Ésta es una pregunta que los argentinos nos hacemos cada tanto. En este último año y medio de Macri, más a menudo. Ayer el precio del dólar «oficial» estuvo contenido, gracias a las ventas que hicieron el Banco Central y el Nación, pero el dólar «blue» o paralelo se disparó un 4,6% y llegó a un nuevo récord: $ 67,50.
Así, la brecha entre las dos cotizaciones minoristas es la más alta desde 2015. Ya el chiquitaje especulador trata de comprar en el oficial para vender en el paralelo; una operación que la llaman «puré».
Pero esa es una anécdota de la picaresca local. El problema grave, muy grave, es que el precio del dólar es un factor clave en los precios de todo. Lo que los argentinos consumimos tiene un porcentaje muy alto de importado. No solamente los insumos directos -que son muchos en los productos industriales, y en los fertilizantes, herbicidas y semillas que usa el agro. También hay que tener en cuenta que en los costos del transporte se incluyen la parte de los combustibles y los repuestos que se importan.
Si tomamos en cuenta eso, la carga -siempre en divisas- de las patentes y los reaseguros es sólo un factor más. Frente a ese cuadro, las retenciones a la exportación -que seguramente serán necesarias para cubrir el déficit fiscal -el FMI ya se encargó de remarcarlo- no contendrán el precio local. Ni siquiera, el de lo que se exporta.
Entonces, la suba del dólar provoca inflación. No es un análisis teórico. Es un dato de la realidad que comprobamos todos los días los argentinos. Entonces, la pregunta del comienzo: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar?
La respuesta, lo lamentamos, es: indefinidamente.
Corresponden algunas precisiones: el dólar «blue» no es el que se usa en las transacciones que realmente importan en la economía: las importaciones y las exportaciones. Ahí rige el dólar «oficial», el que se transfiere en forma abierta a través del sistema bancario. (Por eso fue un engaño o una gigantesca estupidez la afirmación que se hizo al comienzo de este gobierno: que la devaluación no iba a afectar a los precios porque «todo el mundo» ya se guiaba por el paralelo).
Ese precio «oficial», alrededor de $ 60, hoy no está «atrasado» en relación a los otros precios de la economía argentina. Los funcionarios del gobierno y los economistas de la principal oposición coinciden en eso. Y tienen razón.
Pero ése no es el único elemento que determina el precio del dólar. Están las expectativas. Basadas en una experiencia argentina de décadas, en los momentos de crisis nuestros compatriotas tratan de comprar dólares, huyen del peso porque creen que el dólar va a subir. Es decir, que el peso se va a devaluar.
Es una profecía autocumplida. El ahorrista, el especulador, el empresario que necesita cubrir los futuros costos de sus insumos, están dispuestos a pagar el dólar a un precio «caro», porque creen -se lo dice la experiencia- que los precios de todos los otros productos seguirán subiendo, y en semanas o meses el valor al que lo compró parecerá «barato».
¿Hay excepciones a esto? Sí. Se llama «overshooting», cuando el valor local de una divisa extranjera sube demasiado en relación a los otros valores de la economía y retrocede. Los que lo compraron a un precio demasiado alto sufren una pérdida.
La última vez que eso sucedió entre nosotros fue a comienzos del 2002, con la Gran Devaluación. El dólar llegó por algunas semanas a $ 4, y tuvo que bajar a $ 3, valor en el que se mantuvo por un largo tiempo. Pero eso fue consecuencia de la brutal recesión que estalló en 2001. También había sucedido algo parecido 10 años antes, en los primeros meses de 1991, cuando se iba a implantar la convertibilidad.
Nadie, o casi nadie, quiere una experiencia como aquellas: tuvieron un costo terrible para nuestro pueblo. Pero para evitarlas es necesario tener claro que el problema no es la suba del precio del dólar, sino el peso que se devalúa. La necesidad impostergable, no sólo para poner en marcha la economía, también para gobernar la Argentina, es detener la inflación inercial desatada, en la cual el precio de todo sube porque todos los otros precios suben. Incluso el del dólar.
América del Sur tiene aproximadamente 70% de las reservas mundiales de litio, el metal utilizado en las baterías recargables para teléfonos móviles y vehículos eléctricos. Pero se enfrenta con la falta de una infraestructura que le permita aprovechar esas reservas y valorizarlas.
Las instalaciones de refino de litio y armado de baterías podrían ayudar a impulsar las industrias en economías que todavía dependen en gran medida de «commodities» para obtener divisas, con el riesgo permanente de los fuertes cambios en los precios. Pero, hasta ahora, a pesar de iniciativas estatales y privadas, en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile no hay una sola fábrica de celdas de litio. Ni tampoco ninguna prevista hasta el 2025.
“El tamaño de la oportunidad es enorme”, asegura James Ellis, jefe de investigación en América Latina de BloombergNEF. “Tiene sentido tratar de ascender en la cadena de valor. Pero cuando miras lo que está planeado a nivel mundial, no hay activos de fabricación de baterías en América Latina”. Los países de la región enfrentan sus propios desafíos. Este es un desglose:
Argentina
El tercer mayor productor de litio también vio estancarse una iniciativa patrocinada por el estado. El año pasado, la italiana Seri Industrial SpA formó una empresa conjunta con la empresa estatal JEMSE, Jujuy Energy and Mining State Society. El plan era construir una planta para fabricar cátodos y células de litio y ensamblar piezas de la batería, utilizando litio crudo extraído de salmueras en la provincia de Jujuy.
Pero la crisis económica de Argentina y la incertidumbre política, según el presidente de la estatal (provincial) JEMSE, Carlos Oehler, “enfrió todos los proyectos de inversión en Argentina, incluida la construcción de una fábrica de baterías. El terreno y los permisos están listos, dijo Oehler, “y estábamos comenzando a buscar financiamiento, pero el proyecto está congelado ahora”.
«La crisis económica» significa un combo diabólico de inflación y recesión como no se ven en Argentina desde 2001, y del cual los inversores externos huyen. «La incertidumbre política» significa, si cambia el gobierno, la posible reimplantación de retenciones a la exportación, y la de controles ambientales que el presidente Mauricio Macri levantó. Así logró crear el panorama fiscal y regulatorio más «prominero» de la región: en Bolivia y Chile el estado nacional cobra y controla más.
Este «Salvaje Noroeste» obviamente no convenció a ninguna empresa de la conveniencia de agregar valor alguno al carbonato de litio que las provincias del Noroeste Argentina exportan «crudo»: más bien, lo contrario. Pero como exportar una tonelada de carbonato de litio supone evaporar y contaminar 2 millones de litros de agua en una zona donde sólo llueven 4 mm/año, los conflictos entre las mineras y las comunidades locales suben en rampa.
