El devastador temporal que azotó Bahía Blanca, objetivamente se agravó debido a la falta de respuesta del Estado, ya que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, al comenzar el feriado largo de carnavales, cerró la Dirección Nacional de Emergencias y despidió a sus 485 trabajadores, quienes tenían la responsabilidad de brindar asistencia en situaciones de desastre. La medida, que se enmarca en el ajuste del Estado impulsado por Federico Sturzenegger, dejó a la ciudad sin un organismo clave para responder a emergencias.
La falta de reacción estatal en las primeras horas del desastre evidenció las consecuencias de esta decisión. Mientras los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, se trasladaron a la zona para coordinar la respuesta, Pettovello no hizo acto de presencia.
La ayuda enviada desde su cartera se limitó a productos de higiene y materiales de construcción, transportados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fuentes provinciales denunciaron que solo se enviaron “80 colchones” para una población de 300.000 habitantes, de los cuales el 70 % fue afectada por el fenómeno, según señaló el propio Intendente Federico Susbielles.
Además, Capital Humano no suministró alimentos a la población afectada, admitiendo que no cuentan con stock en la actualidad. Esta situación se conoció en medio de una denuncia del dirigente social Juan Grabois sobre la escasez de suministros en comedores populares, lo que llevó a una orden judicial para que el ministerio informe su inventario de alimentos en un plazo de 48 horas.
Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de la Dirección Nacional de Emergencias no fue una medida improvisada, sino que sus funciones fueron absorbidas por los ministerios de Seguridad y Defensa. No obstante, esto significó la desaparición de equipos especializados en respuestas inmediatas y asistencia post-catástrofe.
Importancia de la Dirección desmantelada
Para comprender el impacto de esta pérdida, fuentes gremiales citadas por Infogremiales, recordaron el rol clave que tuvo la Dirección durante los incendios en Corrientes en 2022. En aquella ocasión, en menos de 48 horas se desplegó un operativo con distribución de agua potable, kits de limpieza, colchones, frazadas, ropa y alimentos, además de relevamientos posteriores para gestionar ayudas económicas a las familias damnificadas. Con la disolución del organismo y de los centros de referencia locales, este tipo de asistencia ha quedado sin un ente específico a cargo.
Ante la crisis en Bahía Blanca, la gobernación bonaerense envió a Pettovello un pedido formal de ayuda, detallando la situación de las familias afectadas y recordando que, en los últimos dos años, 50 municipios de la provincia sufrieron inundaciones sin recibir asistencia del Gobierno nacional.
Justificación inexplicable
Desde Capital Humano justificaron la eliminación del organismo argumentando que existía una “superposición de áreas” y aseguraron que la atención ante emergencias quedará en manos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si este nuevo esquema podrá garantizar la misma capacidad de respuesta que el equipo desmantelado.
El cierre de la Dirección Nacional de Emergencias ha generado críticas de distintos sectores y ha puesto en evidencia una preocupante falta de planificación en la gestión de crisis. La emergencia en Bahía Blanca ha sido la primera prueba de este modelo, dejando dudas y preocupación entre los damnificados y los gobiernos locales, que ahora deben enfrentar catástrofes sin el respaldo estatal que existía previamente.
El octavo complejo exportador del país busca que se declare la emergencia; tiene salida comercial, pero se ve afectada por la caída de los precios internacionales, el tipo de cambio local y los altos costos para poder operar.
A las 20, Antonio Solimeno sigue en su oficina en Mar del Plata. Llegó a las 6.30 de la mañana y, a los 78 años, sigue trabajando. Como casi todas sus jornadas laborales, ya van casi 14 horas, pero, de todas maneras, el negocio no le cierra. Abiertamente manifiesta que el sector de la pesca está “muy, muy mal” y que “los números no le dan a nadie”.
El presidente de Solimeno, una empresa que cuenta con 13 barcos y dos plantas frigoríficas, que emplea un total de 850 personas y es una de las más importantes del país, asegura que empezó totalmente de abajo y que empezó a crecer después de haber encargado (junto con su padre) su primer barco a un astillero marplatense en 1972. Descendiente de una familia pesquera de raíces italianas, cuenta que el primer problema por el que atraviesan ahora es la caída entre un 20% y un 30% de los precios internacionales, sobre todo del langostino y del filet de merluza, dos de los principales productos de la Argentina en este sector.
“El otro problema es interno. En 2024, la inflación fue del 118%, pero el dólar quedó casi anclado en un 27%. Pagamos costos en pesos que se ajustan por inflación, pero percibimos dólares oficiales que valen poco”, explica el empresario. Añade que hay una altísima presión tributaria, y solo como ejemplo dice que paga por los 850 trabajadores en relación de dependencia US$800.000 por mes al fisco, solo por cargas sociales. “El Estado no para con los impuestos y las tarifas. Tenemos Ingresos Brutos, la tasa de seguridad e higiene y otros tantos. Aumentan el combustible y la energía. Sin embargo, ¿qué nos ofrecen?“, se pregunta. ”Hace 67 años que trabajo en el puerto en Mar del Plata y durante todo este tiempo casi no he visto obras. Tenemos problemas de dragado también. Es tremendo lo que nos pasa. Veo un panorama desalentador para 2025 en las condiciones actuales y los precios continúan aumentando”, dice.
Más allá de la voz del empresario, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) realizó un informe sobre el panorama actual que le pone más números a la problemática y muestra una “gravísima situación”. Según el estudio, los altos costos tributarios, el derecho de exportación, así como los incrementos en los costos logísticos, salariales y previsionales están llevando a la quiebra a un sector que emplea a más de 40.000 trabajadores.
“El atraso cambiario encarece en pesos, insumos como combustibles, repuestos y salarios, achicando márgenes y explica gran parte de las pérdidas actuales” analiza la fundación. A modo de ejemplo, indica que “un barco que en 2018 tenía un 20% de rentabilidad, en 2024 operó con un 21% de pérdida por viaje debido a esta combinación de menores precios y costos disparados”.
Fulasp observa que entre junio y noviembre de 2024, los costos de operar un buque fresquero subieron tanto (indexados por inflación y ajustes) que las pérdidas semanales pasaron de $5 millones a más de $20 millones. “Esta escalada de costos fijos y variables asfixia a las empresas, que no pueden trasladarla a los precios de venta. A su vez, los valores de exportación de las principales especies (merluza, calamar, langostino) también descendieron, reduciendo la rentabilidad”, detalla.
Para Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, juega en contra el hecho de que “la macroeconomía en la Argentina es pendular. Nos cambian las reglas de juego 180 grados. Durante 10 años fuimos ajustando salarios y costos por inflación y los recuperábamos por la devaluación del tipo de cambio. Ahora, cuando cambiás los dólares de la venta externa al tipo de cambio oficial, no te alcanza para pagar tu costo en pesos. Tenemos el recurso, tenemos compradores, pero hay una crisis profunda de precio y estructura de costos”, añade.
Solo 10 especies representan el 93% del total de las capturas locales. Según Cereseto, de ellas, 9 están en crisis y 8 en terapia intensiva por el precio, no por el recurso en sí. “La única que no está en crisis es el calamar”, define.
Los números que refleja el Indec sobre el sector pesquero muestran que en 2024 hubo envíos al exterior por US$2007 millones, con un crecimiento del 2,5% interanual, aunque en enero de 2025, el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de 3,3% respecto a igual mes de 2024.
La salida económica, según el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, es “sentarnos alrededor de una mesa y todos hacer un sacrificio para salir adelante. Por ejemplo, cobrar derechos de exportación a una actividad que no deja plata no tiene lógica”, dice. Hace referencia a que, al igual que otros sectores, hay que suspender las retenciones por lo menos hasta que se ordene la macro. “Es cierto que las retenciones llegan a un 9%, escalonado ya que hay un premio para el valor agregado, pero la Argentina es tan cara que el valor agregado se realiza en otros países mayormente, como Perú o Tailandia”, afirma.
Una postal que puede desaparecer
Están los barcos congeladores, que procesan a bordo y dejan el producto congelado, envasado y listo para la venta, y los barcos fresqueros, que lo llevan a plantas en tierra para su procesamiento. La consultora económica Invecq también trazó un panorama económico complejo para el sector, en especial para los barcos fresqueros y plantas elaboradoras en tierra que “están operando en situación de quebranto”, advierte.
Toma como ejemplo un barco con una producción por marea de 3000 cajones de merluza en la ciudad de Mar del Plata. En noviembre de 2024 generó ingresos por $73,5 millones y afrontó costos por $89,2 millones. Tuvo una pérdida de $15 millones. En el segundo semestre de 2018 hubiera tenido un resultado positivo del 20%.
Sebastián Agliano es el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera de Mar del Plata y representa a 47 embarcaciones amarillas de las que se ven en el puerto y que tanto fascinan a los turistas. “Por cada empleado embarcado hay siete que trabajan en tierra. Esta cadena de producción (más artesanal) es un 25% menos rentable que cualquier otra. Lo peor de lo que está sucediendo es para Mar del Plata y para los buques fresqueros. Además, hay que tener en cuenta que nuestro principal comprador es Brasil, cuya devaluación nos impactó directamente. Nos estamos fundiendo”, reclama.
