Desde hace días las redes sociales están llenas de usuarios que publican fotos de alojamientos en la Costa Atlántica o en otras partes del país con precios superiores a lugares similares en Río de Janeiro u otras ciudades de Brasil, e incluso del mundo. Y, aunque muchos critican a los destinos argentinos porque muchas veces se exceden con los precios, los valores locales están impactados por el superpeso y la devaluación del real. Eso motivó a que desde el sector le pidan al Gobierno que reduzca los impuestos para equiparar un poco la cancha.
“Nunca estuvo tanto más barato vacacionar en Brasil vs. Argentina”, twitteó hace unos días Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, junto a dos capturas de pantalla de hoteles cinco estrellas, uno en Villa La Angostura y otro en Río de Janeiro. Según los precios allí exhibidos, un hospedaje desde el 15 al 22 de enero en Las Balsas Relais & Chateaux sale US$677 la noche, contra US$175 en el Grand Hyatt Río de Janeiro.
En tanto, el economista de GMA Capital Nery Persichini dijo que, con este nivel de tipo de cambio real (fortaleza relativa del peso versus otras monedas), se abarata el costo de vacacionar en el exterior respecto de la Costa. En el caso de Brasil, como su moneda también se devaluó 15% contra el dólar en 2024, la conveniencia es mayor. Según el TCR bilateral, la relación peso-real es la más fuerte desde 2001. “Chau Gesell. Hola Miami y Río. El gran Tomás Bulat decía que a los argentinos, después de algunos años en la Costa Atlántica, les tocaba viajar barato al exterior. Hoy parece ser ese momento”, opinó.
Por caso, en el portal de la agencia Despegar se pueden encontrar hospedajes en un hotel 4 estrellas en Río de Janeiropara dos personas por siete noches en febrero (del 16 al 23) a $762.890.
En tanto, un establecimiento similar (3 estrellas) para dos personas en Cariló sale $1.065.764. Es decir, la Costa efectivamente está más cara que Río de Janeiro, aunque aún no más que Miami. El hospedaje en un 4 estrellas allí está $1.334.296.
Con vuelos, el paquete a Río asciende a $1.780.268, el paquete a Cariló, a $2.007.148 y el paquete a Miami, a $3.566.444, aunque a Cariló se puede ir en auto por un costo de $136.000 entre combustible y peajes.
“Sin entrar a discutir el tipo de cambio, que está con un importante atraso que se ve en que hace seis meses tenías cola de extranjeros para entrar al país y ahora una cola de argentinos saliendo, lo que pedimos es que nos igualen la cancha en términos impositivos. Nuestro reclamo es similar al de la Unión Industrial Argentina (UIA) frente a la apertura de importaciones: no estamos en contra de que los argentinos viajen, pero iguálennos con la parte impositiva”, dijo Rafael Miranda, vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (Fehgra).
Según sus cálculos, los destinos locales pueden ser un 20% más caros que los del exterior por el peso de distintos impuestos. “En Europa, que tiene un sistema tributario similar al nuestro, la hotelería y la gastronomía paga 10% de IVA, cuando la Argentina tiene una alícuota del 21%. Ahí ya tenés 11 puntos de diferencia y con Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa de seguridad e higiene y el impuesto PAIS, sumás otra carga tributaria adicional de 9 puntos”, detalló.
Esta sobrecarga no se explicaría igual para el caso de Brasil, según reconoció Miranda, porque ese país tiene un sistema impositivo distinto y allí el sector enfrenta una carga impositiva mayor que en la Argentina, o sea que la diferencia de precios contra ese país solo se explica por tipo de cambio.
“Tenemos conversaciones con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y tuvimos alguna conversación indirecta con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero debemos reunirnos con el Ministerio de Economía. En la última semana, el tema de la falta de reservas en el país se profundizó. Brasil se va a llenar y nosotros vamos a estar vacíos. Pero no solo Brasil, también muchos argentinos van a estar viajando a Europa y los Estados Unidos”, cerró.
Por su parte, Gabriela Ferrucci, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), dijo que su propuesta es reducir cargas sociales (aportes y contribuciones) y la alícuota de IVA para turismo local. “Respecto del impuesto a los ingresos brutos creemos que es una alícuota elevada para la actividad, además de ser un impuesto distorsivo que grava todas las etapas, y, en relación con el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, también lo consideramos distorsivo. Creemos que su derogación promovería la formalización de la economía” , concluyó.
«»Javier Milei fue elegido presidente de la Argentina el 10 de diciembre de 2024 con un discurso reivindicatorio de las Fuerzas Armadas, incluso en relación a los momentos más horrorosos de su protagonismo en la vida interna del país durante el siglo XX, como fueron las dictaduras militares, especialmente la última (1976–1983). Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es hija de Eduardo Villarruel un ex militar del Ejército Argentino que participó en la “lucha contra la subversión”, eufemismo empleado antes y durante la dictadura de 1976 para el terrorismo de Estado en la Argentina; en la Guerra de Malvinas, y ya en democracia se negó a jurar por la Constitución Nacional. Villarruel, asimismo, ha sido durante más de dos décadas una reconocida defensora de la impunidad de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante aquellos años de dictadura.
Sin embargo, a pesar de esos antecedentes, la gestión del libertario Milei dista de impulsar una mejora sustancial en las capacidades y recursos de las instituciones castrenses. Apenas asumido el Gobierno, su ministro de Defensa, Luis Petri, proveniente de la Unión Cívica Radical (UCR), dejó sin efecto el esquema de jerarquización salarial concebido en tiempos del segundo período en el Ministerio de Defensa de su antecesor, Agustín Rossi, e implementado en sus primeros pasos por Jorge Taiana, sucesor de éste último.
Ahora, con la Ley de Presupuesto 2025, Milei busca eliminar, en los hechos, aunque se preserve formalmente, el instrumento legal más importante de la historia argentina para financiar un esquema sustentable de equipamiento de las Fuerzas Armadas, la Ley N° 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
FONDEF
La Ley del FONDEF fue sancionada en 2020 a iniciativa de Rossi, cuyo impulso por parte del Poder Ejecutivo Nacional había sido acordado con Alberto Fernández (presidente de la Argentina 2019 – 2023) antes de que aquel fuera nombrado ministro.
“Nosotros imaginamos el FONDEF a partir de un análisis que hicimos sobre lo que había pasado con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente después de la Guerra de Malvinas, con la que se habían sufrido, de alguna manera, un proceso de achicamiento y desmantelamiento del aparato militar”, señaló Rossi sobre el tema.
El histórico problema del financiamiento de las inversiones en Defensa estuvo atizado por su dependencia de un presupuesto del Gobierno nacional siempre fluctuante, con recurrentes crisis, y en un sector que en las últimas cuatro décadas no ha sido prioritario. “necesitábamos un proceso de reequipamiento (en materia de Defensa)”, enfatizó Rossi. Y agregó: “Pero para ello se necesitaba un andamiaje legal. Las cuestiones de Defensa son de mirada estratégica pero la coyuntura en la Argentina siempre tiene más peso que lo estratégico. Para decirlo claramente, iba yo como ministro de Defensa al ministro de Economía, o a la presidenta de ese momento, a solicitarle una inversión para tal equipamiento, e iba también el ministro de Seguridad para pedir una inversión, y la urgencia estaba del lado de éste último y él era más favorecido por la asignación de recursos”.
