Universidad Tecnológica Nacional: nuevos planes donde se forma más del tercio de los ingenieros

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La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con casi 115.000 estudiantes y 30 sedes en todo el país, forma a más del 35 % de los ingenieros y profesionales tecnológicos de la Argentina. Por eso, cualquier cambio en su oferta académica marca el rumbo en la materia. En este caso, a partir del año que viene, implementará una transformación curricular que incluye la creación de nuevas licenciaturas y el lanzamiento de certificaciones educativas más cortas construidas sobre la base de los espacios curriculares ya existentes.

Desde la UTN explicaron que estas medidas forman parte de un plan estratégico a cinco años que apunta a alinearse con las principales tendencias contemporáneas del sistema universitario.

“El objetivo es recuperar estudiantes que discontinuaron sus carreras, ampliar la oferta académica y mejorar la navegabilidad entre las carreras existentes. Esto permite que los estudiantes puedan ir obteniendo certificaciones y titulaciones que les permitan validar sus conocimientos y competencias frente al mercado laboral mientras avanzan en su carrera de grado”, dijo Yanina Armentano, directora de Calidad Académica de la UTN.

De acuerdo con Armentano, la implementación de estas novedades responde a varios factores y necesidades. Por un lado, busca potenciar la recuperación de alumnos que abandonaron sus carreras, impulsar la graduación y vincularse con el mercado laboral visibilizando los saberes de los alumnos. Por otro lado, tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades territoriales individuales y particulares que surgen en algunas de las facultades regionales.

Y, por último, busca responder a uno de los desafíos más importantes: “Hay una tendencia natural de estos últimos tiempos a que los alumnos apliquen a carreras cortas. Queremos atender esa necesidad sin ir en detrimento de las carreras a largo plazo que nuestro país necesita. Esto nos permitirá ir solapando certificaciones que validen al estudiante para acceder al mercado laboral mientras transita esa carrera más a largo plazo o, si optó por alguna carrera más corta, apuntar a lo que llamamos la navegabilidad, que es iniciar desde esa carrera más corta para quizás terminar en alguna licenciatura”, explicó Armentano.

Por ejemplo, en la Facultad Regional Venado Tuerto, la UTN cuenta con la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, que actualmente ya ofrece dos certificaciones intermedias de “Programador/a”, con dos niveles diferenciados al completar el primero y segundo tramo del plan de estudios. Además, se abrió la posibilidad de bifurcar esa carrera en una Licenciatura en Gestión de la Tecnología Informática Aplicada a la Industria. Esto permite recuperar estudiantes que han transitado por materias de esta ingeniería ofreciéndoles un título de grado alternativo y de menor carga horaria y brinda a quienes obtienen la licenciatura la opción de retomar la formación para concluir la ingeniería. Estas posibilidades ya se está implementando como prueba piloto en Venado Tuerto y el año que viene podrán ofrecerlo todas las sedes de la UTN del país.

En el mismo sentido, se espera que en las próximas semanas, una vez aprobado por el Consejo Superior, también se pueda ofertar la Licenciatura en Procesos Químicos derivada de Ingeniería Química y la Licenciatura en Ciencia de Datos y la Licenciatura en Seguridad Informática a partir de Ingeniería en Sistemas de Información la Licenciatura en Inteligencia Artificial.

Los datos compartidos por la UTN muestran que hoy ofrece 43 tecnicaturas, 18 ingenierías, 2 licenciaturas, 33 especializaciones, 35 maestrías y 13 doctorados.

En ingeniería, donde se concentra casi el 70% de los estudiantes de UTN y casi el 20% de la oferta a nivel nacional, el promedio de tiempo de cursado es de 9,6 años, lo cual explica una de las principales motivaciones detrás del cambio curricular.

Además, si bien los datos reafirman su identidad histórica de una universidad fuertemente técnica con foco en formación profesional aplicada, la oferta de solo dos licenciaturas dejan en evidencia una diversificación mínima fuera del campo tecnológico duro. Desde la UTN aseguran que estas estrategias no solo son viables sino que pueden tener éxito en la recuperación de alumnos y en dar visibilidad a los saberes que los alumnos de la universidad hoy ya tienen.

Antecedentes

“Para la UTN, al tener tantas ingenierías, esto es una necesidad porque son carreras muy a largo plazo y nuestros estudiantes necesitan esta acción de nuestra parte para poder validar su saber en el mercado laboral y no tener una competencia desleal con otras ofertas más cortas. Pero no somos la única universidad que está trabajando en este sentido. Hay otras que ya lo están desarrollando también”, concluyó Armentano.

El año pasado, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que acortaría los tiempos de cursada de dos carreras clave: las licenciaturas en Economía y Administración.

“Los nuevos planes contemplarán una flexibilización de las cursadas, que le abre la posibilidad a los alumnos de recibirse en menor tiempo y se implementarán nuevas orientaciones para que el estudiante pueda insertarse de una forma más rápida y sencilla en el mercado laboral”, dijo por entonces Ricardo Pahlen, profesor emérito y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Especialistas en empleo y educación coinciden en que se viven tiempos de reconfiguración en términos de formación, sobre todo en dos aspectos. Por un lado, los planes de estudio se actualizan mediante la integración de competencias digitales. Y, por otro, creando carreras cortas con rápida empleabilidad adecuadas a las necesidades del mercado laboral actual.

Josefina Gil Moreira

India y China: mercados para el crudo sudamericano ante menor demanda de EE.UU.

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El cierre de refinerías en California y la importación de más crudo canadiense están desplazando a los crudos sudamericanos en la costa oeste de EE.UU. En contraste, mercados asiáticos como la India y China presentan condiciones atractivas para el Medanito, aunque el costo elevado de los fletes sigue siendo una limitante.

El petróleo crudo sudamericano deberá encontrar nuevos mercados en respuesta al declive de la demanda en la costa oeste de los Estados Unidos. A los cierres efectivos y anunciados de refinerías en California se añade un reemplazo de los crudos sudamericanos por crudo canadiense. Frente a este proceso que luce irreversible, mercados como la India y China presentan importantes oportunidades para las productoras en Vaca Muerta y otros países de la región.

Valero Energy tiene programado el cierre de su refinería en Benecia para abril próximo y evalúa el futuro de otra más en Wilmington. Phillips66 terminará de cerrar en diciembre la operatoria de una refinería en Los Ángeles. La capacidad instalada total de estas refinerías asciende a 364.000 barriles por día, lo que potencialmente representa la pérdida del 17% de la capacidad de refinación en California, apuntaron analistas de la industria en el Argus Argentina Energy Forum organizado por Argus.

Al cierre de refinerías se suma la creciente oferta de crudo proveniente de Canadá. La expansión del oleoducto Trans Mountain (TMX) incrementó la capacidad de transporte de 390.000 a 890.000 bpd. El dato central detrás de esta expansión fue que habilitó la exportación de crudos más ligeros del Canadá a la costa oeste de EE.UU., desplazando a los crudos sudamericanos.

Gustavo Vasquez en el Argus Argentina Energy Forum.

Un ejemplo práctico de este desplazamiento fue la reducción de las compras de crudo argentino Medanito por parte de la refinería de Anacortes en Los Ángeles, operada por Marathon. Anacortes redujo las importaciones de crudo Medanito en un 47% entre mayo y junio de este año comparado con el mismo período del año anterior.

«Esos nuevos 500.000 los dedican al crudo pesado y los 390.000 que ya existían los dedican a los crudos más livianos. Con esa introducción de nuevos volúmenes, vemos que volúmenes de otros países no entraban en California, y el cambio se nota rápidamente en los crudos. En Anacortes, que es la refinería de Marathon, vimos que se redujo el volumen de Medanito. Este es un patrón que no es único para el Medanito, se produce en todas las regiones de Latinoamérica», expuso Gustavo Vasquez, manager editorial para las Américas de Argus.

Asia, el mercado para el crudo de Vaca Muerta

En contraste, mercados asiáticos como la India y China presentan condiciones atractivas para el Medanito y otros crudos de Sudamérica, aunque el costo elevado de los fletes sigue siendo una limitante.

La India incrementó sus compras a Rusia luego de la invasión a Ucrania, aprovechando los descuentos en el precio del crudo ruso generados por las sanciones económicas de Europa y los EE.UU. Solo en septiembre importó 1,8 millones de bpd originados en Rusia, de los cuales 1,3 millones son barriles de los Urales, un crudo mediano. El resto son barriles de un crudo más ligero, similar al Medanito.

Pero ese flujo ahora está bajo tensión producto de las recientes sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil y la presión de la administración de Donald Trump para que la India disminuya sus compras de crudo ruso. «Vemos que India empieza a cambiar su comportamiento y busca crudo parecido en otra región. Vemos que Indian Oil Corporation, uno de los grandes refinadores en India, sacó una licitación para comprar 24 millones de barriles en total en las Américas durante el primer trimestre del año que viene», dijo Vasquez.

Por el lado de China, el principal país importador de crudo del mundo ha diversificado su suministro. «China compra en donde sea y compran en base a cualquier marcador. No discriminan entre ICE Brent, Dated Brent, WTI, Dubai. Eso siempre me parece interesante porque yo sé que hay compradores que dicen que solo compran en base a un marcador tradicional. Los chinos no son así», explicó.

Ante una consulta de EconoJournal, el especialista de Argus explicó que el costo elevado de los fletes impacta en el aprovechamiento de esa oportunidad. «El problema es la distancia, en donde entra el tema del flete, que para los productores ahora está muy alto. Pero todo esto es en ciclo, el flete en algún momento va a bajar y cuando eso ocurra verá que los crudos de Latinoamérica van a llegar a sitios en Asia a unos precios más competitivos y ahí van a entrar en juego», concluyó Vasquez.

Nicolás Deza

Whirlpool: cierre definitivo de su planta y abandono de su producción en Argentina

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Whirlpool dejará de producir en la Argentina. La multinacional estadounidense anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y el fin de su actividad industrial local.

La medida implica la desvinculación de 220 empleados -incluidos equipos de gestión y cadena de suministro-, quienes fueron notificados hoy, y representa un cambio estructural para la filial. A partir de ahora, concentrará su operación en ventas y servicio, “garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”. Es decir, pasará a importar todos los productos.

Según la compañía, la decisión forma parte de un proceso global de revisión de estructuras productivas, con foco en la eficiencia operativa y la reasignación responsable de recursos. “La continuidad en la Argentina no está en revisión: la presencia comercial y el portafolio de productos seguirán disponibles para los consumidores, bajo un esquema operativo alineado con las condiciones del entorno local y regional”, aseguraron desde la compañía mediante un comunicado.

Aclararon: “Son varios los motivos que confluyeron en la toma de esta decisión, internos y externos. Realizamos esfuerzos para reducir costos e implementamos mejoras en los procesos para ser más competitivos frente a productos importados, a lo que se suma la caída en el consumo. Hoy estamos dando este paso para redefinir nuestra huella regional de cadena de suministro con la necesidad de fortalecer nuestra competitividad en un entorno cada vez más desafiante”.

Un giro tras una inversión millonaria

El repliegue productivo se conoce tres años después de que la empresa inaugurara la planta -con la mira puesta en asegurarse el acceso a los dólares que necesita para importar-. A través de una inversión de US$50 millones, Whirlpool puso en marcha la fábrica sobre una superficie de 30.000 metros cuadrados, que presentaba como la más moderna de su tipo en el mundo. Allí empleaba a 460 trabajadores de manera directa y a más de 1000 de forma indirecta.

El sitio tenía capacidad para producir un lavarropas cada 40 segundos y 300.000 unidades al año, con el 70% destinado a exportación, lo que suponía la recuperación del perfil exportador de la firma tras dos décadas. La compañía incluso había adquirido un terreno lindero para expandirse.

No obstante, ya en 2024, la compañía había iniciado una serie de reconfiguraciones. En mayo del año pasado, Whirlpool anunció una reorganización operativa que incluyó el recorte de un turno de producción y la reducción de 60 puestos de trabajo.

En ese momento, la firma explicó que buscaba “adaptar el programa de producción al entorno actual”, concentrando la fabricación en un único turno para simplificar su modelo organizacional. La gran mayoría de los trabajadores del turno tarde habían sido relocalizados en el turno mañana, mientras que el segundo turno quedó limitado a tareas de soporte productivo e inyección plástica.

Laura Ponasso

Un estudio sugiere etapas definidas en el envejecimiento del cerebro humano

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Un reciente estudio redefine la comprensión del envejecimiento cerebral, desafiando la noción de un deterioro gradual para proponer la existencia de fases o “eras” distintivas. Esta investigación, que analiza la conectividad y estructura de la materia blanca, subraya momentos críticos en la vida adulta donde la arquitectura neural experimenta cambios significativos, con implicancias para la salud cognitiva.

La primera fase de envejecimiento temprano se identifica alrededor de los 66 años. En este punto, el cerebro comienza a mostrar un deterioro notable de la materia blanca y una disminución de la conectividad neuronal. Expertos señalan que esta edad coincide con un mayor riesgo de diversas condiciones de salud que pueden impactar negativamente la función cerebral, como la hipertensión arterial, acentuando la vulnerabilidad del sistema nervioso.

Un segundo y más pronunciado punto de inflexión se observa cerca de los 83 años. Aquí, la conectividad cerebral se reduce aún más, y diversas regiones del cerebro tienden a volverse más aisladas entre sí. Si bien los datos para esta fase avanzada son todavía limitados debido a los desafíos metodológicos de estudiar a individuos sanos en edades muy avanzadas, la tendencia general es clara: la red neural se simplifica y desintegra.

El profesor Duncan Astle, autor principal del estudio, enfatiza la importancia de comprender estas fases diferenciadas. Reconocer que el cableado neural se vuelve vulnerable a la interrupción en momentos específicos, en lugar de asumir un declive lineal, podría permitir una identificación más temprana de riesgos y el desarrollo de intervenciones más efectivas. Esta perspectiva no solo mejora nuestro entendimiento biológico, sino que también sugiere la necesidad de enfoques de salud pública adaptados a cada una de estas “eras” cerebrales.

Impacto para la Argentina

Esta investigación reviste particular importancia para Argentina, un país con una pirámide poblacional en envejecimiento y desafíos crecientes en la atención de la salud de adultos mayores. La identificación de estas «eras» cerebrales subraya la necesidad de fortalecer la inversión estatal en investigación neurocientífica y gerontológica, un ámbito donde instituciones como el CONICET y las universidades públicas pueden y deben jugar un rol protagónico. Comprender estos puntos de inflexión permite diseñar políticas de salud pública más eficientes, orientadas a la prevención y detección temprana de afecciones neurodegenerativas, reduciendo así la carga sobre el sistema sanitario. Una estrategia de desarrollo nacional soberana exige la capacidad de generar conocimiento propio y adaptar los avances globales a nuestra realidad, evitando depender de soluciones importadas que no siempre se ajustan a las particularidades socioeconómicas y epidemiológicas locales. La salud cerebral de nuestra población es un activo estratégico que el Estado debe proteger y fomentar activamente, lejos de visiones neoliberales que desfinancian la ciencia y el bienestar social en favor de supuestas eficiencias de mercado.

