La expectativa por los proyectos mineros en la Argentina no conoce de partidos políticos. Tanto los funcionarios del gobierno liberal de Javier Milei, como los gobernadores radicales y peronistas de San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, están activos hablando con las empresas internacionales para atraer inversiones en el país. Los recursos naturales están, sobre todo en cobre y litio, pero para que se desarrollen en su máximo potencial todavía falta que el país genere confianza de largo plazo, invierta en infraestructura y baje los costos de capital para hacer más competitivos los proyectos mineros, según indicaron actores de la industria.
Estos temas se debatieron esta semana en una conferencia sobre transición energética organizada por el Wilson Center, en Buenos Aires, que contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley. “La Argentina es líder en recursos energéticos que el mundo necesita”, dijo.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) proyectó que para 2030 se va a necesitar el triple de los minerales críticos que se producen hoy. En la industria señalan que la situación del cobre y el litio es la que tenía Vaca Muerta 10 años atrás.
“Hay una conjunción de factores que permiten tener mucho optimismo por el presente y el futuro de la minería en la Argentina, que en general ha vivido de espaldas a este sector. Esto está cambiando y en buena medida tiene que ver con la transición energética. Para llegar a un mundo más limpio se requiere litio y cobre. La minería dejó de ser sinónimo de extractivismo negativo y más bien es una oportunidad de ir hacia un ambiente más sano, porque nos permite electrificar”, dijo el secretario de Minería, Luis Lucero.
En materia de cobre, la Argentina dejó de producir ese mineral en 2018, cuando cesó su actividad Bajo la Alumbrera, pero hay otros proyectos en carpeta próximos a empezar su desarrollo, como Taca Taca, en Salta; Mara, en Catamarca, o Josemaría, en San Juan.
Benjamin Gedan, director del Latin America Program del Wilson Center; Luis Lucero, secretario de Minería, y Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en Anglo American Chile
Distinta es la situación en litio, donde si bien se derrumbó el precio de la tonelada de US$80.000 a US$20.000 en el último año, hay cuatro proyectos en producción. El principal es Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operada por Lithium Argentina, listada en Toronto y Nueva York, en sociedad con la china Ganfeng y la provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. La producción comenzó en 2023, luego de una inversión de US$1000 millones, y la mina tiene una capacidad para generar 40.000 toneladas anuales, con una vida útil de más de 40 años.
Si bien Lithium Argentina tiene otro proyecto en Salta, Pastos Grandes, todavía está en estado de factibilidad, donde las inversiones están ralentizadas por la baja del precio del litio. “Solo aquellos proyectos que hoy están en construcción o en operación puedan mantenerse atractivos. La expectativa a medida de los plazos es que todos estos proyectos puedan ponerse en construcción, pero no va a ser algo tan sencillo como muchos pensábamos cuando los precios eran muy superiores”, dijo Ignacio Celorrio, vicepresidente de la empresa.
Ignacio Celorrio, vicepresidente ejecutivo de Lithium Argentina
“Lo que importa en este mercado no es tanto la ganancia que se va a tener inmediatamente, sino si uno es confiable como productor en un mercado que se va incrementando a largo plazo. Ese es el secreto para la Argentina: poder producir en calidad, con constancia y poder ir ocupando mercados que, si no, otros los van a ocupar. Una de las razones por las cuales hubo sobre oferta de litio también es que antes la producción venía de Australia, China, uno poco de Estados Unidos y nada más. Pero en los últimos dos o tres años, empezó a producir África y Brasil. No es que el litio sea tan difícil de encontrar, sino que hay que saber producir de manera eficiente y en una calidad de constancia. Aunque el litio incremente el precio, no va a volver a valores excesivamente altos porque esta corrección va a volver de nuevo”, analizó el ejecutivo.
Martín Pérez de Solay, ex CEO de Allkem, la empresa australiana que se fusionó con la estadounidense Livent para crear Arcadium Lithium, recientemente adquirida por Rio Tinto, se refirió a la importancia estratégica que tiene el cobre en la Argentina. “Hay dos vectores de crecimiento global que hoy no podemos negar. Uno es que la cantidad de energía per cápita continúa en aumento en la medida que tenemos más inteligencia artificial. En la medida que tengamos mayor cantidad de aparatos en nuestras manos, vamos a necesitar más energía. La segunda parte es que la manera más eficiente de transformar la energía en algo más es a través de la electricidad. El cobre es la mejor manera de restaurar la última milla energética. El mundo va a necesitar muchísimo más cobre y la Argentina tiene un montón de proyectos a explorar”, señaló.
El actual profesor del ITBA remarca que un proyecto de cobre demanda una inversión inicial de entre US$3000 y US$5000 millones, y advierte que la ventana de oportunidad es relativamente corta. “El problema del cobre lo vamos a ver de aquí a cinco años. No hay proyectos muy grandes de cobre en el mundo iniciando operaciones. Casi todo lo que hay son extensiones de vida de proyectos existentes que de por sí tienen plazos de vida relativamente cortos. Entonces hay una ventana de oportunidad muy grande y sería una pena que la dejen de pasar”, agregó.
Por su parte, Juan Pablo Schaeffer, director de la minera Anglo American en Chile, contó las condiciones que generó el país limítrofe para volverse hoy un referente de la industria minera. “Se requiere de mucha estabilidad, mucho trabajo coordinado con las autoridades y una licencia social que permita dar viabilidad social en el proyecto. Eso tiene que ver no solamente con cómo vamos compensando los impactos ambientales y sociales, sino cómo generamos valor”, dijo.
“Chile también estableció un régimen similar al RIGI, el Decreto Ley (DL) 600, que también daba estabilidad tributaria y regulatoria de desarrollo del proyecto. Eso es clave para estas inversiones que son de muy largo plazo. En Chile tenemos la mina Los Bronces, que comenzó su explotación en 1867, y hoy la operamos muy cerca de Santiago. Son inversiones que realmente requieren un compromiso extraordinario. Y eso ha ayudado mucho, y eso hubo continuidad más allá de quien gobierna”, agregó.
Finalmente, el secretario de Minería también hizo hincapié en otros minerales que tiene la Argentina, como el oro y la plata. “El otro gran desafío que tiene la Argentina es retomar e incrementar la exploración. Santa Cruz es la provincia más productora de metales del país y las operaciones están llegando al fin de su vida útil. El cobre está tan atractivo que solemos olvidarnos de que en la Patagonia hay un potencial para oro, plata y uranio enorme. La Argentina, además de infraestructura, necesita retomar la inversión en prospección y exploración. Tenemos menos de 40 proyectos en etapa de prospección, que es la primera etapa de la exploración inicial. Como hay un ratio de éxito de aproximadamente de 1 a 100, tendríamos que estar prospectando muchísimo más y explorando muchísimo más para asegurarnos que en el futuro tengamos la producción que podríamos dar”, concluyó Lucero.
El debate se dio en la conferencia organizada por el programa latinoamericano del think tank Wilson Center, que dirige Benjamin Gedan, quien fue director de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y responsable de la Argentina en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama
Con 48 millones de habitantes, Uganda necesita aumentar su capacidad de producción de energía eléctrica y la energía nuclear es considerada una fuente estable y económica para lograrlo. Los planes de desarrollo energético del país africano fijan como objetivo generar 24 Gw de energía eléctrica de origen nuclear en los próximos 20 años, el equivalente a construir más de 30 Atucha II. Actualmente, si bien Uganda puede comprar llave en mano centrales nucleares, necesitará personal calificado para operar y controlar esas instalaciones, y para conformar un ente regulador con profesionales capacitados en el área.
En este contexto, la empresa estatal rionegrina INVAP firmó un acuerdo con Uganda para la realización de un análisis de factibilidad y estudio de sitio para la instalación en ese país de un centro nuclear de ciencia y tecnología. INVAP es un jugador internacional importante en este ámbito, ya que ha vendido reactores nucleares de investigación y da capacitaciones a equipos en diversas parte del mundo.
La primera etapa del proyecto consiste en una consultoría de un año para hacer las evaluaciones de factibilidad y del sitio de instalación del centro nuclear: estudios de hidrología, meteorología, estratégicos, analizar las inundaciones históricas y demás para analizar el lugar potencial de instalación del reactor. Además, se deben hacer estudios técnicos para ver qué tan preparado está el país y sus redes de transporte de energía para la instalación de reactores nucleares.
«Lo que esperamos, y será el próximo paso, es diseñar todo el centro de ciencia y tecnología nuclear, en especial, un reactor de investigación, que es nuestro fuerte», dice Alejandro Ibáñez, jefe del Proyecto Uganda de INVAP.
Además, INVAP debe realizar una propuesta de ingeniería preliminar de cómo debería ser este centro y qué instalaciones tendría, en función de otros reactores nucleares de investigación que la empresa de Río Negro ha instalado en otras partes del mundo.
Uganda busca que se puede capacitar a la gente en este centro y que también se pueda hacer investigación, ya que estaría en una universidad, y que tenga producción de radioisótopos para medicina nuclear. “Lo que esperamos, y será el próximo paso, es diseñar todo el centro de ciencia y tecnología nuclear, en especial, un reactor de investigación, que es nuestro fuerte”, dijo Alejandro Ibáñez, jefe del proyecto Uganda por INVAP.
Felipe Albornoz, gerente del área de Proyectos Nucleares de la empresa, dijo: “Esto nació hace casi dos años cuando hubo una conferencia en Egipto dedicada a toda África, en la que tuvimos una invitación y participación especial porque se cumplieron los 25 años de la puesta en marcha del reactor que hicimos en Egipto. En esa misma conferencia estaba gente de Uganda, que ya tenía en su cabeza estas ambiciones. El interés lo fuimos desarrollando, empezamos a visitar Uganda viendo qué era lo que querían y terminamos firmando este contrato. Ellos también hablaron con Corea, Rusia y otros posibles proveedores pero nos dijeron que el intercambio con nosotros fue mucho más rico porque los escuchamos y los tratamos de igual a igual. Escuchamos al cliente y le damos soluciones en base a eso, no andamos tratando de vender un producto que ya tengamos”.
Hoy Uganda solo tiene un centro de salud de medicina nuclear y algunas aplicaciones industriales pero su objetivo es ampliar sus capacidades. Uganda produce ingenieros, aunque no nucleares, pero algunos sí hacen sus posgrados en ingeniería nuclear en otros países. Al volver, tienen muy pocas aplicaciones y existe la necesidad de retener a estos recursos humanos en el país.
«Empezamos a visitar Uganda viendo qué era lo que querían y terminamos firmando este contrato», dice Felipe Albornoz, gerente del área de Proyectos Nucleares de INVAP.
En cuanto a los beneficios que el convenio trae para la Argentina, Albornoz explicó: “África va a tener mucha demanda a futuro en energía y medicina. La zona ecuatorial es la de mayor crecimiento demográfico del mundo y las necesidades crecen en la misma medida. INVAP puede aportar a estos objetivos y queremos estar desde el principio. Es similar a lo que hicimos en los años 80 en los países del norte de África, son países distintos pero los procesos son similares y para nosotros fue muy positiva. Creemos que podemos ocupar este lugar, hemos recorrido este camino en nuestro país y podemos ayudarlos en ese camino”.
El contrato será solo de un año de duración, para hacer los estudios prelminares, pero se espera que luego haya nuevos contratos para diferentes objetivos, y que además sirva como ejemplo para trabajar con otros países de la región. Según Ibáñez, “esto lo vemos como un primer paso para entrar en Uganda y en África ecuatorial. Tenemos negocios en todos los continentes y acá hay una gran oportunidad. La idea, tanto de ellos como nuestra, es seguir trabajando juntos”. En el mismo sentido, Albornoz agregó: “Así como hoy estamos en Uganda, también hemos tenido conversaciones de diferentes grados de interés con otros países de la región, como Kenia, Ruanda, la República Democrática del Congo, Senegal, Ghana y Etiopía, que han mostrado su interés para entrar en el mundo de la energía nuclear. Algunos ya tienen un pequeño reactor y gente preparada, o como Kenia, se han desarrollado en medicina nuclear y se están convirtiendo en un nodo de atención para la región. Las oportunidades están y este convenio nos ayuda a que los vecinos lo vean, que sepan que hay una empresa que viene de la Argentina y está trabajando allá, para nosotros eso es muy importante”.
(Publicamos exclusivamente las preguntas de la periodista y las respuestas del Director del OIEA).
-Enfrentamos un escenario geopolítico realmente convulsionado. Lo entrevisté en 2021, en La Repregunta, cuando todavía no había sucedido la invasión rusa a Ucrania y estaba todavía más lejos el ataque terrorista de Hamás contra Israel y la conflictividad que se disparó desde entonces con la guerra de Gaza y los nuevos actores que empezaron a jugar. ¿Hay que volver a pensar si es posible una política de seguridad nuclear sostenible dado este nuevo contexto, mucho más convulsionado?
-Es un debate que se está dando en este momento, justamente porque, como bien señalás, hay un nivel de conflictividad muy grande en el mundo. Tensiones geopolíticas que, como en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, llegan a esta manifestación sobre la doctrina nuclear. Otros, como el de Oriente Medio. Aunque la violencia allí es una constante, enfrenta en este momento un pico muy alto. Naturalmente, la dimensión nuclear, y no me refiero a la energía nuclear civil sino al posible uso de las armas nucleares o a la utilización de centrales nucleares con fines militares, emerge como algo inevitable. En los últimos días se ha hablado mucho de la doctrina del uso de las armas nucleares a partir de declaraciones del presidente Putin. En Corea del Norte, Kim Jong-un se muestra paseándose en una sala de centrífugas (NdelE: máquinas separadoras y purificadoras de uranio) y anunciando que va a aumentar exponencialmente sus arsenales nucleares. Líderes de países que hoy no tienen armas nucleares declaran abiertamente que podrían ejercer esa opción: dotarse de armas. También están los arsenales nucleares de las potencias que tienen armas nucleares. Hay más países en posesión de armas nucleares pero hay cinco que son poseedores legales de armas nucleares, reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear: son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos países. Estaba en un proceso muy gradual de reducción de sus arsenales nucleares pero ahora han puesto fin a ese proceso y en muchos casos, hay un rebote de sus arsenales y están empezando a crecer nuevamente. Es decir que la posibilidad y la amenaza del uso del arma nuclear vuelve a aparecer, aunque sea en el plano discursivo: en el plano de la amenaza o en el plano de la amenaza implícita.
-Para aclarar: los cinco miembros del Consejo de Seguridad son Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. ¿Qué otros países tienen armas nucleares, aunque no legalmente en términos internacionales?
-La India, Pakistán, Corea del Norte. Y hay otro caso… Un país cuya política es no negar ni afirmar la presencia de armas nucleares pero en relación al cual existe una fuerte presunción de la existencia de un arsenal nuclear: es el caso de Israel.
-Es decir que Israel no lo ha confirmado pero los datos indicarían que es así.
-Así es.
-Para repasar esa conflictividad en los países más críticos, vinculado con el tema nuclear. Primero, Rusia. Hace unos diez días, el presidente Putin planteó un cambio en la doctrina nuclear: sostuvo que ya no sólo podría reaccionar nuclearmente si fuera atacado por una potencia nuclear sino si una potencia nuclear, por ejemplo, Estados Unidos, apoya un país no nuclear, por ejemplo, Ucrania, y su soberanía se ve particularmente en riesgo. ¿Qué chances hay de que Rusia, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lleve adelante esa política apoyado por China?
-Todavía son movimientos retóricos y obedecen al agravamiento del conflicto. Hay todo un debate acerca de la admisibilidad de que ciertos sistemas de armamento provistos por países occidentales, en particular Estados Unidos y Europa, a Ucrania puedan ser utilizados libremente contra objetivos dentro de la Federación de Rusia. Ante esa posibilidad, el presidente ruso dice: si esto es así, estamos prácticamente en una guerra directa y se puede considerar que los aliados de Ucrania están directamente en una guerra con la Federación de Rusia. Este tipo de especulación, como en un juego de billar donde ataques de unos unidos a otros que sí tienen armas nucleares generan una reacción, no es únicamente propio de Rusia. Hay documentos de otros países, que no puedo citar, donde ese escenario también está previsto. No estoy banalizando lo que ha dicho Putin, es algo serio, pero también es una forma de marcar una línea roja, aunque no sabemos si se pasa, si reaccionará o no. Muchas veces, los líderes marcan líneas rojas y después, esas líneas rojas no lo son tanto.
-Funciona como una estrategia disuasoria.
-Efectivamente. Es como decir: tengan mucho cuidado con lo que hacen porque nosotros no vamos a descartar el uso del arma nuclear. Esta es la situación que se está planteando en este momento.
-En el caso de Irán, desde diciembre del año pasado, la OIEA viene denunciando una expansión exponencial de la cantidad de uranio enriquecido, a niveles preocupantes en términos de la posibilidad de fabricar una bomba atómica: 60 por ciento, y para las bombas se necesita 90 por ciento. Esa marcha no se aminoró.
-Exactamente.
-¿Eso suma un elemento de preocupación en el conflicto de Medio Oriente?
-Genera una preocupación muy grande, Luciana. Hace un par de semanas, durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, retomé contacto con el gobierno iraní. Estuve con el canciller iraní. Es muy probable que esté viajando a Teherán dentro de muy pocos días para encontrarme con el nuevo Presidente (Masoud) Pezeshkian. Aquí hay dos órdenes de cosas. Por un lado, el programa nuclear de Irán, que si bien no tiene hoy armas nucleares, sí tiene unos desarrollos tecnológicos y producción de material sumamente inquietantes. Porque ningún país que no tenga armas nucleares enriquece uranio a estos niveles. Hay una pregunta válida en la comunidad internacional: ¿para qué están enriqueciendo uranio a estos niveles tan altos? Por otro lado, hay una cuestión concomitante: también estoy conversando con los países firmantes del acuerdo de 2015. Fue un acuerdo entre Irán y las potencias occidentales, coordinado por la Unión Europea. Primero fue abandonado por el entonces presidente (Donald) Trump y después, también por Irán. A partir de ahí, se dio un piedra libre e Irán empezó a desarrollar su programa nuclear de una manera más y más incontrolada. Hay un debate planteado en el sentido de qué es lo que va a suceder: los iraníes están en un compás de espera, así me lo han dicho. Porque una cosa va a ser trabajar con una administración (Kamala) Harris y otra, trabajar con una administración Trump II. Todo eso está planteando un interrogante muy grande acerca de si se podrá volver a poner el genio dentro de la botella, es decir, si el programa nuclear de Irán puede ingresar a una forma más controlada a través de las inspecciones del organismo que yo dirijo. O si nos mantendremos en esta latencia de un conflicto que en cualquier momento puede derivar en el uso de de la violencia de las fuerza armada en esta región, que se superpone con la situación en Gaza. Hay una altísima volatilidad en este momento.