El FONDEF fue ese andamiaje legal para garantizar un porcentaje mínimo de recursos económicos, calculados sobre el total de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado del Sector Público Nacional, con una progresión de crecimiento a partir de 2020 hasta alcanzar un tope en el 2023 que se mantendría a futuro.
El esquema de aseguramiento del financiamiento por parte del FONDEF posee cuatro ventajas. Compromete al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en la asignación anual de fondos para el equipamiento de la Defensa; brinda un parámetro cuantitativo claro de cuál debe ser el monto mínimo a destinar a ese fin; establece un propósito específico para esos recursos evitando así que terminen sirviendo para cubrir gastos corrientes como salarios; y, al tratarse de un porcentaje sobre los ingresos del Estado nacional, crecen al ritmo del presupuesto público, una fórmula que también resulta útil si se plantea que las cuentas estatales operen en un régimen de déficit cero.
La Ley del FONDEF es muy clara en su artículo 2 sobre los destinos que deben tener los recursos que provee: “Recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el Artículo 19 de la Ley N° 24.948”. Esta última norma es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998, lo que muestra, además, una línea de continuidad a lo largo de más de dos décadas y de diferentes gobiernos, incluso de adscripciones ideológicas muy diferentes, en lo que respecta a la recuperación de la capacidad defensiva de Argentina. El citado Artículo 19 de la Ley N° 24.948 determina un conjunto de prioridades a la hora de procurar la adquisición de nuevos equipos para la Defensa.
A pesar que los años desde la implementación del FONDEF no fueron los mejores para la economía argentina, ni para las cuentas de su Estado, enfrentándose a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y la terrible deuda externa legada por la Presidencia de Mauricio Macri (2015–2019), los recursos obtenidos por medio de aquel fondo sirvieron para financiar un conjunto de programas de incorporación y recuperación de sistemas de armas y otros equipamientos para la defensa, como no había ocurrido desde el retorno de la democracia en 1983. Como señaló el propio Rossi, “es la primera vez en la historia argentina que las Fuerzas Armadas, que nacieron con la Patria, tienen una asignación específica para su reequipamiento”.
Impulso industrial
El FONDEF también fue concebido como un instrumento de impulso a la industria nacional para la Defensa. Otrora gran bastión del desarrollo local, como resultado de las transformaciones neoliberales que asolaron a la Argentina de forma recurrente desde 1976 y por la falta de una voluntad política contundente para su reconstrucción en otros períodos de la historia reciente del país, aquélla había quedado fuertemente rezagada y fragmentada, con algunas honrosas excepciones como INVAP y sus radares.
No obstante, “es una industria (la de la Defensa) que tiene mucho más de lo que aparece en la superficie”, enfatizó Rossi: “No son sólo las empresas del Estado, sea el nacional con Fabricaciones Militares, FAdeA o TANDANOR; o las provincias, conINVAP que es de Río Negro o Astilleros Río Santiago, de la Provincia de Buenos Aires; hay también una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de las Fuerzas Armadas o de las grandes empresas estatales que nos permite ir teniendo un horizonte mucho más amplio”, agregó.
El desarrollo industrial en materia de Defensa pasa, igualmente, por la nacionalización de componentes de sistemas de armas ya existentes. Un caso testigo es el del avión de entrenamiento militar avanzado producido por FAdeA, el IA-63 Pampa, que de un 5% de componentes nacionales hace tres décadas, pasó en la actualidad a cerca del 15%, proyectándose llegar a más del 20%.
Ahora bien, “si quiero reemplazar o sustituir un componente importado por uno nacional tengo que encontrar a alguien que lo produzca, a quien le tengo que pedir que arme una línea de producción para ello. A este empresario le tengo que dar un horizonte de negocio, de compra. Debo asegurarle que en 10 años, por mencionar un plazo, le voy a comprar, como Estado, un número específico de productos para que pueda amortizar su inversión y consiga una rentabilidad razonable. El FONDEF también sirve para generar esa previsibilidad”, puntualizó Rossi.
FAdeA ha sido un caso testigo de la continuidad de los proyectos tecnológicos complejos para la defensa que ha posibilitado el FONDEF. “Desde 2016 a 2019 se realizaron contratos anuales con la Fuerza Aérea Argentina que impedían la incorporación de proyectos de largo aliento como el de IA100 ‘Malvinas’, la modernización del IA-58 ‘Pucará’ y la producción y modernización del IA-63 ‘Pampa III’. Con el FONDEF se pudo obtener el respaldo económico para abordar estos, y otros proyectos de largo aliento, a través de contratos plurianuales sostenidos por una planificación. Cabe destacar que estos contratos, que concluiría a fines del 2024 y en algunos casos cuentan con una extensión hasta el 2025, han sido suspendidos por parte del cliente, o sea, por la actual conducción del Ministerio de Defensa”, explicó Mirta Iriondo. Iriondo fue presidenta de FAdeA entre 2016 y 2024, y antes había sido directora General de Planificación Industrial y de Servicios para la Defensa (2007-2011) y subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (2011-2013) en el Ministerio de Defensa.
Planificación militar
El Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) es el documento final del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) que fija las prioridades para la adquisición y mantenimiento de capacidades militares, y se articula con la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), máximo instrumento político de determinación de la estrategia de defensa nacional.
El PLANCAMIL vigente es el aprobado en 2023 por el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, a través de la Resolución RESOL-2023-1365-APN-MD; la última DPDN emitida fue la de 2021(Decreto PEN N° 457/2021) durante el gobierno de Alberto Fernández. Estos instrumentos legales son fundamentales y su desarrollo desde los primeros gobiernos kirchneristas ha sido un aporte institucional para la Defensa cuyo valor aún no se termina de aquilatar. Sin embargo, para su concreción requieren dinero y ese fue uno de los costados que más flaqueó.
“El FONDEF permite hacer realidad el PLANCAMIL, que es el documento final del Ciclo de Planeamiento surgido de la DPDN”, remarcó Rossi. Y agregó en relación a la adquisición de sistemas de armas, “las Fuerzas Armadas no compran por oportunidad, puede ser que aparezca alguna y valga la pena, pero en general tienen una hoja de ruta para hacer sus inversiones que contempla un largo plazo de ejecución.Y esa hoja de ruta está en el PLANCAMIL, que junto a la DPDN, son los dos instrumentos más importantes que tiene un ministro de Defensa para conducir el proceso militar”.