Brasil
En la economía más grande de América Latina, el ex ejecutivo de Tesla Inc. Marco Krapels y el ex ejecutivo de SunEdison Inc. Peter Conklin fundaron MicroPower-Comerc, con el objetivo inicial de proporcionar baterías recargables a instalaciones comerciales e industriales. Pero Brasil ya casi no ofrece más subsidios gubernamentales para la energía renovable, y los impuestos a la importación aumentan alrededor de un 65% el precio interno de las baterías, un mercado considerable ya que Brasil tiene el 50% de la población de Sudamérica. Eso podría llevar a MicroPower-Comerc, respaldada por Siemens AG, a comprar componentes de batería en el extranjero y ensamblarlos en Brasil como una forma de reducir sus costos. El litio metálico, componente clave de las baterías actuales, en realidad constituye apenas el 5% del peso de las mismas.
Krapels no piensa sólo en baterías para artículos electrónicos o automóviles: Brasil tiene el mayor despliegue de parques eólicos de la región, y la tendencia inaugurada por Tesla en Australia y California es poner parques de baterías tan grandes como un container a pie de torre. Eso sirve para quitarle a los parques eólicos parte de la intermitencia inevitable del viento, la más impredecible de las fuentes renovables, y poder vender electricidad acumulada cuando éste se plancha. Si bien el mercado nacional de baterías grandes apenas existe, Krapels ve oportunidades en un país básicamente hidroeléctrico, y por ello con una red eléctrica ocasionalmente inestable por sequías, pero con un mercado robusto para las energías eólica y solar. “Esto no es para corazones que flaquean”, dijo en una entrevista el mes pasado. “Pero creo que es una ventaja ser el primero en ingresar a ese mercado”.
Bolivia
Bolivia no ha logrado producir volúmenes significativos de litio o productos de litio. Pero es el hogar del salar más grande del mundo, que abarca 6.437 kilómetros cuadrados y posee más de 15% de los recursos de litio de salmueras no minados del mundo. Una planta piloto dirigida por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), de propiedad estatal, produjo cerca de 250 toneladas de carbonato de litio en 2018, y el objetivo del país es generar 150.000 toneladas en cinco años, en asociación con empresas alemanas y chinas.
Si tiene éxito, Bolivia se convertirá en uno de los países con mayor producción. El mes pasado, Industrias Quantum Motors SA, una empresa local boliviana, comenzó a vender el primer automóvil que se haya construido en el país, un vehículo eléctrico que responde al deseo del presidente Evo Morales de ver un automóvil con motor de litio “hecho en Bolivia”. El Quantum es bastante parecido al SeroElectric argentino pero se produce a mayor escala, con fábrica en Cochabamba. Quantum ya vendía motocicletas y motopatines eléctricos de creciente popularidad. Todos estos vehículos (incluido el auto) son intraurbanos por su velocidad máxima y autonomía (60 km/h, unas pocas horas, y tiempos de recarga de 6 horas para el automóvil). La alta demanda del Quantum tiene límites: los compradores no lo pueden usar en rutas interurbanas, salvo que el gobierno pueda cambiar algunas regulaciones existentes.
En cuanto a las baterías, por ahora son importadas, pero YLB (Yacimientos de Litio Boliviano) se propone fabricar unidades nacionales. YLB le acaba de entregar a Quantum 200 baterías de litio totalmente bolivianas, montadas en su planta piloto de La Palca. La combinación boliviana de penalizar las exportaciones de carbonato de litio crudo y de crear una industria local de baterías y autos es muy distinta de la política seguida por la Argentina, y por ahora son distintos también los resultados.
Chile
El país trasandino, segundo mayor productor de litio del mundo detrás de Australia y el número uno en la región, intentó alentar a las compañías de baterías a construir fábricas en el país obligando a los mineros a vender el litio con descuento. Eso atrajo el interés de gigantes, incluidos Samsung SDI Co. y Posco en 2017, cuando los precios del litio estaban en máximos históricos. Pero desde entonces, los precios han caído en un tercio, y a principios de este año las compañías abandonaron sus planes de construcción.
Incluso aquellos embarcados en iniciativas menos ambiciosas se enfrentan a obstáculos. En el sur de Chile, Andesvolt actualmente importa componentes de baterías del extranjero y los ensambla en la ciudad sureña de Valdivia. Suministra baterías de iones de litio para compañías eléctricas, incluida Enel Americas SA, que las instala como energía de respaldo en instalaciones industriales, comerciales y residenciales en todo el país.
Andesvolt espera producir 1.000 kilovatios/hora este año, en comparación con los 200 kilovatios/hora del año pasado. ¿Por qué esta rampa? Es un caso forzoso de sustitución de importaciones. A Andesvolt le resulta tan difícil importar baterías de litio que está montando una de las dos primeras plantas de Sudamérica, junto con la de la estatal YLB de Bolivia. Afrontar el problema de importar unidades desde China es demasiado, asegura el fundador y director ejecutivo David Ulloa.
Las baterías de litio mejoraron mucho, pero siguen siendo estadísticamente bastante volátiles y pueden recalentarse, incendiarse e incluso explotar de modos impredecibles. Esto significa que las navieras son reacias a transportarlas. Incluso cuando lo hacen, no hay garantía de que la carga llegue a tiempo, o que llegue. “Lo hemos visto todo”, dijo Ulloa en una entrevista. “Una vez, un proveedor chino no hizo todo el papeleo necesario para la aduana chilena y luego se ofreció a disfrazar la carga como zapatos. Somos una empresa seria, no pudimos aceptar eso y perdimos ese envío”.
Si la Argentina impusiera retenciones a la exportación de litio crudo, de todos modos no lograría que los capitales privados, sean externos o propios, fabriquen baterías locales mientras siga en su incendio de estanflación. Y su modelo económico actual está a kilómetros del «estado inversor» boliviano. Lo interesante es que la inestabilidad térmica por ahora inherente a las baterías de litio, y la renuencia de las navieras a transportar grandes cantidades, promueven la fabricación en sitio de origen, y eso apenas está sucediendo en Bolivia, por suceder en Chile, y de forma muy incipiente. Es irónico que -como informamos aquí– que justamente este año se haya otorgado un Premio Nobel de Química por el desarrollo de la batería de litio.
Salinas Grandes. Argentina cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo, pero va a la zaga de Australia y Chile en producción de carbonato de litio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El litio australiano, a diferencia del sudamericano, no se obtiene de salmueras en los salares puneños, sino de rocas llamadas pegmatitas, casi todas en las minas de Greenbushes, a 250 km. del puerto de Perth. El proceso extractivo es más barato, limpio y menos conflictivo en términos sociales. Greenbushes opera desde hace un cuarto de siglo y suministra 1/3 del consumo mundial de litio.