Redacción de AgendAR

Proponen una estrategia en común a los países del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile

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La Cámara Internacional del Litio y Energías (CIL Lithium), una entidad sin fines de lucro creada en Chile, propone una estrategia de integración entre la Argentina, Chile y Bolivia para transformar al denominado «Triángulo del Litio» de un simple proveedor de commodities a un actor en el mercado global.

Pamela Goicovich y Sebastián Quiñones, presidenta y director de la Cámara, explicaron que “el objetivo de esta coordinación es abandonar la condición histórica de ser solamente tomadores de precio en el mercado internacional”.

La titular de la entidad sostuvo que “los tres países deben coordinar sus esfuerzos, porque la competencia no es entre países vecinos, sino tener una respuesta competitiva común ante un mercado muy dinámico y estresado. Estamos en condiciones de ofrecer las mayores reservas geológicas del mundo en términos de litio, la mayor disponibilidad y la mejor eficiencia costo-efectiva del mundo«.

Esta estrategia regional se fundamenta en la propuesta de obtener un precio diferencial para el litio extraído en la región. Goicovich defendió esta visión al asegurar que “el litio del Triángulo es inherentemente más valioso: Somos promotores del nuevo sello del liderazgo sostenible. En este momento se está produciendo el litio más sostenible del mundo con la energía más sostenible que es el sol y además con la aprobación del pueblo originario».

El litio y la volatilidad del precio

En un contexto de elevada volatilidad, donde el precio del carbonato de litio llegó a picos insólitos de US$ 70.000 la tonelada hace dos años, la CIL proyecta que la variable de precio se estabilizará a largo plazo en un rango de US$ 20.000 a US$ 25.000 la tonelada, impulsada por un crecimiento anual de la demanda que podría superar el 30 por ciento. Sin embargo, esta estabilidad requiere de una racionalización en la producción.

Quiñones advirtió que muchos proyectos solo serán viables si adoptan una «tecnología de extracción directa eficiente en términos de Capex, porque esto disminuye los costos de producción y los vuelve competitivos ante la baja de precios”. La Cámara ve en la extracción directa o DLE un desafío global en el que la Argentina, por la velocidad de sus proyectos, está aportando una experiencia valiosa con su cartera de más de 35 proyectos en distintas etapas de desarrollo.

La CIL, explicaron, se apoya en tres pilares que buscan la trascendencia de la industria sobre la macro y las diferencias políticas. En primer lugar, el desarrollo económico para todos sus socios; en segundo lugar, se promueve la unión de la tecnología con la academia y la comunidad originaria, haciéndolas «partícipes» desde el inicio y evitar errores del pasado. Finalmente, la estandarización de valores, que incluye el respeto medioambiental, la estandarización de consumo hídrico y energético, la inclusión femenina y la redistribución de beneficios para las comunidades.

La Argentina tiene un portfolio de unos 35 proyectos de litio en marcha.

Para que esta integración funcione, la entidad entiende que Chile puede desempeñar un rol estratégico clave. Goicovich destacó la experticia logística del país: “Tenemos los mejores puertos estratégicos en la zona norte de Chile para poder apoyar a la logística argentina y lo que se viene desde Bolivia, con lo cual las ventajas geológicas de los tres países se complementarán con la capacidad chilena de cara a la exportación global”.

Metas comunes al 2030

Dentro de su hoja de ruta con metas a 2030, la CIL prioriza la generación de confianza entre los distintos actores y países, y el fortalecimiento de capacidades a través de la vinculación entre investigadores y la industria. Finalmente, el eje de transformación productiva busca generar la tecnología necesaria, por ejemplo, para avanzar desde el carbonato a productos de mayor valor agregado como el hidróxido o el cloruro de litio y sus derivados.

En cuanto a la preocupación de las poblaciones locales sobre la integración laboral -tal como se está reflejando en San Juan ante los futuros desarrollos de cobre-, Goicovich y Quiñones defendieron la necesidad de la cooperación. El director recordó que «la confianza que se vaya generando en términos de cooperación va a ser lo que va a llevar a un crecimiento exponencial«, mientras que la presidenta señaló que “existe una posición de maestría chilena en el área minera que, de cerrarse, haría que se vayan a cometer errores que pueden salvarse. Si existe una alianza entre Chile y Argentina desde este punto de vista todos van a salir beneficiados».

Finalmente, los directivos de la Cámara enfatizaron que la visión de futuro para la región debe ser sistémica, entendiendo que el litio es solo un componente de una transformación energética mayor. Quiñones remarcó que “al hablar de litio, también se debe pensar en otras soluciones como la energía geotérmica o el hidrógeno verde, ya que todo esto tiene que funcionar de manera coordinada, sino la respuesta va a ser insuficiente» ante las necesidades globales.

Ignacio Ortiz

Argentina en el mar VII – Átomos, naves y submarinos (2da. parte)

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«Publicado en El blog de Abel el 11 de noviembre de 2017»

Desde el blog de este editor se propuso hace 8 años un proyecto demasiado ambicioso para este tiempo desalentador: instalar en una nave argentina un reactor CAREM, como medio de propulsión. La 1ª parte la publicamos en AgendAR aquí. Ahí se mencionaron antecedentes en otros países.

Antecedentes nacionales sonlos proyectos de Castro Madero en la década de 1970 , y más cercanos, los de Cristina Kirchner y su ministra Nilda Garré- de lo que planteó Arias: un reactor nuclear argentino a bordo de una nave argentina.

A. B. F.

Un submarino demasiado chico para semejante reactor

Aquí la idea del submarino nuclear de caza la propuso el contralmirante Carlos Castro Madero, cuyo hijo mayor estaba en el ARA Belgrano el 2 de mayo de 1982, cuando lo torpedeó el HMS Conqueror (y se salvó). Pero la idea fija del “sub” don Carlos padre la tenía de antes, y heredada: estuvo en danza desde épocas del entonces contralmirante Oscar Quihillalt, aquel presidente quintaesencial de la CNEA que vio llegar e irse a 8 presidentes de la nación.

El reactor a “submarinizar” de Castro Madero era un Otto Hahn argento y quedó en planos, nomás. Esa central de papel es el eslabón perdido darwiniano del actual CAREM, cuyos elementos combustibles tienen un enriquecimiento bajito: entre 1,8 y 3,4%: era el normal en las centrales nucleoeléctricas PWR convencionales de los ‘80. No es un desafío imposible para la pequeña planta de de enriquecimiento de Pilcaniyeu, Río Negro. Para no intranquilizar al Tío Sam reactivando la planta y no molestar a las arañas, que tienen derecho a tejer sus redes allí, el gobierno acaba de comprar el material a Brasil.

En comparación, las plantas de potencia S5G y S8G tienen enriquecimientos de entre el 93 y el 97,5%. Sí, tal cual, usan uranio “grado bomba” no pese a su inmensa reactividad, sino debido a ella. Tenerla bajo control es un riesgo que la U.S. Navy asume con frialdad, porque un combustible tan feroz rinde una potencia térmica desaforada en una planta motriz de escaso volumen, y ofrece tiempos de recambio del núcleo de 20 a 30 años, más o menos coincidentes con la vida útil del resto de la nave.

Más atento a la doctrina de Segundo Storni, según la cual la Armada Argentina está para defender al país de su pesadilla histórica recurrente, los bloqueos, y no para controlar el planeta, Castro Madero podía aceptar sin problemas un reactor con uranio enriquecido a entre el 3,5 y el 6,6%, como el del carguero Otto Hahn, vale decir mucha menos potencia por unidad de masa o volumen del motor que las unidades yanquis o rusas, y recambios del núcleo cada 4  años. De todos modos, aún con esa centralita sin pretensiones, un submarino podía estar sumergido muchos meses, fabricando su propia agua potable y purificando y recirculando su aire, mientras no se acabaran los víveres de la tripulación.

Y si el capitán sabe los trucos del oficio, andá a encontrarlo en el casi millón de km2 del Mar Argentino, suponiendo que no haya salido del mismo. Su sola existencia es una amenaza ubicua que disminuye la eficiencia operativa de cualquier enemigo poniéndolo paranoico. Para un país que, como Argentina, sufrió el desastre económico de 4 cierres del Plata y otros puertos sólo en el siglo XIX, no puede haber mejor vacuna antibloqueo.

De ahí que, mientras Israel y Sudáfrica buscaban la invulnerabilidad desarrollando bombas nucleares en sus instalaciones “secretas” (ja) de Dimona y Pelindaba, a vista y tolerancia de la OTAN y no sin ayuda francesa, Castro Madero, tras clausurar toda posibilidad de que Argentina hiciera lo mismo, citara con frecuencia un aforismo atribuido a al almirante Hyman Rickover, padre del USSN Nautilus: “Better a sub ‘neath the ocean than a bomb in the basement” (Mejor un sub bajo el mar que una bomba en el sótano).

Un sub nuclear vale como muchos diésel-eléctricos. Eso lo tuvimos que aprender en cuero propio: en 1982, alcanzó con la amenaza –cumplida sobre el Belgrano- del HMS Conqueror para dejar paralizada en Puerto Belgrano a toda la Flota de Mar criolla el resto de la guerra.

Aunque como a casi todo innovador, a Rickover sus colegas almirantes al principio le ponían tachuelas en las alpargatas, hoy de los 14 portaaviones yanquis (3 en reserva, 11 activos, 2 en quilla) y de los 52 submarinos de caza activos (amén de los 48 planificados) y de los 14 clase Ohio misilísticos, todos llevan plantas nucleares, con potencias térmicas que van de los 10 a los 330 MW. La propulsión atómica mueve el 40% de la flota yanqui de combate. El búnker, el gasoil y el diésel oil navales estaban bien para los tiempos de Popeye, aunque se niegan a dejar los barcos de superficie. Efectivamente entre 1961 y 1999 la USN llegó a tener 9 cruceros nucleares, pero los dio de baja por antieconómicos.

El problema fundamental en 2010, cuando CFK y su ministra de Defensa Nilda Garré relanzaron (sin nombrarlo) la propuesta de Castro Madero, no era el grado del combustible. Era la plata, primero, y después encajar un recipiente de presión de 11 metros de altura, como el del CAREM, en el casco de presión (el interno) un submarino alemán oceánico Thyssen TR-1700, en el caso, el ARA Santa Fe.

ARA San Juan
nimitz

El ARA San Juan llega a Marpla desde Emden, RFA, en 1984, 11 años y una guerra tras la compra. La segunda foto salió de su periscopio en 1994: el portaviones “embocado” es el “supercarrier” nuclear US Nimitz, durante los ejercicios Fleetex, en la costa Atlántica de los EEUU. El San Juan logró, subrepticio, burlar todas las escoltas, y… “Surprise!” Caro nos costó el chiste.

Aquí, una digresión necesaria. Los 2 TR en servicio tienen su propia historia de supervivencia darwiniana. Entre 1973 y 1974 Perón decidió comprar 6 unidades, 2 de ellas entregadas completas “llave en mano” y el resto a armar aquí. Y era buena idea, don Juan D. quería meterle ADN industrial a la Marina. Para más inri, aquel año TANDANOR construyó otras 2 unidades alemanas de menor alcance y armamento, los 209 Salta y San Luis, el primero de los cuales salió demasiado ruidoso, aunque el último, aún lleno de defectos, enloqueció bastante a la Task Force en 1982.

Los 1700 no eran submarinos costeros, como los 209, sino oceánicos en serio. Llegaron a la base del COFSUB en Marpla navegando desde Emden, Alemania (el San Juan y el Santa Cruz) en 1984. Durante el viaje, los siguieron fragatas y aviones antisubmarinos ingleses, tratando de familiarizarse con la firma sónica y térmica del San Juan, pero lo que hayan aprendido no se lo informaron a sus aliados de la US Navy, por lo que se verá después.

El resto de los subs se recibió despiezado, a armarse aquí en el Domecq García, contiguo a TANDANOR: cuatro meccanos despiadadamente complejos. La construcción fue una típica pesadilla argenta de “stop and go” (o viceversa), que Menem paró definitivamente en 1994, cuando el Santa Fe había logrado un 70% de avance constructivo y el Santiago del Estero un 30%. Los 2 restantes TR seguían guardados en cajas, sin siquiera fe de bautismo (SG45 y 46).

Pese a que habían sido encargados en 1974, hasta los ’90 los TR argentos seguían siendo temibles: tal vez aún lo son. En un ejercicio naval conjunto con la US Navy llamado INCA, frente a Perú, el Sta. Cruz salió sumergido de Marpla, dobló el Cabo de Hornos sin ser notado, subió medio Pacífico y entró al combate ficticio tras un derrotero subacuático y furtivo de 12.594 km., para “cargarse” (y dos veces) a su contraparte yanqui, un SSN de caza con propulsión nuclear. Si eso ya significó una orquitis almirantesca para la US Navy, piense en lo que siguió.

En 1994, durante los ejercicios Fleetex, en la costa atlántica de EEUU, el Sta. Cruz hizo 19.818 km. sumergido a profundidad de snorkel, y tras 1073 horas de navegación, zigzagueó sigiloso a través de la patota de escoltas, pisando en puntas de pie se puso a distancia de torpedeo del portaaviones nuclear USN Nimitz, le sacó unas lindas fotos, y nadie lo detectó. Los almirantes yanquis fotografiados decidieron a posteriori que lo habían “neutralizado”, en una maniobra conocida en los selectos círculos navales de la NATO como ACOFS, por “A Crock of Shit”.

Qué relación tendrán estos dos hechos con la decisión de Menem de parar definitivamente la ardua construcción del Sta. Fe y el Santiago del Estero, cerrar el Astillero Domecq García (contiguo a TANDANOR) y tratar de transformarlo en un shopping, lo sabrá el almirante Magoya. Bueno, el egregio mandatario riojano habrá detectado una urgente necesidad social insatisfecha de un shopping frente al río. El hecho no llama la atención, pero sí la fecha.

Con el parate del astillero, sucedió el inevitable canibalismo: como el San Juan y el Santa Cruz estaban operativos, empezaron a comerse los pobres hermanitos nonatos SG45 y 46 en cada mantenimiento, en forma de repuestos. En 2007 el San Juan entró a su astillero, reabierto y rebautizado CINAR por Néstor Kirchner, para ser serruchado en dos, único modo de cambiarle las 960 baterías de sulfúrico y plomo, amén de cambio de periscopio y centenares de otras reparaciones menores inevitables en su media vida. Pero eso tomó 7 años de “go and stop”, o viceversa, porque no había un mango.

sala de mandos

La sala de mandos de un TR-1700, moderna aún a 43 años de diseñada. Espacio, eso sí, hay poco.

Un error importante de las administraciones civiles argentinas desde 1983 es subequipar o directamente no reequipar a sus fuerzas armadas, como si negarles un “hardware” decente fuera a cambiarles el “software” cuartelero con que vienen de fábrica. El único caso exitoso que conozco de cambio drástico de la educación militar sucedió en el Ejército bajo inspiración del Gral. se Brigada Ingeniero Miguel Sarni y fue imitado por Francia… pero aquí duró poco, y se fue terminando en 2005. Nadie se enteró del fin del experimento, porque nadie se enteró del experimento. El MinDef no es grandioso comunicando.

