El 19 de diciembre de 2025 será recordado como una fecha trascendental para la soberanía marítima de la América del Sur. SIMA Perú ha oficializado la firma de un contrato de codesarrollo con el gigante surcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) para la coproducción de submarinos en territorio peruano.
La firma del acuerdo fue protagonizada por el Gerente General de SIMA Perú, Contralmirante Luis Silva López, y el Senior Executive Vice President de HHI, Sr. Park Yongyeol, contando con la presencia del Presidente de la República, el Embajador de la República de Corea y el Comandante General de la Marina.
De Receptor a Codesarrollador
Lo más destacado de este acuerdo no es solo la adquisición de nuevas unidades, sino el cambio de paradigma para la industria nacional. SIMA Perú evoluciona de ser un ejecutor de proyectos a un codesarrollador activo.
Este contrato garantiza una transferencia real de tecnología, donde el objetivo no es simplemente recibir equipos, sino desarrollar capacidades propias. Como bien señala la institución, el verdadero significado de esta alianza es «no depender, sino construir capacidades propias», integrando a ingenieros, técnicos y proveedores locales en un ecosistema industrial de alto valor agregado.
Fortalecimiento de la Soberanía
La coproducción de submarinos en el Perú tendrá un impacto directo en:
Seguridad Nacional: Modernización de la fuerza silente con tecnología de vanguardia.
Desarrollo Económico: Creación de un «clúster naval» que involucra a universidades y a la industria nacional.
Cooperación Internacional: Consolidación de la alianza estratégica entre Perú y la República de Corea.
Este paso sitúa a Perú en un selecto grupo de naciones con capacidad para intervenir directamente en la construcción de sumergibles, fortaleciendo el control y la vigilancia de su dominio marítimo.
El Mercosur anunció dos nuevas negociaciones en el marco de su estrategia de ampliación de mercados con el foco puesto en Asia: buscará un Acuerdo de Comercio preferencial con Vietnam y el fortalecimiento de la alianza estratégica con Japón.
Mientras el cierre del acuerdo con la Unión Europea (UE) se postergó, por lo menos, hasta enero del año próximo, el Mercosur busca ampliar su influencia en un mercado cada vez más interesante para los países sudamericanos y de la mano de otros socios comerciales: el continente asiático y, específicamente, Vietnam y Japón.
Respecto del primer país, la declaración del bloque regional adelantó que ambas partes acordaron iniciar conversaciones para negociar un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP), «compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)«. «El futuro Acuerdo buscará promover la expansión del comercio mediante la eliminación de aranceles y abordar las medidas no arancelarias pertinentes para facilitar un acceso efectivo a los mercados y asegurar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías», explica el comunicado.
Para ello, tanto el Mercosur —Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay— como el gobierno vietnamita está «ultimando los Términos de Referencia que definen el alcance y la estructura del futuro Acuerdo, incluyendo las áreas que se cubrirán, considerando sus respectivas sensibilidades y prioridades de desarrollo».
«Esto representa un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos» entre ambas partes, destacó el bloque regional, en tanto impulsa «un proceso de negociación que promoverá la integración regional y contribuirá a unas relaciones económicas más dinámicas y mutuamente beneficiosas».
Fortalecimiento de la alianza estratégica con Japón
Por otra parte, Japón y los Estados parte del Mercosur reafirmaron sus «relaciones amistosas», así como su «compromiso con una economía de mercado abierta»; reconociéndose mutuamente como socios de gran importancia, «con un significativo potencial para profundizar y diversificar sus relaciones económicas».
Por ello mismo, coincidieron en avanzar en las discusiones para fortalecer su asociación estratégica, y establecieron un Marco de AsociaciónEstratégica Japón-Mercosur, dentro del cual ambas partes «procurarán llevar su cooperación a un nivel superior, fortaleciendo aún más las relaciones estratégicas» mutas, desde «una perspectiva integral y de largo plazo, basada en el comercio y la inversión, y construida a partir de ellos».
«El Marco abordará la cooperación en el ámbito económico, incluidos el comercio, la inversión, la resiliencia de las cadenas de suministro, la economía digital, la transición energética y la transformación verde, así como otras áreas de interés mutuo», detalló el comunicado oficial.
El debate sobre la protección al sector industrial ni es nuevo ni distingue situaciones o particularidades. Décadas más tarde, la disputa, lejos de atenuarse, se potenció por una tradición de casi un siglo de políticas intervencionistas, regulando y estableciendo barreras más o menos sutiles que dificultaban la competencia. Las distorsiones fueron tantas que, sumadas a un cuadro de estancamiento e inestabilidad macroeconómica, la coyuntura les presenta un futuro incierto y lleno de amenazas para la industria.
El origen. Para el investigador y profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la UCA, Ernesto O’Connor, en los últimos tres gobiernos aperturistas -incluyendo el actual- la producción industrial se redujo y paradójicamente también lo hizo durante el tercer kirchnerismo; sólo creció en el primer kirchnerismo, mucho menos en el segundo y algo bajo el impulso extremadamente subsidiario de la gestión Fernández postpandemia. A su juicio, el tema central es que Argentina no puede resolver por consenso un perfil productivo donde los recursos naturales, con o sin mucha agregación de valor, sí son competitivos, lo mismo que algunos segmentos intensivos en capital humano, en contraste a algunas ramas industriales más bien orientadas al mercado interno que hace tiempo no pueden competir con la producción global. “Dani Rodrik señaló que la industria ya no es la gran creadora de empleo y que sus posibilidades a nivel nacional quedaron limitadas”, concluye. Esta visión nada optimista también ayuda a comprender los dilemas actuales.
La economista Marina Dal Poggetto, por ejemplo, sostiene que “la historia no se repite, pero rima, en un país que no ha logrado romper el loop descendente frente a una dirigencia con mirada cortoplacista que sobrerreacciona a las demandas de la sociedad”. Explica que en 1989 la demanda de la sociedad era bajar la inflación, en 2001 bajar el desempleo y en 2023 volvió a ser bajar la inflación. “En ambos casos (los ‘90 y la coyuntura actual) se venía de un modelo de economía muy cerrada con alta inflación, tasas de interés negativas y brecha cambiaria en una economía que había perdido el acceso al crédito; que dio como resultado una bajísima productividad que, protección mediante, permitía sostener un bajo nivel de desempleo”, detalla. Y en ambos casos, la apertura de la economía y la suba de tarifas fue parte de la estrategia de corrección de precios relativos. Pero resume las diferencias que son mayores: Menem arrancó su mandato con las reformas estructurales (entre ellas la Ley de Reforma del Estado y las privatizaciones), con una participación estatal en el PBI mucho menor que la actual y sin embarcarse en una modernización laboral. El ancla cambiaria era, por definición, mucho más rígida durante la década que duró la Convertibilidad y la variable de ajuste en el empleo fue la ocupación antes que el salario real. Además, “la presente extensión del escenario de apertura agresiva de la economía con un dólar que no está adelantado y sin un salto en la productividad sistémica que acompañe, está dejando fuera de juego a una cantidad importante de sectores”, analiza.
Eduardo Fracchia, investigador y economista del IAE, señala que un punto importante es el de la dinámica de los cambios, aun cuando fueran imprescindibles y tuvieran consenso, los frutos tardan en emerger. Hasta un economista cercano a la política oficial como Ricardo Arriazu reconoce que ocurre una “destrucción creativa” de empresas y puestos de trabajo que más tarde serían compensados con empresas emergentes y mejores empleos. “La Argentina con los sectores ‘estrella’, los ganadores, no alcanza, porque serían US$ 1.000 per cápita de exportación cuando Australia y Canadá tienen US$ 7.000 per cápita de exportación de recursos naturales”, apunta Fracchia. La duda relevante, en su visión, es si va a haber una nueva configuración de las actividades asociadas a las diferencias con el tipo de cambio. “Hay sectores que quedan especialmente comprometidos, como el textil y calzado, y muchos otros más que comprometen a vastas regiones”, concluye.
Desde noviembre de 2023 cerraron 19.114 empresas y desaparecieron 224.000 empleos formales en total, de los cuales más de la mitad corresponde a la industria manufacturera (más de 30.000 puestos registrados) y la construcción, castigada por la sequía financiera y el desánimo de inversiones en el sector. Los empleos formales privados cayeron seis veces más que los públicos, sobre los que, incluso, pasó la declamada “motosierra”, sobre todo a nivel nacional. Según los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó un 10,3% desde 2023, o sea que no alcanzó todavía los niveles previos a la pandemia. La última medición de la serie que elabora FIEL arrojó que en octubre pasado la actividad industrial cayó 5,3% contra el mismo mes de 2024.
Varios frentes. A esto se suma una renovada presión fiscal ya que, como admitió recientemente el ministro Federico Sturzenegger, para poder bajar impuestos necesariamente tendrá que acelerar el talado de gastos. Pero también las críticas de los industriales se focalizaron en dos estamentos: el provincial por el incremento de las tasas de Ingresos Brutos y los municipios por la creación o ampliación de otros como “Seguridad e Higiene” que los observan como una ampliación de un tributo encubierto a las ventas.
El economista y empresario Gustavo Lazzari, que dirige una compañía familiar de chacinados, tiene un alto perfil mediático y también supo participar en la cámara de su sector, cuando aborda el tema del desafío del Gobierno para que la industria asuma un compromiso para aumentar su productividad, se desmarca y pone la pelota en el otro arco. “A la industria se le exige competitividad para poder enfrentar al mismo tiempo la apertura del comercio por desregulación de importaciones, pero a la vez no tiene ningún alivio tributario y debe enfrentar una caída en el consumo generalizado”, sostiene.
Competitividad. En esta mirada, no se puede hablar livianamente de competitividad sin referirse al lastre de regulaciones, carga impositiva, falta de normativas reales y mala infraestructura que agrava el denominado “costo argentino”. “Recién después de una reforma fiscal de fuste podemos saber quién puede quedar y quién no porque yo te puedo asegurar que, entre el empresariado local, es mucho más el que es competitivo que el que no lo es”, enfatiza Lazzari.
Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, destaca que la industria manufacturera necesita ganar en competitividad en cualquier escenario. “Las exportaciones de MOI -manufacturas de origen industrial- han caído a un andarivel del orden del 0,16 % de las exportaciones mundiales, viniendo de un 0,25%, antes y después de la crisis de la Convertibilidad, pero esa reconversión requiere condiciones adecuadas”, subraya. Cita como ejemplo el caso de una exportadora del sector automotor que, en sus ventas al exterior, imprime a sus unidades un sobreprecio del 12% al 13 % que se explica por impuestos distorsivos, nacionales, provinciales y municipales, que no se pueden descargar en la Aduana como sí ocurre con el IVA. “Estudios sectoriales muestran que la carga impositiva (por fuera del IVA) en cadenas de valor comparables duplica en la Argentina los guarismos de Brasil y México (30% contra 15% aproximadamente). Un verdadero lastre para la competitividad que no sólo dificulta las exportaciones, sino que pone en desventaja a muchos productos locales para pujar de igual a igual con los importados”, destaca.
Vasconcelos cree que dichos datos reafirman la necesidad de un proceso sincronizado en la política de apertura de la economía, para que el mecanismo de la señalada “destrucción creativa” sea funcional al crecimiento de largo plazo. Sobre todo, cuando se presenta como uno de los efectos colaterales más notorios en la pulseada entre Estados Unidos y China la mayor agresividad del gigante asiático en sus exportaciones a terceros mercados. Incluso, reconoce que, antes de la declarada “guerra comercial”, la irrupción de China capturando un tercio de las exportaciones industriales del planeta ya había puesto sobreaviso a los industriales locales.
La carrera entre sectores. La vieja dualidad entre las empresas o los rubros que se inscriben en sectores más o menos competitivos frente a un escenario cambiante y marcado por las adscripciones a corrientes de comercio y acuerdos multilaterales está en plena revisión por estas circunstancias. Vasconcelos dice que los nuevos proyectos tienden a apoyarse en ventajas competitivas que se consideran “sustentables” y son una mezcla de industria y servicios, relacionados con núcleos productivos como el agro, los hidrocarburos y la minería.
La venta de maquinaria agrícola se desplomó 17% interanual entre octubre y noviembre y borró de un plumazo la recuperación del primer semestre. La suba de tasas previa a las elecciones, las importaciones de tractores desde China y el ingreso de equipos usados desde Estados Unidos, habilitado por Federico Sturzenegger, conformaron un combo letal para esta industria de punta.
Con este escenario, el sector cerrará el año con un nivel de operaciones similar al de 2024, que ya había sido el peor registro de los últimos seis años, y con un elevado stock disponible que se proyecta incluso para 2026.
El ingreso de tractores chinos a mitad de precio que los de fabricación nacional y la expectativa de una mayor llegada de maquinaria usada importada desde Estados Unidos justo cuando comienza la temporada más fuerte de ventas de cosechadoras mantienen en vilo a fabricantes y concesionarias. A este cuadro se suma la advertencia sobre la posible irrupción de la India, el mayor jugador mundial en producción de tractores.
“En el mejor de los casos vamos a terminar en un número de ventas parecido al del año pasado, que fue el peor de los últimos seis años”, afirmó a Letra PHernán Zubeldía, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).
Hernán Zubeldía, el presidente de CAFMA advierte sobre los tractores chinos
Zubeldía es dueño de Pulqui, una pyme que fabrica pulverizadoras y fertilizadoras en su planta de Carlos Casares. CAFMA agrupa a más de 1200 pymes industriales entre fabricantes de maquinaria y de agropartes, entre las que se destacan Agrometal, Akron, Metalfor, Crucianelli, Ombú, Richiger, Mainero, Maizco y Tanzi. En conjunto, el sector genera alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos.
“Los meses preelectorales y el aumento de la tasa de los créditos impactaron muy negativamente en nuestras ventas. A eso hay que sumarle un incremento muy fuerte del ingreso de tractores chinos, a valores imposibles de competir desde la fabricación nacional”, explicó Zubeldía. Y agregó: “Nuestros tractores son hasta 40% más baratos que los brasileños, pero aun así no podemos competir con los chinos”.