Las autoridades del CONICET salieron al cruce de las afirmaciones formuladas por Mauricio Macri durante el debate presidencial, cuando dijo que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. “Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente”, subrayaron los directores del principal organismo científico del país.
El escrito fue elaborado por el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Miguel Ángel Laborde –quien está cargo de la presidencia– y el vicepresidente de Asuntos Científicos, Mario Pecheny. Tras aclarar el ajuste sufrido por el sistema científicos y tecnológico bajo la presidencia de Macri, adjuntaron una nota enviada al Poder Ejecutivo el mes pasado, solicitando un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del organismo.
En la nota que las autoridades de la institución volvieron a adjuntar luego del debate, le explicaban al Presidente que “la situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es acuciante” y que los salarios percibidos por los trabajadores y becarios del Conicet están “por debajo de la línea de la pobreza”.
Alberto Kornblihtt, director del Conicet en el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, explicó que cuando le informaron que iba a salir la carta estuvo completamente de acuerdo con la decisión de los vicepresidentes y señaló que “las declaraciones del presidente Macri que mencionan un supuesto aumento del presupuesto en Ciencia y Técnica sólo pueden ser entendidas desde el cinismo o desde la ignorancia de lo que hacen los funcionarios de su propio gobierno”.
Según Pecheny, “si bien puede haber aumentado el presupuesto en términos nominales, si se tiene en cuenta la inflación, hubo una caída del presupuesto enorme”. El vicepresidente del organismo agregó que “la discusión acerca del presupuesto para el sector es angustiante porque los salarios han quedado muy atrasados y transitamos una situación de emergencia”.
“Nuestro salario ha quedado desvalorizado tanto en relación con los salarios argentinos en general, como en relación con los salarios de nuestros colegas de los demás países de América Latina. Es verdad que el salario de nuestros investigadores nunca estuvo a la altura, pero lo que sucede tras estos últimos cuatro años es que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes”, había opinado en el mismo sentido Pecheny cuando lanzaron la carta hace un mes, pidiéndole al Ejecutivo un aumento en los salarios de todo el personal y los becarios.
“El presupuesto no sólo no creció en términos reales sino que disminuyó y además no alcanza para nada. Esto se lo hicimos saber al Presidente hace un mes atrás y no hubo respuesta”, indicó el representante del Conicet y agregó: “Nosotros no queremos polemizar con uno u otro candidato. Pelearíamos con quien sea si no nos dan presupuesto, con Macri, con Fernández o con Del Caño. Lo que tiene que quedar claro –agregó– es que siempre vamos a reclamar por el presupuesto que necesitamos para el sector y eso va más allá del tema partidario.”
Hace 10 días se informó que el río Paraná había alcanzado el nivel más bajo de la última década en el puerto de Santa Fe, al registrarse 1,78 metros, muy lejos del nivel de alerta fijado para esa estación fluvial: 5,3 m. El Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad del Litoral tiene como registro más bajo, desde 2000 a la fecha, una marca de 2009, cuando en el puerto de Santa Fe alcanzó 1,53 m.
Ahora, desde el litoral argentino avisan que el Paraná continúa en pronunciada bajante. Según los datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina, la altura del agua en la zona portuaria llegó hasta el 1,63 metros. Además, los organismos especializados informaron que no se esperan repuntes considerables para los próximos días y las marcas podrían llegar hasta 1,70 metros y para fin de mes se mantendrían por debajo de los 2 metros.
El hidrómetro de la Prefectura Naval Argentina indicó ayer 1,51 metros en la ciudad y se convirtió en el registro más bajo desde 2009, incluso superando los niveles que se vienen dando en octubre: 1,79 metros el 3 de octubre y 1,75 metros el martes.
Se trata de una pronunciada bajante en el río Paraná que se ubica lejos del promedio de altura que debería tener para esta época del año: los estudios del Instituto Nacional del Agua (INA) señalan que en octubre el nivel debería ubicarse bien por encima de los 3 metros, aproximadamente en los 3,78 metros.
Las autoridades de Prefectura solicitaron precaución al navegar, especialmente por riachos interiores. En algunas costas del río Paraná se empiezan a ver grandes bancos de arena.
El bajo caudal del río genera múltiples complicaciones tanto en el transporte fluvial, causando demoras logísticas en la llegada de los combustibles, así como en la reproducción y protección de los peces, los cuales no encuentran refugio profundo: los cardúmenes quedan a merced de los pescadores. Organismos locales pidieron responsabilidad a la hora de pescar en la costa durante la bajante.
Los barcos oceánicos deben partir con carga reducida, por cuestiones de calado, lo que es un despilfarro logístico y puede generar cuellos de botella en los puntos de embarque.
La consecuencia más grave para la economía nacional es el perjuicio al complejo exportador del Gran Rosario, con puertos normalmente profundos de embarque directo a las naves de ultramar. La llegada de la soja desde el Norte, aunque baja en barcazas de fondo plano y bajo calado, también puede llegar a quedar afectada.
Como sucede cada tanto, especialmente cuando hay recambio presidencial, este tema se agita. No es sorpresa que esta semana apareció en La Nación.
Hay un aspecto positivo en el asunto: se reivindica el papel clave de la ciencia y la tecnología en la riqueza o la miseria de las naciones. Y los argumentos, de ambos lados, merecen ser tomados en cuenta. Al final, agregamos algunas observaciones de AgendAR.
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«En un mundo en el que la riqueza de las naciones comienza a medirse por los conocimientos, la ciencia y la tecnología, la no adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes provoca, según dicen sus defensores, una pérdida para el país. Desde el lado opuesto, la industria farmacéutica local se opone a ese pacto global.
La riqueza de las naciones ya no se mide ni en barriles de petróleo ni en toneladas de soja. Ni siquiera en millones de autos exportados. La riqueza de un país en el siglo 21 se mide por la fortaleza de su sistema científico-tecnológico y por la capacidad de transformar el conocimiento en innovación industrial y en bienes y servicios de exportación. La guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping refleja este paradigma mundial: se disputan el liderazgo científico-tecnológico global. China ya no es la maquila barata de las multinacionales extranjeras, sino que es líder en innovación. Quien domina la tecnología, domina el mundo.