En 2010, la ministro Nilda Garré y CFK trataban de ver cómo evitar que fueran canibalizados el Santa Fe y el Santiago, los otros dos subs “nonatos” con más construcción, y de paso darle vitaminas de ingeniería al CINAR, que tanta gente linda en Puerto Madero todavía querría volver un shopping.

Fue entonces que CFK y Garré supieron que un reactor sin bombeo es muy silencioso y trataron de cuadrar el círculo con el CAREM. Pero éste había evolucionado desde 1984 como animal plenamente terrestre. La tarea de re-navalizar este diseño y volverlo al Otto Hahn, aquel eslabón perdido, era dura, pero menos que la de meterlo en el Santa Fe.

El diámetro interno de un TR está en los 7,30 metros, mientras que el recipiente de presión del CAREM hoy en construcción mide 11 metros. INVAP, a la fecha con más kilometraje de diseños y rediseños de esa planta que la que tenía entonces la recién creada Gerencia CAREM de la CNEA, fue convocada a estudiar el problema. Cautelosos, los barilochenses sugerían un reactor menos potente con un recipiente más petiso, pero aún así y desde los primeros bocetos, era patente que habría que plantarle una segunda “vela” o torreta en popa a la nave, donde normalmente debían ir sus motores diésel, para alojar la protrusión de esa insólita planta motriz.

Y es que no hay modo de hacer un reactor puramente convectivo e integrado sin un recipiente larguirucho. Y como los cascos de presión (los internos, no los externos) en los submarinos suelen ser cilíndricos, para soportar la compresión a 300 o más metros de inmersión, eso habría requerido de un diámetro considerable, más afín al de los subs de caza yanquis. Pero ésas son bestias voluminosas, que desplazan casi 9000 toneladas de agua, en inmersión, y un TR-1700 no llega a las 2400.

El TR-1700 ya de suyo tiene una torreta muy sobresaliente. Con el nuevo aditamento en su sector de popa, habría pasado de dromedario a camello. Los problemas de esta morfología habrían sido múltiples: hidrodinámicos, por empezar, sónicos para seguir (dos torretas generan más turbulencia y reflejan más eco de sonar que una sola), y luego a considerar cómo mantener la convección que refrigera el núcleo: es un fenómeno que requiere de un recipiente vertical, ¿pero y cuando el submarino hace un ascenso de emergencia, con la proa 45º para arriba, cómo se mantiene la circulación? ¿Ponerle bombas auxiliares a un Otto Hahn hasta volverlo otra cosa, como el S5G yanqui? Los johnnies lo hicieron, pero aquí había que rizar bastante el rizo.

Otro problema: un sub flota en agua de un modo no muy diferente al de un zepelín que hace lo propio en un medio 750 veces menos denso, el aire. Sube o baja embarcando o expulsando lastre, en este caso agua, pero sobre todo debe estar bien equilibrado. El enorme peso de un recipiente de presión a popa habría afectado el baricentro de la nave y obligado a más rediseños caros, para redistribuir la masa. Es difícil meterle mano a un producto casi perfecto (el TR-1700 se acerca bastante a esa definición) sin joderlo.

Según el Dr. Félix Rodríguez Trelles, ex CNEA y experto en física del plasma, emigrado en tiempos de Alfonsín y hoy profesor en la Dade County University, Florida, EEUU, Castro Madero no pensaba en bombas auxiliares, como las del Narwhal yanqui, sino más bien en una junta cardánica gigante para mantener vertical esta pieza incluso en maniobras cerradas de la nave.

Pero subrayo que su punto de partida no era un derivado terrestre puro, como el CAREM, ni el casco que tenía “in mente” el de un TR-1700 alemán sino el de alguna otra unidad más voluminosa. Por cómo lo pintan a don Castro Madero y por lo que pude leer de sus conferencias, no es improbable que hubiera pensado en diseñar y construir el casco enteramente en Argentina, de haber dependido de él. Tras lo de Malvinas, era improbable que la OTAN nos vendiera ese componente para ponerle una planta nuclear Nac & Pop, como Francia lo hizo con Brasil.

Re-navalizar un CAREM en una unidad de superficie, mucho más generosa en espacio, no es imposible, pero sí difícil, admite el Dr. Carlos Aráoz. Es el último mohicano de los famosos 12 Apóstoles de Sabato, todos tipos que se animaron a lo difícil y a lo prohibido. Y tras pensar la propuesta, me tiró una cifra: 2 a 3 años.

¿Para hacerlo?, le pregunté esperanzado. Con algo de lástima, me respondió: “No, Daniel, para hacer los estudios de factibilidad”. Y ojo, estábamos hablando de un barco polar o de un rompehielos, naves en los que los espacios verticales son siempre más generosos, y la oposición política de la OTAN y sus muchos agentes locales tal vez no sea tan brutal, tan vendepatria, tan ilegal y tan aniquiladora.

Porque no hay que olvidarse de la reciente experiencia brasileña de Seu Othon, en 2015. Eso lo vemos en el próximo capítulo.

Daniel E. Arias

Brasil ya importa más Gas Licuado de Petróleo de la Argentina que de EE.UU.

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Vaca Muerta está transformando a la Argentina en una plataforma de producción y exportación de líquidos del gas natural (NGL). La evidencia más contundente se está observando en Brasil, donde las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP) de origen argentino están superando a las importaciones desde los Estados Unidos.

Brasil tiene un déficit estructural en el mercado de GLP que atiende con importaciones mayoritariamente de los EE.UU. Sin embargo, las exportaciones argentinas ganaron terreno en 2024 y siguieron creciendo en el presente año.

Las importaciones de GLP por vía marítima en Brasil en este 2025 totalizaron hasta el momento unas 980.000 toneladas, de las cuales el 50% provinieron de la Argentina, según lo expuesto por especialistas del mercado en el Argus Argentina Energy Forum organizado por Argus. La cifra puede ser aún mayor dado que el relevamiento no incluye las exportaciones por tierra.

Las importaciones de origen estadounidense en el país vecino bajaron este año a 47%, una caída de 18 puntos porcentuales si se compara contra el mismo período del 2024. De esta forma, el GLP argentino ya desplazó al producto de origen estadounidense a un segundo lugar en el mercado brasileño.

“Los EE.UU. ya perdieron marketshare frente a la Argentina. Este cambio de Brasil hacia el GLP de Argentina ocurrió incluso cuando los precios de los EE.UU. han bajado. El propano tuvo un precio promedio de US$ 429 por tonelada, comparado con el año anterior que fueron de alrededor de US$ 488 por tonelada”, graficó Giovann Rosales, especialista de GLP de Argus en Houston.

GLP argentino en la región y Asia

El 70% del GLP que exporta la Argentina por vía marítima es dentro de la región. Brasil representa 50 puntos porcentuales, mientras que Chile, Perú y Uruguay suman los restantes 20. Además se espera que la demanda brasileña vaya en aumento debido a políticas públicas como el programa «Gas del Pueblo» y un proyecto de ley que habilitaría el uso del gas licuado como combustible para vehículos.

Giovann Rosales en el Argus Argentina Energy Forum.

Sin embargo, los mercados en Asia aparecen como un destino todavía más atractivo por su enorme déficit de GLP. “Asia tiene un balance negativo estructural que va a crecer de forma importante hacia 2030, llegando a 100 millones de toneladas de GLP por año. Europa también tiene un balance negativo”, explicó Victor Uchoa, jefe de Consultoría para Latinoamérica de Argus.

China, Japón y Corea del Sur compraron la mitad de las casi 65 millones de toneladas exportadas por los EE.UU. en 2024. Solamente China tomó el 27% de las exportaciones estadounidenses. El 75% del GLP que se consumió en China el año pasado fue tomado por el sector petroquímico.

EE.UU. y Medio Oriente seguirán añadiendo oferta global de GLP en los próximos cinco a diez años. “Sin embargo, este crecimiento tiene desafíos. La geopolítica podría alterar las rutas comerciales existentes, tal como ya lo hemos visto este año. También hay una infraestructura limitada. Si bien hay varios proyectos de expansión por todo el mundo la capacidad está limitada. Esto está creando un cuello de botella pero los Estados Unidos se están preparando para aliviar el juego de botella”, analizó Rosales.

Etano

Argentina tiene un potencial de producción de 60 millones de toneladas de NGL anuales si se considera una reserva de 300 Tcf de gas natural en Vaca Muerta y un rendimiento de 200 toneladas de líquidos como butano, propano, etano y gasolina por cada millón de metro cúbico de gas producido. El GLP, una mezcla de butano y propano, es el producto estrella, pero también hay oportunidades grandes para el etano, cuyo rendimiento económico fue testeado por la empresa pretroquímica brasileña Braskem.

La producción de etano actual en la Argentina es de 0,7 millones de toneladas anuales, que se destinan principalmente al mercado local más algunas exportaciones menores al Brasil. “Braskem completó estudios técnicos que hacen la comparación para el uso de propano y etano de Vaca Muerta para su cadena petroquímica y resultó en una ventaja de US$ 110 dólares por tonelada frente a la nafta petroquímica que hoy Braskem utiliza”, contó Uchoa.

Precisamente, los márgenes que el etano le deja al negocio petroquímico en comparación con otros insumos son los que impulsan la oportunidad. “Hay una ventaja estructural de los márgenes de etano en el mundo. En Asia, nuestros modelos de Argus muestran en 2022 una diferencia de US$ 305 por tonelada para el etano, frente a US$ 150 de margen por tonelada cuando se utiliza la nafta. La conclusión para el etano es que hay una oportunidad para Argentina, no solo en Brasil, sino también en todo el mundo, y podría ser un nuevo jugador junto a Estados Unidos en el mercado de etano”, concluyó Uchoa.

Nicolás Deza

Denuncian en el Congreso que el gobierno quiere malvender a Nucleoeléctrica

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El Congreso advirtió por irregularidades en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública que gestiona el funcionamiento de las tres centrales nucleares del país. El Gobierno intentaría que la tasación la realice un banco para bajarle el precio y vender una empresa que da ganancia y es estratégica para la soberanía energética.

Durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones el pasado 18 de noviembre, diputados y senadores presentes alertaron sobre algunas acciones del Gobierno para bajar el precio de las empresas públicas para venderlas por menos de lo que valen. Uno de los casos es el de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa nacional que gestiona el funcionamiento de las tres centrales nucleares del país.

Dado que el presidente del Tribunal de Tasación de la Nación se excusó de la tarea bajo el argumento de que no estaría en condiciones de hacer la tasación de las centrales, ésta deberá ser hecha por un banco, pese a que este tribunal es el organismo que por ley debe hacer las tasaciones. En el caso de las centrales nucleares, ya hizo las de Atucha I y II en 2015 y 2017, por lo que no es entendible que ahora diga, por una nota firmada solo por su presidente y no por el pleno, que hoy ya no pueden hacer las tasaciones.

Con respecto a esta decisión del Gobierno de vender una empresa superavitaria y estratégica para la Argentina, la diputada Gabriela Estévez presentó un recurso de amparo en la Justicia para pedir la suspensión de la privatización de NASA, ya que no cumple con una justificación técnica ni económica. NASA es una empresa estatal que el año pasado dio una ganancia de 17 millones de dólares y que opera centrales que garantizan energía eléctrica estable y a bajo costo, mientras que la principal preocupación de la empresa debe estar en la seguridad y no en el fin de lucro de una eventual compradora, muy posiblemente extranjera.

NASA quedó dentro del anexo de empresas privatizables según el texto aprobado por la Ley Bases. El paquete accionario hoy está conformado en un 20% por la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA), un 1% por ENARSA y el 79% por el Ministerio de Economía. Según la intención del Gobierno, el 44% pasaría a quedar en manos de una empresa privada y un 5% para los trabajadores de la empresa.

Aún no se sabe quiénes podrían comprar el paquete accionario. Hay rumores que indican que la Corporación América, de Eduardo Eurnekián, el exempleador del presidente Javier Milei, tenía interés en la empresa aunque públicamente lo niegan. Lo mismo pasa con empresas estadounidenses que gestionan centrales nucleares en ese país.

Todo esto ocurre en el marco del plan nuclear que el Poder Ejecutivo impulsa, en el que se construirían centrales nucleares para alimentar centros de datos de empresas relacionadas con el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. El proyecto es cuestionado tanto por su factibilidad en el mediano plazo como por el impacto local en términos de la demanda de puestos laborales de valor agregado o desarrollo de la industria.

“Están entregando las centrales nucleares como parte de un acuerdo, que se desconoce, con Estados Unidos, a quien no le interesa que la Argentina produzca energía nuclear”, le dijo Carignano a TSS.

La diputada Florencia Carignano (UxP), dijo que “las empresas que hoy está tratando de privatizar el Gobierno son superavitarias. Tener a Nucleoeléctrica nos pone en un grupo muy exclusivo ya que en el continente solo Brasil, México y Estados Unidos, además de la Argentina, operan centrales de este tipo. En esto, como en muchos otros aspectos, no somos un país complementario con Estados Unidos, sino que somos competencia para sus empresas y además estaba previsto recibir inversiones chinas. NASA es una empresa estratégica para el país por el tema de energía, tarifas y por seguridad ambiental. Perderíamos soberania, y también iríamos a contramano de países como Francia, que está utilizando sus centrales nucleares para poder bajar los costos de la energía”.

En el año 2015, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández había negociado la construcción de dos centrales nucleares nuevas con financiamiento de China: una con tecnología canadiense, similar a la central de Embalse, en Córdoba, una tecnología en la que existe mucha experiencia local, y otra central con tecnología china. El gobierno de Mauricio Macri frenó esos acuerdos con la excusa de renegociar para conseguir mejores condiciones pero el proyecto quedó suspendido. La gestión de Alberto Fernández dijo que continuaría con las negociaciones pero el acuerdo no avanzó.

“Están entregando las centrales nucleares como parte de un acuerdo, que se desconoce, con Estados Unidos, a quien no le interesa que la Argentina produzca energía nuclear, y es algo que va en contra de nuestra soberanía energética”, dijo Carignano.

La Comisión Bicameral emitirá dictamen para defender a Nucleoeléctrica y remarcará las inconsistencias del proceso de privatización. Se espera que tenga muchas firmas y seguramente contará con las del bloque de Unión por la Patria. También se harán nuevas presentaciones a la Justicia para evitar que sean privatizadas y subvaluadas.

“Cuando el Tribunal de Tasaciones se autoexcluye, entonces (Luis) Caputo puede sacar una resolución ministerial para poner la tasación en manos de algún banco. El Tribunal de Tasaciones es un órgano sumamente competente que ya hizo este trabajo dos veces. Esta es una maniobra para bajarle el precio a las centrales y regalarlas sin mayor problema. La ley dice que si el tribunal encuentra algún activo intangible tiene que encontrar la manera de poder tasarlo. Un banco no tiene nada que hacer acá porque no tiene personal capacitado para esto, no hacen tasaciones y menos saben sobre centrales nucleares. Es todo una maniobra para poder vender a menor precio, una estafa para poder regalar las centrales como parte de un acuerdo con Estados Unidos”, cerró Carignano.

Matías Alonso

Cáncer de piel: está disponible una vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

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La vacuna desarrollada en el país para tratar el cáncer de piel más peligroso por su agresividad empezó a comercializarse después de más de un año de idas y vueltas regulatorias. Demandó más de tres décadas de trabajo de investigadores argentinos en este desarrollo inédito y con la autorización del primer laboratorio en la Argentina para producir terapias avanzadas, como esta inmunoterapia.