-Usted describe señales de alarma en relación a este comportamiento de Irán. A la hora de mencionar el caso de Israel y su falta de transparencia sobre su política nuclear, esa alarma no se muestra tan marcada en su respuesta. La pregunta aquí es: cuando Israel, que es una democracia liberal en medio de autocracias en Medio Oriente, tiene una política nuclear no tan transparente, ¿cómo reacciona la OIEA? Claramente hay una enorme preocupación respecto de Irán. ¿Cómo reacciona la OIEA respecto de esta falta de transparencia de Israel y su política nuclear?
-Uno lo podría catalogar como decimos en la Argentina: de eso no se habla. En el caso de Israel, ellos definen su política nuclear como de opacidad: “opacity” es la terminología que ellos mismos han utilizado para definir la cuestión. Si analizamos históricamente, todas las crisis de no proliferación que hemos tenido, con la excepción de Corea del Norte, han sido en esa región. Recapitulemos: Irak, Siria, Libia y el propio Irán. Son países de Medio Oriente que han buscado o han procurado, en algún momento dado, tener armas nucleares para contar con una posibilidad de contrarrestar lo que ven como la influencia o el poderío israelí. En el caso de Irán, es como una especie de tensión permanente que existe. En los otros casos, ya sabemos cómo terminaron. Irak terminó trágicamente con Sadam Hussein colgado y todo el programa nuclear desmantelado. Libia, lo mismo con Kadafi, que terminó en un desagüe y el programa nuclear también desmantelado. Siria lo desmanteló. Estamos trabajando con Siria y con el presidente Bashar al-Assad desde hace muy poco. Estamos avanzando. Espero que lo logremos. Siria tenía un reactor que aparentemente fue bombardeado por Israel en 2007. Toda esta crisis actual no es casual: hay que fijarse en dónde han tenido lugar. Por eso la cuestión de Irán es tan crucial: tenemos que lograr llegar a un modus vivendi, a un acuerdo razonable con Irán. Es realmente importante y es uno de los puntos de quiebre en la agenda internacional. Por eso hubo ese acuerdo en 2015, que fue abandonado. Ahora hay toda una intención de ver si se puede volver a algún tipo de acuerdo, el mismo acuerdo anterior reformulado u otro acuerdo diferente. Son cosas que estamos empezando a discutir. Por eso hablé con el canciller iraní en Nueva York hace un par de semanas y ahora voy a ir a Teherán para hablar con el nuevo Presidente. Teníamos un diálogo con el anterior Presidente, que murió en un accidente hace pocos meses.
-En las discusiones de la OIEA y en Naciones Unidas, estos países de Medio Oriente, como por ejemplo Irán, a los que los inspectores de la OIEA no pueden acceder, ¿plantean una cuestión de doble vara? ¿Por qué se exige el ingreso de inspectores de la OIEA a Irán y no a Israel?
-Lo plantean constantemente, constantemente.
-¿Y cuál es la respuesta de la gobernanza internacional?
-La respuesta es que en el caso de Israel, como también en el de India y de Pakistán, ellos directamente optaron por no firmar el Tratado de No Proliferación: por eso no están en una posición de ilegalidad. Ellos dijeron: este juego no lo juego, no voy a entrar en ese orden. Sus líderes pensaron que probablemente podrían necesitar el arma nuclear. Y ese fue el caso en particular en el subcontinente asiático. India hace su primer ensayo nuclear en 1974. Lo sigue Pakistán. Hoy son dos potencias que tiene armas nucleares, pero están por fuera del orden internacional nuclear. Israel, también. En los debates, que son debates circulares porque se reiteran constantemente, los países árabes y algunos otros países más también hablan de esta doble vara. La respuesta de India, Pakistán o Israel es que no han violado ningún acuerdo, que no han entrado en ningún compromiso internacional.
–¿Pero Irán entró también presionado por las sanciones?
-No. Irán es miembro del Tratado de No Proliferación desde hace muchos años, ya desde la época del Sha. Tenían un programa nuclear civil. Luego ya durante el régimen revolucionario post 1979, un poco más adelante, empezó con ciertos desarrollos que sugerían que podían tratarse de desarrollos bélicos. El consenso de la inteligencia internacional y de nuestros propios inspectores es que Irán no tiene armas nucleares. No las tiene. Decir otra cosa sería confundir a la audiencia. Sin embargo, sí tiene una serie de desarrollos tecnológicos que apuntan implícitamente en esa dirección. Y esto trae malos recuerdos porque es lo que sucedió también con Corea del Norte: cruzó la línea roja en 2006. Hoy tiene un arsenal de cincuenta o sesenta ojivas nucleares.
-Usted estuvo en Nueva York en los días en que se llevó adelante la Asamblea General de Naciones Unidas y se dio esa gran conversación por parte de los líderes mundiales en torno al Pacto para el Futuro.
-Así es.
-En esas conversaciones, ¿cuánto peso tuvo este cambio geopolítico y el impacto que tienen las políticas nucleares? Porque por un lado está el uso bélico, pero aún en el uso nuclear no bélico, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, hay riesgos dado el cambio geopolítico. La central nuclear de Zaporiyia en Ucrania, que provee energía eléctrica, es un ejemplo claro de eso: cómo un territorio que estaba en paz, cuando entra en una guerra, si tiene una central nuclear, se convierte en un riesgo nuclear. ¿Hubo conversaciones en torno al Pato para el Futuro que hayan involucrado estas cuestiones?
-No las hubo y eso es bastante curioso. Toda la dimensión nuclear y lo que estamos conversando vos y yo hoy es como un terreno aparte que está reservado a la OIEA y nuestro trabajo con estos países. Entre los inspiradores de este Pacto del Futuro, el secretario general (António) Guterres, y los países que lo negociaron y lo aprobaron están mirando más a otra parte de la agenda internacional: al desarrollo, a los derechos humanos, a la plataforma digital. Hay referencias: la palabra nuclear aparece aquí y allá, sobre todo en su dimensión virtuosa porque ahora existe un gran consenso internacional acerca de la importancia de la energía nuclear en el marco del calentamiento global. Los países no tienen tantas herramientas eficaces para combatirlo y al mismo tiempo, seguir dando la energía necesaria en sus economías. Pero estas cuestiones estratégicas que estamos conversando no entraron dentro de ese documento.
-Para usted, como experto dueño de una perspectiva global y al mismo tiempo, con una mirada muy específica sobre cada país, este cambio de contexto geopolítico tan abrupto y dramático que se viene sosteniendo y se viene agravando desde la invasión a Ucrania, ¿empieza a tener un peso en la discusión pacífica del uso de la energía nuclear para producir energía eléctrica cuando puede quedar atrapado en zonas de guerra?
-Ése es un debate muy interesante. Yo también estoy sentado en las mesas energéticas internacionales, por ejemplo, en las famosas Cops. El año pasado se dijo: la energía nuclear tiene que ser acelerada. Yo veo una preocupación no en cuanto a lo intrínseco de la energía nuclear, que tiene un buen récord de seguridad. La preocupación tiene que ver con que no se utilice militarmente. Los anglosajones tienen esta palabra: “weaponization”, transformar una instalación industrial pacífica, como puede ser una central nuclear, en un arma o en algo que puede tener una impronta militar. Por eso nosotros hemos concitado tanto apoyo en nuestra operación permanente en Zaporiyia. Nos instalamos allí. Yo fui en 2022. Tenemos expertos del organismo que están allí constantemente informando de lo que pasa. El presidente Zelenski me pidió que hiciera lo mismo en todas las otras centrales de Ucrania dentro del territorio bajo control legítimo ucraniano. Ucrania es un país muy nuclear: el 50 por ciento de su energía es de origen nuclear. Tienen quince reactores, menos seis porque los seis de Zaporiyia están bajo control ruso.
-Precisamente, es un ejemplo clarísimo:centrales nucleares para la paz y para la generación de energía no contaminante se convierten en blancos militares que, si son usados de esa manera, pueden producir un impacto bélico nuclear insospechado. En este nuevo contexto, ¿cambió la conversación sobre la expansión de la energía nuclear como proveedora en energía eléctrica? ¿Empieza a cambiar?
-No, pero hay una gran preocupación. Si nos fijamos en lo que viene sucediendo, y pese a que ha habido muchos momentos de gran peligro y gran riesgo en Zaporiyia, existe una cierta contención o restricción de los beligerantes con relación a la planta, que podría estar siendo bombardeada. Sin embargo, hubo intentos de bombardeo, que fueron frenados. En este momento, la guerra en Ucrania es una guerra de drones: hemos tenido bastantes episodios de drones con cargas explosivas convencionales, que preocupan aquí y allá. Pero no se ha llegado a esta línea. Y eso porque en gran medida, para muchos países, la energía nuclear es indispensable, incluido Rusia. Rusia tiene treinta reactores nucleares en funcionamiento y sigue construyendo. Rusia es el vendedor de reactores nucleares líder en el mundo. Es el mayor exportador hoy por hoy. Y te voy a sorprender con esto que te voy a decir: Rusia tiene el dominio del mercado de combustible nuclear… ¿sabés dónde? En Estados Unidos.
-Qué interesante.
-Estado Unidos adquiere la mayor parte del combustible nuclear, el uranio enriquecido, de Rusia. Viene de contratos pre bélicos determinados,por una cuestión simplemente de oferta y demanda del mercado y de cómo funcionaba.
-¿Se sostuvo esa provisión en medio de la guerra en Ucrania?
-Sí, se ha sostenido a diferencia de lo que sucede con el gas, por ejemplo: se ha cortado el suministro de gas, no así lo nuclear. ¿Y por qué es esto? ¿Por una cuestión filantrópica? Evidentemente, no. Es porque no existe hoy por hoy una capacidad de producción de combustible nuclear que permita que la flota de reactores nucleares en Estados Unidos y en otros países siga funcionando.
-¿Pero por qué Rusia no frena ese suministro? Sería una manera de impactar claramente en un aliado de Ucrania.
-Efectivamente. Pero en primer lugar, para Rusia y para Rosatom (NdelE: Consorcio ruso de energía nuclear), el mercado exterior es muy importante. Una guerra, y esta guerra en particular, tiene algunos pliegues que pueden sorprender a primera vista. Y éste es uno de ellos. Otro dato: en la Unión Europea hay cuarenta y un reactores rusos.
-Quiero pasar a otro tema que impacta directamente en la Argentina y en América Latina. Desde hace unos años, se discute la presencia de China y de Rusia en distintos sectores críticos de nuestra región. El análisis ha estado contenido dentro de lo que se llama el “soft power”, una manera de estar comercialmente presente a través de inversiones, de desarrollos y de financiamientos. El tema era la presencia de Rosatom en la Argentina o las inversiones y el financiamiento chino en el sector nuclear en la Argentina con Atucha III, por ejemplo, lo que ya generaba polémica. ¿Cambia la discusión ahora que se empieza a ver que los desarrollos civiles pueden convertirse en desarrollos estratégico militares? Estados Unidos y la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur, han insistido mucho con la preocupación por la presencia china y rusa en América Latina. El contexto actual, ¿le suma un argumento a esa preocupación?
-Sí, le suma un argumento, pero en la realidad eso no está pasando. En este momento, tenemos unos 350 gigabytes de potencia nuclear instalada en el mundo. Estamos yendo hacia el doble. En el caso de nuestra región o de otras regiones en el mundo, hay una cierta discusión pero es más de carácter geopolítico que otra cosa. Estas son cuestiones de carácter político más que tecnológico: tener un reactor chino o ruso o indio no implica una dependencia política. Pongo otro ejemplo: Turquía, que es un país de la OTAN, le ha comprado cuatro reactores a Rusia y está construyendo cuatro reactores nucleares. Hay que desmitificar. Es legítima la discusión política. No es mi terreno. Es la decisión soberana de los países y de los gobiernos decidir que no quieren acercarse tanto a China, por ejemplo, o a Rusia o que se quieren acercar a unos u otros. Es una decisión política. No es que a través de la tecnología nuclear se dé una cuestión de dominación. Sí genera un relacionamiento muy profundo. Una central nuclear implica una relación de casi cien años por la duración de los reactores. Entonces no es un tema banal. Por algo esta General y otras personas evocan el tema, y lo hacen con sus argumentos. Desde la OIEA, tratamos de despolitizar lo que no es politizable. Hay cosas que son politizadas, pero la elección de un vendedor para un reactor no implica, intrínsecamente, una cuestión política.
-El presidente Javier Milei estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York hace pocas semanas. Hizo un discurso muy crítico de las instituciones de gobernanza internacional. Planteó algunas cuestiones de doble vara. Está la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad como miembro permanente o el liderazgo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es rotativo, en manos de países autocráticos, donde, por ejemplo, los derechos de las mujeres están completamente abolidos. Usted mencionó el reclamo por la doble vara en materia nuclear en términos de cómo se mira a Irán y cómo se mide Israel. Dado el cambio de contexto brutal que se da desde febrero de 2022, con la invasión rusa y todos los otros conflictos que cada vez son más intensos en Medio Oriente, ¿qué grado de efectividad tienen hoy organizaciones globales como la OIEA o Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad a la hora de poder vigilar, controlar y limitar la proliferación nuclear bélica negativa? Organizaciones que han sido creadas hace 70 años, 50 años, en otros contextos, por ejemplo, pos Segunda Guerra Mundial, cuando se quería ir hacia una negociación de paz. ¿Cuánto puede hacer la OIEA para realmente controlar y evitar que la proliferación nuclear avance por el camino incorrecto?
-El organismo hace y hace mucho, inclusive hace más de aquello para lo cual fue creado. El hecho inédito de que un organismo internacional esté operando de manera independiente en un territorio ocupado, en una zona de combate, como sucede en Zaporiyia… O como Kursk, porque también tuve que ir personalmente a Rusia por la posibilidad de que una central rusa fuera atacada en el marco de la incursión militar ucraniana: este tipo de ejemplos muestra una cierta reivindicación del multilateralismo. Hablamos del discurso del presidente Milei y otros planteos que en realidad no son nuevos. Esto ha sucedido también en el pasado, con un planteo legítimo: en el fondo, ¿cuál es la influencia de estos organismos? Existe un debate sobre la capacidad de estos organismos de influir en una realidad internacional tan conflictiva y tan áspera. En el caso de la OIEA, tenemos un récord bastante bueno, aunque por supuesto se puede hacer mucho más. Pero en un contexto de crecimiento de la energía nuclear, con más de cuatrocientos reactores en el mundo, de no existir un régimen de control de inspectores desplegados por todo el mundo, controlando que no haya un desvío de material pacífico a usos bélicos, estaríamos en un mundo con quince, dieciséis o diecisiete países dotados de armas nucleares. Y seguramente, con casos de uso de armas nucleares en más de una ocasión. De todas maneras, la pregunta acerca del multilateralismo en este mundo es válida.
-En las Naciones Unidas, la canciller Diana Mondino planteó la decisión argentina de no asociarse al Pacto para el Futuro. Dijo textualmente: “Argentina quiere tener alas para su desarrollo sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas”. Una organización como la que usted preside requiere de la participación voluntaria de los países. ¿Ve con preocupación que una democracia consolidada como la Argentina empiece a hacer estos cuestionamientos y plantee su soberanía como algo a ser protegido ante esta gobernanza internacional? Eso podría impactar eventualmente, si se sigue en este camino, con resistencias a controles en ciertos ámbitos.
-Son ámbitos diferentes. Una cosa es participar, como lo hace la Argentina y otros países de nuestra región, en un régimen técnico, lo que es absolutamente necesario. Cuando uno tiene un instrumento tecnológico tan importante y serio como la energía nuclear, tiene que participar de esquemas de estandarización internacional. No se trata de gobernanza internacional porque yo no le digo a la Argentina o a Rusia o a Bangladesh lo que tiene que hacer con su política nuclear. Nosotros establecemos los denominadores mínimos comunes y los controles que deben existir. Esto es una cosa. Otra cosa es el debate acerca de aspectos vinculados con la visión del mundo, aspectos culturales, los derechos de las personas. Ahí sí es donde se ve un debate muy grande en el sistema internacional acerca de la injerencia del sistema de Naciones Unidas. Eso también se ve en la Unión Europea de manera mucho más concreta. Yo vivo en Austria, mi organismo tiene su sede en Austria. Estamos viendo cómo, en los procesos electorales en Europa, se da también un poco esa vuelta hacia el soberanismo y la reducción de la injerencia internacional. Es un debate como el de platónicos y aristotélicos, va y viene en la vida internacional, en la línea de la historia internacional.
-Desde la asunción de la nueva administración del presidente Milei, la Argentina ha fijado como política el ajuste y el déficit cero. Ha impactado en distintos desarrollos como el desarrollo del reactor Carem 25, un tipo de reactor muy exportable de uranio enriquecido y agua liviana, que son los que consume el mundo. Es un sector de exportación con potencial para la Argentina y ahora está frenado. Con su mirada de experto, ¿cuál es su análisis?
-Pese a ser argentino y con un corazón bien argentino, como funcionario internacional, no debo opinar sobre las políticas nacionales, ni de Argentina ni de otros países. Pero sí puedo decir una cosa, que es importante, porque he trabajado con el sector nuclear argentino toda la vida. La presencia de la Argentina en la conferencia general de la OIEA, que fue justo la semana antes de la Asamblea General, fue realmente notable. Estuvo la canciller Mondino, a quien tuve el honor de recibir. La Argentina desplegó los stands de INVAP, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El espacio que ocupa la Argentina internacionalmente en tecnología nuclear es notable. Me tocó el honor de asistir a una presentación organizada por el Reino de los Países Bajos donde se hablaba de un reactor argentino: el reactor Pallas que se está construyendo en los Países Bajos. Es un reactor de investigación, muy grande. El equivalente del RA10 que se está terminando en la Argentina. Se basa más en el reactor que hizo INVAP en Australia, otro ejemplo maravilloso donde la Argentina ganó licitaciones frente a Francia y Corea del Sur. Creo que la potencia y la capacidad del sector nuclear argentino internacionalmente va más allá de la propia coyuntura. Estoy seguro que la Argentina encontrará vías prácticas de conciliar su disciplina fiscal con los desarrollos nucleares, que son importantes y que, además, tienen una virtud comercial importantísima. INVAP, exportando en Holanda y INVAP exportando en Australia, Estoy seguro de que la Argentina sabrá encontrar la vía media.
-Ni bien asumió, el presidente Milei planteó que estaba muy interesado en que un argentino de su prestigio y conocimiento fuera canciller de la Argentina. Finalmente fue elegida Diana Mondino. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron los rumores del interés del Presidente. ¿Le interesaría? ¿Estaría dispuesto a escuchar una propuesta como esa?
