El nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, abogó este miércoles en París por “una rápida ratificación” del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, frente a la ya conocida oposición del presidente francés, Emmanuel Macron.
“Ya conocen mi opinión personal: que el acuerdo con el Mercosur debería ratificarse y ponerse en marcha rápidamente, pero eso no quita que sigamos buscando otros socios comerciales. Apoyamos a la Comisión Europea (CE) en esa búsqueda, es el buen momento para firmar acuerdos de libre comercio”, declaró Merz, en una rueda de prensa conjunta con Macron celebrada en el Palacio del Elíseo.
En su primer viaje internacional tras haber sido votado el martes canciller por el Parlamento alemán en una inédita segunda vuelta, el dirigente germano opinó que las reticencias a ciertos aspectos de los acuerdos comerciales de Francia no ponen en causa la apuesta europea en esa materia.
Macron, por su parte, insistió en los mismos argumentos para frenar la ratificación del Mercosur, firmado por la CE en diciembre de 2024 y que engloba a las potencias agrícolas de Brasil y Argentina, además de Uruguay y Paraguay, más Bolivia, que está completando su proceso de adhesión.
“Estamos a favor de los acuerdos comerciales siempre y cuando respeten a los productores europeos y les proporcionen un tratamiento de igualdad de condiciones operativas” respecto a productores de países terceros, señaló.
Para Macron, “no es posible que se exija cada vez más a nuestros productores, mientras nos abrimos a otros que no son tan estrictos” en áreas como el medio ambiente.
El presidente francés puso como buen ejemplo de “condiciones igualitarias” el acuerdo comercial entre la UE y Canadá.
El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)
Austria confía en alcanzar una posición común
Por su parte, el canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, expresó este martes su confianza en que su país alcance una posición común que permita avanzar hacia la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, pese a las divisiones internas dentro de su partido y una resolución parlamentaria previa contraria al tratado.
“Estoy convencido de que encontraremos una solución”, respondió Stocker a una pregunta de la agencia de noticias EFE en un encuentro con corresponsales extranjeros en Viena acerca de la posición contraria de Austria a la ratificación de Mercosur.
Reconoció que dentro de su formación, el democristiano Partido Popular (ÖVP), existen también posiciones enfrentadas al respecto entre el ala que representa los intereses de los agricultores y el ala económica e industrial.
Según explicó Stocker, mientras el sector agrícola del ÖVP teme que los estándares de producción sudamericanos generen una competencia desleal, el ala económica del partido respalda de forma clara el acuerdo.
En cualquier caso, se mostró favorable del libre comercio y destacó que en tiempos actuales de incertidumbre por las medidas proteccionistas de la Administración de Donald Trump en EEUU, la Unión Europea debe diversificar sus socios comerciales.
La empresa argentina INVAP partcipó en la feria FAMEX 2025 como parte de la estrategia de fortalecimiento de la presencia regional que llevan adelante, con el objetivo de abrir nuevos mercados. Entre el personal que estuvo presente en México había representantes de las áreas de Defensa, Seguridad y Ambiente, y del Área Espacial, porque en México ven oportunidades concretas en ambas líneas.
En particular, la Fuerza Aérea Mexicana está en proceso de adquisición de radares de vigilancia, y desde la empresa sostuvieron que el radar RPA-200M “es una solución robusta, con un precio competitivo y diseñado desde su concepción para tener un bajo costo operativo. Eso es clave para muchas fuerzas de la región, que después de adquirir un sistema enfrentan dificultades para sostenerlo en condiciones óptimas.
Además del producto en sí, nuestra cercanía —geográfica, cultural y lingüística— es un diferencial. Poder brindar capacitación, soporte técnico y acompañamiento en el mismo idioma, con equipos cercanos, permite una respuesta mucho más ágil y ajustada a las necesidades reales de quienes operan la tecnología”.
Participar de FAMEX también les permitió acercarse a potenciales clientes, otras empresas y socios regionales. “México tiene una industria aeroespacial sólida, con capacidad probada en manufactura de componentes complejos y estándares de calidad exigentes. Estamos interesados en explorar asociaciones tecnológicas que sumen valor para ambas partes. Un hito importante en este sentido fue el encuentro con la Federación Mexicana de la Industria Espacial (FEMIA), con quienes analizamos posibilidades concretas de colaboración que pueden fortalecer nuestra presencia en México” afirmaron desde INVAP.
Además, personal de la empresa brindó una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dirigida a directivos, docentes, profesionales y estudiantes, que les permitió compartir su experiencia y abrir nuevos espacios de intercambio.
“Además, tuvimos reuniones con distintos organismos mexicanos fuera del ámbito de defensa, para explorar oportunidades de colaboración en radares civiles, tanto para el control del tránsito aéreo como para aplicaciones meteorológicas, así como con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, buscando ampliar nuestra red de cooperación tecnológica en la región” agregaron y concluyeron que “fue una feria muy activa, con una gran convocatoria, que nos permitió generar contactos relevantes. Nos volvemos contentos, con nuevos vínculos, potenciales alianzas y oportunidades tanto en el área de Defensa como en la Espacial, donde vemos un campo fértil para la cooperación tecnológica en la región”.
Si bien la competitividad agrícola, en el largo plazo, está más vinculada a cuestiones estructurales, en el corto plazo el factor cambiario resulta relevante. Por ese motivo, resulta útil hacer un seguimiento del Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que busca medir qué tan competitivo es el tipo de cambio en la Argentina para la soja respecto al resto del mundo (ITCRM-Soja).
Para la confección del indicador el Área de Economía de CREA considera a los principales actores del comercio internacional de productos oleaginosos (Argentina, Canadá, UE-27, Paraguay, Ucrania, EE.UU., Brasil e India), ponderados por su participación relativa en función de los montos comercializados por cada país en el último lustro.
Al respecto, la competitividad de la soja se ve fundamentalmente afectada por lo que ocurre en Brasil y EE.UU., países que representan más del 90% del índice por su participación en el complejo sojero.
Además, el índice también tiene en cuenta el efecto que producen los reintegros y derechos de exportación en la Argentina, que operan aumentando o reduciendo el nivel del tipo de cambio que efectivamente percibe el empresario agrícola.
En el siguiente gráfico pueden observarse grandes saltos ITCRM-Soja en el tercer trimestre de 2018 y fines de 2023, período en los cuales el peso argentino registró una importante devaluación.
También son evidentes las grandes oscilaciones promovidas por las diferentes ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como “dólar soja”, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023.
“Luego de que a fines del año pasado el ITCRM-Soja registrara el nivel más bajo desde el año 2015, la reducción temporaria de los derechos de exportación implementada este año por el gobierno nacional impulsó una recuperación del mismo”, apuntó Francisco Anzoátegui, economista del Área de Economía de CREA.
“Sin embargo, el indicador que mide la competitividad cambiaria de la soja argentina sigue por debajo del promedio registrado en los últimos veinticinco años”, añadió en un artículo publicado en Contenidos CREA
Al visualizar el ITCRM-Soja sin derechos de exportación, es factible advertir que el valor sin el impuesto se ubicaría en un nivel inferior al vigente con el tributo dos años atrás.
“La depreciación de la moneda brasileña y del dólar estadounidense contribuye a licuar la competitividad cambiaria de la soja argentina, lo que agrava el problema en un contexto de precios internacionales decrecientes”, explica Francisco.
“En situaciones como las actuales se evidencia el perjuicio que un impuesto distorsivo puede tener sobre la competitividad de un sector que es el mayor generador genuino de divisas de la economía argentina”, resume.
