Dos ingenieros nucleares del Balseiro a la CNEA. AgendAR se pregunta cómo sigue

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Con kilometraje previo en investigación, docencia y dirección de proyectos, dos ingenieros nucleares del Instituto Balseiro asumieron los cargos de presidente y vicepresidente de la CNEA.


Germán Guido Lavalle entró a la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro (la única en la región) en 1984. Luis Rovere había egresado un año antes de la misma. Desde mayo de 2024, son el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tienen trayectoria en investigación, innovación, docencia y gestión de proyectos tecnológicos e instituciones académicas.

Aquí hay una entrevista que les hizo la gente de prensa de la CNEA en el canal de Youtube del Balseiro (bit.ly/youtubebalseiro).

Guido Lavalle, doctorado en ingeniería nuclear, considera un orgullo presidir la CNEA. “Estar en este lugar en este momento es un honor y una responsabilidad muy grande. Entendemos que hay una oportunidad enorme de hacer cosas por la relevancia que la energía nuclear y sus aplicaciones tienen, y por las capacidades enormes, particularmente de recursos humanos, que tiene la Comisión de Energía Atómica”. El CV de Guido Lavalle dice que fue rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y que fundó su propia empresa de tecnología.

Rovere dice que la CNEA dispone de una enorme cantidad de recursos, laboratorios e ideas que surgen todo el tiempo, y que el desafío es articularlas, potenciarlas y darles impacto en la economía del país. Fue gerente del Centro Atómico Bariloche, dentro del cual está incubado el Balseiro, y hasta hace días dirigió la Fundación Intecnus de Bariloche. Paradójicamente, Intecnus, fundada por la CNEA, es el único servicio de medicina nuclear de toda Río Negro, la provincia donde hace 74 años, la Argentina inició sus primeras tentativas de tener un programa nuclear.

«El Balseiro me enseñó a pensar«

Otra pregunta que respondieron ambas autoridades fue qué enseñanza principal del Balseiro aplicaron en sus trayectorias profesionales. “El Balseiro me enseñó a pensar”, respondió Guido Lavalle y contó que después de doctorarse, trabajó en el campo de la simulación con modelos computacionales, en el análisis de seguridad de la Central Nuclear Atucha.

“Modelar es entender las relaciones causales entre distintas variables, entre distintos parámetros. Los ingenieros tratamos de poner esas relaciones en una ecuación para explicar, por qué, por ejemplo, la Tierra atrae un objeto o por qué funciona un reactor nuclear. Entonces a mí el instituto me enseñó a hacer eso, construir modelos, buscar esas relaciones causales entre las cosas y en este caso, llevarlo a una aplicación concreta que es cómo reacciona un reactor nuclear”, contó Guido Lavalle.

Para Rovere, la enseñanza principal que le dejó el Balseiro fue la enseñanza experimental. “Para mí es haber estado expuesto durante la carrera a diferentes temas y a la fantástica opción de tener laboratorios disponibles. En esa época inclusive estaban abiertos los laboratorios 24 horas. Estabas haciendo un informe un sábado a la noche y resulta que había un punto en una curva que no daba exactamente. Volvías al laboratorio a medir o ibas a la biblioteca, sacabas el libro, dejabas la tarjetita en el buzón. Era una cosa única que, bueno, realmente dio un contexto de aprendizaje fantástico”, dijo.

“Si uno pudiera resumir en una sola variable, en un solo producto, el más significativo, diría que sería el perderle miedo a hacer cosas nuevas (…) Aprender a interactuar con otras personas, con el equipo, con el afuera. Es esa valentía o ese coraje de no arrugar frente a desafíos”, sintetizó Rovere, quien a inicios de su carrera profesional también trabajó en modelado de reactores, en su caso en los Estados Unidos.

En la entrevista completa, que se puede ver en el canal principal de YouTube del Instituto Balseiro, también cuentan detalles sobre sus trayectorias profesionales. Ambos han desarrollado extensas carreras dando clases y también administrando proyectos de distintos sectores, incluyendo la salud como en el caso de Rovere o la Inteligencia Artificial en el caso de Guido Lavalle.

En el video, ambos opinan, con la perspectiva de haberse egresado hace cuatro décadas y ahora dirigir la CNEA, sobre qué significa el Balseiro para el país, cuáles son los desafíos centrales en la nueva etapa de gestión de la CNEA y qué consejo les darían a estudiantes que se están formando en carreras afines. Para mirar la entrevista completa, publicada en la serie “Visitas IB”, se puede ingresar a este link: bit.ly/youtubebalseiro01

Opinión de AgendAR:

Ninguna objeción de nuestra parte a estos dos nombramientos en la CNEA. Son gente sólida, del ambiente nuclear y bien conceptuada.

No es llamativo que al gobierno de Javier Milei le haya costado casi medio año encontrar gente con muy buena curricula y capaz de poner la cara por un gobierno explícitamente anticientífico, económicamente extractivista y geopolíticamente, pro-colonial. No sabemos cómo puede resolverse esta contradicción y no hacemos apuestas.

En una reciente entrevista en Econojournal, Guido Lavalle tomó ya una primer decisión importante: hará una revisión crítica de diseño de la centralita nuclear compacta CAREM, cuya construcción Milei paralizó el mes pasado, tras echar a casi 600 trabajadores, técnicos y expertos de la obra. Revisiones críticas de diseño el CAREM tiene muchas, y de ellas resultaron bastantes cambios de ingeniería básica: otra más no le puede hacer daño.

En los proyectos complejos e innovadores, en que el diseño es tentativo, uno va despacito y por las piedras, como cruzando un río bravo. Hay varios componentes metálicos del CAREM que todavía deben ser probados no ya en modelos computados si no en la realidad física, notoriamente los generadores de vapor.

Pero en este proyecto sobran rivales internacionales, muchos de los cuales copiaron sin problemas la ingeniería básica del CAREM, notoriamente en Corea y EEUU. Salvo China, que acaba de terminar el Linglong, todo lo que los otros contendientes son planos, cálculos, promesas, sobrecostos, alguna que otra quiebra y nada tangible. Nosotros tenemos una obra, detenida por Mauricio Macri, y hoy vuelta a interrumpir por Javier Milei. Urge llegar antes que nuestros competidores a una centralita terminada, activa y conectada a red. El primero que lo logre tendrá un «show room» para recibir visitantes internacionales expertos, eventuales inversores, y empezar a tejer un camino crítico hacia despliegue de unidades comerciales y exportaciones.

No es nada que la Argentina no haya hecho antes: la inaguración del RA-6, un pequeño reactor multipropósito y mayormente académico, construido por INVAP para la CNEA e inaugurado en 1982, disparó ventas internacionales inmediatas: dos reactores en Perú, el RP-0 y RP-10 terminados en 1987, y después la venta de unidades a Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda.

El de Australia, inagurado en 2006 en Sydney y llamado OPAL, es todavía considerado el mejor del mundo en su tipo, y como fábrica de radioisótopos médicos, llegó a copar el 40% del mercado mundial. El de Holanda, que está en su primer año de obra en Petten, sobre las playas del Mar del Norte, en 2030 empezará a hacerle una fuerte competencia, pero hay lugar porque la medicina nuclear es un mercado que viene creciendo un 8,8% anual. INVAP es, por ahora, el más exitoso fabricante y constructor de reactores nucleares del mundo. Sin el pequeño RA-6, nada de esta trayectoria habría existido. La red global de oficinas de INVAP puede ser muy útil no sólo para vender el CAREM, sino construirlo.

Lo que no tenemos, es un demostrador tecnológico terminado y entregando potencia a la red, y que se pueda medir, entre otras cosas, su factor de disponibilidad.

Bienvenidas las revisiones técnicas del proyecto CAREM. Pero como en su trayectoria, desde su presentación en 1984 no le han faltado enemigos ni palos en las ruedas, si ésta revisión se hace sin reanudar la construcción de la obra civil y la fabricación de componentes metálicos esenciales, es trampa. Y si en esa revisión pintan consultoras extranjeras, también es trampa.

Por ahora, y por ser nacidos y criados en el Programa Nuclear Argentino, Agendar está dispuesto a pensar bien, y que Guido Lavalle y Rovere se quedan en la trinchera en el peor momento. El que viva, lo verá, como suele decir Abel Fernández, el dueño de AgendAR.

Hablando de lo cual, el RA-10 se acaba de parar nuevamente, en su predio de Ezeiza. Otra vez sopa. Para sorpresa de nadie.

No es una central nuclear compacta, aunque por su potencia térmica (30 MW) podría ser una en miniatura. El RA-10 es un animal de otra especie: un reactor multipropósito, una universidad nuclear al servicio de distintas ciencias e ingenierías, un exportador de silicio irradiado para la industria microeléctrónica, y por sobre todo, una considerable máquina de fabricar radioisótopos médicos e industriales.

En este mercado, competirá contra el OPAL australiano y el holandés en Petten… ambos también de diseño y fabricación argentinos. Para sorpresa de muchos argentinos, somos los grandes expertos en este tipo de plantas. Por eso, con el reactor a mitad de obra, en 2017, ya había clientes tratando de asegurarse su producción. Macri paró la obra, por supuesto. ¿No lo iba a hacer Milei?

Faltaba un año y medio para terminarlo y empezar a facturar U$ 90 millones/año en radioisótopos médicos, sin contar venta de servicios. El RA-10 puede, por capacidades, capturar fácilmente el 20% del mercado mundial de radioisótopos, valuado en U$ 9920 millones/año en 2024, y con una expansión prevista a U$ 14.770 millones en 2029. En suma, de haberse terminado en 2018, según lo previsto, con una buena campaña de ventas el techo hoy podría estar vendiendo y exportando U$ 2000 millones/año, eso sin contar servicios de irradiación de silicio para la industria electrónica, y de testeo con haces de neutrones de nuevos materiales, no necesariamente nucleares.

La verdad es que el RA-10, por potencia y diseño, puede ganar bastante más que eso. Puede pagar su construcción en 4 años de ventas, y durar en servicio sin grandes reingenierías 56 años más, facturando.

Guido Lavalle y Rovere pueden ser recordados como los que terminaron el RA-10 y dejaron el CAREM casi a inaugurar.

O no.

Daniel E. Arias

La diplomacia de Elon Musk: Milei, Bolsonaro, Modi

Elon Musk ha creado una constelación de jefes de Estado aliados —Javier Milei en Argentina, Narendra Modi en India— para impulsar sus políticas y expandir su imperio empresarial.

Unos minutos después de que se hizo evidente que Javier Milei había sido elegido presidente del segundo país más grande de América del Sur, en noviembre, Elon Musk publicó en la red social X (antes conocida como Twitter): “La prosperidad está por venir en Argentina”.

Desde entonces, Musk ha seguido usando X, la red social de la que es dueño, para alentar a Milei. El multimillonario ha compartido videos en los que el presidente argentino ataca la “justicia social” con sus 182 millones de seguidores.