Motosierra y endeudamiento
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 enviado al Congreso Nacional por el Gobierno libertario en su Artículo 27, entre otras cosas, suspende la aplicación del Inciso 1 del Artículo 4 de la ley del FONDEF, o sea, el corazón del financiamiento que dispone. La tan reiterada necesidad de continuidad institucional y seguridad jurídica que suele esgrimir como slogan la derecha es pulverizada en un instante a la menor oportunidad.
Como si el daño causado con aquella suspensión no fuera descomunal, en la planilla anexa al Artículo 41 se dispone la toma de deuda externa por más de 4.600 dólares estadounidenses a fin de adquirir o construir una serie de sistemas de armas como submarinos; buques de combate, anfibios, logísticos y patrulleros oceánicos; helicópteros navales y elementos de infraestructura para la base naval de Ushuaia. O sea, se elimina una fuente de financiamiento genuino para la defensa como el FONDEF, mientras se abre el grifo de otra espuria como el endeudamiento externo, con las negativas consecuencias que esta vía ha tenido en múltiples experiencias del propio pasado nacional y en la de otros países, como ocurrió con Grecia, donde la crisis de deuda externa iniciada en 2009 tuvo como uno de sus orígenes principales los cuantiosos préstamos tomados en años anteriores para la compra de armamento en el exterior.
Sin respuesta
TSS se comunicó con las tres Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el Ministerio de Defensa (MINDEF), y las presidencias de las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, a cargo de Ricardo López Murphy y Luis Juez, respectivamente; a fin de recabar sus opiniones sobre la virtual eliminación del FONDEF en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Tanto la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, el Ejército y el EMCO, respondieron que era un tema sobre el cual debían dirigirse las consultas al MINDEF. Éste último, al igual que la oficina del diputado López Murphy y la del senador Juez, nunca respondieron.
La primera central nuclear de Latinoamérica, Atucha I, concluyó en septiembre su primer ciclo de vida útil luego de 50 años de operación. Para continuar con su operación, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) comenzó con el proyecto para extender su vida operativa por 20 años más. Con una inversión estimada en cerca de US$ 700 millones, la compañía estatal operadora de las centrales nucleares busca garantizar la operación segura, mejorar la defensa en profundidad y hacer más eficiente la central. Nucleoeléctrica recibió a EconoJournalen el sitio Atucha para explicar los alcances y detalles de un proyecto que involucrará un total de 292 subproyectos entre prioritarios y secundarios y que se espera que este concluido para el 2027.
El movimiento de personal en las calles internas del complejo Atucha es intenso. Atucha II esta en parada de mantenimiento y volverá a generar energía en diciembre. Los principales trabajos se concentran en el reactor, a la vez que se realizan algunos trabajos menores en la etapa de alta de la turbina, la máquina generadora individual más potente del país con 745 MW de potencia bruta.
Pero lo que hará vibrar al complejo Atucha en los próximos años son las múltiples tareas que se ejecutarán en el marco de la Parada Prolongada de Reacondicionamientode Atucha I, un proyecto para aumentar las condiciones de disponibilidad y de confiabilidad de una central que aporta 2.531 GWh netos al año (equivalentes al consumo eléctrico de más de 1 millón de habitantes) y que empleará a un promedio de 600 personas por año y a unas 2000 personas en el pico de obra.
El reactor en Atucha I fue detenido el pasado 29 de septiembre al finalizar la licencia de operación otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el ente nacional regulador del sector nuclear. La licencia original de operación fue establecida en 32 años de «operación equivalentes a plena potencia», una métrica que no equivale a años calendarios. Como esa licencia vencía en 2018, el Plan Nuclear lanzado en 2006 incluyó analizar la factibilidad de extender la vida útil de la central.
Un estudio realizado por NA-SA concluyó que el recipiente de presión de Atucha I estaba en condiciones para continuar funcionando por dos décadas o inclusive más. Sobre esa base y los requisitos de seguridad exigidos por la ARN, la empresa estructuró un proyecto para extender su vida útilpor20 años calendarios más, es decir, hasta el 2046. Este fue el puntapié inicial para que la ARN aprobase tanto el proyecto de extensión de vida como una enmienda a la licencia original para que la central pudiera seguir generando energía hasta septiembre pasado.
Gerencia de extensión de vida
Nucleoeléctrica estima que el proyecto llevará 30 meses de ejecución, volviendo el reactor a criticidad en marzo de 2027. Liderando el proceso estará la Gerencia de Extensión de Vida, a cargo de Eduardo Arostegui, quien detalló a EconoJournal los avances y las tareas por realizar.
La parte más visible del proyecto dentro del complejo Atucha en este momento es la construcción de algunas de las obras civiles proyectadas, como es la ampliación del edificio de ingreso a zona radiológicamente controlada (donde se encuentra el reactor y una pileta de combustibles gastados), clave para gestionar adecuadamente el flujo de equipos, insumos y personal que ingresarán al reactor durante el proyecto. Solo el costo estimado por todas las obras civiles y de infraestructura se estima en US$ 62 millones.
La parte menos visible esta sucediendo dentro del edificio del reactor: ya retiraron 75 de los 241 elementos combustibles que hay dentro del reactor. Los elementos serán colocados en la pileta de enfriamiento. A un ritmo de 1,6 elementos retirados por día, estiman que completarán la tarea en febrero próximo.
Tanto el retiro de los combustibles como la ampliación del edifico de ingreso son las primeras tareas indispensablespara la ejecución de los subproyectos fundamentales.
Subproyectos fundamentales
Para que Nucleoeléctrica pueda volver a operar Atucha I, la empresa deberá cumplir a rajatabla con el Documento Marco de Licenciamiento (DML) aprobado por la ARN. El documento involucra cinco líneas de trabajo que implican la ejecución de 41 subproyectos fundamentales para recibir una nueva licencia de operación.
Las cinco líneas de trabajo son el cambio del sistema de protección del reactor, la calificación ambiental de equipos, la separación de redundancias, el cambio de filtros del sistema de inyección de seguridad y la instalación de barreras anti derrame. Estas líneas involucran 41 subproyectos civiles, eléctricos, mecánicos, de instrumentación y control, documentales y de procesos.
Más allá de la estructuración del proyecto, las distintas líneas de trabajo se relacionan de una u otra manera. Por ejemplo, la calificación ambiental de equipos considerados críticos incluye la evaluación y potencial recambio de la instrumentación dentro de la esfera de contención que hace al sostenimiento de la protección del reactor. A ese sistema se le aplicarán criterios para cumplir con los últimos estándares internacionales de seguridad.
Un dato alcanza para dimensionar la magnitud de las tareas por realizar: hay que calificar 21 kilómetros de cables para evaluar su continuidad o reemplazo. Lo mismo se debe hacer con las válvulas (electromecánicas en su mayoría), las cajas de conexiones eléctricas, los actuadores y demás equipos. Solo el costo de la calificación ambiental de los equipos esta valorado en US$ 32 millones.
Lo que no requerirá calificación son los filtros del sistema de inyección de seguridad, que serán renovados por completo. Los filtros para el paso del agua se ubican en la parte inferior de la esfera. La superficie de filtrado actual es de 8 m² y se expandirá a 280 m².