Recuerda que “la pesca aporta a la seguridad alimentaria y a la salud de los ciudadanos”, aunque, según datos oficiales, el consumo local de productos pesqueros es bajo en la Argentina: solo 4,8 kilos por habitante por año, muy lejos del promedio mundial, que supera los 20 kilos.
“Nos encontramos ante la necesidad acuciante de acciones por parte de la Administración para evitar que el sector pesquero que representamos se vea inmerso en una crisis terminal. Los principales destinatarios del paquete de medidas deberían ser los segmentos de esta flota fresquera, en su mayoría pymes o empresas familiares conformadas por personas físicas. Solicitamos que se declare la emergencia pesquera para este sector y, entre otras medidas de alivio, la suspensión del Derecho Único de Extracción durante los próximos 12 meses”, pide.
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), marca también que en los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$2300 millones solamente en concepto de Derechos de Extracción (DEX), un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo”
El langostino, también en crisis
El langostino congelado procesado a bordo en buques congeladores en estuches de dos kilos directo para la exportación genera unos US$600 millones por año, un cuarto de las divisas que ingresan por parte del sector pesquero.
Sin embargo, este producto emblemático de la Argentina en los mercados internacionales está en crisis. Eduardo Boeiro, presidente Capeca, explica que (además de lo ya expresado por otros referentes del sector), “tenemos un alto costo laboral arriba de los barcos. Hoy la tripulación se lleva casi un 60% de lo que el barco trae, entre salarios, cargas sociales, etc. A su vez, esa producción tiene una retención del 6% y en 2024 el Gobierno incrementó el Derecho Único de Extracción. Más el combustible y otros ítems, la producción tiene una rentabilidad negativa”, dice.
Asegura que “en estas circunstancias, si no se llega a algún acuerdo con las tripulaciones, los gremios y el Gobierno (por retenciones y otros impuestos), va a ser muy difícil que la flota pueda salir a trabajar a partir del mes que viene, cuando empiece la temporada del langostino».
Una maraña
El sector está atravesado por “una maraña de regulaciones innecesarias”, según Invecq. Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el último eslabón “se exigen 133 trámites”. Y estas cifras no incluyen los pasos administrativos de orden comercial o productivo.
Además, agrega Invecq que tiene dotaciones mínimas exigidas muy por encima de lo necesario. Los requisitos de personal, a través de los convenios, no se ajustan a los avances tecnológicos. Entre otras medidas se paga la misma cuota de ART para el personal embarcado que para el de tierra.
Otro ejemplo de regulaciones insostenibles es que “si un barco sale con 12 tripulantes -entre maquinistas y marineros- pero por imposición de los CCT (Convenios Colectivos de Trabajo) está establecido que deberá navegar con 16, entonces está obligado a pagar el equivalente a 16 (y el remanente se divide entre los embarcados)”, registra la consultora.
Se trata de una muestra de las dificultades por las que pasa un sector con enorme potencial tanto para el consumo interno como para la exportación, siempre y cuando gane competitividad.
En febrero de 2025, la canasta de medicamentos más consumidos por adultos mayores subió un 1,4%, con un incremento del 2,7% en promedio en los 10 medicamentos que más aumentaron. Algunos productos presentaron subas de hasta 5,6% en el mes.
A nivel interanual, los aumentos fueron aún más pronunciados. Entre los medicamentos con mayores subas destacan el LASIX, utilizado para tratar la hipertensión arterial, con un incremento del 78,1%, y el DAFLON 500, empleado para fortalecer las venas y vasos sanguíneos, que aumentó un 75,3%.
Cambios en la cobertura de PAMI y aumentos en sus medicamentos
En marzo de 2020, PAMI implementó un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para garantizar tratamientos adecuados a los adultos mayores. Esto permitió que los jubilados accedieran sin costo a ciertos medicamentos y con descuentos del 80% en fármacos ambulatorios y del 100% en tratamientos especiales.
En diciembre de 2024, esto representaba un ahorro promedio de $84.988, equivalente al 26% de una jubilación mínima con bono.
Limitación de medicamentos
Sin embargo, a lo largo de 2024, esta política fue modificada. Se estableció un límite de hasta cinco medicamentos gratuitos solo para jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas y que, además, deben realizar un trámite para acceder al beneficio.
En agosto de 2024, PAMI ya había reducido la cobertura de 44 moléculas farmacológicas, y en junio se habían eliminado otras 11.
Canasta de medicamentos de PAM
El aumento de precios en la canasta de medicamentos de PAMI ha superado el incremento del PVP. Desde noviembre de 2023, los valores con cobertura de PAMI han subido un 373,1%. En los primeros meses, los aumentos fueron significativos: 14,5% en noviembre de 2023, 15,6% en diciembre, 33,8% en enero de 2024, y ajustes posteriores que oscilaron entre el 2,3% y el 24,4%.
Los medicamentos excluidos de la cobertura de PAMI también han sufrido fuertes incrementos. Entre agosto de 2024 y febrero de 2025, los tres productos con mayores aumentos fueron Dermaglós (+87,4%), Lanzopral y Pantus 40 (+71,7%).
Impacto en el poder adquisitivo de los jubilados
El incremento de 2,5% en los medicamentos de PAMI en febrero, en contraste con el ajuste del 2,7% en la jubilación mínima y el mantenimiento del bono en $70.000, ha provocado una caída en el poder adquisitivo de los jubilados.
Desde junio de 2023 hasta enero de 2025, la jubilación mínima con bono perdió 40,5 puntos porcentuales en términos de compra de medicamentos, mientras que la mínima sin bono cayó 42,6 puntos.
Licuación del bono
Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bono se redujo en un 40,1% en términos reales, y la mínima sin bono, un 27,8%.
En este período, la inflación en la canasta de medicamentos de PAMI fue del 373,1%, superando en 197,4 puntos el incremento de la jubilación mínima con bono, que subió un 175,7%
La gobernación de Ignacio «Nacho» Torres desafió abiertamente a Nación al pedir la reversión a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina que está en manos de CNEA.
La gobernación de Chubut, que encabeza Ignacio Torres, intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a que devuelvalas minas de uranio que tiene concesionadas en la provincia, incluyendo a Cerro Solo, el mayor yacimiento de uranio del país. El Ministerio de Hidrocarburos provincial argumentó que la CNEA viene realizando una actividad exploratoria y productiva «prácticamente nula» y contraria al potencial económico de Chubut en minería de uranio, según reza una carta dirigida al presidente del organismo nuclear a la que accedió EconoJournal.
Sin embargo, fuentes con conocimiento del tema señalaron que la CNEA avanzó en los últimos meses con gestiones internacionales para encontrar inversores para desarrollar Cerro Solo. En términos políticos, el planteo de la administración de Torres es la primera acción concreta de la provincia en favor del habilitar la explotación metalífera que está prohibida por Ley desde hace más de 20 años. Torres se manifestó en las últimas semanas a favor de impulsar proyectos de uranio de manera compatible con la legislación minera vigente en el distrito patagónico, en clave también con la promoción de la explotación uranífera bajo la órbita del nuevo Plan Nuclear que lanzó el gobierno de Javier Milei.
El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, notificó por carta al presidente de la CNEA, German Guido Lavalle, una intimación para que la institución transfiera o revierta «todas las propiedades mineras de titularidad de la CNEA al estado provincial chubutense». La intención de la provincia es «lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados».
Las 18 propiedades mineras listadas en la misiva son Los Adobes, La Primera, Cerro Solo, Laguna Colorada, Puesto Alvear, El Ganso, El Molino, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, Sierra Cuadrada Sur, El Cruce, Mirasol Chico, Cerro Chivo, Cateo Union, Ganso Oeste, La Salteada, La Meseta y El Picahueso. De las propiedades listadas, 12 son minas de uranio, 4 son manifestaciones y 2 son cateos. La titularidad de la CNEA sobre estas propiedades es a perpetuidad ya que fueron otorgadas antes de la transferencia del dominio originario sobre los recursos naturales del Estado nacional a las provincias con la Reforma Constitucional de1994.
Cerro Solo destaca en la lista como el principal yacimiento de uranio de Chubut y de todo el país, con unos recursos razonablemente asegurados de 4420 toneladas de uranio. Un documento de la CNEA del 2020 indica que en Cerro Solo se podrían llegar a producir entre 500 y 550 toneladas anuales. Como dato de referencia, su producción alcanzaría para cubrir la demanda anual de 220 toneladas de uranio de las centrales nucleares argentinas y exportar el mineral. Actualmente no hay ningún proyecto de uranio en producción en el país.
El gobernador Ignacio «Nacho» Torres.