Por eso, uno de los elementos usados para evaluar la fortaleza económica y el desarrollo de una nación es el índice de innovación mundial. Entre otras cosas, este indicador mide la inversión en educación, investigación y desarrollo, la exportación de tecnología y la cantidad de patentes solicitadas en el año. Suiza ocupa el puesto número 1; Estados Unidos, el 3; Israel, el 10; Corea del Sur, el 11; Irlanda, el 12; China, el 14; Islandia, el 20. La Argentina recién aparece en el puesto 73, después de Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú, siendo que somos el único país de Hispanoamérica con tres Premios Nobel en ciencia y una larga trayectoria científica.
Por presión de la industria farmacéutica, la Argentina se niega desde hace medio siglo a adherir al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT o Patent Cooperation Treaty), firmado por 152 países. Hasta países comunistas y anti-imperialistas firmaron el PCT: China (1994), Cuba (1996) e Irán (2013). En la región solo Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela están fuera de este sistema.
Los laboratorios nacionales sostienen que si adhiriéramos al tratado estaríamos «entregando» nuestro mercado farmacéutico, ya que las firmas extranjeras lograrían mayor protección local para sus drogas. Y dicen que los medicamentos subirían de precio. Esta disputa de intereses lleva décadas y generó una cultura contraria al patentamiento internacional. Los más perjudicados son los investigadores y las instituciones científicas locales, cuyos hallazgos, al no tener protección adecuada, son patentados y apropiados por multinacionales y universidades extranjeras.
Lo sorprendente es que los mismos laboratorios locales que se oponen a que se suscriba el PCT, usan sus filiales extranjeras para solicitar patentes en el exterior, porque es un mecanismo más rápido, barato y eficiente. Por este sistema, la solicitud inicial para verificar si una innovación es novedosa se puede presentar en todos los países miembros a la vez. A los tres meses se obtiene una respuesta. Si es positiva, hay 30 meses para presentar la solicitud de patentamiento en cada país que sea de interés.
Los innovadores argentinos tienen que solicitar la reserva de patente en cada país, con un costo infinitamente mayor y un plazo de reserva de solo 12 meses. Y la información que recibe el solicitante sobre el estado de patentes relacionadas con su innovación es mucho más pobre.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Para acceder a las ventajas del PCT, el Conicet utiliza una oficina del Instituto Leloir en Estados Unidos. Muchos científicos e inventores recurren a «prestanombres» argentinos con doble nacionalidad o residentes en el exterior, con los riesgos que conlleva escriturar un invento propio a nombre de otra persona. Estos vericuetos kafkianos han tenido y tienen consecuencias negativas para el país. En plena era del conocimiento, los argentinos patentamos muy poco. Un contrasentido y un gran desperdicio de capital intelectual y económico en el siglo de la innovación.
Darío Codner, secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Quilmes, defiende el valor intelectual y económico de las patentes a la hora de convertir hallazgos científicos en riqueza económica. «Cuando llegué a la universidad, en 2010, mi preocupación era cómo explicarles a los investigadores que patentar y proteger era algo que tenía valor no solo para ellos, sino para la institución y la Argentina. Como soy físico, esto de medir es muy importante para mí», explica.
Él y su colega Ramiro Martín Perrotta encararon un trabajo de investigación que culminó en dos papers que comprobaron, con casos reales y estadísticas concretas, que innovaciones desarrolladas por científicos argentinos y financiadas por el Estado argentino, al carecer de protección de propiedad intelectual internacional, principalmente en medicina, biotecnología y química, fueron patentadas por laboratorios extranjeros como los de Monsanto (hoy Bayer), Dupont y BASF y por instituciones académicas como MIT (EE.UU.), Sociedad Max Planck (Alemania) y Manchester University (Inglaterra).
«A este fenómeno lo denominamos ‘transferencia ciega’, porque los investigadores no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo con sus hallazgos. El Estado argentino está subsidiando a los países centrales», señala Codner . «Sin la contribución científica y la inversión pública argentina dichas patentes no se hubieran obtenido», concluye.
Héctor Pralong, gerente de Vinculación Tecnológica del Conicet sostiene que pertenecer al PCT «sería deseable y un avance, porque es más barato y mejor. Pero como no me gustan las posiciones en blanco y negro, quiero señalar también que los procesos de transferencia tecnológica son muy complejos y hay que abordarlos de manera integral. La protección del conocimiento es solo un primer paso.»
Gloria Montaron Estrada es directora legal y de propiedad intelectual de Bioceres, una incubadora de biotecnología creada por productores agropecuarios y empresarios argentinos con apoyo del Estado. Este año la compañía salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York para atraer capital para su expansión global. «El mayor valor de nuestra compañía son sus patentes; tenemos 117 otorgadas o solicitadas», dice. Las más valiosas están relacionadas con la tecnología HB4, que permitió desarrollar semillas de soja y otros cultivos resistentes a la sequía. Es un hallazgo de la Universidad del Litoral y el Conicet, que Bioceres licenció hace casi dos décadas.
«Para registrar internacionalmente las primeras patentes creamos una filial en Estados Unidos», explica la abogada. «Patentar a través del PCT es un trámite mucho más rápido. En tres meses te dicen si es un desarrollo original o no, si tenés competencia en algún lugar del mundo o si te conviene hacer modificaciones a tu formulación para lograr la aprobación final en los países de tu interés. El costo máximo es de US$10.000 y tenés un plazo de 30 meses para hacer la presentación formal ante la autoridad de cada país, que otorga las patente correspondiente. El trámite en la Argentina es mucho más lento, puede durar varios años y, a la vez, tenés que hacer las solicitudes en cada país, a un costo aproximado de entre US$2500 y US$4000 por cada país. Hay solo 12 meses para registrar el invento. Es incomprensible que aún no hayamos firmado el tratado», dice.
Paradójicamente, entre los accionistas de Bioceres las aguas están divididas. Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario, asistió recientemente a un seminario organizado por la Cámara de Diputados para expresar su apoyo al PCT. En cambio, su socio Hugo Sigman, dueño de uno de los principales laboratorios y presidente de la Cámara de Biotecnología, envió una carta a la comisión organizadora advirtiendo que «las implicancias de adherir al PCT deben ser ampliamente evaluadas», porque se «producirá un cambio copernicano en el régimen jurídico».
Dámaso Pardo, actual director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, trabaja intensamente para lograr la aprobación de una ley que prevé la adhesión, que el Senado votó en 1998 y que Diputados frena desde entonces. «Es de esperar que nuestros legisladores comprendan el enorme beneficio que traerá a nuestros innovadores e inventores que la Argentina ratifique el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y sancione la ley cuanto antes», afirma. Pero Jorge Otamendi, un reconocido abogado de patentes, no ve ese compromiso en el resto del Gobierno. «Ni bien asumió Macri me reuní con muchísimos funcionarios. Todos me dijeron ‘conocemos el tema’, pero al final no hicieron nada», lamenta. «Los empresarios farmacéuticos son muy poderosos. Ellos copian las drogas básicas o las compran en países piratas sin pagar los derechos correspondientes. Son multimillonarios, pero los remedios no son más baratos en la Argentina; esa es una falacia».