Su nombre comercial es Vaccimel y no es una vacuna preventiva como las de calendario, sino que está indicada para el tratamiento del melanoma cutáneo en estadios más tempranos de la enfermedad (IIB, IIC y IIIA), con riesgo intermedio a alto de recaída (reaparición de células tumorales). No se vende en las farmacias, sino a través del circuito que siguen los medicamentos oncológicos o de alto costo a través de la cobertura de cada paciente. Su uso depende de la indicación de un oncólogo o un especialista en oncología cutánea, una vez definido el estadio tumoral.

El tratamiento completo dura dos años y el primer equipo que comenzará a ofrecerlo es el del Hospital de Oncología María Curie, de la ciudad de Buenos Aires, según informaron desde el Laboratorio Pablo Cassará, que está a cargo de la producción de esta primera terapia celular en su tipo aprobada para el melanoma en estadios intermedios.

Su uso es bajo supervisión médica y en centros especializados, mientras que desde el laboratorio respondieron que su costo es “comparable” al del anticuerpo monoclonal disponible “inespecífico y con efectos adversos”.

El melanoma posee antígenos (proteínas de un agente extraño que causa enfermedad y que el sistema inmunológico debe reconocer para poder eliminarlo) que son distintos a los de las células normales del cuerpo. Pero las células tumorales desarrollan mecanismos para bloquear el sistema inmunológico y poder pasar inadvertidas. El esquema de 13 dosis le enseña al organismo a reconocer distintos antígenos tumorales a través de diferentes clones de linfocitos.

“El cuerpo empieza a tener muchos clones, que comienzan a reconocer distintos antígenos de melanoma: en más del 60% de los pacientes, esos clones alcanzan para que la enfermedad no se repita (recaída)”, había explicado en enero pasado a este medio el propio José Mordoh, investigador del Conicet que, con su equipo del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir, lideró durante más de tres décadas el trabajo que llevó al desarrollo de esta terapia en un programa de la Fundación Sales y el Conicet.

En ese momento, una proyección estimó que habría unos 1703 casos nuevos del cáncer de piel por año (si se consideran todas las etapas de la enfermedad al momento del diagnóstico). Si se detectaran todos, 442 estarían en las tres etapas para los que está aprobada la vacuna (17% en IIB y IIC y 9% en IIIA). De ser así, en un primer año, se podría empezar a tratar a un centenar de pacientes. La detección temprana es esencial para eso, con la consulta oportuna para la revisión de manchas en la piel o lunares.

Estaba previsto que las dosis estuvieran disponibles para los centros de salud en marzo del año pasado, lo que se demoró a julio, también de 2024, y, finalmente, se concretó este mes. El anuncio formal de la salida al mercado se conoció hace dos semanas, en la 74° edición del Curso Intensivo de Perfeccionamiento Dermatológico para Graduados Prof. Dr. Luis E Pierini, de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD). Fue durante una presentación de Mario Marini, profesor emérito de Dermatología de la Universidad de Buenos Aires.

Nueva arma terapéutica

Ante la consulta sobre la relevancia de esta nueva opción terapéutica, la médica dermatóloga Ana De Pablo, miembro de la SAD y subjefa del Servicio de Dermatología del Hospital Austral, recalcó, en primer lugar, que no es para prevenir el melanoma.

“No es para que las personas se vacunen, sino para el tratamiento en aquellos pacientes que por su melanoma (porque inicialmente era un melanoma grueso o que, tal vez, tuvo algún compromiso en los ganglios linfáticos) van a tener más riesgo potencial de desarrollar lesiones más allá de la piel y los ganglios. Es lo que llamamos metástasis a distancia –explicó la profesional–. Sabemos que, tal vez, con un tratamiento adyuvante, podríamos evitar esas metástasis en el futuro.”

Mencionó que, ahora, hay dos formas de logarlo; una, es con el tratamiento tradicional y, otra, con el mecanismo de acción de esta vacuna. “Lo que trata de hacer es aumentar la inmunidad del paciente para atacar las células tumorales que pudieran estar ocultas en algún lugar del organismo”, dijo De Pablo, cocoordinadora de la 32° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel que organiza la SAD.

Opinó que la ventaja de ese mecanismo es, por un lado, que tiene “muy pocos efectos adversos generales” y, por el otro, que “inclusive si fallara, está la posibilidad de pasar a la otra línea de tratamiento, que es la que se usa actualmente”.

En resumen, la dermatóloga consideró que la nueva terapia es “una nueva arma terapéutica que, en los pacientes con más riesgo de hacer metástasis, podría tratar esos pequeños focos de células que pudieran estar escondidos y que todavía no han sido detectados”.

El equipo de investigación encabezado por José Mordoh
El equipo de investigación encabezado por José MordohALEJANDRO PAGNI

Ana Clara Acosta también es miembro de la SAD y cocoordinadora de la campaña nacional de la entidad para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de piel. Es, además, jefa del Sector de Dermatología Oncológica del Hospital Ramos Mejía. Sobre la vacuna que acaba de aprobar la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), refirió que serviría para “controlar de manera ideal” el melanoma en pacientes con alto riesgo de recidiva/metástasis.

“Son aquellos en los que, después de analizar las características clínicas, cómo están mutando las células y muchos otros factores, se define el tumor y se estadifica. Quizá no tienen metástasis ni diseminación [de las células tumorales], pero sí alta chance de tenerla en algún momento de su evolución”, describió ante la consulta.

Acosta refirió que los tratamientos de quimioterapia que se utilizaban antes “en el último tiempo no tenían buena respuesta” por lo que, con el avance en nuevos mecanismos terapéuticos, se empezaron a utilizar tratamientos orientados a que el sistema inmunológico haga su trabajo contra las células tumorales.

“Las limitaciones que tendría la vacuna son un puente a futuro para el estudio. Ver, por ejemplo, si se puede asociar a algún tratamiento con enfoque inmunológico. Otra opción es aumentar el grupo de pacientes que serían aptos para recibir la vacuna. Serían los pacientes con metástasis en alguna otra parte del cuerpo”, propuso la profesional.

Explicó que, con estos tratamientos, lo que se está buscando es prolongar la expectativa de vida en esos casos de alto riesgo. Antes, según mencionó, con la quimioterapia habitual era de menos de dos años.

“Con la inmunoterapia, esto cambió mucho: hoy tenemos pacientes con tumores de alto riesgo bajo control que están bien a los cinco o 10 años de seguimiento –ponderó Acosta–. La vacuna es una terapia adyuvante, es decir, que el paciente recibe el tratamiento de primera elección, que siempre es el quirúrgico, y se agrega la vacuna para los pacientes de alto riesgo. No se diagnostica un melanoma y se administra la vacuna como único tratamiento. El camino correcto a seguir es diagnosticar el melanoma, operar y si el paciente cumple los requisitos [clínicos] para ser un paciente de alto riesgo, se puede indicar la vacuna”, insistió la médica dermatóloga.

Regla ABCDE

En la campaña que cada año realiza la SAD, se promueve el autoexamen mensual para identificar si aparecen manchas en la piel o lunares que cambian de tamaño, forma o color. De ahí que los dermatólogos recomienden aplicar la siguiente regla ABCDE para la consulta si hay alguna variación de un mes al otro:

A: Analizar si son asimétricos

B: Chequear si sus bordes son irregulares

C: Contemplar la coloración, si es variada y si hay cambios de color

D: Prestar atención al diámetro y consultar con un dermatólogo si mide 6 milímetros o más

E: Estudiar su evolución: ¿causa picazón, sangrado o tiene costras?

Desde la SAD afirmaron que el pronóstico del cáncer de piel dependerá de la célula afectada, por ejemplo, con la exposición al sol sin protección adecuada o en la hora de mayor intensidad de la radiación UV (entre las 10 y 16) ahora que llega el verano.

“El melanoma representa aproximadamente el 5% de los cánceres de piel, puede ser muy agresivo, irse hacia los ganglios o a órganos más lejanos. En cambio, si la detección es temprana, se puede lograr que la persona sobreviva sin presentar problemas a futuro”, dijo De Pablo.

Fabiola Czubaj

Vaca Muerta y el fracking lo explican: 859.500 barriles por día. No se alcanzaba desde 1998

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Argentina marcó un récord histórico en su producción de petróleo crudo durante octubre, dato que resalta la consolidación de la actividad hidrocarburífera a partir del desempeño de no convencional de Vaca Muerta que sigue replicando sus propios récords mes a mes. Esta cifra no se alcanzaba desde el año 1998, cuando el petróleo se extraía de pozos convencionales.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Energía, el volumen de extracción fue de 859.500 barriles diarios (bbd), por encima de los 847.000 barriles de 1998.

Este desempeño representa un crecimiento del 15,5% respecto a los 743.744 bbd de octubre de 2024, y una mejora de 5,2% frente a los 815.682 barriles de septiembre, tal como se desprende de la información que recoge el Gobierno de las petroleras.

Este impulso de desarrollo sostenido de los últimos años se explica por el desempeño de la Cuenca Neuquina, donde la formación de Vaca Muerta registró un nuevo récord de producción de petróleo con un incremento mensual del 3,57% y una suba interanual del 31,23%.

La producción de petróleo de Neuquén alcanzó los 587.190 barriles por día, constituyendo un récord histórico para la provincia. En el acumulado entre enero y octubre, la producción provincial se ubicó 23,81% por encima del mismo período del año anterior.

Récord histórico con foco en Vaca Muerta

El incremento mensual estuvo principalmente impulsado por el desempeño de las áreas La Amarga Chica, La Angostura Sur I, Bajada de Añelo, Coirón Amargo Sureste y El Trapial Este, que en conjunto aportaron importantes subas en los volúmenes extraídos.

En cuanto al gas la producción total nacional fue en octubre de 122,9 MMm3, mientras que en el mismo mes de 2024 fue de 133,1 MMm3, con una retracción de 12,9% interanual.

Fuente: Elaborado por Alphacast con datos de la Secretaría de Energía.

En Neuquén, la producción fue de 82,66 MMm3/d, lo que significó una disminución del 13,64% respecto del mes anterior y una baja del 6,14% interanual. Pese a esta caída, el acumulado enero-octubre registró un aumento del 1,39% respecto del mismo período del año pasado.

En este caso, la reducción mensual respondió principalmente a menores niveles de producción en Fortín de Piedra, Aguada Pichana Oeste, La Calera, Aguada de la Arena y El Mangrullo.

El aporte del no convencional

Por otra parte, en Neuquén, la participación del petróleo no convencional dentro del total alcanzó el 96,7%, con 567.802 barriles diarios, mientras que el gas no convencional representó el 88,54%, equivalente a 73,18 millones de m3/d. Dentro de este segmento, el gas shale aportó 64,84 millones de m3/d (78,45%), y el gas tight, 8,33 millones de m3/día (10,08%).

A la vez, la Secretaría de Energía resaltó que de acuerdo al informe de Intercambio Comercial Argentino que realiza el Indec, la balanza energética durante los primeros diez meses de 2025 alcanzó un superávit de US$ 6.068 millones.

Esto permitió superar el saldo favorable de todo 2024 que culminó US$ 5.668 millones, gap que se asegura se ampliará en los dos meses que resta del año, ya que es un período de menor nivel de importaciones estacionales. El crecimiento este año no fue aún mayor debido a la caída de los precios internacionales del crudo, lo que fue compensado con mayores volúmenes disponibles de exportación.

Números de la expansión del comercio argentino con China. Y con EE.UU.

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El anuncio del acuerdo comercial entre EEUU y Argentina, todavía le falta la letra chica. Más allá de este punto, la ayuda del Gobierno de los EEUU a la Argentina brindada durante la tensión cambiaria desatada por el riesgo electoral, se observa la intención de la administración de Trump en reforzar su presencia en América Latina. Cómo son los números del comercio entre Argentina y las dos potencias.

Entre enero y septiembre de 2025, el intercambio bilateral entre Argentina y EEUU mostró señales positivas:

  • Exportaciones argentinas hacia EEUU: +24% interanual
  • Importaciones desde EEUU: +8% interanual

Sin embargo, el avance de China fue todavía más acelerado. En el mismo período:

  • Exportaciones argentinas hacia China: +30%
  • Importaciones desde China: +66%, pasando de u$s7.879 millones a u$s13.091 millones

Este salto en las compras a China no solo supera la dinámica con Estados Unidos, sino también la observada con Brasil, el principal socio comercial de Argentina. Con estos números, China se consolida como el segundo socio comercial del país, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos.

«El dato del incremento comercial de Argentina con China seguramente fue tenido en cuenta por EEUU al momento de ‘proponer’ a nuestro país un acuerdo comercial», destacó el exdirector general de Aduanas y actual diputado nacional electo, Guillermo Michel, en su cuenta de X.

Según datos de CERA e INDEC, las exportaciones argentinas hacia Beijing alcanzaron u$s5.173 millones, un alza del 12,2% anual. Aun así, cuando la mirada se desplaza de flujo comercial a inversión, el mapa cambia: Estados Unidos lidera ampliamente el stock de Inversión Extranjera Directa (17%), mientras que China ocupa recién el puesto 14°, con apenas un 2% de participación, concentrado en agro y minería.

Los números de la relación comercial con EEUU y China
Los números de la relación comercial con EEUU y China

Acuerdo con EEUU: empresarios aprueban la iniciativa, pero advierten por el impacto en el Mercosur

Desde AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, destacaron que el acuerdo coloca al país “en una posición favorable frente a los cambios que atraviesa el comercio global”. Según la entidad, la medida facilitará la producción local, la agregación de valor a las cadenas existentes, la generación de empleo y la reducción de costos para los consumidores, impulsando así la actividad económica.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), en cambio, se expresó con mayor prudencia. Señaló que, si bien el acuerdo podría tener un impacto positivo, se mantiene en una posición “cautelosa” hasta conocer la letra chica. La entidad subrayó que la reducción del costo de bienes importados abarataría parte de los productos finales y que el pacto permitiría disminuir gastos burocráticos, al eliminar la necesidad de controles locales sobre productos ya aprobados en Estados Unidos.

Uno de los cambios más relevantes es que la Anmat dejará de exigir revisiones completas para fármacos autorizados por la FDA, lo que acortará plazos de ingreso y ampliará la oferta de medicamentos importados. Además, la CAC remarcó que podrían abrirse nuevas oportunidades para exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense, especialmente en sectores como carnes, acero y aluminio.

La Cámara de Exportadores (CERA) expresó las mayores reservas. Sostuvo que el acuerdo marco no permite evaluar todavía cómo se compatibilizará con los compromisos asumidos por Argentina en el Mercosur ni cómo se aplicará la cláusula de Nación Más Favorecida de la OMC.

Uno de los puntos centrales es que Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses —incluidos medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y ciertos bienes agrícolas—, pero aún no está claro si esta lista se ajustará a las 50 posiciones exceptuadas del arancel externo común del Mercosur o si responderá a un criterio distinto. Para CERA, la calificación de “preferencial” podría contradecir las reglas del bloque regional.