Musk ha ayudado a convertir al belicoso libertario en uno de los nuevos rostros de la derecha moderna. Pero fuera de línea, ha aprovechado esta relación para ejercer presión y obtener beneficios para sus otras empresas, la fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la constructora de cohetes espaciales SpaceX.

“Me llamó Elon Musk”, afirmó Milei en una entrevista por televisión unas semanas después de asumir el cargo. “Está sumamente interesado en el litio”.

Musk ha declarado que el litio —el elemento blanco-plateado que es el principal componente de las baterías de los autos de Tesla— es “el nuevo petróleo”. Tesla lleva mucho tiempo comprándole litio a Argentina, que es el segundo país con mayores reservas. Ahora, Milei presiona para que las mineras internacionales de litio reciban beneficios importantes, lo que probablemente le daría a Tesla un flujo más estable —y quizá más barato— de uno de los recursos más vitales para la empresa.

Milei se ajusta a un patrón que sigue Musk de fomentar relaciones con una constelación de jefes de Estado de derecha, con beneficiarios muy claros: él mismo y sus empresas.

Musk, de 52 años, ha utilizado en repetidas ocasiones una pieza de su imperio empresarial —la red social X— para expresar su apoyo a políticos como Milei, Jair Bolsonaro de Brasil y Narendra Modi de India. En la plataforma, Musk ha respaldado sus posturas en temas de género, ha celebrado su oposición al socialismo y ha confrontado con agresión a sus enemigos. Musk incluso cambió personalmente las políticas de contenido de la plataforma X de una forma que pareció beneficiar a Bolsonaro, según dijeron dos exempleados de la plataforma.

Musk, a su vez, ha presionado y obtenido ventajas corporativas para sus empresas más lucrativas, Tesla y SpaceX, según un análisis de The New York Times. En India, logró que se le cobraran aranceles menores por la importación de los vehículos de Tesla. En Brasil, abrió un importante mercado nuevo para Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX. En Argentina, aseguró el acceso al mineral más crucial para las baterías de Tesla.

El respaldo de Musk les ha dado a muchos jefes de Estado nacionalistas y de derecha más prestigio internacional, el cual no han dudado en promocionar como una validación de sus políticas y popularidad.

En septiembre de 2015, Musk recibió a Modi en la fábrica de Tesla en Fremont, California. Modi, político nacionalista indio, había sido electo primer ministro de India un año antes, cuando su partido, Bharatiya Janata, arrasó para llegar al poder, y visitaba Estados Unidos para reunirse con líderes empresariales.

Musk y Modi posaron para las fotos cerca de un flamante automóvil rojo Model S. Comentaron que los “paneles solares y las baterías” podrían brindar electricidad a regiones rurales de India sin necesidad de líneas eléctricas, señaló Musk en ese entonces.

“Comprendí su visión”, dijo más tarde Modi.

Fue una de las primeras instancias en que Musk sostuvo una reunión en público con un líder nacionalista. Además, fue el principio de un plan a largo plazo con Modi, relación que tardó años en desarrollar y comenzó a redituarle a Musk después de que compró Twitter..

Narendra Modi stands at a lectern in a stadium filled with people.
El primer ministro indio, Narendra Modi, el año pasado. En 2015 visitó a Musk en una fábrica de Tesla en Fremont, California.Credit…Atul Loke para The New York Times

India podría ser un mercado masivo para Tesla, que necesita incursionar en regiones nuevas para crecer. Pero ese país prácticamente prohibió los vehículos eléctricos construidos por fabricantes extranjeros. En años recientes, los aranceles impuestos en India a los vehículos eléctricos importados han aumentado hasta un 100 por ciento.

Musk recurrió en un principio a la diplomacia personal tradicional: se reunió con Modi y les ordenó a los empleados de Tesla estrechar relaciones con algunos funcionarios.

Después de que Musk compró Twitter en 2022, aprovechó su nueva palanca. La plataforma, renombrada como X, se utiliza ampliamente en India —hasta Modi lo hace y tiene casi 98 millones de seguidores— y es un foro importante de debate político.

Musk se reunió en persona con Modi de nuevo en junio pasado, cuando el primer ministro visitó Nueva York. Se identificó como “fan de Modi” y afirmó que Modi estaba “alentándonos a hacer inversiones significativas en India, algo que planeamos hacer”.

Para entonces, los empleados de Tesla de nuevo sostenían conversaciones con los asesores de Modi sobre una reducción de los aranceles y una inversión en India, según indicaron dos personas familiarizadas con las conversaciones. Rohan Patel, quien era vicepresidente de política pública y desarrollo comercial de Tesla, viajó a India en varias ocasiones. Por su parte, Piyush Goyal, ministro de Comercio de India, visitó la fábrica de Fremont en noviembre.

En enero, Musk publicó en X que India debería recibir un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que reforzaría la posición internacional de India. “Que India no tenga un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, a pesar de ser el país más poblado del planeta, es absurdo”, escribió Musk.

Todo parece indicar que Modi se percató del comentario. Dos meses después, India anunció que había decidido reducir algunos aranceles de importación para los fabricantes de automóviles eléctricos que se comprometieran a asignar por lo menos 500 millones de dólares a la producción de vehículos en el país. La política redujo los aranceles del 100 al 15 por ciento del precio de cada automóvil, específicamente para los vehículos eléctricos con un precio superior a 35.000 dólares.

La descripción se ajusta a Tesla a la perfección. Sus automóviles Model 3 tienen un precio de 38.990 dólares.

Para 2021, Musk ya aplicaba una táctica similar para introducir el servicio de internet de su red de satélites Starlink en Brasil, gobernado en ese entonces por Bolsonaro, presidente populista de derecha elegido tres años antes. En esa época, Starlink estaba en pañales, con menos de 150.000 usuarios en 25 países.

En octubre de 2021, Fábio Faria, ministro de Comunicaciones de Brasil y uno de los organizadores de la campaña de reelección de Bolsonaro, le envió una carta a Musk en la que le decía que “Starlink y Brasil pueden ser excelentes aliados”, según consta en correspondencia obtenida por las leyes de transparencia de información del país.

Semanas más tarde, Faria visitó a Musk en Texas. Tras su regreso a Brasil, Faria presionó a los reguladores para que aprobaran a Starlink. En cierto momento, instó a la agencia espacial de Brasil a mantenerse al margen de cualquier debate sobre los satélites de SpaceX en el país, según testificó más adelante ante el Congreso Nacional de Brasil.

Los reguladores de Brasil aprobaron la operación de Starlink en diciembre de 2021, siete meses después de presentada la primera solicitud del servicio. Fue la más rápida de las cinco aprobaciones que los reguladores les otorgaron a prestadores de servicios de internet por satélite.

Musk ayudó más tarde a Bolsonaro, cuando enfrentó una difícil batalla en su campaña de 2022 por la reelección.

El 20 de mayo de ese año, Musk hizo un viaje sorpresa a Brasil para hacer un anuncio importante con el presidente. Starlink iba a llegar al país y planeaba ofrecerles acceso a internet a 19.000 escuelas rurales, además del monitoreo ambiental de la Amazonía, según indicaron durante un evento en un complejo hotelero cerca de São Paulo. Bolsonaro le entregó a Musk una medalla y lo llamó una “verdadera leyenda de nuestra libertad” por su oferta de ese año para comprar Twitter..

A black-and-white photograph shows Mr. Musk shaking hands with Jair Bolsonaro.
En mayo de 2022, Musk se reunió con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil en ese momento, en un complejo turístico cerca de São Paulo, para hacer un anuncio sobre Starlink y las escuelas brasileñas.Credit…Ministerio de Comunicación de Brasil, vía via Associated Press

Pero solo había un inconveniente: el plan de ofrecerles conexión a las escuelas nunca se concretó, explicó Carlos Baigorri, principal regulador de telecomunicaciones de Brasil, quien ayudó a aprobar el ingreso de Starlink en el país. “En realidad no creo que siquiera haya existido”, comentó acerca del plan.

Musk y Bolsonaro se beneficiaron de cualquier manera. Musk había atrincherado a SpaceX en un mercado vital, en el que Starlink tiene ahora 150.000 cuentas activas, según la reguladora de telecomunicaciones de Brasil. La campaña de Bolsonaro logró promover la agudeza comercial del presidente y presentarlo como defensor de la Amazonía antes de las elecciones.

El favor de Musk no evitó que Bolsonaro perdiera la presidencia ante Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de izquierda de Brasil, en octubre de 2022. Pero en unas semanas, Musk, que acababa de concretar su acuerdo para comprar Twitter, intentó de nuevo ayudar a Bolsonaro.

Los partidarios de Bolsonaro habían comenzado a impulsar acusaciones en Twitter de que algunos jueces brasileños habían inclinado la balanza en las elecciones cuando les ordenaron a las redes sociales eliminar publicaciones y cuentas con ideología de derecha. Mientras estaban instalados frente a bases militares para exigir la anulación de las elecciones, Musk alimentó sus sospechas dando a entender que los antiguos jefes de Twitter habían contribuido a la derrota de Bolsonaro.

“Es posible que algunos empleados de Twitter les hayan dado preferencia a los candidatos de izquierda”, publicó en diciembre de 2022, sin mencionar ninguna evidencia. Más tarde, escribió que la empresa “quizá tenga personas en el equipo de Brasil con un fuerte sesgo político”.

En 2022, uno de los proveedores de litio de Tesla anunció una inversión de 1100 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Argentina. Desde entonces, Musk ha mostrado gran interés en la política argentina ―particularmente en Milei―, lo que ha generado uno de los bromances o “romance entre hermanos” más evidentes entre las relaciones políticas de Musk.

Milei, economista libertario y comentarista de televisión, promovió durante su campaña la idea de sacar al gobierno de la economía y establecer una relación más estrecha entre Argentina y Estados Unidos. Al igual que Musk, insulta con frecuencia a sus críticos, tiene un hábito intenso con las redes sociales y está muy preocupado por la amenaza de la cultura progre.

Unos días antes de la toma de posesión de Milei en diciembre, hablaron directamente por primera vez y Musk le preguntó sobre el litio de Argentina. En los meses posteriores, Milei ha impulsado legislación que haría mucho más atractiva la extracción de litio en Argentina para los inversionistas extranjeros.

Su proyecto legislativo de gran envergadura, que le otorgaría, durante el año próximo, amplias facultades en situación de emergencia sobre la economía y la energía de Argentina, incluye un gran beneficio para Tesla: incentivos significativos para inversionistas extranjeros con proyectos grandes, en especial en la industria minera.

Esas empresas recibirían recortes fiscales sustanciales, exenciones de impuestos aduaneros y beneficios de cambio de divisas, así como certidumbre fiscal y regulatoria por un periodo de 30 años. Es probable que califique el proveedor de litio de Tesla. En tal caso, el plan de Milei le daría a Tesla una estabilidad y predictibilidad inusuales en cuanto a su acceso a litio en Argentina por lo menos hasta 2054.

La propuesta fue aprobada en la cámara baja del Congreso de Argentina el 30 de abril.