Importaciones hechas por fabricantes nacionales
Dentro del mercado local también hay fabricantes que complementan su oferta con la importación de tractores asiáticos. Algunas de las marcas que ya participaron en Expoagro y Agroactiva son Chery —fabricado por Zoomlion—, Lovol, subsidiaria de Foton, y Lansu, enfocada en máquinas de baja potencia.
Lovol, la marca de tractores chinos que ya está en Argentina
“El tema chino es una preocupación a nivel mundial. Tienen una estrategia comercial muy agresiva para descremar los mercados a los que llegan”, señaló Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT).
AFAT agrupa a las multinacionales con plantas en el país: AGCO, Agrale, CLAAS, CNH Industrial, FPT Industrial, John Deere, Jacto y Stara. En total cuentan con 12 fábricas distribuidas entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Las empresas nucleadas en AFAT representan el 98% del mercado nacional de cosechadoras, el 85% de tractores y el 50% de pulverizadoras. La cadena de valor completa del sector emplea a unos 16.000 trabajadores.
CAFMA y AFAT mantienen desde hace años una disputa histórica: las fabricantes nacionales acusan a las multinacionales de ser “apenas armadurías” con baja integración local. Sin embargo, esas diferencias parecen quedar saldadas frente a la irrupción de China como amenaza común.
Fuentes del sector advierten que no existe un registro exacto de cuántos tractores chinos ingresaron al país, ya que es una práctica extendida entre productores y contratistas no patentar todas las máquinas, bajo el argumento de que son herramientas que no salen de los campos.
Un año partido en dos
En términos de ventas, 2025 fue un año claramente dividido. Durante el primer semestre, el mercado de maquinaria agrícola creció 15% interanual. Pero en la segunda mitad llegó el desplome.
El aumento de las tasas de interés —que llegaron al 80% en septiembre y hoy rondan el 30%— volvió prácticamente imposible para el productor agropecuario invertir en bienes de capital. Esto ocurrió incluso en un contexto de rindes récord en la actual cosecha de trigo en la zona núcleo y pese a la baja de retenciones dispuesta por el Gobierno para algunos productos.
“La situación de los productores del norte del país se agrava aún más. Decidimos no renovar maquinaria, reparar y seguir como se pueda. Las tasas son muy altas y venimos de tres campañas malas por el clima y por la chicharrita”, dijo a Letra PGonzalo Blasco, productor agropecuario de Tucumán.
Blasco, ingeniero agrónomo, explicó que “la maquinaria agrícola en Argentina tiene precios mucho más altos que en otros países y los tractores chinos aparecen como una alternativa por precio. Ya se incorporaron algunas unidades y estamos probando sus prestaciones”.
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el bimestre octubre-noviembre el patentamiento de maquinaria agrícola alcanzó las 1052 unidades, un 17,2% menos que en el mismo período de 2024.
Sturzenegger abrió la importación de usados
Desde AFAT advierten que el escenario se agravará con la habilitación de la importación de maquinaria usada, una decisión impulsada por Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
“Necesitamos una cancha equilibrada. Están viniendo máquinas usadas de países con estructuras y costos fiscales mucho más bajos que los de Argentina y con financiamiento mucho más conveniente, como Estados Unidos”, sostuvo Brito Peret.
El directivo explicó que el impacto se sentirá con mayor fuerza en el segmento de cosechadoras, cuyo ciclo de ventas se concentra en el primer trimestre del año. “En dos ciclos vamos a tener la real dimensión de la medida que tomó el Gobierno”, advirtió.
Las empresas nucleadas en AFAT concentran el 99% del mercado argentino de cosechadoras. La importación de usados golpea de lleno a las ventas de AGCO Argentina —con Massey Ferguson y Valtra—, CLAAS Argentina, CNH Industrial —dueña de Case New Holland— y John Deere.
Brito Peret alertó además sobre el retraso tecnológico del parque de maquinaria nacional: la antigüedad promedio en Argentina es de diez años, frente a seis en Brasil y cuatro en Estados Unidos. “Deberíamos estar vendiendo 1200 cosechadoras por año. En 2022, el mejor año reciente, se vendieron 750 máquinas a noviembre. Este año estamos en 680, y en 2023 y 2024 se acumularon 570 a noviembre. El mejor año fue 2017”, detalló.
Vassalli, el anteúltimo de los nuestros
La crisis del sector tiene un emergente claro en la situación terminal de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, en la ciudad santafesina de Firmat. La planta está completamente paralizada y a sus 280 trabajadores se les adeudan entre 3,5 y 4 millones de pesos por persona, sin contar diciembre ni el aguinaldo.
La familia Marsó, de Entre Ríos, había adquirido la empresa a comienzos de año, ya en crisis, pero no logró cumplir con los compromisos asumidos. Así, la Argentina está a punto de perder una de las dos últimas fábricas nacionales de cosechadoras que aún permanecían activas.
La restante es Metalfor, última sobreviviente de un entramado de 25 fábricas que existían hasta la década del 90. La paradoja es que el país fue el lugar donde se fabricó la primera cosechadora autopropulsada del mundo.
La industria preocupada por las importaciones de maquinaria agrícola
“Si seguimos importando máquinas, nos vamos a convertir en talleres: vamos a reparar y cambiar repuestos. Eso ya lo hicimos hace 100 años, nacimos así y no queremos retroceder”, advirtió Zubeldía.
El dirigente empresario aseguró que CAFMA mantiene conversaciones con los equipos técnicos de los ministro Sturzenegger y Toto Caputo para avanzar en medidas que permitan “ganar competitividad” en la industria.
Uno de los principales reclamos es la devolución de los saldos técnicos de IVA, un problema histórico del sector. El Estado retiene como crédito fiscal el diferencial entre las compras gravadas al 21% y las ventas alcanzadas por una alícuota del 10,5%.
“A valores actuales, el Estado nos debe el equivalente a cuatro años completos de la grilla salarial de cada empresa”, afirmó Zubeldía. Y explicó: “Estamos trabajando con los equipos técnicos de Caputo, pero entendemos que esos saldos se deben desde hace 20 años y que no se pueden devolver todos juntos”.
El Gobierno designó a cinco nuevos integrantes para el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), bajo el decreto 901/2025 publicado este lunes en Boletín Oficial. Los flamantes funcionarios actuarán en carácter ad honorem por un período de cuatro años dentro de la Agencia Espacial Nacional que promueve las políticas para la promoción y ejecución de las actividades en el área espacial.
De acuerdo con lo dispuesto, Leandro Horacio Massaccesi fue nombrado por el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, Felipe Berón asumirá como representante designado por el Ministerio de Economía; y en representación de la Cancillería, estará la ministra Plenipotenciario de Segunda Clase, María Jimena Schiaffino.
Por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, integrarán el órgano directivo el abogado Emiliano Cisneros y el contador Diego Alejandro Nelli. La normativa se apoya en la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, el Decreto N° 995/91 y actualizaciones, así como a los lineamientos establecidos para el funcionamiento de organismos descentralizados de la administración nacional.
Los nombramientos fueron llevados a cabo por las distintas áreas que articulan los sectores científicos, tecnológicos, productivos y educativo, de la Jefatura de Gabinete. Según la estructura vigente, la integración y normalización del Directorio resulta central para dar continuidad a los programas y proyectos en desarrollo en el área.
La designación ocurre pocos días después que desde el Gobierno presentara la nueva hoja de ruta para el desarrollo espacial argentino, con el lanzamiento oficial de las “Bases para el Desarrollo Espacial Argentino”, una iniciativa que busca redefinir la estrategia nacional de acceso al espacio y ampliar la articulación entre los sectores científico, tecnológico e industrial.
El anuncio se realizó durante un acto en el Centro Cultural de la Ciencia, encabezado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y reunió a referentes del sector, empresarios, emprendedores, estudiantes y autoridades de organismos vinculados al ecosistema espacial argentino.
El documento oficial establece la creación de un Hub Espacial Nacional, destinado a integrar capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como el desarrollo del proyecto de acceso al espacio y la consolidación de la Argentina como una plataforma formativa para aspirantes a astronautas. Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, este plan responde a la intensificación de la competencia internacional en materia espacial, donde participan no solo agencias estatales, sino también empresas privadas y nuevos actores regionales.
La nueva estrategia se construyó a partir de una serie de encuentros con especialistas, según explicó Genua. “Esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina. Gracias a ellos, construimos esta hoja de ruta que estamos presentando”, señaló el funcionario, quien destacó la importancia de promover una visión de largo plazo para consolidar avances sostenibles más allá de los ciclos de gobierno.
La designación ocurrió a pocos días de presentar las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino
Mediante la presentación de las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino, identificaron la necesidad de actualizar el plan espacial para generar sinergias con el ritmo de las transformaciones tecnológicas globales. En este sentido, el plan nacional apunta a una integración efectiva con la economía espacial. En paralelo, la propuesta plantea programas de formación para astronautas y profesionales especializados con perspectiva internacional.
En el marco de la presentación, explicaron que la propuesta se asienta en el Plan Nacional Espacial, que contempla la exploración, la fabricación y el lanzamiento de satélites nacionales como parte de la agenda de autonomía tecnológica. Entre los ejes centrales figura el desarrollo del cohete Tronador II, un proyecto destinado a dotar al país de la capacidad de colocar en órbita satélites de fabricación local. El secretario subrayó que “Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos.
Por eso, vamos a presentar un plan espacial, esta vez, elaborado con todo el ecosistema, donde los emprendedores, las empresas y el talento argentino sean protagonistas y lideren el crecimiento de la economía espacial argentina”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión con referentes del sector de energía nuclear y representantes sindicales vinculados a la actividad, en medio del intento de privatización del presidente Javier Milei de la empresa Nucleoeléctrica.
Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
En la reunión Kicillof afirmó: “Hace muchos años que la Argentina decidió invertir en el área de energía nuclear, lo que llevó a posicionar al país en un lugar de privilegio a nivel internacional y contar con un activo estratégico clave”. A ello, agregó: “Lamentablemente todo eso hoy se ve amenazado por un Gobierno nacional entreguista que, con su idea privatizadora, apunta a generar un gran negocio para unos pocos”.
La Asociación del Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividades Nucleares (APCNEAN) – sus referentes participaron de la reunión- emitió este comunicado:
«La energía nuclear está en una etapa de expansión a nivel global. La meta internacional para 2050 es alcanzar neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero. Un componente principal en esta hoja de ruta es incrementar significativamente la producción de energía nuclear por ser una forma limpia sin emisión y de base. Muchos países y organizaciones están trabajando para, al menos, triplicar la capacidad de generación de origen nuclear para 2050. Esta expansión implica la extensión de vida de muchas centrales y la construcción de nuevas.
Es nuestra convicción que también nosotros debemos aumentar significativamente la participación nuclear en nuestra matriz energética. Desde 2015 solo venimos con idas y vueltas en lo que respecta a centrales grandes de potencia, algo incomprensible y muy negativo para un país con el desarrollo nuclear importante que tenemos. La Argentina ha sabido desarrollar un ecosistema nuclear exitoso, público-privado, con una tecnología que poseemos, a saber, la tecnología de uranio natural y agua pesada. Creemos que esto debe expandirse con la construcción, en el plazo más corto posible, de una o varias centrales más de este tipo (CANDU). Y participar, a través de esta tecnología, de una fracción de un enorme negocio a nivel planetario (vía la exportación de partes sofisticadas y servicios altamente especializados) que busca al menos triplicar la capacidad nuclear instalada en los próximos 25 años. Sin embargo, esta oportunidad histórica de capitalizar los grandes esfuerzos realizados por la sociedad argentina y en particular por el sector público nuclear, nos encuentra sumidos en una profunda crisis presupuestaria, salarial y con intenciones del gobierno de entregar el desarrollo nuclear a manos privadas, en particular extranjeras.
Con motivo de los anuncios del gobierno (decreto 695/25 y anteriores) sobre la privatización de NA-SA y de la situación crítica del sector, ya nos hemos manifestado, como APCNEAN, crítica, reiterada y públicamente, en particular ante las Comisiones de CyT de ambas cámaras del HCN. Varios senadores y diputados han tomado la loable iniciativa de formular proyectos de ley en los cuales se intenta frenar la privatización de NA-SA, por el momento sin resultados concretos, debido a la falta de voluntad suficiente.
Como requisito previo a la privatización, el gobierno emitió un “Informe circunstanciado” (IF-2025-101135466-APN-SE#MEC). Es un escrito contradictorio y poco riguroso que no ofrece ninguna justificación válida para la privatización y que ofende nuestra inteligencia. En el se leen frases contradictorias como: a) “Durante el primer semestre del año 2025, se visualiza una posición económica estable (de NASA) que ha permitido una operación segura y confiable de las centrales nucleares, financiando los costos de operación y mantenimiento..” b) “Durante el año 2024, NASA obtuvo un récord (7.4% del total nacional) de generación de energía nucleoeléctrica anual de 10.449,015 GWh netos ..” c) En el último tiempo se verificaron pérdidas de RRHH calificados, por cuestiones de competitividad salarial.” d) “En atención a la creciente demanda energética del país, es que se considera que la venta parcial de acciones de NASA al sector privado permitirá sondear nuevas líneas de negocio aprovechando el auge nuclear que se observa hoy en día a nivel mundial.” e) “También se considera que la participación de accionistas privados podría complementar el financiamiento del Estado Nacional y además permitiríauna mayor eficiencia de gestión (véase Edesur como ejemplo).”. “La incorporación de capital privado… permitirá la exploración de nuevos desarrollos nucleares tanto a nivel local como internacional (¿?)”.
El día 5-11-25 el ministro de economía emitió una resolución (RESOL-2025-1751-APN-MEC), en la que pone en marcha el proceso de privatización parcial de NA-SA. Un elemento por demás preocupante es que abre la puerta para que una empresa extranjera lleve adelante la tasación de NA-SA (es como meter el zorro en el gallinero) y que NA-SA se termine rematando a un precio irrisorio. Esto está tomado textualmente de la ley de reforma del estado de Menem.