-No, en absoluto. En primer lugar, respeto muchísimo al presidente Milei, a quien conozco personalmente; y a la canciller Diana Mondino. Tengo una tarea internacional de una enorme responsabilidad en Oriente Medio, entre China y Japón, en Irán, en Ucrania. Mi mejor aporte es ser un argentino que hace una contribución efectiva a la paz y a la seguridad en el mundo. Ese es mi aporte.
-Me surge una última pregunta. En esta escalada de Irán con el uranio enriquecido y en el contexto de América Latina, una Venezuela donde se intensifica la discrecionalidad de la dictadura de Maduro, ¿los lazos entre Irán y Venezuela acarrean preocupaciones nucleares?
-En absoluto. Venezuela no tiene energía nuclear. Tiene algunas instalaciones, sobre todo vinculadas a la salud, la oncología y la radioterapia, que estamos tratando de apoyar. Debido a las grandes dificultades que tiene Venezuela en cuanto a su relacionamiento externo, todo su sistema oncológico está realmente muy deteriorado. Y no, no existe ninguna actividad allí. Por supuesto, tenemos inspectores que van a Venezuela y lo poco que hay ahí es inspeccionado, pero no existe en Venezuela ningún proyecto, ninguna actividad, ninguna instalación que sea relevante o que represente una preocupación en materia de proliferación.
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) completó la entrega del 12º helicóptero AB-206 a la Dirección de Aviación del Ejército Argentino tras someterlo a una inspección mayor y especial debido a su prolongado estacionamiento. Además, se llevó a cabo la modernización de la aviónica, incorporando nuevos equipos de comunicación y navegación en colaboración con Redimec.
Es importante destacar que al helicóptero se le realizaron inspecciones exhaustivas en toda su estructura, ensayos no destructivos, pintura interior y exterior, y una revisión completa de los componentes dinámicos, el motor, así como el tapizado y los interiores.
Con esta entrega se completan doce aeronaves entregadas al Comando de Aviación de Ejército Argentino, restando otras tres en las instalaciones de FAdeA a la espera de un contrato para su modernización.
El aparato, con número de serie 9199, recibió la matrícula AE-324 y operó con los Carabinieri de Italia con la matrícula CC81.
El presidente de la Unión Industrial Argentina usó la metáfora del barco a punto de colisionar para graficar una crisis que es fuerte y en la cual hay pymes en situación crítica que necesitan un rescate y el Gobierno las ignora.
La crisis de la industria está escalando a niveles pocas veces vistos, tanto como las tensiones internas entre empresarios por los posicionamientos institucionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante semejante escenario. Los comunicados de la entidad que preside Daniel Funes de Rioja buscan suavizar el mensaje crítico para evitar chocar con el Gobierno de Milei, pero puertas adentro, el clima está caliente. El martes último, en la reunión de Junta de Directiva, hubo un levantamiento de los sectores del plástico, la madera y los metales contra el nivel despiadado de importaciones que está habilitando el Gobierno y que, junto a la caída en las ventas, está jaqueando el futuro de las pymes.
En ese mitin, al que asisten las representaciones de todo el país y es el más representativo del clima nacional, Funes tomó la palabra y dejó una frase inquietante sobre el modelo Milei y la recesión fabril. Mientras mostraba enojo con la habilitación de importados, baja de aranceles, valores criterio y hasta situaciones de dumping, admitió que es necesario que, «mientras el gobierno ordena las variables, nos tire algún bote, para darnos aire». A continuación, fue directo y grafico lo que los industriales ven en el modelo Milei: «El problema -dijo- es que en el Titanic no había suficientes botes para todos».
La colisión del transatlántico británico fue una clara metáfora de lo que los industriales califican como un régimen económico y político de supervivencia del más apto, que muy probablemente deje un tendal de pymes sin poder competir con impuestos altos, caída en las ventas y, ahora, el plus de los importados. «Si se animó a vetar aumentos a universidades, con la cantidad de gente que se juntó en la calle, qué nos queda a nosotros?», se quejó otro alto dirigente.
Tal es el vacío que el Gobierno les hace a los industriales que los nexos son con segundas y terceras líneas, muy lejos de los que definen. En UIA saben que el ajuste y la política anti industria tiene tres responsables: el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el propio Presidente Milei. Sturzenegger, de hecho, es el enemigo perfecto: está en disputa con los laboratorios nacionales de CILFA por los importados y ahora también con la industria del plástico, a la que acusa de cobrar una tasa a clientes que, en realidad, no existe. Uno de los que más se plantó en la reunión de junta fue, de de hecho, Antonio Paolini, el jefe de la Cámara de la Industria Plástica. También marcó la cancha Pedro Reyna, de los madereros de FAIMA.
Postales del «industricidio»
Es que, más allá de los comunicados lavados de la UIA, la crisis de demanda e importaciones es un polvorín. Hace unas horas, la Fundación Protejer, alertó que la baja de aranceles a hilados importados del 18 al 6 por ciento «pone en riesgo la continuidad de 10 fábricas nacionales que generan alrededor de 1.000 puestos de trabajo formal y calificado». En paralelo, en la provincia de Santa Fe la crisis arrasa: el cierre reciente de la petroquímica Dow generó que el gremio de obreros petroquímicos Soepu saliera a negociar para evitar ese cierre, a riesgo de que «pueda detonar la matríz productiva de la provincia».
«Acá el problema es que nadie quiere pegar la primera piña, pero cuando entre la primera, van a entrar todas juntas», precisó otro de los presentes, criticando la moderación de las posiciones fabriles ante la crisis. En ese escenario, la UIA se limitó a dar a conocer un texto en el cual marcó dos cosas: la primera es «que se presentó un estudio comparativo sobre competitividad y costo argentino que ubica al país entre los menos competitivos de la región por las asimetrías que es necesario corregir. Y hay preocupación por la competencia desleal frente a la importación de bienes terminados y la pérdida de empleos en el sector».
En segundo término, graficaron que «las autoridades manifestaron su preocupación por la pérdida de puestos laborales en el sector industrial. Luego de la recuperación postpandemia y sin haber retornado a los máximos previos, el empleo industrial acumula desde agosto de 2023 una caída de 33.617 asalariados (-2,8%)». Agregaron, además, que por sectores industriales, las mayores caídas desde agosto son en la Metalmecánica (-8.927), Confección (-8.492), Madera y papel (-3.518), Automotores y neumáticos (-2.091), Química y petroquímica (-1.854), y Otras manufacturas (-9.552).Si bien en el mes de julio el empleo industrial registró una desaceleración en la pérdida mensual (-0,2%, -2.855 puestos), el sector acumuló 11 meses de caídas consecutivas.
El video de Trump
En una crítica en voz baja pero brutal, circuló por los grupos de Whatsapp de los industriales un video del ex presidente estadounidense Donald Trump, con quien Milei se identifica, explicando que «los globalistas gravan con impuestos y regulaciones a la empresa nacional, mientras abren las importaciones. Nacionalistas le quitan impuestos a la empresa nacional y gravan con aranceles a los extranjeros». Un dardo directo al plan importador del Gobierno.
En ese video, Trump afirma que «nuestra Constitución tenía aranceles que enfatizaban la tributación de la producción extranjera, no la nacional». «Sin embargo hoy, 240 años después de la revolución, hemos puestos las cosas patas para arriba», siguió Trump.
En esa línea, agregó que «permitimos que países extranjeros nos exporten sus productos libres de impuestos, ¿qué tan estupido es esto? La ola de globalización ha acabado con nuestra clase media. Eso es culpa de una clase política que le rinde culto al globalismo por encima del americanismo». Cualquier similitud con la realidad argentina, no es pura coincidencia.
La fuga de cerebros no se detiene en los organismos científicos y tecnológicos de Argentina. Si se tiene en cuenta el último año de Alberto Fernández y el inicio del mandato de Javier Milei, entre jubilaciones y renuncias, ya son 62 las bajas docentes en el Instituto Balseiro nada más. El principal problema es que los puestos son cubiertos por jóvenes recién graduados y no equiparan la experiencia de aquellos que dejan la institución. Para completar el cóctel, si años previos los estudiantes inscriptos a sus doctorados en Ingeniería y Física eran entre 15 y 25, a octubre de este año no hay ni uno solo. En la actualidad, los jóvenes no vislumbran buenas chances de progreso en suelo local.
En diálogo con Página 12, el director del Balseiro, Mariano Cantero, cuyo discurso puede condensarse en su desgarrador “Estoy desesperado”, detalla el panorama: “Trato de ser muy cuidadoso con la investidura presidencial y con los legisladores, pero hay que contar fría y crudamente la realidad que estamos pasando”. Y continúa: “Las instituciones no son las infraestructuras, sino las personas. La caída en los salarios de los científicos no comenzó ahora, ya estábamos bajos; lo que ocurre es que en el presente todo se aceleró a un ritmo que da temor. Con seis meses más así, no queda nada. Hay mucha angustia entre los docentes y los no docentes, porque no llegan a fin de mes”.
Como cualquiera podría haber aventurado durante la campaña, la motosierra libertaria no distingue “lo que funciona” de lo que no, y comienza a deshilacharse un instituto de punta con décadas de dedicación y resultados que avalan su prestigio. La comparación con los 90, cuando Argentina tenía el cartel “Se vende”, es muy clara según el ingeniero nuclear. “Esto mismo que vivimos hoy, lo viví como estudiante del Balseiro a fines de los 90. La diferencia es que el mundo va mucho más rápido. Por eso, el impacto de perder recursos humanos hoy es mucho más extremo con respecto a lo que sucedía hace 30 años”.
“Me quita el sueño esta preocupación” es una frase que se cuela en medio de su relato. Para colmo, dice Cantero, “el contexto no ayuda a los alumnos y profesores que podrían venir, porque Bariloche es una ciudad carísima”. Según refiere, entre el alquiler de una casa, el colegio de los chicos y alguna actividad extra, la comida y los impuestos, superan el millón y medio de pesos. “Nuestros salarios están bajísimos, son una miseria”, remata.
Formados por el Estado, expulsados por el gobierno
Uno de los aspectos que suelen destacarse con la fuga de cerebros es que se pierden recursos muy valiosos, en la medida en que se marchan cuando el Estado ya ha dedicado una inversión considerable en su formación de grado, doctorado, posdoctorado y en un eventual ingreso a instituciones como Conicet. Precisamente, cuando llega el momento de que los investigadores retornen la formación recibida a través de resultados y la educación, a su vez, de nuevos recursos humanos –cuando alcanzan la madurez en la carrera– deben marcharse porque el país les cierra las puertas.
En este sentido, la mayoría de las renuncias que destaca Cantero corresponden a la franja etaria de investigadores que tienen entre 35 y 45 años, es decir, que poseen entre 5 y 10 años de experiencia en los diferentes campos disciplinares. En cambio quienes se incorporan como profesores para cubrir las vacantes, tienen 28 o 30 años y están recién doctorados. En esa brecha, se pierden 15 años de experiencia. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido durante el último mes, cuando renunció el director de la carrera de Ingeniería Nuclear, doctor especialista en temas electrónicos que se fue a Estados Unidos. También, durante los últimos 30 días dejaron sus cargos un especialista en Inteligencia Artificial que se fue a España y otro en física de láseres que hizo lo propio y viajó a Alemania. “Si esto se espiraliza a este ritmo vamos a tener un problema grande, porque la ciencia y la tecnología avanzan muy rápido, no dan respiro. Rápidamente quedaremos relegados en temas nucleares”, advierte.
Lo mismo sucede en las universidades nacionales, cuyos docentes de prestigio comienzan a marcharse al sector privado, o bien se dedican a otros campos. “El denominado ‘valor de mercado’ de un docente-investigador del Instituto Balseiro es cuatro o cinco veces lo que gana acá. No hace falta ir a Europa o EEUU, ya que en Brasil o Uruguay un profesor de tiempo completo gana algo así como cuatro o cinco mil dólares. Las ofertas internacionales son muy altas y no las pueden rechazar”, dice.
En el pasado, cuando la brecha salarial entre lo que pagaba Argentina y lo que destinaban los países vecinos no era tan grande, los recursos humanos formados por el Balseiro fueron la llave para la creación de empresas tecnológicas como Invap, NA-SA y sus centrales nucleares de potencia, la Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE), la Fábrica de Combustibles Nucleares Argentinos, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), la Planta Industrial de Agua Pesada, así como los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia en varias regiones de Argentina.
Aulas vacías
Según el director, los docentes no solo se van por la desactualización de sus salarios con respecto a la región, sino también por las pocas o nulas ventanillas en las cuales pueden postularse para hallar un trabajo. Como se describió en notas previas, el Gobierno prácticamente paralizó las inversiones en el desarrollo nuclear del país. Lo que sucedió con el Carem, el reactor 100 por ciento argentino, es ilustrativo: aunque restaba poco tiempo para poder finalizar la obra (que redundaría en el ingreso al país de miles de millones de dólares), el gobierno decidió paralizarla y echar a todos sus empleados.
Al compás de la fuga de profesores se produce otro fenómeno: disminuyen las matrículas de inscripción a las carreras que ofrece el Instituto. “Por primera vez en la historia, a octubre de este año, no hay estudiantes de doctorado inscriptos”. De hecho, según confiesa el director, recién se están evaluando las primeras tres postulaciones, cuando tradicionalmente se inscribían y se graduaban camadas de entre 15 y 25 alumnos. Ello puede explicarse, en parte, por un sentido común: la falta de futuro.
Del Gobierno no había novedades hasta la semana pasada, cuando Eduardo Serenellini, secretario de Prensa de Presidencia de la Nación, visitó el Instituto. “Le conté lo que hacemos y quedó sorprendido gratamente. Al mismo tiempo, aproveché para compartirle que para sostener los resultados que históricamente tuvimos necesitamos tener a las personas en Argentina. Las instituciones son las personas y se nos están yendo. Podemos dar muchísimo a la Argentina, necesitamos que el presidente lo sepa”.
La Inteligencia Artificial, por ejemplo, es un tópico que el propio Javier Milei se interesa en publicitar. El país podría transformarse, desde la perspectiva del Ejecutivo, en un “polo de innovación”. Al respecto, Cantero refiere una experiencia puntual. “Estábamos armando una diplomatura en Inteligencia Artificial. La persona que estaba trabajando con nosotros y estaba armando todo acaba de irse a España. Ahora tengo que buscar cómo lo reemplazo”, dice.
Sin valor agregado
La fuga de cerebros se produce en tiempo real, en uno de las instituciones de referencia a nivel nacional e internacional. Aulas de las que participaron referentes y expertas de la talla de Juan Martín Maldacena, Karen Hallberg, Conrado Varotto y Fabiana Gennari, entre otros.
El Balseiro, creado en 1955 y de gestión compartida entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la mejor expresión que reúne a los cerebros más importantes en materia de ingenierías (nuclear, mecánica y telecomunicaciones) y física, sectores pujantes para el desarrollo de cualquier nación, menos para Argentina. También posee carreras de posgrado vinculadas a medicina nuclear, radioterapia e investigación interdisciplinaria en salud.
De hecho, como reza en su sitio oficial: “Con el convencimiento de que nuestro país debe desarrollarse en base a una matriz productiva de alto valor agregado, el Instituto Balseiro aporta profesionales y conocimiento para el sector nuclear con fines pacíficos y para áreas estratégicas, como energía, alimentos, salud, ambiente y comunicaciones”. La clave para comprender por qué este gobierno también ajusta a este Instituto radica en el fragmento: “matriz productiva con alto valor agregado”. En concreto, el actual gobierno no posee ni matriz productiva, ni tiene intenciones en agregar valor de ningún tipo.
Esta fuga forma parte de la lucha que la gestión libertaria tiene con las universidades, el sistema científico y todas las instituciones que participan de la producción del conocimiento y posibilitan, en definitiva, la movilidad social ascendente. Ese fenómeno que provoca que, a mediano plazo, la desigualdad se acote.
“Hay algo que en el medio del conflicto se pierde de vista y es que las instituciones son las personas”, define Cantero. Por eso, ajustar el bolsillo de las personas es destruir las instituciones. El gobierno lo tiene en claro, quizás por eso actúa en consecuencia.
El Gobierno nacional oficializó ayer miércoles 16 de octubre la reducción de aranceles a la importación de 89 productos con la intención que bajen los precios internos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 908/2024 e incluye café, latas para alimentos, plástico para botellas, motos, neumáticos, la licra y el poliéster de la industria textil, y algunos electrodomésticos como luces LED, cafeteras, pavas y hornos eléctricos.
“Resulta oportuno y conveniente con el fin de equilibrar los niveles de incentivos para la producción, así como también la competitividad y mejorar el precio al que acceden los consumidores a ciertos bienes, realizar modificaciones en los tratamientos arancelarios”, argumentó el Gobierno en la norma, que ya había sido anticipada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los principales productos impactados
Café: este es uno de los productos más cotidianos incluidos en la medida del Gobierno. Una baja arancelaria importante experimentará el café tostado molido, que pasará de un 35% a un 20% de impuesto a la importación. El café tostado molido es el que se encuentra en las góndolas de los supermercados. Por lo tanto, el oficialismo aguarda que esto se refleje en el bolsillo de las familias. A su vez, el producto premium cafetero también tendrá una rebaja arancelaria de 35% a 30%. Esto aplica para las cápsulas.
Latas para productos alimenticios: otro ítem vinculado a las góndolas de los supermercados donde el Gobierno busca generar un golpe de efecto. En este caso, la alícuota bajará de 35% a 12,6%. Es decir, una reducción de más de la mitad con la que el Ministerio de Economía pretende prolongar la desaceleración de la inflación en los alimentos, que en septiembre volvió a ubicarse debajo del 3%, algo que no se observaba desde noviembre de 2021.
Hornos y calentadores: es uno de los electrodomésticos más beneficiados por la medida del Gobierno. Pasará de un arancel de importación del 35% a uno del 20%.
Ventiladores: estos aparatos, al igual que los hornos, pasarán de un 35% a 20% de alícuota importadora. De esta manera, en la previa del verano, podrían experimentar una baja de precios, si el Gobierno consigue su objetivo.
Motos: este es uno de los sectores que empezó a mostrar un repunte ya que según datos de ACARA, los patentamientos de motos vienen creciendo intermensualmente. En este caso, su arancel baja de un 20% al 15%.
Esta medida generó una reacción de una parte del sector empresario local. “Los esfuerzos fiscales que hacen para bajar impuestos son todos para la importación”, recriminó un directivo de una cámara industrial sectorial. Este hombre del mundo pyme reconoció que el anuncio de Caputo sobre reducción de tributos generó un punto de inflexión. “Es la primera vez que meten varios productos terminados. Eso puede ayudar contra la inflación, pero nada a favor de la competitividad de los que producimos acá”, completó.