En relación con las concesiones de Estados Unidos, la entidad afirmó que todavía no se conoce el listado de bienes argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles recíprocos, lo que dificulta estimar el impacto concreto. Sobre las medidas vigentes bajo la Sección 232 —que gravan con altos aranceles al acero, aluminio, autos y otros productos—, CERA observó que el texto no aclara si el acuerdo podría derivar en revisiones futuras o aplicar sobre restricciones ya existentes.

Un simulacro de plan de ciencia

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El Gobierno publicó sus Lineamientos Estratégicos en Innovación, Ciencia y Tecnología 2025-2027 mediante una resolución en el Boletín Oficial del 30 de octubre pasado. Esta hoja de ruta no incluye un diagnóstico sobre fortalezas u oportunidades del sector, ni tampoco metas que puedan ser medidas con indicadores sobre cómo lograr mejoras o de vinculación con el sector productivo. De todas formas, el documento sí puede ser claro en cuanto a las áreas del conocimiento que, por ejemplo, omite. Así, aunque no haya metas claras o financiamiento para la agroindustria, sí se plantea un interés, sobre el tema, algo que no ocurre con otras sistemáticamente atacas por el Gobierno, como las ciencias sociales.

El año pasado, la Jefatura de Gabinete había presentado lo que llamaban un Plan Estratégico 2024-2025, que no era más que una serie de generalidades como conectar más la ciencia con el sector productivo, fomentar a los emprendedores y bajar la burocracia usando herramientas de inteligencia artificial. De estos objetivos, ninguno fue cumplido ya que la principal política del Gobierno para la ciencia fue el desfinancimiento de proyectos y la falta de instrumentos para encarar nuevas investigaciones, inclusive en las áreas en las que demuestran interés.

El nuevo plan de lineamientos también es una lista de generalidades y su objetivo es cumplir con la implementación de la ley del Plan Estratégico en Innovación, Ciencia y Tecnología 2030 aprobado en 2023. Las áreas estratégicas promovidas serán: Agroindustria, Energía y Minería, Economía del Conocimiento e Innovación y Salud. El nuevo documento identifica algunas tecnologías transversales para su desarrollo en el país: Inteligencia Artificial, Biotecnología y Nanotecnología, Tecnología Espacial y Satelital, y Tecnologías de la Información y Comunicación. También menciona cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Sociales y Humanidades.

«Leés este plan y no sabes qué ideología hay atrás, si es de un país desarrollado o en desarrollo, no hay instituciones, no hay diagnóstico, posición en la política internacional, nada», dice Hurtado.

Las 19 páginas del documento solo se dedican a definir qué se entiende por cada uno de estos conceptos. Llama la atención que en ningún momento se mencionen siquiera a las instituciones del sistema nacional de innovación, como el CONICET, las universidades nacionales o instituciones como el INTI, el INTA, o la CNEA.

El documento tiene solo la firma del subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, expresidente del organismo de la gestión de autopistas de la ciudad de Buenos Aires (AUSA), y encargado del plan de privatización de autopistas nacionales. También es un colaborador de Diego Santilli, por lo que este jueves presentó su renuncia para, seguramente, ir a asistirlo en su nuevo rol de Ministro del Interior.

En contraposición a estos lineamientos, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 es un documento de 174 páginas en el que se identifican oportunidades de desarrollo, capacidades en las diferentes provincias y metas a cumplir con plazos concretos y medibles, con un extenso trabajo previo con énfasis en lo federal y territorial, y con  instrumentos de financiación concretos. El impulsor de este documento fue el secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado. Hurtado dijo: “Hace unos meses, el secretario de Ciencia, Dario Genua, publicó en X lo que él llamó un plan estratégico. Me pareció una vergüenza que él pudiera creer que una carilla y media de vaguedades pudiera ser un plan estratégico solo porque le puso ese título. Sin metas, sin plazos, solo define áreas. Eso es algo que escribe alguien en una servilleta cuando tiene un rato libre y piensa a qué líneas se podría favorecer. Eso habla de cierta ineptitud e incomprensión de qué significa un plan estratégico”. En intercambios por la red social, tanto Diego Hurtado, como el titular del MINCYT Roberto Salvarezza le aclararon que ya había un plan estratégico, a lo que Genua respondió que le parecía horrible. En ese momento le fue aclarado que, aunque no le gustara, era una ley y debía cumplirse y no volvió a hablar del tema hasta la publicación de esta resolución.

El documento tiene solo la firma del subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, expresidente del organismo de la gestión de autopistas de la ciudad de Buenos Aires (AUSA), y encargado del plan de privatización de autopistas nacionales.

“En este documento vuelve a aparecer lo mismo que en esa carilla y media que ya habían publicado: puras generalidades. Da vergüenza ajena y hace pensar que esta gente nunca leyó un plan estratégico, ni el Plan Argentina Innovadora 2020, ni el Plan Bicentenario 2020-2030, ni el Plan Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. No sé si lo escribieron exclusivamente con inteligencia artificial pero hay mucha presencia de eso y poco de trabajo propio. Leés este plan y no sabes qué ideología hay atrás, si es de un país desarrollado o en desarrollo, no hay instituciones, no hay diagnóstico, posición en la política internacional, nada. El plan siempre empieza con un diagnóstico para saber de dónde se parte y después las líneas estratégicas y a partir de eso los instrumentos, los plazos, las metas”, dijo Hurtado.

Este plan tampoco tuvo una presentación formal por parte de los funcionarios, ni siquiera una mención en redes sociales, solo su publicación en el Boletín Oficial. Entre el año 2023 y 2024 la función Ciencia y Técnica del Presupuesto nacional tuvo una caída del 30% y el estimado para este año da una caída del 47%, por lo que hay pocos argumentos para afirmar que este plan estratégico pueda fomentar el desarrollo de alguna de las áreas del conocimiento de las que habla.

“Esto es parecido a lo que pasó cuando (Lino) Barañao fue primero ministro de Macri, y luego degradado a secretario, cuando decía que iban a fortalecer empresas de base tecnológica y el ecosistema empresarial mientras el ministro de Producción implementaba políticas que destruían decenas de miles de pymes. Pero el nivel de destrucción de pymes y capacidades industriales hoy es más acelerado que durante el macrismo. El plan estratégico tiene que ser puesto en función de las políticas, en su contexto. A menos que quieras hacer un plan solo para favorecer a dos o tres empresas amigas, pero eso no es un plan estratégico, es un Estado predatorio patrimonialista, que es lo que está haciendo Genua”, explicó Hurtado.

Y finalizó: “Negar la inversión pública en ciencia y tecnología es negar la posibilidad de que tu país tenga desarrollo económico. También hay que enfocarse en el nivel de los funcionarios: vamos por la segunda generación de funcionarios en todas la áreas en este Gobierno. El segundo presidente del INTA, un tipo que viene del lobby de siembra directa, APRESID, el segundo del INTI, y la segunda presidenta de la Agencia I+D+i, donde la primera renunció porque dijo que no estaba acostumbrada a no hacer nada”.

Matías Alonso

Inteligencia Artificial: la inadecuada gestión de riesgos en América Latina

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La paradoja se repite en toda la región: mientras la innovación avanza con fuerza, la gestión de riesgos queda en segundo plano. Expertos de OCP TECH advierten que las amenazas invisibles de la inteligencia artificial podrían poner en jaque el futuro digital de Latinoamérica si no se cambia el rumbo.

La inteligencia artificial generativa se expande en la región, pero lo hace en medio de contradicciones preocupantes. Un análisis de OCP TECH, basado en estudios de NTT DATA y Kaspersky, mostró que el 86% de las empresas ya usa soluciones de IA, aunque el 81% percibe estas herramientas como una amenaza cada vez mayor por su vínculo con ciberataques potenciados por la propia tecnología.

Este escenario deja en evidencia los riesgos ocultos de la inteligencia artificial, un fenómeno que requiere atención urgente.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial en un crecimiento con bases frágiles

El mercado latinoamericano de inteligencia artificial tuvo un valor de US$ 4.710 millones en 2024 y, según IMARC Group, se proyecta que alcance los US$ 30.200 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual del 22,9 % entre 2025 y 2033.

“El crecimiento es innegable, pero también lo es la fragilidad con la que muchas empresas están adoptando estas tecnologías. Sin una estrategia sólida de gestión de riesgos, existe la alta posibilidad de enfrentar crisis sistémicas que podrían frenar el progreso de toda la región”, advirtió Ricardo Barragán, ingeniero de Preventas en OCP TECH.

Entre los datos más alarmantes de los que habla OCP Tech, se destacan:

  • Solo el 35% de las compañías que adoptan IA tiene protocolos específicos de ciberseguridad (WTW).
  • El 60% carece de sistemas de backups especializados para datos procesados por IA.
  • El 70% del personal que opera estas soluciones nunca recibió capacitación en riesgos de seguridad.
  • Apenas el 25% cuenta con monitoreo en tiempo real para detectar anomalías.

La velocidad en la adopción tecnológica expone así una contradicción de fondo: el avance se consolida sobre bases débiles, lo que potencia las amenazas invisibles de la inteligencia artificial.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial y liderazgo fragmentado en la región

El análisis de OCP TECH también resaltó que los países de la región muestran diferencias marcadas en la manera en que avanzan con la IA.

Perú aparece como líder regulatorio tras convertirse en el primer país en aprobar leyes específicas sobre esta tecnología. Se estima que la inversión en TI con IA se triplicará en 2025, aunque fuera de Lima aún persisten grandes dificultades de infraestructura digital.

  • Colombia figura entre los tres primeros en inversión empresarial en IA, con un 53% de compañías que destinan recursos a la formación de talento, según SAP y la Revista Factor de Éxito. Ecopetrol, por ejemplo, invirtió US$8 millones en proyectos de IA como parte de su estrategia de innovación.
  • Ecuador muestra un rezago importante: el gasto en IA no supera el 1% del presupuesto tecnológico de sus empresas, quedando muy por debajo del promedio regional.
  • Panamá, en cambio, proyecta un crecimiento destacado (CAGR del 26.8% hasta 2025, según IDC), aunque enfrenta una fuerte dependencia del talento extranjero, ya que el 70% de los especialistas proviene del exterior.

Durante el primer trimestre de 2025, en la región se concretaron más de 30 rondas de inversión en IA por un total de US$200 millones, mientras a nivel global el ritmo de acuerdos se desaceleró con 2.101 operaciones. Aun con este contexto, un estudio de EPAM indicó que las compañías planean elevar su inversión en IA un 14% interanual en 2025, lo que refleja un compromiso sostenido pese a las vulnerabilidades.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial en sectores estratégicos

Según NTT DATA, el 72% de las empresas latinoamericanas todavía se encuentra en etapas iniciales de adopción, mientras que más del 43% da sus primeros pasos en implementaciones concretas.

“Hemos documentado casos en los que la adopción apresurada de IA ha generado vulnerabilidades críticas. Una institución financiera en Colombia expuso datos de más de 100.000 clientes por no cifrar adecuadamente su sistema de IA, y una cadena de retail en Perú divulgó información sensible a través de un chatbot mal configurado”, advirtieron especialistas de OCP TECH.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial confirmó estas diferencias: Perú se mantiene firme en lo regulatorio, mientras Ecuador y Panamá obtienen las calificaciones más bajas en políticas específicas.

En paralelo, la OWASP publicó en 2024 el Top 10 de riesgos asociados a los modelos de lenguaje (LLMs). Entre ellos aparecen:

  • Prompt Injection (inyección de instrucciones maliciosas).
  • Data Leakage (filtración de datos sensibles).
  • Model Denial of Service (saturación deliberada de modelos).
  • Overreliance (confianza ciega en los resultados).
  • Insecure Output Handling (manejo inseguro de las respuestas).

“La mayoría de las organizaciones en Latinoamérica aún no cuenta con marcos de seguridad alineados con estas amenazas emergentes. El desconocimiento o subestimación de estos riesgos podría dejar a muchas expuestas a ataques no tradicionales, difíciles de mitigar con herramientas convencionales”, remarcó Barragán.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial y recomendaciones urgentes

Con su experiencia en implementaciones corporativas, Barragán sugirió cinco medidas inmediatas para frenar las amenazas invisibles de la inteligencia artificial:

  1. Diseñar marcos de ciberseguridad específicos para IA antes de avanzar en mayor escala.
  2. Impulsar el desarrollo de talento local con programas universitarios y alianzas público-privadas.
  3. Crear marcos regulatorios armonizados en la región que permitan innovar de forma segura.
  4. Fortalecer la infraestructura digital para procesar grandes volúmenes de datos.
  5. Estimular la colaboración entre gobiernos, empresas y universidades en buenas prácticas.

“Latinoamérica enfrenta una ventana de oportunidad única para posicionarse como líder global en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Pero ese liderazgo solo será posible si equilibramos velocidad con seguridad. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si consolidamos nuestro potencial o dejamos que estas brechas se conviertan en crisis irreversibles”, concluyó el especialista.

La región avanza en innovación y busca consolidar su lugar en el mapa mundial, aunque las amenazas invisibles de la inteligencia artificial marcan el límite entre progreso y vulnerabilidad. El futuro dependerá de cómo se aborden la ciberseguridad, el talento y la regulación.

Tomás Modini

Neuquén quiere cobrar las regalías de petróleo y gas en especie

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó la continuidad del ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, en el nuevo gabinete que presentará en diciembre para encarar sus últimos dos años de gestión. Dijo que buscará darle otra “centralidad”, con un mayor protagonismo para las empresas públicas bajo su órbita como Gas y Petróleo (GyP) e Hidenesa, y lo relevará de las áreas de Ambiente, Recursos Naturales y Recursos Hídricos que hoy tiene bajo su órbita.

Esta readecuación de un ministerio clave para Vaca Muerta y la relación con las operadoras que actúan en la provincia apunta, además, a un objetivo de mediano y largo plazo: profundizar el cobro de regalías en especie, algo que ya se empezó a ensayar con las nuevas concesiones de explotación no convencional (Cench) negociadas por Medele y otorgadas por Figueroa.

“Estamos pensando en la apropiación de la renta petrolera, en apropiarnos también de las regalías, pero en administrar la energía porque la energía va a ser clave para el desarrollo de Neuquén”, adelantó el gobernador.

Apuesta disruptiva

En términos de diseño, la idea que motoriza la gobernación es creativa. Y su ejecución, aun en etapa muy germinal, se presenta como ambiciosa. La provincia es el mayor productor de gas natural y uno de los dos mayores generadores de electricidad. Pero pese a ser el principal pulmón de la oferta energética del país, los hogares, comercios e industrias de Neuquén pagan los mismos precios mayoristas de la electricidad y del gas natural por criterios federales que regulan el Sistema de Interconexión (SADI) y determinan las tarifas eléctricas en todo el país.

La iniciativa que impulsa Figueroa apunta a poner en valor esa condición de ser el mayor proveedor de energía del país y tener acceso al recurso gasífero y al hidroeléctrico.

El cobro en especie de parte de las regalías gasíferas e hidroeléctricas es condición necesaria para edificar la estrategia neuquina, que aguas abajo de esa instancia aspira, por un lado, a potenciar el rol de Gas y Petróleo (GyP), la empresa provincial de hidrocarburos, para que a futuro pueda desempeñarse como trader (comercializador) de energía. Y, por el otro, a robustecer el porfolio de tareas de Hidenesa, viabilizando expansiones por unos 1000 kilómetros (Km) de las redes de distribución de gas, y también de Epen, la empresa estatal de electricidad.

