AgendARProducción Argentina

“Es una trampa espiralizada”. La generala Laura Richardson, anterior titular del Comando Sur estadounidense, calificó de ese modo a los préstamos provenientes de la República Popular China en una conferencia que dio sobre las relaciones de las potencias con América Latina ante el Foro de Seguridad de Aspen, en Abril de 2022. El dinero, dijo, “contiene ataduras”. Continuó su exposición: “Es tentador, pero es una trampa de deuda (…), los préstamos se pagan. O bien con dinero o bien cediendo soberanía”.

No requiere más esfuerzo que cambiar el nombre de la superpotencia para darnos cuenta de que había, en aquel discurso de Richardson, contenida una receta -casi un manual- para que los Estados Unidos intervengan en el continente. Es imposible leer el hilo de tuits de Scott Bessent con el que amanecieron ayer los mercados sin pensar en los costos que, en dinero o soberanía, deberá pagar la Argentina por lo que, sea lo que sea que signifique cuando se conozcan los detalles, aparece como una generosidad inédita del Tesoro estadounidense.

Las razones de esa generosidad hay que buscarlas en el propio liderazgo de Donald Trump, cuya intervención acaba de cerrar el cuarto salvataje político para la Argentina, tras el fracaso al menos relativo de los dos que negoció en el Fondo Monetario Internacional para el Gobierno de Macri y el que garantizó al de Javier Milei hace apenas unos meses. El mensaje de tempranísimo apoyo a la reelección presidencial, los elogios y la caracterización del peronismo como parte de la “izquierda radical” evidencian un auxilio que no es al Estado argentino sino a su Gobierno y que tiene una contundencia difícil de empardar por su significado no sólo en la política exterior -por el peso de los Estados Unidos- sino por el que mantiene en el seno del círculo rojo, tanto entre la política como en el empresariado.

Por eso no llama la atención que la negociación haya descansado, más allá de la comunicación oficial de Luis Caputo con Bessent, en un backchannel oficioso, que se activó con el viaje del secretario del Tesoro estadounidense en febrero. Aquel día, minutos después que el de Bessent, aterrizó el célebre avión negro con dos empresarios relacionados a CPAC, el Comité de Acción Política Conservadora. Transportaba a los empresarios MAGA Rob Citrone -de histórica relación con Caputo- y Matt Dellorfano.

Citrone hizo de oficiante ante Bessent, horadando la resistencia del ala técnica. En el Departamento de Estado, la presión a través de canales informales correspondió al asesor de campaña Barry Bennet, que se involucró directamente en el tema. La Cancillería se ocupó de garantizar la reunión con Trump en la Asamblea, una tarea que completó con prolijidad.

Del contenido de la asistencia se conocen apenas unas líneas. Si bien no llega tan lejos como Mario Draghi y aquel famoso “whatever it takes” con el que dio reaseguro a los inversores de que detrás de la deuda italiana, española o portuguesa no estaban sus estados quebrados, sino el Banco Central Europeo, se le parece bastante. “What is needed within its mandate” (lo que se necesite, dentro de su mandato) es la fórmula para la intervención con la que el Tesoro estadounidense calificó el apoyo a la Argentina, un “aliado estratégico” de los Estados Unidos y del Gobierno de Trump.

En su declaración, Bessent subrayó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa” y detalló tres instrumentos concretos, aunque sin descartar otros: las líneas de swaps, que permitirían al Tesoro estadounidense y al Banco Central argentino intercambiar divisas para aliviar tensiones de liquidez; las compras directas de moneda, una forma de intervención que apuntaría a sostener el tipo de cambio o recomponer reservas; y las adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización de Intercambio.

De todas las opciones mencionadas, el único instrumento disponible con facilidad en la práctica es el Fondo de Estabilización de Intercambio (ESF), que el Tesoro puede usar por decisión presidencial y sin aprobación del Congreso. El ESF cuenta hoy con alrededor de 22 mil millones para intervenir ante riesgos para la estabilidad financiera global o regional. Los préstamos son por seis meses, prorrogables a un año por también por orden del Presidente, con reportes al Congreso y a la Reserva Federal. Entre los restantes instrumentos disponibles, aquellos que tienen alguna potencia deberían pasar por el Congreso estadounidense. Según los trascendidos, Trump estaría dispuesto a pagar el costo político de enviar el instrumento como parte de un proyecto y hacer valer su dominio casi absoluto de la estructura republicana.