El pedido de Chubut
En la carta, el ministro de Hidrocarburos remarcó que el contexto internacional es propicio para el desarrollo económico de los proyectos de uranio en Chubut, empleando métodos extractivos que no se contraponen «a ninguna norma de orden local o nacional». Pero la provincia intima a la CNEA a que devuelva la titularidad sobre los proyectos, aduciendo «inactividad» y «falta de inversiones» en exploración y producción por parte del organismo.
Ponce indicó que «desde los anos 80 hasta la actualidad las inversiones y trabajos realizados por la CNEA, tanto en exploración como en explotación de nuestros recursos fue prácticamente nula«. Sobre la base del dominio provincial sobre los recursos naturales y la presunta inactividad de la CNEA, el ministro argumentó que se «justifica la petición de reversión de todas aquellas propiedades mineras que hayan permanecido inactivas durante tiempo prolongado y de manera injustificada, a los efectos que sea la provincia quien arbitre los mecanismos para avanzar en su explotación».
El funcionario también remarcó el relanzamiento de la minería de uranio perseguido por el gobierno nacional a partir de un futuro Plan Nuclear. «La inactividad y la falta de inversiones de parte de CNEA evidenciadas durante décadas, exponen una clara contraposición a la política de desarrollo que encabeza el Gobierno Nacional y persigue la provincia del Chubut», añadió.
La carta también destaca que «existen nuevas tecnologías aplicables a la exploración de los recursos uraníferos descubiertos en la provincia, como la lixiviación in situ, que permiten el desarrollo de los recursos sin contraponerse a ninguna normal local o nacional». Ante una consulta de EconoJournal, fuentes allegadas al Ministerio de Hidrocarburos de Chubut remarcaron que el desarrollo de estos proyectos de uranio es «perfectamente compatible» con la ley 5001 de «prohibición de la actividad metalífera». «No esta en agenda la modificación de ese marco normativo», subrayaron.
Controversia
EconoJournal consultó a la CNEA sobre las afirmaciones del ministro. Desde la institución marcaron un contrapunto con la provincia en torno a las inversiones en Chubut. «La CNEA sigue avanzando en la recuperación de la minería de uranio en la Argentina, después de tres décadas de inactividad, con el objetivo de contribuir a la economía nacional y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. En este sentido, ha invertido realizando exploración en diversas provincias, obteniendo resultados positivos en la identificación de recursos uraníferos en varias ubicaciones, destacándose el gran potencial de la provincia de Chubut, entre otras. Actualmente, la CNEA impulsa el inicio de la explotación, trabajando estrechamente con las provincias para llevar a cabo esta actividad de manera responsable y con el máximo respeto por el cuidado del ambiente», comunicaron oficialmente desde el organismo a este medio.
Sin embargo, otra fuente nuclear conocedora del tema objetó los argumentos del ministro provincial y señaló que la CNEA invirtió desde 2006 al menos US$ 60 millones en minería de uranio en Chubut. También deslizó que hay un trabajo en curso con la Secretaría de Minería de la Nación para realizar una licitación internacional del proyecto Cerro Solo, con interés concreto desde varios países.
«Hay ofertas de China, Australia, EE.UU., Canadá. La demanda era tan grande que se optó por ir a una licitación internacional», disparó la fuente, antes de agregar: «se invirtieron decenas de millones de dólares entre 2008 y 2014». «En Chubut no hubo inversión privada desde 2012 aproximadamente, salvo en los últimos dos años que Piche Resources trabajó tanto en uranio como en oro. El uranio es un buen negocio ahora, pero en las malas la CNEA y el estado invertimos un montón«, añadió.
En esa clave, una fuente que actualmente no tiene vinculo contractual con la CNEA afirmó que la institución entre 2006 y 2015 invirtió aproximadamente US$ 100 millones en minería de uranio, de los cuales unos 60 millones de dólares fueron invertidos en Cerro Solo. «Pero en esos 10 años no se incrementó un gramo los recursos razonablemente asegurados ni se generó un yacimiento productivo», matizó de forma crítica sobre los resultados conseguidos.
Respaldo a la minería de uranio
La iniciativa del gobernador Ignacio Torres para relanzar la minería de uranio en Chubut no deja de ser una jugada fuerte en una provincia marcada por los conflictos en torno a la minería. Torres se manifestó a su favor con el argumento de que no será necesario modificar la ley 5001 que prohíbe la actividad metalífera. El fallido intento del ex gobernador Mariano Arcioni de modificar esa ley en 2021 derivó en fuertes incidentes en torno a la legislatura y la casa de gobierno provinciales.
Torres subrayó este mes en una entrevista en LN+ que la ley 5001 únicamente prohíbe la minería cuando es a cielo abierto y se utiliza cianuro en los procesos de producción. “Podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva de uranio”, dijo. No obstante, el gobernador remarcó que el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos debe ser transparente y tener licencia social para evitar conflictos como el ocurrido en 2021.
«Hay un mito, yo no soy antiminero, en Chubut hay minería, nosotros en su momento denunciamos que estaba mal querer aprobar una ley entre gallos y medianoche, un día antes de navidad con un manto de oscuridad que justamente es todo lo contrario a cualquier discusión que se debe dar de cara a la ciudadanía”, analizó.
El gobierno nacional incorporó en el Presupuesto Nacional avales a 7 provincias por US$ 1.715 millones con un plazo mínimo de amortización de hasta 3 años. Fue a través del DNU 186/2025 publicado el jueves en el Boletín Oficial.
La medida incluye a la empresa de alta tecnología de Rio Negro, INVAP, que busca finalizar proyectos en energía, defensa y desarrollo espacial, por hasta USD 100 millones, en emprendimientos que tienen destino de exportación de alta tecnología.
El marco en el que el gobierno de Javier Milei habilitó el endeudamiento con el exterior de las provincias y de la empresa de alta tecnología es de fuerte desfinanciamiento de nación a programas y proyectos estratégicos ligados a ciencia y tecnología. Esto es insoslayable. Si bien INVAP es una empresa que tiene claros los mecanismos de endeudamiento y desendeudamiento una vez que exporta tecnología de punta, el escenario actual en términos económicos no puede quedar por fuera del análisis de la medida publicada en el Boletín Oficial.
También dio el aval por otros US$ 600 millones a INVAP y Energía Argentina para obtener créditos del exterior para financiar diversas obras: en total, hasta US$ 2.315 millones.
Deudas provinciales
El artículo 6 del DNU- “avales de deudas provinciales” señala que se otorgan avales por las operaciones de crédito público (…) por los montos máximos o su equivalente en otras monedas”.
Las provincias alcanzadas con esta medida son la Ciudad de Buenos Aires (Pro), Santa Fe (UCR), Córdoba (PJ), Neuquén (partido provincial), Salta (peronismo aliado al gobierno), Chubut (Pro) y Chaco (UCR).
El mayor monto de avales es para Santa Fe porque se autoriza a la provincia a realizar tres operaciones de deuda: US$ 400 millones para infraestructura económica y social, US$ 125 millones para el acueducto biprovincial con Córdoba, y US$ 30 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier. En total US$ 555 millones.
Para Energia Argentina SA el aval bancario- financiero es de US$ 500 millones para “el financiamiento de la importación de gas natural y GNL y servicios asociados”.
El 60% de los radioisótopos que producirá el mundo será en reactores diseñados por INVAP.
Provincias y CABA
Para Córdoba son US$ 375 millones en dos avales: US$ 250 millones para infraestructura hídrica-saneamiento vial y US$ 125 millones para el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba.
Para Salta son US$ 200 millones también en dos avales: US$ 150 millones para tecnología e infraestructura para el desarrollo de la Puna y US$ 50 millones para un programa de Agua y Saneamiento.
Chaco tiene también dos avales: US$ 80 millones para el Plan Corredores de Interconexión y US$ 40 millones para infraestructura vial, hídrica y energética. Mientras tanto, en la provincia de Chubut el aval es para obtener préstamos por US$ 145 millones para el Programa de Ampliación y Optimización Regional Sur. Por su parte. para Neuquén son avales por US$ 20 millones para la puesta en marcha del Proyecto Multipropósito Nahueve Ing. Pedro Salvatori.
INVAP
Finalmente, para INVAP son US$ 100 millones. Es una garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones para la ejecución de Proyectos de exportación en las áreas nuclear, espacial y radares.
Por su parte, también el DNU autoriza un incremento en el cálculo de Recursos por $ 5 millones respecto a los recursos vigentes previos a este DNU) y una disminución de Gastos por $ 8.075 millones, en ambos casos en relación con los ingresos y créditos anteriores al DNU.
La disminución del gasto surge como “resultado de mayores autorizaciones para 21 programas presupuestarios por $ 2.214.469 millones y reducciones en 7 programas por $ 2.222.544 millones, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).
Hasta un 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados cuando la enfermedad está avanzada por falta de información y políticas activas de prevención y detección temprana.
El sistema de salud destina uno de cada cinco dólares asignados a la atención oncológica a tratar el cáncer de pulmón debido a que, todavía, es alta la proporción de los pacientes que llegan a la primera consulta cuando la enfermedad está avanzada.