A finales del pasado mes de abril, la Armada Argentina finalizó con éxito una nueva operación de vigilancia y control de los espacios marítimos. Iniciada el 16 de abril, la Operación “Mare Nostrum III” involucró al patrullero oceánico ARA Storni y a una aeronave Beechcraft B-200 M, los cuales realizaron una serie de tareas de control en aguas de jurisdicción nacional, además de diversos entrenamientos y actividades de alistamiento de sus dotaciones.
Según lo informado por la Armada Argentina, el ARA Storni, perteneciente a la División Patrullado Marítimo, zarpó el 16 de abril desde su apostadero en la Base Naval Mar del Plata con rumbo al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), con el objetivo de “…ejercer la vigilancia y el control de las concentraciones de buques pesqueros extranjeros en la zona adyacente a la ZEE, desde el lateral de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, hasta el lateral de las Islas Malvinas”, según detalló la fuerza.
Este despliegue fue complementado por dos vuelos, realizados los días 23 y 28 de abril, por una aeronave B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima con asiento en la Base Aeronaval Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Durante estas misiones se cubrieron 41 mil millas, identificando concentraciones de buques extranjeros operando en la zona; se listaron hasta 400 buques, entre pesqueros y logísticos.
Desde la Armada Argentina se indicó que las operaciones de ambos medios desplegados en la ZEE fueron monitoreadas desde Buenos Aires, donde se encuentra el Comando Conjunto Marítimo, desde el cual se recalcó que la presencia del patrullero oceánico y la aeronave obliga “…a los buques pesqueros de arrastre a mantenerse fuera de nuestra zona de jurisdicción”.
Está claro por qué, desde 2016, el desmantelamiento de ARSAT es un mandato geopolítico y una oportunidad dilecta para el despojo en manos de los grupos concentrados. Esta empresa estatal presta servicios a pymes y cooperativas ubicadas en todos los puntos del país y también a Telecom, Telefónica y Claro. El rango de prestaciones incluye el alquiler de sus satélites ARSAT 1 y 2, internet de alta calidad para todo el territorio, la comercialización mayorista de transporte de datos a través de más de 31.000 kilómetros de la Red Federal de Fibra Óptica y servicios de procesamiento en la nube y de hosting de información en su Centro Nacional de Datos. ARSAT es una arteria directa al desarrollo, es la refutación de facto de la República sojera, o minera, o bananera del RIGI, el anti-paradigma del extractivismo financierizado.
A comienzos de noviembre de 2015, el Congreso sancionó la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. Este hito marcó el punto de llegada de la evolución virtuosa del desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina y, en especial, de las comunicaciones satelitales. Luego de 25 años de desindustrialización y caída al abismo en 2001, en el período 2003-2015 la Argentina recuperó políticas intensivas en educación, ciencia y tecnología con producción nacional y redistribución del ingreso. Los satélites son un caso testigo deslumbrante, peronismo destilado al 100%.
A través de las empresas públicas ARSAT e INVAP, junto a muchas decenas de pymes, un país de América Latina demostró que era capaz de sostener procesos de acumulación de capacidades y desarrollar sus propios satélites de comunicaciones, avanzar en la autonomía tecnológica en un sector estratégico, abrir una gran ventana de negocios para empresas nacionales, llevar servicios a zonas excluidas del país y, además, ser superavitaria.
Los claroscuros vertiginosos de esta historia merecen un documental. En 2014 se puso en órbita el satélite ARSAT-1 y al año siguiente ARSAT-2; por eso la ley de noviembre de 2015 incluía el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que continuaba este sendero con el desarrollo de ocho satélites adicionales en el período 2015-2035. Desarrollar y poner en órbita ARSAT-3 en 2019 era la tarea del flamante Presidente de los Panamá Papers. El tercer satélite geoestacionario se financiaba con ingresos propios de ARSAT.
El Presidente que se iba a fumar 44.000 millones de dólares del FMI, en septiembre de 2014 sostenía: “Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. […] se generan empresas satelitales que no funcionan”. Cuando la casa matriz del grupo Macri se instaló en Balcarce 50, en diciembre de 2015, al frente de ARSAT fue puesto el abogado Rodrigo De Loredo, pero digitado por la dupla integrada por su vicepresidente, el abogado Enoch Aguiar —que forjó sus habilidades en adjudicaciones directas al capital extranjero como secretario de Comunicaciones de De la Rúa—, y por su suegro de apodo “el milico”, el abogado a cargo del Ministerio de Comunicaciones del macrismo.
Un paréntesis. Siempre coherente con sus mentiras, el primer Presidente argentino que en democracia no pudo renovar su mandato, a fines de 2022, reconocía que ARSAT era superavitaria y prometía que quedaría fuera de las empresas privatizables si ganaba las elecciones de 2023.
Así como los últimos doscientos años de capitalismo demuestran que el sendero satelital argentino es un indicador irrefutable de desarrollo, también demuestran que la financiarización y la extranjerización son síntomas irrefutables de subdesarrollo. A esto último se dedicó De Loredo hasta fines de 2019 y hoy, como veremos más abajo, Darío Genua, actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que incluye entre sus incumbencias subejecutar, viajar sin motivo y destruir las comunicaciones satelitales.
El ARSAT-3 no fue puesto en órbita en 2019. A cambio, De Loredo inició el desmantelamiento de la empresa ARSAT para retomar la política de “cielos abiertos” de los años noventa. A semejanza de las expresiones “reperfilamiento” o “crecimiento invisible”, “cielos abiertos” es pura poesía para expresar la entrega al capital extranjero y a grupos concentrados de los espectros de frecuencia y los negocios en manos de la empresa ARSAT.
Pandemia, divisas y otras plagas
Colapsado el desastre endeudador macrista, a finales de 2020 —plena pandemia—, ARSAT firmó con INVAP el contrato para el diseño, fabricación y ensayo del tercer satélite. Se lo bautizó ARSAT-SG1 (ARSAT Segunda Generación 1). El cambio de nombre se debe a que el diseño del nuevo satélite supone una plataforma satelital diferente a la que hubiera empleado ARSAT-3.
La inversión inicial estimada para el proyecto ARSAT-SG1 fue de 265 millones de dólares. Un préstamo soberano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 243 millones de dólares hizo posible iniciar el proyecto. Los 22 millones restantes quedaron a cargo del Estado argentino.
Al momento de la firma del contrato con INVAP, en 2020, se acordó como fecha probable de lanzamiento la segunda mitad de 2023. Las autoridades de INVAP asumían el compromiso de lanzar el satélite antes de la finalización del mandato de Alberto Fernández, si bien documentos internos reconocían que era muy improbable la puesta en órbita antes de 2025. Esta cota temporal mínima venía dada por la suma de los tiempos de provisión de componentes y por el propio proceso de fabricación.
No hay que horrorizarse. Lidiar con la temporalidad de los intereses políticos, con cataratas de imprevistos y con la entropía geopolítica siempre hostil son los rasgos del maldito problema de la acumulación de capacidades estratégicas en la semiperiferia de América Latina. Algo que los propios economistas heterodoxos del campo popular parecen no entender cuando hacen metafísica de “la macro”. Algo que sí tuvo muy claro Cristina Fernández durante sus dos períodos presidenciales: sin capacidades tecnológicas autónomas no hay proyecto nacional. No alcanza con proclamarlo, hay que estudiar, entender y asimilarlo al pensamiento económico. Para decirlo de manera banal, la línea que separa al peronismo neoliberal del peronismo anti-neoliberal corta por el centro el problema de la acumulación de capacidades tecnológicas autónomas.