NA-SA es una empresa del pueblo argentino. Es mucho más que una mera operadora (algunos malintencionados e ignorantes le quieren bajar el precio calificándola de esa manera). Es diseñadora y desarrolladora de centrales nucleares. Esto está probado a través de la construcción y puesta en marcha de Atucha II, una verdadera epopeya, y por la extensión de vida de Embalse por 30 años más. NA-SA ha garantizado, con estándares internacionales de seguridad, de entre el 7 al 9% de la electricidad que consumimos los argentinos a un precio accesible, como lo reconoce el propio “Informe circunstanciado”. NA-SA es superavitaria y estratégica: impulsa el desarrollo industrial de nuestro país promoviendo el trabajo argentino de calidad, tanto en el sector público como en el privado nacional, impulsa la ciencia y tecnología nucleares junto a la CNEA y a otras organizaciones del sector y tiene capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo. El desarrollo científico, tecnológico e industrial nuclear no son una entelequia, son una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible (esto es en definitiva la seguridad energética).
El mayor capital acumulado, además de sus enormes activos físicos, es el know-how del capital humano de NA-SA y del sector nuclear. Este conocimiento nos garantiza autosuficiencia tecnológica y seguridad energética en la línea tecnológica que la Argentina eligió hace 60 años: la línea de uranio natural y agua pesada. La Argentina ha hecho todas las grandes inversiones necesarias para sustentar este programa. Este debe ser el eje vertebrador de un futuro plan nuclear: en particular, reflotar la PIAP, también desfinanciada por este gobierno (El agua pesada es un insumo de altísimo valor agregado, imprescindible en nuestra actividad nuclear y en otras aplicaciones médicas, farmacéuticas y electrónicas de alta demanda, con un gran mercado real.).
La masa de dinero que maneja NA-SA por la venta de la electricidad que produce es muy considerable, del orden de 700 MUSD/año (solamente un 10% de esto son 70 MUSD!). Actualmente las tarifas que percibe NA-SA son de las más bajas del mercado (ha trabajado hasta ahora esencialmente al costo, por ley, aunque esto está actualmente en proceso de revisión, en línea con la iniciativa de privatización), lo que redunda en un beneficio para la sociedad en su conjunto ya que reduce la tarifa de energía eléctrica en general y permite una mejor competitividad energética de nuestro sector productivo. Privatizar NA-SA no va a mejorar la vida de la gente, sino que abrirá la puerta a que se incremente la tarifa, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado. Además, la privatización/extranjerización podría implicar que por su influencia se comiencen a traer desde el exterior insumos y equipos que fabricamos en nuestro país, en detrimento de la industria local (al estilo de lo que ocurrirá con el RIGI). Y que una vez más, como ocurrió en 2017, se intente hacer desaparecer la línea tecnológica nuestra de Uranio natural y agua pesada.
Además, el decreto y la resolución no respetan la ley porque incumplen, entre otros elementos, lo prescripto en la ley de Reforma del Estado, 23.696, en plena vigencia, en su artículo 11, donde dice que se debe hacer participar a la provincia en cuyo territorio se asienta la infraestructura física más importante de NA-SA, a saber, la PBA. Textualmente: «En el caso de que la empresa declarada «sujeta a privatización» tuviera su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización.»
Estamos ante un burdo intento de desbaratar el inmenso capital acumulado durante muchos años. Conocemos de sobra sus motivaciones: a) Hacer caja, es decir dólares, que el gobierno necesita desesperadamente para mantener la ficción del dólar barato, algo irresponsablemente cortoplacista. b) Transferir al sector privado (amigos de adentro y de afuera) un negocio redondo montándose sobre un sistema exitoso construido por el Estado (es decir por el Pueblo Argentino), en funcionamiento pleno, seguramente aumentando las tarifas, tal como lo vienen haciendo. Es decir, privatizar las ganancias, sin asumir ningún riesgo. c) Motivaciones geopolíticas que buscan coartar nuestra capacidad de desarrollo nuclear independiente. Este intento, está acompañado por el vaciamiento del sector público nuclear, por asfixia salarial y presupuestaria, regalando a empresas privadas en formación (como Meitner Energy, la empresa que está impulsando el desarrollo del reactor ACR-300, reactor que trabajaría con uranio enriquecido que no tenemos.) y al extranjero, que recibe con brazos abiertos a nuestros especialistas (estas empresas están reclutando activamente trabajadores en CNEA).Todo esto está en línea con lo que está pasando en todo el sistema de CyT y nuestras Universidades Nacionales. Quieren liquidar al sector público porque ahí está el foco de mayor resistencia y además perspectivas de grandes negocios.
APCNEAN no se opone a la inversión privada genuina, es decir aquella que viene a invertir asumiendo los riesgos y desafíos para ampliar la capacidad productiva de nuestro país, pero sin que ello implique la liquidación y el remate del sector público nuclear, que nos trajo exitosamente hasta aquí.
Defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen, y es apostar por una Argentina con soberanía tecnológica, seguridad energética, tarifas justas y desarrollo para la Sociedad Argentina.»
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, aprobó un nuevo reglamento para la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el órgano asesor en materia de vacunas. La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, modifica rotundamente el funcionamiento de esta comisión consultiva, que funciona de forma no vinculante pero sí muy influyente desde el año 2000.
Fuentes del Ministerio aseguraron que el objetivo consiste en ordenar su operación y «recuperar la gobernanza en las decisiones sobre políticas de vacunación«. Agregaron que se busca equilibrar los «múltiples intereses de los participantes actuales» e incentivar colaboración con instituciones académicas. “La responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. La CoNaIn no ejercerá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias”, aclararon desde la cartera que encabeza Lugones.
Un punto central del cambio de normativa es que la CoNaIn pierde la potestad para proponer temas: a partir de este martes, su asesoramiento solo tiene lugar tras un pedido expreso de la DiCEI. Las áreas de la influencia y recomendación de la CoNaIn abarcan introducción, modificación o retiro de vacunas en el Calendario Nacional, esquemas de inmunización, pautas de aplicación, dosis, contraindicaciones, conservación y vigilancia de eventos atribuibles a vacunas. «La agenda de temas será elaborada y propuesta por la DiCEI», se especifica en el anexo 1 de la normativa.
Se reduce la cantidad de miembros de la CoNaIn
La CoNaIn depende de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), dependiente a su vez de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles de la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria de la Secretaría de Gestión Sanitaria. A partir de ahora, también será presidida por el director de la DiCEI.
Además, cambia la conformación del Núcleo Científico Central (NCC), «responsable del análisis de la evidencia y de la formulación de recomendaciones», la tarea más importante que tiene a cargo la CoNaIn en tanto órgano consultivo. Hasta ahora, el NCC contaba con ocho miembros titulares y ocho suplentes, que surgían de las propuestas de las facultades de Medicina de las universidades públicas. Desde hoy, se reduce a la mitad: cuatro titulares con sus suplentes, que las facultades propondrán por temas. La DiCEI analizará las ternas y seleccionará a los miembros según pertinencia técnica o coyuntura sanitaria. La nueva normativa establece también que la participación de todos los miembros de la CoNaIn será ad honorem.
Otras funciones incluyen análisis de información epidemiológica en brotes, revisión de evidencias sobre nuevas vacunas y estrategias de inmunización con impacto nacional. La DiCEI convoca expertos temporales para asesoramiento específico. Entre los programas y direcciones del Ministerio de Salud vinculadas con inmunizaciones que se incluyen como posibles socios técnicos e integrantes ad hoc de la comisión en el Boletín Oficial, se enumeran Maternidad e Infancia, Epidemiología, Vigilancia y Economía de la Salud.
Hasta este martes, la CoNaIn estaba integrada por Angela Gentile como presidenta, junto a Ana Ceballos, Mirta Roses, Andrea Uboldi, Daniela Hozbor, Gabriela Barbas, Guillermo Docena e Ignacio Maglio.
La cobertura de la vacunación cae en picada desde la pandemia
Esta decisión de modificar el funcionamiento de la CoNaIn se toma en contexto de caída en la cobertura vacunal posterior a la pandemia. Paradójicamente, aunque las vacunas fueron un factor clave para combatir al Covid-19 y mitigar su mortalidad, a nivel global se reactivó la discusión en torno a la efectividad de las inmunizaciones, y la cantidad de gente que desconfía de ellas creció. Por eso, en los últimos años se vieron en Argentina brotes de enfermedades erradicadas hace tiempo, como el sarampión.
En este contexto, el cambio en la CoNaIn enciende las luces de alarma. Fuentes oficiales destacaron que la medida consolida «un Estado eficiente«, con responsabilidad institucional definida.
El Gran Hermano habló. Llamó al participante al confesionario y le dejó en claro qué debía hacer para permanecer en el certamen. Y el participante, algo enojado pero consciente de que al final tiene posibilidades de victoria, aceptó lo que la autoridad le indicó. A cambio, el Gran Hermano tendrá pronto –en la segunda quincena de enero– un importante gesto a favor de su concursante favorito: la Argentina tendrá aprobado el primer año de vigencia del facilidades extendidas. Waiver mediante por la falta de acumulación de reservas del Banco Central, pero con el hecho de haberse logrado un resultado de superávit fiscal de más del 1,5% en el actual ejercicio y la no emisión monetaria, serán razones suficientes para que el tramo 2025 del acuerdo firmado en abril pasado quede aprobado. Y, ahora sí, a pensar en 2026.
Por lo que ya se sabe, el directorio del organismo –donde mandan los votos de Estados Unidos y sus aliados– está comenzando a analizar la situación de la Argentina; y se supone que, luego del obligado parate de fin de año de todo organismo financiero internacional que se precie de tal, desde la segunda semana de enero hasta la primera de febrero el caso argentino estará cerrado. Y aprobado. Al menos en 2026.
La decisión del gobierno de Javier Milei, con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo como brazo ejecutor, de comprometerse solemnemente (y por escrito) a comprar no menos de 10 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026 (temporada sojera), fue el acto de amor que el Gran Hermano exigió como condición indispensable –y disciplinadora– para que el concursante estrella siga todo 2026 dentro del facilidades extendidas. Pero el Fondo ahora va más allá y buscará que, como política derivada de este esquema de recuperación de reservas, se produzca otro efecto que el organismo venía reclamando desde el mismísimo abril en que se firmó el acuerdo con la Argentina. Con sumo cuidado y secreto.
Obviamente, todos saben que la consecuencia de esta obligada política de compra de divisas, además de una victoria mandril, tendrá como resultado inevitable un fortalecimiento del precio de la divisa en la cotización criolla. Esto derivó en que ambas partes negociaran muy en secreto durante noviembre la flexibilización del mecanismo de bandas cambiarias hacia una indexación del tope superior del sistema de fronteras, que seguirá el último índice de inflación publicado. En enero de 2026 se tomará el último porcentaje disponible: el de noviembre de 2025, que resultó de 2,5%, lo que derivará en un dólar de techo de 1.556 pesos. Habría sido de $ 1.536 si se hubiera seguido considerando la indexación del 1%.
Obviamente, nadie espera –incluido el FMI– que la cotización llegue a ese nivel, pero sí que tenga ahora más flexibilidad de movimiento y “gimnasia recreativa” para que haya un incremento más genuino y sano del precio del dólar en el mercado local. Lo importante es la consecución de la performance obligatoriamente alcista del dólar hacia abril de 2026, cuando se cumpla el primer aniversario de la firma del acuerdo vigente. La obligación de sumar reservas, que mantendrá inevitablemente fuerte la demanda de divisas, provocará además una presión inflacionaria también inevitable. Aunque controlado, el IPC tendrá así un sostenimiento de la fuerza alcista en los límites actuales, lo que derivará en un incremento porcentual que rondará el 2%.
Si se incluye, en esta tendencia porcentual, diciembre de 2025 –cuyo IPC será fuente de inspiración del crecimiento del techo de la banda cambiaria en febrero–, y enero y febrero de 2026, se tendrá un valor de referencia máximo para abril de 2026 de un techo de banda de 1.643 pesos. Si se compara ese precio del dólar oficial con el valor de $ 1.097 del 11 de abril de 2025, día en que comenzó a regir el nuevo esquema cambiario de bandas, la devaluación acumularía en un año (abril de 2025 contra abril de 2026) un aproximado del 50%. Si ese porcentaje se corrige por una inflación anualizada del 30% –el ritmo actual que se sostendría en el primer semestre del año–, la corrección del alza del dólar por los precios sería del 20%. En definitiva, esa sería la corrección real del tipo de cambio a un año de firmado el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.
Este es el punto en el que hay que volver al texto y a la letra chica de ese pacto entre la Argentina y el FMI.
A mediados de este año, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay mencionó en una exposición en el IAE de la Universidad Austral un descubrimiento. Dijo que en el staff report el organismo “recomienda” que el tipo de cambio ejecutivo para el trimestre posterior a la firma del facilidades extendidas debería navegar por arriba del 20% de la cotización del día anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto implicaba, aproximadamente, entre 1.315 y 1.320 pesos en el mes inaugural del ejercicio de bandas, para luego ir subiendo la cotización mes a mes, sosteniendo una inflación que debía ubicarse por debajo del 1%.
Sin embargo, la idea de los firmantes de Washington del facilidades extendidas nunca tuvo en carpeta la posibilidad de que el dólar oficial operara a la baja y navegara inmediatamente hacia aguas más cercanas a los $ 1.100 que a los más de $ 1.300 que consideraba el organismo como óptimos para el cierre del segundo semestre de 2025. Mucha diferencia. Más teniendo en cuenta que es el ítem que más le importa al fiscalizador general del caso argentino en el FMI, el venezolano Luis Cubeddu.
Prima hermana de esta queja aparecía el segundo cuestionamiento desde Washington. No se entendía desde el FMI cómo era que el Gobierno renunciaba a la acumulación de reservas vía compra de divisas a un valor incluso menor al estipulado desde el Fondo, de más de $ 1.300 dentro de la banda. Más aún teniendo en cuenta que para junio vencía la temporada de liquidación sojera, sin incrementos importantes en las reservas del Banco Central.
Con mucha preocupación, el Gran Hermano miraba en aquellos días que hasta julio se aplicaba otra estrategia. Más ideológica que técnica. Esperar a que el dólar llegara a los mil pesos para ahí comenzar a comprar y demostrarle a todo el que quisiera analizar el sistema cambiario argentino que la Casa Rosada tenía razón al asegurar que la divisa, al primer trimestre de 2025, no necesitaba de una devaluación.