El primer estudio local sobre su impacto sanitario y económico lo hizo un equipo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y revela que el tratamiento del cáncer pulmonar demandó US$ 556,2 millones el año pasado, sobre todo por el costo de los medicamentos cuanto más tarde se detecta la enfermedad. Eso, de acuerdo con los autores, es 132 veces más que el presupuesto asignado a la prevención y el tratamiento de todos los cánceres en 2023.
“Tratar la enfermedad en estadios avanzados cuesta 10 veces más que hacerlo en etapas tempranas, cuando son mayores las perspectivas de mejores resultados clínicos [para los pacientes] o de menor impacto sobre su calidad de vida”, afirma el equipo del IECS, institución afiliada a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre los resultados que publicaron en la revista Public Health.
A partir de una proyección estadística, hay alrededor de 14.000 argentinos con cáncer pulmonar que reciben atención, se diagnostican unos 12.000 casos nuevos cada año y hay unos 10.000 decesos por esa causa anualmente, los investigadores calcularon cuánto le costó al sistema de salud la atención de la enfermedad el año pasado. Aunque no es el cáncer más frecuente en el país (quinto entre las mujeres y segundo entre los hombres, sin tener en cuenta los de piel), desde el IECS aclaran que “es el que más muertes provoca y el que más recursos consume”.
Para los cálculos, los economistas que también integraron el equipo tuvieron en cuenta los costos de consultas, estudios diagnósticos, cirugías, internaciones, radioterapia y medicamentos, seguimiento clínico y manejo de efectos adversos. El resultado, calculado en US$ 556,2 millones, se traduce en el 1,4% del gasto total (público y privado) en salud del país durante el año pasado, según detallan.
“El cáncer de pulmón sigue siendo un problema álgido de salud pública. Y hay mucho espacio para intervenciones. Cerca de la mitad de los diagnósticos se realiza en estadios avanzados, lo que limita las opciones terapéuticas y reduce la calidad y la esperanza de vida”, señala Andrea Alcaraz, coordinadora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IECS e investigadora principal del estudio.
Diferencias
En promedio, diagnosticar y tratar un paciente cuesta en el país unos US$ 22.900 por año. Pero hacerlo en un estadio inicial (cuando el tumor es localizado y pequeño) demanda US$ 3641, comparado con US$ 37.356 si la enfermedad se diagnostica en estadio IV (la etapa más avanzada), de acuerdo con el modelo matemático aplicado para estimar la carga de la enfermedad y costos médicos directos. El equipo atribuye esa diferencia a la mayor necesidad de medicamentos y, en menor medida, de internaciones. En las etapas II y III, la atención asciende, respectivamente, a US$ 8941 y US$ 18.140.
El 78% de los casos que se detectan son por consumo de tabaco, seguido de la exposición laboral a sustancias o materiales carcinogénicos (que pueden causar enfermedades ocupacionales asociadas con el cáncer pulmonar), de ahí que los profesionales también indaguen sobre el tipo y el ambiente de trabajo durante la consulta.
“Los recursos en salud son finitos y, con eso, se tienen que cubrir las necesidades de miles de enfermedades. Entonces, que una sola enfermedad se lleve el 1,4% de todo el gasto en salud es mucha plata. Se trata de dinero que se podría utilizar para muchas otras enfermedades y en estrategias de prevención primaria”, plantea Carla Colaci, médica e investigadora del IECS. “Nuestro estudio demostró que los costos son mayores cuanto más tarde se diagnostica el cáncer de pulmón. Por lo tanto –continúa–, detectarlo tempranamente podría bajar estos gastos y no solo mejorar la sobrevida de quienes padecen esta enfermedad, sino que además permitiría mejorar la redistribución del gasto en salud haciéndolo más eficiente.”
Paola Flores, jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Instituto Misionero del Cáncer, que funciona en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, de la ciudad de Posadas, explica que alrededor del 80% de los pacientes que atienden por primera vez tienen la enfermedad avanzada.
En diálogo con este medio, opina también que la cantidad de personas que fallecen por la enfermedad es “muy alta” en la Argentina y lo atribuye a la alta proporción de consulta tardía. “Cuanto más avanzada está en el momento del diagnóstico, menos posibilidades de curación tiene, a pesar de los avances en los tratamientos, por lo cual es imperativo trabajar en la prevención de cáncer de pulmón”, insiste la profesional.
Tos con o sin dolor, falta de aire y aparición de sangre (aunque sea mínima) al toser, según explica, son síntomas que no hay que subestimar. “En los tabaquistas es necesario fomentar la consulta preventiva aunque no decidan dejar de fumar. La población no fumadora, pero con riesgo por exposición ambiental o laboral, aun cuando sea pasada, o con antecedentes familiares de cáncer de pulmón también puede hacer un control preventivo”, opina. “Habría que fomentar que en todas las instituciones pública en el país haya un programa de prevención de cáncer de pulmón, no solo en el sector privado”, sostiene la médica.
Para Ignacio Zervino, coordinador de la Fundación Pacientes con Cáncer de Pulmón, “sería muy importante para una mejor atención de salud que más médicos de atención primaria, y también los responsables de establecer políticas, estén al tanto de las ventajas que aportan las campañas de tamizaje o screening específicas para este tipo de tumores. Es necesario difundir esta herramienta porque nadie recomienda lo que no conoce”, señala por escrito. “Está probado que establecer estos programas beneficia a la salud y además contribuye a disminuir los costos del sistema en general “, agregó.
Informar, prevenir y detectar
En el último congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), datos de avance del Proyecto LuCaS-AR que promueve las pautas de detección temprana dentro de un programa de prevención definidas en el Consenso Argentino para el Tamizaje de Cáncer de Pulmón, de 2023, revelaron que un tercio de los 21 centros participantes son públicos y la mayoría está en la ciudad de Buenos Aires. En Misiones, según refiere Flores, el único programa de prevención está en el hospital Madariaga.
Ahí, en el Consultorio de Salud Pulmonar evalúan que la persona que consulta o fue derivada califique para el programa (fuma o fumó alguna vez, es mayor de 55 y no tiene diagnóstico activo de cáncer pulmonar ni síntomas que perciba claramente). Si es así, se indica una tomografía de tórax de baja dosis de radiación, de acuerdo con el consenso elaborado por referentes de 20 instituciones del país, incluido el Conicet y el IECS. Si el resultado de la imagen es normal, se repite una vez al año durante el seguimiento. El consultorio también cuenta con un programa de cesación tabáquica.
“La falta de información genera temor y el cáncer asusta”, dice Flores, que concurre a colegios a dar charlas. De hecho, cuenta que gran parte de los pacientes que llegan al consultorio llegan a través de los estudiantes secundarios que comparten la información de las charlas en casa.
Insiste en que en el país hay que revertir la tendencia con prevención y detección temprana. “El trabajo del IECS, con sus resultados, está justificando su financiamiento”, sostiene.
A ese estudio, que los autores declararon que se realizó con financiamiento de AstraZeneca, le siguió otro relacionado, con fondos del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Los resultados publicados en la revista Value in Health Regional Issues surgen de las vivencias cotidianas de 131 pacientes con cáncer de pulmón avanzado diagnosticado en tres hospitales y un centro privado de la Ciudad y La Plata. El equipo dirigido por Alcaraz se encontró con que la enfermedad tiene “un salto impacto en la economía de los hogares”, aun cuando el tratamiento oncológico está cubierto por el Estado en el país.
Las familias necesitaron destinar un 19% de sus ingresos a gastos asociados con el tratamiento, mientras que un 48% de los pacientes tuvo una reducción de los ingresos a causa de la enfermedad, un 16% perdió el trabajo y un 68% necesitó afrontar gastos de bolsillo para sostener la atención que afectaron o hasta superaron sus posibilidades económicas, lo que en salud se conoce como toxicidad financiera o sufrimiento económico. La magnitud fue mayor en los pacientes del sistema público.
“El impacto en la familia del cáncer de pulmón es muy significativo. Afecta muchas veces a personas en edad productiva que pierden su empleo o disminuyen sus ingresos, y que tienen que pedir dinero o endeudarse para afrontar gastos catastróficos”, explica por escrito Federico Augustovski, investigador principal del estudio y director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del IECS.
El grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) manifestó su «solidaridad» con las víctimas de la represión del miércoles en las cercanías del Congreso y respaldó enfáticamente el análisis realizado por los investigadores del Conicet Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto. Exige la renuncia «inmediata» de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la apertura de un sumario interno en las fuerzas de Seguridad; y que el Conicet difunda «por todas las vías posibles» el estudio de los expertos y lo aporte «a la causa judicial correspondiente».
«Cabe destacar que el doctor Pregliasco es una autoridad mundial en el campo de las ciencias forenses y es autor de diversos trabajos publicados en las revistas de más alto impacto internacional en esa especialidad. Los peritajes de Pregliasco, que integra el Programa de Ciencia y Justicia del Conicet, han servido para fundamentar sentencias judiciales no solamente en Argentina sino también en los Estados Unidos», indicaron los científicos en un comunicado.