La guerra en Ucrania y la consecuente demora en la provisión de algunos insumos de origen europeo que aportaron al incremento de costos, sumadas a la subestimación original de costos y a algunas omisiones permiten comprender por qué el proyecto ARSAT-SG1 requiere de 60 millones de dólares adicionales a los 265 millones del financiamiento inicial.
Para completar el período 2019-2023, hay que decir que, si bien con INVAP fue el contrato por la provisión del satélite, ARSAT firmó 20 contratos adicionales con empresas extranjeras para la provisión de distintos sistemas y componentes por más de 100 millones de dólares. A finales de 2023, debido a las restricciones en divisas que afectaron al país, se produjeron retrasos en el pago de algunos de estos contratos. En ese momento, el avance del proyecto estaba por encima del 55%.
Bicicleta mata satélite
Como todo lo que está del lado de la economía real, desde el inicio del gobierno cripto-libertario la situación de ARSAT colapsa. Mientras que en 2024 la empresa sextuplicó los ingresos de 2023, a lo largo del período que va de noviembre de 2023 a abril de 2025, el ingreso de los trabajadores de ARSAT subió un 114%, mientras que los precios minoristas según el IPC lo hicieron en un 359%. Esta diferencia representa una caída del 70% del salario real de los trabajadores de ARSAT.
A fines de octubre de 2024, el gobierno anunció que se pondrán a disposición los 100 MHz de espectro radioeléctrico de frecuencias 5G en manos de ARSAT desde la subasta que se había realizado un año atrás y los 50 MHz en manos del ENACOM. Finalmente, la ejecución de los 20 contratos de ARSAT-SG1 entró en “stop of work”, esto es, suspensión de ejecuciones y avances como paso previo a la cancelación y posterior demanda judicial. Con el desmantelamiento y el saqueo otra vez en curso, el desconcierto, la desmoralización y el desgranamiento del personal de ARSAT es el corolario del nihilismo científico y tecnológico que clausura cualquier proyección de futuro. La hipótesis del vaciamiento para que su precio sea irrisorio suena factible.
Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Darío Genua no se cansa de auto-humillarse con mensajes en las redes que anuncian castigos a otros por las desidias de su propia ineptitud. (No te pierdas los comentarios al siguiente tuit).
Mientras amenaza a la comunidad científica como el sheriff de Nottingham, Genua afirmaba en marzo de 2025: “El gobierno fue claro con lo que tiene que ver con empresas del Estado, quiere privatizar. Si bien ARSAT no quedó dentro del decreto de privatizaciones, la compañía tiene un camino de desarrollo signado por su salida a la bolsa”. Más Claro, echale Telecom.
Si bien el proyecto ARSAT-SG1 no dispone de la totalidad de la financiación, la suspensión de los contratos no se debe a la falta de fondos. La CAF giró a la Argentina en 2024 alrededor de 40 millones de dólares que no fueron utilizados para el pago a proveedores del extranjero. El problema radica en que, al ser contratos con tiempos de provisión extensa, requieren de una resolución del Banco Central que exceptúe de traer al país el producto en un plazo mayor al que la normativa contempla. Si bien ARSAT había obtenido una resolución favorable en 2021, esta se venció y el gobierno del promotor de $Libra no la renovó.
Laberintos legales y erogaciones
Tanto ARSAT-3 como ARSAT-SG1 fueron concebidos para ocupar y explotar la órbita geoestacionaria 81° Oeste y una serie de frecuencias radioeléctricas asociadas (banda Ka) con la prioridad asignada a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Inicialmente se tiene un plazo de siete años para colocar un satélite, pero vencido este plazo se puede renovar por tres años la prioridad colocando un satélite arrendado —un “gap filler” en la jerga— para que transmita en las frecuencias asignadas durante tres meses, sin obligación de dar servicios.
El plazo inicial para colocar un satélite en la órbita geoestacionaria 81° Oeste se había vencido inicialmente en 2019 y ARSAT obtuvo una prórroga de tres años, ubicando el satélite ASTRA-1H de la empresa SES, con sede en Luxemburgo. Luego se extendió el plazo hasta 2025 con el arrendamiento en 2022 del satélite HYLAS-1 de la empresa Avanti, con sede en Londres. Recientemente, ARSAT arrendó un satélite de Astranis, con sede en California, para volver a extender la prioridad hasta junio de 2028. En total, por estas tres prórrogas del plazo, ARSAT lleva erogados alrededor de 25 millones de dólares.
En las respuestas del 142° informe de gestión que envió el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en abril de 2025, se confirma que el proyecto requiere de 61,6 millones de dólares adicionales para completar el financiamiento y que la CAF ya lleva desembolsados 160 millones. Además, el informe de Francos también señala la necesidad de una cuarta protección de la órbita geoestacionaria 81° Oeste en 2028, dado que ARSAT-SG1 no podría ser lanzado antes de junio de 2028. En concreto, la finalización de la construcción y puesta en órbita de ARSAT-SG1 se encuentra supeditada a un conjunto de factores que colocan a la misión ante una inminente cancelación.
Si en los próximos meses, o tal vez semanas, ARSAT no logra levantar el “stop of work” de los 20 contratos con proveedores extranjeros, estos contratos comenzarán a rescindirse. Esta situación implica la cancelación de facto de la misión, dado que impide contar con los componentes o sistemas necesarios e imposibilita una nueva adquisición. En caso de que eventualmente ARSAT logre levantar el “stop of work” con pagos parciales, deberá resolver la autorización de fondo con el Banco Central para poder pagar la totalidad de los contratos.
En caso de no poder hacerlo, la empresa vuelve a enfrentar la rescisión de los proveedores extranjeros. Si las fuerzas del cielo logran que ARSAT pueda levantar el “stop of work” y obtener las autorizaciones necesarias del Banco Central, deberá ampliar en 70 millones de dólares el financiamiento del proyecto, evento de probabilidad cuasi-nula si observamos lo que ocurre en otros sectores de I+D —INTA, INTI, CNEA, SMN, etc.— y la sumisión obscena del gobierno a los caprichos del arancelador del norte.
Desarrollo y geopolítica
Si no hubiera sido cancelado por el gobierno de Macri, ARSAT-3 debía ser lanzado en 2019. El satélite disponía de capacidad de alto rendimiento como para brindar banda ancha satelital casi cinco años antes de que Starlink comience a dar servicios comerciales en el país. ARSAT-SG1, con mucha más capacidad para dar Internet, debía ser lanzado en 2023, pero actualmente enfrenta la inminente cancelación por la recisión de los contratos con proveedores extranjeros.
ARSAT-SG1 puede ser el primer satélite de alto rendimiento (HTS por las siglas en inglés), tecnología que reutiliza las frecuencias disponibles en haces reducidos para incrementar el ancho de banda total de la misión satelital. Este satélite, sobre la base de una misma cantidad de espectro radioeléctrico, tendría más de 30 veces la capacidad de tráfico de datos que ARSAT-1 o ARSAT-2. Un satélite HTS es adecuado para servicios de Internet de banda ancha. Con 70 Gbps (gigabit por segundo) de capacidad total repartidos en 40 haces, ARSAT-SG1 tendría cobertura en la Argentina y países limítrofes y podría brindar banda ancha a alrededor de 200.000 usuarios residenciales.
Cobertura del ARSAT SG-1.