Una asistencia que justifique el “what is needed” de Bessent sería impensable con un Gobierno estadounidense normal. Si algo no genera la Argentina -con su crisis de más de una década, en la que empresas e inversores redujeron sistemáticamente su exposición al país-, es un riesgo sistémico de contagio, global o regional. El antecedente más relevante de uso del ESF es el dinero que la administración Clinton otorgó a México en 1995, durante la crisis del tequila. Si los montos son comparables, las coincidencias terminan allí. México comparte una extensa frontera con EE.UU., que podría haber significado un drama migratorio en vísperas de una elección presidencial, el acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA) se había puesto en marcha apenas un año antes, México era -es- un socio comercial de los más importantes para su vecino, con un stock importante también de inversiones estadounidenses y los zapatistas eran aún considerados algo así como una insurgencia. Aún así, el Congreso estadounidense protestó fuertemente la asistencia -unos 20 mil millones en un paquete de alrededor de 50 mil millones totales que incluyó al FMI- e impuso diversas condiciones a las autoridades mexicanas, incluyendo garantías sobre recursos petroleros.

Al contrario de México, es imposible pensar estos anuncios desde una racionalidad norteamericana puramente económica. Los motivos son, entonces, políticos y de seguridad. El borrador de la Estrategia de Defensa Nacional elaborado por el Pentágono y bajo análisis de la Administración Trump prioriza el “hemisferio occidental” (eufemismo gringo para el continente americano) como área privilegiada de intervención e influencia estadounidense, junto con la seguridad interior. Las preocupaciones globales que dominaban las formulaciones de gestiones anteriores aparecen postergadas.

La estrategia continental se refleja de múltiples maneras. El reciente despliegue militar en el Caribe, con buques de guerra y aviones caza avanzados para poner presión sobre Venezuela, es reflejo de esta idea, del mismo modo que la reciente des-certificación de Colombia como país que lucha contra el narcotráfico -condicionando la futura asistencia a acuerdos entre el Gobierno de Trump y quien suceda a Gustavo Petro- y una fuerte preocupación sobre la presencia de potencias de fuera de la región -China- en la logística y el comercio de los países del continente. La adquisición por Blackrock de los puertos ubicados a ambos lados del Canal de Panamá, antes en manos de empresas chinas, tras la amenaza de una reocupación militar estadounidense con la que Trump coqueteó en público en diversas ocasiones desde su asunción, es un ejemplo que debería complementarse con las amenazas sobre el puerto de Chancay, en Perú. Desarrollado por la china COSCO Shipping Ports, es el primero inteligente y automatizado de Sudamérica, capaz de recibir los buques más grandes del mundo, y podría integrarse por ferrocarril con Brasil. Sería la plataforma exportadora más importante de la región, con vocación bioceánica. Cerca de Trump, sugirieron en su momento aplicar aranceles del 60% a cualquier mercadería que salga de ese puerto.

En Argentina, la traducción de esa preocupación logística y de infraestructura es Tierra del Fuego, que recibió variadas y consistentes muestras de interés por parte del Comando Sur, por la negativa, advirtiendo sobre un posible puerto o centro logístico chino, al que recientemente se sumó la sugerencia de establecer una instalación, posiblemente una base militar estadounidense en la isla, relevante como nodo tanto para la conexión antártica como interoceánica, en caso de una crisis disruptiva de cualquier índole sobre el Canal de Panamá como la que afectó al tráfico en el Canal de Suez por el accionar de los Hutíes en Yemen. Los márgenes de una Argentina dependiente de los recursos estadounidenses para rechazar la cesión de soberanía que implica una posible presencia militar de una potencia extranjera parecen acotados. La importancia de Tierra del Fuego en la negociación fue confirmada por una fuente muy encumbrada en la anterior administración estadounidense a un importante dirigente político de la oposición.

Son importantes también los costos que se pagarían en la relación con otros países. ¿Podría el Gobierno de Estados Unidos exigir también el cierre de la estación de observación del espacio profundo, construida por y operada en conjunto con la República Popular China? Se trata de una vieja obsesión norteamericana que hasta el momento nunca fue apañada por ningún gobierno: ni CFK, ni Macri, ni Alberto Fernández. En su tiempo de canciller, Diana Mondino se había pronunciado en el mismo sentido. ¿Cambiará algo? ¿Qué pasará con el swap que cuestionó en voz alta Mauricio Claver Carone? Dudas sobre la soberanía, que acompañan al dinero.