En su trabajo sobre el episodio en el que fue gravemente herido Pablo Grillo, publicado por el sitio Mapa de la Policía, Pregliasco describe la técnica de análisis utilizada y expone varias conclusiones. Entre ellas se destacan las siguientes: se observa en el video tanto el origen como la trayectoria del proyectil, ligeramente hacia abajo y sin impacto en ningún objeto intermedio ni el piso. El comportamiento no se corresponde con ningún protocolo de uso de las granadas de gas y la trayectoria es directa hacia el fotógrafo.
«Teniendo en cuenta que las declaraciones formuladas» por Bullrich «contradicen flagrantemente este informe», los científicos exigen una serie de puntos: «la difusión de la fuente de información divulgada por la ministra, que afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo a los manuales de uso del armamento correspondiente y que el proyectil pegó en alguna estructura metálica o en el piso para luego impactar en la cabeza de Pablo Grillo; el inicio de un sumario interno en las fuerzas de seguridad que intervinieron en estos hechos para determinar la responsabilidad de cada uno de los efectivos que lo protagonizaron; la renuncia inmediata de la ministra Bullrich».
«Por otra parte, solicitamos a las autoridades del Conicet, tanto a su Presidente como a su Directorio, que tomen las medidas necesarias para difundir este estudio por todas las vías posibles, incorporándolo a la página web del organismo y aportándolo a la causa judicial correspondiente«, concluye el comunicado.
Los firmantes son Hugo Aimar, Dora Barrancos, Fernanda Beigel, Sandra Carli, Cristina Carrillo, Eduardo Dvorkin, Daniel Filmus, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Jorge Geffner, Rolando González-José, Mirta Susana Iriondo, Alberto Kornblihtt, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Adrián Paenza, José Paruelo, Juan Pablo Paz, Félix Requejo, Marcelo Ruiz, Roberto Salvarezza, Adriana Serquis, Osvaldo Uchitel y Marcos Vaira.
Reconstruimos el hecho que dejó a Pablo Grillo gravemente herido.
Bullrich y jefes policiales son responsables
Gracias a Willy Pregliasco y Martín Onetto (peritos) y quienes aportaron a esta reconstrucción
Al promediar la segunda semana de febrero de 2025 se conoció la renuncia del hasta entonces presidente de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA), Fernando Sibilla, y de su vicepresidente y gerente general, Alejandro Solís. Independientemente de los motivos reales de estas dimisiones, el cambio de autoridades de la empresa, un año después de haber asumido el cargo, remite a un problema histórico de la compañía, rastreable hasta su nacimiento en 1927, la alta rotación relativa de sus conducciones.
El nuevo directorio de FAdeA está integrado por Julio Manco, como presidente y CEO; Emilio Magnaghi en la vicepresidencia, y el brigadier mayor retirado Pablo Solé como director. Manco y Magnaghi son dos abogados que, si bien ya venían siendo miembros del Directorio de la empresa, carecen de experiencia en la industria aeronáutica. Manco fue director general de Logística de la Presidencia de la Nación durante parte del gobierno de Mauricio Macri (Presidencia 2015-2019) y luego trabajó en la empresa de vuelos ejecutivos, Flapper. Magnaghi, además de haber sido presidente de la Cooperativa de Distribución de Energía Eléctrica de Godoy Cruz Ltda, parlamentario del PARLASUR y de haber estado involucrado a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 en la investigación judicial por la quiebra fraudulenta del desaparecido Banco de Mendoza, del que fue director; posee una estancia en la Provincia de San Luis, la Santa Romana, en la que montó un museo militar que se destaca por su colección de aviones “de verdad”. Ninguna de las actividades previas de Manco o Magnaghi acreditan experiencia en el complejo y altamente especializado universo de la industria aeronáutica, por mucho que se pretenda lo contrario en el mundillo político nacional.
Esta incapacidad para aquilatar adecuadamente lo que implica la industria aeronáutica no sólo ha sido prerrogativa de la ultraderecha libertaria actualmente en el gobierno. Luego de la reestatización de la empresa, en 2009, uno de los presidentes más influyentes de FAdeA fue el contador Raúl Argañaraz, quien había sido gerente de ENARSA y hombre del entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, en tiempos de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Argañaraz, al igual que su predecesor Jaime Saiegh, otro contador, también llegaron a FAdeA careciendo de experiencia en el rubro.
El caso del Brig. My. (R) Solé es distinto. Se desempeñó como director general de Logística de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) hasta 2023, una tarea que tampoco es equivalente a la que demanda la conducción de una empresa manufacturera de alta tecnología, pero su participación en el Directorio de FAdeA es observable por otros motivos. La silla que la FAA posee en el directorio de FAdeA es fruto de la concesión realizada por el Gobierno nacional a dicha fuerza luego de la reestatización de 2009. Algo cuestionable por dos motivos: la FAA es el principal cliente de FAdeA, por lo que su participación en el máximo órgano de gobierno de la firma puede generar importantes conflictos de intereses, y porque la historia de la FAA con FAdeA constituye uno de los orígenes fundamentales de los problemas de inestabilidad en su conducción.
Pero, ¿cuál es el problema?
FAdeA tuvo a lo largo de su historia varios problemas capitales que han ostentado una asombrosa persistencia a lo largo del tiempo y explican, aún más que las problemáticas coyunturales macroeconómicas y políticas de la Argentina, sus recurrentes fracasos como empresa de diseño y producción aeronáutica. La situación mencionada se ve reflejada en su tradicional incapacidad para consolidar sus aviones en series estandarizadas, con algunas honrosas excepciones como el DL-22 en la década de 1940 y el IA-58 Pucará en la de 1970-1980 (el IA-63 Pampa nunca consolidó su serie), sus recurrentes dificultades para autosustentarse desde el punto de vista económico; los reiterados atrasos tecnológicos en el estado del arte en los que ha incurrido, y su impotencia exportadora, esta última también con algunos contraejemplos puntuales, como la actual provisión de conjuntos para el C-390 de EMBRAER que, aunque de enorme relevancia desde el punto de vista productivo y tecnológico, en lo económico es un negocio menor para la empresa.
Entre todos los problemas que han aquejado a FAdeA desde su fundación, en 1927, como Fábrica Militar de Aviones (FMA), uno de los más trascendentales y menos tenidos en cuenta ha sido el manejo de su personal. En esto hay dos dimensiones a las que atender con igual cuidado: la de quienes conducían la empresa y la de sus trabajadores, sean operarios o profesionales, especialmente en el caso de los ingenieros. En este caso, para no alargar inapropiadamente el asunto, nos concentraremos únicamente en los perennes problemas de conducción.
Una de las particularidades de FAdeA es que históricamente su directorio y su presidencia tuvieron funciones ejecutivas con una alta injerencia en cuestiones operativas diarias, algo que no necesariamente ocurre en las empresas. De esa forma, los cambios de presidente o en el directorio en general han impactado fuertemente en la dinámica de funcionamiento de la compañía. Y ello se encuentra enlazado con el origen castrense de la empresa.
Comparaciones odiosas
FAdeA cuenta con 98 años de existencia. En ese lapso ha tenido un total de 48 presidentes o directores generales, según las distintas denominaciones que ha ido tomando a lo largo del tiempo el máximo cargo corporativo y ejecutivo de la empresa. En cambio, la brasileña EMBRAER, devenida la tercera empresa más importante del mundo en el diseño y fabricación de aviones, en sus 56 años de historia (1969–2025), ha contado sólo con siete presidentes o directores generales.
En el caso de FAdeA, si se hace la división entre años y presidentes/directores generales, da un promedio de 2,04 años por cada uno de ellos. En cambio, con EMBRAER ese cálculo arroja como resultado ocho años por presidente/director general (ver infográfico). La comparación puede hacerse también con INVAP, la empresa estatal rionegrina de alta tecnología que es casi la antítesis de FAdeA. Hoy INVAP es un referente internacional en el sector nuclear y no es el único campo de la tecnología en el que descolla. En sus 49 años de vida, INVAP ha tenido sólo cuatro gerentes generales, que es la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, ya que el directorio no cumple esa función. Dividiendo años de vida por número de gerentes generales, el resultado de INVAP es un sorprendente 12,2 años por cada gerente general.
Tanto EMBRAER como INVAP muestran con claridad en qué consiste la continuidad de las conducciones. En el caso de la empresa brasileña, se cuadriplica el tiempo de permanencia promedio de su máxima autoridad con respecto al promedio de FAdeA, y ello sin considerar que uno sólo de los presidentes de EMBRAER, el mítico iniciador de la empresa, Ozires Silva, sumó un total de 21 años al frente de la compañía, a lo largo de dos períodos discontinuos (1969–1986/1991–1995). En INVAP, el tiempo promedio de permanencia de los gerentes generales ha sido seis veces mayor que el de FAdeA, con los remarcables casos de su fundador, Conrado Varotto, quien detentó el cargo durante 15 años (1976–1991) y de su sucesor, Héctor “Cacho” Otheguy, quien desempeñó ese rol durante 26 años (1991–2017).