Daniel Gómez, doctor en medicina y director del Laboratorio de Oncología de la Universidad de Quilmes, es autor de varias patentes medicinales, incluyendo una droga veterinaria para curar el cáncer de mamas en hembras caninas producida por Biogénesis, laboratorio de las familias Bagó y Sigman.
Como docente, enseña a formular proyectos de biotecnología y a patentar sus hallazgos antes de publicarlos. Cuenta que en 1864 la Argentina fue uno de los primeros siete países del mundo en sancionar una ley de patentes. «Incluso antes de conformarnos como nación, en 1855, Buenos Aires sancionó la ley de Patentes de Invención. Carlos Pellegrini hizo una apasionada defensa del proyecto, que demuestra que para esa generación la ciencia era la base del progreso».
Gómez reivindica a Sarmiento como fundador de instituciones científicas y académicas. «Al inaugurar el observatorio astronómico de Córdoba, aseveró: ‘Quiero responder a mis críticos que dicen que en un pueblo naciente y con un erario público empobrecido la ciencia no es una prioridad. Y yo les contesto: Si la ciencia no es una prioridad, mejor resignemos el titulo de nación, porque ésta será la fuente del crecimiento del país'».
«¿Cómo puede ser que hayamos involucionado tanto y hoy nos debatamos si conviene o no patentar?», se pregunta este oncólogo y profesor universitario. «A mediados del siglo 20 se instaló en el país el paradigma de que la ciencia no debía mezclarse con el dinero», explica. Para demostrar que es una noción equivocada, señala: «Tomemos el caso de Corea del Sur: de 1701 patentes solicitadas en 1969 pasó a 163.523 en 2009; en la Argentina, en cambio, cayeron de 7330 a 4813 en el período. ¿Los resultados? El producto bruto interno de Corea del Sur en 2011 fue de US$1.549.000 millones, mientras que el argentino fue de US$709.000 millones. Y concluye: «Por suerte, muchos jóvenes científicos están cambiando de ideas».
Laboratorios: Qué dicen quienes se oponen a la adhesión al tratado global
«El tema de patentes es un tema de puja de intereses; lo fue en toda la historia y en todo el mundo. Muchos de los países desarrollados que hoy son defensores de las patentes, como Japón, antes copiaban todo, productos farmacéuticos, electrónicos. Lo mismo Suiza, Italia…»
Quien se expresa con franqueza es Luis Alberto Gold, accionista de Elea, uno de los principales laboratorios nacionales, propiedad de las familias Gold , Sigman y Sielecki. Él, Juan Pablo Bagó, accionista de Laboratorios Bagó, y Santiago Bassó, abogado de la cámara farmacéutica Cilfa, mantuvieron una conversación con LA NACION sobre las razones por las que se oponen al Tratado de Cooperación de Patentes. A continuación, las partes salientes del diálogo:
-¿Ustedes creen que si la Argentina adhiere plenamente al sistema internacional de patentes los medicamentos serán mas caros?
Luis Alberto Gold (LG)-: Sin duda.
Juan Pablo Bagó (JPB): Y puede pasar que haya un cambio en la forma en que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) determina la patentabilidad, y también que productos con patentes a punto de vencer se presenten con alguna innovación mínima y obtengan exclusividad por otros 20 años.
-No parece que los laboratorios argentinos estén tan preocupados por bajar los precios de los remedios. Hace poco el Gobierno denunció la cartelización en las ventas de Cilfa al PAMI e implementó licitaciones abiertas con rebajas de 50 y 60%.
LG-: Bajaron los precios donde había competencia.
-Cuando pueden tener precios muy altos, los tienen.
LG y JPB-: Por supuesto.
-He visto que sus empresas usan el Tratado a través de sus filiales en el exterior para patentar desarrollos internacionalmente. ¿Por qué no adherir entonces directamente?
JPB-: Haciendo eso, ponés a la Argentina en cierta desventaja.
-¿Por qué? China lo hace y tiene una industria farmacéutica poderosa.
Santiago Bassó (SB)-: Todos los países que adhirieron lo hicieron en el marco de algún acuerdo comercial, con el que consiguieron algo a cambio. Chile, Colombia y Perú lo hicieron para acceder al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
-Y Cuba, ¿que recibió a cambio?
SB-: Ellos participaron de las negociaciones iniciales porque tienen un proyecto de expansión internacional de sus productos.
-¿Y nosotros no podemos tener un proyecto de expansión similar? En un momento hay que convertirse de copiador en innovador.
LG:- Yo lo comparto.
-Pero nunca estamos listos.
LG:- Efectivamente. Nosotros somos una expresión de la teoría de Darwin, sobrevivimos no sé por qué. Esto no es Suiza. Nosotros nos desarrollamos durante 70 años en un medio hostil. Si la Argentina entrara en la OCDE, por ejemplo, a mi me encantaría como ciudadano, pero no quedaría ninguna empresa argentina.
El mapa global de la innovación
En un ranking que incluye a 129 naciones, la Argentina se ubica en el puesto 73; la cantidad de patentes pedidas es uno de los elementos que considera el indicador.
César Milstein y una falacia sobre su pensamiento
En 2011, un grupo de científicos argentinos publicó el documento «Patentes, de Aristóteles a Gates». Allí se sostiene que los estados no deberían pagar royalties ni patentes porque «todo emprendimiento patentado llegó a su objetivo final sustentado en el conocimiento público generado en todos los rincones del planeta a lo largo de siglos». Y afirma que el Premio Nobel César Milstein «generosamente no patentó (los anticuerpos monoclonales) porque pensaba que era un hallazgo para toda la humanidad». Denuncian también que las multinacionales que facturan unos US$23.000 millones al año gracias a este descubrimiento, «lo patentaron y lo robaron». Arturo Prins, director de la Fundación Sales, que investiga tratamientos oncológicos y comparte 21 patentes con el Conicet, dice que eso es falaz. «Estuve con César Milstein en 1999; él se lamentaba porque la National Research Development Corporation (la autoridad inglesa) se negó a patentar su descubrimiento. En poco tiempo, una firma fuera de Gran Bretaña patentaba y vendía los anticuerpos monoclonales. Milstein me explicó que si el invento se hubiera patentado como pidió su laboratorio, habrían llegado enormes recursos en regalías.»