Recordaba el Presidente que la batalla por la devaluación fue lo que hizo que se eyectara de las responsabilidades con la Argentina al entonces director gerente para el hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, quien en las negociaciones de mediados de 2024 discutía con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo sobre la necesidad de corregir el tipo de cambio de entonces, en un 20%. Mínimo. Valdés fue apartado de las negociaciones, pero hacia abril de 2025 el FMI le dio, bastante, la razón.
En las negociaciones previas, Milei se negó todo lo que pudo al esquema de bandas, defendiendo su teoría de los 900 pesos. Pero, ya acosado por el mercado a fines del primer trimestre del año, tuvo que ceder y negociar las bandas cambiarias de la tercera etapa de su plan de estabilización. El techo de 1.400 pesos fue exigencia del FMI, que no quería ni quiere una banda de máximos bajos que obligue rápidamente al Central a vender dólares y perder
reservas. El piso de mil fue exigencia de Milei, que quería una base por debajo de los $ 1.096 de cierre del régimen anterior, para demostrar que tenía razón.
No pudo ser. Esa apuesta de compra a los mil pesos nunca llegó. No se sumaron dólares al BCRA. Más bien se perdieron. Debió ocurrir un
segundo rescate en octubre pasado, esta vez combinado entre el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos, para que, en el final de la película –con el detalle de las elecciones legislativas victoriosas para el oficialismo–, el Gran Hermano se pusiera firme y le exigiera al participante tanto comprometerse a comprar reservas y sumar no menos de 10 mil millones de dólares en el primer semestre como a devaluar un 20%.
Y así, el concursante podrá seguir participando.
El próximo capítulo está por llegar. Habrá que esperar a la segunda quincena de enero.
Correo Argentino inauguró esta mañana en su planta logística de Monte Grande un sistema de clasificación robotizado (sorter) de última generación, el primero de su tipo instalado por un operador postal de América Latina. La puesta en marcha representa un hito de modernización y la apertura formal del plan integral de automatización previsto para 2026.
El sistema opera con 240 robots autónomos sobre una superficie de 1.180 m², integrando inteligencia artificial, algoritmos de direccionamiento y clasificación inteligente. Esta tecnología permite procesar hasta 9.000 paquetes por hora, lo que triplica la capacidad operativa actual de la compañía en todo el país y eleva los estándares de precisión y eficiencia.
La instalación incluye 13 puestos de inducción que sostienen un flujo continuo de carga y 130 salidas de clasificación, optimizando los tiempos de procesamiento y minimizando el margen de error.
«Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única», señala el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini.
El avance tecnológico se enmarca en un proceso de transformación financiera: tras revertir un déficit de $113.000 millones en 2023, Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025 y aportó $34.000 millones al Tesoro Nacional. «Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos», agrega Baldini.
Como parte de su hoja de ruta para 2026, la empresa prevé completar la automatización total de la planta de Monte Grande e incorporar nuevas tecnologías, entre ellas:
Un segundo sorter para paquetería de hasta 30 kg
Tecnología RFID para seguimiento en tiempo real de piezas y contenedores para trazabilidad integral
Aforadoras industriales para control automático de facturación
Vehículos de Guiado Automatizado (AGV) para el movimiento robotizado de contenedores
Con estas inversiones, Correo Argentino consolida su transición hacia un modelo logístico inteligente, orientado al crecimiento del eCommerce y la paquetería, fortaleciendo su competitividad en un mercado en expansión.
Descripción del sorter robótico
* Este sorter es el primer sistema de clasificación robotizado de su tipo instalado en un operador postal de América Latina.
* El sistema está compuesto por 240 robots autónomos, operando sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. Toda esta estructura se armó en apenas 50 días desde su llegada a la planta.
* Cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten alimentar el flujo de paquetes de forma continua, ordenada y sin interrupciones.
* Posee 130 salidas de clasificación, lo que multiplica la capacidad de direccionamiento automático y reduce a cero los desvíos o errores de clasificación.
* La productividad del sistema alcanza los 9.000 paquetes por hora, lo que permite triplicar los volúmenes que hoy se procesan en todo el país.
* Está diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que representan la mayor parte del flujo del comercio electrónico, nacional e internacional.
* La automatización incorpora lectura inteligente de etiquetas, sensores, algoritmos de direccionamiento y comunicación entre robots, optimizando cada movimiento.
* Los robots se cargan de manera automática: el sistema monitorea en tiempo real el nivel de batería y decide cuándo deben dirigirse a las estaciones de carga.
* Este proyecto forma parte de un plan más amplio: en los próximos meses se incorporará un segundo sorter para paquetes voluminosos de hasta 30 kilos, avanzando hacia una clasificación 100% automatizada en Monte Grande.
* Además, próximamentela planta sumará nueva tecnología: una aforadora industrial, un sistema de alimentación a granel, la conexión por cintas con la Planta Internacional y vehículos AGV para mover, apilar y despachar contenedores de manera autónoma.
* En total, el proyecto se integra dentro de una superficie operativa de más de 6.000 metros cuadrados, donde conviven las áreas de inducción, clasificación, control y despacho.
* Todo esto no solo permite ganar velocidad y precisión: también reducir esfuerzos físicos repetitivos, mejorar la trazabilidad, acelerar los tiempos de despacho y elevar, de manera concreta, los estándares de calidad operativa en todo el país.
La patronal de la industria siderúrgica de Brasil lanzó una advertencia sobre un posible colapso del sector debido al aumento sin precedentes de importaciones de acero procedentes de China.
La entidad expuso sus datos y preocupaciones en una conferencia de prensa, donde detalló que el ingreso de acero extranjero alcanzó su nivel más alto en quince años, pese a la reciente aplicación de una tasa de importación del 25% por parte del gobierno nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Acero Brasil, la producción nacional descenderá 2,2% en 2025, llegando a 33,1 millones de toneladas.
La organización explicó que, aunque la tarifa proteccionista está vigente desde principios de año, su impacto se reduce por la existencia de acuerdos comerciales como Mercosur-Egipto y por beneficios fiscales locales. Así, la protección efectiva para el acero brasileño se limita a apenas 7,2%.
La mayor parte del acero importado proviene del gigante asiático, que representa 64% de las compras externas, favorecido por incentivos estatales y subsidios industriales que permiten ofrecer productos en Brasil a precios inferiores al costo de fabricación.
En este contexto, la patronal remarcó que las prácticas consideradas como competencia desleal ya provocaron la eliminación de 5.000 puestos de trabajo en la industria siderúrgica brasileña y el freno de inversiones por más de 2.500 millones de reales (más de 450 millones de dólares).
Las proyecciones del instituto anticipan que las importaciones continuarán en ascenso durante 2026 y que la producción local sufrirá otra caída, acumulando una baja del 2,2%. También se prevé una disminución en las ventas internas del 1,7%, según el reporte de EFE.
Frente a estos datos, la entidad empresarial reclamó al gobierno federal la activación de nuevas defensas comerciales.
El presidente del Consejo Directivo de la patronal, André B. Gerdau Johannpeter, sostuvo que “los empleos e inversiones recortados en la industria siderúrgica brasileña son el precio que Brasil paga por no poder reaccionar contra las importaciones predatorias a la misma velocidad que se observa en países como Estados Unidos, la Unión Europea y México“.
La patronal advirtió que la prolongación de este escenario pone en riesgo la estabilidad y operatividad de las plantas siderúrgicas locales, lo que agravaría la caída del empleo y la inversión en toda la cadena industrial. Por ello, desde el sector exigieron al gobierno mayor rapidez en la adopción de mecanismos eficaces para proteger a los trabajadores del acero y asegurar la competitividad de la producción brasileña.
Durante la conferencia de prensa, los representantes del instituto destacaron que el desafío es igualar la capacidad de reacción demostrada por mercados como Estados Unidos, México y la Unión Europea.
El futuro de las energías “limpias” se juega en una meseta desértica a cuatro horas en auto hacia el noreste de la ciudad de Las Vegas. Esparcidos en las espectaculares arenas cercanas a la localidad de Milford, en el estado de Utah, hay unas dos docenas de pozos que se hunden hasta las profundidades de la Tierra, donde las rocas están permanentemente calientes.
Parado sobre una de las torres de perforación de esos pozos y azotado por fuertes vientos, Jack Norbeck tiene que gritar para hacerse oír: “Con diez torres idénticas a la que ven acá se puede generar un gigavatio de nueva energía por año”.
Es el equivalente al rendimiento de un reactor nuclear típico y suficiente para abastecer a un millón de hogares. Norbeck asegura que su empresa, Fervo, “adquirió más de 200.000 hectáreas de derechos minerales geotérmicos en todo Estados Unidos, donde nosotros vemos la oportunidad de generar más de 50 gigavatios”.
Respaldada por Google y otros inversores tecnológicos de alto nivel, Fervo es una muy activa startup de tecnología geotérmica que busca convertir una fuente de energía antes desdeñada en una verdadera usina energética. La empresa está valuada en unos US$1400 millones y comenzará a producir energía el próximo año, en la primera fase de un acuerdo de venta de 320 megavatios a una empresa de servicios públicos de California. Se trata del mayor contrato comercial de electricidad geotérmica firmado en los 60 años de historia de esa industria en Estados Unidos.
Y también es el primer paso de una inminente revolución geotérmica. Hoy en día, menos del 1% de la energía que se genera en el mundo (y en Estados Unidos) proviene de la geotermia. Pero los investigadores de la Universidad de Princeton predicen que gracias a las innovaciones técnicas y a la abundancia y disponibilidad de la energía geotérmica, para 2050 con ese método se podría generar casi el triple de lo generado actualmente por todas las plantas nucleares de Estados Unidos, que hoy suministran aproximadamente el 20% de la electricidad que consumen los norteamericanos. Y la Agencia Internacional de la Energía prevé que para 2035 el auge de la inversión global en ese sector superará el billón de dólares.
Potencial técnico de la geotermia
Tanto optimismo responde a la sumatoria de dos fuerzas, “el marcado que tira y la tecnología que empuja”, señala Milo McBride, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, un centro de estudios con sede en Washington D.C. Como la energía geotérmica puede brindar energía limpia las 24 horas del día, es la solución perfecta para el consumo incesante de los megacentros de datos. Por eso, Google, Meta y otros proveedores de inteligencia artificial (IA) están tan interesados en una energía libre de carbono pero “constante” y están invirtiendo fuertemente en innovaciones geotérmicas.
Las credenciales ambientales de la geotermia son irreprochables. Al igual que la energía eólica y solar, prácticamente no emite gases de efecto invernadero durante su generación. Y dado que las rocas de la profundidad de la Tierra se mantienen calientes constantemente, la energía geotérmica puede proporcionar electricidad fiable las 24 horas del día, a diferencia de otras fuentes de energía renovables que son intermitentes. También puede proporcionar calor limpio y servir como almacenamiento de energía a gran escala para la red eléctrica.
La geotermia tradicional solo funciona en lugares donde hay fracturas permeables y a menos de 4 km de la superficie se registran temperaturas de entre 150°C y 200°C. Las empresas perforan casi verticalmente con equipos convencionales y utilizan el fluido caliente que asciende para hacer girar las turbinas y generar energía.
Hoy existen tres nuevos enfoques. Los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) utilizan técnicas tomadas de la industria petrolera, como el fracking y la perforación multilateral, para fracturar la roca y extraer energía.
Los sistemas de circuito cerrado (CLS) no utilizan el fracking o la fracturación hidráulica, sino que hacen circular un fluido a través de un circuito de tuberías que se calientan con el calor de la Tierra. Los EGS y los CLS no dependen de fracturas permeables: solo necesitan roca caliente a una distancia de entre 4 y 5 km de la superficie.
Pero el futuro podría quedar en manos de los equipos “supercalientes”, cuyo objetivo es penetrar mucho más profundo en la Tierra, entre 8 y 20 km bajo la superficie, donde las temperaturas son cercanas a los 400°C. La presión hace que el agua entre en estado “supercrítico” —ni líquido ni gaseoso—, lo que le permite transportar mucha más energía a la superficie. (La relación entre la temperatura y la profundidad varía según la ubicación.)
A diferencia de la geotermia convencional, los EGS pueden extraer energía incluso sin fracturas en el suelo, gracias al fracking y a la tecnología de perforación multilateral desarrollada a principios de la década de 2000 por la industria del shale-oil, o petróleo de esquisto. Los ingenieros de Fervo primero perforan verticalmente un pozo profundo y luego lo rotan y lo desplazan horizontalmente. A cierta distancia, se perfora un segundo pozo, paralelo al original.
Lo crucial es que esos dos pozos no se toquen, sino que se fracturen las rocas que los separan para crear un yacimiento artificial. Luego, se bombea agua desde la superficie hasta el primer pozo, que viaja a través de las fracturas y se calienta en el proceso. El agua caliente regresa a la superficie a través del pozo especular y calienta otro fluido, que finalmente hace girar una turbina para generar electricidad.
Un artículo publicado en enero en la revista Nature Reviews Clean Technology por Roland Horne, de la Universidad de Stanford, examinó el rápido progreso técnico de la industria geotérmica de nueva generación. Fervo ha demostrado una reducción interanual del 70% en los tiempos de perforación, lo que se traduce directamente en costos mucho más bajos. El profesor Horne estima que para 2027 los costos energéticos de la geotermia serán competitivos con los de sus combustibles rivales.
El profesor Horne estima que para 2027 los costos energéticos de la geotermia serán competitivos con los de sus combustibles rivales.
¡A perforar, cariño, a perforar!
En los sistemas CLS, los ingenieros suelen hacer circular un fluido por tuberías dentro de un circuito semicircular cerrado. El fluido fluye por un lado, se calienta al llegar a profundidad y regresa por el otro lado. La ventaja de este sistema es que funciona en regiones áridas. Sin embargo, como requieren de más tuberías y perforaciones, los CLS son más complejos y caros.