Además, desde la administración libertaria hicieron alusión a nuevos ordenamientos jurídicos y normas aprobadas a nivel nacional y regional, como el Tratado del Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el que se estableció que “el Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; y el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la decisión de la administración de Javier Milei en sus redes sociales a principios de mes. “Continuamos reduciendo aranceles a la importación. A través de un decreto estamos reduciendo aranceles a múltiples bienes de consumo que tenían aranceles elevados. Entre ellos se encuentran motos, neumáticos para autos y para motos, pequeños electrodomésticos, café, luminarias LED, etc. Además reducimos aranceles a insumos relevantes para la economía como lo son los plásticos PET (usado en botellas) y ABS (usado en diversos aparatos domésticos) e hilados sintéticos utilizados por toda la industria textil: lycra y poliéster. Por último se reduce el arancel a diversas maquinarias y se implementan las bajas ya anunciadas a moldes y matrices y equipos de riego”, enumeró el funcionario el pasado 1 de octubre.
Dentro de los bienes finales, las latas para alimentos son las que quedaron con el arancel de importación más bajo (13%).
La importación de neumáticos de autos y motos, en tanto, se ubica en el segundo puesto de los productos más beneficiados por la baja impositiva; el 35% por derechos de importación se transforma en un 16%. Le siguen las cremas y preparaciones para afeitar, cuyo arancel cae de un 35% a un 18%.
El listado de bienes finales con nuevo arancel para la importación lo completan las motos, bicicletas, el café molido, energizantes, ventiladores, calefactores eléctricos, cafeteras, pavas y hornos eléctricos, cremas solares y desodorantes, focos, tubos y artefactos LED y gafas de sol. Todos ellos pasan de un 35% a un 20% de impuestos.
En tanto, los aranceles a la importación de lycra pasarán de 18% a 2%. Además, los nuevos aranceles al plástico tendrá impactará en el que se utiliza en botellas, como por ejemplo la de gaseosas, con una reducción del 12,6% al 6%.
A continuación, la lista de productos que reducen su arancel:
Neumáticos de autos: De 35% a 16%
Neumáticos de motos: De 35 a 16%
Motos: De 35% a 20%
Bicicletas: De 35% a 20%
Café molido: De 35% a 20%
Energizantes: De 35% a 20%
Latas de alimentos: De 35% a 13%
Ventiladores: De 35% a 20%
Calefactores eléctricos: De 35% a 20%
Cafeteras, pavas y hornos eléctricos: De 35% a 20%
Cremas solares y desodorantes: De 25% a 18%
Focos, tubos y artefactos LED: De 35%/25% a 20%
Gafas de sol: De 35% a 20%
Plástico ABS: De 12,6% a 2%
Plástico PET (botellas): De 12,6% a 6%
Hilado de poliéster: De 18% a 6%
Hilado de elatómero (lycra): De 18% a 2%
Moldes y matrices: De 24%/35% a 12,6%
Maquinarias diversas: De 12,6% a 2%
Ventiladores industriales: De 35% a 20%
En esta misma línea, a principios de mayo el Gobierno informó una reducción de aranceles a importaciones en tres áreas:
En un viaje que se preparó bajo un fuerte hermetismo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió en Beijing con Huailiang Liu, presidente de China Gezhouba Group Company (CGGC), la principal accionista de la UTE que construye las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, paralizadas desde diciembre.“Estamos trabajando sin descanso para que las represas se pongan en marcha y generen los empleos que nuestra gente necesita”, afirmó Vidal desde el gigante asiático.
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, enfatizó, a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y –lo que llamó fuertemente la atención– por el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada.
El viaje de Vidal se da luego del sorpresivo giro de Javier Milei frente a China, a la que elogió recientemente, y mientras el gobierno nacional evalúa fechas posibles para concretar una reunión entre el Presidente y su par chino, Xi Jinping. En este contexto, el gobierno argentino evalúa tres momentos: la cumbre del G20 a mediados de noviembre en Brasil, la cumbre Celac-China, en abril próximo, o una bilateral antes de junio del 2025, según informó ayer este medio.
Más allá de una mejora en las relaciones entre los dos países, las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, las dos obras civiles más grandes que China tiene fuera de su territorio, están frenadas desde diciembre y el gobernador santacruceño encaró el viaje más relevante en los diez meses que lleva como gestión. En China fue recibido también por el embajador argentino en aquel país, Marcelo Suárez Salvia,quien lo acompañó en las reuniones.
El gobernador de Santa Cruz en la sede de Ghezhouba, Beijing, China.Sec de Medios
“Este es el tipo de proyectos que puede cambiar la realidad de Santa Cruz, y estamos decididos a que suceda”, afirmó Vidal a través de un comunicado de prensa que distribuyó este mediodía la gobernación. La reducida comitiva santacruceña está integrada por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez y el recién nombrado interventor de la empresa estatal nacional, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.
“China, para el gobernador Vidal, representa un aliado estratégico fundamental, ya que no solo puede proporcionar el apoyo financiero necesario para mejorar el desarrollo productivo de la provincia, sino que también puede aportar tecnologías avanzadas que acompañen el proceso de modernización urgente para la recuperación económica y el desarrollo sostenible de Santa Cruz”, sostienen desde el gobierno provincial.
No es el primer contacto de Vidal con los constructores de la obra. En enero pasado, Zhang Jun, el CEO de la empresa, viajó hasta Río Gallegos, y le había solicitado a Vidal que interceda ante el gobierno nacional con el fin de tener certezas sobre el futuro de la obra, que están detenidas desde diciembre pasado y hoy cuentan con notable retraso en su construcción. Los vínculos con China siguieron aceitándose este año: en abril se dio la firma de un convenio de cooperación en materia económica y de inversiones entre el gobierno de Santa Cruz y la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian.
“Además de ser una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la provincia, estas represas tienen el potencial de dinamizar la economía regional, generando empleo sostenible y potenciando sectores clave como el energético e industrial”, sostienen desde el gobierno provincial.
“La colaboración con China no solo apunta a concretar la construcción de las represas, sino a establecer un vínculo a largo plazo que permita a la provincia desarrollar su perfil productivo de manera sostenible”, sostienen fuentes oficiales.
Una historia de contramarchas
Más allá de las inversiones, la reactivación de las obras es clave en Santa Cruz. Sin embargo, la última adenda (la XII) entre ambos países, que establecía nuevas condiciones de la obra, aún no está firmada. Las represas se financian con un crédito que otorgó el gobierno chino, a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. A la fecha, transfirieron a la Argentina US$1850 millones del crédito total de US$4714 millones. El último desembolso realizado fue en noviembre de 2022, luego de transferir dos pagos por US$538 millones.
El proyecto hidroeléctrico se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas en su desarrollo. Arrancó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, fue frenado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando, además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado durante cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.
En 2021, ante el incumplimiento en los plazos prefijados, el financiamiento entró en suspenso hasta que la Argentina y China llegaron a un acuerdo, el año siguiente. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito. Los últimos datos oficiales disponibles indican que las obras tienen un avance cercano al 40%, en el caso de la represa Jorge Cepernic (ex-La Barrancosa), y de 25%, en el caso de la represa Néstor Kirchner (ex-Cóndor Cliff).
Las centrales están ubicadas a 145 kilómetros de El Calafatey permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional. La represa Jorge Cepernic tendrá una altura de 41 metros y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GWh por año. La Néstor Kirchner tendrá 73 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán 3167 GWh por año. En esta última, las demoras se acentuaron a partir del 2019 cuando saltaron las alertas por un desplazamiento de suelos en el área donde se estaba construyendo y desde entonces se trabaja en una readecuación del proyecto inicial.
Google tiene previsto adquirir energía nuclear de varios reactores modulares pequeños (SMR) que desarrollará Kairos Power para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial (IA).
La fase inicial de los trabajos prevé la puesta en marcha del primer SMR de Kairos Power en 2030, seguida de la instalación de otros reactores hasta 2035. En conjunto, este acuerdo permitirá suministrar hasta 500 MW de nueva energía libre de carbono a las redes eléctricas de EE.UU. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que, según Google, ayudará a que más comunidades se beneficien de una energía nuclear limpia y asequible.
En una entrada del blog de la empresa, Michael Terrell. Director Senior de Energía y Clima de Google, declaró: «Este acuerdo forma parte de nuestros esfuerzos por desarrollar y comercializar una amplia cartera de tecnologías avanzadas de electricidad limpia para alimentar nuestros centros de datos y oficinas mundiales. Este enfoque complementará nuestro uso de energías renovables variables, como la solar y la eólica, y nos ayudará a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de energía libre de carbono 24/7 y de energía neta cero». La próxima generación de reactores nucleares avanzados ofrece una nueva vía para acelerar el despliegue nuclear gracias a su diseño simplificado y a su sólida seguridad inherente. El menor tamaño y el diseño modular pueden reducir los plazos de construcción, permitir el despliegue en más lugares y hacer más predecible la entrega final del proyecto.»
«Invertir en tecnología nuclear avanzada también puede aportar beneficios económicos directos a las comunidades de todo EE.UU. La energía nuclear tiene el mayor impacto económico de cualquier fuente de generación de energía, según el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE), y crea puestos de trabajo bien remunerados y a largo plazo. La agencia calcula que alcanzar los 200 GW de capacidad nuclear avanzada en EE.UU. para 2050 requerirá 375.000 trabajadores adicionales», añadió.
La tecnología de Kairos Power utiliza un sistema de refrigeración por sales fundidas, combinado con un combustible cerámico de tipo guijarro, para transportar eficazmente el calor a una turbina de vapor y generar energía. Este sistema de seguridad pasiva permite que el reactor funcione a baja presión, lo que posibilita un diseño de reactor nuclear más sencillo y asequible.
Los gobiernos de Argentina y Francia están por firmar una carta de intención para comprar tres submarinos Scorpène para la Armada, llave en mano y sin un centavo de construcción local. Estamos hablando de U$ 2000 millones, y de operatividad para el año del arquero. Los submarinos modernos se construyen muy despacio y en Toulon hay lista de espera, no se bajan de un anaquel al carrito y se pagan en la caja. Las tripulaciones formadas tampoco se reclutan con los clasificados de Clarín.
Las cartas de intención pueden ser declaraciones de amor, pero no contratos vinculantes. Todavía no estamos condenados a este desvarío.
Que Argentina necesita submarinos es una verdad de cajón. Pero tal vez otros y de otro tipo, y jamás en estas condiciones.
Imposible no recordar la crisis de la deuda griega en septiembre de 2008. Fue parte de la recesión mundial subsecuente al pagadiós de las inversiones «subprime». Naufragaron el centenario banco Lehman Brothers, centenares de fondos de inversión, y los dos grandes bancos federales de reaseguro hipotecario, llamados popularmente Freddie Mac y Fannie May. Millones de personas y decenas de países que creían tener casa quedaron «homeless», otros que se pensaban acreedores salieron desplumados, y cantidad de cajas de jubilaciones y seguros médicos privados se evaporaron.
Eso fue un desastre en todo el mundo, y también aquí. Pero en el caso de marras, lo que agravó la caída de la hasta entonces pujante clase media griega en la pobreza fueron 11 submarinos alemanes Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), 10 de ellos «llave en mano», uno solo construido localmente.
Se entiende que con 2000 islas a defender y demasiadas guerras con la poderosa y vecina Turquía, Grecia quiera submarinos con gran entusiasmo. ¿Pero tantos, y con tan poco astillero propio, sin nada de industria local, todo comprado a Alemania a pura deuda, eso en semejante país naviero? De la noche a la mañana esos fierros se volvieron impagables. Y Berlín decretó ajuste grado devastación. Tremendas armas, esas 11 naves: torpedearon y hundieron un país entero: el comprador. Alemania no se mojó: cobra deuda, es decir sigue comiéndose vivos a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes griegos.
No fue tan fácil, en diciembre de 2008 en Atenas y otras capitales hubo que romperles un poco la cabeza a palos y corchazos de goma, para que entendieran. Fue pedagógico y didáctico, para decirlo al modo ático.
Para ser claro cuáles deberían ser nuestras condiciones, un contraejemplo cercano, pero a la vez muy lejano.
Nuestros primos brasucas, que entienden del negocio, compraron la tecnología Scorpène (significa «escorpíón») al mismo proveedor que nosotros: Naval Group, el complejo de astilleros más viejo del mundo, fundado por el Cardenal Richelieu hace ya 400 años. Al Cardenal la muerte lo protege de saber que su Diréction des Constructions et Armes Navales (DCAN) ahora tiene nombre inglés. En contrapartida, La Huesuda lo priva de la satisfacción de constatar que a 4 siglos de fundada, su empresa sigue siendo francesa, estatal, y de saber que reemplazó a Alemania como la mejor fabricante de submarinos de Occidente.
Los cuatro Scorpène brasucas se han venido construyendo en Brasil, se llaman «clase Riachuelo», con sus 1900 toneladas son de mayor desplazamiento y autonomía que la oferta francesa habitual, tres ya están operativos (con el último por entregarse). El que se viene demorando demasiado por motivos obvios (es tecnológicamente mucho más complejo) es el Alte. Alvaro Alberto, inspirado más por el Barracuda francés. Se va construyendo de pe a pa en el mismo astillero de Itaguaí, Río de Janeiro, donde se hizo toda la clase Riachuelo.
El Alberto (el submarino, no nuestro expresidente) está en una clase propia. Con sus 4000 a 6000 toneladas, no sólo es de mayor en desplazamiento, sino que tiene motor nuclear, igualmente «feito en Brasil», y cuyo grado de avance real es secreto siempre, y desde hace demasiado. Pero vendrá, cuando venga, con capacidad de inmersión limitada únicamente por la comida a bordo.
A un submarino nuclear le sobra potencia eléctrica dar la vuelta al mundo sin emerger y a a veces a más de 30 nudos, así como para reoxigenar y depurar su atmósfera interior y potabilizar agua de mar.Los que quieran «porrada» con los primos, saben que una nave como el Alberto puede estar en cualquier lado del planeta y tendrán que gastar unos recursos navales tremendos sólo en encontrarlo. Eso si el Alberto no los encuentra primero a ellos. Y en eso consiste la gracia del arma submarina, ser el gato y no el ratón. Obviamente, el Alberto no será el último submarino nuclear de Brasil.
Brasil viene construyendo sus submarinos diésel eléctricos desde 1973, y pasó sucesivamente por las clases Humaitá, Tupí y Tikuna, todos derivados del muy popular Type 209 alemán, el submarino más exportado de la posguerra. Los 209 y sus parientes son más bien costeros y defensivos por su tamaño, baterías y autonomía, excelentes armas tácticas durante medio siglo. Pero por esos tres mismos ítems, los clase Riachuelo (y mucho más aún el Alberto) son armas ofensivas estratégicas, de alcance mundial.
El resultado más importante no es que Brasil posee ya una buena flota, con 8 subs activos. Son muchos los que quisieran pisarle el poncho a Brasil, porque ese poncho es «o mais grande do mundo»: está en todas partes. Brasil tiene 7400 km. de costas, una industria pesquera de U$ 150 mil millones, un negocio petrolero offshore de más de U$ 420 mil millones/año, y larguísimas rutas de ultramar que vinculan al país con África, Norteamérica, Europa y Medio y Lejano Oriente. Por esas vías en 2023 transitaron U$ 626.807 millones, sumando exportación e importación.
Sumando, hoy son U$ 1200 billones/año, y en el sentido latino de la palabra «billones», es decir millones de millones. Parece bastante más que el contrato inicial de U$ 7000 millones por transferencia de tecnología y capacitaciones que firmó Dilma Rousseff con Naval Group. Francia lo viene cumpliendo impecablemente, para poca felicidad de los EEUU, y Brasil lo viene pagando sin despeinarse.
En Brasilia nadie objeta el programa Prosub iniciado por Rousseff. No lo hizo ni siquiera Michel Temer, el presidente golpista que la derribó, y tampoco Jair Bolsonaro, el excapitán libertario demente que reemplazó al golpista.
Es que semejante paquete de negocios dependientes del control de los océanos genera su propio lobby. Hacia adentro, se defiende solo. Pero hacia afuera no se defiende con sólo 8 submarinos. Lo importante es Brasil ahora tiene un astillero y una cadena local de proveedores que generó miles de puestos de trabajo calificados en empresas siderúrgicas, metalúrgicas, metalmecánicas, electrónicas, ópticas, y sigue la lista. Cuando quiera más submarinos, los fabrica, y con todos sus repuestos.
El enlace entre el programa Prosub brasileño y el nuclear es de triple vía: la empresa que fabrica los cascos de los clase Riachuelo es Furnas, que nació como proveedora de los componentes pesados de las centrales nucleares. A su vez, la capacitación en motorización nuclear hará que en un futuro Brasil pueda diseñar sus propias centrales nucleares chicas tipo PWR, en lugar de comprarlas llave en mano a EEUU o a Alemania. Aquellos fueron errores de mal resultado técnico. Sería raro que los repita.
Por último, todas las partes usan un combustible estratégico: uranio enriquecido en el país. Tanto las dos plantas nucleoeléctricas activas de Brasil, las Angras 1 y 2, como la que sigue incompleta desde los ’80, Angra 3, como los submarinos clase Alberto «queman» enriquecido nacional, las nucleoeléctricas terrestres al 3,5% promedio, y los submarinos al 20%. Este es el límite al que EEUU te deja enriquecer sin mandarte los marines, o al menos tratar. Cuanto más enriquecido el combustible, rinde más megavatios por kilo, y más vida útil entre recargas.
Brasil enriquece uranio de forma pública y bajo control del OIEA desde los años ’80. Se sobrepuso a cantidad de aprietes, zancadillas y tackles diplomáticos (de adiviná quién) que atrasaron ese programa. Por eso todavía no ha terminado de construir la cantidad de cascadas de centrífugas que necesitaría un programa de centrales nucleoeléctricas y otro de submarinos nucleares. En la práctica, las centrífugas brasucas sólo alcanzan para el 75% del consumo de uranio enriquecido de las Angras 1 y 2.
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) es la dueña estatal de la FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) en Resende, Río de Janeiro. En tiempos de Dilma, INB firmó la construcción de la segunda etapa de Resende con Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), una especie de INVAP brasuca muy especializada en Defensa.
Todo este progreso brasuca ha sido agua para nuestro molino: cumpliendo pactos firmados en la primera presidencia de Lula, Brasil nos suministró el uranio enriquecido para el núcleo de la centralita nuclear compacta CAREM. Y es que a Brasil también le viene al pelo tener un experto nuclear de cercanías como Argentina. Eso es un socio.
VOLVIENDO A LOS SUBMARINOS
A diferencia de lo que nos pasó a nosotros en Malvinas, si a los brasucas se les rompe un Tikuna o un Riachuelo, ya son cancheros en el oficio y lo reparan en casa, sin pedirle asistencia a nadie. Los conocen porque los construyeron ellos. Si alguien amenaza alguno de sus muchos intereses marítimos, lo dicho: construyen otros más. La tecnología ya la tienen asimilada y pagada. Y al hacerlo, en lugar de aumentar su deuda, aseguran sus intereses marinos, y hacen crecer su planta industrial, su empleo y su PBI. Plata que se se sacan de un bolsillo y se ponen, con intereses, en el otro.