Una defensa más profunda
Todos estos trabajos garantizarán la operación segura de la central, pero hay dos líneas de trabajo en particular que mejorarán la defensa en profundidad de Atucha I: la separación de redundancias y la instalación de barreras anti derrame.
La defensa en profundidad aplicada a la seguridad de las centrales nucleares es un concepto que se aplica al diseño, a la operación de las mismas y en la preparación de emergencias, teniendo por objetivo evitar aquellos sucesos que puedan desencadenar accidentes y, en el caso de que estos ocurran, mitigar sus consecuencias.
Por ejemplo, en el hipotético caso extremo de un accidente que conlleve la fundición del núcleo del reactor, el combustible fundido formaría lo que se conoce como corio, una lava nuclear. Los diseños de centrales nucleares de la década de 1980 en adelante suelen contar con barreras anti derrame en la parte inferior del reactor, conocidas en la jerga de la industria como core catcher, que sirven para contener y disminuir la velocidad de avance del corio. Atucha I contará con una barrera de este tipo: se construirá una barrera conformada por ladrillos especiales importados y técnicamente ya ensayados en facilidades de alta temperatura.
Una central más eficiente
A la empresa le bastaría con cumplir con los 41 proyectos del DML para que la ARN apruebe la vuelta a operación de Atucha I. Pero en NA-SA quieren implementar un total de 251 subproyectoso tareas no obligatorias (la empresa ya concluyó 78 de estas tareas), pero que son fundamentales para facilitar la operación cotidiana y hacer que la central sea mucho más eficiente en la generación de electricidad, alcanzando un factor de carga del 88%. En ese sentido una de las principales tareas será la adecuación de la turbina a condiciones de operación más modernas.
Las centrales nucleares tienen ciclos de generación eléctrica de muchos meses, con paradas de mantenimiento y/o de recarga de combustible cada cierto tiempo. Por su diseño las Atuchas tienen la peculiar ventaja de que pueden recargar combustible “en línea”, es decir, sin parar la generación de electricidad.
Pero el mantenimiento, que alcanza a las distintas áreas críticas de la central, como el reactor y sus sistemas o la turbina, es obligatorio y en Atucha I se realiza una parada cada doce meses. En Nucleoeléctrica buscan operar con paradascada 18 meses en lugar de 12. “Cada vez que paramos una central también estamos exigiendo sus sistemas de seguridad, la exigimos termicamente. Hay que tratar de evitarlo, además de generar un ingreso más continuo de dinero”, explicó Arostegui.
Los 251 subproyectos facilitarán la operación de la central y permitirán ir a paradas de mantenimiento cada 18 meses, dos factores que son claves para elevar el factor de carga actual de poco más de 70% a un 88%. El factor de carga es la relación existente entre la energía eléctrica realmente producida por una central en un periodo determinado y la que se hubiera producido en el mismo funcionando a su potencia nominal.
La modernización de la operación de la turbina de Atucha I es un objetivo relevante para alcanzar mayores factores de carga. En la turbina de 362 MW de potenciabruta se buscará modernizar sus sistemas de control y protección, que son hidraulico-eléctricos y se pasarán a completamente eléctricos. También se incorporará un sistema de regulaciones y limitaciones en la parte de control para introducir un umbral con variables más flexibles frente a señales extrañas que actualmente llevan a que la turbina se detenga cuando estas se producen.
La turbina de Atucha I.
La especificidad de las Atuchas
La historia de las centrales en el complejo nuclear de Atucha es distintiva en la industria nuclear. Fuera de la Argentina no existen centrales con una configuración de recipiente de presión y uranio natural como combustible y agua pesada como moderador de la reacción en cadena. La utilización de uranio natural fue una exigencia del Estado argentino a los oferentes interesados en participar de la licitación internacional realizada para proveer un diseño prototipo de reactor para el sitio Atucha y que tuvo como ganadora a Kraftwerk Union (KWU).
La especificidad de las dos Atuchas no es un dato menor. En las turbinas de Atucha I y II aún sobresale el logo de KWU, una joint venture conformada en ese entonces por las alemanas Siemens y AEG. Siemens adquirió la empresa por completo en 1977 y la integró como un negocio autónomo dentro de su estructura corporativa.
Pero el núcleo de ingenieros diseñadores de las Atuchas se disolvió cuando Siemens decidió salir del negocio de centrales nucleares en la década de 1990. La desaparición del diseñador original implicó que Nucleoeléctrica tuviese que asumir el desafío de finalizar Atucha II por su cuenta cuando el Estado decidió en 2006 reactivar la construcción de la central tras quedar paralizada en 1993.
En Nucleoeléctrica están aplicando la experiencia acumulada durante la finalización de Atucha II y en las cinco décadas de operación de Atucha I. “La puesta en marcha de Atucha II nos enseñó que hay que vincularse antes entre la ingeniería y el personal en planta, también que hay que trabajar en equipo cuando ingeniería esta haciendo lo suyo debemos acompañarlos y apoyarlos y viceversa”, sintetizó el gerente del proyecto.
Presupuesto
La generadora estatal anunció en septiembre que se habían asegurado los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto de extensión de vida, cuyo costo está estimado en cerca de US$ 700 millones. En rigor, lo que la empresa garantizó es que el proyecto contará con presupuesto para todo el 2025, despejando las dudas sobre el inicio de los subproyectos prioritarios. La asignación presupuestaria finalmente llegó el jueves 31 de octubre con una transferencia para gastos de capital por 104.659 millones de pesos. Se habla de una segunda partida para comienzos de 2025.
El proyecto engloba dos obras centrales: la extensión de vida del reactor de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II). Con ese fin, la empresa lanzó en 2022 el fideicomiso NASA IV, logrando hasta el momento un fondeo total de US$ 180 millones.
El presidente de Nucleoeléctrica, Alberto Lamagna, remarcó que el gobierno esta decidido a ejecutar el proyecto. “Con la decisión de hacer la extensión de vida de Atucha I el gobierno nacional ha priorizado las inversiones en energía nuclear como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y tecnológico de nuestro país. En las próximas fases de la transformación de NASA buscaremos apalancar la participación de inversiones privadas para impulsar nuevos proyectos nucleares”, dijo Lamagna
Una nueva medida del Gobierno nacional promete modificar los hábitos de consumo en territorio argentino: una flexibilización del cepo que eleva los límites de compras online en el exterior y quita aranceles a los envíos por los primeros u$s 400. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, realizó un análisis en las horas posteriores al anuncio.
«Si hay fenómenos de apertura no racional e indiscriminada vamos a ir señalándolos cuando afecten al proceso productivo», aseguró el empresario y admitió que «nos preocupa la llegada de una ola importadora, hay que atajar rápidamente el aspecto tributario. No queremos privilegios, queremos igualdad de condiciones».
A su vez, admitió que «nadie tiene miedo a la competencia«, pero pidió «una cancha equilibrada» y enumeró: «Argentina tiene, como todos sabemos, asignaturas pendientes estructurales, como una presión tributaria sobre la economía real, impuestos de la economía formal, […] un nivel de informalidad muy alto».
