEJAS, JF-17 Thunder BLOCK III, F-16, MIG-35, entre otros) quedando seleccionado en primer término, el KAI FA-50, un avión producido por Corea del Sur, derivado del TA-50 un entrenador avanzado producido por la misma factoría. Durante el año 2022, el ministro Rossi hizo pública una nota enviada por KAI notificando que no podía vender el avión tal y como lo ofrecía. Esto como consecuencia de las restricciones impuestas por Londres debido al embargo de armas, sistemas y bienes bélicos que pesan sobre nuestro país luego de la mencionada guerra por nuestras Malvinas. Esta cuestión estaba vinculada a ciertos sistemas de abordo que portaba el avión coreano y que imposibilitaban el negocio.

Por otro lado, el ruso MIG-35 había sido descartado, pese a sus sistemas de arquitectura abierta que le permitían la adquisición y montaje de armamento occidental, esgrimiendo, las autoridades aéreas, razones de sostén logístico y el inicio de las hostilidades con Ucrania.

Finalmente, los dos aviones que arribaron con posibilidades de transformarse en el nuevo sistema de armas interceptora de cuarta generación de la Fuerza Aérea Argentina fueron: el JF-17 Thunder Block III, de origen chino, y el F-16 de origen estadounidense y operado por la Real Fuerza Aérea Danesa.

Hasta diciembre de 2023 el que corría con mas chances era el avión chino, porque cumplía con los requisitos impuestos por el alto mando aéreo, no portaba elementos británicos que impedían cualquier negocio y, además, eran aviones con cero horas de vuelo; aviones nuevos.

A partir de la nueva administración del presidente Javier Milei, y su vocación de extrema occidentalización, las puertas al producto chino se cerraron definitivamente. Argentina, y su nuevo posicionamiento geopolítico, clausuró todos los negocios con la potencia oriental. La irracionalidad de una política exterior bajo la fórmula Este/Oeste, de un mundo bipolar que ya no existe, hace muchos años, y una imaginaria guerra a un comunismo de mediados de siglo XX, hicieron reflotar la compra de viejos aviones estadounidenses como en el final del mandato de Carlos Menem. ¿Casualidades? No parece.

El avión ofrecido a Argentina es de las primeras versiones de F-16, ellas conocidas como Block 10 y Block 15 (denominaciones a las distintas actualizaciones de los aparatos; actualmente ya existen actualizaciones a estándar Block 72) que fueron producidos en los comienzos de 1981, hace 43 años.

Nuestro país está adquiriendo, según fuentes vinculadas al gobierno, aparatos con pocas horas remanentes de vuelo, con mas de 40 años en servicio, con restricciones de aviónica, sistemas de tiro y armamento. Esto significa que la Fuerza Aérea esta comprando un problema, no una solución a su diezmada capacidad militar. La puesta en servicio de los F-16 supondrá una gran inversión en infraestructura, logística, utilaje, herramental y formación de pilotos, ingenieros y mecánicos. Todo ese esfuerzo presupuestario requerido al pueblo argentino para poner en línea de vuelo solo algunos pocos aparatos viejos, pareciera que es pedir demasiado.

Por otro lado, no menor, vale decir que las actualizaciones de sistemas de abordo -necesarias para operar las aeronaves- las hace periódicamente el fabricante con la utilización de códigos de accesos. Es decir, si EE.UU. considera que el conflicto compromete sus intereses, o el de sus socios históricos, solo debe negar los códigos de actualización para que los aviones se transformen en aparatos de desfile para cada 10 de agosto (día de la Fuerza Aérea Argentina).

En síntesis, la adquisición de este vetusto sistema de armas no suple una capacidad perdida, solo confirma un posicionamiento geopolítico comprometiendo el alicaído presupuesto nacional (no hay plata) en una sobreactuación que seguramente nadie le pide, pero que ya forma parte del estilo de gestión.

Roberto C. López

Abogado, Magister en Defensa Nacional. Asesor parlamentario en la Comisión de Defensa Nacional en la Honorable Cámara de Diputados y en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación. Revisor de la revista científica del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de FADENA, UNDEF.