Dicho esto, nuestro gobierno actual parece estar optando por el modelo griego, en el cual el comprador prefiere naufragar. Y digo «parece» porque si con Naval Group se pasa del amor platónico de las cartas de intención a contratos más carnales, llenos de chanchadas de letra chica, es posible que los tres submarinos se los debamos a Francia toda la vida, y la vida de nuestros hijos.
Lo que ignoro es si los tendremos. Puede que sí, puede que no.
La Argentina está en bancarrota, no puede dedicar U$ 2000 millones a tres naves hechas íntegramente en Toulon y dejar desmantelada su flota de superficie, o clausurar para siempre su aviación naval. Tampoco puede la Armada dejar sin reequipamiento al Ejército y a la Aviación. Eso es canibalismo. O más bien, finge serlo.
Finge, porque toda la política de defensa del gobierno de Javier Milei se apoya en dos mentiras descomunales: la primera es firmarle cheques en blanco (pero sin fondos, grave detalle) a unas fuerzas armadas que desde la derrota de Malvinas vienen perdiendo casi todos sus activos por decrepitud y falta de mantenimiento. Pero fundamentalmente, las FFAA están en la lona por el cierre deliberado de los astilleros, fábricas de aviones y el enorme complejo de plantas industriales de Fabricaciones Militares. Menem lo hizo, Macri y el El Guasón suscriben.
La segunda gran mentira de la política de Defensa de Milei fue reciente la derogación por decretazo de la ley del FONDEF. Éste es (era) el Fondo Nacional de la Defensa, de 2018, que el año pasado juntaba U$ 500 millones, el 0,8% de los ingresos del estado. A cambio de independizarlos del PBI, a las cúpulas Milei les ofreció canilla libre con las compras. Entren y pidan, Papá paga.
Es todo muy ilegal, pero a la vez muy irreal, como el propio presidente. Nada bueno puede salir de semejante compra de pescado imaginario pero podrido. Las cúpulas militares deberían ser las primeras en desconfiar. Lo que les cocinan Milei y su ministro de defensa, Luis Petri a nuestras Fuerzas Armadas no es el rearme del país. Es sólo una versión recrudecida, letal y bendecida por la OTAN de su estado de desarme crónico.
Y el desarme se agrava de dos modos: mediante la compra de chatarra de la OTAN (ver el caso de los F-16 de 44 años de antigüedad). Es militarmente inútil,aunque sirva para desfiles y golpes de estado.
Lo segundo que agrava el desarme es el total desacople entre el PBI y el presupuesto de Defensa, que la ley del FONDEF trató por primera vez de unir.
El resultado de todo esto sólo puede ser el regreso de una alta oficialidad autista, oligárquica y ajena a toda industria, indiferente al empleo y de la marcha de la economía, y por último adicta al presidente -a éste mientras les sirva- pero no a la Constitución. Nada que no hayamos visto antes hasta el aborrecimiento, y nada que no hayamos visto fracasar.
Y fracasó en aquel experimento que no dejó más dudas: la Guerra de Malvinas.
Parte de la tripulación del ARA San Luis, que disparó 3 veces contra la Task Force desde un submarino donde no funcionaba nada, sobrevivió a varios torpedos antisubmarinos y unas 200 cargas de profundidad, y logró volver a puerto con el último resto de vida del motor diesel sobreviviente.
Para refrescar la memoria: en esa guerra uno de los dos submarinos relativamente modernos del país, el ARA San Luis, comprado a Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), venía flojo de mantenimiento. El almirante Emilio Massera era así, le gustaba comprar. Mantener y reparar no lo entusiasmaban tanto. Por ello el San Luis tuvo que ir al combate sin computadora de tiro y con torpedos que no funcionaban.
Transcribo un excelente relato del historiador Antonio Aira. Vale la pena leer la historia completa aquí. Le doy brevemente la palabra a Aira:
«El 19 de abril la computadora de control de tiro se avería y no puede repararse con los recursos a bordo, por lo tanto, solo se puede disparar realizando cálculos manuales y con una salva de un torpedo a la vez no con los tres que se puede disparar con la computadora. Las dificultades no se detenían. El sistema de refrigeración de los motores Diesel se avería haciendo que falle uno de ellos, esta rotura aumenta la cantidad de tiempo que los snorkels (dispositivo que permite la carga de los motores eléctricos) tienen que estar en la superficie».
Lo increíble no es que el San Luis le haya disparado tres a dos naves inglesas, sin causarles daño aparente. Pasaron 42 años y hay quienes seguimos creyendo que el 4 de mayo de 1982 surtió a una nave inglesa, y con un torpedo antisubmarino MK-37, pero la Royal Navy jamás admitió nada. Lo increíble es que el San Luis se bancara 864 horas de imersión y más de 200 cargas de profundidad y torpedos de rastreo, y aún así sobreviviera pegado al fondo -que es bastante bajo- como una almeja, indetectado por las decenas de sonoboyas, sonares embarcados y sensores magnéticos de la Task Force.
Cuando volvió rengueando con una sola máquina a la base de Marpla, fue amarrar y que el motor se detuviera definitivamente.
Mientras su par, el ARA Salta, otro Type 209, debió abstenerse de la lucha porque sufría de un chirrido de eje de hélice que no se pudo remediar en años. En el área de operaciones, habría sido más detectable que orzuelo de tuerto.
Aún así, el Salta luchó a su modo y escasa fortuna: ensayando tiro en aguas bonaerenses con los problemáticos SST-4, se le trancó un torpedo activo en el tubo de lanzamiento. Obviamente, no se podía hacer nada para sacarlo. Obviamente, el motor recalentó. La carga explosiva no estalló de puro pepe.
Imposible no mentar al viejísimo y desafortunado ARA Santa Fe, un submarino oceánico yanqui clase Balao de 1944 con (típicamente) fallas múltiples e intratables. Trató de desembarcar infantes de marina en Grytviken, isla San Pedro, Georgias del sur. Pero fue atacado a misilazos en superficie, con semejantes buracos en la vela era imposible huir en inmersión y el capitán logró encallarlo con gran muñeca junto al muelle de Caleta Vago. Allí lo capturaron los ingleses. Un argentino muerto, otro muy herido.
Salvo el coraje de las tripulaciones, falló todo, y fundamentalmente, la doctrina de adquisición y de mantenimiento. Gran contraste con el desempeño británico: bastó con que el HMS Conqueror hundiera al crucero ARA Belgrano, para que todas las unidades de la Flota de Mar tuvieran que ponerse a salvo en Puerto Belgrano hasta fines de la guerra.
Obviamente, el gobierno de Manuel Macron sabe que no le vamos a poder pagar los 3 Scorpene. Pero eso no le molesta: Francia tendrá décadas para resarcirse comiéndose a los jubilados, docentes, médicos y estudiantes argentinos durante décadas, y eventualmente haciéndolos cagar a palos y a tiros, al estilo de Alemania desde 2009 con sus homólogos helénicos, por seguir usandop palabras de lo más áticas.
Arma ambigua, los submarinos, las más complejas y terribles de las naves de combate. Como dicen los submarinistas, los barcos se dividen en submarinos y blancos. Los brasileños están usando esas naves para defender y simultáneamente construir su país. Nosotros vamos de cabeza al modelo griego.
Nuestro balance técnico de Malvinas es simple: no podés reparar bien nada que no hayas construido vos, y repetidamente, hasta que esa tecnología se te hace carne y la podés no sólo repetir sino mejorar. Lo que compraste en términos de «a cambio de pieles de castor, hombre blanco darme palo de fuego» te va a servir hasta que se rompa, y probablemente menos: hasta que te quedes sin balas.
A la hora de buscar opciones, en AgendAR aceptamos transferencias de tecnología, pero no de países con los que tenemos hipótesis de conflicto. Madame la République, lamentablemente, está en el mismo club que el Reino Unido, la OTAN. Y preferimos evitar compras de esta Hermandad de la Costa, sean fastuosas o miserables.
La idea del presidente anterior, Alberto Fernández, era típicamente miserable, y sigue viva: quiso comprarle a su par de entonces, el presidente Jair Bolsonaro, algunos de sus submarinos listos para chatarra, los de la clase Tupí, empezando por el primero, el Tupí mismo, activo desde 1989. Obviamente con el astillero Alte. Storni desafectado desde tiempos de Macri para la reparación de submarinos, al Tupí debía hacérsele una reconstrucción a fondo para rasquetearle algunos años más de sobrevida, en Ituaguaí, Brasil, y a escote del comprador. La excusa de Fernández para una compra tan cara e inútil era que sin ningún submarino activo, se perdía la formación de recursos humanos. Y tiene su validez.
Pero hay modos peores de perderlos: ya en 2017 murieron innecesariamente 44 tripulantes por salir de patrulla con un submarino mal reparado: el segundo ARA San Juan, que cuando nuevo era un excelente TR-1700 de ThyssenKrupp, militarmente superior al Type 209. Diseñados en Alemania en tiempos de Massera, que rima con chequera, íbamos a tener 6 de esos, 2 llave en mano y 4 hechos en el país, en el astillero Domecq García.
Pero en 1993 y a pedido de Su Graciosa Majestad, ese peligroso astillero lo cerró Carlos Menem.
En 2006 lo reabrió Néstor Kirchner, con el nombre de Alte. Storni, pero las impresionantes máquinas herramienta computadas compradas a ThyssenKrupp habían sido vendidas como chatarra por la patota de Menem, y fue un calvario volver a reunir parte del vejo elenco de ingenieros y técnicos navales especializados en submarinos. No es que ponés un clasificado en Clarín y aparecen. Regresó más o menos la mitad. Alguno había sobrevivido desde los ’90 hasta 2004 con un quiosco de revistas.
Lo que se dice, un regreso a la nada. En 2017, el Ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad, tras el hundimiento del ARA San Juan, decidió dejar su gemelo, el ARA Santa Fe, a medio reparar y lo dio de baja. También dio de baja el ya viejísimo San Luis original, el que había sobrevivido a 200 cargas de profundidad británicas. No sobrevivió a la temible lapicera del ministro Aguad.
También, quizás con la misma lapicera, dio de baja (y esto es lo principal) todo propósito de mantener, reparar y sobretodo, construir submarinos en un astillero propio. Y en el Storni quedaron, rojos de óxido, los cascos de dos TR-1700 «nonatos», construidos al 71 y al 36% respectivamente. Están congelados en ese estado desde 1993. El Dr. José Converti, reactorista de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue persuadido de diseñar un motor nuclear para uno de ellos. Ese motor obviamente jamás hubo un mango para construirlo y testearlo.¿En qué submarino ponerlo, además?
La propuesta de AgendAR en materia de defensa es industrialista. Lo que queremos es recuperar un astillero capaz de construir submarinos, no comprarlos llave en mano. Eso requiere de una política de reconstrucción de la industria de defensa que supimos construir entre 1927 y 1989. Junto a la nuclear, fue nuestra industria más industrializante, por la longitud y sofisticación de la cadena de proveedores privados que generó, y las decenas de miles de empleos calificados que generó.
La desaparición de esa industria ya nos hizo perder 2,4 millones de km2 de Mar Argentino que debería ser Zona Económica Exclusiva de nuestro país y hoy pertenecen al Reino Unido. Es algo que los medios y la cancillería argentina callan enérgicamente. Y es que lo que sigue inevitablemente es perder provincias. Es difícil creer de cuántos pisos de altura nos caímos. Fueron muchos. ¿Y todavía podemos seguir cayendo?
Podemos.Caramba… ¿No era el nombre de un partido político?
También podemos cambiar la música.
Desde que empezó la Guerra de Ucrania, este país, que no tuvo jamás una Armada que despeinara a sus vecinos, empezó a usar, diseñar y fabricar todo tipo de drones navales, desde los misiles de crucero antibuque Poseidón a más de una decena de modelos de barquitos kamikaze. Son silenciosos, autónomos, rudimentarios y no mucho mayores que un kayak.
También se dotaron seguramente de algunos torpedos de largo alcance, snórkel para que el motor respire y el «data link» emita posición y reciba instrucciones, y con capacidad de patrulla. De eso Kiev prefiere no hablar.
Lo cierto es que con esta flota tan improvisada y atípica, una Armada Brancaleone en todo sentido, Ucrania ya le hundió 26 barcos a la considerable Flota Rusa del Mar Negro. Desde fines de 2023 la tiene arrinconada y casi sin poder salir en los puertos de Sebastopol y Novorossiysk. Ucrania está perdiendo la guerra por tierra, y de modo bastante evidente, pero no así por mar. Sin su guerrilla aérea y acuática de drones navales, Ucrania ya sería un país mediterráneo.
El Toloka, equivalente submarino ucraniano de un dron patrullero kamikaze aéreo. Según el analista de defensa submarina británico, H.I. Sutton, este Toloka mide 2,5 metros. Las grandes aletas lo ayudan en la maniobra, puede patrullar en forma autónoma totalmente sumergido (Sutton no especifica tiempos o distancias). El mástil tiene una cámara y equipos de comunicaciones, y probablemente se usa en adquisición de blanco y trayectoria final. Hay dos versiones mayores, una de 12,5 metros, que todavía no se construyó.
En la emergencia argentina actual, yo empezaría por imitar a los ucranianos. No hay que ser un genio para ello, hay más de 50 países construyendo sus propios drones navales, desde superpotencias a países de medio pelo como nosotros. Los drones son baratos, se desarrollan rápido, a veces demuestran ser terriblemente eficientes y difíciles de detectar, y se hacen con recursos propios, sin cargar la deuda externa.
Tenemos una recesión colosal, astilleros del estado en franco desuso, un par de decenas de astilleros privados sin casi trabajo, y varias facultades de ingeniería excelentes.
Todos estos actores se tirarían de palomita sobre un proyecto de reconstrucción de nuestro poder naval con industria propia. Creemos que nuestros almirantes no. Pero nos encantaría que opinaran.
Tenemos también una empresa como INVAP, el más respetado constructor de pequeños reactores nucleares del mundo, del helidrón naval RUAS-160, cuya orden de despliegue la Armada viene demorando desde 2018. INVAP también diseñó y construyó de todos nuestros satélites exitosos, los de la CONAE y los de ARSAT. Aparatos que, como todos los satélites, por sus sensores y sistemas automatizados de navegación y mantenimiento de órbita, son drones espaciales, infinitamente más complejos que los kayaks kamikaze ucranianos.
Tiro la idea, por si alguna vez volvemos a tener un gobierno que gobierne para el país, o algún almirante industrialista como don Segundo Storni. Pinta que mejor es esperar sentados.
Sigue la historia de nuestra posible compra a Francia, tal como la cuenta, sin espinas, Zona Militar.
Daniel E. Arias
OOOOO
Conforme a lo reportado por La Tribune, “…Argentina y Francia podrían firmar una carta de intención (LoI) el 15 de octubre, que definirá las condiciones para la compra de tres Scorpènes, así como la prestación de servicios (repuestos y capacitación)…”. La rúbrica de un documento para avanzar en la adquisición de los submarinos fabricados por el astillero Naval Group la adelantamos desde este espacio el pasado 3 de octubre, mencionando que la posible compra superaría la inversión de US$ 2.000 millones, monto que contemplaría tres submarinos de ataque Scorpène, así como la provisión de servicios asociados, repuestos y entrenamiento.
Los recientes avances en las negociaciones bilaterales se dieron en el marco de la visita oficial del Ministro de Defensa Luis Petri a Francia, ocasión en la cual se reunió con su homólogo francés, Sébastien Lecornu. El titular de la cartera de Defensa argentina expresó durante su presencia en París que “Seguimos fortaleciendo nuestra cooperación en defensa, trabajando juntos para abordar los desafíos internacionales”.
La Tribune también reveló detalles adicionales respecto a la potencial compra de la Argentina. El requerimiento de la Armada Argentina sería por los Scorpène Evolved, variante que desplaza unas 2.000 toneladas y está equipada con baterías de iones de litio. Asimismo, el medio parisino reportó que “…La firma de esta carta de intención, que podría haberse rubricado ya en diciembre de 2023, es un hito muy importante de cara a la notificación de un futuro contrato…”.
Vale recordar que, pese a que la firma de una Carta de Intención no es del tipo vinculante entre las partes, el documento sienta un precedente favorable con Naval Group, astillero con el cual ya se tiene experiencia y que oportunamente propuso a su submarino clase Scorpène como candidatos para el proyecto de la Armada Argentina. A nivel regional, el Scorpène es operado por la Armada de Chile, mientras que la Marina de Brasil está en proceso de incorporar su tercera unidad, de un total de cuatro, denominados clase Riachuelo.
Prioridad para la Armada Argentina
En el corto plazo, la Armada Argentina fijó como prioridad la recuperación de la capacidad submarina, decisión que es acompañada por el Ministerio de Defensa. “…Es una importancia estratégica en el corto plazo incorporar una unidad que esté operativa y que una marina esté a punto de desafectarla, porque están prontos a la incorporación de algún otro medio más moderno…” expresó oportunamente el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Carlos María Allievi, en referencia a uno de los pasos previsto para iniciar la recuperación.
El titular de la Armada Argentina también manifestó que, pensando en el mediano y largo plazo, la Fuerza completó un estudio técnico y tuvo dos ofertas que son de publico conocimiento: la de Naval Group, que son los Scorpène; y los de Thyssen, que son los submarinos 209 nueva generación, NG. Esas propuestas fueron analizadas operativamente, y se recibieron las ofertas de los costos y presupuestos. Esa es una decisión que se va a tener que tomar para el mediano a largo plazo.
Foto: Marinha do Brasil
La compra de nuevos submarinos se verá reflejada recién en varios años, lapso durante el cual la Armada Argentina deberá llevar adelante diversos trabajos para contar con las tripulaciones, infraestructura y demás recursos. Iniciativa que lógicamente deberá ser apoyada e impulsada desde el Ministerio y poder Político atento la relevancia estratégica que representa este tipo de material para la Argentina y sus intereses marítimos.
La falta de vuelos logísticos y el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina han llevado a una crisis en la investigación antártica.
La semana pasada se confirmó que no habrá vuelos de despliegue de personal científico hacia la Base Marambio en el mes de octubre, sumándose a las cancelaciones de agosto y septiembre.
Durante los últimos meses de invierno y primavera, el personal científico del Instituto Antártico Argentino (IAA) y otras instituciones debería haber sido desplegado a la Base Marambio para luego ser distribuido a otras bases argentinas, como Petrel, Esperanza y Carlini, además de los campamentos ubicados en la misma isla. Estos traslados, que suelen realizarse en esta época mediante los helicópteros Bell 212 apostados en Marambio, han sido suspendidos debido a que ambas aeronaves llevan más de dos meses fuera de servicio, sin perspectivas de reparación durante lo que queda del mes.