Daniel Funes de Rioja junto a Javier Milei.
«No hay logística; hay una infraestructura no solo compleja, sino que además es cara. Hay todavía cuestiones de la legislación laboral que son del siglo XIX”, se lamentó. “Usted sabe la cantidad no solamente de impuestos que hay que hacen que la presión y el costo de cualquier producto tenga puertas adentro de fábricas, cuando sale a la venta tiene un 50% de contenido fiscal”, agregó.
Entrevistado en radio Mitre, Funes de Rioja remarcó: «No nos engañemos, hay una batalla entre posiciones muy clara con respeto a esto. Nadie habla de proteccionismo, se habla de defensa de la industria propia. Y esto lo están haciendo no solo los Estados Unidos de Trump, lo hace Canadá, la Unión Europea. Miremos todas esas cosas».
Baja de impuestos a compras online en el exterior
El Gobierno Nacional anunció una nueva flexibilización del cepo. En esta caso impacta sobre el límite en los envíos de importaciones eventuales (courier), que se elevarán de u$s1.000 a u$s3.000 por envío para las compras personales, un monto similar al de los demás países de la región.
Además, no se abonarán aranceles por los primeros u$s400 dólares por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.
El argumento del oficialismo apuntan al acceso a productos importados con precios más competitivos, en especial para aquellos argentinos que no tienen la oportunidad de viajar. Se espera un impacto en ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos del exterior. Además, existe expectativa de que las empresas puedan importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en conferencia de prensa el día de hoy, pidió la transferencia del proyecto para abrir el Canal Magdalena e indicó que la obra se “pagaría prácticamente sola”, aludiendo a los beneficios en términos de ahorro y eficiencia, estimados en unos 230 millones de dólares.
Esta afirmación no solo refuerza el valor económico del proyecto, sino que revela una visión de largo plazo sobre cómo una inversión estratégica puede transformar el sistema de transporte nacional, aportando autonomía económica y fortaleciendo la toma de decisiones sobre rutas de navegación propias.
“La creación de este canal es vital para la soberanía y competitividad de nuestro país, ya que mejoraría la conexión entre nuestros puertos fluviales y marítimos,” afirmó Kicillof, subrayando que la provincia de Buenos Aires debería recibir la jurisdicción sobre el canal para poder gestionar y ejecutar las obras necesarias de dragado.
El Gobernador bonaerense afirmó que este canal permitirá mejorar la conexión entre los puertos fluviales y marítimos del país, favoreciendo una integración eficiente de la logística nacional y una reducción en la dependencia de rutas internacionales, en un contexto donde los países vecinos fortalecen sus propias infraestructuras portuarias.
El Gobernador argumentó que la construcción de esta vía permitiría ahorros en costos de navegación y mantenimiento, calculados en unos 230 millones de dólares, lo que haría que la inversión prácticamente “se pague sola“. Además, agregó que los beneficios no se limitan al ámbito económico, sino que también repercuten en el control soberano de las vías de navegación nacionales.
La reunión con el Comité Asesor apunta a formalizar un frente común, reforzando el reclamo de que la provincia de Buenos Aires asuma la administración del proyecto ante la falta de acción a nivel nacional. Esta propuesta, según el Gobernador, permitiría que Buenos Aires maneje el dragado y financiamiento, logrando mayores ahorros y autonomía en decisiones estratégicas, lo cual parece alineado con el desarrollo de un país federal y de provincias más autosuficientes.
Crítica de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, la llamada «Hidrovía»
Durante la conferencia, Kicillof también se pronunció sobre la reciente actualización del contrato de la Vía Navegable Troncal, calificada por el Gobernador como una medida “clandestina” y perjudicial para los puertos provinciales, en especial los de Buenos Aires. Explicó que el nuevo contrato fue firmado sin consulta previa a las provincias y, según Kicillof, está diseñado para favorecer a intereses privados sobre los puertos públicos.
“La reciente firma de un nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal – que se hizo de manera prácticamente clandestina, sin notificar debidamente a las provincias – es motivo de grave preocupación,” manifestó el Gobernador, quien además sostuvo que en el contrato se establecen aumentos de tarifas de peaje en ciertos tramos que afectan particularmente a los puertos provinciales, mientras que se reducen en otros, beneficiando a los puertos privados.
Kicillof criticó esta política como una ventaja para el Puerto de Montevideo en Uruguay, que, con mayores profundidades de dragado, obtiene una posición privilegiada en el comercio internacional, en detrimento de los puertos argentinos, que se ven relegados a un rol secundario en la región.
El gobernador bonaerense advirtió sobre el impacto que este modelo tiene sobre la competitividad argentina, aseverando que, bajo estas condiciones, los puertos argentinos se convierten en “puertos feeders” del Puerto de Montevideo, lo cual debilita su posición estratégica y eleva los costos logísticos de exportación para el país. Según el Gobernador, el contrato también carece de un plan para ensanchar la Vía Navegable Troncal, limitando su capacidad de flujo y elevando los costos de mantenimiento, un tema que afecta directamente la competitividad del comercio exterior argentino.
“Este tipo de decisiones perjudica directamente a la Provincia de Buenos Aires y beneficia desproporcionadamente al puerto de Montevideo, que logra mayor profundidad de dragado y mejor accesibilidad,” resaltó Kicillof, quien también lamentó la falta de estudios de impacto ambiental y de hidrosedimentología en el nuevo contrato de concesión. A su juicio, estos estudios son esenciales para una adecuada planificación de la vía navegable troncal, una de las más relevantes no solo para Argentina, sino para América Latina en su conjunto.
El Gobernador Kicillof cerró sus declaraciones enfatizando que el desarrollo del Canal Magdalena y una administración justa de la vía navegable troncal son esenciales para asegurar la soberanía y competitividad de Argentina en el comercio global, y pidió al gobierno nacional una revisión profunda de las políticas que, aseguró, están debilitando la industria y los puertos provinciales en beneficio de intereses privados y extranjeros.
Un análisis llevado a cabo por investigadores de CONADU sobre el proyecto de presupuesto 2025 confeccionado por el Poder Ejecutivo, señala que el desfinanciamiento del sistema universitario no se toma respiro y que se profundizará durante el año próximo. También indica que buena parte del recorte recaerá sobre los salarios.
“En el discurso presidencial de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto se anunció una política de ‘déficit cero’, y que se buscará obtener un superávit primario de tal magnitud, que permita el pago de los intereses de la deuda pública, que de esta manera, pasan a ser la principal prioridad del gasto público”, a partir de esta cita de la palabra del primer mandatario, el informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la CONADU sobre el proyecto de presupuesto 2025, deja asentado que para el gobierno de Javier Milei la inversión en educación no será considerada como un item fundamental.