Otras pretensiones estadounidense que aparecían en carpeta se vinculan a los recursos naturales. Minerales estratégicos como litio y cobre, y recursos hidrocarburíferos, que podrían aparecer incluidos en el contexto de la negociación comercial en curso. Los márgenes del Gobierno nacional en estas áreas, sin embargo, son limitados. Cualquier concesión especial a los Estados Unidos debería atravesar la barrera que supone el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales.

Con todo, sería imposible entender la asistencia del Tesoro si no existieran razones políticas más coyunturales. Si uno busca en la red social de Elon Musk el anuncio de Bessent sobre Argentina, encontrará un tuit después otro sobre el agravamiento de las sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil que acaba de liderar la investigación que condenó a Jair Bolsonaro a más de dos décadas y media en la cárcel. La administración Trump dijo, de forma bastante inequívoca, que no pretende dejar caer al Gobierno de Javier Milei y que está dispuesto a hacer incluso más que lo que hizo por el de Macri. No ya con el voto en el Fondo Monetario, sino aportando recursos propios.

El anuncio no es un mensaje sólo para los mercados. Para las diversas opciones que se ubican en la oposición más o menos dialoguista, que se expresa entre otros sectores en el armado de Provincias Unidas, el respaldo explícito hacia Milei de la administración estadounidense supone un dilema. La eventual amenaza de llevar los enormes diferendos causados por las políticas oficiales hasta las últimas consecuencias y hacer valer la debilidad legislativa de La Libertad Avanza se convierte no ya en un enfrentamiento con el Gobierno nacional, sino con su garante externo.

Para el peronismo, las perspectivas también aparecen complejas. El volumen del respaldo al aliado local y las sanciones en curso contra gobiernos como el brasileño o colombiano -que están lejos de haber adoptado políticas de confrontación radical con el norte- muestran una posible tensión que enfrentarán en una situación sumamente vulnerable. El Gobierno estadounidense podrá, en el futuro, apalancarse en cualquier asistencia que otorgue ahora, que se sumará a la capacidad que ya tenía de condicionar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones comerciales en curso y hasta, lateralmente, el juicio que se sigue en Nueva York por la estatización de YPF.

El dinero calma, pero no resuelve los problemas de sostenibilidad del modelo económico, particularmente en lo monetario. Fue eso lo que estalló la semana pasada -empujado, pero no causado- por la mala gestión de la política parlamentaria. Las tasas de interés que precedieron la elección bonaerense muestran la credibilidad que los mercados otorgaban a la capacidad del Gobierno de sostener el valor de la moneda, un problema agravado por la no acumulación de reservas en los primeros meses del año. ¿Estados Unidos va a desembolsar o comprometer recursos en estas condiciones? El anuncio sobre las retenciones podría dar una pista. Los plazos burocráticos podrían retrasar la intervención estadounidense hasta después de las elecciones, cuando podrían obrar como respaldo de un esquema monetario más sostenible, con exigencias de ajuste niveladas con otras vinculadas a la sostenibilidad externa y acumulación de reservas que garanticen el pago de la deuda. La devaluación aparece en el horizonte postelectoral casi como una certeza.

¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Permitirá un nuevo endeudamiento, o incluso un rolleo de deuda existente, en las condiciones que fije el Tesoro estadounidense? ¿Se animará a rechazar un decreto escrito a la medida de una decisión de Trump? El Gobierno de la que todavía es la principal potencia global decidió apostar un pleno a la suerte de Milei. Los frutos del alineamiento incondicional que ordenó la política exterior del presidente colocan al país en una transformación que hace imposible la vuelta a un estado anterior. El Gobierno acaba de ganar márgenes económicos a costa de márgenes de decisión para el Estado argentino en el futuro, cuyo ejercicio se ha vuelto irremediablemente más costoso. En un mundo en transformación, donde los intereses nacionales no se solapan por sí mismos con los de ninguna gran potencia, la pérdida de autonomía es uno de los precios más elevados posibles por cualquier beneficio efímero.

Iván Schargrodsky