A pesar de los desafíos, algunas empresas están avanzando con el CLS en regiones donde los sistemas EGS no son viables, ya sea porque el fracking está prohibido o por escasez de agua. En Alemania, la empresa canadiense Eavor perforó dos pozos verticales de entre 4,5 y 5 km de profundidad y los interconectó con una docena de pozos horizontales, cada uno de 3 km de longitud, para crear un “radiador” subterráneo. En octubre, la empresa publicó los datos de dos años de ensayos y pruebas. Para perforar los primeros ocho de sus 12 pozos laterales tardaron más de 100 días y millones de dólares, pero en los cuatro restantes los tiempos de perforación se redujeron a la mitad. Eavor planea generar su primera energía “comercial” a finales de este año y en pocos años más espera producir más de 8 megavatios de electricidad y 64 megavatios de calefacción urbana para las localidades cercanas.
Las tecnologías EGS y CLS ampliarán la utilidad de la energía geotérmica a medio plazo, pero el sector tiene ambiciones aún mayores. A mucha más profundidad de la que estas tecnologías pueden llegar, la roca terrestre se calienta aún más y los ingenieros ya están trabajando para aprovechar todo ese potencial.
“La energía geotérmica de roca supercaliente podría generar teravatios de energía limpia y estable a nivel mundial, y con una huella de carbono mucho menor que la de otras fuentes de energía”, afirma Terra Rogers, del Clean Air Task Force (CATF), un grupo ambientalista norteamericano. Más allá de los 8 km de profundidad, donde la presión es más de 200 veces superior a la que se registra en la superficie, si la temperatura también supera los 374 °C, el agua pasa a estado supercrítico, ni líquido ni gaseoso.
Una planta geotérmica en Geretsried, Alemania
El agua supercrítica penetra fácilmente en las fracturas y produce entre cinco y diez veces más energía por pozo que los que utilizan agua caliente convencional. Los modelos de simulación de CATF sugieren que el 13% del territorio de América del Norte tiene potencial “supercrítico” por debajo de los 12,5 km y que aprovechar tan solo el 1% podría suministrar la alucinante cantidad de 7,5 teravatios de capacidad energética.
Lamentablemente, los intentos previos de aprovechar la roca supercaliente en Islandia, donde los fluidos supercríticos acechan a tan solo 2 o 3 km bajo tierra, tropezaron con dificultades. La elevadísima temperatura y presión, así como las corrosivas sustancias químicas, dañan los revestimientos de los pozos y las herramientas de perforación, y el propio taladro se atasca frecuentemente en las profundidades. A pesar de esos problemas, los gobiernos de Islandia y Nueva Zelanda siguen interesados en explorar la tecnología del supercalor.
Y las empresas emergentes están inventando novedosos equipos para facilitar esta tarea. En una zona árida de las afueras de Austin, la empresa texana Quaise ha desarrollado un rayo de energía de ondas milimétricas —similar a un láser— capaz de penetrar la roca más dura. Recientemente, con ese haz de energía perforaron un agujero de 118 m de profundidad en el granito, convirtiendo la roca en ceniza a medida que avanzaba y a una velocidad de hasta cinco metros por hora, mucho más rápido que los 0,1 metros por hora que alcanzan los equipos de la industria petrolera en roca dura. Para el próximo año Quaise se propuso perforar un pozo de un kilómetro de profundidad y desarrollar plataformas completas que demuestren que la idea puede funcionar a gran escala.
Y en octubre, la startup texana Mazama anunció la finalización de un proyecto piloto en su yacimiento de Oregón: sus ingenieros perforaron pozos y realizaron fracturas en rocas duras a una temperatura récord de 331°C y a 3 km de profundidad, todo sin roturas de equipos ni desperfectos de motores o sensores en el fondo del pozo. Mazama estima que a partir del próximo año esa locación puede generar 15 megavatios, hasta eventualmente alcanzar los 200 megavatios.
El profesor Horne señala que 330°C está un poco por debajo de la temperatura supercrítica, pero que de todos modos es una temperatura muy elevada, muy prometedora. Dados los recientes avances, Horne estima que Mazama podría tardar apenas un par de años más en alcanzar la tecnología geotérmica supercaliente que Fervo alcanzó con EGS en 2023: “En los últimos dos años cambió todo”, dice el experto. “Las cosas están avanzando muy rápidamente”.
El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad registró un suicidio cada dos horas en la Argentina. La cifra alcanzó su máximo histórico de fallecimientos autoprovocados anuales y supera la media mundial.
De acuerdo al último informe de SNIC, durante el año 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, arrojando una tasa de 9,8 suicidios cada100.000 habitantes mayores a 5 años. Debido al persistente aumento en los casos durante los últimos 4 años, desde 2023 es la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos en 2024.
Los motivos por los cuales aumentaron los casos de suicidio en la Argentina
El fenómeno ocurre por distintos motivos: económicos y sociales, sumados a la falta de acceso a tratamientos profesionales en distintas regiones del territorio nacional. En ese sentido, un informe oficial aseguró que el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte violenta, solo por detrás de los accidentes viales y los homicidios dolosos, especialmente entre los jóvenes.
En ese contexto, un relevamiento del Ministerio de Salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), reveló que se registran en promedio 22 internaciones diarias de personas que intentaron quitarse la vida.
De acuerdo al informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo se suicidan cerca de 700.000 personas por año y que esta modalidad se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama, guerras u homicidios.
Según el informe, el suicidio afecta especialmente a jóvenes y adultos en edad productiva e implica costos a los servicios de salud para el tratamiento del daño físico, psíquico y social.
“Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, ambientales”, indicó la OMS en el informe.
Por lo tanto, el suicidio es un serio problema de salud pública, que requiere de políticas públicas que atiendan su abordaje de manera intersectorial, integral y comunitaria.
Por otro lado, los días con mayor cantidad de suicidios fueron los domingos y los lunes, patrón que se mantiene en todos los años analizados. Dichos días acumulan el 32,3% de los suicidios en los últimos 5 años. En particular, en el año 2024 los días de mayor frecuencia fueron el día domingo (16,5%) y lunes (16,1%).
En referencia al lugar, los acontecimientos ocurrieron en el domicilio particular en todo el periodo analizado, mientras que la categoría Vía pública ocupó el segundo lugar.
En ese sentido, el informe confirmó que durante el año 2024 se suicidaron 3.425 personas de sexo masculino (80,6%), 807 personas de sexo femenino (19,0%) y hubo 17 casos en los que no se dispone de información sobre el sexo (0,4%). En cuanto a la franja etarias con mayor frecuencia fueron de 20 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
Cómo ayudar a una persona en una situación de suicidio
Los profesionales de la salud coinciden en la importancia de hablar sin prejuicios. Indagar sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo, sino que puede funcionar como una instancia de desahogo y contención.
Asimismo, recomiendan evitar consejos simplistas. Ante cualquier sospecha o situación de crisis, es fundamental recurrir a las guardias de salud mental o comunicarse con las líneas de asistencia telefónica disponibles las 24 horas en todo el país.
Si vos o algún familiar, amigo o conocido atraviesa una crisis, siente que nada tiene sentido o atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091. La atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si hay una emergencia o peligro inminente, llamá al 911.
1- Desfinanciamiento de la Educación Técnica Profesional
El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufrirá en 2026 un recorte histórico: el presupuesto proyectado implica una caída acumulada del 93% respecto a lo ejecutado en 2023, de 62% contra el ejecutado 2024 y de 67% contra el ejecutado 2025.
Además, el propio proyecto de presupuesto 2026 (artículo 30), que obtuvo medio sanción en la Cámara de Diputados, busca directamente eliminar el Fondo, creado por la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional (art. 52) para garantizar el financiamiento y el fortalecimiento de las instituciones de Educación Técnico Profesional. La norma establece que este fondo debe recibir, como mínimo, el 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público Nacional.
Lejos de cumplir con la ley, la asignación viene desplomándose desde que asumió Milei. En 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%.
En los hechos, incluso si no logra derogarlo por ley, el gobierno está vaciando el Fondo y desfinanciando a las escuelas técnicas, con el objetivo de suprimirlo en la práctica.
Vale detenerse en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026. Este elimina pilares estratégicos para el desarrollo nacional. Deroga la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional, anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología que debía alcanzar el 1% del PBI y como fue mencionado, suprime el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. Además, desmantela la programación de inversiones en defensa nacional al eliminar el FONDEF, que fijaba su financiamiento en el 0,8% de los ingresos corrientes previstos para 2026.
2- Desfinanciamiento de la Educación y la Ciencia y la Tecnología
El ajuste en la educación técnico-profesional se inscribe en un recorte presupuestario mucho más amplio. La Función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% en el Presupuesto 2026 respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023.
La misma suerte corren las universidades nacionales, cuyo presupuesto muestra una caída real del 33,8% contra el ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo.
A esa situación se suma un hecho de enorme gravedad institucional. El 20 de octubre se dictó el Decreto 759/2025, que promulgó la insistida Ley 27.795 sobre financiamiento universitario. El decreto —firmado también por la ministra Pettovello— sostiene en sus fundamentos que, “por imperio de lo previsto en el artículo 5°de la Ley 24.629, se suspende su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.”
En los hechos, el Poder Ejecutivo fijó por decreto la suspensión de una ley, un acto abiertamente inconstitucional y contrario al esquema básico de división de funciones en una república. Más aún, no existe argumento válido para proceder de ese modo. La propia ley promulgada, en su artículo 9, habilita al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para ejecutar sus disposiciones.
El impacto no se limita a las instituciones universitarias. Los programas de transferencias directas a estudiantes —como las Becas Estudiantiles— acumulan una caída real del 76,6% respecto de 2023.
El ajuste también alcanzó a la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sufrió un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023.
En colaboración con la fundación Schmidt Ocean, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) llevan adelante otra expedición en el fondo del mar. En esta oportunidad, la exploración tiene lugar en la Cuenca del Salado y la Cuenca de Malvinas desde el 14 de diciembre en aguas frente a Puerto Madryn.
Como la vez anterior, la transmisión en vivo causó furor en las redes por las especies que quedaron registradas en las profundidades del mar argentino. La nueva campaña esta integrada por un grupo de científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y del exterior, que se encuentran a bordo del buque RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, con el objetivo de estudiar los ecosistemas más extremos y menos explorados del fondo marítimo.
Los investigadores atraviesan las profundidades hasta los 4500 metros. El viaje es encabezado por la bióloga María Emilia Bravo y participan en total 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos.
Uno de los mejores momentos captados fue el de un pequeño pulpo a 1071 metros de profundidad. “Qué bonito. Se queda tranquilito. Estos pulpos tienen ojos muy complejos. No tiene ningún problema de que lo estemos mirando”, dijo una científica, enternecida por el hallazgo.
Además, tal como había ocurrido en la primera transmisión del Conicet que se volvió viral, encontraron a 996 metros otra estrella de mar “culona” -como ellos mismos la apodaron- que tiene los glúteos marcados. “Señoras y señores, es una estrella culona, chiquita. Es otra Hippasteria. Espectacular. Momento histórico, todavía no hizo mucho ejercicio”, acotó otro de los científicos mientras la cámara enfocaba el ejemplar.
Algunas imágenes tomadas durante la transmisión
Otra «batata» hallada en la expedición del Conicet
La misión cuenta con apoyo del Consejo y financiamiento internacional, y representa un salto tecnológico y científico sin precedentes
Cómo ver el streaming del Conicet en vivo
Las transmisiones desde el fondo del mar se realizan en directo, pero no es una emisión continua.
Para poder ver las imágenes que envía el robot sumergido es preciso ir a al canal en Youtube de la empresa Schmidt Ocean Institute. Allí aparecen las distintas especies en el suelo marino y su comportamiento, así como las maniobras operativas del equipo que las transmite.
Las transmisiones tienen una duración determinada y el público puede seguir todos los detalles de la misión en tiempo real.
Cómo se captan las imágenes
El trabajo conjunto se realiza a través de un vehículo que se opera de forma remota. Este dispositivo es capaz de capturar imágenes submarinas y tomar material sin alterar el entorno.
Este robot submarino captura imágenes en ultra alta definición, y recolecta muestras biológicas y geológicas con un impacto mínimo sobre el ecosistema. Es la primera vez que este tipo de tecnología se emplea en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental.
El ROV SuBastianMisha Vallejo Prut
La investigación se lleva a cabo con financiamiento internacional y mediante el ROV SuBastian, que captura imágenes de una biodiversidad única, ya que en la zona confluyen la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas.
De acuerdo a la información del sitio oficial del Conicet, la travesía se desarrolla a bordo del buque de investigación Falkor, provisto con equipamiento oceanográfico de última generación.
Esta Academia se pronuncia en relación con los recientes cambios en la concepción y misión de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Para ello, historia algunos cambios importantes en la conducción de los organismo de ciencia y técnica en nuestro país:
A mediados de 1996 hubo un cambio significativo en la conducción de la CyT del país con la designación de nuevas autoridades, cambio que no fue ajeno a la tarea desarrollada por la ANCEFN desde 1995.
El nuevo secretario de CyT asumió con un mandato muy específico: reorganizar el CONICET. Se constituyeron grupos de trabajos para discutir el tema en profundidad. De esas discusiones surgieron varias recomendaciones. Una de ellas, la conveniencia de separar los roles de gobierno (la definición de políticas), de la promoción (el financiamiento de los proyectos científicos) y de la ejecución (organismos e institutos).
La promoción, o sea financiar ciencia, era la función principal del CONICET al momento de su creación en 1958 (por iniciativa de la ANCEFN). Luego se creó la carrera del investigador y gradualmente se fueron creando institutos y programas.
En 1994-95 el número de “unidades ejecutoras” había llegado a cerca de 200. Este crecimiento provocó que la mayor parte del presupuesto del CONICET fuera destinado a la operación y mantenimiento de las unidades ejecutoras y a la carrera del investigador y personal de apoyo, restando recursos para financiar proyectos científicos. En esos años, sólo el 1-2% del presupuesto del CONICET iba a este fin. El dinero disponible para este propósito era tan ínfimo que se usaba el método denominado “1/N”, por el cual esos limitados recursos se repartían por igual a todos los grupos. Los subsidios eran del orden de USD 1000 para cada grupo y no se justificaba hacer llamados a concursos.