Más aun, y antes de entrar en el análisis numérico, el trabajo subraya que en el artículo 27 de esta iniciativa establece que “en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Nº 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, suspéndase para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias”. Justamente ese artículo es el que “garantiza” que el presupuesto del Estado nacional destinado al financiamiento del sistema educativo no puede ser inferior al seis por ciento del producto bruto interno. De esta manera, el Poder Ejecutivo deja montado el escenario para el recorte.
En principio, el informe señala algunos de los principales datos macroeconómicos que la iniciativa proyecta para 2025. Así, de acuerdo con los cálculos gubernamentales el PBI caerá un 3,8% en 2024 pero crecerá un 5% el año próximo. Por otro lado, en relación con la inflación calculada para este año un índice del 104,4% (aunque las principales consultoras privadas que releva el Banco Central a través del REM la ubican arriba del 120%), mientras que para 2025 la inflación “punta a punta” se proyecta en un 18% (un número que la mayoría de los economistas consideran como demasiado optimista).
Sobre ese escenario, la publicación calcula que el gasto público total que tendrá un incremento nominal del 24,3% para 2025, en realidad presenta una caída real del 3% respecto de 2024 y del 21,3% frente al 2023. Sin embargo, las partidas destinadas a la función Educación y Cultura del presupuesto nacional sufrirán una caída bastante más profunda que llegará al 38,7% real en relación con el 2023. Como dato llamativo, y para desmentir el latiguillo de que el ajuste afecta a todos por igual, los autores resaltan que los recursos dirigidos hacia la función Inteligencia, que incluye los gastos reservados de la SIDE, se incrementarán un 37% por encima de la inflación calculada.
En definitiva, para 2025 se prevé que los fondos para Educación y Cultura alcancen apenas al 0,88% del PBI, de manera tal que se consolida la tendencia al desfinanciamiento del sistema educativo. Ese valor es el más bajo de la década y representa una caída del 38% respecto de lo asignado en 2023 y del 53% frente al 2015.
Otro de los sectores castigados será Ciencia y Tecnología, ya que los recursos otorgados en el presupuesto 2025 se mantienen en el mismo nivel bajísimo del 2024, alcanzando apenas el 0,22% del PBI. Una cifra que implica una caída del 27% en relación con el 2023 y del 37% sobre el 2015.
Para las universidades (casi) nada
En el rubro Universidades Nacionales en particular, el presupuesto prevé que las transferencias lleguen al 0,51% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, incluso por debajo del que se prevé alcanzar en 2024 que sería del 0,53%. La cifra significa un descenso del 29% frente a lo percibido en 2023 y del 40% respecto de 2015. Además a esta reducción se le suma la caída del presupuesto que llegaba a las universidades nacionales desde otros organismos distintos a la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU).
En concreto, según el proyecto de presupuesto, el Programa Desarrollo de la Educación Superior que gestiona la SPU, contará en 2025 con un monto cercano a los 3,8 billones de pesos, lo que representa una suba nominal del 28,9% respecto de 2024 y de un 0% real considerando la inflación prevista para el año próximo. Además, esa cifra representa apenas un poco más de la mitad de los 7,2 billones de pesos reclamados por el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el sector pueda funcionar sin inconvenientes el año próximo.
A su vez, el informe aclara que también hay recursos para universidades en otras dependencias (ministerio o secretarías) pero que ese detalle no está expuesto en forma expresa en el proyecto. De todas maneras, los autores estiman que ese monto puede sumar otros 17 mil millones de pesos.
Seguidamente el trabajo se aboca a analizar la composición del presupuesto previsto para las universidades nacionales y, en ese sentido, precisa que la iniciativa dispone un incremento en los recursos que se dirigen a gastos de funcionamiento, inversión en hospitales y otros programas, pero en contraposición reduce la parte destinada a los salarios, lo que indicaría que el ajuste se concentrará principalmente en los ingresos de docentes y no docentes.
De hecho, esta decisión parece profundizar la política exhibida por este gobierno desde que asumió en diciembre de 2023, de deteriorar el poder adquisitivo de los sueldos del sector. Así, desde ese momento hasta el mes de septiembre de 2024, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de las universidades cayeron un 25% en términos reales, un derrumbe que es mayor al sufrido por los salarios del sector formal, del sector informal y del resto de los trabajadores del Estado.
El otro rubro sobre el que se descargará con ferocidad el impacto del ajuste está relacionado con los fondos del programa de becas. Las transferencias asignadas a tal fin aparecen prácticamente congeladas a los mismos valores de este año, con lo cual, la caída real respecto de 2024 es de un 22%, mientras que frente a 2023 se derrumban en un 64%.
Por estos días el proyecto de presupuesto 2025 está siendo debatido por un plenario de comisiones en la Cámara Baja. Queda en manos de diputados y senadores la posibilidad de modificar las partidas para asegurarle a las universidades nacionales un funcionamiento adecuado y sin apremios para todo el año próximo y para evitar que siga adelante el proceso de pauperización creciente que sufren los trabajadores docentes y nodocentes. De no ser así, se prevé un año de agudización de los conflictos en el ámbito de la educación superior.
La primera mitad del 2024 fue un éxtasis para la compañía estadounidense Nvidia, la empresa del momento en el mundo de los chips. La firma triplicó los envíos globales de semiconductores, dejando clara una máxima de estos tiempos: el mundo está hambriento de esta diminuta tecnología.
Sin embargo, sobre su producción se asienta un magno desafío, la creciente demanda de energía eléctrica que requieren los semiconductores en su fabricación. Los expertos advierten de que satisfacer la explosiva necesidad de microprocesadores en el mercado se está convirtiendo en un obstáculo para la transición verde. Los enormes y complejos equipos donde se imprimen los chips de vanguardia requieren ingentes cantidades de energía eléctrica para crear una tecnología que se ha vuelto crucial, entre otras áreas, para el desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos.
En concreto, los microprocesadores, esas diminutas placas rectangulares que usan los ordenadores, lavadoras o teléfonos móviles, requieren de complejas máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en inglés) para su fabricación; un proceso que baña a las obleas de silicio —el material base de los chips— con ondas de luz invisibles para el ojo humano.
Según información de Bloomberg, para recrear los haces lumínicos, los últimos modelos de estos equipos especializados necesitan consumir alrededor de un megavatio de electricidad, o el equivalente al gasto energético promedio de un hogar español durante cuatro meses. La consultora estadounidense McKinsey ya advertía hace una década de que una planta de fabricación de semiconductores típica consumía tanta energía al año como aproximadamente 50.000 hogares. De hecho, la entidad señalaba entonces que las “mega fábricas” estaban consumiendo más electricidad que las plantas automotrices y las refinerías.
Jose Luis Costa, experto del CSIC en nanotecnología, suscribe que de momento esta situación no se está viendo como un problema en la mayoría de regiones, “porque es un sector estratégicamente crítico donde no va a haber impedimentos en el gasto de energía”. Más allá de la electrónica de consumo, segmentos como el armamentístico, el espacial o de los automóviles también han visto cómo los chips se han convertido en parte indispensable del desarrollo de productos. Según la World Semiconductor Trade Statistics, las ventas mundiales de microprocesadores subieron un 16,3% interanual a inicios de este año, hasta los 39.700 millones de dólares (unos 37.040 millones de euros), y la previsión es que crezcan un 13,1% en 2024.