Una innovación obstetricia, de Lanús al mundo entero
«Me tuve que ir a España, donde tengo un primo que se asoció conmigo, para poder patentar mi proyecto por PCT en 70 países en un plazo de 30 meses. Si lo hacía desde la Argentina tenía solo 1 año y se te pasa volando. Si no tenés patentes en todos lados, nadie va invertir en tu proyecto. Los políticos tienen que entrar en razón y sancionar la ley para adherir a este tratado internacional.» Así recuerda Jorge Odón la odisea burocrática que vivió. Este mecánico de Lanús, con varias patentes en su haber, imaginó en 2006 un dispositivo descartable para facilitar partos complicados, más amigable, económico y fácil de usar que el fórceps o el vaccum. Varios años después, al ver el prototipo desarrollado con el Cemic, el director de salud reproductiva de la Organización Mundial de la Salud lo llevó a Ginebra y lo conectó con Becton, Dickinson and Co, un laboratorio líder de Estados Unidos. Esta empresa invirtió US$20 millones para hacer las pruebas clínicas en la Argentina y otros países, con la idea de comercializar el Odon Device en todo el mundo. La Fundación Bill Gates espera distribuirlo en África lo antes posible.»
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Nuevamente CAEME, la cámara de los laboratorios multinacionales, expone sus argumentos. Que no son flojos.
Pero el dato importante que falta en el resumen que hace María Eugenia Estenssoro es que Argentina es el único país latinoamericano con industria farmacológica propia: controla un 60% del mercado local, y exporta a la región, con marca propia en casos como el de Roemmers, o con genéricos en el de Biosidus. Esto genera 43.000 puestos de trabajo directo, en general calificado, en los laboratorios nacionales. No es la situación de Brasil, Chile o Colombia.
Por supuesto, tener fabricación propia no significa que los laboratorios nacionales que forman CILFA abaraten su producción para beneficio de los argentinos. Los precios de una y otra cámara están acordados y cartelizados.
Reproducimos este informe del Servicio Penitenciario Bonaerense distribuido por Telam, no sólo por la intervención en el programa de entidades empresarias que apoyamos desde AgendAR. El problema social de la «inseguidad» -para ser precisos, de la delincuencia violenta- es uno de los más sensitivos en la actualidad.
Y el hecho fundamental es que, aunque la tasa de reincidencia que estima el SPB -se afirma que menos del 10% de los graduados en estos programas de formación vuelve a cometer delitos- sea optimista, los resultados son mucho mejores que las políticas convencianales de «garantismo» o «mano dura».
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«Cerca de 300 internos de cinco cárceles bonaerenses fueron capacitados en mecánica de moto, marroquinería, confección textil y gestión de negocios, cursos de alta salida laboral, informó el Servicio Penitenciario bonaerense.
Se trata de presos alojados en los penales de Olmos, Gorina, Melchor Romero y Florencio Varela y los docentes pertenecen a la Confederación General de Empresarios de la República Argentina (CGERA) y a la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), cuyos diplomas fueron avalados por organismos oficiales.
Los cursos dictados fueron de mecánica de motos (en sus tres niveles), marroquinería, confección textil y gestión de negocios. Se dictaron en las Unidades Olmos, Gorina, Melchor Romero y en Florencio Varela, y les servirá para enfrentarse al mundo laboral una vez recuperada la libertad.
Todos los cursos dictados tuvieron más de 120 horas de duración, con control de asistencia, clases teóricas y prácticas y certificados de finalización para quienes cumplieron los requisitos y aprobaron los correspondientes exámenes, y en el caso del curso de mecánica de motos se dividió en tres niveles: Introducción a la mecánica (30 horas), Mecánica básica (90 horas) y Mecánica avanzada (120 horas), compartiendo la misma metodología y currícula que los cursos que las entidades dictan en distintos centros de formación a lo largo de todo el país.
«Las capacitaciones en oficios que se llevan adelante en las cárceles permiten que las personas privadas de su libertad adquieran conocimientos para insertarse en el mercado laboral en su egreso y eso es clave para que no reincidan en el delito», aseguró el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.
Por su parte, Guillermo Siro, presidente de CEPBA, destacó que «todos los empleos que formamos a través de las redes y los centros de formación son empleos con salida laboral».
Y ejemplificó con el de mecánica de motos: «con un millón de motos vendidas en los últimos 10 años hay una alta demanda, y quienes hacen los tres niveles del curso pueden trabajar en la red de concesionarios de las marcas que nos asisten en este proyecto o hacer también el curso de gestión de negocios y poner su propio taller».
Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina, y es el grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo produciendo tres millones de kilos de productos por día. Tiene otras medallas: es el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina. Su CEO Luis Pagani fue el primer empresario latinoamericano en ingresar al Candy Hall of Fame, la más alta distinción que otorga la National Confectionery Sales Association (NCSA) de Estados Unidos. Pero… hoy la caída en las ventas de la multinacional ronda el 20% y creen que en los próximos meses se sentirá entre sus 8.100 proveedores. El sector tiene 12 mil empleos afectados.
La multinacional nacida en Córdoba es una de las compañías con mayor grado de internacionalización del país (47 plantas en Latinoamérica y presencia comercial en 120 países), cuenta con una importante diversificación de sus negocios (alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging), un muy amplio portfolio de productos (fábrica más de 1.500 ítems distintos), además de tener presencia en diversos sectores a partir de una serie de alianzas y adquisiciones que se concretaron en los últimos años.
Tiene un sinnúmero de proyectos de desarrollo sustentable e invierte millones (en 2018 unos US$ 12 millones) en iniciativas de investigación y desarrollo. Con todo, gran parte de sus ingresos provienen del mercado interno. El 71% de sus ventas, y ahí radica buena parte de la explicación para entender la compleja situación que atraviesa la empresa.
Sin ser el sector más afectado por la crisis macro que arrancó a mediados del 2018 –el sector automotriz se desploma al 40%, las ventas de departamentos caen a valores interanuales similares los fabricantes de alimentos y bebidas están atravesando momentos críticos. El primer semestre de 2019 dejó caídas del 13% en congelados, del 12% en lácteos (cayeron fuerte postres, leches líquidas y saborizadas), del 11% en bebidas, del 5% en infusiones y del 4% en alimentos en general. La quita del IVA en productos de la canasta básica alivianó la caída en agosto, pero se espera que el rebrote inflacionario vuelva a hundir el consumo en el último cuatrimestre del año.
Esta semana, Arcor decidió dar vacaciones a 2.500 de sus operarios de cuatro plantas. Más allá del impacto de la noticia lo grave es el marco en que se da: la empresa cerró una planta en San Martín, Mendoza, dejó en operación mínima otra en Choele Choel, en Río Negro, y las perspectivas para los próximos meses no son las mejores.