La Argentina tuvo y tiene toda la capacidad para brindar servicios de banda ancha desde el espacio con satélites propios de fabricación nacional. La tenacidad y persistencia para que esto no ocurra permiten inferir que se trata de una barrera geopolítica. Los sectores estratégicos son de retornos crecientes y producen efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, generan aprendizajes y escalamiento tecnológico y organizacional, mayor complejidad y diversificación de la estructura productiva, empleo digno y creciente autonomía con capacidades exportadoras.
ARSAT es uno de los campos de batalla más cruentos en la larga confrontación por el desarrollo argentino.
Días después de que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles generalizados conmocionó a múltiples socios comerciales y a los mercados mundiales, un puñado de países se perfilan como posibles ganadores, aunque el riesgo de una recesión inducida por los aranceles limitará las ventajas.
Con aliados de larga data y estrechos socios comerciales de Estados Unidos como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur entre los más afectados -con aranceles del 20% o más-, rivales desde Brasil a India y desde Turquía a Kenia ven un resquicio de esperanza.
Brasil se encuentra entre las economías que escaparon con el arancel estadounidense “recíproco” más bajo, del 10%. Además, el gigante agrícola podría beneficiarse de los aranceles de represalia de China que probablemente afectarán a los exportadores agrícolas estadounidenses.
Los últimos aranceles estadounidenses entrarán en vigor el 9 de abril.
Brasil, como importador neto de bienes de Estados Unidos, ejemplifica la forma en que algunos países podrían aprovecharse de la guerra comercial que Trump está librando principalmente contra China y otros grandes exportadores que tienen superávits comerciales con Estados Unidos.
Marruecos, Egipto, Turquía y Singapur, todos ellos con déficits comerciales con Estados Unidos, podrían encontrar una oportunidad en la angustia de aquellos que, como Bangladesh y Vietnam, tienen grandes superávits y han sido duramente golpeados por Trump.
Mientras que los dos últimos están lidiando con aranceles previstos del 37% y el 46%, respectivamente, los primeros, como Brasil y la mayoría de sus vecinos, enfrentan un 10% cada uno, algo como un tirón de orejas en el nuevo orden mundial de Trump.
Turquía, cuyas exportaciones de hierro, acero y aluminio se vieron afectadas por anteriores aranceles de Estados Unidos, ahora se beneficiará a medida que otros comerciantes mundiales soporten gravámenes aún más altos.
Kenia, país con el que Estados Unidos mantiene un superávit comercial, también podría beneficiarse de un golpe arancelario relativamente leve. Los productores textiles, en particular, expresaron su esperanza de obtener una ventaja comparativa frente a los competidores de los países más afectados por los aranceles.
India, a pesar de un arancel del 26%, sigue buscando oportunidades en los mayores problemas de sus rivales asiáticos. Según una evaluación interna del Gobierno compartida con Reuters, los sectores en los que India puede ganar cuota de mercado en los envíos a Estados Unidos incluyen el textil, la confección y el calzado.
Poco después del anuncio de los aranceles, el Ministerio de Comercio indio dijo que estaba “estudiando las oportunidades que pueden surgir debido a esta nueva evolución de la política comercial de Estados Unidos”.
India también espera obtener de China una mayor cuota de la fabricación del iPhone de Apple gracias al diferencial arancelario, aunque el arancel del 26% podría seguir encareciendo sustancialmente el teléfono en Estados Unidos.
En Sudamérica, donde las exportaciones siguen centradas en materias primas como el cobre o los cereales, hay esperanzas de que la agitación arancelaria estadounidense pueda reactivar las conversaciones sobre un acuerdo comercial largamente aplazado entre el bloque de cuatro miembros del Mercosur y la Unión Europea.
Un trabajador utiliza la técnica de estampado manual sobre una tela de algodón, en las afueras de Jaipur, en el estado indio de RajasthanXAVIER GALIANA – AFP
Brasil podría ser el principal beneficiario de cualquier movimiento de este tipo, pero incluso más allá de eso, las tendencias durante el primer mandato de Trump, cuando los productores brasileños de soja y maíz disfrutaron de ventas récord mientras China congelaba a los agricultores estadounidenses, ahora podrían replicarse.
En otras partes de América Latina, México, que anteriormente ha estado en el extremo receptor de la ira de Trump, también ha salido relativamente ileso, con la mayor parte de su comercio protegido por el acuerdo comercial T-MEC negociado durante el primer mandato de Trump, señaló Graham Stock, estratega senior de mercados emergentes de RBC BlueBay.
”Pero los activos mexicanos están luchando más que otros porque México está muy expuesto a la economía estadounidense, y al final del día la política comercial de Trump es un enorme acto de autolesión para la economía estadounidense”, agregó.
El holding chino Fufeng Group, el mayor fabricante mundial de goma xantana (espesante) y glutamato monosódico (sazonador),insumos utilizados en las industrias alimenticia, cosmética y fabril, busca instalarse en la Argentina con una inversión estimada en los 400 millones de dólares para procesar maíz.
La planta que evalúan construir en la Argentina, donde el sur de Santa Fe está entre los lugares predeterminados, ocuparía unas 100 hectáreas, con una capacidad de procesamiento de 560.000 toneladas de maíz por año y generaría 600 puestos de trabajo (60 directivos, 140 técnicos y 400 operativos).
Esta posibilidad efectiva que planteó Fufeng se suma a otra gran inversión privada en la zona de puertos donde funciona el principal polo aceitero del interior del país, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, con eje central en Rosario. Es la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes, donde la empresa Terminales y Servicios invertirá 290 millones de dólares. La obra generará picos de empleo de hasta 300 trabajadores, quedando una vez operativa las tres unidades principales 200 puestos directos de trabajo, más el empleo indirecto asociado al funcionamiento de un puerto de escala. Esta radicación se convertirá en el primer proyecto en la provincia a realizarse bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).
“El grupo (chino) vino a Santa Fe a consultar la posibilidad de radicarse en la provincia. Mantuvo reuniones con sectores privados y público. En el encuentro con el gobierno de Santa Fe pusimos a disposición todos los equipos técnicos para que acerquen la información que requieran. También repasamos lo que posee la provincia de Santa Fe en materia impositiva. Recordamos que estamos adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (Rigi), lo cual es una posibilidad interesante para evaluar. Otra es la Ley de Promoción Industrial vigente, y también la estabilidad fiscal que existe” en la provincia, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
El año pasado la empresa cumplió 25 años, según señaló en su página de InternetFufeng Group
Al señalar las ventajas comparativas frente a otras provincias, Puccini apuntó hacia “el desarrollo portuario que tenemos y que nos da una potencialidad para exportar”, ya que “estamos ubicados en el centro del país y, además, tenemos una economía del conocimiento, potencialidad que nos dan las universidades asentadas en este territorio”, subrayó. “Hemos puestos a disposición otros programas que refieren a la capacitación y formación laboral de manera permanente, además de programas de eficiencia energética. Todas son cuestiones destacables que les hemos ofrecido a este grupo inversor. Y esperamos que tengan en cuenta las buenas relaciones en lo institucional y privado que tenemos”, añadió el ministro santafecino.
Alcance
Los principales directivos del holding, Tianqing Yang y Xuefeng Wu, expusieron el proyecto en reuniones por separado realizadas en Rosario con Puccini; autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y ejecutivos de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA). Los directivos también recorrieron instalaciones de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Córdoba, otra provincia que figura en su radar como posible destino de la inversión.