El protagonista indispensable en la manufactura de esta tecnología es Taiwán, que aloja a la empresa líder en la fabricación: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSCM). Se estima que del 60% al 70% de la fabricación global de chips sale de esta pequeña isla ubicada en el extremo oriente de Asia. Según Bloomberg, debido a la alta cantidad de consumo eléctrico necesario para hacer funcionar a las máquinas de litografía, se espera que TSMC pronto consuma más energía que toda la población de 21 millones de personas de países como Sri Lanka. En 2020, la compañía representó aproximadamente el 6% del consumo total de energía de Taiwán y se cree que esa cifra aumentará al 12,5% para 2025.
El problema reside en que la industria de Taiwán depende en gran medida de combustibles fósiles. Más del 80% de su energía proviene de la quema de carbón y gas, según los datos del centro de estudios News Lines Institute. Para contrarrestar la situación, en 2016 el gobierno de la isla se fijó el objetivo de obtener para 2025 el 20% de la electricidad de fuentes renovables a través del desarrollo de la energía solar y la capacidad eólica marina.
La cifra, no obstante, parece estar lejos de alcanzarse. El último análisis energético publicado en julio desvelaba que para finales de 2021 solo el 6% de la energía provenía de fuentes renovables, lo que ha llevado a los funcionarios a rebajar su meta al 15%. Según informa para Bloomberg, Liang Chi-Yuan, catedrático de gestión de la Universidad Nacional Central de Taoyuan, Taiwán no tendrá suficiente capacidad eléctrica para dar cabida a su industria de semiconductores, a menos que los fabricantes de chips empiecen a construir sus propias plantas de suministro eléctrico.
Otros países con un importante historial en la fabricación de semiconductores atraviesan un dilema parecido. En Corea del Sur, el gigante tecnológico Samsung dispone de seis plantas de fabricación de semiconductores que representaron el 3% de la factura energética del país en 2021. Sin embargo, en su intento por competir directamente con TSMC en la manufactura de chips para clientes externos, la firma surcoreana busca expandir el número de máquinas EUV. El aterrizaje de nuevos equipos supone un reto para el esquema energético del país asiático, que también es altamente dependiente de la quema de carbón y gas. Hasta 2018, cerca del 80% de la energía del país provenía de estas fuentes, según los datos del Banco de desarrollo de Asia.
“Los procesos de fabricación de chips requieren una precisión extrema y un control riguroso, lo que a menudo genera enormes demandas de electricidad y agua. Además, muchos de los materiales utilizados en la fabricación de semiconductores, como el silicio, requieren procesos intensivos de extracción y purificación que consumen mucha energía. Por estos motivos, este modelo de producción no es sostenible a largo plazo”, sostiene Costa.
La industria se defiende argumentando que el desarrollo de esta tecnología está permitiendo avances en sostenibilidad y ahorro energético en otras áreas. El Instituto de Estrategia Internacional de Tecnología Industrial de Taiwán arguye que cada kilovatio de electricidad producida por TSMC puede ahorrar hasta cuatro de electricidad para el mundo.
Costa, parcialmente de acuerdo con este argumento, expone que ya se están estudiando formas más sostenibles para la producción de chips, como la luz para procesar la información o estados cuánticos que “serán extremadamente eficientes y disminuirán considerablemente el gasto de energía y las consecuencias medioambientales”. Pone como ejemplo el reciente anuncio de Canon, que busca introducirse en el mercado de máquinas de litografía —actualmente dominado por la holandesa ASML— a través de la nano impresión, que según Costa augura tamaños similares, pero con una décima parte del precio y el consumo energético.
Aunque con menor protagonismo, otros jugadores en la arena de los chips, como Intel, también están intentando que la carrera por liderar el mercado sea más verde y sostenible. La firma estadounidense ha logrado obtener mejores resultados que sus pares asiáticos en materia de recursos renovables, en parte porque tiene acceso a energía verde en sus instalaciones de Arizona, Nuevo México y Oregón. Según Bloomberg, la empresa obtuvo el 80% de su electricidad de fuentes renovables en 2021, frente al 71% del año anterior. Aunque, el medio económico también advierte que el consumo general de electricidad también está aumentando significativamente debido a las técnicas de fabricación avanzadas.
En la carrera por liderar este complejo mercado, que requiere de numerosas capas de diseño y fabricación, varios países han puesto sobre la mesa grandes sumas de dinero para crear una capacidad de fabricación que les permita defenderse de los shocks en la cadena de suministro, como sucedió durante la pandemia. Estados Unidos aprobó un plan de 52.000 millones de dólares para levantar sus propias fábricas y la Unión Europea ha desplegado 49.000 millones de euros para atraer inversión extranjera. Sin embargo, el impacto ambiental no parece ser una consideración importante en ninguna de las dos jurisdicciones. “Los desafíos ya son demasiado complejos; en ese contexto, los argumentos energéticos y medioambientales son, tristemente, secundarios”, zanja Costa.
De momento, la demanda de máquinas litográficas sigue aumentando. El analista de Bloomberg Intelligence, Masharo Wakasugi, predice ASML, que se ha convertido prácticamente en la única firma capaz de diseñar y fabricar estos equipos, venderá un 30% de EUV más este año, lo que se traduce en más aumento energético para los países fabricantes. “Debemos concienciarnos como individuos de la situación de emergencia en la que estamos y hacer y exigir hacer algo al respecto. Si no actuamos ahora, en 20 años vamos a notar las consecuencias”, concluye.
El sistema de transporte de petróleo desde Neuquén hasta Puerto Rosales permitirá exportar 310 mil barriles diarios de crudo.
El Proyecto Duplicar de Oleoductos del Valle S.A (Oldelval) está en la recta final. Se trata de una de las más importantes obras privadas de infraestructura y busca aumentar de forma permanente la capacidad de transporte desde Vaca Muerta al Atlántico.
La obra, que prevé una inversión total de u$s1.200 millones, avanza a paso firme. Según la última información que difundió Oldelval, se completó la vinculación total de los 525 kilómetros del oleoducto. Esta etapa implicó la ejecución de más de 3.200.000 pulgadas de soldadura, con un promedio de 60 soldadores, 2.300 trabajadores y 619 conductores activos a lo largo de 400 días, y un total acumulado de 192 mil horas dedicadas a la soldadura.
La proyección es enorme: elevará la capacidad de transporte del sistema hasta Puerto Rosales de 36.000 m3/día de crudo a 86.000 m3/día. «Este salto en capacidad permitirá exportar hasta 310.000 barriles diarios de petróleo, lo que representará ingresos anuales cercanos a los 8.000 millones de dólares», afirmaron desde Oldelval.