Trader de energía

Fuentes provinciales indicaron que, en el nuevo esquema que diseña la gobernación, GyP, una vehículo societario que Figueroa apunta a reposicionar dinamizando su estructura operativa, que hasta ahora estuvo limitada a ser un socio minoritario no capitalista (en carry) de concesionarios privados de Vaca Muerta, se encargaría de comercializar el gas natural que la provincia reciba en especie (regalía) de parte de las empresas productoras.

Con ese gas se garantizaría, en primer término, el acceso al recurso hidrocarbuífero para ampliar la redes de distribución de Hidenesa, que en el tiempo permitiría también reemplazar el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que hoy se utiliza para cubrir la demanda en varias localidades del interior neuquino. Ese propano y butano (GLP) es mucho más caro que el gas natural (metano), por lo que su consumo debe ser subsidiado por el Estado provincial.

Nueva regulación para ampliar redes

A nivel nacional el Ente Regulador del Gas (Enargas) trabaja en una nueva regulación para incentivar y viabilizar, por primera vez en 20 años, la ampliación de las redes existentes de gas natural.

El Ministerio de Energía de Neuquén está al tanto de la normativa que prepara el organismo que dirige Carlos Casares. “Hay que agilizar los trámites burocráticos para aprobar obras de ampliación en las redes de gas. En las últimas décadas no se logró expandirlas por falta del recurso (porque la producción de gas natural era declinante) y porque las tarifas estaban atrasadas o directamente congeladas. Pero hoy esos dos elementos son parte del pasado: sobra gas natural la mayor parte del año y las tarifas son las que deben ser”, explicaron allegados al Enargas. “Tenemos que lograr que las distribuidoras o subdistribuidoras (como Hidenesa) tengan las condiciones regulatorias y económicas para invertir”, agregaron.

Hacia adelante, la idea de Figueroa es que GyP pueda convertirse en un trader que contribuya a favorecer la radicación de industrias y complejos productivos a partir del suministro de gas y electricidad a precios preferenciales.

Regalías en especie

Figueroa lo puso en estos términos: “Nosotros vamos a un horizonte tanto con las represas hidroeléctricas, como con el gas y el petróleo, donde queremos comenzar en algún momento a cobrar en especie todo. Queremos nosotros ser los jefes de cómo vamos a cobrar eso y poder promocionar algunas actividades dentro de la provincia”, planteó. Y dio como ejemplo el turismo, con determinados cupos de consumo para hoteles, y algunas industrias como los frigoríficos.

“Cuando pegamos estos saltos de regalías (que se cobran sobre la producción, que aumentó fuertemente en los últimos años), nosotros tenemos que ir ya a hacer la infraestructura. Pero una vez que cubramos la infraestructura, eso lo tenemos que cobrar en especie para nosotros apropiarnos y comenzar a trabajar como una empresa, en este caso GyP, para comprar y vender”, afirmó.

El mandatario neuquino ratificó que Hidenesa “va a cumplir otros roles”. “Ya está haciendo gasoductos y distribución en algunos lugares donde no lo hace Camuzzi”, apuntó Figueroa y dijo que “tiene que ser mucho más profesional, tiene que financiar las obras, tiene que cobrarlas” y también “disputar de otra manera el gas de GyP, cómo lo comercializamos con Hidenesa”.

“Hidenesa ya está haciendo gasoductos y distribución en algunos lugares donde no lo hace Camuzzi”, apuntó Figueroa.

Más fondos

La estatal Hidenesa ya empezó un paulatino cambio de perfil desde que se inició la gestión de Figueroa, en 2023.

En diciembre de 2024, recibió un aporte de capital del gobierno provincial de más de 19.000 millones de pesos para el tendido de redes de gasoductos de unos 34 kilómetros para abastecer pueblos del norte de Neuquén como La Ovejas, Los Miches, Guañacos, Los Carrizos y los parajes Lileo y Cayanta. La obra busca beneficiar a unos 1.445 usuarios de esa región del territorio que no tenían acceso al servicio de gas natural. Un tramo ya se inauguró previo al invierno y el último estaría listo a fin de año.
En Los Miches y Las Ovejas había plantas de GLP que ahora serán trasladar para reutilizar parte de la infraestructura en Moquehue y Villa La Angostura.

El objetivo de la gobernación provincial es profundizar el cobro de regalías en especie

En Moquehue, que forma parte del municipio de Villa Pehuenia, una ciudad turística del centro de la provincia, Hidenesa apunta a construir una nueva planta de GLP para abastecer con una red domiciliaria de unos 12.000 metros a 500 usuarios. El gobierno capitalizó nuevamente a la empresa estatal, nuevamente, el mes pasado con un aporte de 4.700 millones de pesos.

En Villa La Angostura, la infraestructura de GLP se reutilizaría para generación de energía eléctrica, se informó sobre el plan.

Un “valorazo” que asumió por el bronce

Como parte de los cambios en el gabinete que formalizará en diciembre, Figueroa reveló que llevará la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales al ministerio de Turismo, así como la subsecretaría de Recursos Hídricos. Hoy todas dependen del ministerio de Energía que, con estas modificaciones, quedaría centralizado con la subsecretaría de Energía e Hidrocarburos más las empresas provinciales como GyP, Hidenesa y Cormine.

Sobre la continuidad de Medele, el gobernador no planteó ninguna duda. Lo definió como un “valorazo” que eligió asumir “por el bronce” un cargo público por primera vez. “¿Cómo podés tener un tipo de un millón de dólares al año en Estados Unidos trabajando acá por el sándwich y la Coca? Tenemos esa suerte”, dijo Figueroa.

Defensa a la suba de regalías

Figueroa volvió a defender las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que negoció como parte del paquete de la Ley Bases porque le permitió a la provincia negociar las nuevas concesiones con un piso más alto de regalías y porque reeditó una suerte de “carry” para GyP, al habilitar su asociación con las operadoras.

“Algunos salieron a decir ‘van a bajar las regalías porque las dejan variables, etcétera’. Todo lo contrarioNosotros ya con YPF, con GeoPark, con todos estamos en el 15%. ¿Cómo hicimos? Vamos con las regalías al 15, pero te vamos a cobrar el 12. Y esa diferencia de tres puntos me la tenés que pagar en obras de infraestructura”, dijo Figueroa, quien sostuvo que la provincia, en esta nueva etapa de Cench “va por más apropiación de la renta petrolera”.

Andrea Durán y Nicolás Gandini

Nucleoeléctrica acuerda con Candu Energy. Prestará servicios de ingeniería en el exterior

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Nucleoeléctrica Argentina y la empresa canadiense Candu Energy, perteneciente al grupo AtkinsRéalis, firmaron un acuerdo con el objetivo de cooperar en la provisión de servicios de ingeniería, asistencia técnica y mantenimiento a centrales nucleares del tipo CANDU en distintos países del mundo.

El Memorando de Entendimiento (MoU) fue suscripto este lunes en la Embajada de Canadá en Buenos Aires por el presidente de Nucleoeléctrica, Demián Reidel, y el CEO de Candu Energy, Gary Rose.

El acuerdo consolida una alianza estratégica que combina la experiencia operativa y técnica de la empresa argentina con la plataforma internacional y la red global de Candu Energy. De esta manera, ambas compañías podrán ofrecer soluciones integradas tanto para plantas actualmente en operación como para futuras centrales CANDU.

Reidel y Rose firmando el acuerdo en la Embajada de Canadá

«El mundo vive un renacimiento nuclear, y Argentina está preparada para ser protagonista en este nuevo capítulo. La firma de este acuerdo con Candu Energy refleja nuestra capacidad para transformar la experiencia y excelencia técnica acumuladas a lo largo de décadas en valor concreto. No se trata solo de vender servicios, sino de proyectar el conocimiento nuclear argentino en el escenario internacional”, destacó Reidel durante el evento.

Reactores CANDU

La tecnología CANDU, desarrollada en Canadá, es un diseño de reactor que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. Este tipo de centrales tiene presencia en Canadá, Corea del Sur, China, Rumania, India y Pakistán, y es
reconocida por su confiabilidad, eficiencia y versatilidad. En Argentina, la Central Nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, es un referente de esta tecnología y una de las plantas CANDU con mejor desempeño a nivel mundial.

Nucleoeléctrica Argentina ejecutó con éxito su proyecto de extensión de vida, uno de los más complejos de su tipo, que permitió asegurar su segundo ciclo de operación.

La experiencia técnica y la capacidad de gestión desarrolladas en Embalse posicionan a la empresa como un socio confiable para proyectos internacionales de renovación, modernización y mantenimiento. Además, Nucleoeléctrica continúa fortaleciendo sus capacidades mediante obras estratégicas como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y la construcción del segundo almacenamiento en seco de combustible gastado, consolidando así su perfil exportador de servicios de ingeniería y operación nuclear.

Este acuerdo representa un paso decisivo en la estrategia de internacionalización de Nucleoeléctrica Argentina y reafirma el potencial de la industria nuclear nacional para aportar soluciones de alto valor tecnológico en un contexto global que demanda energía limpia, segura y confiable.

FAdeA y el futuro de la industria aeroespacial argentina

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En estos días FAdeA vuelve a ser noticia por su situación crítica que anticipa un muy posible cierre a menos de dos años de que cumpla los 100 años de vida. El escenario en torno a la principal industria aeroespacial de la Argentina es sumamente complejo y difícil de resolver, por lo que es necesario hacer un análisis de todo lo que la rodea y de lo que sucede internamente para intentar encontrar posibles soluciones.

El primer punto a tener en cuenta es que hoy el problema va mucho más allá de una empresa que está al borde de desaparecer, ya que su situación refleja el desastroso manejo que por décadas se hizo de la industria aeroespacial en la Argentina. Toda la historia de la fábrica, desde sus comienzos en 1927 como Fábrica Militar de Aviones, fue un reflejo de los vaivenes políticos y económicos de la Argentina, pero, sobre todo, de la falta de un rumbo definido. Así, tuvo épocas de desarrollo y éxito, épocas de uso político y muchas épocas en donde distintos gobiernos plantearon cerrarla, la primera de todas a muy poco de su creación, en la década de 1930. En general siempre careció de una política clara de largo plazo, con directivos que hasta su privatización eran personal militar sin formación en manejo de una empresa aeronáutica y desde su reestatización su directorio fue conformado de manera política, especialmente durante los períodos de gobierno kirchnerista. Así, en una primera etapa sus directores variaron entre aquellos que pensaban que la fábrica solo debía atender a las necesidades de la Fuerza Aérea, quienes pensaron también en la aviación civil y quienes soñaron con exportar sus productos, pero ninguna línea tuvo larga vida, por lo que muchos proyectos que prometían fueron cancelados y otros fueron construidos cuando no tenían un mercado que los vuelva rentables.

Desde su reestatización en diciembre de 2009 la empresa pasó por dos tipos de gestiones según la orientación política del gobierno de turno: Entre ese año y diciembre de 2015 y entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023 los gobiernos kirchneristas pusieron a la cabeza de la empresa a personas sin conocimiento del sector y que se enfocaron en que la empresa tenga como único cliente al estado argentino. La producción fue ínfima, aunque los anuncios fueron muchísimos. Se dilapidaron recursos, se infló la planta de personal con partidarios políticos y la imagen de la empresa cayó en picada, al igual que sus cuentas. Entre 2015 y 2019 la gestión del gobierno de Macri intentó recuperarla y logró sanearla en gran medida, obteniendo contratos, reduciendo el déficit y la planta de personal, dejando una empresa que podía volverse atractiva para posibles inversores, ya que el objetivo era privatizarla. De haberse seguido ese camino, hoy no costaría encontrarle un comprador.

A partir de 2023 la situación fue más compleja, ya que el estado de FAdeA al asumir el gobierno actual era mucho peor, tal como explicamos en este artículo. Volverla rentable se ha vuelto un imposible sin una inversión muy grande para sanear sus cuentas y hacerla eficiente, en un contexto de un estado que a diciembre de 2023 estaba quebrado y con un gobierno que acertadamente no quiere gastar más de lo que recauda. Por otro lado, la Argentina aun no tiene capacidad para adquirir material de defensa en gran escala como para asegurar contratos que justifiquen a alguna industria a producir o ensamblar en el país usando las instalaciones de FAdeA, lo cual la vuelve poco o nada atractiva para posibles compradores.

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¿Tener o no tener industria?

Ante este escenario es preciso hacerse varias preguntas. La primera de ellas es si para la Argentina es positivo tener industria aeroespacial, ante lo cual la respuesta es que hoy todos los países desarrollados la tienen y que, como toda industria tecnológica, es una gran generadora de riqueza para los países, tanto por el retorno directo por cada dólar invertido como por la generación de conocimiento y demanda de mano de obra calificada que repercute de manera directa en todo el desarrollo económico y social. Así, la respuesta a esta pregunta es que hoy la Argentina debería tener una industria aeroespacial desarrollada, tal como posee Brasil. No hay desarrollo posible sin industrias de alto nivel tecnológico.

La segunda pregunta es si debe haber participación estatal o no en dicha industria. En el mundo hay muchos casos de empresas estatales o mixtas exitosas (especialmente en Europa e Israel, además de países comunistas como China) y no solo en el sector aeroespacial, pero la Argentina ha tenido el problema de que las empresas estatales en casi todos los casos (INVAP es la excepción y es una empresa estatal muy exitosa), han sido rehenes de los vaivenes políticos, lo cual hoy se ve en el desastroso estado de la casi totalidad de las empresas estatales argentinas. La experiencia argentina indicaría que conviene que la industria aeroespacial sea privada, pero si el país apunta a no repetir los errores del pasado y hacer las cosas bien, debe tener esto en cuenta a la hora de gestionar sus industrias.

De la misma manera que tras décadas de pésima gestión del gobierno nacional hoy se busca salir adelante con una gestión eficiente, no necesariamente la solución pase por quién es el dueño de la empresa, sino por cómo se gestione. Por eso, el hecho de que FAdeA sea estatal, privada o mixta no es algo fácil de responder y dependerá más bien de cómo se gestione y no tanto de quién sea el dueño de su paquete accionario.

La tercera cuestión tiene que ver con quiénes son sus clientes. Durante las gestiones kirchneristas la empresa solo apuntó a tener como cliente al estado argentino, un cliente cautivo que pagaba sobreprecios para mantener una fábrica que nunca le cumplió los contratos durante esos períodos. El resultado fue que las Fuerzas Armadas de Argentina prefieren no contratarla, lo cual es parte del problema actual, en que la empresa no tiene ningún contrato firmado con las fuerzas. Esta decisión de vender solo al estado argentino fue desastrosa y solo apuntó a la comodidad de sus directivos, que así no tenían que salir al mercado a ganar clientes, lo cual hubiera evidenciado sus serias limitaciones. Sin embargo, cuando entre 2015 y 2019 la empresa salió a buscar negocios, fue consiguiendo clientes y logrando acuerdos que permitieron sanear sus cuentas. El problema actual es que en el estado en que se encuentra la empresa es muy difícil que consiga clientes fuera del estado argentino. Un punto central es que ni FAdeA ni ninguna otra industria aeroespacial o de defensa argentina, sea pública o privada, ha contado con el apoyo de algún banco para otorgar financiación, algo único en el mundo. En todos los países con este tipo de industrias existe una decisión de apoyar a las empresas brindando financiación, en la mayoría de los casos a través de bancos estatales como el BNDES de Brasil o directamente a través del gobierno, como el caso de los programas FMS y FMF del gobierno de Estados Unidos.