Donde decida radicarse, el grupo chino construirá silos para almacenamiento de maíz y plantas para generar energía, tratamiento de aguas y también aportará logística ferroviaria.
Según comentaron los argentinos que asistieron a dichos encuentros, la delegación estuvo encabezada por Tianqing Yang, responsable del Proyecto Sudamérica, y Xuefeng Wu, su director. “El objetivo de la visita fue realizar un análisis integral del entorno institucional, político, comercial y de provisión de insumos, fundamentalmente maíz, que ellos consideran la materia prima clave para la industria que proyectan desarrollar”, explicó una fuente de la BCR.
El interés del grupo fue bien recibido por el gobierno santafecino. Se admitió que la intención de competir por la radicación del proyecto es firme, para lo cual se evaluarán incentivos fiscales, créditos y apoyo en infraestructura.
Por otra parte, se supo que el grupo chino Fufeng, líder mundial en biofermentación, piensa incursionar en la Argentina en la producción de treonina y lisina de grado alimenticio. La treonina es un aminoácido esencial que se encuentra principalmente en alimentos ricos en proteínas como carne, pescado, lácteos y legumbres aunque también se puede encontrar en alimentos vegetales como soja, germen de trigo y legumbres. La lisina, en tanto, es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los seres vivos y es uno de los 9 aminoácidos esenciales para los seres humanos.
El Fufeng Group Co. Ltd. Fue fundado en 1999 y se convirtió en una empresa que cotiza en la bolsa principal de Hong Kong desde 2007. Posee subsidiarias que se dedican a biotecnologías, industria farmacéutica y hasta la industria minera.
Según trascendió, no es la primera vez que el grupo Fufeng busca establecerse en occidente. En 2022 intentó construir una planta en Dakota del Norte (EE.UU.), pero fue bloqueado por motivos de seguridad nacional debido a sus vínculos con el gobierno chino. Tras ese revés, el Congreso estadounidense prohibió la compra de tierras agrícolas por parte de empresas de países como China, lo que motivó al grupo a buscar nuevos destinos estratégicos, entre ellos, Argentina.
Hace unos días, representantes de la empresa visitaron a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y también se refirieron al tema. La SRA señaló: “Recibimos a Tianqing Yang (Head of South America Project) y Xuefeng Wu (Utility Director) de Fufeng Group en su primera reunión en Argentina. Analizan la factibilidad de instalar una planta para transformar maíz en almidón y otros subproductos. Intercambiamos miradas sobre producción, tecnología y comercialización local”.
Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) viajó a Houston junto a una comitiva de pequeñas y medianas empresas proveedoras del sector hidrocarburífero en la búsqueda de intentar colocar productos argentinos en el exterior y fortalecer el desarrollo tecnológico del sector.
En este contexto, Del Re ponderó que “no hay país desarrollado que importe maquinaria usada. Esta medida es un retroceso en materia industrial y una competencia desleal”, sostuvo en relación el decreto 273/25 aprobado en abril pasado e impulsado por el Ministerio de Economía y aseguró que están elaborando un documento con propuestas que contribuyan a regular el alcance de esa normativa.
ADIMRA reúne actualmente a un ecosistema de unas 24.000 industrias metalúrgicas agrupadas en 59 cámaras empresariales y encargadas de elaborar maquinarias para el sector agrícola, hidrocarburífero y transporte, entre otros. El 30% distribuye maquinarias para el primer y segundo anillo de la industria petrolera, es decir a operadoras y prestadoras de servicios. En el último año, el sector metalúrgico registró una caída del 14%.
Sin antecedentes
En este marco, el titular de la asociación comentó que el ingreso de maquinaria usada pone a la industria nacional en una situación desigual en materia tributaria: “Ningún país que esté a la vanguardia tecnológica importa bienes usados. Lo que vemos es que hace muy difícil la competencia porque no hay precios de referencia para esos equipos usados -como sí sucede con los nuevos- y pueden tributar como quieran. Al contrario, el industrial debe atenerse a precios ya fijados y pagar los impuestos determinados en esa línea”.
Por otro lado, Del Re señaló que tampoco hay controles en materia de seguridad lo que implica que las maquinarias usadas podrían implicar un riesgo para los trabajadores que los operen.
Por este motivo, elaboraron un documento que elevarán al ministerio que conduce Luis Caputo para implementar una serie de regulaciones al decreto 273/25: “Estamos teniendo conversaciones con el Ministerio de Economía y vamos a enviar un listado con aquellos bienes que consideramos se pueden importar sin consulta y los que creemos que se debe consultar al sector productivo. Pedimos rever la condiciones porque sabemos que hay un perjuicio a la industria nacional”, afirmó Del Re.
Asociación con pymes texanas
Durante su participación en la Offshore Tecnology Conference (OTC) que se desarrolla en Texas, representantes de ADIMRA visitaron a compañías estadounidenses interesadas en desembarcar en Neuquén o en adquirir equipamiento elaborado en Argentina.
El objetivo de la visita fue explorar opciones de instalar productos metalúrgicos argentinos en el Permian y también lograr asociaciones que les permitan a empresas estadounidenses ofrecer servicios y productos en la cuenca Neuquina.
“Puede haber complementariedad industrial. En algunos casos tiene sentido producir tecnología en origen y en otras no porque lo hace caro. Entonces por medio de un royalty se puede resolver y, para eso, es fundamental juntarse con pymes de Estados Unidos para generar vínculos y hacer palanca para que puedan bajar a territorio”.
Del Re resaltó que en Houston existe un “know how” que puede ser muy útil para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, aunque enfatizó en que los locales tienen la ventaja de conocer la idiosincrasia local, las particularidades de la economía y la sinergia con los sindicatos: “Hay varios sectores dispuestos a aceptar esta vinculación de pymes con pymes. Nosotros con nuestro conocimiento comercial y ellos pudiendo complementar en lo tecnológico”, dijo en relación a las pymes de Texas.
Vietnam es un actor poco mencionado, pero que juega un rol importante en el comercio argentino. Se trata del principal comprador en materia agro.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que, en 2024, se registró el récord de exportaciones. “Las exportaciones se multiplicaron por más de 20 en los últimos 20 años”, indicó el informe.
La relación de Argentina con Vietnam viene de 1973. Los vínculos tomaron mayor importancia a pesar de que todavía no existían las embajadas correspondientes. Recién en 1955 sucedió este hito.
“Las exportaciones crecieron más de 21 veces y las importaciones más de 66 veces, si comparamos los valores de 2004 con los de 2024”, mencionó la BCR.
En este sentido, Vietnam pasó de representar menos de 0,4 % de las exportaciones nacionales en 2004 al 2,3% en 2014 y el 4,1% en 2024. Cabe destacar que más del 93 % de las exportaciones argentinas hacia este destacado destino del sudeste asiático consisten en harina de soja y maíz.
“En tanto la canasta exportadora a Vietnam se muestra orientada hacia productos del agro argentino, en 2024 las exportaciones se recuperaron un 57 % luego de la sequía del 2023”, mencionó la BCR.
Exportaciones a Vietnam
El informe señaló que, en materia agropecuaria, este país representó el 8 % de las exportaciones del complejo soja, mientras que fue el principal socio comercial del complejo maíz, representando el 19 % de los despachos argentinos en 2024.
“Si sólo se consideran los principales productos de los complejos agrícolas soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam es el principal comprador de la Argentina. Se embarcaron exportaciones hacia Vietnam un 56 % más respecto a China”, indicó el informe.