Desarrollo y divisas
Con el 70% de la obra ya completada, Oldelval se encamina a consumar los objetivos planteados: el salto en la capacidad de transporte en unos 50.000 barriles diarios para diciembre de 2024 y la puesta en marcha del proyecto en los primeros meses de 2025.
«Con Duplicar en pleno funcionamiento, Argentina estará en condiciones de exportar más petróleo, lo que contribuirá al desarrollo económico y la generación de divisas», remarcó la compañía en un comunicado de prensa.
El proyecto no solo es una obra de infraestructura clave para el país, sino que también enfrenta desafíos técnicos significativos. La recepción de la cañería en un contexto complicado para las importaciones y las diversas condiciones del terreno, que va desde áreas rocosas hasta zonas anegadas y cruces de cauces de agua, fueron algunos de los obstáculos superados.
Además, se implementaron técnicas avanzadas de perforación direccional horizontal (HDD) para realizar cruces especiales, minimizando el impacto ambiental y garantizando la integridad de la infraestructura.
Con la finalización de esta etapa clave, Oldelval se prepara para avanzar hacia las siguientes fases de construcción, que incluyen el montaje de válvulas, la construcción de obras civiles y las pruebas hidráulicas.
La minera francesa Eramet le compró al grupo chino Tsingshan su participación en el proyecto Centenario de litio en Salta. La operación implicó un desembolso de US$ 699 millones. De esta forma, Eramet pasó a tener la propiedad completa de la planta de extracción directa de litio (DLE por sus siglas en inglés), inaugurada en julio de este año y que comenzaría a producir antes de fin de año.
Eramet anunció este jueves la recompra de toda la participación del Grupo Tsingshan en Eramine Sudamérica. «Este movimiento estratégico nos permite liberar todo el potencial de nuestro yacimiento de clase mundial Centenario y llega también en el momento oportuno en el contexto de precios de mercado cíclicamente bajos para el litio», declaró Christel Bories, Presidenta y Directora General del grupo Eramet.
El grupo francés posee en la Argentina concesiones mineras en los salares de Centenario y Arizaro. Los recursos minerales drenables totales de Centenario ascienden a más de 15 Mt de carbonato de litio equivalente , con una concentración media de 407 mg/L de litio contenido en la salmuera, lo que sustenta una capacidad de producción a largo plazo estimada actualmente en más de 75 mil toneladas de carbonato equivalente.
«Aprovechando la fuerte liquidez del Grupo para ejecutar la transacción, pronto nos convertiremos en la primera empresa occidental que utiliza una tecnología DLE de nueva generación para producir carbonato de litio de grado batería a escala industrial, confirmando nuestro liderazgo tecnológico y sostenible en toda la cadena de valor del litio», añadió Bories.
Proyecto Centenario
Inaugurada el 3 de julio, la planta de extracción directa de litio en Centenario tiene una capacidad nominal de 24 mil toneladas anuales de carbonato equivalente grado batería.
La planta de procesamiento de última generación y altamente automatizada utilizará una de las tecnologías más avanzadas de extracción directa de litio y se ajusta a la norma más estricta de minería responsable. Esta se encuentra actualmente finalizando su puesta en marcha e iniciará la producción en las próximas semanas. Eramet afirma que su planta en Centenario se situará en el primer cuartil de la curva de costes del sector.
“Ayer nos enteramos de que a un asociado nuestro de APCENEAN (la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividades Nucleares) le llegó una carta documento mediante la cual lo despiden sin causa, de forma arbitraria, con una indemnización que vamos a pagar todos los contribuyentes. Es un licenciado en Gestión Ambiental que tiene 18 años en la empresa, especializado en Higiene y Seguridad del Trabajo y se ve que no goza de las simpatías de las nuevas autoridades. Esto tiene que ver con la idea de reducir la planta y privatizar la empresa”.
Son declaraciones de Andrés Kreiner, un reconocido especialista en el sector nuclear y secretario general de la APCNEAN.
Dioxitek produce en su planta de Córdoba dióxido de uranio (UO2), componente principal del combustible para las tres centrales nucleares y los seis reactores de investigación que operan en la Argentina. También produce cobalto 60, un isótopo que se obtiene luego de bombardear cobalto 59 y es usado para la técnica de insecto estéril, y para esterilizar elementos de medicina y alimentos, entre otras aplicaciones. Esta empresa es la única en América Latina y el Hemisferio Sur que puede producir estos materiales. En 2022, Dioxitec tuvo una ganancia de 20 millones de pesos y sus ventas por cobalto al exterior fueron cinco veces mayores que las del mercado interno. Desde 2018, el 51% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía, el 48% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% a la provincia de Mendoza. Este esquema de las acciones fue para poder favorecer su privatización pero en aquel momento no se avanzó.
Dioxitek está en conflicto con la Municipalidad de Córdoba desde 2014, cuando se clausuró preventivamente su planta y se le impidió seguir comprando amoníaco y otros químicos para su producción. El desarrollo de la ciudad hizo que la planta inaugurada en 1982 quedara en medio de una zona urbana de alto valor, en Nueva Córdoba. Esta clausura generó conflictos legales y luego se llegó a un acuerdo para que la empresa pudiera seguir trabajando mientras se construía una nueva planta en Formosa.
En el año 2018, la obra en Formosa fue frenada por la falta de aportes del Tesoro y recién en marzo de 2021 el contratista la retomó, con muchos daños por el abandono durante los años de paralización. A fines del año pasado la obra tenía un 67% de avance, con lo que el acuerdo con Córdoba, que vence a fines de este año, debería ser prorrogado para seguir produciendo.
«En Dioxitec, entre jubilaciones compulsivas y despidos hay un 10% menos de empleados», dice Kreiner.
“Le están buscando la vuelta para hacer una privatización parcial. Así como se busca vender IMPSA a una empresa norteamericana y también están buscando la forma de privatizar NASA y las demás empresas nacionales que quedaron excluidas de la Ley Bases. A ninguna de estas empresas le sobra gente, siempre están trabajando con la dotación justa, así que los despidos harán que pronto vaya a bajar el ritmo de producción y a haber retrasos. En este caso, se despidió a una persona que vela por la seguridad de la planta”, lamentó Kreiner.
El empleado despedido presentó un escrito, asesorado por su abogado, en donde rechaza esta medida pero desde la empresa estatal declararon que su indemnización ya está depositada. Seguramente habrá una respuesta sindical también, ya que se trata de un afiliado a ATE.
“En CNEA logramos que no pudieran jubilar de forma compulsiva a gente que tiene tutela sindical. Se está jubilando gente porque muchos profesionales tienen una edad avanzada y luego no se repone personal y eso está reduciendo la planta de la CNEA. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo todos los empleados tienen derecho a seguir en su puesto hasta los 70 años si así lo prefirieran. En el año 2017, el Gobierno de Macri decidió excluir de este derecho a los empleados públicos. En Dioxitec, entre jubilaciones compulsivas y despidos hay un 10% menos de empleados, y la demanda de Dioxitec no cambia, tiene que seguir con la misma producción”, explicó Kreiner.