También es preciso tener en cuenta que cuando se trata de industrias de defensa o donde la mayor parte de sus productos y servicios se orientan hacia la defensa (como ocurre con FAdeA), los clientes principales serán estados y no particulares, y en la mayoría de los casos, el cliente principal es el estado del país donde está asentada la industria, tal como ocurre en Estados Unidos, Europa y casi todos los demás países con industrias de este tipo.

En el caso de Estados Unidos, toda la industria de defensa es privada, pero depende casi exclusivamente de los contratos del gobierno estadounidense (hay que tener en cuenta que las exportaciones siempre se hacen por programas como FMS y FMF donde es el gobierno estadounidense quien compra y luego vende a los operadores extranjeros). Sin un estado comprador, no hay industria posible.

En el caso de la Argentina hoy tenemos un estado que busca recuperarse del desastre económico, lo que vuelve muy difícil que sea un comprador de material de defensa producido localmente al punto de sostener de manera eficiente a empresas como FAdeA. Sin embargo, no solo FAdeA, sino todo el conglomerado de industria aeroespacial y de defensa dependerá siempre en gran parte de las compras que les haga la nación. Hay que tener en cuenta que cuando el estado importa productos de defensa en muchos casos también le está comprando a empresas estatales o mixtas, solo que de otros países, como es el caso de los OPV comprados a Naval Group (consorcio donde el estado francés es dueño del 62,25 % de las acciones).

Un cuarto punto a tener en cuenta es que hoy FAdeA es la única empresa que puede darle sostén a la flota de IA-63 Pampa, por ser su fabricante, y el único taller habilitado en el país para hacer el mantenimiento mayor de la flota de C-130 Hercules, la cual ya está en una situación crítica debido a la falta de contratos de mantenimiento y pueden haber problemas muy grandes en la próxima campaña antártica, que está por comenzar.

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¿Qué hacer?

Como se puede apreciar, el escenario es muy complejo. Cerrar FAdeA, lo cual es alentado por varios sectores, implicaría que haya que buscar un reemplazo a los Pampa y contratar el mantenimiento de Hercules en el exterior, con el incremento de costos y la pérdida de capacidades e independencia, además de un impacto directo en la operatividad de la Fuerza Aérea Argentina. El costo de hacerlo compensaría lo que se deja de perder por una FAdeA ineficiente. En otras palabras, cambiaría poco en la cuenta final que paga el estado.

Transferir las capacidades de mantenimiento a la Fuerza Aérea Argentina y liquidar el resto, algo que se ha planteado, no implicaría reducir todos los costos, sino trasladar gran parte de ellos de una institución a otra, con la desventaja de que no se podrían ofrecer esos servicios a terceros para generar ingresos y ser más eficientes en el uso de la mano de obra. Un ejemplo a tomar en cuenta es el de Suiza, que siguió el camino contrario: al ver que los talleres de mantenimiento de sus Fuerzas Armadas tenían capacidad ociosa, crearon una empresa, RUAG, que pasó a gestionar esos talleres y así ofrecer esa capacidad a terceros, reduciendo considerablemente el costo del mantenimiento de sus Fuerzas Armadas al hacer más eficiente el uso de los recursos.

Privatizarla es una opción, pero no en el escenario actual. Para que una empresa tenga interés en comprar FAdeA ésta debería ser atractiva, para lo cual debe cumplir al menos una de estas dos condiciones: que el estado argentino contrate productos o servicios al comprador de FAdeA en un volumen que le justifiquen la inversión. O que los costos productivos de la Argentina la conviertan en un país competitivo para producir para terceros países.

En el primer caso, dependería de una decisión política de aumentar considerablemente la inversión en defensa en el corto plazo y priorizar la participación de la industria local en los contratos (hay que tener en cuenta que hoy la mayor parte de los países pone como condición en sus contratos de compra de equipamiento de defensa que haya participación local de algún tipo y/o transferencia de tecnología). En el segundo caso, la Argentina hoy todavía está lejos de tener ventajas competitivas en este segmento, ya que tiene costos de producción más altos que el resto y una historia de volatilidad que hacen que el riesgo sea aún considerado alto. Así, no hay nada que genere interés en comprar FAdeA.

Esperar que FAdeA salga adelante sola sin ningún apoyo del estado, consiguiendo ganancias del sector privado mientras ofrece productos sin financiación es también un imposible porque la empresa ni siquiera tiene fondos para salir a vender. Tampoco tiene un área comercial con experiencia en exportaciones y, si bien tiene ingresos por producción y servicios a otros clientes fuera del estado argentino (la producción para Embraer y el mantenimiento de aviones comerciales), no llegan siquiera a cubrir los costos de funcionamiento.

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Soluciones

Un primer paso debería ser determinar una política de industria aeroespacial e industria de defensa para la Argentina, definiendo objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo, con metas realistas y con el apoyo que sea necesario desde los distintos organismos del estado, como el Ministerio de Defensa, Cancillería, bancos, etc., con el objetivo de que el sector sea un generador de riqueza y desarrollo tecnológico para la Argentina. Dentro de ese plan debería tenerse en cuenta un proceso para que el peso del sector privado sea cada vez mayor y se vaya reduciendo o eliminando la participación del estado como accionista, aunque la experiencia global indica que el estado siempre tendrá un rol relevante en este tipo de industrias, sea como comprador, financiando o directamente produciendo.

Dentro de esta idea, una alternativa puede ser convertir a la planta de FAdeA en un polo de la industria aeroespacial argentina, cediendo parte de sus instalaciones a otras empresas del sector para trabajar de manera integrada, lo cual inmediatamente impactaría en una reducción de costos de la empresa para empezar a eliminar el déficit. Este esquema puede incluir la venta de acciones de FAdeA a dichas empresas y eventualmente convertirla en un consorcio de la industria aeronáutica, donde el estado mantenga solo una parte del paquete accionario o se desprenda de todas sus acciones.

A la vez, buscar una mayor eficiencia en la estructura restante, firmar los contratos de mantenimiento y servicios que están pendientes con las Fuerzas Armadas y apoyarla para que salga a buscar clientes en el exterior, para lo cual va a necesitar apoyo de bancos para poder ofrecer financiación. Aunque se deben buscar cada vez más clientes externos, es fundamental que el estado siga siendo cliente, ya que es lo que le da confianza a otros posibles clientes de que la empresa va a seguir existiendo y le brinda cierta estabilidad, tal como ocurre con casi todas las grandes empresas de defensa del mundo.

Es fundamental organizar un directorio compuesto por personal con experiencia en gestión de industrias aeroespaciales, para lo que muy posiblemente haya que contratar ejecutivos en el exterior, ya que en la Argentina hay muy poca experiencia exitosa gestionando este tipo de empresas. A la vez, se debe determinar que la presidencia de la empresa no sea política, sino que sean personas con amplia experiencia en el área y se garantice continuidad a lo largo de los años, tal como ocurre en el caso de INVAP.

En producción, debe trabajar en ampliar la participación en programas como el KC-390, produciendo piezas y componentes para terceros en lugar de aviones enteros (aunque podría mantener la producción de lo que ya existe, como el Pampa y el IA-100), ya que le permitiría una mayor eficiencia en la línea de producción, apuntando a producir en cantidad para empresas que ya tienen líneas de producción con alta demanda. A la vez, se encargaría de hacer contratos con menos clientes (otras industrias en lugar de operadores) y resolviendo el problema del mal apoyo postventa que siempre ha dado la fábrica. Un ejemplo de esto es el caso de OGMA en Portugal, que produce componentes para industrias como Airbus, Embraer, Leonardo y otras, lo que le permite enfocarse en un área determinada de la producción en la que es eficiente y tener un flujo de trabajo mayor que si intentara competir en el mercado con productos propios.

Con una empresa más eficiente, sería más atractiva para vender el resto del paquete accionario a inversores extranjeros, terminando el proceso y contando con una industria aeroespacial productiva, eficiente e innovadora. Todos estos procesos son complejos y pueden demandar tiempo y mucho trabajo, pero son la mejor solución a largo plazo para que la industria aeroespacial apoye al desarrollo nacional.

Santiago Rivas

Ley de Glaciares: Milei quiere desnacionalizarla, para destrabar inversiones mineras

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El presidente Javier Milei anticipó este jueves que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar en sesiones extraordinarias la Ley de Glaciares y que sea cada provincia la que determine cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. El objetivo oficial es destrabar una serie de inversiones, fundamentalmente en grandes proyectos de cobre.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.

El gobierno viene desde hace tiempo evaluando distintas opciones para modificar la Ley de Glaciares. Una de las alternativas que estuvo en carpeta fue introducir cambios por decreto, pero finalmente la idea fue descartada por temor a que fuera bloqueado por la Justicia.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar», sostuvo Milei.

La opción de un proyecto de ley cotizaba en baja, pero luego del triunfo electoral de octubre, el gobierno apuesta a destrabar las inversiones con un mayor número de legisladores propios y el apoyo de las jurisdicciones mineras.

De hecho, las provincias mineras son las que más vienen presionando para que se modifique la ley de Glaciares. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se juntó esta semana con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y le aseguró que la legislación actual constituye un freno para el desarrollo de proyectos mineros como El Pachón y Vicuña.

Lo mismo había señalado el mes pasado el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola. “Hay una ley de Glaciares que no solo protege glaciares, que protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Si eso no se modifica, lo que va a pasar es que nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales”, sostuvo Milei, quien reveló que la idea se la acercó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo

Qué dice la ley

La ley 26.639 de 2010 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, la norma no es clara en lo que respecta a la definición de las zonas periglaciares.

El artículo 2 de la ley dice que “se entiende por ambiente periglaciar en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Identificar esos suelos requiere criterios científicos que la ley no detalla.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos para identificar en el terreno aquello que la ley manda proteger y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y caracteriza glaciares y geoformas periglaciales.

Ese inventario ha recibido varias objeciones por parte de organizaciones ambientalistas porque afirman que el inventario no incluye glaciares de menos de una hectárea. Al mismo tiempo, las empresas afirman que el inventario obstaculiza sus proyectos y buscan que se revise la interpretación técnica de dónde hay glaciares o periglaciares protegidos.

Centralismo o federalismo ambiental

El debate sobre la Ley de Glaciares estuvo atravesado desde su inicio por la dictomía federalización/centralización que ahora resurge de la mano del proyecto que enviará el gobierno al Congreso.

Las organizaciones ambientalistas defendieron la necesidad de que el inventario de zonas glaciares y periglaciares fuera realizado solo por el IANIGLIA porque aquellas áreas trascendían los límites políticos-administrativos y era indispensable utilizar una metodología uniforme a lo largo de toda la Cordillera de los Andes.

Además, cuestionaban que las auditorías ambientales fuesen realizadas por autoridades provinciales ya que con este instrumento se podía llegar a demorar la efectiva implementación de la Ley de Glaciares, como había sucedido en algunas jurisdicciones con la Ley de Bosques Nativos.

Por el contrario, los gobernadores de las provincias mineras plantearon que las instituciones provinciales debían participar en la elaboración del inventario y de las auditorías. Estos actores sostenían que como los recursos naturales son dominio de las provincias.

Como recuerda la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Laura Isla Raffaele, en un paper donde repasa las discusiones y controversias sobre el federalismo ambiental que motivó la ley de Glaciares, los mandatarios de ocho provincias cordilleranas (Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz) firmaron incluso un documento en el cual se comprometieron a impulsar legislaciones provinciales sobre glaciares, como una forma de rechazo a las discusiones parlamentarias a nivel nacional

En cumplimiento de ese acuerdo, Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz sancionaron leyes de protección de glaciares, cuyo objetivo fue reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales y la potestad de decidir sobre el desarrollo de la megaminería.

La disputa incluso llegó a judicializarse hasta que en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez jurídica de la norma y determinó que las autoridades nacionales y provinciales debían arbitrar los medios necesarios para potenciar su cumplimiento. Sin embargo, el tema nunca terminó de resolverse y ahora el debate se reabre.

Fernando Krakowiak

En defensa de la producción local de alimentos

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50 de las 51 políticas alimentarias que implementó el Gobierno desde que asumió van, paradójicamente, en contra de la producción local de alimentos. Así lo detalla un relevamiento elaborado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA). Uno de los ejemplos más significativos fue la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), del que fueron despedidos la mayoría de sus trabajadores.

A eso se le suman los despidos y la reducción de personal y presupuestaria que viene sufriendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la eliminación de programas destinados a ese sector que el instituto venía desarrollando desde hacía más de 30 años. Uno de ellos fue el ProHuerta, que fue discontinuado en abril de 2024, a pesar de que era un programa de referencia a nivel internacional. Un caso similar fue el de Cambio Rural, que jugaba un rol clave para los pequeños establecimientos productivos en todo el país pero fue cerrado en octubre de ese mismo año.

“Durante el año pasado, ya habíamos perdido el 10% de la planta del INTA, alrededor de 300 compañeros se fueron de la institución”, cuestiona Sebastián Fajardo, delegado de ATE en INTA AMBA, y agrega que, en febrero de este año, el Consejo Directivo del instituto votó a favor del cierre de la Agencia Experimental del AMBA, con sus nueve agencias de extensión. “Sería la primera vez en los 70 años de historia del INTA que se cierra una experimental”, destaca Fajardo, y advierte que eso no solo afectará al personal de la institución, sino también a decenas de familias productoras que perderán el acompañamiento y la asistencia que los profesionales y técnicos del INTA les ofrecen desde hace décadas. Además, agrega que la dinámica de ajuste fue “muchísimo mayor” desde que asumió el nuevo presidente en el INTA (que es designado por el Gobierno nacional), Nicolás Bronzovich.

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país.

Por todo eso, a fines de octubre, trabajadores del INTA junto a organizaciones de productores del cordón hortícola de la zona del Gran La Plata, Berazategui, Florencio Varela y alrededores realizaron un festival en la ciudad de La Plata, para visibilizar sus preocupaciones y defender no solo sus fuentes de trabajo y el futuro de la institución, sino también el de las unidades productivas de la zona.

“¿Cómo no apoyar al INTA en la situación que está pasando, si para nosotros es una parte principal, nos aporta tecnología y el trabajo de ingenieros que estudiaron y vuelcan su experiencia en nuestros campos, con análisis de agua, de suelo y de nuestros productos?”, se pregunta Luis Pérez, uno de los productores de la Asociación 1610, de Florencio Varela, que en 2009 comenzó a producir de manera agroecológica y trabaja con el INTA desde entonces.

Ahora, Pérez sostiene que no solo carecen de la asistencia que recibían por parte de los técnicos del INTA: también deben afrontar otras dificultades en la producción y comercialización de sus productos, y eso también impacta en toda una cadena que incluye a quienes producen o comercializan los insumos que ellos necesitan, como maderas y otros materiales que ya no pueden reponer debido a la crisis que están atravesando.