La despreocupación e irresponsabilidad de las autoridades son evidentes, como lo demuestra la cancelación del estudio del pingüino emperador, una especie emblemática de la Antártida y gravemente amenazada por el cambio climático. Esta interrupción en la investigación, por segundo año consecutivo, refleja la falta de compromiso con la conservación de la biodiversidad en el continente, consecuencia directa de la incapacidad de los responsables para garantizar la logística en los tiempos establecidos.
La investigación científica en la Antártida es fundamental para garantizar la acción soberana del país. Desde la firma del Tratado Antártico, el continente ha sido destinado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional. La gestión de recursos y el uso del suelo, como la construcción de nuevas bases o la regulación de áreas pesqueras, dependen de los mejores datos científicos disponibles, siempre bajo la lógica de la preservación del ecosistema.
El desfinanciamiento sistemático de la ciencia en Argentina es un problema crónico que ha debilitado progresivamente la capacidad operativa científica del país. Aunque en el pasado se logró sobrellevar la situación, las últimas campañas antárticas han sufrido demoras y cancelaciones. Sin embargo, el gobierno actual de Javier Milei ha asestado el golpe final a la ciencia y la labor científica debido a sus decisiones que afectan negativamente la investigación y el desarrollo en Argentina. Una de las medidas más polémicas ha sido la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de su plan de gobierno, además del recorte de fondos para instituciones científicas prestigiosas como el CONICET.
En línea con su política de desmantelar el Estado, Milei espera que los investigadores se autofinancien, lo que deja a la ciencia pública en una posición crítica. Es fundamental reconocer que esta situación pone en riesgo el futuro de la investigación científica en Argentina.
La logística antártica argentina, actualmente a cargo del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), enfrenta serias dificultades. La antigüedad de sus aviones y embarcaciones, la falta de recursos para repuestos y el mal estado de muchos de ellos han agravado la situación. Los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, con más de 50 años de servicio, y las embarcaciones gemelas «Bahía Agradable» y «Canal de Beagle», con más de 30 años de operación, junto al rompehielos «Almirante Irízar», son los principales medios encargados de las operaciones logísticas al sur del paralelo 60°. Sin embargo, estos recursos están sometidos a una considerable sobreexigencia y las embarcaciones suelen operar con exceso de personal.
También se deben considerar las pérdidas del buque polar «Bahía Paraíso» en 1989 y el incidente con el avión Twin Otter, que sufrió daños al quedar atrapado en una grieta.
Además, los helicópteros multipropósito MI-17, utilizados en campañas antárticas, fueron donados al gobierno de Ucrania, como parte del alineamiento de Argentina en el conflicto entre la OTAN y Rusia. Estos helicópteros, capaces de transportar hasta 5,000 kg mediante gancho de carga y trasladar a más de 35 personas, estaban preparados para realizar tareas de búsqueda y rescate (SAR), lucha contra incendios y patrullaje en entornos hostiles. Poco después de la donación, se informó que uno de ellos habría sido derribado.
La problemática logística y el incumplimiento de los trabajos científicos en la Antártida se agravan en el contexto del traspaso de la Administración de las bases e instalaciones antárticas de la Cancillería al Ministerio de Defensa. Al perder sus funciones, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) se debilita, mientras que el Comando Conjunto Antártico asume el control, decidiendo a discreción la cantidad de plazas científicas y la operatividad de los medios logísticos.
En un mundo donde las relaciones y tratados internacionales se desvanecen ante el fuego de las guerras y los quebrantos económicos de los Estados, Argentina no es inmune. El contexto actual, exacerbado por el pacto Mondino-Benny y la presencia naval estadounidense en el Mar Argentino, pone de manifiesto la disposición del Gobierno a ceder sus reclamos de soberanía sobre territorios extraterritoriales. A su vez, esto amenaza los 120 años de presencia argentina en la Antártida, donde trabajadores han operado sin interrupciones en las latitudes más extremas.
Este escenario geopolítico, sumado a la debilidad de la DNA y los problemas logísticos del COCOANTAR, genera una creciente preocupación en la comunidad científica y diplomática: ¿podrá Argentina asegurar la continuidad de sus trabajos científicos y cumplir con los compromisos internacionales, fundamentales para mantener nuestros reclamos de soberanía?
La conflictividad en el Hospital Garrahan sigue creciendo. Con medidas de fuerza que se suceden desde hace ocho semanas por los salarios y una fuga de profesionales especializados hacia el sector privado, se reconfiguran turnos o intervenciones que puedan esperar y servicios que estén afectados. A la par, en el inmenso hall del ingreso por la calle Pichincha, se nota el aumento de la demanda en ese centro nacional de referencia en pediatría con cerca de 4800 empleados.
La decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de echar a los integrantes del Consejo de Administración porque habían resuelto pagar un bono complementario de $500.000 a todo el personal generó enorme desconcierto interno. A la par, puso aún más en alerta a los gremios y la asociación profesional con representación en el hospital.
El dinero para ese bono no provenía del presupuesto anual del hospital que comparten entre la Nación (80%) y la Ciudad (20%). La fuente era un aumento del 433% en la facturación durante los últimos nueve meses a través del recupero de prestaciones y servicios a obras sociales y prepagas, provincias y países de la región. Se había cobrado el mes pasado poco menos del 50% de $10.000 millones facturados y se podía hacer frente a un bono extraordinario de medio millón de pesos para cada empleado del hospital. En un cálculo rápido, el pago de ese plus iba a demandar unos $2400 millones, menos de la cuarta parte de fondos que estaban ingresando por el recupero.
“Era la primera vez que ese beneficio también alcanzaba a los residentes y becarios que están atrasados con respecto de los residentes de la Ciudad y la provincia [de Buenos Aires]”, destacó uno de los profesionales que tiene a cargo médicos en formación en el servicio. “Los bonos se dan en forma habitual y no es plata que tiene que enviar el Gobierno”.
Ese bono, por planilla complementaria, no solo paliaba las necesidades económicas que venía expresando el personal. Ayudaba a reducir la conflictividad interna.
De ahí que la medida tomada por el flamante ministro, al día siguiente de prestar juramento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, no se termina de comprender en el Garrahan. Basta, si no, con preguntar a los que ahí trabajan. Es que el mismo día que Lugones echó a los consejeros, refrendó la decisión del Consejo de Administración de pagar el bono, que se efectivizó a las 24 horas.
Recursos genuinos
En los recibos de sueldo del personal del Garrahan, hay un ítem por recursos genuinos todos los meses: son $200.000 que cobra el personal para mejorar el ingreso y provienen del mismo fondo que el bono adicional de $500.000. Solo que, en lugar de abonarlo en dos o tres meses con los salarios, se definió hacerlo en un solo pago y se hizo en diálogo con delegados gremiales.
“Hace más de dos meses que, por un reclamo genuino por el retraso salarial, empezamos a conversar con el consejo para que le retransmitieran al Ministerio de Salud preocupaciones puntuales porque había profesionales con excelente formación, prestigio y antigüedad que estaban empezando a buscar trabajo en el sector privado por mejores salarios y eso iba a dañar la calidad de la atención en el hospital”, dijo la comisión interna de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que el 30 de septiembre suscribió un acta acuerdo por el pago del bono.
“Tomamos conocimiento de que en los últimos seis meses presentaron la renuncia 30 profesionales de distintas áreas por mejores propuestas laborales. Esto no se había visto en mucho tiempo”, continuaron. En más de un servicio, mencionaron a este medio que la principal opción está siendo la industria farmacéutica, seguida de búsquedas de propuestas en el exterior.
Al respecto, tras la publicación de esta nota, desde el Ministerio de Salud de la Nación pidieron aclarar que el año pasado “renunciaron, en total, 85 trabajadores, mientras que en 2024, 66. En 2023, renunciaron 14 médicos especialistas y, este año. van 16. Los números indican que no hay fuga, sino que se mantuvo el promedio de los últimos años”.
Copia del acta acuerdo firmada con UPCN el 30 de septiembre; a los dos días, el nuevo ministro de Salud echó al Consejo de Administración, pero refrendó la decisión
Los niveles salariales más bajos –camilleros, operarios y ayudantes– empezaron a quedar muy retrasados con respecto de la canasta básica. Se sucedieron reuniones con la gestión anterior en el Ministerio de Salud, pero si la solución dependía del presupuesto anual no tenía aprobación de Economía porque cualquier aumento salarial está sujeto de las paritarias para la Administración Pública Nacional. “Quedamos empantanados y empezamos a buscar alternativas con las autoridades del hospital, que por decreto tiene recursos propios por recupero de prestaciones que puede distribuir entre el personal”, continuaron.
En ese contexto, UPCN suscribió el acta acuerdo con los consejeros. También lo hizo el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la ciudad de Buenos Aires (Sutecba), según refirieron en el hospital, no así la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aunque con la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) aceptaron la medida. “Era un monto importante y ayudaría mejor a los trabajadores que están con deudas, retraso en el pago de las tarjetas, los alquileres, servicios y compras diarias”, refirió uno de los delegados que suscribió el acta.
El consejo que desplazó Lugones lo presidía, desde febrero, Oscar Imventarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático del hospital pediátrico y expresidente de la Asociación Internacional Hepato-Pancreato-Biliar (IHPBA, por su nombre en inglés) y la Sociedad Argentina de Trasplante. Tras completar su formación en la Universidad de Pittsburgh, volvió al país y, en 1992, creó los dos primeros programas de trasplante hepático del país en el sistema público de salud: para chicos en el Garrahan y para adultos en el Hospital Argerich. Continuará al frente del servicio en el hospital pediátrico, según se indicó ante la consulta.
Durante su gestión, se firmaron convenios con los ministerios de Salud de 15 de las 24 provincias para recuperar costos de prestaciones a pacientes derivados y otros servicios de capacitación profesional, mientras que se suscribieron acuerdos Garrahan Internacional con Uruguay y Paraguay para ordenar la demanda de los pacientes extranjeros –que sean derivados en lugar de llegar por turismo médico– y recuperar los costos de atención.
Un 40% de los pacientes oncopediátricos del país se atienden en el Garrahan y, con este tipo de convenios, se facturan las prestaciones a las provincias que los derivan. También con la Organización Panamericana de la Salud se suscribió un acuerdo para entrenar a médicos de países de la región con capacitaciones remotas, otra fuente de ingresos genuinos.
Abuso de poder
Con el cambio de consejeros, en Salud se decidió reducir de cuatro a tres el número de representantes que tiene la Nación en el órgano que conduce el hospital. La presidencia pasaría a tener doble voto en las decisiones. En el convenio con la Ciudad, que se actualizó en 2017, se definieron en cinco los miembros. El representante porteño, en tanto, sigue en funciones.
Hasta el momento, no se publicaron las designaciones en el Boletín Oficial. “Hoy, el hospital no tiene presidente”, coinciden profesionales y gremios ante la consulta sobre la toma de decisiones de administración y vías de diálogo.
Esta semana, mientras se llevaba adelante la primera de dos jornadas de paro, la diputada Marcela Campagnoli, vocal de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja del Congreso Nacional, y Elisa Carrió (Coalición Cívica) denunciaron al nuevo ministro por abuso de poder. Consideran que la decisión de separar de sus cargos a las autoridades del hospital fue “arbitraria” de parte de Lugones y persigue “evitar un efecto contagio en los reclamos salariales” en los demás organismos nacionales en la órbita de Salud.
“La arbitrariedad e ilegalidad estaría dada en la atribución de facultades por parte del ministro que no le son propias, las que habrían motivado su orden abusiva de solicitar la renuncia del Consejo”, señalaron en el escrito. Es que en la comunicación oficial inicial sobre el desplazamiento se atribuyó la decisión a que “la entrega de esas sumas [por el bono de $500.000] no obedece directamente a la negociación de la pauta salarial” en relación con las paritarias de la APN.
Por lo tanto, para las denunciantes, “la directiva impartida tiene por único fin amedrentar a toda autoridad administrativa para que se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando actué en contra de las normas legalmente vigentes”.
Anteayer, cuando concluyó el paro por 48 horas de esta semana, hubo que volver a reordenar turnos y servicios. Ante la consulta, en el hospital comunicaron que, durante la medida de fuerza, el servicio de Emergencias operó con la Guardia de 24 horas para la atención de pacientes durante ambos días, se reprogramaron consultas ambulatorias y cirugías en ambas jornadas de paro.
El martes próximo, en una nueva asamblea, se decidirán más medidas. “Pedimos $1,5 millones de sueldo inicial, igual a la canasta básica (hoy, los sueldos comienzan en $500.000 el personal de mantenimiento y $900.000 un médico con 15 años de especialización). Reclamamos un aumento de las guardias de 24 horas, que nos pagan $6000 la hora, la mitad que en los privados, y rechazamos el impuesto al salario, entre otros puntos. Por estas condiciones estamos perdiendo personal altamente calificado, irremplazable”, señalaron desde APyT, que lidera las movilizaciones con ATE y Autoconvocados. “Están jugando al límite con la salud pública y están creando las condiciones para una verdadera marea blanca”, lanzó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
En tanto, en la comisión interna de UPCN consideran que esta situación de conflicto “le hace daño” al hospital. “Hay una gran mayoría silenciosa dentro del hospital que no está acompañando las medidas, pero no por eso la está pasando bien. No puede ser que las familias que llegan con sus hijos que necesitan atención tengan que encontrarse con un hospital convulsionado”, plantearon.
La válvula Clover, desarrollada por el cirujano cardiovascular Osvaldo Amerio, junto con su socio, Carlos Schvezov, promete revolucionar el campo de los reemplazos valvulares cardíacos.
Este innovador dispositivo busca combinar las fortalezas de las válvulas biológicas y mecánicas, eliminando sus principales desventajas. Mientras que las válvulas biológicas evitan la necesidad de anticoagulantes, tienden a desgastarse en 8 a 10 años, y las válvulas mecánicas, aunque más duraderas, requieren medicación de por vida. Clover, en cambio, apunta a ofrecer una solución duradera sin la necesidad de anticoagulantes, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo la probabilidad de reoperaciones.
El desarrollo de Clover surgió de la experiencia y observación de Amerio a lo largo de su carrera como cirujano cardíaco. Tras formarse en Brasil, identificó la necesidad de una válvula que resolviera los problemas actuales de las opciones disponibles. “La idea fue crear una válvula mecánica con diseño de biológica para tener un flujo central sin turbulencias y evitar los coágulos”, explicó Amerio.
El largo camino desde la idea inicial hasta la creación del prototipo final ha estado lleno de desafíos técnicos y colaboraciones estratégicas, que incluyeron la alianza con la Fundación Barceló y el apoyo de inversores clave.
La Fundación Barceló, a través de su incubadora Incubando Salud, jugó un papel crucial en el impulso del proyecto Clover. Se trata de la primera incubadora en América Latina especializada en salud, con más de 12 años de experiencia en la promoción de startups enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas. Con un programa federal de incubación, busca ideas innovadoras en el sector de la salud, desde dispositivos médicos hasta plataformas digitales, y se enfoca en el perfeccionamiento de planes de negocios, la validación de MVPs (productos mínimos viables) y la expansión internacional.
Hasta la fecha, la incubadora ha evaluado más de 800 modelos de negocio, incubado a más de 45 startups e invertido en seis de ellas, utilizando un fondo de inversión con un total de 450.000 dólares. Amerio y su equipo participaron en uno de estos programas, donde recibieron formación y apoyo clave para estructurar el proyecto Clover. “En ese momento, no éramos una empresa, sino un proyecto de laboratorio bastante avanzado”, comentó Amerio.
Durante este proceso, el equipo de Clover fue premiado con el primer lugar en un concurso de la Fundación, lo que les dio mayor visibilidad y acceso a nuevos recursos.
La importancia de las válvulas cardíacas
Amerio describe la importancia de las válvulas cardíacas en el sistema circulatorio, resaltando que las más afectadas suelen ser las del lado izquierdo del corazón: la válvula mitral y la aórtica. Estas válvulas funcionan como compuertas unidireccionales que permiten el flujo de sangre. Sin embargo, el desgaste natural y enfermedades pueden provocar estenosis (cuando la válvula no abre completamente) o insuficiencia (cuando no cierra correctamente). Ambos casos son indicaciones claras para el reemplazo valvular. Aunque hoy en día existen procedimientos mínimamente invasivos como el TAVI (implante de válvula aórtica transcatéter), Amerio enfatiza que “en los últimos 40 años, no ha habido modificaciones disruptivas en el diseño de las válvulas, solo incrementales”.
El proceso de desarrollo de Clover ha sido largo y meticuloso. Amerio relata que tras regresar a la Argentina, colaboró con la Facultad de Ingeniería en Misiones, donde trabajó con doctores en ingeniería especializados en modelado de materiales. “Primero simulamos las válvulas existentes y luego comenzamos a modelar la nuestra”, detalla.
Después de múltiples pruebas y simulaciones utilizando un software único en el país, lograron fabricar los primeros prototipos, que fueron testeados en Estados Unidos con resultados alentadores.
La inserción de Clover en el ecosistema de startups de salud fue otro paso clave en su desarrollo. Gracias a su experiencia en Incubando Salud, el proyecto avanzó significativamente, y esto permitió que Clover obtuviera cinco patentes en Estados Unidos y Europa. Estos avances atrajeron la inversión del Centro de Innovación Tecnológica y Sociales de Suncor (Cites), que ha sido fundamental para seguir avanzando en los estudios preclínicos. Amerio destaca que el próximo gran hito es el estudio en animales, etapa previa a las pruebas en humanos. Para este paso, el equipo está buscando una inversión de 1,5 millones de dólares, lo cual les permitirá completar los estudios y avanzar en los complejos procesos regulatorios.
En cuanto a los desafíos que enfrentan, Amerio explica que el proceso regulatorio para dispositivos implantables como las válvulas cardíacas es especialmente complicado, pero confían en los resultados obtenidos hasta ahora. “El estudio in vitro nos muestra que la válvula tiene una hidrodinámica excelente, con valores de resistencia y apertura muy prometedores”, asegura el cirujano.
A pesar de los obstáculos, el equipo de Clover mantiene un optimismo cauteloso, esperando que los próximos estudios en animales confirmen el éxito del proyecto. Con los estudios preclínicos a punto de finalizar y el interés creciente de inversores, la válvula ideal podría estar más cerca de lo que se piensa.
El 52,9% de pobreza en el primer semestre de 2024 informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio lugar a una confusión de parte del ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular de Palacio de Hacienda razonó que la tasa de pobreza de 58% de 2002 había duplicado la del comienzo de la crisis de fin de siglo, y que ahora, bajo su gestión, ese aumento fue de 11 puntos (41,7% a 52,9%). Caputo se atribuyó el mérito de haber conducido “un programa económico serio” para salir del atolladero y, en cambio, “desde una situación mucho menos crítica” (¡en 2001!), la debacle fue de mayor escala.