A black-and-white photograph showing Javier Milei standing with Mr. Musk, both with thumbs up on both hands.
Imagen distribuida por la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajó a Austin, Texas, en abril para visitar a Musk en una fábrica de Tesla.Credit…Presidencia de Argentina/Reuters

Musk ya ha visto otros dividendos de Milei. En uno de sus primeros actos como presidente, Milei aprobó una orden ejecutiva con 366 disposiciones. Cuando sintetizó los puntos clave de la orden en un discurso por televisión, Milei mencionó solo una marca corporativa específica: Starlink.

SpaceX había intentado lograr la aprobación de Starlink en Argentina desde 2022, pero estaba en un atolladero burocrático. Milei no tardó en reducir las regulaciones aplicables al internet por satélite, lo que le permitió a Starlink arrancar operaciones en el país en marzo.

CONICET: todo bien con los papers, pero la ciencia argentina debe patentar más

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“En un país con el 50% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos que apostar a la innovación científico-tecnológica. No podemos perder cuatro años más. ¿Qué esperamos?”

Esta pregunta obsesiona a Hugo Menzella, doctor en biología molecular, profesor, tecnólogo y emprendedor, una especie de genio loco acostumbrado a remar contra la corriente y el status quo. En un sistema científico que solo evalúa a sus investigadores por publicar papers y no por patentar sus hallazgos y transformarlos en tecnologías y productos innovadores para generar riqueza económica para el país, él se empecinó en patentarlos, asociarse a inversores privados y junto a sus colegas de la Universidad de Rosario crear empresas de base científico-tecnológica como Keclon. En 2021 inauguraron una fábrica modelo en San Lorenzo, Santa Fe, que utiliza herramientas de ingeniería genética, biología sintética y técnicas de evolución dirigida para producir enzimas para las industrias alimenticia, oleoquímica y farmacéutica. Una enzima que lanzaron al mercado recientemente incrementa la producción de aceite de soja en un 2,5%. Rovena y Molinos Agro, dos de las mayores aceiteras del mundo, ya la usan.

«Salvo honrosas excepciones, hasta ahora la mayoría de las autoridades y científicos del Conicet, así como los gobernantes que definieron la política del sector, no han apostado a la innovación científico-tecnológica como motor del desarrollo productivo de nuestro país»

La Argentina produce 10 millones de toneladas de aceite al año. Las tecnologías desarrolladas por Keclon permiten obtener más aceite y una mayor valorización de otros subproductos de la industria aceitera. “Considerando los mínimos y máximos de la cotización internacional del aceite de soja en los últimos cuatro años, esto equivale a un ingreso adicional de divisas para el país de entre 250 y 500 millones de dólares”, explica Menzella. “Es el doble del presupuesto del Conicet. Si hubiera 100 empresas como Keclon, la ciencia argentina podría generar miles de millones de dólares al año para sacar a millones de personas de la pobreza y a la vez autofinanciar el Conicet”.

Salvo honrosas excepciones, hasta ahora la mayoría de las autoridades y científicos del Conicet, así como los gobernantes que definieron la política del sector, no han apostado a la innovación científico-tecnológica como motor del desarrollo productivo de nuestro país. Es lo que hacen todas las naciones desarrolladas del planeta y también las que se deciden a serlo. Desde Estados Unidos a China, de Japón a Corea del Sur, de Israel a Canadá, Alemania, Islandia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia e Irlanda. La lista es cada vez más larga. Estos países comprendieron que el conocimiento es la base del progreso económico y social sostenido, no los recursos naturales. Los commodities, como la soja, el petróleo y la minería, nos permitirán salir del pozo y mantener lo que ya existe si no los castigamos con retenciones y precios distorsivos. Pero si queremos crecer a tasas aceleradas, reducir la pobreza y apostar al progreso sostenido, tenemos que enriquecer nuestra matriz productiva. Hasta los jeques de Arabia Saudita, conscientes de que el petróleo tiene los días contados, están modernizando su país y quieren convertirse en líderes mundiales en inteligencia artificial. Ellos tienen que empezar de cero. Nosotros, en cambio, tenemos una larga tradición científica con tres premios Nobel e investigadores y emprendedores valorados en todo el mundo. ¿Qué esperamos?

El gobierno actual, para evitar una hiperinflación, decidió aplicar un ajuste feroz en todos los organismos públicos. Pero Menzella opina que al Conicet hay que reestructurarlo, no destruirlo: “Hay un montón de cosas que están mal y hay que cambiar, pero la innovación científico-tecnológica es nuestra última esperanza”.

«Menzella es más categórico aún. Sostiene que publicar hallazgos sin patentarlos previamente es ‘una estafa al Estado argentino’»

Su experiencia demuestra, como la de un puñado de científicos y emprendedores tecnológicos pioneros, que la ciencia argentina es uno de los tesoros inexplorados que puede sacar al país de la decadencia de décadas. Solo hace falta un cambio de mentalidad y de dirección. Por nombrar a algunos de los ejemplos más destacados: la investigadora Raquel Chan, que desarrolló semillas tolerantes a la sequía e impulsó a Bioceres, empresa de biotecnología que hoy cotiza en Wall Street. El matemático Emiliano Kargieman, de Satelollogic, que está creando una constelación de nanosatélites alrededor de la Tierra. Cites, incubadora y fondo de inversión creado por Sancor Seguros en Sunchales, una ciudad de 25.000 habitantes, para transformar ciencia en negocios de impacto. Galtec, empresa de medicamentos oncológicos de última generación desarrollados enteramente en el país y liderada por Gabriel Rabinovich, uno de los científicos más prestigiosos de la Argentina; y el desarrollo, por parte de equipos del Conicet junto con investigadores de otras instituciones, de una molécula para combatir el Parkinson, patentada en Estados Unidos y la Unión Europea.

Ceguera ideológica

“El Conicet está sentado sobre una mina de diamantes y no se da cuenta”, afirma el experto israelí Oren Gerschtein, socio de Cites. El especialista, de Tel Aviv, se asombra ante la poca vocación que ha demostrado hasta ahora nuestro país para impulsar la transferencia tecnológica, como se denomina al proceso por el cual se vincula a los investigadores con empresarios e inversores interesados en crear y financiar empresas, productos y servicios de alto valor a partir de sus hallazgos. “Parte de las ganancias que generan esos emprendimientos después vuelven al Estado en forma de impuestos y a los científicos y sus laboratorios en forma de regalías y dividendos para financiar más y mejor ciencia”, explica. “Así funciona el modelo israelí. Para eso es imprescindible patentar los descubrimientos antes de publicarlos, para evitar que otros los copien. Nadie va a invertir en un desarrollo tecnológico si no puede capturar su valor económico”.

Menzella es más categórico aún. Sostiene que publicar hallazgos sin patentarlos previamente es “una estafa al Estado argentino, que invierte unos 31 años en la formación de un investigador, desde el jardín de infantes hasta el posdoctorado, como en mi caso. Publicar sin patentar implica destruir un activo público”, sentencia.

La Universidad de Quilmes hizo un estudio pormenorizado, titulado “Trasferencia Ciega”, que demuestra que un alto porcentaje de los hallazgos en ciencias de la vida financiados por el Estado y publicados por investigadores argentinos en revistas internacionales fueron patentados como propios por universidades y laboratorios farmacéuticos extranjeros, por no haber sido protegidos adecuadamente.

El Conicet y los investigadores se han opuesto históricamente al patentamiento, aduciendo que implica “privatizar” conocimiento que debería permanecer en el dominio público. Subyace un falso antagonismo entre ciencia básica y ciencia aplicada (tecnología), sin advertir que los países líderes en ciencia son lo que más patentan y aplican ese conocimiento a la producción de medicamentos y todo tipo de desarrollos tecnológicos.

Un total de 157 países, incluyendo a China, Cuba e Irán, integran el Patent Cooperation Treaty (PCT), el Tratado de Cooperación de Patentes que regula y facilita estos temas a nivel global. Saben que la propiedad intelectual es la materia prima de la economía del conocimiento que mueve al mundo. La Argentina es de los poquísimos países que se niega a participar.

Espíritu de pionero

Menzella, que tiene 40 desarrollos patentados, cuenta lo compleja que fue su experiencia. Tras doctorarse en biología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), trabajó en San Francisco, California, durante cinco años como líder de proyectos de ingeniería de enzimas para la industria oncológica. Con el programa Raíces regresó al país en 2010, entró al Conicet y creó con sus colegas María Eugenia Castelli, Salvador Peiru y Andrés Aguirre el Instituto de Procesos Bioquímicos y Tecnológicos (Iprobyq) en la Facultad de Bioquímica de la UNR. Su sueño era formar tecnólogos e incubar empresas tecnológicas. Pero el biólogo confiesa: “Si hubiera sabido lo difícil que iba a ser, no creo que volvería a hacerlo”.

El edificio que les asignaron estaba en un estado terrible. “Hacíamos tecnología tumbera, literalmente. En cualquier momento nos podíamos electrocutar. Había alacranes y cucarachas, hasta que un día se cayó el techo”, recuerda el investigador. En esas condiciones nació Keclon, la primera startup, que en pocos años montó su propio laboratorio como empresa independiente y empezó a construir su fábrica. Pero el Iprobyq estuvo cerrado durante tres años. “Lo reabrimos los profesores y los alumnos en 2022, en un lugar alquilado fuera de la universidad, con dinero del Conicet y apoyo de la provincia de Santa Fe. En dos años incubamos 9 startups más, varias consiguieron capital de riesgo privado. En total creamos más de 100 puestos de trabajo de calidad. ¿Cuántas empresas y divisas podríamos haber generado en el tiempo que estuvimos cerrados?”

Keclon recibió 300.000 dólares de capital inicial del programa Empretecno del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Nación y 600.000 adicionales del fondo privado Pymar. Después recibió 19 millones adicionales de inversores privados para el desarrollo de su portfolio de enzimas y la construcción de la fábrica. Este año espera facturar 6 millones de dólares y llegar a 50 millones en 2027. A pesar de estos logros, Menzella dice que la Argentina “es un país suicida, que no cuida a sus científicos y empresas”. Cuando empezaron la producción tuvieron que pagar 4 millones de dólares de adelanto de IVA. “Un crédito fiscal que quedó congelado con un dólar a 6 pesos y no recuperaremos jamás. Además teníamos el cepo: el dólar estaba a 1000 pesos y nos lo pagaban a 300″. La situación actual también es muy delicada. “Lo más duro es el fuego amigo”, confiesa Menzella. “Lidiar con la burocracia, las luchas políticas y el ahogo financiero que padecen las instituciones académicas y científicas”.

Cambio cultural

Nada lo desanima. El mes pasado invitó a Daniel Salomone, actual presidente del Conicet, a conocer el Iprobyq y Keclon. “Queríamos mostrarle con datos y evidencias lo que podemos hacer por el país. Muchos investigadores jóvenes hoy quieren crear valor económico a partir de la ciencia”.

La visita logró algo que en la Argentina de las grietas insalvables parece un verdadero “milagro” (palabra poco habitual en los claustros académicos). Al regresar a Buenos Aires, Salomone decidió reglamentar una iniciativa de su antecesora en el cargo, la doctora en química Ana Franchi, aprobada cuatro días antes del cambio de gobierno por el directorio del Conicet. Permanecía “bajo estudio”. El actual gerente de vinculación tecnológica del Conicet, Sergio Romano, se comunicó con quien ocupaba su puesto durante el gobierno anterior para entender los alcances de la medida y su puesta en funcionamiento. El 8 de mayo, el Conicet reglamentó la creación de una nueva categoría de institutos tecnológicos. Al igual que el Iprobyq, tienen por finalidad formar tecnólogos y crear empresas de base científico-tecnológica.

La palabra innovación se ha puesto muy de moda, pero es necesario aclarar que no significa solo inventar algo nuevo. En términos tecnológicos y económicos, significa inventar y producir un producto, servicio o proceso novedoso que el mercado adopta rápidamente y que genera ganancias. Si no es rentable, no es innovación.

Unir la ciencia y la producción es un hito mayúsculo en la historia del Conicet, creado bajo el gobierno del general Aramburu en 1958 y dirigida por nuestro primer premio Nobel, Bernardo Houssay, quien fue expulsado de la UBA en 1943 por firmar una solicitada contra el nazismo. Durante los años de ostracismo, Houssay continuó el trabajo junto a sus discípulos en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME), laboratorio creado gracias al financiamiento de uno de sus investigadores más destacados, Eduardo Braun Menéndez.

A lo largo de estas seis décadas, a pesar de sus magros presupuestos, cambios de rumbo y excesiva politización, el Conicet y los centros de investigación de las universidades públicas que operan bajo su órbita pusieron a la ciencia argentina en el podio internacional. Hay mucho para mejorar, pero como decía Houssay: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

Esperemos que el actual gobierno del presidente Javier Milei comprenda esto cabalmente y apoye con fondos suficientes la importante decisión tomada por el experto en clonación Daniel Salomone, a quien se le confió la conducción del Conicet. Si queremos que la Argentina vuelva a brillar entre las naciones prósperas, la educación, la ciencia y la innovación tecnológica deberán ser una prioridad. No hay ni una sola nación desarrollada que no sea líder en la economía del conocimiento. Este es un dato, no una opinión.

María Eugenia Estenssoro

La energía nuclear está en alza en el mundo. Argentina está perdiendo el tren.

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La quimérica tarea que representa el ambicioso objetivo de lograr la neutralidad del carbono, tal como por ejemplo pregona la Unión Europea para 2050 con su Pacto Verde Europeo o China para 2060, ha finalmente instalado con buenos ojos el desarrollo de la “alternativa nuclear” para la producción de energía.

Se ha visto que la limitada capacidad de generación de las fuentes renovables y la alta demanda mundial de electricidad ha impuesto una mirada renovada sobre la energía nuclear. En este contexto la energía nuclear vuelve al ruedo, esta vez y dadas las circunstancias como el gran salvador que va a acompañar a las renovables en la transición hacia una generación sin emisiones de carbono.

Sin dudas, el punto de inflexión para la valoración de la fuente nuclear ha sido la guerra de Ucrania, que al poner en crisis la normalidad en la provisión de gas ha dado el empujón necesario para el retorno de los átomos. El primer paso lo dio la Comisión Europea, poniendo en agenda a fines de 2021 la consideración de la energía nuclear como verde al menos hasta 2045 y ratificando esa condición al año siguiente. Luego las restricciones de gas a Europa desde Rusia, los incrementos en el precio de los combustibles fósiles y las más recientes inestabilidades en Oriente Medio han ratificaron la necesidad de “recuperar” la energía nuclear.

La dimensión de este cambio de valoración sobre la energía nuclear se sustenta en los sucesos históricos que han pesado sobre el particular. El accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011, provocado por un tsunami, significó un cimbronazo para la consideración de la energía atómica, que ya generaba desconfianza desde el desastre de Chernobyl (URSS, 1986): ambos accidentes, más allá de sus singulares características, alimentaron la representación del apocalipsis en la gente y empujaron a los gobiernos de muchos países no solo a desestimar un escalamiento en el desarrollo de esta industria sino incluso a sacar de servicio activo a muchas plantas nucleares en operación. Mientras que la energía nuclear llegó a significar más del 15 % de la generación eléctrica mundial en el año 2006, actualmente su producción sólo alcanza un 10% de la matriz eléctrica global.

Con el suceso de Fukushima, naciones centrales e influyentes como Japón y Alemania le bajaron el pulgar a la energía nuclear. Los alemanes pasaron de obtener más de un cuarto del total de su energía eléctrica de la provisión de 17 reactores nucleares en 2011 (133 TWh -terawatts) a apagar sus últimas 3 unidades en funcionamiento en abril de 2023. Teniendo en cuenta un consumo nacional total de 480 TWh, los alemanes debieron recurrir a profundizar el uso del carbón hasta alcanzar un 30% de ese total (179 TWh). En Japón, que en 2011 cubría el 30% de su demanda de electricidad a partir de sus reactores nucleares, se fue reduciendo esta fuente de generación hasta representar en 2019 sólo el 6% del total de la oferta eléctrica.

Más allá de los casos mencionados, tanto Estados Unidos como China se mantuvieron expectantes después de Fukushima en cuanto al escalamiento de sus proyectos nucleares. La balanza comenzó a pesar para ambos más por el lado de recuperar e incrementar capacidades de producción atómica cuando la demanda y los precios de la energía presionaron. Ambas naciones reconocen tácitamente que mantener la preeminencia a nivel global requiere poseer unas fuentes de energía suficientes, propias y tecnológicamente soberanas que puedan sostener una proyección de poder.

Estos movimientos, eminentemente geopolíticos, revalidan la mirada temprana de los inversores: los proyectos tecnológicos sobre fusión y fisión nuclear están teniendo una fuerte consideración de los fondos de riesgo, y las inversiones en la industria atómica en todo el ciclo del combustible nuclear están bullish (compradoras), desde la extracción de uranio hasta la disposición final de residuos. A modo de ejemplo mencionamos que un reciente estudio prospectivo realizado por la plataforma Crunchbase sobre la inversión en proyectos nucleares, ubica en más de u$s3.400 millones los aportes de venture capital para financiar tecnología nuclear, tanto la relacionada con la fisión del átomo como con la fusión.

Hoy nos encontramos con una serie de firmas y proyectos que tienen una mayor consideración que años atrás, desarrollando reactores nucleares modulares y/o investigando y buscando tecnológicamente la posibilidad de hacer de la fusión nuclear una alternativa comercialmente viable. Se destacan compañías como Terra Power, General Fusion y NuScale Power, que han obtenido más fondos y más tiempo para alcanzar sus objetivos: como ejemplo, detrás de Terra Power, firma con sede en el Estado de Washington (Estados Unidos), está Bill Gates y el chaebol surcoreano SK Group, financiando el desarrollo de Natrium, una nueva tecnología de reactores modulares pequeños (SMRs), con una capacidad de generación de 345 Mw (megawatts) -los reactores tradicionales en Estados Unidos producen alrededor de 1000 Mw-. Cabe asimismo destacar que China ha sido la primera en comenzar las actividades comerciales de un SMR en diciembre de 2023, al inaugurar una planta modular de 200 Mw en la provincia de Shandong.

En este segmento del mercado tecnológico Argentina tiene una oportunidad. Entre los países que acompañan en esta ruta de desarrollo de SMRs se destacan Rusia, China, Francia, Estados Unidos, Cánada, Corea del Sur, Reino Unido y Argentina, en este último caso con una planta en construcción: el reactor CAREM, ubicado adyacente a la central de Atucha.

La Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) viene desarrollándose desde 1984, cuando fue presentado su concepto durante una conferencia de la Organización Internacional de la Energía Atómica -OIEA-; se mantuvo en stand by hasta 2006, cuando fue relanzado dentro del Plan Argentino de Reactivación Nuclear, buscando la construcción de un prototipo de planta nuclear de cuarta generación de baja potencia: 32 Mw. Recién en 2014 se comenzó con la obra civil, que ha avanzado lentamente y en la actualidad se espera que el reactor esté en marcha entre 2028 y 2030.

Teniendo en cuenta este panorama, resulta auspicioso el reciente anuncio de asociación entre la firma INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para explorar en forma conjunta oportunidades de exportación del reactor CAREM y espolear el proyecto. Por otro lado, resultan alarmantes los anuncios de desafectación de fondos públicos por parte del Estado Nacional para la terminación del prototipo que, a todas luces es una excelente oportunidad de desarrollo de capacidades de generación de riqueza a partir de la alta tecnología, lo que se puede traducir en mayores niveles de bienestar social para Argentina.

Cabe resaltar en este sentido que el país forma parte de un pequeño club de naciones del mundo con capacidades tecnológicas en el ámbito nuclear, y ese es un activo muy relevante de cara a los objetivos globales de descarbonización y de ampliación de fuentes de energía, cada vez más demandadas por un mundo que consume más y más cada año. Sería muy perjudicial para una proyección de Argentina como potencia media, que el actual ruido político tire por la borda el trabajo ya realizado, más que nada considerando la oportunidad que se presenta para la industria nuclear argentina.

Gabriel Balbo

Director de ESPADE. Miembro del IRI-UNLP.

Un desarrollo argentino purifica el aire a partir de microalgas nativas

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Fue diseñado por Y-TEC e INBIOTEC-CONICET para absorber dióxido de carbono y generar oxígeno en entornos urbanos


El dispositivo Y-ALGAE, creado por Y-TEC junto a INBIOTEC-CONICET (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología de Mar del Plata), es un desarrollo tecnológico orientado a contribuir con la descarbonización en entornos urbanos y plantas industriales, donde no es posible que los árboles puedan cumplir esa función.

El componente activo de Y-ALGAE son microalgas nativas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se trata de organismos microscópicos que, gracias a la fotosíntesis, aprovechan la energía provista por la luz del sol (o luz artificial) para convertir CO2 (un gas de efecto invernadero y uno de los responsables del cambio climático) en O2 y biomasa, que puede reutilizarse en fertilizantes, biocombustibles, suplementos proteicos y hasta ladrillos.

El reactor Y-ALGAE es sólo la parte visible de un extenso trabajo de investigación y desarrollo sustentable, que lleva más de una década comprometido con la creación de plantas de cultivo de algas para tierras no aprovechables y entornos industriales.

La eficiencia fotosintética del cultivo de estas especies de microalgas la convierten en una alternativa muy promisoria para la captura de CO2 y estrategia de mitigación del cambio climático, sobre todo en lugares donde por cuestiones de urbanización y/o climáticas no es posible la forestación.

Una tecnología muy versátil que permite, además, el aprovechamiento de aguas residuales o de producción y que favorece una economía circular, en el aprovechamiento de su biomasa como fuente de energía limpia.

Estación Alcorta de YPF
En paralelo al desarrollo piloto de reactores para el cultivo algal, se diseñó un dispositivo optimizado para adecuarlo a su exposición en entornos urbanos. El primero de ellos se encuentra emplazado en la estación Alcorta de YPF, ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y Echeverría en la ciudad de Buenos Aires.

El dispositivo está diseñado para operar utilizando agua de lluvia colectada desde los techos de la estación de servicio. Una vez sembrado con las algas y luego de haber crecido, las células se separan y la mayor parte del agua puede reutilizarse como agua de riego, o eventualmente, se puede reciclar para comenzar un nuevo ciclo de cultivo. La biomasa decantada y colectada puede ser utilizada de manera casi inmediata como material de construcción de pequeños objetos, tales como macetas, o como fertilizantes potenciados
para plantas ornamentales en el mismo espacio urbano. Esto garantiza un ciclo productivo sustentable.

«EE.UU. actualiza su política sobre la Antártida y hace advertencias».

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El presidente norteamericano, Joe Biden, firmó el viernes un memorándum que actualiza la política de Estados Unidos sobre la Antártida en un esfuerzo por protegerla de los efectos del cambio climático.

El memorándum se publicó luego de que esta semana circularan informes sobre el descubrimiento de vastas reservas de petróleo y gas por parte de Rusia en una zona del territorio antártico reclamada por Chile, Argentina y Reino Unido. La Casa Blanca no aclaró si está relacionado, pero advirtió que sigue atenta a países que pueden provocar “discordia internacional” en la región antártica.

El memorándum de seguridad nacional reemplaza la política de 1994 sobre el Ártico y la Antártida y establece objetivos clave mediante los cuales Estados Unidos liderará y participará en actividades a través del Tratado Antártico, del que la Argentina es firmante.

El Tratado Antártico ha mantenido con éxito la paz en la región antártica al congelar reclamos territoriales en conflicto, prohibir actividades militares que no sean en apoyo de la investigación científica o para cualquier otro propósito pacífico, priorizar la ciencia y la protección ambiental sobre los intereses comerciales, prohibir la minería con fines no científicos. y promover la transparencia y la cooperación”, señaló la Casa Blanca

“También proporciona herramientas para verificar el cumplimiento de estas ambiciosas disposiciones, herramientas que Estados Unidos ha utilizado más que cualquier otro país, habiendo realizado 15 inspecciones no anunciadas de instalaciones en la Antártida

Seguimos atentos a acciones de países que podrían amenazar los intereses nacionales de Estados Unidos al traer discordia internacional a la región antártica. Estados Unidos trabajará con socios internacionales a través del Tratado Anártico para promover la paz y la ciencia en la región, y promover la cooperación internacional al tiempo que salvaguarda los intereses nacionales de Estados Unidos.

La nueva política tiene cuatro objetivos principales: proteger el medio ambiente antártico “relativamente virgen” y los ecosistemas relacionados; preservar y buscar oportunidades para la investigación científica y comprender la relación de la Antártida con el cambio climático; mantener la Antártida como una región de cooperación internacional pacífica; y garantizar la protección de los recursos vivos y los ecosistemas de la región.

Turistas en la Antártida occidental
Turistas en la Antártida occidentalJuan Barreto – AFP

Según el memo, las investigaciones realizadas por Estados Unidos y otros países continúan demostrando los daños del cambio climático global en la región antártica, incluso a través del calentamiento y la acidificación de los océanos, el agotamiento de la capa de ozono, el aumento del nivel del mar y la contaminación del aire y el agua.

La investigación estadounidense también ha revelado los riesgos e incertidumbres de los “puntos de inflexión” climáticos, como el colapso de la capa de hielo de la Antártida occidental.

Estados Unidos dijo que seguirá alentando a los países a establecer contribuciones “ambiciosas” determinadas a nivel nacional para 2035 en virtud del Acuerdo Climático de París para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius y establecer un sistema de áreas marinas protegidas en la Antártida.

La política actualizada se basa en el compromiso de la administración Biden-Harris de modernizar las políticas climáticas y ambientales obsoletas, según informó la Casa Blanca.

Hallazgo

El diario británico The Daily Telegraph informó esta semana que parlamentarios británicos tienen temores de que Moscú intente extraer petróleo de una parte de ese territorio austral. Informes presentados en una comisión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido revelaron que Rusia halló reservas estimadas en unos 511.000 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a aproximadamente diez veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años, el doble de las reservas de Arabia Saudita o 30 Vaca Muerta juntas.

El descubrimiento realizado por buques de la empresa rusa Rosgeo en el mar de Weddell ha despertado temores de que Moscú esté realizando exploraciones petrolíferas y de gas, e inspeccionando el continente con fines militares.

Si bien la Antártida no está gobernada por nadie, países como Reino Unido, Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda han reclamado históricamente partes de su territorio.

Elecciones en Europa: avance de los conservadores.

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Las elecciones de eurodiputados, entre el 6 y 9 de junio, parecen encaminarse a un aumento de la representación de la extrema derecha, pero las previsiones anticipan una victoria para los conservadores. La socialdemocracia, que no pasa por su mejor momento, seguirá teniendo un papel en el próximo periodo legislativo, en medio de la probable caída de liberales y verdes. La gran pregunta es si la derecha buscará alianzas con los radicales y hasta qué punto esto puede alterar las identidades políticas sobre las que pivotea la Unión Europea.

Durante los últimos meses, han corrido ríos de tinta sobre el ascenso de las derechas radicales en Europa. No es para menos. En las próximas elecciones para el Parlamento Europeo, del 6 al 9 de junio, los partidos pertenecientes a esta familia política pueden ser la primera fuerza en ocho países, entre ellos dos de las cuatro principales economías de la eurozona: Francia e Italia. Además, también mejorarán sus resultados en otros Estados donde su fuerza era limitada, como Alemania, Rumania o Portugal, lo que aumentará considerablemente el tamaño de sus grupos en la Eurocámara: Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (CRE). El primero congrega a partidos como Hermanos de Italia (de Giorgia Meloni), Ley y Justicia de Polonia, Vox de España, Demócratas de Suecia y el Partido de los Finlandeses. El segundo, a Agrupación Nacional de Marine Le Pen, La Liga de Italia, Alternativa para Alemania y el Partido Popular Danés. Al crecimiento de estos dos bloques hay que sumarle las pérdidas de grupos parlamentarios claves en la agenda europea de estos años como los socialdemócratas, los verdes o los liberales. 

Según las pocas encuestas publicadas con estimaciones de escaños, los socialdemócratas obtendrían entre 136 y 145 asientos de los 720 que compondrán este año el Parlamento, entre 9 y 18 menos que en 2019. Seguirán siendo, no obstante, la segunda fuerza y tendrán un papel clave en el tablero europeo, pero los pronósticos son una nueva llamada de atención tras una década en la que sus resultados no han hecho más que empeorar.

Los verdes también llegan tocados a estas elecciones. Por un lado, la reacción agrarista a las políticas de transición ecológica ha hecho que en países como Francia o Países Bajos aumente la hostilidad de algunos sectores sociales hacia estas formaciones. Y por otro, las ambiguas posiciones de algunos de sus miembros frente a la masacre perpetrada por Israel en Gaza aleja a parte de su base social, ya que según reflejan los datos, en la mayoría de países europeos los jóvenes son el grupo más comprometido con la causa palestina. 

Tampoco llegan mejor los liberales, a quienes el auge de la derecha radical también les está pasando factura. Si a esto le sumamos el bajo momento de Emmanuel Macron, el principal representante de esta corriente articulada en el grupo Renovar Europa, la desaparición del partido Ciudadanos en España o la complicada experiencia de gobierno del Partido Democrático Libre en la «coalición semáforo» que gobierna Alemania, el 9 de junio se les plantea un panorama muy poco alentador. 

El espacio ubicado a la izquierda de la socialdemocracia (La Izquierda), que obtuvo 41 parlamentarios en 2019 (y son actualmente 39), parece resistir (aunque desde una posición minoritaria) gracias a la mejora de los resultados en países como Bélgica, Irlanda u Holanda, pero su situación también es frágil y según algunos sondeos también perdería escaños. Espacios claves en la última década como La Francia Insumisa, Unidas Podemos en España o Syriza en Grecia transitan momentos de debilidad, mientras que, en Alemania, el fenómeno de Sahra Wagenknecht, una escisión de la izquierda con posiciones antiinmigración y antiprogresistas, podría incluso borrar del mapa a Die Linke (La Izquierda), otro habitual en el grupo de la izquierda europea.

Quienes parece que aguantarán mejor la tempestad son los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), que constituirían la primera fuerza, con unos resultados parecidos a los de 2019 (alrededor de 177 diputados). Este grupo contiene, entre otros, al Partido Popular español, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, Los Republicanos de Francia y el Partido Moderado de Suecia. Los populares tendrán la llave de la gobernabilidad, ya que a la hora de pactar podrán armar consensos amplios con socialdemócratas, liberales y verdes, como han hecho hasta ahora, o mirar hacia su derecha: CRE e ID. Algunas figuras importantes dentro del espacio, como la presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección Ursula von der Leyen, se han mostrado abiertas a una posible colaboración con el grupo CRE, lo que supondría un paso más en la normalización las derechas radicales.

Ante este panorama, numerosas voces han señalado que estas elecciones podrían suponer un cambio de paradigma en la Unión Europea. Según los más pesimistas, la «gran coalición» entre conservadores y socialdemócratas que hasta el momento ha gobernado la Unión podría verse por primera vez en peligro y dar paso a un pacto de los populares con los grupos de extrema derecha. Este giro supondría un cambio sin precedentes en el continente, pero ¿es en verdad factible este pacto?

Por el momento, hay al menos dos cuestiones que lo dificultan y que hacen que lo más probable sea que el PPE opte por la geometría variable antes que por un pacto cerrado con los ultras. Es decir, que mantenga la gran coalición a la hora de elegir los principales cargos y marcar las líneas generales de la política europea, pero que gire hacia su derecha a la hora de impulsar o frenar determinadas medidas. 

La primera cuestión por la que este escenario parece más probable es numérica. La extrema derecha va a aumentar notablemente su peso parlamentario, pero aun así sigue siendo muy complicado que la suma con los conservadores les alcance para lograr una mayoría absoluta. Según las estimaciones de IPSOS y Politico, la suma de las tres derechas (del PPE más los dos grupos radicales) quedaría ligeramente por encima de los 330 diputados. Es lejos de los 361 de la mayoría absoluta y más lejos aún de los 398 que sumaría la gran coalición con socialdemócratas y liberales, que podría aumentar hasta los 450 escaños si se incorporan los verdes. 

Además, este acuerdo de derecha no sería tan sencillo, ya que el pacto con el grupo ID, tradicionalmente más radical y euroescéptico que los CRE, sería complicado de digerir para algunos dirigentes populares. Cuestiones como el atlantismo o el apoyo inquebrantable a Ucrania son líneas rojas para el PPE, como ya han señalado dirigentes como Von der Leyen. 