Impacto proveedores. Arcor tiene más de 14 mil proveedores para sus plantas en la región, 8.100 de ellos en la Argentina y con un perfil, casi en su totalidad, de pymes. La decisión de dar vacaciones a sus empleados obedece al sobrestock de las distintas líneas de la empresa producto de la caída del consumo. El diseño de las vacaciones no es lineal y homogéneo. Se definió tratando de encastrar la demanda para evitar un parate generalizado y un impacto directo en toda la cadena.
Pero ya hay alarma
entre sus proveedores. “Todavía no ha tenido fuerte impacto porque
la medida de la empresa va en diferentes fechas, no se discontinua
totalmente todos los procesos. Todo esto configura un panorama que no
tiene una repercusión inmediata en la distribución y los
proveedores, pero sin duda que la va a tener en cualquier momento. Si
producís menos vas a comprar menos”, razona una fuente del sector.
Un dato a tener en
cuenta, relacionado con los proveedores: en un año Arcor redujo en
más de 600 el número de firmas de las que se abastece. Según el
Reporte de Sustentabilidad de 2018 la firma pasó de 8.778
proveedores en 2017 a 8.100 ese año, en línea con lo que muestra a
nivel regional. En países como Brasil y Chile la reducción de
proveedores también es marcada.
Caída sectorial. Los golpes que muestra Arcor están lejos de limitarse a sus plantas. Todo el sector está afectado. Héctor Morcillo, secretario General del Sindicato de la Alimentación, remarca que la caída en las ventas de Arcor oscila entre el 15% y el 20%, y también es así en buena parte de la industria. “La realidad industrial del sector muestra una capacidad ociosa en las plantas del 50%. Si ha disminuido el consumo de leche per cápita imagínense cómo ha caído el consumo de dulces, caramelos, galletitas”, señala. Según Morcillo, en el país hay cerca de 12 mil trabajadores afectados por la crisis, en distinta medida, con acciones que van desde adelanto de vacaciones, suspensiones, despidos, jornadas reducidas o retiros voluntarios. “Más allá de los argumentos de las empresas que toman medidas por acumulación de stock esto también es producto de una política económica que ha destruido la industria nacional. Son los reflejos de estas políticas”, señala.
Mala reacción. Morcillo también advierte que parte de los resultados actuales que se ven en el sector industrial alimenticio se dan por las reacciones de las empresas ante los cimbronazos de la macro: “Muchas de estas empresas han apostado a precio y no a volumen y esta es la consecuencia directa. Cuando hay una caída abrupta de la demanda lo primero que se produce es que se traslada el ajuste a los trabajadores. Todas las empresas grandes están más o menos en la misma situación. Estas empresas aumentaron los precios indiscriminadamente y fueron aumentando con cada salto del dólar. Después de las PASO remarcaron entre un 15% a un 35%, es decir que apostaron a precio y no a volumen. Podrían no haber aumentado tanto los precios, entonces cuando se cae toda la demanda del mercado interno producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la alta inflación existente vienen estos coletazos”, razona.
El jueves pasado la
calificadora de riesgo FIX/ Fitch Rating elaboró un reporte Credit
Update sobre la situación de Arcor. Allí, si bien destaca que la
calificación de Arcor “refleja su sólida posición de negocio
como productor de Alimentos”, apunta algunos claroscuros. FIX
señala que el sector de Alimentos y Bebidas continuará viéndose
presionado por la débil demanda en el mercado local, los cambios en
las decisiones de consumo hacia segundas y terceras marcas y el
elevado costo financiero.
“Las ventas en supermercados caen por cuarto año consecutivo a una tasa real anual compuesta del 5,2% producto de la pérdida de poder adquisitivo promedio de los consumidores locales en un contexto de crecientes tasas inflacionarias y un reacomodamiento de precios relativos”, dice. A su vez, la calificadora juzga previsible el desempeño financiero de Arcor que ha mostrado “resiliencia a los vaivenes de actividad económica en Argentina”, aunque señala que los resultados operativos a junio de 2019 se vieron afectados, con menores márgenes de rentabilidad.
Impulsada en particular por los aumentos en los medicamentos, artículos de limpieza, pan, carne y frutas y las cuotas de los servicios de televisión, en septiembre la inflación fue del 5,9%. Así, en los 9 primeros meses de 2019 el IPC (Indice de Precios al Consumidor) acumula un alza del 37,7%. En relación a un año atrás, un incremento del 53,5%.
Con este nivel de inflación -la mayor en este año, y la tercera de la gestión Macri- la marcha normal de la actividad productiva se hace imposible. Pero probablemente su aspecto más doloroso para la población se registra en el precio de los medicamentos, que aumentaron en promedio un 100% en un año.
Flybondi, la aerolínea «low cost» más promocionada de Argentina, estrenó una ruta internacional: «Buenos Aires-Río de Janeiro. El vuelo inaugural partió el pasado viernes 11 desde el Aeropuerto El Palomar (EPA) al Aeropuerto Internacional Galeão (GIG) a las 8.30 de la mañana con 100% de ocupación.
“Brasil siempre ha sido un mercado natural para los argentinos y vemos mucho potencial en este nuevo destino. Nos alegra ser la única low cost conectando nuestro país con Río de Janeiro de manera directa y con los mejores precios del mercado» dijo Sebastián Pereira, CEO de Flybondi. “Apostamos a un proyecto de larzo plazo con una visión que tendrá cada vez mayor presencia regional y por eso seguiremos sumando nuevos destinos y ofreciendo conectividad al alcance de todos”.
Flybondi anunció la apertura de esta ruta en julio de este año, momento en que además inició las ventas. Actualmente cuenta con 3 frecuencias semanales que conectan la capital argentina con la ciudad carioca, los miércoles, viernes y domingos, y por la aceptación que tuvo, se sumará una cuarta para diciembre (los lunes). Las tarifas para este destino comienzan en $ 3.000 por tramo, aunque varían según la anticipación con que se adquieran y la temporada en que se pretenda viajar.
Además, en diciembre la compañía comenzará a operar la ruta Buenos Aires – Florianópolis.
Flybondi inició su operación en Argentina en enero de 2018, y con menos de dos años de operaciones ya llegó a los 2 millones de pasajeros transportados.
Nuevamente tenemos ocasión de compartir un oportuno artículo de «Embajada Abierta» de Jorge Argüello. Como pueden apreciar en el Buscador de la portada (la pequeña lupa arriba a la derecha) hemos tocado en bastantes ocasiones el tema antártico. Sugerimos en particular que vean esta nota de hace algo más de un año La batalla por la Antártida, y, un poco más reciente, Necesitamos ROVs, y también una Armada para defender nuestro mar. Pero antes, lean éste; trata de un problema, y una vergüenza, cercanos.