El razonamiento, de por sí enrevesado, abre enormes dudas sobre la supuesta mayor gravedad de la crisis actual, el punto de partida y de llegada para medir esos períodos, o la autopercepción de que el programa que instrumenta el ministro es “serio” frente al supuesto vacío de 2002. Por esta vez, cabe dejar de lado las polémicas valorativas difundidas por un Gobierno que juega a diario con cifras como 17.000% de inflación, 95% de pobreza y una jubilación imaginaria que les gana a los precios.
El dato relevante de la intervención de Caputo es que el 58% de pobreza en 2002 al que aludió estaba equivocado a los fines de la comparación. Ocurre que el INDEC realizó un cambio en la integración de la canasta básica que mide la pobreza, por lo que, de ser medida con el criterio actual, el indicador de 22 años atrás sería 65,5%. El 58% aludido por Caputo se refería al registro de aquel momento. Una lectura correcta habría incluso ayudado al ministro en su narrativa de que el crecimiento de la pobreza fue más grave en 2002.
A Caputo se lo aclaró en Twitter Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de la ONG Fundar y exdirector de Estudios para la Producción durante el Gobierno de Alberto Fernández. El ministro debería haber tenido en cuenta el cambio metodológico del INDEC, porque fue implementado durante el Ejecutivo de Mauricio Macri, que él integraba como titular de Finanzas.
Ministro, el gráfico que usted comparte está mal. ¿No sabe acaso que en 2016 el @INDECArgentina cambió la forma de medir la pobreza y que ese cambio metodológico introdujo 10 puntos de pobres? Le dejo aquí una serie comparable en el tiempo. Saludos. t.co/o1u0KY2RYPpic.twitter.com/0iIB6nj0JP
El equívoco a la hora de ponderar dos cifras de pobreza en un período relativamente corto dentro de un mismo país da la pauta del peso de las variaciones metodológicas para arribar a conclusiones fallidas.
“La pobreza y la indigencia se miden a partir de la encuesta de hogares, comparando los ingresos familiares con valores monetarios que representan la línea de pobreza —precio de la canasta básica total— y la línea de indigencia —precio de la canasta básica alimentaria—, respectivamente”, explica a elDiarioAR Leopoldo Tornarolli, investigador del CEDLAS-UNLP y docente en Política Económica I en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.
A lo largo del tiempo, el Indec ha realizado cambios en la forma de medición, que incluyeron el área geográfica del estudio, cantidad y contenidos de las preguntas a los hogares, y extensión de la muestra. En la actualidad, el registro se hace durante todo el año en todos los aglomerados de al menos 100.000 habitantes. En la década de 1970, la encuesta se restringía a la Capital Federal y algunos partidos del Gran Buenos Aires, y a dos meses particulares, explica Tornarolli.
Un ejemplo frecuente de distorsión es cuando se comparan datos de pobreza por ingresos entre países, tomando como base los informes de los sistemas estadísticos nacionales. Los métodos de registro son distintos y, sobre todo, varía la composición de las canastas que delimitan los universos de pobreza e indigencia. En ese punto, la canasta de Argentina es bastante más exigente en los elementos que la componen que la de la mayoría de los países de la región.
Así, se llega al absurdo de leer estadísticas en las que Argentina duplica o triplica la pobreza de países como Perú, Paraguay y Brasil, y quintuplica la de Chile, algo que desmienten tanto una mera visita con ojos atentos a las ciudades y periferias de esas naciones, como estadísticas abarcativas y homologables, elaboradas por organismos internacionales. Entre ellas, la más conocida es el índice de desarrollo humano (IDH) llevado a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un estudio multidimensional que incluye la variable de ingresos, pero no se limita a ella. En cuanto al IDH, el país latinoamericano mejor posicionado es Chile, que desplazó hace años a Argentina al segundo lugar. Resulta obvio que una economía no puede estar entre las de mayor IDH y, a la vez, mayor pobreza.
Más calorías
La alta línea de pobreza de Argentina en relación a otros países de América Latina se debe a dos cuestiones centrales. “Los requisitos nutricionales sobre los que Argentina construye la canasta son altos para la región: 2.750 kilocalorías diarias, contra entre 2.000 y 2.500 en casi toda la región, por lo que la canasta alimentaria ya es más exigente”, indica Tornarolli.
Además, el ratio entre el gasto total y el gasto en alimentos para un grupo específico de la población es más elevado en Argentina, y ese factor se usa para multiplicar la canasta básica alimentaria —que mide la indigencia— y obtener con ello la canasta básica total —límite de pobreza—, dice el docente de La Plata. “Explicado más intuitivamente, los hogares de referencia para ese cálculo destinan una proporción menor al gasto alimentario en Argentina —porque la canasta es más rica— que en otros países, y por ello el ratio es mayor”, agrega.
Las comparaciones también se ven afectadas por otros aspectos, como el ítem “´renta implícita de la vivienda propia´, un monto que algunos países adicionan al ingreso de los propietarios como si se ahorraran un alquiler, y eso, al no existir en la medición argentina, también eleva la pobreza”, dice Tornarolli.
Hay formas de establecer comparaciones con canastas homologables o con un piso de ingresos establecido en, por ejemplo, el equivalente a US$5 por día por habitante. Como aclaró Schteingart en otro tuit, con un parámetro uniforme, Argentina tenía treinta puntos menos de pobreza que el promedio de América Latina en 2017. En 2024, tan sólo tres puntos menos. El cuadro pinta una debacle histórica.
El paraíso perdido
Otro error habitual en el debate público argentino, en el que incurren dirigentes con altas responsabilidades, analistas y periodistas, es la comparación con las décadas de 1960 y 1970. No es extraño escuchar que, en aquellos años, la pobreza casi no existía. Por lo general, se atribuye un 4% de pobres antes del Rodrigazo de 1975.
La existencia de villas de emergencia en las grandes ciudades llevaba décadas en la Argentina de 1970. Además, la pobreza rural en provincias del norte, con conexiones a servicios muy insuficientes y mucha menor escolaridad que ahora, sobre todo en el nivel secundario, deberían ser de por sí un motivo desalentador para quienes dibujan la panacea del país de medio siglo atrás.
“Realmente no existe una canasta alimentaria de los setenta como para compararla con la actual. Los cálculos para esa década recién se hicieron en la segunda mitad de los ochenta, y los investigadores que los hicieron usaron como referencia valores que en algún momento otro colega mencionaba en algún documento de la época, pero no fue una construcción paso a paso de una canasta como es la actual”, aclara Tornarolli.
Una variación sustancial que invalida la comparación lineal es cómo se componía el ingreso familiar, que es medido en la Encuesta Permanente de Hogares. El registro se basa en los ingresos laborales, que en la década de 1970 constituían una porción mayor que ahora en los sectores más vulnerables. “En los últimos quince o veinte años, creció mucho la importancia de las transferencias directas de ingreso del Estado hacia los hogares, y la captación de ellos en la EPH dista de ser perfecta”, puntualiza el experto de la Universidad de La Plata. Si no se capta bien, por ejemplo, el peso de la asignación universal por hijo o los programas alimentarios, el indicador de pobreza e indigencia será más alto.
El rastro de Moreno
A las dificultades propias de entender un instrumento estadístico complejo y la agitación habitual del debate político, se suma un factor que ha sido devastador para consensuar una discusión en torno a datos.
La intervención del INDEC parte de Guillermo Moreno a instancias de los Kirchner falsificó el índice de precios durante años, para que el valor anual estuviera por debajo del 10%, cuando en realidad estaba por encima del 20%.
Esa gesta, además del deterioro institucional, el costo económico y el aumento de la litigiosidad en territorio extranjero con tenedores de bonos, actuó como un lastre para el valor de la palabra pública del kirchnerismo. La erosión de la legitimidad discursiva afecta a rubros en los que los Gobiernos de Néstor y Cristina tuvieron logros relevantes para mostrar, entre ellos, la disminución de la pobreza y la desigualdad entre 2003 y 2011. A la vez, sus rivales encontraron un campo para dar rienda suelta a un festival de datos dudosos o directamente disparatados, como exhibe a diario el Gobierno de los hermanos Milei y como antes lo hizo el de Macri.
A partir de 2016, el Ejecutivo de Cambiemos comenzó a aplicar una canasta básica más exigente, que dio un indicador de pobreza cercano a 30%. La necesidad y forma de variación generó polémica, pero recuperó el consenso sobre la confiabilidad del registro.
No obstante, Tornarolli marca un “side effect” producto de los años de datos falsos. Los hogares encuestados se volvieron más renuentes a brindar información, a la vez que aumentó la subdeclaración de los ingresos familiares.
El especialista de la Universidad de La Plata atribuye como hipótesis que la peor calidad de la encuesta obedece a menos entrenamiento y compromiso de los encuestadores y desconfianza en el organismo por parte de los consultados, resabios del período 2007-2015,.
Más allá de esas cuestiones, la comparación entre décadas incluye una dificultad intrínseca, que está vinculada a los hábitos del consumo. La administración del tiempo, los servicios en el hogar, el consumo de kilos de carne por año, la mayor tasa de escolaridad privada, el mayor empleo femenino, la existencia del freezer y un largo etcétera son elementos que modificaron sustancialmente la composición de las canastas total y alimentaria.
Con todo, Tornarolli arriesga: “Con una medición similar a la actual, y salvando los problemas mencionados, la pobreza por ingresos en los setenta es bastante seguro que fuera mayor al 10% y, con bastante probabilidad, cercana al 20%”.
Algo más aproximado a menos de la mitad que en la actualidad y parecido a la Argentina del comienzo del segundo Gobierno de Cristina y algún período intermedio del menemismo.
El río Amazonas, azotado por sequías consecutivas alimentadas por el cambio climático, se está secando, y algunos tramos de la poderosa vía fluvial se están reduciendo a pozas superficiales de tan solo unos metros de profundidad.
El nivel del agua en varios tramos del río Amazonas, que serpentea a lo largo de unos 6400 kilómetros por América del Sur, descendió el mes pasado a su nivel más bajo jamás registrado, según datos del Servicio Geológico de Brasil.
En uno de los tramos del estado brasileño de Amazonas, el río descendió unos 7,6 metros por debajo de la media para esta época del año, según el organismo, que empezó a recopilar datos en 1967.
Algunas partes de tres de los afluentes más importantes del río Amazonas —ríos importantes por derecho propio, cada uno de más de 1600 kilómetros— también han descendido a mínimos históricos.
La crisis ha paralizado el Amazonas, una superautopista acuática vital que sirve prácticamente como único medio para conectar comunidades forestales y mover el comercio en algunos de los tramos más remotos del planeta.
Ante una situación que no tiene señales de remitir, Brasil ha recurrido a una medida extraordinaria, que podría haber sido impensable hasta hace poco: hacer más profundo el mayor río del mundo.
A partir de este mes, el país planea empezar a dragar tramos del río con el objetivo de garantizar que, incluso en tiempos de sequía, las personas y las mercancías puedan seguir circulando por la selva.
“En algunos lugares, prácticamente podemos ver la vegetación en la superficie del río”, el agua está tan baja que las plantas del lecho quedan expuestas, dijo Fabricio de Oliveira Galvão, director del Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte, una agencia federal. “Esto limita la navegación. La gente no puede viajar así”.
El notable descenso del nivel del agua ha dejado a las embarcaciones con dificultades para transportar a los niños a la escuela, llevar a los enfermos a los hospitales o suministrar medicinas y agua potable a aldeas lejanas.
En vísperas de las elecciones locales de este mes, es posible que haya que enviar por avión máquinas de votación a miles de brasileños varados que no pueden llegar a los centros urbanos cercanos para votar.
El caos del transporte también ha afectado al importante centro internacional de producción de Manaos, una ciudad de dos millones de habitantes situada en el corazón de la selva tropical. Las aguas poco profundas han dificultado el atraque de los buques de carga. Por ello, las empresas hantrabajado intensamente para construir muelles flotantes donde descargar los suministros de los contenedores, minimizando así la interrupción de la cadena de suministro.
Un afluente del río Amazonas en la ciudad de Manaos, Brasil, en junio
El mismo tramo de agua el mes pasadoCredit…Photos by Edmar Barros/Associated Press
“Todo lo que llega aquí suele venir en barco”, dijo Ayan Santos Fleischmann, hidrólogo del Instituto Mamirauá, una organización de investigación de una zona rural del estado de Amazonas. “Sin los ríos, casi no hay forma de navegar por el Amazonas”.
En el pasado, las autoridades brasileñas han dragado el río Amazonas en raras emergencias. Pero ahora se excavará el lecho del río de forma continua durante los próximos cinco años para hacer frente a la posibilidad de que se produzcan condiciones de sequía crónica, dijo Galvão.
“Es para que no suframos en los próximos años”, señaló.
El Amazonas es a la vez el río más caudaloso del mundo y el sistema fluvial más largo, nace en los Andes peruanos y atraviesa cinco países antes de desembocar en el océano Atlántico. Alberga una rica variedad de vida acuática, como pirañas y delfines rosados de río. En algunas zonas, el río sigue siendo muy profundo —hasta unos 121 metros— y puede albergar transatlánticos.
Con todo, el plan de dragado pone de relieve las drásticas medidas que los gobiernos de todo el mundo se están viendo obligados a adoptar para suavizar las repercusiones de las condiciones meteorológicas extremas en el transporte, la economía y la vida cotidiana.
Personas en el estado de Amazonas transportando bidones de agua el mes pasado en los bancos de arena del río Madeira. Los niveles de agua están bajando en algunas partes del río Amazonas y sus afluentes. Credit…Bruno Kelly/Reuters
Y resalta las formas en que un clima más cálido y seco está remodelando la selva amazónica, la mayor reserva de agua dulce del planeta y una parte clave de la lucha para frenar el calentamiento global porque la selva absorbe y almacena gases de la atmósfera que atrapan el calor.
“El clima está cambiando”, dijo Galvão. “Y estamos empezando a prepararnos para ello”.
En Brasil, como en el resto del mundo, las temperaturas promedio están subiendo, creando condiciones que provocan sequías. Según Bernardo Flores, investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, en algunas regiones de la Amazonia la temperatura media ha aumentado un 2 por ciento desde la década de 1980 y va camino de seguir subiendo.
“Toda la Amazonia se está calentando mucho más”, dijo Flores, quien estudia la resistencia de los ecosistemas. “Y esto tiene una influencia enorme. La sequía actual está asociada a estas temperaturas mucho más altas”.
En algunas zonas de la Amazonia, las lluvias también son cada vez menos abundantes y la estación seca dura ahora un mes más que en la década de 1970, según muestran las investigaciones. Los científicos apuntan al cambio climático y la deforestación como las fuerzas impulsoras.
A medida que la Amazonia pierde árboles y se adelgaza el dosel forestal, la selva es menos capaz de proteger a la vegetación de la intensa luz solar y de retener la humedad. Esto, unido al aumento de las temperaturas, ha hecho que la selva sea más seca y más susceptible a los grandes incendios forestales.
Un incendio forestal el mes pasado en Lábrea, estado de Amazonas. El aumento de las temperaturas y la pérdida de dosel arbóreo han hecho que la selva tropical sea más susceptible a los incendios forestales. Credit…Bruno Kelly/Reuters
La estación seca anual, que suele durar de junio a octubre, ha sido especialmente severa este año porque la Amazonia lleva dos años consecutivos de grave sequía, dijo Ane Alencar, directora científica de IPAM Amazônia, una organización de investigación.
Además, los efectos prolongados de un patrón meteorológico natural conocido como El Niño redujeron el nivel de lluvias durante la estación húmeda.
“Los ríos no tuvieron oportunidad de recuperarse”, dijo Alencar. “Así que estamos viendo un efecto dominó”.
Las autoridades esperan que el dragado traiga algo de alivio. En la práctica, se trata de recoger sedimentos de cuatro tramos estratégicos del Amazonas que se están volviendo demasiado superficiales y depositarlos en otras zonas donde el agua es más profunda.
Galvão dijo que el proceso entraña pocos riesgos para el medio ambiente, aunque las autoridades vigilarán la calidad del agua y los efectos sobre los peces.
Pero algunos científicos no están de acuerdo y advierten de que el dragado del Amazonas y sus afluentes podría dejar huellas duraderas en los sistemas acuáticos, perturbando y potencialmente dañando plantas y animales.
Por un lado, podría desenterrar depósitos enterrados de mercurio, que se filtra en los ríos a través de la erosión natural del suelo y también es el resultado de los vertimientos de las minas de oro ilegales.
Una sección reseca del río Solimões, uno de los mayores afluentes del Amazonas, el mes pasado Credit…Jorge Silva/Reuters
Al remover los lechos de los ríos, los peces y otras formas de vida acuática estarían más expuestos a la sustancia química tóxica. El mercurio puede frenar la reproducción, el crecimiento y el desarrollo neurológico de las especies y volverse más dañino a medida que avanza por la cadena alimentaria.
“Los sedimentos son un conjunto de depósitos acumulados a lo largo del tiempo”, dijo Adalberto Luis Val, biólogo del Instituto Brasileño de Investigación de la Amazonia, en Manaos. “Meterse con este sedimento es como meterse con toda esta historia”.
El dragado también puede aumentar la turbidez del río, oscureciendo el agua y limitando la cantidad de luz solar que llega a las plantas acuáticas, de las que dependen para reproducirse.
“La decisión de dragar responde a una necesidad de las comunidades, de la humanidad”, dijo Val. “Pero, desde el punto de vista medioambiental, es muy imprudente”.
Aunque el dragado reduzca la paralización a lo largo del Amazonas y sus principales afluentes, es probable que los ríos más pequeños que unen las zonas rurales con los centros urbanos sigan secándose, dejando aisladas a muchas aldeas indígenas y comunidades pesqueras, según Flores.
“Cuando pensamos en la población amazónica en su conjunto, esta no es realmente la solución”, dijo, y señaló que la construcción de más pozos de agua y la instalación de sistemas de recogida de lluvia podrían preparar mejor a las comunidades remotas para sequías más frecuentes.
Aun así, el plan de dragado fue una buena noticia para comunidades como Tauary, una aldea ribereña situada en una de las regiones más secas del estado de Amazonas. Según Maria de Fátima Servalho Celestino, una de sus habitantes, la sequía ha aislado a sus 35 familias y ha hecho casi imposible que puedan salir.
“Aquí, los ríos son nuestras calles”, dijo Celestino, de 34 años. “Y con la sequía, no podemos ir a la ciudad a comprar agua o medicinas. No podemos pescar, todo el pescado ha desaparecido. Todo está seco”.
Lo que antes era un viaje en barca de una hora hasta el pueblo más cercano, donde Celestino y sus vecinos compran víveres o visitan a un médico, ahora lleva hasta 10 horas a través de parches fangosos del lecho del río, dijo.