Lejos de la creencia popular de que es mejor que las personas que ocupan altos cargos de conducción no estén mucho tiempo en ellos, tanto en la gestión empresarial como en la de instituciones especializadas, lo que la experiencia revela es que la permanencia en los cargos de liderazgo de las personas físicas que los llevan adelante es fundamental para la continuidad de las políticas organizacionales, y dicha continuidad, a su vez, es imprescindible para alcanzar y sostener grandes logros. Por supuesto, siempre considerando personas que sean idóneas, honestas y comprometidas con el rol que les toca desempeñar. En el caso que no lo fueran, el remedio es su apartamiento de dicha función, no la arbitraria restricción temporal de los mandatos.
Orígenes de la inestabilidad
La génesis del problema de la alta rotación de las conducciones de FAdeA se remonta a sus inicios como institución militar. Al momento de la fundación de la empresa, la Argentina aún no contaba con una fuerza aérea y los medios aeronáuticos castrenses no vinculados a la actividad naval se encontraban bajo la órbita del Ejército Argentino (EA). La entonces Fábrica Militar de Aviones (FMA) surgió en ese seno y, en 1945, al crearse la FAA, pasó a depender de ella. Esa pertenencia institucional continuaría hasta la concesión de la empresa a la norteamericana Lockheed Martin Aircraft en 1994, salvo un pequeño lapso comprendido entre 1988 y 1993, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) intentó una privatización parcial de la compañía creando la Fábrica Argentina de Materiales Aeroespaciales S.A. (FAMA), integrada accionariamente por las empresas italianas Aeritalia y Augusta, y la italoargentina Techint, conservando la FAA una participación en la nueva entidad. El proyecto no duró mucho y finalmente la sociedad se disolvió retornando el control y la propiedad total a la FAA hasta su traspaso al Ministerio de Defensa, instancia previa a su concesión en 1994.
Como parte del mundo castrense, la FMA/FAdeA ni siquiera era una empresa individual sino que revestía el carácter de Área Material, algo análogo a una unidad militar común. Esta posición llevó a que, en lo atinente a su conducción, se aplicaran los criterios de rotación que son usuales en las instancias castrenses. Cada dos o cuatro años, las autoridades debían cambiar para ser destinadas a otras unidades y tareas. Además, esas autoridades siempre debían ser militares y los ingenieros o técnicos civiles permanecían subordinados a aquéllos en un régimen muy estratificado, propio de las fuerzas armadas.
La combinación de personal militar en la conducción, sumada a la rotación, generaba el primer gran escollo para la consolidación de un cuerpo de gerenciamiento profesional, comprometido y con objetivos y políticas a largo plazo, imprescindibles en un rubro como la industria aeronáutica, en la que un proyecto promedio no insume menos de cinco años.
¿Cómo era la dinámica de las autoridades militares en la FMA/FAdeA? Los militares destinados a la firma probablemente venían de posiciones que poco o nada tenían que ver con la empresa y su actividad. La creencia, muy arraigada en el mundo castrense, de que son idóneos prácticamente para cualquier tarea ha sido refutada reiteradamente por todo el planeta. Las Fuerzas Armadas se han encontrado históricamente entre las instituciones más ineficientes del Estado pero sus fallas suelen ser disimuladas con la apelación al secreto, la subordinación jerárquica y el empleo de enormes recursos, que en tiempos de paz pueden limitarse a lo material pero cuando arrecia la guerra incluye vidas humanas.
Pero retornemos a nuestro análisis de la FMA/FAdeA. Supongamos que los militares destinados a la conducción de la empresa tuvieran la mejor de las disposiciones para aprender el manejo de algo tan complejo como una industria aeronáutica: luego de dos o tres años recién estarían comenzando a entender cabalmente de qué se trata la actividad y, para entonces, les llegaba el pase a otro destino en el que probablemente sus conocimientos adquiridos en la FMA/FAdeA tampoco serían muy útiles. Por ejemplo, podían ser destinados a alguna agregaduría militar o a tareas administrativas en el Edificio Cóndor (sede de la FAA en la Ciudad de Buenos Aires). De esta forma, la institución (FAA) tenía una doble pérdida, por un lado, se deshacía de personal que empezaba a adquirir idoneidad para gestionar una fábrica de aviones, debiendo empezar nuevamente el ciclo de formación con los nuevos que llegaran para cumplir ese rol. Por el otro, en los nuevos puestos a los que destinaban a quienes salían de la FMA/FAdeA, las habilidades y conocimientos desarrollados no les serían muy útiles. Veamos dos casos concretos tomados del período considerado la “Edad de Oro” de la FMA/FAdeA, la década de1940.
Sólo dos argentinos participaron en forma directa del célebre equipo de diseñadores alemán que llegó a la FMA (entonces denominada Instituto Aerotécnico–IA) luego de la Segunda Guerra Mundial, liderado por el eximio ingeniero germano Kurt Tank. El equipo de Tank fue el responsable del diseño y fabricación del legendario Pulqui II. Los ingenieros aeronáuticos argentinos aludidos fueron Norberto Morchio y HumbertoRicciardi. El proyecto Pulqui II comenzó a fines de 1947 y el avión voló por primera vez en 1950. En plena etapa crítica del desarrollo de la aeronave, en 1949, Morchio dejó la empresa porque no veía futuro en ella para los ingenieros aeronáuticos civiles ante el trato que les dispensaban las autoridades militares, y Ricciardi se asimiló a la FAA siendo enviado como agregado al extranjero. O sea, en el momento crucial del desarrollo del avión más moderno, con relación al estado del arte de su tiempo, que la FMA/FAdeA haría en toda su historia, la empresa perdió a dos de sus mejores ingenieros que, a su vez, eran las mayores promesas para formar y conducir a una nueva generación de especialistas nacionales justo en el período en el que a nivel mundial en aeronáutica se hacía la transición de los motores a pistón a las turbinas (jets). Pero la situación fue aún peor.
Uno sólo de los presidentes de EMBRAER, el mítico iniciador de la empresa, Ozires Silva, sumó un total de 21 años al frente de la compañía.
El responsable indiscutido de la gestión de los significativos avances que realizó la FMA/FAdeA en la segunda mitad de la década de 1940 fue el Brig. My. Juan Ignacio San Martín, ingeniero militar y director el IA entre 1944 y 1949. Hombre de gran capacidad de conducción y compromiso, se transformó en el principal ejecutor de la política de desarrollo industrial aeronáutico que Juan D. Perón puso en marcha en Argentina al llegar a la Presidencia de la Nación en 1946. El problema fue que el éxito y el prestigio adquirido por San Martín llevó a que Perón lo sacara de la FMA/FAdeA para postularlo como gobernador de la Provincia de Córdoba, donde está asentada la fábrica de aviones, en las elecciones de 1949. San Martín las ganó y protagonizó una de las mejores gobernaciones provinciales de las que se tenga registro pero dejó a la FMA/FAdeA huérfana de su liderazgo justo cuando se hacía la transición tecnológica que mencionábamos antes pero, además, en vísperas de la transformaciónde la empresa en la plataforma para el spin off que a partir de 1951 pondría en marcha el desarrollo de la industria automotriz en la Argentina. El cambio de conducción en un momento tan crítico y por motivos ajenos a la dinámica de la FMA/FAdeA no sería inocuo y cortaría con la intensa dinámica de avances que la compañía llevaba hasta entonces.
EMBRAER también fue una empresa que nació como militar, bajo el ala de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y permaneció como tal hasta su privatización en 1994. Sin embargo, lo militares brasileños, conscientes de lo daños que podría provocar en la organización la rotación de su conducción sacaron de dotación a los militares destinados a esa tarea. De esa forma, Ozires Silva y su equipo pudieron concentrarse en la tarea de gestionar EMBRAER a lo largo de los años sin verse afectados, a su vez, en sus propias carreras militares, ya que continuaron ascendiendo según el perfil profesional que tenían.
Otro problema castrense
La inestabilidad por los cambios de destinos de la conducción de la FMA/FAdeA no era el único comportamiento disfuncional provocado por aquella costumbre castrense. La empresa era un sitio de paso al que probablemente un director general de la FAA llegaba con el rango de comodoro pero, si hacía un buen papel, podía aspirar a pasar en el siguiente destino al Edificio Cóndor, en la glamorosa Buenos Aires, y ascendido a brigadier. Para que tal plan funcionara era mucho más útil, antes que realizar una meticulosa, rutinaria y poco atrayente tarea de consolidar los proyectos ya iniciados por un predecesor, comenzar otros nuevos que pudieran ser anunciados de manera rimbonbante a la prensa y al público en general. Esta es una de las razones por la cual, durante los años de mayor productividad de la FMA/FAdeA, se multiplicaron los prototipos de aviones que nunca llegaban a la serie y que eran abortados durante alguna fase de su desarrollo sin mayores dificultades ni explicaciones, tema que amerita un análisis en sí mismo pero que excede este espacio.