¿Qué hacer frente a esta situación? Se decidió, por un lado, introducir condiciones para la existencia de nuevas unidades ejecutoras (esto quedó reflejado en el decreto 1661/96) y, por otro lado, crear una agencia cuyo exclusivo fin fuera la financiación de proyectos, sin sustraer nada al CONICET; ni fondos, ni funciones. El CONICET, como todos los otros organismos del sistema de CyT público podrían continuar financiando proyectos, pero la financiación a nivel nacional, igualitaria para todas las instituciones, sería función de una nueva entidad en cuyo decreto de creación, el 1660/96, se establecía la prohibición de financiar institutos y personal científico; sólo podía financiar (promover) proyectos científicos y tecnológicos.
El desafío fue encontrar fondos frescos para financiar esta Agencia sin afectar al CONICET. Estos fondos fueron obtenidos del Programa de Modernización Tecnológica (PMT) que pocos años antes se había gestionado desde el Ministerio de Economía en un acuerdo con el BID. El financiamiento fue dividido en dos fondos: el FONCYT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) y el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino). En el transcurso del tiempo se agregaron otros fondos como el FONSOFT (promoción de la industria del software) y el FONARSEC (consorcios público-privados para responder a demandas de la sociedad, la empresa y el estado).
Es destacable el impacto que tuvo el FONCYT en el desarrollo científico nacional a través de sus proyectos PICT con distintas modalidades. En el primer concurso (PICT 97), se adjudicaron unos 300 subsidios (30% de las solicitudes) por USD 25 mil por año para proyectos bianuales con cobertura nacional; en los siguientes, este monto se incrementó a USD 50 mil por año para proyectos de 3 años. O sea, un aumento de 50 veces respecto a lo que estaba disponible solo para los investigadores del CONICET en los años anteriores a la reforma.
Vale la pena señalar varios aspectos novedosos que le dieron al FONCYT un carácter innovador. En primer lugar, el sistema de evaluación de la calidad basado en el juicio de pares anónimos internacional (inédito en Argentina). La elección de estos pares quedó bajo la responsabilidad de un científico de prestigio para cada una de las disciplinas quien antes de hacerse cargo firmaba un compromiso de confidencialidad y calidad, y cuya identidad era pública.
En segundo lugar, luego de decidido el orden de mérito por calidad, se realizaba una evaluación de la pertinencia a cargo de comisiones asesoras coordinadas también por gente de prestigio que también firmaban compromisos de actuar éticamente y cuidando la calidad de todas las acciones que se tomaran.
Tercero, el directorio de la Agencia aprobaba los subsidios según la recomendación de los pares y de las comisiones asesoras sin poder modificar el orden de mérito establecido a menos que hubiera habido errores de procedimiento; de otro modo el directorio tenía vedado hacer modificaciones.
Cuarto, los proyectos debían ser presentados por un “grupo responsable”, cuyos miembros se comprometían a no participar en más de dos proyectos con una dedicación mínima de 20 horas semanales. Esto evitaba el extendido hábito del “prestanombre”: incluir en la nómina alguien de prestigio que no tuviera real compromiso de tiempo dedicado al proyecto.
Quinto, los montos de los subsidios (incluían becarios) debían tener relación con la propuesta y una vez otorgados, el recipiendario se obligaba a presentar un informe final para su evaluación la cual se tomaría en cuenta en futuras presentaciones. Se restituía así la buena costumbre de establecer un contrato de cumplimiento mutuo entre entidad otorgante y beneficiario.
Con estas premisas se originó un sistema de CyT federal construido sobre dos pilares: las instituciones y sus recursos humanos, y los proyectos científicos. Los primeros requerían estabilidad, pero los segundos debían estar sujetos al procedimiento de concursos altamente competitivos (asegurando calidad) y renovarse cada 2 o 3 años (lo que durara el proyecto). Esta concepción de la Agencia potenció una actividad científica de calidad en distintas instituciones y en toda la geografía nacional.
A lo largo de los años los PICT se constituyeron en la fuente más importante del financiamiento de la investigación científica de calidad en universidades, institutos de investigación y distintos organismos científicos distribuidos en todo el territorio nacional.
La hibernación de las actividades de la Agencia en los dos últimos años, la anulación de los PICT 2022 y del concurso de los PICT 2023, producirán un daño incalculable en el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Asimismo, el hecho de orientar los programas de la Agencia únicamente a proyectos respaldados por empresas y dirigidos por investigadores probados implica limitar la creatividad de la investigación, y cercena el crecimiento de grupos de jóvenes investigadores. La relevancia de la investigación básica en el proceso de innovación se refleja en el argumento dado por la Academia sueca en el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, quien “demostró que, si las innovaciones han de sucederse mutuamente en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber qué algo funciona, sino también tener explicaciones científicas de por qué.”
En virtud de lo expuesto, esta Academia solicita a las autoridades pertinentes que rehabiliten el financiamiento necesario para los proyectos científicos de calidad que se desarrollan en todas las disciplinas y en distintas instituciones distribuidas en todo el territorio nacional.
La Argentina, líder en biodiésel, tiene un problema de excedentes de glicerol. Un equipo del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral encontró un método sustentable para transformar este producto secundario en alcohol alílico, una materia prima estratégica utilizada en plásticos y fármacos.
La Argentina es uno de los principales productores mundiales de biodiésel a base de aceite de soja. Este biocombustible se mezcla con el gasoil que usan autos, camiones y maquinaria agrícola, lo que reduce la dependencia del petróleo importado y disminuye las emisiones contaminantes. Pero esta industria clave, que busca ser una alternativa sostenible, genera un subproducto masivo. Por cada 10 kilogramos de combustible renovable, sobra aproximadamente un kilo de glicerol, más conocido como glicerina.
Según la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), en los años de mayor producción, la industria llegó a generar más de 300.000 toneladas de glicerina cruda, un volumen suficiente para llenar más de 120 piletas olímpicas. La producción nacional se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe, donde se acumulan enormes cantidades de glicerina cruda que no se aprovechan en su totalidad. “Se está produciendo mucho más glicerol del que se consume”, explica Nicolás Stiven Castellanos Buitrago, becario doctoral del CONICET-INCAPE (Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral).
Aunque la glicerina es valiosa y se usa en cremas, jabones o productos farmacéuticos por sus propiedades para retener agua, el volumen generado por la industria del biodiésel es tan grande que las aplicaciones tradicionales no dan abasto para absorber todo el excedente disponible. Este problema masivo es, sin embargo, una gran oportunidad. A diferencia de otras biomasas (como cereales o azúcares), la glicerina cruda no es comestible, eliminando el debate ético de competir con la seguridad alimentaria. Esta característica consolida al subproducto como una materia prima sostenible con enorme potencial.
El objetivo del equipo es, precisamente, convertir ese excedente en productos de mayor valor agregado. Castellanos Buitrago, un químico colombiano que llegó a la Argentina hace cuatro años, trabaja en transformar la glicerina en alcohol alílico, un compuesto versátil que sirve de base para polímeros, plásticos, medicamentos, perfumes y pesticidas especializados.
“Estamos encontrándole un uso a un subproducto que se desaprovecha y, al mismo tiempo, obtenemos un producto más sustentable”, afirma Castellanos Buitrago.
La propuesta encajaba con su formación en catálisis ambiental, ya que, según explica, “es fundamental abordar el desarrollo de procesos químicos más sostenibles que puedan reemplazar el uso de petroquímicos”. El proyecto está dirigido por Verónica Díez y Pablo Luggren, ambos investigadores del GICIC (Grupo de investigación en Ciencia e Ingeniería catalíticas) en CONICET-INCAPE. Castellanos Buitrago encontró la oportunidad de enfrentar uno de los dilemas concretos de la economía circular: convertir el sobrante de una industria verde en la materia prima de otra.
Pero, ¿cómo se logra esta transformación química en el laboratorio? Castellanos Buitrago lo compara con preparar un postre: “Cuando cocinamos, medimos el efecto de si el horno está más caliente o más frío, el tiempo de cocción, o la cantidad de ingredientes». En su área de trabajo, la situación es similar. El equipo ajusta parámetros como la temperatura, el tiempo de reacción y las proporciones exactas de los reactivos para encontrar la receta perfecta. El desafío principal es la selectividad: lograr que la reacción vaya directo del punto A al punto B, sin generar subproductos no deseados. “La clave es maximizar la cantidad del producto que queremos y minimizar lo que sobra. Para eso, usamos catalizadores”, explica el becario del CONICET.
Los catalizadores son la piedra angular de la industria química moderna. Son sustancias que, sin consumirse en el proceso, aceleran las reacciones. Un catalizador hace que una transformación que en la naturaleza llevaría años, en el laboratorio se realice en apenas unas horas. El equipo utiliza un método llamado catálisis heterogénea, donde los reactivos son líquidos y los catalizadores son polvos sólidos que se pueden filtrar y reutilizar fácilmente. Han probado diferentes combinaciones de elementos soportados en materiales comunes como alúmina o sílice.
Tras meses de experimentación, el catalizador que mejor resultado generó está basado en renio soportado en alúmina. El trabajo de investigación ahora se centra en entender molecularmente por qué funciona tan bien, estudiando sus propiedades físicas y químicas para, eventualmente, escalar la producción y hacerla viable a gran escala.
Ventaja estratégica y optimización económica
La ruta química propuesta por el equipo de investigación ofrece ventajas frente a los métodos tradicionales de la industria petroquímica, con una diferencia en la eficiencia y la fuente de origen. Actualmente, el alcohol alílico se produce a partir del óxido de propileno, un derivado directo del petróleo. Esta ruta es costosa en energía y genera subproductos contaminantes. Además, requiere un paso previo intensivo, donde catalizadores y altas temperaturas rompen grandes moléculas en bloques más pequeños. El proyecto del INCAPE evita toda esta cadena petroquímica, saltando directamente a una fuente de biomasa ya disponible.
La importancia de apuntar al alcohol alílico radica en su versatilidad como compuesto plataforma, un químico base. Es un intermediario utilizado globalmente para fabricar una amplia gama de productos, desde plásticos y poliésteres hasta precursores de ciertos fármacos. Al obtenerlo de la glicerina de biomasa y no de fuentes fósiles, el proyecto logra un doble beneficio: “Estamos encontrándole un uso a un subproducto que se desaprovecha y, al mismo tiempo, obtenemos un producto más sustentable”, afirma el investigador.
Esto genera también un menor costo energético, porque la ruta petroquímica implica altas temperaturas y múltiples etapas. De esta forma, la ruta basada en glicerol es más directa, usa una fuente renovable, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y permite obtener un producto de alta pureza.
El proyecto está dirigido por Verónica Díez y Pablo Luggren (en la foto junto a Castellanos Buitrago), ambos investigadores del GICIC (Grupo de investigación en Ciencia e Ingeniería catalíticas) en CONICET-INCAPE.
La conversión de glicerol a alcohol alílico ha sido estudiada por otros grupos de investigación empleando condiciones que hasta ahora no son competitivas frente al método tradicional. La contribución del equipo argentino apunta a hacer el proceso competitivo económicamente y aplicable a las condiciones reales de la industria. Para lograrlo, están optimizando los reactivos. También están trabajando en reducir el contenido de renio del catalizador: “El renio es un metal noble, muy costoso. Entre menos cantidad necesitemos, mejor desde el punto de vista económico”. Estas mejoras técnicas son fundamentales para lograr competir eventualmente con los métodos tradicionales.
Del laboratorio a la planta industrial
Si bien han logrado escalar el proceso dentro del laboratorio, pasando de volúmenes de 1 mililitro a 10 veces esa cantidad, dar el salto a una escala industrial es otro asunto: “Para evaluarlo a mayor escala habría que hacer un análisis de viabilidad técnica y económica», reconoce el investigador.
Trabajar con reacciones químicas a altas temperaturas y con compuestos que pueden ser corrosivos no ha sido un camino sencillo: “Prácticamente, empezamos de cero con este proceso en el grupo. Nunca se había trabajado con este tipo de reactor a altas temperaturas, entonces hubo que estandarizar todos los parámetros instrumentales”, detalla Castellanos Buitrago.
Desde el punto de vista químico, el principal obstáculo es la estabilidad del catalizador en el tiempo. La viabilidad económica depende de la reutilización: “A medida que se van usando, van perdiendo su actividad. El desafío es encontrar un catalizador que pueda reutilizarse varias veces para que su aplicación sea competitiva económicamente”, señala.
El salto del laboratorio a la industria también implica trabajar con impurezas reales. En el laboratorio se trabaja con reactivos de alta pureza, pero en la industria los compuestos vienen contaminados: “Una de nuestras tareas es evaluar glicerina directamente de la industria, tal como viene, con todas sus impurezas, para asegurarnos de que la solución funcione en el mundo real”, explica.
Hacia el futuro de la investigación
Más allá de estas optimizaciones, originalmente el proyecto contemplaba ir un paso más allá y convertir el alcohol alílico en ácido 3-hidroxipropiónico (3-HP), otro compuesto plataforma con aplicaciones en bioplásticos, productos biodegradables y solventes. Sin embargo, esta etapa presenta desafíos técnicos considerables: “La reacción de oxidación para obtener el 3-HP genera muchos subproductos. Algunos estudios han usado catalizadores de oro, pero pensar en oro resulta un costo inaccesible”, explica Castellanos Buitrago. Por ahora, el equipo ha decidido concentrarse en optimizar la primera etapa (la síntesis del alcohol alílico) que ya de por sí es un producto valioso y para el cual han obtenido resultados prometedores.
En cuanto al financiamiento, el investigador reconoce el trabajo del día a día: “No hay que desconocer que los recursos son más limitados por la situación del país y la reducción en la cantidad de proyectos. Sin embargo, quiero rescatar la gestión que han tenido mis directores en conseguir proyectos colaborativos con la provincia, el país y la universidad”.
La estrategia ha sido priorizar vínculos con otros grupos y hacer un uso eficiente de equipos a través de la cooperación: “Hace poco estuve en Brasil haciendo una pasantía en la Universidad Federal de Ceará. Fue financiada por el gobierno brasilero en el marco de un programa para generar intercambios entre los dos países”, relata.