“Los productores de la región son principalmente arrendatarios: con costos de alquileres encarecidos, costos fijos altos, problemas comerciales y dependencia de insumos externos dolarizados, es muy difícil sostenerse. Muchos productores están endeudados y cuando ya no sostienen el endeudamiento, se terminan yendo”, advierte Camila Gómez, coordinadora del Proyecto Regional de Ambiente y jefa de la Agencia de Extensión La Plata (recientemente cerrada). Gómez afirma que muchos ya se han ido hacia zonas con más disponibilidad de tierras, en las que el valor de los alquileres no es tan alto, como Magdalena o Brandsen, pero muchos otros directamente no están más porque se dedican a otra cosa, hacen changas o vuelven a sus países de origen.

La especialista agrega que muchas de las personas del INTA que trabajaban en las nueve estaciones experimentales que dependía de la experimental de AMBA fueron trasladadas al Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), donde los objetivos de trabajo son diferentes, lo que les dificulta continuar con sus líneas de trabajo previas. Esto se traduce en un debilitamiento con el vínculo con los productores, a los que, por ejemplo, ya no pueden seguir visitando con la misma regularidad que antes.

“Hay una desvalorización hacia el trabajo destinado a la agricultura familiar en general, no solo en esta región, sino dentro del INTA en general”, cuestiona Gómez, y agrega que desde las agencias de extensión no solo asesoraban a las familias productoras sobre productos y formas de producción más sustentables, sino que también les proveían semillas producidas por el INTA y otros materiales “más versátiles, con menos exigencias de incorporación de insumos externos”, para cultivos como tomate, pimiento y zanahoria. Además, ayudaron con la inclusión de papas y otras hortalizas denominadas pesadas, para diversificar sus producciones.

Durante el festival hubo feria de producciones locales, talleres y debate sobre la preocupante situación del sector y el rol del Estado en las políticas agroalimentarias.

“También trabajamos mucho, desde la Agencia de La Plata, en la reparación de suelos”, explica Gómez. “Tratamos de trabajar todas estas cuestiones con los productores y las organizaciones, promoviendo prácticas más sustentables y amigables con el ambiente”, agrega. Por ejemplo, menciona procesos como incorporar materia orgánica vegetal, triturar los restos de cultivos e incorporarlos, compostar con restos de cultivo y promover la biofumigación.

La especialista dice que desde la experimental del INTA también estaban trabajando en otras problemáticas sociales, como las que genera el avance de la urbanización sobre zonas más rurales, que terminan rodeadas de grandes barrios cerrados.

“Nos trasladamos cuidando nuestros lugares de trabajo pero seguimos reivindicando que no se cierra la Experimental, así como las tareas que veníamos teniendo en el territorio desde las distintas agencias de extensión, porque si no lo hace el INTA, es una zona vacía”, coincide Fajardo, que trabaja desde hace años con productores de la ciudad de La Plata, y subraya que “esto afecta al cinturón hortícola más importante del país y a un montón de producciones de alimentos frescos que abastecen no solo a la Capital Federal, sino también a muchas ciudades del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada del país”.

Soberanía alimentaria

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país. Así como se visualizó esta situación durante el festival del INTA, tras el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que fue el 16 de octubre, también se realizaron diversas manifestaciones y eventos para seguir defendiendo el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, y los riesgos que corre hoy este sector.

Ese mismo día, investigadores y especialistas de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) presentaron el último Informe Anual de Soberanía Alimentaria, con indicadores y datos sobre el sector. Además, se refirieron a la relevancia de la lactancia materna como primer alimento, cuestionaron el modelo agroindustrial hegemónico, advirtieron sobre la concentración en la distribución de productos y recordaron que la alimentación es un derecho constitucional en el país desde 1994, cuyo acceso debe ser garantizado.

Al día siguiente, las organizaciones de productores se manifestaron en Plaza de Mayo. Estos colectivos, nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina, realizaron lo que denominaron un «alimentazo» frente a la Casa Rosada, para mostrar la crítica realidad que viven productores campesinos y cooperativos en todo el país.

Vanina Lombardi

Paolo Rocca pide una “política industrial” para la Argentina

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Reformas, apertura racional y política industrial fueron los temas de la conversación que mantuvo el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). El empresario aportó su mirada sobre la agenda que impulsa el presidente Javier Milei y las oportunidades del sector productivo.

En cada una de sus apariciones públicas, Rocca habla de política industrial. “El hecho de que se haya desprestigiado este concepto por los abusos, la falta de transparencia y la intervención no le quita valor ni relevancia“, sostuvo.

El empresario reconoció el reordenamiento de la economía a cargo de la gestión de Milei, pero también planteó que quedan cosas por hacer: “Debemos hacer política monetaria e industrial“. De hecho, Rocca se manifestó en contra de que el desarrollo de la Argentina dependa solo de una cadena de valor porque “eso no alcanza”.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno

En consecuencia, introdujo la idea de decisiones sectoriales. En palabras de Rocca esto equivale a “entender en qué cadena de valor aceptamos un rol distinto y a cuál apoyamos y cuidamos”.

El empresario destacó que el sistema impositivo es una de las principales trabas para el sector productivo. “La industria necesita reducir la carga impositiva, reducir la informalidad laboral, ampliar las bases de recaudación con equilibrio fiscal y distribuyendo el peso del Estado”, señaló, al tiempo que cuestionó la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal.

“Nuestra empresa tiene un 4% o 5% de impuesto a la exportación industrial. No hay que desalentar la exportación”, afirmó Rocca.

En ese sentido, consideró que una reforma tributaria debería tomar como referencia modelos que diferencian los impuestos sobre utilidades distribuidas y reinvertidas. “Los tres principios —reducir la informalidad, favorecer la inversión y no obstaculizar las exportaciones— son elementos de orientación de una reforma”, sintetizó.

A su vez, Rocca no le escapó en sus comentarios a la reforma laboral como otro eje prioritario. “El tema laboral es la segunda reforma importante, y en el corazón de esto está la reducción de la informalidad”, sostuvo. “Una reforma laboral debería apuntar a reducir la informalidad, reducir la litigiosidad y permitir la flexibilidad que aumente la productividad”, añadió, y remarcó la necesidad de “construir consenso y una posibilidad de transformación positiva”.

Además, fuera de agenda planteó la necesidad de una reforma educativa que permita mejorar los resultados del sistema. Este es otro de los temas que el empresario suele repetir en sus discursos. “Hace falta una reforma educativa: en 1994 se provincializó, tenemos 9 millones de alumnos y 800.000 docentes; gran parte de esto está en manos de las provincias”, dijo. Acto seguido, propuso “poner al Estado en control de contenidos, evaluación y performance, para que no quede fragmentado”.

Por último, consideró que el desarrollo de la infraestructura y la logística es clave para la competitividad industrial. “La empresa para ser competitiva necesita logística, un tema muy relevante para la transformación”, aseguró.

Ignacio Grimaldi

«Acuerdo comercial» ¿qué exige EE.UU. en servicios digitales y transferencias de datos?

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La Casa Blanca anunció que nuestro país concretará un acuerdo con los Estados Unidos en materia de comercio e inversión. El texto inicial detalla, en el apartado “Comercio digital”, que “Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos mediante el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales, y a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas para su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense”.

Aunque el texto no tiene validez de ley, y es apenas una declaración de intenciones, insiste sobre algunos puntos relacionados con el mundo digital que llamaron la atención de los expertos locales.

Traspaso de datos personales

Aunque aún falta que se redacte el texto final y la letra chica, varios especialistas y abogados ofrecen su visión sobre cómo afectará a nuestros datos personales este acuerdo, y el valor que tienen y tendrán, sobre todo si son datos íntimos que compartimos sin saberlo (o sin tenerlo en cuenta).

Algunos aseguran que mejorará la operatoria diaria de las compañías y no afectará a los usuarios finales; mientras otros advierten que podría poner en peligro nuestra intimidad. Entre estos últimos se encuentra Javier Pallero, especialista en políticas públicas de la tecnología. “El texto que se ha publicado sobre datos personales implica que Argentina no podrá aplicar controles más estrictos sobre cómo se manejan los datos de argentinos al usar aplicaciones de empresas estadounidenses -analiza-. Hoy la ley que rige en Argentina tiene algunos aspectos más proteccionistas que los que se usan en los Estados Unidos. Esto se hace para facilitar la operatoria de empresas estadounidenses y de su gestión de los datos personales, a contramano de otras tendencias regulatorias como la europea, que son más estrictas, y hacia los cuales la Argentina iba orientándose a través de convenios y proyectos de reforma”.

David Mielnik, abogado especializado en tecnología y en la aplicación de IA al Derecho, explica que este apartado del texto del acuerdo se relaciona con nuestra ley de proyección de datos personales, que es la ley 25.326. “Es relativamente vieja porque data del año 2000 y no contempla los desarrollos tecnológicos de los últimos años. Pero en el artículo 12 prohíbe la transferencia transnacional de datos personales a países que no ofrezcan adecuadas garantías de su protección. Entonces, con este acuerdo, Argentina reconocería expresamente que los Estados Unidos es un país que ofrece garantías adecuadas de protección. Esto facilita la adopción de software, en particular de inteligencia artificial, que por su propia naturaleza maneja datos. En otras palabras, facilitaría la adopción de tecnologías donde el procesamiento ocurre en los Estados Unidos y lo colocaría en lugar de preferencia, en relación con otros países como China”, analiza.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es quien determina qué países ofrecen las garantías de protección de datos personales adecuadas. “Con este acuerdo ya no sería necesario tomar esa decisión respecto de Estados Unidos”, explica Mielnik.

Definir los detalles

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre (una ONG dedicada a gobierno digital y derecho en línea) ve con preocupación los detalles de este acuerdo marco. “Nos preocupan dos grandes campos: la propiedad intelectual y el comercio electrónico. La agenda de comercio electrónico, sobre todo la cuestión del tráfico transfronterizo de datos y el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada en términos de la ley argentina es un problema muy grave, especialmente por el hecho de que EE.UU. no tiene a nivel federal una ley de protección de datos que garantice el mismo marco de derechos que tenemos los ciudadanos argentinos sobre nuestros datos personales”, señala.

Aunque reconoce que tenemos una ley “viejita”, destaca que está basada en el marco legal de Europa, que es muy garantista de los derechos de protección de datos. “Hoy gracias a esta ley tenemos plenas capacidades sobre nuestros datos personales. El problema de nuestro país que tiene que ver con la baja capacidad de observancia de la ley y la falta de una cultura de protección de datos, pero un acuerdo de esta naturaleza con Estados Unidos no va a mejorar de ninguna manera los derechos de los argentinos sobre sus datos, sino que va a debilitar todavía más los magros resguardos que tenemos sobre ellos”, agrega Busaniche.

Para esta experta, será necesario tener una gran espalda financiera para poder litigar con una empresa estadounidense en territorio norteamericano sobre gestión de datos de un argentino, que es lo que habilita a priori el texto del acuerdo.

Visión positiva

Desde el otro lado, Pablo Palazzi, abogado, director del Centro de Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés y socio estudio Allende & Brea, considera que el acuerdo es muy positivo para el país y su economía. “Aunque hay que ver la letra chica una vez que se implemente en materia de datos personales, Argentina hace un cuarto de siglo que sigue el sistema europeo; además, fue el primer país de la región en ser considerado adecuado, es decir que se permite la transferencia de datos de la Unión Europa a Argentina. Mientras que el modelo norteamericano se focaliza más en la innovación y la tecnología, y menos en la regulación. En otras palabras, permite hacer más cosas con los datos personales, incluida la IA sin ningún límite. En cambio, en Europa ponen más límites. Con este acuerdo los datos van a fluir más fácil entre Argentina y Estados Unidos, sin tener que implementar otras medidas legales”, señala.

Según Palazzi, esto facilitará el comercio electrónico y ayudará a que haya más socios comerciales de ambas naciones. “Un tema a analizar a futuro es que los Estados Unidos es un país federal, y solo 20 estados de 50 tienen leyes generales de privacidad. Por lo tanto, hay que ver a dónde van los datos”, resalta.

Para Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en tecnología, no hay conflicto entre las leyes locales y este acuerdo, ni con lo que establece sobre la transferencia de datos. “Cuando aceptamos el uso de cualquier servicio como Uber, Spotify, Netflix, por poner algunos ejemplos, estamos cediendo datos personales con consentimiento, porque aceptamos el uso de la política de privacidad. Para los usuarios individuales, en materia de datos personales, no significará ningún cambio. Las empresas deberán adaptar o incluir una condición en su contrato, como que ‘cualquier conflicto derivado de datos personales se podrá solucionar con la jurisdicción de Estados Unidos’. De hecho, Facebook, por ejemplo, tiene jurisdicción para los no residentes en Estados Unidos y Canadá, en Irlanda. Así que es exactamente lo mismo. En la práctica no veo ningún tipo de conflicto”, dice.

Opiniones cruzadas

Sobre la aceptación del uso de datos personales que hoy damos al utilizar redes sociales y servicios de empresas estadounidenses, Busaniche considera que “cuando se habla de asimilar jurisdicción en términos de adecuación, hay un montón de otros datos personales que van a empezar a fluir, que hoy no necesariamente están fluyendo, al menos legalmente, y con este marco se los va a habilitar. Hay mucha información personal que no es la que se otorga cuando se usan las redes sociales, como los datos bancarios, de salud, de compañías de seguro, por dar algunos ejemplos. Esa no es información que circula internacionalmente y no hemos avalado que ahora lo haga. La sensibilidad del asunto está en todos los otros datos que componen la economía hoy, de lo cual se extrae valor económico y que con una armonización de este tipo pueden fluir sin que los ciudadanos argentinos tengamos el control”, argumenta.

Para Martínez Fazzalari, en cambio, ya circula mucha de esta información, incluso en el marco de la ley contra lavado de dinero. “La información fluye. Por lo general, las personas dan sus datos personales si una compañía del exterior les presta un servicio. A mí, por ejemplo, no me importa que sepan si estoy asegurado o brindar los datos que me piden. El conflicto existe cuando afecta un derecho como puede ser la venta de esos datos, pero hoy eso ya ocurre. Cuando buscamos algo en Instagram a los pocos minutos vemos publicidades de ese producto. Hoy ya se comparten datos. Los organismos bilaterales específicos comparten datos, obviamente en investigaciones o por un tema de seguridad o ciberseguridad, pero los comparten”, opina.

Según Martínez Fazzalari, el sistema que usamos hoy se llama autorregulación de servicios: “la empresa que te presta cualquier tipo de servicio establece términos y condiciones para el uso de su aplicación y vos aceptás o no. Esto es lo que se está usando hace años en todas las plataformas y funciona. Es cierto que hay conflicto y que hay prácticas desleales, pero en términos generales el sistema funciona”.

Lo que deberá definirse en la letra chica del acuerdo (cuya implementación todavía no tiene fecha fija) es cuál es el alcance de ese flujo de datos de usuarios argentinos de servicios estadounidenses, si será bidireccional, y qué potestad tendrán el Estado, las empresas y los ciudadanos argentinos a la hora de reclamar ante un eventual problema.

Cintia Perazo