Malas continuidades y promesas truncas
El fin de la concesión a Lockheed Martin en 2009 ofició de reestatización de FAdeA, quedando bajo la propiedad y el control del Ministerio de Defensa. La situación era promisoria ya que se podría poner en marcha, otra vez, un programa de desarrollo de la industria aeronáutica nacional que no había estado entre los planes de la multinacional del armamento estadounidense, que se había hecho cargo de la empresa casi como un favor político a Carlos Menem, luego de un fallido intento previo por vender la entonces Área Material Córdoba (los cambios de denominación a lo largo de la historia de la FMA/FAdeA son otro síntoma de sus discontinuidades) y a cambio de la compra por parte del Gobierno argentino de 36 aviones A4 que ya nadie quería.
Para Lockheed Martin, FAdeA era un negocio muy marginal en los confines del mundo y concentró las actividades en el mantenimiento de los C-130 Hércules de la FAA fabricados por la propia compañía estadounidense, salvo por algunos intentos aislados de reflotar el programa IA-63 Pampa.
La reestatización, ideada y ejecutada bajo la conducción de Nilda Garré como ministra de Defensa (2005-2010), fue una excelente y oportuna iniciativa pero las promesas contenidas en esa decisión quedaron en gran parte truncas. En buena medida, una de las causas fue la reedición de la interferencia de la política del propietario sobre la empresa. Antes había sido la FAA, entrometiéndose en la vida de la Fábrica de aviones; ahora, era el Ministerio de Defensa y, por supuesto, nuevamente los vaivenes del país.
Una de las prácticas nocivas a las que se retornó fueron las efímeras conducciones de la empresa. Desde diciembre de 2009, cuando el Gobierno nacional tomó nuevamente el control de la empresa, hasta el cierre de esta nota, solo la dupla Mirta Iriondo-Franco Giuggioloni, presidenta y vicepresidente de FAdeA, respectivamente, entre enero de 2020 y febrero de 2024, lograron cumplir cuatro años de gestión continua (Giuggioloni hay había sido antes vicepresidente de FAdeA durante el período 2013-2016).
Técnicamente, la reestatización de la empresa estuvo a cargo de la Dirección General de Planificación Industrial y de Servicios para la Defensa (DGPISD), que entre 2007 y 2010 contó con la conducción de Iriondo. Ella fue la funcionaria del Ministerio de Defensa que con mayor claridad vio la importancia de prestar especial atención a la dirección de la nueva empresa, que nacía al calor de la finalización de la concesión a Lockheed Martin. Ella también comprendió que ni en la empresa, ni en el país, había personas con la experiencia y la idoneidad suficiente para guiar una compañía industrial aeronáutica que aspirara a alcanzar los estándares mundiales. La otra cuestión, relativa a la conducción, por la que Iriondo bregó, fue la separación del Directorio de la Gerencia General, apartando al primero de la gestión operativa de la compañía, que debería quedar a cargo de una conducción profesionalizada y aislada de las tribulaciones políticas que podían afectar al Directorio.
Las ideas de Iriondo eran las adecuadas pero cierta incapacidad para comprender las particularidades de una empresa industrial aeronáutica, y de FAdeA en especial, por parte de ciertos sectores de la conducción del Ministerio de Defensa de entonces, y las interferencias del Poder Ejecutivo, que pretendía que De Vido se hiciera cargo de FAdeA (a pesar de pertenecer a otro ministerio) terminaron frustrando la mayor parte de esas iniciativas y ella misma se alejó de la supervisión de la empresa para asumir la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológica (SsICyDT) del Ministerio de Defensa. Uno de los legados positivos que quedaron del esfuerzo de Iriondo fue la contratación, propuesta por ella, de Marcelo Ferroni como gerente general de FAdeA. Ferroni era un ingeniero aeronáutico de EMBRAER, con una vasta experiencia en otras compañías del rubro, que entre sus antecedentes ostentaba el de haber sido gerente general de la filial china de la compañía brasileña.
Ferroni fue gerente general de FAdeA entre 2009 y 2013 pero estaba solo, en medio de políticas que no lograban consolidarse, salvo puntuales excepciones como la asociación con EMBRAER por el C-390 y la modernización del IA-63 Pampa; y de un Directorio que carecía de la capacidad necesaria para la tarea asumida. Los resultados, por lo tanto, fueron magros.
En el período entre 2009 y 2013 hubo políticas que no lograban consolidarse, salvo puntuales excepciones como la asociación con EMBRAER por el C-390 y la modernización del IA-63 Pampa (foto).
Paradójicamente, el período de Lockheed Martin fue de una inhabitual continuidad en la conducción de la compañía. Tres presidentes cubrieron el tiempo de la multinacional estadounidense a cargo de la actual FAdeA (este nombre le fue dado a la compañía en 2009, luego de la reestatización): Harry Radcliffe, James Taylor y Alberto Buthet. El primero estuvo dos años en el cargo (julio 1995–julio 1997), pero los dos últimos, se desempeñaron durante cinco y siete años respectivamente (Taylor: julio 1997–enero 2002; Buthet: febrero 2002–diciembre 2009) y aunque el modelo de negocios de la empresa no contemplaba transformarla en un centro de diseño y producción de aeronaves, el interés de Lockheed Martin y la continuidad en la conducción permitió obtener algunos logros no menores como la formalización de procedimientos, algo previamente escaso en la empresa; la drástica disminución del problema de robos y el empleo para fines particulares de recursos de la compañía; la modernización de los estándares y las metodologías de trabajo; y la racionalización de la planta de personal. Pero, por supuesto, la continuidad es sólo un requisito para el éxito, hace falta también un modelo productivo y comercial adecuado para que una empresa como FAdeA pueda brindar todo su potencial y ello no estaba previsto que ocurriera con la concesión menemista a Lockheed Martin.
Los retornos no son buenos cuando se vuelve a un pasado que no fue positivo. Luego del intervalo de la concesión privatizadora de mediados de la década de 1990, la FAdeA de la reestatización bajo conducción civil recayó en algunas de las dinámicas de la anterior FMA de los tiempos militares, en lo que a la inestabilidad de las conducciones se refiere, salvo el caso del mandato de Iriondo y Giuggioloni. Pero también hubo otras condiciones de contorno que se reeditaron y que han mellado la capacidad de la empresa para dar mejores frutos. Entre ellas, se encuentra el escaso e intermitente apoyo del Gobierno nacional a FAdeA, mientras aquél no se privaba de interferir en su dinámica interna. Pongamos otro ejemplo ilustrativo, esta vez más reciente. Durante el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía de la Nación (julio 2022–diciembre 2023) el problema de disponibilidad de divisas del Gobierno federal llevó a fuertes restricciones a las importaciones. FAdeA no tuvo excepciones, ni siquiera por ser una empresa estratégica, y esto afectó seriamente su capacidad productiva y su prestigio frente a sus clientes. Esta situación se verificó incluso respecto a los negocios que era superavitarios en dólares, como los conjuntos que elabora para el C-390. El shipset completo de los seis conjuntos que FAdeA fabrica para el mencionado avión tiene un valor aproximado de U$D 1,5 millones. De ese total, los insumos extranjeros no suman más de U$D 500.000, el resto es valor agregado nacional. O sea, que por cada dólar que FAdeA precisa gastar en el exterior para producir esos shipsets, ingresarán, al venderlos, tres. Un negocio redondo y que debería ser cuidado con esmero, especialmente en un país con necesidades de divisas. Pues, no. El Ministerio de Economía sistemáticamente denegaba las solicitudes de importación, o los requerimientos de pago a los proveedores foráneos para los insumos necesarios en la fabricación de los shipsets mencionados, provocando recurrentes incumplimientos con EMBRAER, lo que llevaba a que FAdeA no pudiera entregar, ni facturar y menos cobrar eso conjuntos y, además, sufriera daños reputacionales ante su contraparte.
De esta forma, FAdeA ha quedado atrapada en algo similar a un loop temporal, una especie de eterno retorno a un pasado disfuncional del que precisa salir si desea prosperar y, para ello, uno de los cambios medulares que debe materializar es el de la idoneidad y continuidad de sus conducciones.
En el marco de uno de los proyectos más importantes para consolidar la presencia argentina en la Antártida, personal del astillero Tandanor junto al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) avanzan en la construcción de los nuevos módulos de la Base Conjunta Antártica Petrel. Esta instalación se está desarrollando en la Isla Dundee como parte de una iniciativa del Ministerio de Defensa destinada a fortalecer la infraestructura antártica y optimizar las capacidades operativas.
El ensamblaje de la estructura se encuentra a cargo del COCOANTAR, mientras que Tandanor supervisa la instalación para garantizar su correcta ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el trabajo coordinado ha permitido un avance sostenido en la instalación de los módulos, que en su conjunto cubrirán una superficie de 840 metros cuadrados.
El astillero cumplió un rol clave en la fabricación de la estructura y, antes del inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2024/25, capacitó al personal de COCOANTAR en el montaje y ensamblaje de los componentes. La instrucción, desarrollada en las instalaciones de Tandanor, estuvo orientada al montaje del Módulo 1, pieza clave en la próxima etapa del proyecto.
Esta nueva infraestructura tiene como objetivo favorecer la investigación científica y mejorar los servicios logísticos en la región. Contará con instalaciones apropiadas para el alojamiento del personal dedicado a tareas de investigación en la Isla Dundee y para quienes transiten hacia otros sectores de la Península Antártica.
El armado de Petrel es uno de los hitos de la CAV 2024/2025. El Comandante del Comando Conjunto Antártico, Comodoro de Marina Maximiliano Mangiaterra, destacó la importancia que tiene buque logístico ARA Patagonia (B-1), que se sumó a la campaña tras años de inactividad. En cuanto al rol del ARA Patagonia, Mangiaterra destaco que el buque “se sumó como buque cisterna para ayudar a todo lo que es el puente logístico, sobre todo de las cargas líquidas, que es el combustible de los buques, del antártico y de aviación. También una particularidad, que es llevar las estructuras para la construcción de los módulos del proyecto de la casa de Petrel”.
Los trabajos en la Base Petrel avanzan según el cronograma establecido, con un enfoque prioritario en la construcción de los módulos habitacionales 1 y 2. Esta base, fundada el 22 de febrero de 1967 como una Base Naval de ocupación permanente, fue evacuada en 1976 tras un incendio que destruyó la casa alojamiento principal. En 2021, a través del Decreto 809/2021, el Poder Ejecutivo asignó fondos adicionales para su reapertura, lo que permitió retomar las obras de infraestructura que hoy continúan en desarrollo.
Además de los avances en la construcción, cabe destacar que la pista de aterrizaje de la Base volvió a recibir vuelos de aeronaves de ala fija. En junio de 2024, la Fuerza Aérea Argentina operó por primera vez con un avión de transporte Saab 340-B, mientras que el Comando de Aviación Naval (COAN) de la Armada Argentina retomó en noviembre pasado las operaciones con aeronaves de ala fija en la Antártida después de 51 años, realizando dos vuelos con una aeronave TC-12B Huron de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia. La última vez que la Armada Argentina había operado este tipo de vuelos en el Continente Blanco fue entre 1967 y 1972, cuando la antigua “Estación Aeronaval Petrel” estaba en funcionamiento.
Agua segura, elementos de limpieza y servicios de atención son claves en estos momentos para proteger la salud pública en toda el área de Bahía Blanca y pueblos vecinos azotada por el temporal.
Con el servicio de agua potable comprometido en algunas zonas y las dificultades para sostener las medidas de higiene y sanidad básicas mientras se limpian viviendas y comercios potencia el riesgo de que proliferen enfermedades. A la par, está la urgencia de reponer los medicamentos para tratamientos que la población haya perdido durante el desborde del agua al interior de las casas.
En Cerri, la localidad arrasada, la población no puede consumir el agua de las canillas porque la inundación contaminó los depósitos generales de la red de suministro. Con una botella de agua mineral de dos litros se las arreglan en las familias para lavarse los dientes y tomar algunos mates.
“Las ciudades y el entorno tienen un ecosistema que es muy frágil. Cualquier evento meteorológico inusual, rompe el equilibrio y todos los seres vivos tratan de salvarse, con alimañas y roedores que lo hacen acercándose a la población. Además, esta inundación destruyó casas y servicios que alcanzó a los efluentes cloacales, con pozos negros explotados. Toda esta alteración del ecosistema que contamina el agua trae enfermedades hídricas. De ahí la importancia de que la población esté vacunada, tenga acceso a agua segura y reciba elementos de limpieza”, dijo Hugo Pizzi, director del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y profesor de la Facultad de Medicina de la UNC.
Mencionó que, en este contexto con higiene personal limitada por la emergencia, aumenta exponencialmente el riesgo de exposición a parásitos en la materia fecal, bacterias en alimentos no seguros y orina o materia fecal de roedores que pueden transmitir hantavirus y leptospirosis, entre las enfermedades infecciosas que citó.
Pizzi no olvidó el virus del dengue entre las enfermedades transmitidas por mosquitos o, por el contacto con agua contaminada, en especial con efluentes cloacales, infecciones como la fiebre tifoidea, la disentería giardiasis, la amebiasis o la hepatitis A.
“Y, poco probable, poliomielitis y cólera”, insistió en señalar. Por esto, el infectólogo sostuvo que es fundamental que la población tenga al día las vacunas de calendario.
Brigadas de vacunación
“La colaboración en este momento implica enviar brigadas de vacunación urgente, garantizar la provisión de agua segura donde no la haya y elementos de limpieza –explicó Pizzi–. Sigue, luego, la evaluación de lo sucedido en los hospitales, con unidades móviles de atención hasta poner en condiciones los servicios, los equipos y las áreas de conservación de medicamentos que fueron dañados porque aumentará la demanda de la población por malestares, dudas y suspensión de tratamientos o controles. El gran trabajo viene ahora y la salud pública es el gran adalid.”
Servicios médicos, como el área de neonatología del Hospital Penna de Bahía Blanca, quedaron arrasados por el agua
Desde el Ministerio de Salud bonaerense, en tanto, indicaron que en el Hospital Penna de Bahía Blanca se mantiene la internación de pacientes que requieren cuidados mínimos, pero la Guardia no está atendiendo. “Se trasladaron cuatro pacientes de cuidados intensivos y, en el hall, se instaló una Guardia móvil que se llevó desde La Plata”, detallaron. “Los [pacientes] críticos se trasladaron a centros privados y el hospital municipal que están funcionando”, agregaron desde la cartera a cargo de Nicolás Kreplak.
El municipio informó más temprano que el Hospital Privado del Sur de la ciudad estaba sin servicio eléctrico y habían dispuesto trasladar a los internados al Hospital Móvil de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa). Ante la consulta, el Ministerio de Salud de la Nación indicó que se estaban derivando a esos pacientes y que preparan más kits para enviar con 43 medicamentos priorizados por la provincia de Buenos Aires.
A la guardia móvil del Penna están llegando, según ampliaron desde Salud provincial, consultas de urgencia asociadas “directamente con la inundación”, seguidas de los pedidos de reposición de medicamentos. En ese hospital provincial están relevamiento los servicios. “Entró muchísima agua en un hospital que tiene subsuelos”, definieron.
“Desde anteayer, están los equipos de infraestructura, mantenimiento y limpieza más los equipos médicos y técnicos médicos que están relevando todos los daños y empezando a ordenar para planificar la reoperativización de sectores y servicios”, continuaron.
Mañana podría llegar el tren sanitario con medicación, consultorios de atención ambulatoria y vacunas. Médicos y enfermeros reforzarían la atención postinundación, según explicaron. “Estamos viendo el estado de las vías”, señalaron en Salud provincial.
Unidades móviles recorren las zonas más afectadasMauro Rizzi
En el centro de la ciudad, también la planta baja de la oficina de PAMI quedó “devastada”, según describieron fuentes oficiales. La obra social de los jubilados está enviando camionetas con insumos y personal para restablecer la atención a los afiliados.
Desde el centro que dirige Pizzi en la UNC vienen advirtiendo desde el año pasado sobre este tipo de eventos meteorológicos inusuales. “Estamos inmersos en el efecto invernadero y estos fenómenos van a seguir ocurriendo –mencionó–. Lo que una ciudad puede evacuar en horas es imposible que lo haga con la caída de 200 o 300 mm de lluvia de golpe, como ocurrió en Bahía Blanca y alrededores.”
Mañana llegarán 200 bomberos voluntarios de la Región Sur y la Región Oeste de la provincia, que son los que más cerca están geográficamente de Bahía Blanca. Lo harán con motobombas para desagotar cocheras subterráneas o subsuelos, además de camionetas para asistir a los vecinos en la limpieza de las viviendas. Harán relevos cada 48 horas, con el envío de refuerzos en los próximos días.
“La desinfección de las casas y las calles es fundamental. El barro que arrastró genera olor porque no es solo tierra, sino que el agua recolectó todo a su paso y, eso, ahora está en descomposición. Eso hay que retirarlo y ayudar en la limpieza”, explicó Osvaldo Lori, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires. “Luego, sigue la desinfección y, en las viviendas, revisar las estructuras: los baños, la electricidad y la red domiciliaria de agua que se pudo contaminar porque el ingreso del agua afectó las cloacas por la presión. También, el agua arrastró alimañas, que también hay que eliminar”, mencionó entre las tareas a encarar.
Destacó, además, el proceso de acompañamiento emocional y psicológico por delante, con el estrés postraumático. “El agua hace desastres, más allá de los daños en lo estructural y los bienes. La gente pierde lo irrecuperable, desde una fotografía o el recuerdo de un familiar hasta documentación, estudios médicos o medicación. A partir de ahora, cada vez que llueva o se anuncie una tormenta, reaparecerá el miedo a que se repita un desastre así”, finalizó Lori.