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Hace unas dos semanas, el 26 de septiembre pasado, el Reino Unido registró en el puerto de las islas Malvinas a su nuevo y flamante buque de investigación antártica, el RSS Sir David Attenborough, que lleva el nombre de uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo. Este buque, dependiente del British Antarctic Survey, realizará tareas de cooperación e investigación conjunta con nuestro país en la Antártida.
Hasta allí todo suena noble y encomiable. Salvo por un detalle.
El Attenborough está registrado como nave en las islas Malvinas y enarbola la bandera del ilegítimo gobierno de las islas. Conforme el derecho del mar, el vínculo entre un buque y su bandera es un ejemplo claro del ejercicio de la soberanía estatal.
Londres, al registrar el barco en Malvinas, produce un hecho político; la afirmación de su pretendida soberanía sobre un territorio en disputa con Argentina, situación reconocida por la comunidad internacional.
La controversia antártica. La Antártida configura hoy uno de los principales reservorios mundiales de agua dulce y minerales. Desde 1961, el Tratado Antártico establece el uso exclusivo del continente blanco para fines pacíficos, con libertad de investigación científica y un compromiso de intercambio de información al respecto.
El Tratado, y este es un punto clave, “congela” los reclamos territoriales por parte de los siete Estados que originalmente –al tiempo de la celebración del tratado– tenían pretensiones de soberanía sobre distintas partes del continente antártico (Argentina, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Australia y Nueva Zelanda).
Argentina mantiene una ininterrumpida presencia en la Antártida desde 1904. Hoy tiene 13 bases permanentes y temporarias, más que cualquier otro país, y administra una serie de refugios que sirven de resguardo y apoyo para los trabajos de campo de expediciones que operan alejadas de las bases. Ello representa un espacio de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados y se superpone con los reclamos soberanos del Reino Unido y Chile.
Las islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833, se convirtieron en un punto de trascendental importancia para la pretendida proyección antártica británica sobre la totalidad del Sector Antártico Argentino. Tanto, que el Reino Unido considera propio ese territorio y lo denomina British Antarctic Territory. Sin su presencia en las islas Malvinas, el Reino Unido perdería esa proyección antártica.
Es por ese mismo motivo que Argentina ha firmado decenas de acuerdos de cooperación científica bilateral con distintos países, pero nunca –y ni siquiera bajo el “paraguas de soberanía” de los 90– con el Reino Unido.
Así fue hasta la gestión del actual gobierno.
Fruto envenenado. El giro en la política nacional antártica del actual gobierno es un fruto envenenado del acuerdo internacional celebrado por los gobiernos del presidente Macri y la primera ministra británica, Theresa May, en 2016 y que lleva el nombre de los vicecancilleres que lo suscribieron: Foradori y Duncan. En palabras del canciller argentino, se buscó con este inédito giro político “recrear confianza y crear condiciones para un diálogo” con el gobierno británico.
Menos de dos años después, el 14 de mayo de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Científica Antártica entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, estableciendo un peligroso precedente para nuestra posición jurídica.
Así, el país aceptó cooperar en materia de investigación científica y tecnológica antártica en el área geográfica de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980), pese a que el Reino Unido, con sucesivas acciones unilaterales, ha violado sistemáticamente el régimen multilateral prescripto por dicha Convención.
Precedentes. En particular, el caso del Attenborough genera dos precedentes de riesgo jurídico para la posición argentina. Una consiste en emprender tareas conjuntas con un buque registrado ilegalmente en las Malvinas, una aceptación tácita de la capacidad del ilegítimo gobierno isleño de hacerlo con otras embarcaciones. Aún más grave es que el buque pretenderá amarrar en los puertos antárticos argentinos constituyendo una violación flagrante y expresa de la Ley de la Provincia de Tierra del Fuego 852 (Ley Gaucho Rivero), que prohíbe el amarre en puertos provinciales de buques con la bandera del ilegítimo gobierno de Malvinas.
A ello sumemos el desaire del gobierno argentino al apoyo regional concretado en distintos organismos y foros latinoamericanos: los Estados miembros están comprometidos a no permitir el ingreso a sus puertos de buques con bandera de la colonia británica instalada en Malvinas.
Concesiones cómplices. El Reino Unido continúa con su política de consolidar su aspiración valiéndose de la buena voluntad, de la complicidad y del inmovilismo del gobierno nacional en la cuestión Malvinas. Resulta evidente que la estrategia nacional sostenida en los últimos años ha demostrado ser ineficiente y contraria al interés nacional.
El propio canciller Jorge Faurie consideró a la Antártida como “patrimonio común de la humanidad” en ocasión de la visita del rey de Noruega en marzo de 2018, contrariando la histórica posición que nuestro país ha mantenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas negando la posibilidad de considerar a la Antártida de esta manera.
Como se sabe, el Tratado Antártico se limitó a mantener la situación territorial existente al momento de su firma. Pero no impone –ni impide– a un Estado parte que renuncie a sus derechos de soberanía sobre el territorio. De allí la gravedad institucional de la posición pública del canciller argentino.
En la proyección colonialista británica sobre el Atlántico Sur, la ciencia y la geopolítica han ido de la mano desde las épocas de Charles Darwin, que llegó a las Islas Malvinas semanas después de la usurpación de 1833. El teórico de la evolución asentó en su bitácora la “sorpresa” que se llevó cuando vio flamear la bandera inglesa en las islas.
Hoy, ni siquiera en nombre de la más alta ciencia el Estado argentino puede distraerse de su obligación jurídica, política e histórica de reivindicar sus derechos sobre las Malvinas y de mantener sus lógicas reivindicaciones sobre el Sector Antártico Argentino. Hasta Darwin lo entendería.
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Algo que en AgendAR consideramos adecuado agregar a esta excelente nota: el RSS Sir David Attenborough es, para todos los fines prácticos, un barco militar. Lleva marines para desembarcos o abordajes, amén de un helicóptero con capacidad de cazar submarinos a distancia. Como todo barco científico del British Antarctic Survey, es también una nave de guerra, y si se toman en cuenta sus múltiples sonares e hidrófonos, amén de su capacidad de operar todo el año en bancos de hielo de hasta un metro de grosor, rotando tripulaciones y reabasteciéndose con el helicóptero, una particularmente temible.
Tener que darle servicios de puerto en Argentina a este barco es un ejemplo de adónde nos llevaron los Tratados de Madrid de Menem y el acuerdo Foradori-Duncan.