Actualmente, el científico se encuentra en el cuarto año de su doctorado, habiendo logrado resultados sólidos en la optimización del alcohol alílico. El paso definitivo para que la Argentina logre escalar esta tecnología y convertir el glicerol en un insumo estratégico implicará continuar esta línea de investigación. Además, el enfoque inmediato del equipo está puesto en los estudios que asegurarán la viabilidad final del proceso: “Tenemos que completar estudios clave, como la caracterización detallada de los catalizadores y el estudio del mecanismo de reacción”, concluye el investigador.
Días atrás, en Londres, la multinacional Glencore realizó una conferencia para el mercado de capitales con inversores internacionales y dedicó un capítulo especial a las inversiones mineras que desarrolla en Catamarca y San Juan. “La Argentina tiene el potencial de estar entre los mayores productores de cobre del mundo”, señala una de las diapositivas que introduce un análisis detallado sobre las ventajas de producir en el país.
Ese mismo día, la compañía con sede en Suiza anunció que volverá a reactivar el que fue el mayor proyecto de cobre de la Argentina: Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Fue la última mina en producir ese mineral en abundancia y cerró en 2018, tras 21 años de operación. Alcanzó su nivel máximo de producción en 2002, con 203,7 mil toneladas anuales.
Ahora, con los precios internacionales del cobre en máximos históricos —US$4,85 la libra—, Glencore adelantó que prevé el inicio de la producción para el primer semestre de 2028. Para ese momento, estima que Alumbrera producirá alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.
“La demanda de energía crece más rápido que la población porque cada vez hay más actividades que consumen energía. Hoy el mundo utiliza 25 millones de toneladas de cobre y se espera que en diez años consuma 35 millones. Esas 10 millones de toneladas adicionales tienen que salir de algún lado y los yacimientos existentes están llegando a sus techos históricos de producción. La Argentina tiene una oportunidad única de aportar cobre al mercado”, explica Martín Pérez de Solay, CEO local de la compañía, quien viajó especialmente a Londres para la presentación.
El cobre se utiliza en baterías, paneles solares, aerogeneradores eólicos, movilidad eléctrica, electrónica, redes eléctricas e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial (IA), que crece cada día. Es el tercer mejor conductor de electricidad de la tabla periódica, detrás del oro y la plata, pero con precios más accesibles, lo que lo convierte en el mineral ideal para la electrificación de la última milla.
Además de reactivar Bajo de la Alumbrera, Glencore tiene otros dos proyectos en carpeta en la Argentina, ambos ya presentados para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de MARA —al lado de Alumbrera—, que demandará una inversión de US$4500 millones, y El Pachón, en San Juan, que requerirá US$9000 millones.
MARA significa Minera Alumbrera Agua Rica y abarca ambos yacimientos. La idea de Glencore es extender la vida de Alumbrera entre 2028 y 2031 y, a partir de entonces, comenzar a producir el mineral de Agua Rica.
Presentación de Glencore ante inversores internacionales, donde destacó el potencial de la Argentina
“Hoy contamos con la planta de concentración, el mineraloducto de Alumbrera a Tucumán, la planta de filtros, el sistema ferroviario y el shiploader en el puerto de Rosario. Toda la infraestructura está lista para el reinicio de Alumbrera y luego para comenzar a extraer en Agua Rica. La idea es operar en una cadena sin fallas. Somos el único proyecto capaz de poner cobre argentino tan rápido de vuelta en el mercado”, dice Pérez de Solay.
Una vez aprobada la adhesión de MARA al RIGI, Glencore deberá abrir la mina —que es a cielo abierto—, construir los caminos de acceso y realizar un túnel de 38 kilómetros por el cerro Aconquija para conectar Agua Rica con Bajo de la Alumbrera.
“Para El Pachón se requiere aún más desarrollo, especialmente en transporte ferroviario y en infraestructura portuaria. Si bien la actividad más cercana es la de Los Pelambres, que está a solo cinco kilómetros, pero del lado chileno, hay otros proyectos en la zona argentina, como Filo del Sol y Josemaría (BHP y Lundin Mining), Los Azules (McEwen, Stellantis y Nuton) y San Jorge (Zonda Metals GmBH y Alberdi Energía)”, detalla.
La construcción de Bajo de la Alumbrera comenzó en 1993, a cargo de la empresa MIM Holdings, luego vendida a Xstrata. Tras la fusión con Glencore en 2013, la compañía suiza tomó el control del proyecto.
Glencore es también un histórico actor del negocio de granos en la Argentina a través de Viterra, su unidad recientemente vendida a Bunge. “La empresa es extremadamente diversificada, con un negocio minero muy fuerte y otro de trading. Es el principal productor de carbón en Australia, Sudáfrica y Canadá —destinado a la energía térmica y a la producción de acero—, y posee un negocio relevante de níquel y zinc, además de activos de cobre en la República Democrática del Congo, Chile y Perú”, enumera el ejecutivo minero.
“Aceleramos nuestro crecimiento en la Argentina por varios factores. Primero, por la demanda global de cobre, que es indiscutible y está respaldada por los precios. Además, la situación fiscal local se volvió más atractiva. Antes, el país tenía una carga tributaria considerablemente más alta que Chile y Perú, dificultades para pagar deuda externa y girar dividendos, y una estabilidad jurídica cuestionable”, señala Pérez de Solay.
“Hoy, con un esquema como el RIGI, la carga tributaria es similar a la de Chile y Perú. También hay un marco de estabilidad cambiaria que permite acceder al mercado de cambios y repagar las deudas necesarias para financiar estas inversiones”, agrega.
A precios actuales, la producción de 75.000 toneladas de cobre equivale a exportaciones por US$700 millones. “Eso es lo que generará la reapertura de Alumbrera en sus cuatro años de actividad, sin contar los ingresos por oro y molibdeno”, detalla.
Martín Pérez de Solay, CEO local de Glencore, expuso en Londres que la Argentina podría posicionarse entre los principales productores globales de cobreGlencore
Hoy el cobre no paga retenciones por exportación, aunque sí regalías del 3% a las provincias. Pérez de Solay subraya además que se trata de una industria que deja divisas a través de infraestructura —como caminos y líneas eléctricas—, compra de equipamiento y pago de salarios y proveedores.
Si bien Alumbrera y Agua Rica no están afectados por la Ley de Glaciares, la modificación de la norma es seguida de cerca para avanzar con El Pachón. “Si la ley no se aclara, la Argentina tiene que evaluar qué hace con tres cuartas partes del potencial mineral. Es necesario precisar una normativa que, tal como está redactada, por su falta de claridad, impide avanzar con esos proyectos. Lo importante es asegurar el desarrollo sin afectar las reservas estratégicas de agua ni las fuentes de recarga hidroeléctrica”, dice.
Glencore produce en total 850.000 toneladas de cobre anuales y apunta a llegar al millón en los próximos años. “La demanda industrial de cobre será cada vez mayor y queremos ser parte de ese mercado en expansión. El cobre es fundamental en ese proceso”, concluye Pérez de Solay.
Paolo Rocca, líder del conglomerado Techint, evalúa bajar la persiana de la histórica planta SIAT Tenaris en Valentín Alsina si finalmente se eligen caños chinos para el gasoducto de 480 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina de San Antonio Este, el primer ducto dedicado exclusivamente a las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL).
La definición se conocerá en las próximas semanas, pero el mensaje ya llegó a los despachos oficiales: si Argentina impulsa exportaciones de GNL con insumos chinos, Rocca podría suspender la actividad en la principal fábrica de tubos del país.
La planta SIAT —inaugurada en 1948— emplea entre 300 y 400 trabajadores y hoy produce los caños para el proyecto Duplicar Norte. Pero el futuro está en suspenso.
Una licitación global que incomoda a Techint
El proceso lo lidera el Vehículo de Proyecto Único (VPU) San Matías Pipeline, presentado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Además de China, compiten empresas de India, España, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía.
La compra será para el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.
La decisión se tomará exclusivamente por precio y competitividad.
El antecedente que disparó la alarma de Rocca
En noviembre arribaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños chinos revestidos de concreto, destinados a pequeños tramos onshore y offshore del sistema que conectará el gasoducto San Martín con la zona portuaria.
Ese embarque produjo una reacción inmediata. Tenaris viene cotizando entre 10% y 25% más caro que fabricantes internacionales, y esa brecha preocupa al empresario, que denuncia competencia desleal por parte de China.
En la industria señalan que el diferencial responde a la mayor calidad del acero de Techint, pero en proyectos de márgenes tan ajustados, ese argumento no siempre alcanza.
La amenaza explícita: cerrar SIAT si ganan los chinos
De acuerdo con fuentes del sector, Rocca considera una medida extrema: suspender la actividad en SIAT Tenaris si un proyecto argentino de exportación decide comprarle a China.
No sería solo un conflicto comercial. Para Rocca, sería una señal política y estratégica: Argentina optaría por exportar materias primas sin integrar valor industrial nacional.
La advertencia ya circula en el Gobierno. La respuesta oficial es directa: «Las licitaciones son transparentes y gana la mejor opción. El precio es clave».
Según reportó Ariel Maciel en Perfil, hay malestar en algunos sectores que entienen que Techint está presionando.
«Tenaris está presionando para ganar una licitación que aún está en curso. Creen que solo compiten con China, pero también hay otros proveedores con chances de ganar y ser más competitivos que ellos. De hecho, en las últimas licitaciones internacionales, Techint presentó costos por los caños que fueron 25% más caros que las ofertas más competitivas», señalaron a Perfil fuentes conocedoras del tema.
«Es una operación», dicen desde una empresa vinculada al desarrollo del proyecto.
El negocio del GNL: márgenes mínimos y presión por bajar costos
Los proyectos de exportación de GNL en todo el mundo trabajan con rentabilidades acotadas, y una diferencia de costos de 10% o 25% en los caños puede implicar sobrecostos de US$ 50 millones, lo que pondría en jaque la viabilidad del gasoducto.
El esquema de precios es claro:
Gas puesto en Río Negro: US$ 4,50 por MMBTU
Licuefacción: US$ 3
Transporte marítimo: US$ 1,20
Para ser rentable exportando a Europa, todo el upstream —desde Vaca Muerta hasta la costa— debe operar por debajo de US$ 2
Con ese mapa de costos, el precio del acero deja de ser un detalle.
Quién lidera el proyecto y por qué pesa China
El consorcio Southern Energy será el encargado del ducto y de las exportaciones.
La conducción está en manos de PAE, que tiene entre sus accionistas a la estatal china CNOOC, dueña del 25% en Bridas.
Por eso, para Rocca, que el proyecto termine comprando a China sería un doble golpe: competir contra precios más bajos y, además, perder un megacliente influenciado por Beijing.
Cómo sería la expansión del GNL argentino
Southern Energy planea exportar:
2,45 MTPA de GNL desde 2027 vía el barco Hilli Episeyo.
+3,5 MTPA adicionales desde 2028 mediante el barco MK II.
El negocio total podría generar US$ 2.500 millones por año.
Mientras tanto, YPF avanza con ENI (Italia) y XRG/Adnoc (Emiratos) en un proyecto aún más grande para 2029-2030, estimado en US$ 12.500 millones, aunque la salida de Shell encendió alarmas.
Vaca Muerta, GNL y la batalla silenciosa por la industria local
Lo que está en juego no es solo un contrato: es el rol de la industria metalúrgica argentina en la cadena de valor del GNL.
Si China se impone por precio, Techint anticipa un riesgo sistémico: pérdida de actividad, caída de empleo y dependencia creciente de insumos importados.
Si Argentina obliga a comprar local, el riesgo es otro: proyectos menos competitivos y exportaciones que podrían no ser rentables.
Esa tensión —industria vs. competitividad— quedó al rojo vivo.
Eduardo Levy Yeyati es un economista muy respetado por sus colegas. Aún por los heterodoxos, que dicen «Liberal pero inteligente». Escribió en 2018 el libro Después del trabajo: El empleo argentino en la cuarta revolución industrial y desde entonces se ha convertido en uno de los economistas consultados cuando aparecen proyectos de reforma laboral, lo que sucede con frecuencia monótona. Esta entrevista es de octubre de 2021, cuando la promovía Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau a la cabeza. Sus respuestas siguen siendo de interés.
¿Qué opina del proyecto de eliminar la indemnización por despido? Si uno mira Latinoamérica, no necesariamente una mayor flexibilización laboral trae mayor empleo en blanco…
Primero hay que definir flexibilización. O sea, hay dos tipos de flexibilización cuando uno habla de las relaciones laborales. Una se denomina flexibilización interna, que es básicamente flexibilizar las condiciones de convenio, cuántas horas trabajadas, el fondo de horas, la movilidad geográfica, en fin, todas las condiciones de trabajo se pueden flexibilizar más o menos. Después está la flexibilización externa, que tiene que ver con los costos de entrada y salida. Si vos mirás el caso de Dinamarca, no hay costos de salida, no hay indemnización, pero como contraprestación vos tenés un seguro de desempleo que ahora constitucionalmente no puede ser menor a dos años y tenés una tasa de reemplazo del seguro de desempleo mucho más alta y mucha formación profesional. De modo que la gente que está bajo el seguro de desempleo rápidamente se reinserta. La idea es no dar estabilidad laboral sino estabilidad del ingreso de los trabajadores. En Dinamarca funciona. No digo que funcione en un país como la Argentina, pero sí en algunos lugares de Europa. Es el régimen que la Unión Europea proclama como el modelo a seguir en toda la zona del euro. Ahora, miremos lo que pasa en la Argentina. Ha habido algunos proyectos que apelan a esta flexibilización externa, pero pasan algunas cosas por alto. La idea de flexibilización externa en Argentina tiene que ver, a mi juicio, con reducir, no el costo laboral, sino el riesgo legal y político que tiene el empleador en relación al costo de salida de sus trabajadores. El riesgo legal es básicamente el riesgo de litigio, que el trabajador y el abogado laboralista terminen cobrando mucho más que lo que fija la ley de contrato de trabajo. Y el riesgo político es que, en el caso de una recesión en donde aumenta la presión para despedir, las empresas tienen menos dinero, pero te impongan la prohibición de despidos o te suban la indemnización. Entonces vos decís que la ley de contratos de trabajo paga un mes por año trabajado, pero seguramente, cuando quiera reducir la planta, me van a imponer un costo adicional para reducir los despidos. Desde el punto de vista macro, está bien. Desde el punto de vista del empleador, implica que el costo es el doble o el triple. El régimen que he estado proponiendo tanto para los independientes como para ciertos contratos laborales en la emergencia laboral tiene que ver con reducir esos riesgos. Vos no podés sustituir las indemnizaciones con un nuevo contrato donde no exista el concepto de indemnización. Por varias razones: una de ellas es que perderían los trabajadores derechos adquiridos, pero aparte porque políticamente es inviable, no sería aceptado ni por el movimiento sindical ni por la Corte Suprema. Lo que podés es proponer un régimen paralelo de emergencia. Estamos en una emergencia laboral. Veníamos sin crear empleo y la pandemia destruyó muchos empleos a pesar de la prohibición de despidos. Estaremos en algún momento sacando la prohibición de despidos, con lo cual posiblemente se destruyan más. Entonces tiene sentido proponer un régimen opcional, en el sentido que tiene que estar avalado por cada uno de los convenios. La idea es que no reemplace al actual, sino que sirva para los nuevos trabajadores jóvenes que hoy no consiguen empleo, los trabajadores adultos desplazados por la pandemia. Puede ser que algunos gremios digan “no necesitamos eso”, pero hay varias ramas en donde los mismos dirigentes sindicales saben que están perdiendo miembros porque no se crean trabajos.