Por tanto, aunque en el PPE cada vez son menos quienes tienen reparos en pactar con figuras de los CRE como Giorgia Meloni, el acuerdo entre todas las derechas parece lejano. Tampoco sería plausible excluir a Identidad y Democracia de la ecuación y sumar a los liberales a la alianza con CRE: la semana pasada los liberales firmaron un acuerdo contra la normalización de la extrema derecha en las instituciones del que se ausentó el PPE. Si quieren gobernar Europa con la ultraderecha, los conservadores se encuentran solos y con unos números que de momento están lejos de la mayoría absoluta.

La segunda cuestión es estratégica, y es que probablemente el PPE preferirá no cerrar ninguna puerta y jugar a dos bandas durante la legislatura. Esta geometría variable colocaría a los conservadores en una posición de pivotes, ya que podrían elegir hacia dónde inclinan las políticas europeas, pactando en algunas ocasiones con liberales y socialdemócratas y en otras con la derecha radical. De este modo, los conservadores se convertirían en el actor central de los próximos cuatro años, el único con verdadera capacidad de decidir el rumbo de la política europea. 

Pero la presencia de una extrema derecha cada vez más numerosa en el Parlamento Europeo es peligrosa no solo por lo que pueda pactar con el PPE, sino por su capacidad de desplazar hacia la derecha los ejes de la política europea en temas como la política de asilo o la transición ecológica. No se trata tanto de las medidas que el PPE pueda aprobar con sus potenciales socios ultras, sino de la legislación que pueda frenar y del impacto que esto pueda tener en la elaboración de políticas públicas en el seno de la Unión. En un momento en que se necesita decisión y convicción para afrontar los graves problemas ecológicos y sociales del futuro, la presencia de una derecha radical en alza añade incertidumbre y puede torpedear las respuestas de las instituciones europeas a estos retos. 

El ejemplo más claro es la normativa en materia de transición ecológica, en la que la competencia entre derecha y extrema derecha por el voto rural podría llevar a un frenazo en la agenda verde europea. El Partido Popular busca seducir a estos sectores a los que la extrema derecha ha conseguido politizar en contra de las medidas para hacer frente al cambio climático y teme que los pactos con socialdemócratas, liberales y verdes en esta materia lo perjudiquen electoralmente. Este es uno de los puntos en los que el equilibrismo de los populares puede tener consecuencias más graves.

No obstante, aunque la derecha radical contará con más fuerza que nunca, la realidad es que la situación después del 9 de junio no será tan distinta a la actual: el PPE ya se ha alineado en varias ocasiones con la extrema derecha. La alianza de populares y radicales ya estuvo a punto de tumbar algunas medidas claves de la agenda verde como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que salió aprobada por un estrecho margen. Y en el caso de otras normas, como el Pacto sobre Migración y Asilo, también se ha podido ver cómo se incorporaban algunas demandas de la extrema derecha, a pesar de no contar con su voto favorable por no ser lo suficientemente restrictivo.

En el PPE seguramente se queden satisfechos con el resultado al no tener que enfrentarse –aún– al dilema de elegir entre una alianza con la derecha radical o una «gran coalición». Esa pantalla todavía está lejos, pero la dinámica de cooperación/competencia entre populares y radicales puede terminar causándoles problemas en el mediano plazo. Si el PPE cede al empuje de la derecha radical en temas sociales y ecológicos, y por un puñado de votos legitima el discurso antiinmigratorio o la revuelta antiecologista del agro, este bumerán político puede terminar volviéndose en su contra. Y es que puede haber un momento en el que la gente prefiera el original a la copia. 

Probablemente, el nuevo periodo legislativo que comience tras las elecciones europeas no sea el del pacto con la extrema derecha, pero sí el de la consolidación de esta última como actor político en el tablero europeo. El peligro no es tanto que Meloni o cualquiera de sus aliados termine de comisario europeo, sino que las políticas de la Unión se parezcan cada vez más a lo que desea la primera ministra italiana. Ese es el verdadero poder de la extrema derecha: la penetración de sus postulados en la esfera política incluso cuando no es ella quien ostenta el poder. 

Jaime Bordel Gil

¿Petróleo en la Antártida? Qué debemos hacer los argentinos

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Reproducimos esta importante entrevista de Agencia Paco Urondo a Manuel Valenti Randi es Director de OCIPEx y María Laura Civale es Responsable grupo de trabajo Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Cuenca del Plata de OCIPEx.

¿Es nuevo el descubrimiento de recursos petroleros y gasíferos en la Antártida? 

Desde la década del 1970 se realizaron estudios de prospección petrolera en la Antártida, tanto en el continente como en el Mar de Weddell. Por lo tanto la respuesta a la pregunta es no. Por ese entonces, el interés provenía principalmente de EEUU y Gran Bretaña para estudiar la posibilidad de explotar recursos petroleros en el continente blanco, ya que existían distintos conflictos en Medio Oriente que dificultaban el acceso a dichos recursos. Los estudios mostraban que la Antártida podía poseer dichos recursos al estar dentro de las mismas cuencas que poseían recursos en la costa de África, Brasil, el Mar Argentino, la Cuenca de Malvinas y el Atlántico Sur1. 

Este interés llevó a la negociación en la década del 70 y 80 de un acuerdo para la explotación petrolera y minera en el continente antártico entre todos los países que formaban parte del Tratado Antártico, incluido la Argentina. Esta fue denominada “Convención sobre la Regulación de las Actividades asociadas a los Recursos Minerales Antárticos” la cual fue firmada en 1988, pero nunca fue ratificada.

Un estudio de 1991 del Servicio Geológico de EEUU realizó una estimación de recursos de  19 mil millones de barriles de petróleo recuperable y 106 billones de pies cúbicos de gas, que equivalen a 3 billones de Mm3 de gas, equivalente a 36 mil millones de barriles de ´petróleo, fundamentalmente en el Mar de Weddell, dentro de la Antártida Argentina2. Estos datos son muy similares a los que hoy se difunden como las supuestas reservas encontradas por Rusia.

¿Se puede explorar y explotar hidrocarburos en la Antártida?

Ese mismo año, en 1991, por acuerdo de todos los países miembros del Tratado Antártico se firmó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991), que prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales e hidrocarburíferos, dejando a salvo la investigación científica. Es importante remarcar la diferencia entre la investigación científica propiamente dicha respecto de la prospección con el potencial fin de explotación. Esta última actividad es la que ha dado lugar a suspicacias respecto de las actividades rusas en la Antártida.

¿Es real que Rusia descubrió petróleo en la Antártida?

Hasta el día de hoy no hay información oficial del gobierno ruso sobre estos supuestos hallazgos. Una de las fuentes citadas es la cuenta de Twitter BRICSNews, que no es un órgano oficial de difusión. Si fuera real la realización de prospección con el objetivo de cuantificar reservas hidrocarburíferas explotables con fines comerciales, la Federación Rusa estaría incumpliendo el Protocolo Ambiental que suscribió. Otra cosa es que un país, como cualquier otro que realiza actividades científicas en la Antártida, encuentre la presencia de hidrocarburos o minerales en el marco de sus investigaciones.

Es importante aclarar que más allá que la tecnología evolucionó mucho y ya se explota petróleo en el Ártico, las condiciones no son iguales en la Antártida3. Los mayores costos logísticos, la gran distancia de los principales centros de consumo, y las mayores dificultades para su potencial explotación, implican altos costos. Además, la situación jurídica del Ártico es muy diferente a la que rige en la Antártida, donde no existe un tratado internacional con las características que distinguen al Tratado Antártico.

Entonces, ¿por qué se afirma esto? El 22 de febrero el Departamento de Estado de EEUU, al cumplirse dos años del inicio del conflicto en Ucrania, publicó una nueva lista de sanciones a entidades, bienes y personas rusas. Dentro de esas empresas sancionadas se encuentra ROSGEO, “un holding geológico multidisciplinario de propiedad estatal rusa que ofrece servicios de exploración geológica. Dentro de Rusia, ROSGEO y sus subsidiarias realizan una variedad de servicios geofísicos en la búsqueda y exploración de campos de petróleo y gas.” 4

Según la página de ROSGEO, hace al menos cuatro años se completaron exploraciones geofísicas marinas integrales en el marco de la 65° Expedición Antártica Rusa en el Mar de Riiser-Larsen, dentro del sector que reclama Noruega en la Antártida. Allí encontraron, al igual que en estudios anteriores de otros países, evidencia de la presencia de recursos petroleros y gasíferos5.

Dentro de ROSGEO se encuentra el JSC Polar Marines Geosurvey Expedition (PMGRE) que, según el Departamento de Estado, se dedica a la exploración y prospección de minerales. Esta empresa también realiza acciones científicas con sus buques en la región antártica como el Mar de Weddell. Sin ir más lejos, el barco que realiza dichas actividades es el Akademik Karpinsky que también se encuentra sancionado. En el documento estadounidense no se aportan pruebas específicas de actividades irregulares del buque ruso en la Antártida.

Este buque recala en Sudáfrica para sus operaciones. Por esta razón el medio sudafricano Daily Maverick sacó numerosas notas desde el 28 de febrero6 en adelante denunciando las supuestas actividades ilícitas en la Antártida del buque ruso en el Mar de Weddell. Este territorio es parte de la Antártida Argentina y es reclamado por el gobierno británico como propio, fundado en la proyección territorial de la ilegal e ilegítima ocupación sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Es importante recordar, en este contexto, que tanto Rusia como Sudáfrica son parte del bloque BRICS.

Esta información fue recopilada por la Cámara de los Comunes del Reino Unido de Gran Bretaña, que a través del Comité de Auditoría Medioambiental7 pidió informes específicos a especialistas en política antártica y convocó a miembros de la Cancilleria y del Departamento de Regiones Polares británicos, entre otros. 

¿Qué respondieron los especialistas y funcionarios británicos?

Klaus Dodds, quizás el principal especialista en geopolítica antártica, planteó en un escrito que “Existe la preocupación de que Rusia esté recopilando datos sísmicos que puedan interpretarse como prospección y no como investigación científica. (…) Al parecer, el buque ruso responsable de las actividades, el Akademik Karpinsky, está financiado por un programa estatal organizado por la empresa estatal rusa Rosgeologia”8. Sin embargo, no aporta respaldo documental ni fuentes primarias a esta afirmación potencial de que Rusia habría realizado prospecciones con fines comerciales y no científicos.

Cuando le consultaron al viceministro de exteriores, David Rutley, que su departamento había decidido confiar en las garantías rusas de que sólo estaba realizando investigaciones científicas, agregó: “Rusia ha reafirmado recientemente su compromiso con los elementos clave del tratado”9.

Por su parte, la directora de las regiones polares del Reino Unido, Jane Rumble, dijo que “no hay ninguna evidencia que apunte a una violación del tratado. Se necesitarían equipos diferentes entre la topografía y la explotación real, para que no haya un cambio”. La funcionaria aclara que “Rusia ya ha sido abordada sobre este tema antes y, de hecho, ha asegurado a la RCTA (Reuniones consultivas del Tratado Antártico) en múltiples ocasiones que se trata de un programa científico, por lo que lo mantendremos bajo revisión”10. 

El parlamentario McMorrin instó a Rutley a revisar las preocupaciones y presentarlas en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico que se realiza a fin de mes en la India.

¿Por qué se difunde esta “noticia”?

La Antártida ha sido objeto de puja en distintos períodos de la historia y nunca fue ajena al orden internacional imperante. Desde comienzos del siglo XX cuando se llevaron a cabo las primeras expediciones a fin de explorar el continente, hasta mediados de ese siglo cuando a raíz de la formulación de reclamos territoriales y en paralelo al desarrollo de la Guerra Fría y su consecuente orden bipolar, se vislumbró la necesidad de regular el continente obedeciendo a una lógica de seguridad internacional. 

Del mismo modo, una vez más la disputa geopolítica mundial se expresa en el escenario antártico. Esto está conectado a la estrategia de la alianza angloestadounidense en el Atlántico Sur y la Antártida, que se cristalizó hace poco más de un mes con la visita de Laura Richardson a Ushuaia, la preocupación sobre “la pesca ilegal china” en el Mar Argentino y las sospechas de un potencial “uso militar” de la base espacial china en la provincia de Neuquén. 

A esto le sumamos que el conflicto ruso-ucraniano también se ha expresado dentro de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, hecho inédito si tomamos en cuenta que se trata de un ámbito, que a diferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, históricamente fue ajeno a los conflictos por parte de los representantes de los Estados Parte. 

¿El Tratado Antártico qué función cumple?

Además de la prohibición de actividades relacionadas con la explotación de minerales anteriormente señalada, es importante puntualizar algunas cuestiones que suelen divulgarse de manera confusa:

Además del Tratado Antártico de 1959, se adoptaron otros 3 instrumentos conexos que regularon otros aspectos de la Antártida a lo largo del tiempo: la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980) y el Protocolo sobre Protección de Medio Ambiente (1991). Por esto, se habla de “Sistema del Tratado Antártico” (STA). 
El Tratado Antártico y sus instrumentos conexos no tienen fecha de vencimiento. Sí es posible hacer modificaciones y enmiendas, pero bajo ciertos requisitos. Se suele mencionar el año 2048 como punto cúlmine, pero ello refiere a la posibilidad de revisión del Protocolo sobre Protección de Medio Ambiente que cumplirá 50 años de su entrada en vigencia. Eventualmente, en ese caso, podrían realizarse modificaciones, pero requiere una mayoría específica para su adopción (incluyendo ¾ Partes Consultivas) que lo hace de difícil cumplimiento. 

El Art. 4 del Tratado Antártico (1959) hace referencia al status de las reclamaciones territoriales. Es importante aclarar que este artículo, también conocido como “cláusula paraguas”, mantiene inalterados los reclamos territoriales del continente. Esto quiere decir que no se han resuelto las reclamaciones formuladas por únicamente 7 países a lo largo de la historia (más las reservas a realizarlo en un futuro por parte de Estados Unidos y hoy la Federación Rusa); por ende, no dejaron de existir. En pos de la utilización pacífica de la Antártida y la investigación científica, quedaron “pausadas/congeladas” y no se admiten nuevos reclamos ni ampliaciones de los formuladas con anterioridad. 

Las decisiones del Tratado Antártico se toman en las mencionadas “Reuniones Consultivas del Tratado Antártico”, donde únicamente participan con voz y voto las Partes Consultivas (los países signatarios originales del Tratado y los que posteriormente demostraron interés científico) y las Partes Adherentes (el resto de los países que no demuestra este interés no forma parte de la toma de decisiones). Actualmente hay 29 países que se consideran Partes Consultivas y otros 27 países que son Partes Adherentes. En relación a lo sucedido, se pone a prueba el sistema de toma de decisiones del STA, donde nuestro país participa activamente en cumplimiento de los objetivos primordiales del Tratado Antártico. 

¿Y Argentina?

Nuestro país es uno de los signatarios originales del Tratado y tiene una extensa historia en la Antártida, siendo el país con más presencia prolongada e ininterrumpida en dicho continente desde 1904. 

El sector reclamado por Argentina comprende los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste, desde el paralelo 60° de latitud Sur hasta el Polo Sur. Nuestro reclamo se superpone con el de otros dos países: Chile y el Reino Unido. Es relevante puntualizar que junto con Chile, desde la década del 50, existen declaraciones conjuntas en las que se produjo el reconocimiento mutuo de soberanía. 

Respecto del Reino Unido, la pretendida porción abarca totalmente al Sector Antártico Argentino y la disputa con este actor se repite apenas un poco más al norte de la Antártida, donde se encuentran implicadas las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes, en el marco de una controversia que lleva casi dos siglos pendiente de resolución. 

En el contexto actual caracterizado por la disputa de varias potencias en la configuración de un nuevo orden internacional, cuya presencia se acentúa cada vez más en el Atlántico Sur y la Antártida, resulta indispensable el resguardo de los espacios vitales de nuestro país mediante la implementación de estrategias de largo plazo en nuestra política exterior y con un modelo económico que tienda al desarrollo de nuestras capacidades con el objetivo de defender el interés nacional. 

Referencias:

1 pubs.usgs.gov/of/1991/0597/report.pdf

2  Ídem.

3 El Ártico, al tratarse de un océano congelado, se encuentra regido sustancialmente por el Derecho del Mar, a la vez que existen controversias en relación a la delimitación de los espacios marítimos entre los Estados que tienen proyección al Ártico (Plataforma Continental, Zona Económica Exclusiva). La Antártida es un continente con un sistema jurídico específico y con otros actores involucrados.

4 www.state.gov/imposing-measures-in-response-to-navalnys-death-and-two-years-of-russias-full-scale-war-against-ukraine/

5 rusgeology.ru/en/press/news/rosgeologiya-vypolnila-issledovaniya-geologicheskogo-stroeniya-i-neftegazovogo-potentsiala-shelfa-an/

6 www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/ y www.dailymaverick.co.za/article/2024-05-09-russias-antarctic-prospecting-links-via-sa-warrant-deeper-scrutiny-hears-uk-westminster-inquiry/

7 committees.parliament.uk/committee/650/environmental-audit-subcommittee-on-polar-research/

8  committees.parliament.uk/writtenevidence/124548/pdf/

9 www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/

10 www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/

Un portaaviones nuclear de EE.UU. y otros buques de la OTAN llegan a Puerto Belgrano

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Con la dirección del portaaviones nuclear George Washington, la tercera joya atómica de la America’s Navy de Estados Unidos, una veintena de instructores también extranjeros y la participación de las armadas de cuatro países de la OTAN, comenzará en la argentina Base Naval Puerto Belgrano la primera fase de la Southern Seas 2024, el décimo ejercicio de tal tipo ordenado por la IV Flota del Comando Sur norteamericano. Marinos de siete países sudamericanos, entre los que no estará Brasil, y de cuatro de extrazona, entre los que estará Gran Bretaña, abrirán el próximo 29 de mayo el tramo Passex de estas maniobras que se desarrollarán en el curso del año. El presidente Javier Milei será quien dé luz verde al inicio de las acciones, seguramente enfundado en un flamante uniforme de combate de la armada.

Según la página web del Pentágono de Estados Unidos, hasta ahora única voz oficial de la Southern Seas, Milei “recibirá con honores especiales” al submarino nuclear, que el 25 de abril zarpó de su base de Norfolk, la más grande del mundo, situada en el Estado atlántico de Virginia, escoltado por el destructor de misiles guiados USS Porter y el buque de abastecimiento USS John Lenthall. En Puerto Belgrano lo esperarán oficiales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay junto con los de Gran Bretaña, Canadá y Países Bajos, para iniciar “este operativo que proporcionará la ocasión de mejorar la interoperatibilidad y crear confianza con las fuerzas marítimas de las naciones socias”, al decir del jefe de las fuerzas navales del Comando Sur, Jim Aiken

Se ignora si el Poder Ejecutivo –Ministerio de Defensa y la cancillería– cursó al Congreso el pedido de admisión imprescindible para el ingreso de tropas extranjeras, que al menos en el caso de Estados Unidos tiene por norma incluir una garantía de inmunidad. Es decir, que bajen en los puertos para distenderse libremente y quedar exentos de imputación en caso de incurrir en excesos. Según palabras de Aiken en la web del Pentágono, oficiales y soldados esperan “visitar varios lugares espectaculares en América del Sur, ya que los efectivos de la marina estadounidense no suelen ir y ver esta parte del mundo”.

En lo que el Comando Sur dirigido por la generala cuatro estrellas Laura Richardson, gestora e ideóloga de estas maniobras, observa como “la gran novedad de las Southern Seas 2024”, un equipo internacional de aproximadamente una veintena de oficiales de Estados Unidos y los tres invitados de la OTAN ofrecerá instrucciones a bordo del George Washington. Los acompañarán instructores del US Naval War College (el llamado “hogar del pensamiento” de la armada norteamericana) y trabajarán con el personal embarcado del Destroyer Squadron 40 (ejecutor de la estrategia marítima norteamericana al brindar apoyo táctico a las operaciones navales en el área de responsabilidad del Comando Sur).

Con la clara idea de señalar la importancia que el Pentágono le da a este tipo de ejercicios con sus “socios”, como define a lo que en realidad son sus aliados, es ilustrativo acercarse a su página web. Allí resalta el significado del portaaviones nuclear, al que además de dar como la tercera unidad de la US Navy, le dedica un párrafo breve pero contundente. “El George Washington –dice– es una pieza clave de la fuerza naval, con pistas más adaptables y mayor capacidad de supervivencia que cualquier otra de sus características en el mundo. Su personal está siempre listo para entrar en acción, entrenado y equipado para una gran gama de misiones de mar, realizar ataques y maniobrar en el espectro electromagnético y en el ciberespacio. Ninguna otra fuerza naval del mundo tiene una unidad comparable”.

El Comando Sur cobró vida con la designación de Richardson como su jefa, en marzo de 2021 y ya desde su comparecencia ante el Senado norteamericano, para recibir el visto bueno a su nominación, que acababa de anunciar el presidente Joe Biden. En el Congreso, la generala dejó traslucir que a su rol militar –teñido por un violento y cavernario lenguaje propio de la Guerra Fría– le agregaría un cierto tono diplomático, para presionar desde ambos flancos a los gobiernos de los países dueños de las mayores reservas de litio del mundo. Así embaucó a los congresales que estaban dudosos de aceptarla para el cargo, con la garantía de que pelearía en todos los frentes para asegurarle a EE UU los recursos estratégicos –minerales, materias primas, agua– para seguir desarrollando su juego de gran potencia.

La IV Flota, hoy un engranaje clave de la política militar-diplomática norteamericana, estuvo desactivada durante casi dos décadas, hasta que en 2008 fue reactivada, durante el gobierno del republicano George W. Bush. Un analista militar de la estatal Universidad de la República de Uruguay explicó así las causas del renacer del aparato naval: “Ocurrió después de que el Pentágono analizara con preocupación el retroceso parcial de su peso político regional. La Venezuela conducida por Hugo Chávez y un potente Brasil dirigido por Lula pasaron a ser actores principales que marcaron la agenda estratégica para el continente. Y un dato no menor: el funcionamiento de la IV Flota se reflota luego de que, en aquel entonces, Brasil descubriera nuevos yacimientos petroleros en su plataforma marina”.

Las carencias que exhibirán las achanchadas marinas de guerra sudamericanas contrastarán con la opulencia de sus pares norteamericanos, por ejemplo, parte de una máquina de matar cómodamente financiada por una sociedad que no tiene muy en claro dónde van a parar sus entregas al fisco. Cada año, en tiempos de la declaración de impuestos, el Institute for Policy Studies (IPS) de Washington entrega “Tu recibo fiscal”, un informe basado en datos oficiales que muestra a qué ítems se destinan los impuestos ciudadanos. Año tras año, se confirma que los grandes beneficiarios son el Pentágono y sus empresas contratistas. El año pasado cada contribuyente, desde un niño hasta un anciano, pagó un promedio de 2974 dólares en impuestos destinados al Pentágono. De esa suma, apenas 705 dólares se destinaron a pagar el salario de las tropas, mientras 1748 fueron asignados a subsidiar a las empresas contratistas del Ministerio de Defensa. Desde la Lockeed Martin (el mayor productor de armas, aviones y artículos para matar) hasta Space Exploration Technologies Corp, el monstruo de Elon Musk orientado a fabricación aeroespacial y ofrecer servicios de transporte espacial con el fin de reducir el costo de una hipotética colonización de Marte. 

Milei y después. La Argentina que cambió

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El título que elegí se puede entender de dos maneras distintas. Por eso, empiezo por decir cuál es la que yo elijo. Muchos analistas ven a la irrupción de Javier Milei y los «libertarios» en la política argentina como un hecho nuevo e imprevisto que cambió todo, y los confirman en esa opinión estos tumultuosos cinco meses de gobierno.

Tienen razones para pensar así. ¿Quién preveía, sólo tres años atrás, que un gritón panelista de TV iba a ser presidente de Argentina?

En cambio, yo creo, y voy a tratar de convencerlos a ustedes, que la llegada de Milei a la presidencia es una de las consecuencias de 
cambios profundos que se manifestaron en este siglo. Cambios que tienen origen, sí, en un problema argentino anterior: la falta de un modelo de desarrollo económico consistente. Problema que enfrentamos al menos desde mediados de la década de los ´70 del siglo pasado, cuando el modelo de industrialización para el mercado interno y pleno empleo encontró un límite. Más o menos al mismo tiempo que empezaron a crujir los «estados de bienestar» europeos.

Pero en este siglo la falta de un modelo aceptado por una mayoría de los argentinos fue acompañada por transformaciones sociales -en parte provocadas por esa ausencia, y en otra gran parte, por causas que están acelerando esas transformaciones en la mayoría de los países del mundo. Pero que el conjunto de nuestra dirigencia política no vio, o no quiso ver.

Afirmo esto con tanta convicción porque yo también me equivoqué. Hasta hace poco más de un año pensaba, como otros estudiosos con mejores credenciales, que las dos grandes coaliciones que hegemonizaban el sistema político nacional, las versiones actuales de las corrientes que nos expresan a los argentinos desde hace casi 80 años, el peronismo y el rechazo al peronismo, daban estabilidad a la política local. No fue así.

Hoy creo que hubo algo más que la frustración con gobiernos, que la misma gente que los había votado vivió como fracasos, o como desilusiones. La sociedad argentina había cambiado, y la dirigencia – y los analistas. no nos dimos cuenta de la profundidad de ese cambio.

No es que surgieron de repente realidades que no existían antes. Nada surge de repente en las sociedades humanas. Los cambios se dan cuando esas nuevas realidades crecen.

Esbozo aquí tres de ellas.

La pobreza y la exclusión -que existieron siempre, por supuesto- vienen creciendo en nuestro país desde los ´70 del siglo pasado, y se agravaron, mucho, en la segunda mitad de los ´90.

Sucedió que en este siglo, en el breve gobierno de Duhalde, se ensayó en 2002 una solución -el Plan Jefes y Jefas (de hogar, desocupados)- para paliar esa crisis que había llegado a límites insoportables. Los gobiernos kirchneristas ampliaron y formalizaron esa red de protección, con medidas tan necesarias como la Asignación Universal por Hijo, y un variado número de políticas sociales.

El gobierno de Mauricio Macri aumentó el número de beneficiarios de esos planes, porque sus medidas económicas no favorecieron el crecimiento del empleo privado. En realidad, durante su gestión desaparecieron muchas empresas pequeñas y medianas, las que en nuestra estructura son las mayores generadoras de empleo. . Por encima de la diferencia en las políticas económicas, la gestión de Alberto Fernández continuó esa tendencia en este campo, acentuada por las restricciones que impuso la pandemia.

Estos planes sociales evitan -en la mayoría de los casos- la indigencia. Pero no sacan a ningún beneficiario de la pobreza. Ni le dan la identidad, el respeto, que en otro tiempo brindaba el trabajo formal.

Es necesario decir que surgieron, y surgen, esfuerzos dignos para organizar y valorar las tareas que hacen los excluidos de la economía formal. Que, es cierto, trabajan bastante más que un empleado con horario. Así, la llamada «economía popular». Pero depende de los subsidios del estado nacional.

Nada necesariamente negativo en eso, por sí mismo. Muchos futuristas sostienen que es el destino de la mayoría de la humanidad, a medida que las máquinas se hacen cargo del trabajo. Como sea, el punto no es lo que va a pasar, sino lo que está pasando. Una gran parte de los «incluidos» -de las extensas clases medias argentinas, en la medida que «clase media» todavía significa algo- han empezado a mirar a los excluidos como en los países europeos se mira a los inmigrantes: gente ajena, oscura, hasta peligrosa, que se aprovecha del esfuerzo de los «ciudadanos de bien», una expresión que usa mucho Milei.

El hecho que los excluidos hacen los trabajos necesarios. que los «incluidos» no aceptan, no cambia esa mirada. Los hechos no cambian los prejuicios, en general.

No es el único cambio. Ni el más novedoso. Después de todo, el prejuicio hacia los «cabecitas negras» -hoy se abrevia «cabeza»- viene de los comienzos del antiperonismo, en los ´40 del siglo pasado. Lo que sucede es que se ha extendido mucho, y se le escucha a muchos votantes del peronismo, también.

Otro de los cambios, y muy importante, es generacional. Por supuesto, esto ha sido así en toda la historia humana. Viejos papiros egipcios mencionan la falta de respeto de los jóvenes. Pero que sea esperable, no hace que deje de ser un cambio.

En este siglo, la mayoría de los jóvenes no espera -muchas veces, no busca- un trabajo permanente. Más, les es difícil conseguir un trabajo formal, si no es por vínculos familiares o «contactos». Si es de clase media -en el sentido muy amplio que lo es la mayoría de los argentinos- es probable que considere probar suerte en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda… Son (todavía) una minoría pequeña la que se decide a hacerlo, bastante menor que la suma de los inmigrantes que vienen a encontrar trabajo en Argentina. Aún si les sumamos quienes viven aquí y trabajan para empresas o clientes del exterior, aprovechando la deslocalización del trabajo en el mundo digital, son una pequeña porción de la «fuerza laboral». Pero influyen poderosamente en la actitud de los jóvenes trabajadores. Y en la realidad de las relaciones laborales.

Así, la legislación laboral y los sindicatos aparecen irrelevantes para muchos jóvenes. El sector etario donde fue más extendido el voto a favor de Milei.

Por supuesto, esto que describo es parcial. Todavía pervive mucho de la Argentina peronista. Y de la antiperonista. Y hay valores comunes que movilizan también a los jóvenes, como mostró la reciente, masiva, manifestación en defensa de la universidad pública y gratuita.

El tercer factor es, por supuesto, la economía. Resumo algo que he repetido muchas veces: el modelo económico de industrias protegidas, produciendo para el mercado interno y -en unos cuantos casos- para los países vecinos, que entre 1945 y 1975 brindó  crecimiento, casi pleno empleo y prosperidad -aunque no estabilidad- a Argentina, «cumplió su ciclo». Todos los intentos de resucitarlo han terminado en un capitalismo prebendario, proveedor del Estado o usufructuario de los «nichos» que proporciona.

Y los intentos «modernizadores», aperturistas -Martínez de Hoz, Menem-Cavallo, Mauricio Macri- terminaron en crisis más o menos severas. Nada hace pensar que no pasará lo mismo con el de Milei.

Así, la dirigencia política argentina -más precisamente, quiénes sean elegidos por la mayoría- están condenados a buscar un nuevo camino. Tanto si el gobierno actual se autodestruye en pocos meses -es posible- o dura tanto como el de Menem. Esto último me resulta difícil de creer, debo decir.

¿Hay algo nuevo, algo que aparece en este siglo, en este ciclo que yo mismo señalo se repite desde hace 50 años? Sí. Es el olvido de las consecuencias políticas de algo muy familiar a los argentinos en la segunda mitad del siglo XX: la alta, altísima inflación.

El final de la Convertibilidad, la Gran Devaluación del año 2002, provocó un salto inflacionario aún mayor que el que causó en el pasado mes de diciembre la devaluación del ministro Caputo. La dirigencia de ese momento estaba aterrada -fresca la memoria de las hiperinflaciones de Alfonsín y de los primeros años de Menem. Aún economistas «nac&pop» proponían una dolarización.

Finalmente, con medidas moderadas y prudentes se llegó a estabilizar la economía. Y luego empezó el crecimiento «a tasas chinas». Cuando estas empezaron a aminorar -siempre sucede, hasta en China- una modesta tasa de inflación parecía un precio aceptable para una política distributiva.

Claro, ya en 2022 y 2023, la inflación no era «aceptable». Pero la dirigencia argentina -en el gobierno; desde la oposición siempre se pueden plantear soluciones drásticas- estaba convencida que «ajuste» era una palabra horrible, que iba a ser rechazada por la sociedad.

Recuerdo haber discutido en esos años -siempre sostuve que la inflación era el factor que más desordenaba la vida de la gente, además de la economía- con funcionarios albertistas, cristinistas y hasta algún massista. Y su respuesta era la misma, y aparentemente sensata: «No se ganan elecciones con una política antiinflacionaria».

Hasta el próximo olvido, la lección que han aprendido todos los políticos argentinos -lo digan o no en público- es «El gobierno no gana elecciones con alta inflación».

Todo este largo texto -sin estadísticas ni ecuaciones; Pareto me llamaría «ageometroi»- es para tratar de convencerlos que es necesario empezar a pensar ya políticas económicas, sociales, de relaciones internacionales, adecuadas para la Argentina y el mundo que ya están a nuestro alrededor.

Debemos empezar por descartar la fácil asunción que Milei es una anomalía, y que una vez que este improvisado experimento «anarco-capitalista» se  autodestruya  volverá la «normalidad». Un pasado mítico anterior a 2015, o 2003, o 1945, o 1916… No hay máquinas del tiempo, compatriotas.

Abel B. Fernández