Pero el dragado de algunos tramos del río Amazonas a pocas horas río abajo de su aldea podría representar un alivio.
“Estamos aquí abandonados”, dijo. “Así que esperamos que suceda y que la ayuda llegue pronto”.
Los ojos de los inversores globales están puestos en la minería, donde el país tiene vastos recursos sin desarrollar, principalmente en cobre y litio.
Si bien todavía no hubo grandes anuncios de inversión, la industria recibió como una muy buena noticia el ingreso de la empresa australiana BHP en el país, que es una de las mineras más grandes del mundo, tras anunciar que se fusionaba con la canadiense Lundin Mining para desarrollar proyectos de cobre.
Ayer, una nueva noticia volvió a poner a la Argentina en el radar internacional, pero esta vez vinculada a proyectos de litio: la minera Rio Tinto hizo pública su oferta para adquirir Arcadium Lithium, la empresa que nació a principios de año de la fusión entre la australiana Allkem y la estadounidense Livent.
“Rio Tinto confirmó hoy que se ha puesto en contacto con Arcadium Lithium en relación con una posible adquisición. El contacto no es vinculante y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo o se lleve a cabo ninguna transacción. Rio Tinto no hará más comentarios hasta que se presente una actualización”, fue el escueto comunicado que se dio a conocer ayer por la compañía.
La gigante empresa minera angloaustraliana compró el proyecto de litio Rincón, en Salta, en 2021, aunque todavía está sin desarrollar. Este año, se anunció la intención de invertir US$350 millones para producir 3000 toneladas de carbonato de litio por año. Sin embargo, se trata de un proyecto chico para el portafolio de productos de la compañía, que está especializada principalmente en minerales de hierro, cobre y aluminio, pero busca crecer también en litio.
“Es un gran momento para comprar una empresa especializada en litio porque las valuaciones de las compañías cayeron fuertemente en el último año debido al derrumbe del precio de la tonelada de litio [de US$80.000 a US$12.000]. Pero claramente no es un gran momento para vender. Veremos cuánto resiste Arcadium Lithium”, dijo en reserva un empresario del sector.
En marzo pasado, el presidente global de Rio Tinto, Jakob Stausholm, estuvo en la Argentina y dijo que América del Sur está en una posición ideal para entregar litio al mundo. La semana pasada, además, mostró un “abierto interés” por el país, según dijeron en el sector, al asistir en persona al evento “Argentina Day”, organizado en Londres, por la Embajada Argentina y la Británica, donde estuvieron el secretario de Minería, Luis Lucero, y su par de Finanzas, Pablo Quirno.
“El interés que tenía en la Argentina era visible”, dijo un empresario argentino que también participó del encuentro. “Rio Tinto tiene un efecto arrastre importante. Ya es una buena noticia que esté interesada en adquirir Arcadium Lithium y en expandir sus activos en la Argentina. Es una empresa muy grande que no tiene desarrollado su división de litio, por eso el interés”, agregó en reserva.
Arcadium cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene una valuación total de US$4620 miilones. Desde enero pasado, las acciones de la compañía cayeron 50% debido al derrumbe del precio del litio. Sin embargo, se proyecta que la demanda de litio va a triplicarse para 2030, como la mayoría de los minerales críticos esenciales para la transición energética.
Al comprar Arcadium, Rio Tinto obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en la Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos, dijo la agencia Reuters. Además del proyecto Rincón, en Salta, la empresa minera adquirió el año pasado el proyecto de litio Jadar en Serbia, pero podría tardar dos años en obtener los permisos necesarios para desarrollarlo.
Rio Tinto también tuvo una experiencia anterior en la Argentina, cuando era propietaria del proyecto Potasio Río Colorado (PRC), en Malargüe, Mendoza, que vendió a la brasileña Vale por US$850 millones, en 2009. Actualmente, este proyecto es operado por la brasileña ARG y por Minera Aguilar, del holding Integra Capital, que preside José Luis Manzano y tiene también como accionista a Daniel Vila.
En cuanto al litio, la Argentina integra junto con Chile y Bolivia un área geográfica donde se encuentra el 60% de las reservas identificadas del metal en salmueras cercanas a la superficie. Solo la Argentina representa el 35% de los recursos mundiales de litio y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en reservas probadas.
Actualmente, el mapa del litio en la Argentina incluye un total de 49 proyectos, de los cuales cuatro están en producción: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy, operados por Arcadium; Cauchari-Olaroz, en Jujuy, de la minera Exar, una compañía argentina conformada por Ganfeng Lithium (de capitales chinos), Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, y Centenario Ratones, en Salta, perteneciente a Eramine Sudamérica, firma creada por el grupo francés Eramet y por la siderúrgica china Tsingshan.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, al cierre de 2023, hay otras cuatro iniciativas en etapa de construcción en el país: Tres Quebradas, de la china Zijin Mining; Sal de Vida, de Arcadium, en Catamarca; Sal de Oro, de la coreana Posco, con injerencia en las provincias de Catamarca y de Salta, y Mariana, de Ganfeng, en Salta.
El Gobierno dejó en claro su intención de cerrar dos empresas que dependen del Ministerio de Economía, dejando así en la calle a más de 4 mil empleados. Se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP) en un plazo mediano, argumentando que ambas entidades duplican funciones de otras secretarías del Estado.
En este sentido, un funcionario del Gabinete afirmó que “no tienen razón de ser” y que su disolución busca simplificar la estructura del gobierno.
Qué pasará con los empleados de las empresas que quieren cerrar
Corredores Viales, una sociedad anónima con 3.565 empleados, se encarga de la gestión de las principales rutas y autopistas del país, abarcando cerca de 6.000 kilómetros. La AGP, por su parte, es una sociedad del Estado con 581 trabajadores, responsable de regular el puerto de Buenos Aires y mantener los canales de acceso al mismo.
Ambas entidades dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que cuenta con 269 empleados. La AGP, dirigida por Gastón Alejo Benvenuto, y Corredores Viales, presidida por José Luis Acevedo, están bajo la crítica del Ejecutivo por su solapamiento con la Dirección Nacional de Vialidad y la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lidera el proceso de cierre y privatización de estas entidades. Este movimiento forma parte de una serie de reestructuraciones que ya incluyó la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano, que implicará el despido de 1.388 empleados y un ahorro proyectado de $42.000 millones anuales, y la eliminación del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Con la reciente sanción de la Ley Bases, el presidente Javier Milei obtiene la facultad de eliminar competencias y estructuras de entidades gubernamentales, con la excepción de las dependencias del Poder Legislativo y Judicial. Lo mismo aplica para las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados públicos afectados por cierres o modificaciones tendrán un año de sueldo garantizado mientras esperan ser reubicados o capacitados para otras funciones en el Estado.
Restructuración de Casa de la Moneda y cierre de la ex Ciccone
La Casa Rosada también está considerando la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y reestructuraciones en la Casa de Moneda, en un contexto de reducción del gasto público y ajuste administrativo. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
Adorni afirmó que la ceca tiene «severas infeciencias«. Además, explicó las funciones que cumple: «se encarga de imprimir billetes pasaportes, patentes de autos, estampillas”.
Además, afirmó que Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica es «recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”.
Adorni criticó: “La mala administración de la gestión anterior representó un despilfarro de recursos, con deudas que ascienden a US$371 millones, un patrimonio negativo de US$78 millones y un resultado bruto negativo de US$20.500.000.»
Desde 2016 -AgendAR viene insistiendo en el carácter estratégico de ARSAR: su red de fibra óptica, que cubre el territorio nacional, sus satélites y toda su infraestructura informática y de comunicaciones, pero también la de las empresas de telefonía de línea y celular, así como la de la radio y la TV.
Sin ARSAT, un usuario no tendría ancho de banda en su computadora o celular para abrir siquiera una aplicación de texto en las horas de gran demanda. Cualquier llamada interurbana o interprovincial entre teléfonos sería imposible. Los Wattsapp no llegarían nunca, o funcionarían sólo dentro de áreas limitadas. Las comisarías, puertos de Gendarmería y de Prefectura en fronteras dependerían de radioenlace.
No fueron los dos satélites de telecomunicaciones que ARSAT puso en el cielo en 2014 y 2015 los que cambiaron el desastroso panorama de las comunicaciones locales. Fue la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, planificada al toque de fundada la empresa, en 2006, y que entre 2012 y 2015 hizo de la Argentina la mayor compradora e instaladora de cable óptico troncal del mundo. De 2012 a 2014 ARSAT enterró y puso en línea más fibra óptica que Telefónica en 20 años, y del doble de ancho de banda.
La huella geográfica de la telefonía celular privada empezó a expandirse. Donde NO pasaba la fibra, ninguna «telco» (firma privada de telecomunicaciones) te ponía una torre de microondas ni a palos. Pasaba la cuadrilla de ARSAT, enterrando fibra a la vera de las rutas nacionales y provinciales, y al mes o dos se venían al trote las telcos, con sus torres, y anunciaban, triunfales, que estaban invirtiendo para comunicar a los argentinos.
En 25 años no habían hecho un comino. Cuando hizo todo el trabajo pesado, no se iban a perder la venta de celulares y su facturación.
Productores de la llanura chacopampeana se compraban esa maquinaria agrícola colosal, dirigida por GPS, y podía controlar su navegación a la distancia y en su celular desde sus lejanas oficinas. Y sin tener idea de que la causa de ello eran unos mazos gruesos como una pierna humana de fibra óptica, enterrados a dos metros bajo las banquinas ruteras por una empresita NACIONAL desconocida. Una firma que en 2013 no llegaba a 400 empleados, casi todos técnicos e ingenieros del palo. La empresa celular con la que el tipo tiene cuenta se limita a facturar por «la milla final». La infraestructura de transporte nacional de media y larga no la puso jamás, y tampoco el «know-how».
Aparecieron mágicamente las tarifas planas y los abonos, porque con los 40.000 km. de REFEFO repartidos en 6 grandes anillos regionales en nuestros 2,74 millones de km2 de geografía, le da lo mismo a Mengano, que es neuquino, pegarle un tubazo a Fulano en Córdoba o a Zutano en Salta. La
REFEFO funcionó siempre bien por tres causas:
a) Nunca dejó de crecer en kilómetros
b) Siempre que algún intendente o arquitecto la rompía sin querer con alguna obra a vera de huella, se arreglaba sobre el pucho
c) Los gastos de ARSAT para tener en buen estado la REFEFO y para diseñar, construir y poner en órbita los ARSAT 1 y 2 hoy los pagan esos dos satélites. Facturan entre U$ 40 y 50 millones/año. Hoy debían ser 6, pero en 2016 Mauricio Macri detuvo su construcción… y ningún gobierno posterior la retomó. Son las dos vacas lecheras de la firma.
Pero hay vacas y vacas.
No use la regla de tres, no sirve: los ARSAT-3, 4, 5 y 6 iban a ser de diseños evolutivamente distintos, con cada vez más potencia eléctrica y ancho de banda. De haberse respetado ese plan de un nuevo ARSAT cada 2 años, fijado por la ley 27208 de 2015, hoy ya tendríamos en órbita el ARSAT 6, los últimos con un diseño HTS, de gran velocidad y ancho de banda.
Sumando esos y los anteriores, ARSAT estaría facturando alrededor de U$ 500 a 700 millones/año por venta de servicios de «broadcasting» a cadenas de TV desde Ushuaia hasta la tundra canadiense. Y seguiría haciendo, pero mucho mejor, lo que hace desde 2006: dándole servicio gratis de internet, interactivo pero que tolera latencia, a las escuelas, municipios, hospitales y centros de telemedicina, y también las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas del país.
ARSAT construyó el sistema nervioso del estado. Es la REFEFO.
Incluso reducida a dos satélites preliminares, que promedian sin novedad su expectativa de vida de 15 años, la empresa se autosustenta. No hay maldita la excusa para venderla, salvo que como empresa pública, es un desmentido existencial al slogan del estado es ineficiente. Hay una telco multinacional, CLARO, de Carlos Slim, el vigésimo del mundo en el orden de los multibillionarios, dueño de la corporación América Móvil.
Con la REFEFO, la telco celular de Slim, CLARO, empezaría a llegar de golpe a todo el interior profundo, donde no tiene señal.
Todos los usuarios de la REFEFO, el 90% de lo cuales no tiene idea siquiera de su existencia, empezarían a pagarle peaje ahora por el uso de la misma a Slim. Por tamaño y ancho debanda, es una red óptica sin equivalente en América Latina. Y viene dotada además del mejor datacenter del país.
A Slim el desarrollo de ingeniería satelital argentina no le importa, ni va a hacerlo ahora. Los satélites ARSAT 1 Y 2 los dejará envejecer y morir sin reposición. El SG-1, equivalente del ARSAT 6, INVAP lo retomó por su cuenta tras el triunfo electoral de Mauricio Macri. Cuando asumió Alberto Fernández, no hizo nada por proseguir el programa satelital de ARSAT.
INVAP seguirá buscando un socio para terminarlo. Si a Slim le interesa, engrosará la constelación ARSAT con alguna satélites de diseño y construcción estadounidense o europeo. Los geoestacionarios de telecomunicacion son aparatos bastante extraordinarios, más espacionaves que satélites. «Vuelan» a 36.500 km. de la Tierra sin apartarse de la vertical de un punto fijo del ecuador terrestre. Son las torres retransmisoras más altas de la historia. Fuimos el 8vo país de la Tierra en acceder a esta tecnología.
Si los ARSAT-1 y 2 saldrán de servicio en 2028 y 2029, Slim siempre puede vender los sitios orbitales que ocupan. Valen mucho más que los satélites en sí. Uno de tales sitios acaban de permitir, por ejemplo, televisar los recitales de Paul McCartney en River a los EEUU y Canadá. La posición 82o Oeste, que permite vender «broadcasting» en las Tres Américas, desde Nunavut hasta la Base Marambio, es codiciada desde los ’90 por varias potencias, el Reino Unido a la cabeza. En términos inmobiliarios, es algo que ya no existe: el equivalente de un lote de varias manzanas sobre barranca hacia Avenida Libertador en Retiro.
¿Tener ahí un satélites de ingeniería propia, de altísimo ancho de banda como el SG-1, cuánto vale, qué visibilidad y que autoridad continental nos confiere? Eso se perderá definitivamente.
Una última reflexión sobre el datacenter de ARSAT. En 2012 era el mejor de la Argentina, por su «uptime» del 99,75%, que en criollo significa que labura al 100% de su capacidad 24×365 y se cae sólo el 0,25% del año, es decir dos horas y 21 minutos. Tiene más back-up de generadores diésel, por si se cae la red eléctrica, y más sistemas de refrigeración de respaldo para disipar el calor de los servidores, que una central nuclear.
Fue diseñado para capear catástrofes. Podía arder o inundarse el país, que «el DATA» de ARSAT seguía trabajando. En su momento, hacerlo costó U$ 14 millones. Almacena la información estratégica de centenares de empresas privadas, pero además la de centenares de municipios, provincias y empresas públicas. Y están los datos claves del estado nacional en la llamada «Sala Cofre», casi inaccesible y con capas y capas de blindaje informático contra hackeos.
Hoy un datacenter de esta categoría, con tanto tiburón de la City hambriento de servers para minar criptomonedas, ¿cuánto vale?
Pregunta más jodida aún: ¿cuánto vale eliminar la información de la Sala Cofre? Después de todo, alguien debe haber pagado una fortuna para eliminar los datos económicos en soporte papel en el incendio intencional de Iron Mountain, en Barracas, con 10 bomberos y rescatistas muertos y 7 heridos de gravedad.
Se están vendiendo activos tan valiosos, estratégicos y soberanos que no tienen precio.
Después de quedar fuera de la Ley Bases como empresa sujeta a privatización, el futuro de la compañía estatal de telecomunicaciones ARSAT pasa por salir a la Bolsa en 2025, aunque aún no está previsto el porcentaje de acciones que se pondrían a la venta.
“En este momento estamos en un proceso de reordenamiento y puesta en valor de los activos, con la idea de que ingrese capital privado a la compañía y la modalidad va a ser salir a la Bolsa”, dijo el presidente de Arsat, Mariano Greco, en las Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa).
Según el funcionario, a la fecha Arsat fue “más un vehículo de políticas que una empresa” y hoy el desafío es complementarse con la industria. “Es una empresa consolidada en términos tecnológicos, pero a la que le falta fundamentalmente expandirse y abrirse, y en esa apertura la idea es salir a la Bolsa. Pondremos en juego el porcentaje de acciones que sea más conveniente para la valoración de la empresa”, agregó.
Actualmente, la empresa está íntegramente en manos del Estado, pero el 49% de las acciones se podría vender (el 51% restante corresponde a las acciones Clase A reservadas al sector público). Sin embargo, Greco no adelantó si saldrían necesariamente con ese porcentaje a la venta.
El trabajo actual consiste en armar un plan de negocios y poner en valor los activos de Arsat, entre los que figuran alrededor de 40.000 kilómetros de fibra óptica, dos satélites, un data center, espectro 4G y un bloque de 100 MHz de 5G que le fue cedido gratuitamente por 20 años en la subasta del año pasado, en la que Telecom y Claro pagaron US$350 millones cada una, y Telefónica, US$175 millones.
Consultado al respecto del uso que le darán al espectro, Greco dijo que aún no lo tienen definido y que es materia de discusión con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; y con Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“Necesitamos una lectura de qué va a hacer Arsat con el espectro”, dijo por su parte, Roberto Nobile, CEO de Telecom, en otro de los paneles del evento, mientras que la Mesa Tic Argentina hará pública una nota que le mandaron la semana pasada a Genua con un conjunto de propuestas y lineamientos vinculados al rol de Arsat.
Según el escrito, las empresas dicen que “Arsat debe enfocarse en complementar al sector privado, centrándose en el rol de proveedor de infraestructura” y que “esta orientación estratégica es esencial para evitar conflictos de intereses y para maximizar los beneficios para el sector en su conjunto”.
En tanto, con respecto a sus prestaciones, sumaron que “es fundamental que no se involucre en la provisión de servicios de última milla, ya que esto la pondría en competencia directa con los proveedores que son sus clientes”.
Por último, proponen que Arsat sea una entidad 100% estatal y que tenga acceso a los fondos del Fondo de Servicio Universal para proyectos que complementen los servicios de empresas privadas, “que contribuyen a la universalización de los servicios en operación desde hace años”.
Firmaron la nota a Genua las empresas DirecTV, Telecom y Telefónica, y las cámaras ATVC, IDA, Cabase, Cacpy, Catip, Cicomra, Red Intercable, Cappi, Fecosur y Catel.
PS: Me encantó la definición del presidente actual de ARSAT, Mariano Greco, un técnico del Data Center, según la cual a la empresa «le falta fundamentalmente expandirse y abrirse». En otra línea de negocios y en otro tiempo, habría sido un buen slogan para Jack el Destripador.