¿En qué medida la flexibilización de las normas laborales generan más trabajo o más trabajo en blanco?
Cuando vos tenés un problema con varias causas, si vos atacás una de las causas, algún efecto positivo va a tener, pero no necesariamente vas a eliminar las otras causas. En Argentina, Latinoamérica y el mundo en desarrollo cuesta crear empleos formales. De hecho, nosotros tenemos un nivel de precarización inferior a la media latinoamericana. Hay un caso excepcional, Uruguay, que es muy formal, pero en la mayoría de los casos hay poco empleo formal y la Argentina se está acercando a eso. La cantidad de empleo formal privado está estancada hace más o menos diez años y representa una proporción menor del trabajo. Entonces no vamos a resolver eso con flexibilizar la salida. Sí puede ayudar en el margen. Si vos comparás entre países el índice de flexibilización, ese índice incluye las diferentes definiciones de flexibilización, no sólo las del costo de salida. Pero aparte estás comparando entre países que sufren el mismo problema y las causas de esos problemas no necesariamente son la flexibilización. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad. La mayor parte de los empleos informales está en microempresas de hasta cinco empleados. ¿Por qué son informales? ¿Porque son caros? No. ¿Por que el microempresario es negrero por naturaleza? No, es porque el sistema tributario argentino en muchos casos hace que, por la baja productividad de esas empresas, no puedan estar en blanco. Entonces no hay mucho que puedas hacer desde el lado de la oferta de trabajo para blanquear a esta gente. Uno tiene que tener muy en claro cuáles son las causas del problema laboral, porque si no, vas a estar tocando botones sin ninguna respuesta. Entonces vos querés facilitarles la entrada, pero después tenés que formarlos para que esos trabajadores tengan las competencias que demanda la empresa. Flexibilizás, incluso bajando el costo laboral, como muchas veces se ha hecho con reducción de cargas, pero eso no te va a generar un impacto visible en la demanda laboral si no resolvés las otras causas. Al final del día tampoco vas a generar empleo para toda la gente que está excluida. Ya es hora de reconocerlo. No me canso de decirlo. Vos tenés que pensar en aumentar la demanda de empleo formal, pero, por otro lado, tenés que pensar cómo resolver la situación de gente que nunca va a tener en su vida útil un empleo formal. Pensar que con una ley vas a resolver un problema que tiene cinco, seis, siete causas estructurales, me parece que es demasiado ingenuo y que empantana la discusión, porque vos tenés que estar discutiendo todas esas causas y sus remedios simultáneamente.
¿Cómo se crea empleo en blanco? ¿Fomentando sectores de avanzada, como Toyota o exportadores de economía del conocimiento, que no alcanzan a cubrir las vacantes? ¿Y qué hacer con los trabajadores de la economía popular?
Tenemos que tener en cuenta que hay una heterogeneidad en el mercado laboral. Tenés casos como la industria basada en el conocimiento, software, las empresas tecnológicas y también el caso de Toyota, que son muy rentables, cuya falta de creación de empleo no tiene tanto que ver con el costo. De hecho, hay un exceso de demanda. Entonces te tenés que preguntar por qué a Toyota o a la fintech o a la empresa de software le cuesta conseguir gente y es un problema muchas veces de formación. En el caso de Toyota fue muy claro, tampoco era trabajo calificado, lo cual hace más valioso lo de Toyota. Porque tenemos mucha oferta de trabajadores de calificación media y baja. Toyota quería secundario completo y no encontraba graduados que tuvieran las competencias mínimas que necesitaba para un trabajo de calificación media. Tenías el título, pero no sabías interpretar las instrucciones. Entonces hay un problema de formación. Podés facilitar la entrada en algunos casos con el tema de la pseudo flexibilización externa, pero después tenés que tener un instituto de formación profesional que profesionalice la formación laboral, tendrías que tener mejor secundario. A esos chicos que ya salieron del secundario no lo pueden mandar de vuelta al secundario. Estos empleadores no te van a pedir menos salario, ni siquiera te van a pedir más flexibilización, te van a pedir que tengan las competencias. Para las microempresas, sí tenés que generar un régimen para formalizar. No podés pedirle a la empresa de cinco trabajadores que trabaja con un nivel de productividad muy modesto que tenga el mismo régimen, con una altísima cantidad de impuestos, con un montón de costos de transacción, de producción, de información tiene hoy el régimen tributario argentino. No sólo no les dan los números, ni siquiera saben cómo hacerlo. Tenés que armar un régimen para esa empresa que se hace esa empresa. Cada uno de estos problemas no tiene una solución sino varias, no hay una bala para todos. En el caso de la economía popular, hay típicamente dos visiones. Una, que trata de insertar a los actores en la economía general. Es la visión del empalme. Es muy difícil hacer empalmes, pero hay muchos programas, de hecho hay uno vigente ahora, donde el Estado le paga parte del sueldo y lo empuja a entrar en un empleo formal por un tiempo. Después retira la ayuda. El éxito de estos programas ha sido muy modesto. De 500 mil trabajadores, empalman 5.000 o 6.000. Cuando retiras el auxilio, no funciona. Puede ser que sea la formación: muchos trabajadores no la tienen. Entonces la gente que mira eso dice “bueno, olvidate, nunca van a tener suficientes empleos en la economía moderna, tenemos que resolverlo por afuera”. El problema de resolverlo por afuera es el siguiente. Primero, desde el punto de vista moral, es desigual. Es asumir que vas a tener ciudadanos o trabajadores de primera y de segunda, porque los que están por fuera van a trabajar con menos recursos, menos productividad, menos ingresos y van a estar permanentemente subsidiados por el Estado. Lo segundo es que no tenés el dinero para ese equilibrio, porque ese subsidio permanente de un millón, dos millones de trabajadores, te cuesta más y aparte retroalimenta la precarización y la exclusión, porque los hijos de esos trabajadores también van a estar en eso y van a ir creciendo proporcionalmente más que el resto. Es un punto insostenible. Aparte, no te olvides de que ninguno de ellos aporta al fisco. La respuesta no es simple, pero hay algunos ensayos que me parece que son más razonables. Por ejemplo, muchas de estas gentes tienen trabajos informales, de cuentapropismo. Entonces vos querrías no darles el cheque y que ellos se arreglen. Entonces le das un préstamo para que compren mejores máquinas, les facilitás un lugar de exposición de sus productos, le das conocimientos sobre cómo hacer para que las condiciones sanitarias los hagan disponibles. Estas ayudas son tanto para los productores de los barrios vulnerables de la capital como para los microproductores turísticos del NOA. El tema es qué sabe hacer el Estado argentino. Básicamente dos cosas: perdonar impuestos o dar subsidios y transferencias. Pero cuando los bajás a la territorialidad, ¿por qué no vas a formar al tipo que hace la comida típica en La Rioja o al tipo que cocina en el Barrio 31? ¿Por qué no le preguntas qué cosas necesita y lo complementás? Hacés un microempresario, aunque sea por arriba de la línea de subsistencia, para liberarlo del cheque. Al Estado le cuesta muchísimo hacer eso. No tiene gente, no le interesa. No es cuestión de tirarles un cheque por la cabeza y decirles “bueno, ya está, arréglense ustedes, autoorganícense”. Porque la autoorganización de la economía popular es una ilusión. La gente no está autoorganizada y hay organizaciones de base que reclaman una transferencia a través del cheque. Pero esas organizaciones de base hacen bastante poco para generar empleo sustentable. Tienen algunas cooperativas, hacen algunas actividades, pero acá estamos hablando de millones de personas y te puedo asegurar que esas millones de personas se las arreglan por las suyas y eso es por falta de Estado. Entonces vos querés una política que haga viable esas actividades. El Estado tiene que bajar, acompañarlos, formarlos y hacer esas actividades más viables.
Algunos dicen que para crear más empleo se necesita crecimiento económico como el que hubo después de 2001. ¿Cómo se recrea el crecimiento?
Hay dos temas. Uno es que el crecimiento que vos viste a partir de mediados de 2002, en gran medida, fue una recuperación de una crisis. La caída del desempleo se debió a que venías de un 25% y bajaste a niveles de 10%, incluso a un dígito. Eso no se debió a ninguna política en particular, sino a un rebote muy acelerado. La gente que había quedado despedida fue reinsertada. Nosotros no estamos ahí ahora. Eso no va a pasar. Nosotros tuvimos crecimiento tres o cuatro trimestres seguidos, del segundo de 2017 al primero de 2018, antes de la crisis, a una tasa de 3,7% y no creamos empleo privado. No se da naturalmente, no en un país con todas las trabas al empleo privado que tiene la Argentina. No es sólo crecimiento lo que necesitas, necesitás promover la creación de empresas, necesitas que las empresas pequeñas crezcan y generen más empleo. Tenemos un problema de enanismo empresario. Necesitás que las microempresas se formalicen. Necesitás un nuevo régimen tributario adaptado a la realidad nuestra. Y necesitás también condiciones laborales que faciliten la inserción y que sean creíbles en el tiempo. Si el empleador piensa que esto va a durar dos años, tampoco va a servir para nada.
El economista Eduardo Levy Yeyati. Universidad Di Tella.
Va a ser difícil que alguien crea que va a durar más de dos años porque cada cuatro años cambia todo en este país.
Sí, no te estoy diciendo que sea fácil. Estamos en problemas estructurales en el sentido de que hay falta de credibilidad.
El gobierno de Javier Milei sumó el lunes un nuevo y resonante papelón a nivel diplomático al votar en contra de la Resolución “Las cooperativas en el desarrollo social” en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Esta resolución, que celebra y promueve el papel de las cooperativas a nivel global, fue aprobada con una abrumadora mayoría de 179 votos a favor, registrando solo tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Los tres países tienen un histórico desarrollo de la economía cooperativa.
La posición argentina generó sorpresa e indignación en el sector. En especial, si se considera el profundo arraigo y la vitalidad del movimiento cooperativo en el país, así como el hecho de que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, esté presidida por un argentino: Ariel Guarco.
El veto de Argentina a una iniciativa que busca fortalecer herramientas probadas para el desarrollo social y económico contrasta fuertemente con la realidad del país. Las estadísticas oficiales indican que existen cerca de 20 mil cooperativas activas en Argentina, que nuclean a aproximadamente 18 millones de asociados. Estas cifras no solo demuestran la extensión del movimiento, sino también su rol crucial en la economía local.
La resolución de la ONU
La resolución de la ONU da cuenta de lo actuado durante el Año Internacional de las Cooperativas 2025 y exhorta a los gobiernos de todo el mundo a brindar un apoyo activo a estas entidades. El texto insta a los países a reforzar el ecosistema empresarial para las cooperativas, y las reconoce como “empresas comerciales sostenibles y pujantes”. También promueve que sigan contribuyendo a la generación de empleo decente, la erradicación de la pobreza y del hambre, la educación y la protección social (incluida la cobertura sanitaria universal).
La resolución impulsa la inclusión financiera y la creación de opciones de vivienda asequibles en zonas urbanas y rurales. Y apunta a examinar la legislación y los reglamentos vigentes para hacer que el entorno jurídico sea más propicio a su creación y crecimiento, mejorando aspectos clave como el acceso al capital, la autonomía, la competitividad y la tributación justa. Todos estos objetivos parecen haber desencadenado el rechazo del gobierno de Milei.
La paradoja del liderazgo argentino a nivel global
La decisión de la delegación argentina es aún más incomprensible si se atiende al rol de liderazgo que ejerce el país dentro del cooperativismo global. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, representa a 315 federaciones y organizaciones en 107 países, sumando a más de mil millones de personas en todo el planeta. Esta inmensa red de tres millones de cooperativas a nivel global es responsable de la creación de empleos para el 10% de la población activa mundial.
Desde 2017, la ACI está presidida por el argentino Ariel Guarco, reelecto en 2022 y proveniente del cooperativismo de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de Guarco y la ACI se ha centrado en posicionar al cooperativismo como una herramienta fundamental para brindar soluciones a los grandes desafíos del planeta, incluyendo la generación de trabajo, el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente.
La proclamación del 2025 como Año Internacional de las Cooperativas por parte de la Asamblea General de la ONU, bajo el tema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, a solo trece años de la celebración anterior, subrayaba la importancia que el organismo global le otorga a este modelo.
El voto negativo del gobierno de Milei no solo va a contramano de la tradición argentina, sino que también desoye el llamamiento de la comunidad internacional a apoyar un modelo que, a nivel mundial, ha demostrado ser un motor de desarrollo sostenible y una fuerza para la inclusión. Al unirse a una lista de solo tres países en contra, Argentina se aísla de la posición de la vasta mayoría de las naciones en un tema que, paradójicamente, cuenta con un líder argentino al frente de su máxima representación internacional.
La designación ocurrió a pocos días de presentar las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino
