Claudio Belini, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y del Instituto Ravignani, hace aquí un análisis detallado, con su correspondiente bibliografía, que publicaremos en 3 entregas consecutivas. Esta es la 3ra. y última. Vale la pena el tiempo dedicado a leerlas.
La primera parte de este artículo está aquí., y la segunda aquí.
III – El primer programa de estabilización de posguerra
El 18 de febrero de 1952, Perón anunció un “Plan de Emergencia Económica” que partía del diagnóstico según el cual el fuerte crecimiento del consumo no era acompañado de un incremento similar de la producción. Por lo tanto, era imprescindible restaurar el equilibrio entre ambos, alentando la producción en todos los sectores, pero fundamentalmente en el agro pampeano que era el principal generador de divisas.
Asimismo, señaló que la población debía moderar el consumo y anunció una política de aliento al ahorro. Perón anunció el nuevo programa por medio de la Radio del Estado. En su discurso afirmó: “Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman”.
El plan suspendió por dos años las paritarias y al mismo tiempo ordenó el congelamiento de los precios. Estas medidas buscaban frenar la puja distributiva entre capital y trabajo, que era una de las causas de la inflación. Luego del fracaso de las negociaciones entre las partes en el marco de la Comisión Nacional de Precios y Salarios (Sowter, 2013), el gobierno fijó una escala de aumentos salariales. De esta forma, el Estado asumía un papel central en la búsqueda del equilibrio entre capital y trabajo.
El equipo económico identificaba otra causa de la inflación en las políticas fiscales y monetarias, que en el pasado habían acompañado el crecimiento del ritmo inflacionario. En este plano, el programa anunciaba un recorte de los gastos públicos mediante la suspensión de las obras públicas en marcha y la reducción de “los gastos superfluos”, la postergación del Segundo Plan Quinquenal para 1953 y la imposición de nuevas restricciones al otorgamiento de créditos. En cuanto al sector privado, se anunció también una contracción del crédito oficial hacia la industria y el apoyo a la producción agraria.
Con el propósito de resolver la crisis del sector externo, que se adjudicaba sobre todo a la grave sequía de 1951-1952, se dispuso que el IAPI otorgara precios más remunerativos para los productos agrícolas. Esta medida se tomaba en el momento en que los precios internacionales continuaban declinando, lo que implicaba de hecho un subsidio al sector agrario. En cambio, el equipo económico rechazó la idea de devaluar el tipo de cambio. Principalmente, se temía que la devaluación tuviera efectos más negativos sobre los salarios reales, ya afectados por el incremento del ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, estaba presente la idea de que la devaluación monetaria no constituía por sí un instrumento suficiente para alentar las exportaciones.
Era imprescindible superar algunos problemas estructurales del agro pampeano, alentar una mayor mecanización y el uso de agroquímicos. En el caso de la carne se confiaba en esa situación de emergencia, en moderar el consumo interno a fin de dejar disponibles mayores saldos exportables. En cualquier caso, la modificación de los tipos de cambio traería más inconvenientes que beneficios. En el caso de las exportaciones no tradicionales, el equipo económico intensificó las medidas tomadas a partir de 1948 de conferir tipos más beneficiosos para los exportadores de bienes primarios con algún grado de elaboración –como tops de lana y aceites vegetales– o incluso de manufacturas como textiles y productos metalúrgicos (Belini, 2014a).
En todos los casos, el nuevo Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Antonio Cafiero, intensificó la política exportadora, buscó abrir nuevos mercados y reclamó precios equitativos en los organismos internacionales.
El equipo conducido por Gómez Morales rechazaba la idea de volver al tipo de cambio único y flotante, que era propuesto por el FMI como un requisito para la integración al organismo. Y aunque el gobierno peronista reinició las conversaciones con los organismos internacionales para beneficiarse de los créditos que otorgaban los bancos, rechazó la incorporación al FMI (Keldar, 2012).
La aplicación del “Plan de Emergencia Económica” durante el duro 1952 –el año de la muerte de Evita– quedó grabado en la memoria popular por la escasez de energía y el consumo de “pan negro”, debido a la escasez de harina de trigo (Anguitta y Cechinni, 2020).
La política de congelamiento de precios implicó una severa fiscalización del Estado, a través del Ministerio de Industria y Comercio y con el auxilio de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios. Apoyado por un aparato del Estado que mostraba entonces capacidad de fuerte intervención, se pusieron en marcha campañas contra el agio y la especulación que involucraron grandes multas para las grandes empresas y duros castigos para los comerciantes minoristas, que iban desde clausuras temporarias hasta cierres definitivos de comercios que violaban los precios máximos y alentaban el “mercado negro”.
Se aplicó una fuerte contracción monetaria y crediticia –especialmente para la industria– pero hubo que financiar los créditos al sector agrario, los quebrantos de las operaciones de exportación del IAPI y los subsidios a otras empresas. También surgió con fuerza el déficit de las empresas públicas –especialmente la Corporación de Transportes de Buenos Aires y los ferrocarriles–, lo que traslucía un problema de mayor envergadura hacia el futuro.
No obstante, el programa de 1952 pasó a la historia por ser el primer plan de estabilización de posguerra que alcanzó cierto éxito. La moderación de la lucha por la distribución del ingreso mediante el congelamiento de precios y salarios, y las políticas monetarias y crediticias contractivas, derrumbaron la inflación minorista del 37% en 1951 a sólo un 4% anual en 1953. Es cierto que en gran medida el freno a la inflación se produjo a costa del nivel de actividad de la economía urbana –la industria sufrió una recesión particularmente aguda en los sectores textiles, confección y calzado– y los salarios reales. Pero la crisis no se prolongó demasiado. De hecho, no se observó un incremento sustancial de la desocupación. Lo interesante es que además el programa evitó el uso de la devaluación monetaria como instrumento para corregir la crisis externa –algo que sería usual en los programas de estabilización que, apoyados por el FMI, se implementaron a partir de 1958. Tampoco se comprometió al país aumentando su deuda externa. Es cierto que entonces las posibilidades de tomar deuda eran muy limitadas y que la decisión de no adherir al FMI significaba que el país no podría recurrir al apoyo financiero del organismo.
Por cierto, el programa de 1952 dejaba entrever una percepción clara de los problemas estructurales que enfrentaba la economía argentina: el deterioro de los términos del intercambio, el estancamiento del agro pampeano y la dinámica de una inflación impulsada por la puja distributiva. A la hora de pensar en nuevos instrumentos, durante la vigencia del Plan de Emergencia, el equipo analizó un proyecto de ley de inversiones extranjeras que sería finalmente sancionado por el Congreso a mediados de 1953. El proyecto incluía cláusulas restrictivas al ingreso de capitales especulativos y al egreso que las inversiones generaban, de forma tal que implicaba una comprensión de los límites impuestos por las inversiones extranjeras.
Entonces, afirmaba Gómez Morales que: “No hemos proyectado esta ley con la idea de que nos van a venir una lluvia de capitales extranjeros al país. (…) La ley ha sido promovida entre otros con el propósito de aliviar nuestro balance de pagos. (…) Si se radica una empresa que produce aquí lo que actualmente tenemos que importar y se lleva un diez por ciento de lo que produce, eso no puede ofrecer una situación de dificultades” (Ministerio de Asuntos Económicos, 1954: 46).
La resolución de la crisis externa no vendría de una llegada irrestricta de inversiones norteamericanas, como poco después apostarían Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Aunque la Ley 14.222 de Inversiones Extranjeras rectificaba la postura nacionalista inicial del peronismo –como ha sostenido la historiografía clásica–, no dejaba de imponer condiciones a las multinacionales que se proponían ingresar al mercado nacional. Esas prevenciones serían abandonadas luego de 1955 y tendrían resultados disímiles. Por un lado, alentarían la instalación de nuevas y complejas industrias; pero al mismo tiempo provocarían un fuerte proceso de transnacionalización del sector manufacturero. Esto es, el sector más dinámico de la economía argentina quedaría en manos de capitales extranjeros. Pero esa es otra historia.»