Hacia el futuro, la BCR destacó que se espera un crecimiento económico de Vietnam, lo que generará un mayor consumo de productos argentinos. Se podría sumar el consumo de carnes y lácteos.
“El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, afirmó este año que buscará un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y Mercosur. Ya tiene fuerte impulso del Brasil, que consiguió abrir el mercado vietnamita para la carne brasileña en la última visita de estado del presidente de Brasil, hace un mes”, mencionó la BCR sobre el futuro de la relación con Vietnam.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Southern Energy S.A.
Este proyecto consistirá en la instalación de una planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG, por sus siglas en inglés) en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Según los detalles presentados, la capacidad de producción anual del proyecto oscilará entre 1,5 millones de toneladas y 2,2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), dependiendo de la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas. El plan de inversión tiene como fin no solo asegurar el abastecimiento interno de gas natural sino también posicionar a Argentina como un actor relevante en los mercados globales de GNL.
El RIGI fue creado por la Ley 27.742 para atraer grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
Tal como detalla la resolución 559/2025 —publicada esta madrugada en el Boletín Oficial—, el comité evaluador encargado de revisar las solicitudes de adhesión recomendó, en su reunión del 29 de abril de 2025, aprobar la petición presentada por Southern Energy S.A.
Esta decisión se basó en los informes técnicos y económicos presentados por la empresa, que demostraron la viabilidad y el potencial impacto positivo del proyecto sobre la economía nacional. El proyecto de licuefacción de gas natural permitirá aumentar la producción de gas del país entre un 5% y un 8% anual, lo que contribuiría significativamente a la seguridad energética y a la exportación de recursos energéticos a mercados internacionales.
El Proyecto de Licuefacción de Gas Natural se desarrollará en dos etapas, con una inversión total que supera los USD 6.878 millones. La primera etapa está destinada a una inversión de USD 1.603 millones, mientras que la segunda requerirá USD 1.222 millones. Esta inversión incluye la instalación de la planta flotante que procesará el gas natural proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de transformar el gas en forma líquida (GNL), un producto con alta demanda en mercados internacionales.
El proyecto está alineado con los intereses estratégicos de Gobierno nacional, que busca incrementar la participación del país en mercados internacionales, especialmente en aquellos donde las exportaciones argentinas de GNL aún son bajas. Con una capacidad de producción anual de hasta 2,2 millones de toneladas de GNL, el proyecto se presenta como una gran oportunidad para posicionar a Argentina como un proveedor clave en mercados globales, especialmente en mercados de largo plazo.
La aprobación de esta solicitud de adhesión al RIGI representa un paso clave en el fortalecimiento del sector energético argentino. A través de este régimen, el Gobierno busca no solo atraer inversiones extranjeras, sino también diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de importaciones de energía. La licuefacción de gas natural se presenta como una herramienta fundamental para aprovechar los recursos energéticos nacionales y optimizar la infraestructura disponible.
Southern Energy S.A. ya ha manifestado su intención de aprovechar las reservas de gas en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más importantes del mundo, para alimentar el proyecto y asegurar el suministro constante de gas natural. El aprovechamiento de los excedentes del sistema de transporte de gas durante los meses de baja demanda, como el verano, es otro de los aspectos clave de esta iniciativa.
El primer paso concreto hacia la exportación GNL desde Argentina se materializará en 2027 con la puesta en producción de la unidad flotante Hilli Episeyo, una instalación de licuefacción provista por la empresa noruega Golar y operada por Southern Energy
A pesar del entusiasmo por la magnitud de la inversión y el potencial que representa el proyecto, la empresa deberá cumplir con una serie de compromisos estipulados en la ley. Entre ellos, se incluye el requisito de realizar una inversión mínima durante los primeros años de ejecución del proyecto. El 20% del monto de inversión inicial deberá ser alcanzado en los dos primeros años desde la fecha de adhesión, mientras que el plazo final para cumplir con el monto total de la inversión es el 31 de diciembre de 2035.
Además, tendrá que seguir el cronograma de obras previsto, el cual se encuentra debidamente documentado y aprobado, para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con lo planificado. También se ha establecido un plan de desarrollo de proveedores locales, que permitirá maximizar la cadena de valor local, potenciando la industria nacional.
La minera Vicuña, una sociedad formada en partes iguales por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, anunció que sus proyectos Filo del Sol y Josemaría concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto con decenas de millones de onzas de oro y plata. Además, indicó que esto implica que el yacimiento se encuentra entre los diez mayores del mundo.
Mediante un comunicado, la empresa informó que, de acuerdo a nuevas estimaciones, En conjunto, los depósitos contienen 12,8 millones de toneladas de cobre medido y 25,1 millones de toneladas inferidas, además de 32,2 millones de onzas de oro medido y 48,7 millones de onzas inferidas, y 659 millones de onzas de plata medidas junto con 808 millones de onzas inferidas.
Jack Lundin , presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó en el citado comunicado: “Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años y una experiencia increíble para todos los involucrados”.
Por su parte, Dave Dicaire, gerente general de Vicuña, comentó: “Con esta nueva y ampliada base de recursos, nos encontramos en una posición óptima para continuar progresando hacia el desarrollo de un distrito minero de gran potencial, que se prevé genere un impacto sustancial en las poblaciones y economías locales y nacionales”.
Filo del Sol y Josemaría se encuentran ubicados en la provincia de San Juan, pero una parte de Filo del Sol se extiende por la región chilena de Atacama. El primero de los yacimientos está en etapa de exploración, mientras que el segundo está en fase de preconstrucción.
Lunding Mining concluyó su comunicado remarcando que el “Recurso Mineral” es un hito clave y servirá de base para el informe técnico integrado que delineará un proyecto conjunto. “Este informe está previsto para completarse en el primer trimestre de 2026. Esperamos impulsar Vicuña con nuestro socio y, juntos, buscamos generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, concluyó.
El paisaje contrastante de tierras secas, frondosos caudales y, a un costado, la imponente Cordillera de los Andes se ha alterado en apenas décadas. El cambio climático, la gestión inadecuada de los recursos hídricos y la minería han provocado sostenidamente la desaparición de los lagos y la pérdida de ecosistemas en la Patagonia argentina.
Algunos vecinos cuentan, cargados de nostalgia, que sus hijos o nietos desconocen los tesoros naturales que había en esa inmensa y recóndita región austral de Suramérica. Hablamos en pasado, dice Augusto Guaiquil, agricultor. “¿Te acuerdas cuando nadábamos. Cuando bordéabamos los lagos y pescábamos la trucha arco iris, el pejerrey?”.
En esas historias llenas de estupor y desconcierto está el del emblemático lago Colhué Huapi, ubicado en el sur de Chubut, que se secó por completo en menos de un decenio, convirtiéndose en un desierto de dunas. Esta situación alarmante y, seguramente sin retorno, también afecta a otras lagunas y albuferas de la región. Como el Musters que está a su lado y sobrevive a niveles mínimos.
Cinco lagos del Parque Nacional Laguna Blanca, una reserva natural en la provincia de Neuquén, vieron reducida su superficie hasta en 52% desde 2007. Un estudio publicado en Science of the Total Environment, alerta sobre el barrido de hábitats esenciales para diversas especies de flora y fauna. Incluidas aves migratorias y especies en peligro de extinción. Refugio del cisne de cuello negro, los zampullines plateados, las ranas endémicas de manchas oscuras y toda una cohorte de amigos.
En el recuerdo algunos lagos de la Patagonia
En las últimas dos décadas, la superficie de la Laguna Blanca de alrededor de 1.700 hectáreas, se ha reducido drásticamente. Una vara de madera utilizada para medir los niveles del lago, ahora está completamente expuesta, pues no tiene nada que cuantificar. Al igual que rocas secas que antes estaban sumergidas, hoy están exhibidas.
“Al ver las reglas que se usaban para medir hace 20 años, uno no creería que el lago alcanzara esos niveles”, comentó Facundo Scordo, geógrafo argentino residente en la Universidad de Nevada, Reno, y autor principal del estudio. Según sus hallazgos, la superficie de Laguna Blanca y otros cuatro lagos más pequeños dentro de ese parque nacional en la Patagonia argentina ha disminuido hasta en un 52 % desde 2007.
Estos cambios radicales son particularmente preocupantes debido a la condición del parque como sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional reconocido por la UNESCO. «Alguna vez albergó una comunidad de aves tan maravillosa que fue el primer sitio Ramsar de Argentina», afirmó Esteban Balseiro, profesor de la Universidad Nacional del Comahue a Inside Climate News. Especializado en limnología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales.
Sin embargo, ahora «la población actual de aves acuáticas es mínima», añadió Balseiro, que no participó en el estudio. Siendo afectados el Macá Grande, el Cauquén Real, el Pato de Anteojos y el Pato Zambullidor.
Scordo y sus colegas analizaron imágenes satelitales de los cinco lagos y un índice de sequía para cada año entre 1998 y 2024. «Luego analizamos si la recesión observada en el lago es solo producto de la variabilidad climática o también de factores antropogénicos», explicó el experto.
Leonardo Buria, director de Parques Nacionales de la Patagonia Norte, sostiene una regla que en 2007 quedó completamente cubierta de agua / Facundo Scordo
Los desaciertos de la mano del hombre
Las explotaciones mineras también han socavado el equilibrio medioambiental. Esta región tiene importantes reservas de oro, plata y uranio y lucen atractivas para los capitales extranjeros. También se destaca por la producción de minerales como yeso, bentonita, diatomita y caolín; por la explotación de petróleo y gas.
En la provincia de Neuquén se han denunciado operaciones de fracking desde principios de la segunda década del siglo XXI. El área, conocida como Vaca Muerta, alberga decenas de comunidades mapuche. Sus líderes han ventilado el caso de esas actividades extractivistas en la Bolsa de Nueva York por su afectación al medio ambiente.
Además de ese uso desmedido de los suelos, los resultados de la investigación muestran que los cambios climáticos han reducido considerablemente la superficie de la Laguna Blanca y los lagos circundantes en la Patagonia argentina. Por un lado, un aumento de los períodos de sequía y por el otro, una disminución de la humedad en la cuenca desde 2007. Condición que condujo a que hubiera menos agua en la cuenca. Aun así, los hallazgos sugieren que la intervención humana en el paisaje natural ha influido mucho y con huella negativa.
En el trabajo de campo se identificaron 53 canales de riego construidos aguas arriba desde 2020, lo que podría estar agravando la situación.
Entre 2020 y 2025, agricultores locales construyeron estos canales de riego en la cuenca alta del arroyo Llano Blanco, principal fuente de agua de Laguna Blanca. Estos canales se levantaron perpendicularmente al curso natural del arroyo. Desviando el agua para apoyar las actividades agrícolas y reduciendo el volumen del lago.
Ausencia de manejo integrado de las cuencas
Scordo aclara que los agricultores evidentemente no construyeron estos canales para secar el lago.“Lo hicieron simplemente por conveniencia productiva. Y porque no entendían los impactos que sus actividades podrían tener aguas abajo en la cuenca baja”.
La disminución resultante del volumen ha provocado una mayor concentración de nutrientes en el agua del lago. Como consecuencia, las floraciones de algas nocivas se han vuelto más frecuentes, afectando negativamente al turismo y, con ello, a la economía local.
El sitio web del Parque Nacional Laguna Blanca muestra una señal roja de advertencia: “La temporada de pesca en Laguna Blanca queda suspendida hasta nuevo aviso. Debido a una floración de algas extraordinaria en el cuerpo de agua”.
A pesar de la robustez del modelo de estudio utilizado, de alcance global, los investigadores subrayan la necesidad de disponer de más información para nutrirlo. “Los datos existentes resultaron suficientemente buenos para la investigación sobre los lagos de la Patagonia y sus hábitats. Pero el Servicio Meteorológico Nacional posee muy pocas estaciones, y con datos actualizados al 2015”, afirma.
Esa falta de datos y la ausencia de un manejo integrado de las cuencas están llevando a la desaparición de los cuerpos de agua, en una zona donde los recursos hídricos escasean, añade Scordo.
Lo sucedido con el Colhué Huapí y su desaparición en solo una década, tras superar los 800 km2 y poseer agitadas aguas, llevó al experto a hacer su tesis doctoral sobre ese lago. Y levantar una data que era inexistente entonces. Ana Liberoff, del Laboratorio Eco-Fluvial del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, en Chubut, se une a la necesidad de seguir con las investigaciones.
Ningún país se salvará de la crisis climática
La población de cisnes de cuello negro ha sido afectada
Liberoff agrega que en esa zona de la Patagonia se esperan fuertes disminuciones de agua para el futuro, tal como señala un trabajo publicado en Theoretical and Applied Climatology, que prevé aumento de la temperatura y disminución de las precipitaciones.
La desaparición de los lagos puede tener además otras consecuencias. Scordo indica que “si los sedimentos del fondo del lago son erosionados por el viento, van a terminar en la ciudad de Zapala, generando problemas respiratorios en la población, como ya sucedió en Comodoro Rivadavia con la sequía del Colhué Huapí”.
Ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, Zapala tiene una población estimada de 34.000 habitantes y se encuentra a aproximadamente 40 km del Parque Nacional Laguna Blanca.
“El desmantelamiento y desfinanciación de organismos científico-tecnológicos, sumado a la desinformación sobre las problemáticas climáticas, ponen en riesgo la invaluable riqueza de flora, fauna y diversidad paisajística”, dice Liberoff.
Entretanto, Guillermo Folguera, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en filosofía de la ciencia, subraya que hay políticas que pueden empeorar la situación. “La extracción de hidrocarburos, la megaminería, el fracking, los agronegocios y las plantaciones forestales son causas directas de consumo de agua . Prefieren la exportación de commodities, antes que mejorar la vida de la comunidad”, afirmó.
A nivel regional, la deforestación y el desmonte, han agravado enormemente la capacidad de los ambientes de retener el agua y, sin dudas, los lagos de la Patagonia se han visto afectados. “Es necesario trabajar a nivel global para enfrentar la crisis climática. Ningún país se salvará en soledad”, subraya.
El Grupo Arcor avanzó con la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima, al activar la opción de compra del 51% restante de las acciones. De esta manera, la alimenticia cordobesa logró el control total de una de las marcas líderes del rubro lácteo en la Argentina.
La operación se concretó a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad controlada por Arcor y Danone, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con esta jugada, el grupo liderado por Luis Pagani refuerza su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del negocio de alimentos y bebidas.
Hasta este lunes, Bagley ya era titular del 49% de Mastellone Hermanos. Si bien la operación contaba con respaldo contractual previo, generó malestar en el seno de la familia fundadora. Desde el entorno de los Mastellone manifestaron su disconformidad con el desenlace, aunque reconocieron que no contaban con herramientas legales para frenar la adquisición.
El desembarco total de Arcor en La Serenísima se produce en un contexto de fuerte reconfiguración del negocio de consumo masivo en la Argentina, marcado por la necesidad de escala, eficiencia productiva y diversificación para enfrentar los desafíos económicos y de competencia.
Arcor toma posesión de una marca histórica láctea con más de 100 años
La Serenísima fue fundada en 1929 por Antonino Mastellone y Teresa Aiello, y bajo la conducción de Pascual Mastellone se consolidó como un ícono de la industria láctea nacional. Hoy, procesa 3,8 millones de litros de leche diarios, y cuenta con 6 plantas de clasificación, 9 de elaboración, 12 centros de distribución y 71.000 puntos de venta en todo el país.
Entre sus productos se destacan la leche, dulce de leche, yogures, manteca, quesos, postres y una creciente línea de alimentos vegetales. Con esta integración, Arcor suma a su oferta una de las marcas de mayor reconocimiento y llegada al consumidor argentino.
Más de 30 compañías han iniciado el camino para la privatización o incorporación de capital privado; sin embargo, ninguna avanzó y algunas licitaciones fracasaron
Por ahora, más allá de la estridencia del ajuste, las empresas públicas siguen siendo estatales y las concesiones que se vencen, no pasan a manos de los privados. Vale hacerse una pregunta que, seguramente, será un puñal en medio del credo libertario. ¿Es más grande el Estado desde que asumió el presidente Javier Milei? Y la respuesta es no, al menos si se toma en cuenta el gasto en subsidios que insumen.
También podría pensarse la cuenta de otra forma y mirar si hay más o menos empresas, no importa el gasto. En ese caso, la administración Milei también achicó el Estado: vendió Impsa (antes llamada Industrias Metalúrgicas Pescarmona), cerro la Administradora de Capital Humano Ferroviario y estatizó la concesión del corredor de rutas del Litoral que explotaba hasta el 9 de abril pasado Caminos del Río Uruguay (Crusa). El resto, sigue igual.
Entre los funcionarios que mojan el pan en la salsa de los planes privatizadores circula un panel de control con el estado en que se encuentra cada una de las empresas que podrían pasar, parcial o totalmente, a manos de los privados.
Hasta ahora, en ese borrador se pueden ver dos compañías que, en principio, terminarán en manos de la provincias. La Fabrica Argentina de Aviones (Fadea) pasará a manos Córdoba. Por estas horas se discute el proyecto de acuerdo de transferencia con la provincia elaborado en conjunto entre la jurisdicción comandada por Martín Llaryora y el gobierno nacional. Ya hay un proyecto de decreto elaborado que requiere “la manifestación de interés en la transferencia de parte de la provincia de Córdoba”. Después habrá que discutir el canon de concesión del predio y los nuevos contratos con la Fuerza Aérea. Tiene cerrado el balance 2023 aunque no aún el del año pasado.
Otra que marchará a manos provinciales es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una minera que cuenta con la participación del gobierno de Catamarca, de la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. Esta firma pasará a manos catamarqueñas, cuando se defina el proceso.
Fabricaciones Militares es otra de las que se dividirá. En marzo se concretó la transferencias de Minas Capillitas, ubicadas en Catamarca, también a esa provincia. El yacimiento contiene minerales como cobre, plomo, zinc, antimonio, oro y plata. Su mayor renombre proviene de la extracción de rodocrosita, una piedra semipreciosa. El titular de esta empresa (Caymen) era Fabricaciones Militares y por un convenio mutuo, se entregó a la provincia.
Entrada al predio de Fabricaciones Militares «Fray Luis Beltrán»
La fábrica de explosivos San José del Jachal, también de Fabricaciones Militares, ya cerró y se remataron los bienes. Para el resto, hay algunas propuestas de iniciativa privada para ver qué sucede con el resto de los bienes.
Hay dos bancos que podrían tener novedades. El primero, el Banco Hipotecario que tiene planes para que se realice una Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering, IPO), por las acciones que están en manos del Estado. El segundo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), sobre el que se estudian posibilidades que llegan hasta el extremo del cierre definitivo de la entidad. Para el Banco de la Nación también hay un borrador ¿Qué dice? Pues que se incorporarán capitales privados.
En la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) se espera hacer una unión transitoria de empresas, obviamente con privadas, por cada una de las unidades de negocios. En este rubro también está Vehículos Espaciales Nueva Generación (VENG), una empresa que tiene planes para ser achicada. Mientras tanto, hay un arduo trabajo para que se aprueben los balances, al igual que en gran cantidad de compañías que tenían varios períodos sin contables sin aprobar.
Nucleoeléctrica Argentina tiene los balances al día y la decisión que se ha tomado, hasta ahora, es proceder a una venta parcial. Para eso, se contrataron asesores internacionales (PWC) con especialidad en la industria nuclear para definir la modalidad y las alternativas más convenientes.
El Correo Argentino tiene planes concretos: entregar la concesión del servicio a un nuevo operador para toda la red postal. Un punto: se transferirá todo el personal. Quedará, entonces, un Correo residual que tendrá como tarea gestionar la devolución de los inmuebles para ser posteriormente transferidos a la Administración de Bienes del Estado (AABE).
La empresa que opera los tallares navales Tandanor se venderá. En esta compañía existen varios problemas con los aún pendientes estados contables atrasados al punto que se contrató un estudio contable para la normalización.
La Casa de la Moneda terminó hace un mes el proceso para convertirse en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). La empresa encargada de la impresión de billetes y la fabricación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024. En aquella hoja de ruta, el Gobierno escribió que realizará las licitaciones necesarias para pasar la producción de las distintas unidades de negocio a manos de un privado.
Mientras tanto, está en marcha un Plan de Retiro Voluntario (PRV) y un Plan Preventivo de Crisis (PPC). La idea es que al término de la intervención -finalizó el 30 de abril-, se formalice la disolución mediante decreto presidencial. Finamente, habrá una transferencia del personal y se venderán las máquinas. Lo que viene es el cierre, la disolución y la liquidación.
La idea del Gobierno es cerrar la Casa de la Moneda
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) es una de las que ya podría empezar a generar novedades. Con sus cuentas operativas saneadas, hay una propuesta base: vender a un accionista estratégico con control, con al menos 51% del paquete, 10% a los empleados, y el remanente al mercado.
El mundo trenes tiene varias empresas. Ya se anunció la privatización del Belgrano Cargas y Logística, mientras que la Operadora Ferroviaria (Sofse) realiza un plan para diseñar un sistema ferroviario que permita la prestación de servicio de empresas privadas. La idea es la concesión parcial de algunos servicios.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires y Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (Coviara) podrían fusionarse en la primera. Esta última cerraría, mientras que la que absorbe venderá los inmuebles propios de las dos.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se venderá parcialmente, previo a constituir otras Sociedad Anónima. En los activos de la empresa está la mina y la central térmica a carbón. No son pocos los que dicen que se partirá la compañía en dos unidades de negocios.
Hay dos empresas que tienen un enorme signo de interrogación. La primera es Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea); la segunda, el Polo Tecnológico Constituyentes. No son pocos los que ponen su voto en el cierre de ambas empresas.
La Agencia de Publicidad de Estado; Radio y Televisión Argentina; Contenidos Artísticos e Informativos y Educ.Ar, por ahora, tienen destino incierto. Se trabaja con los balances y además, todas transitaron el camino para ser Sociedades Anónimas, una manera de que sea más fácil una eventual venta.
Preguntará el lector que pasa con una de las más importantes: Aerolíneas Argentinas y su prima pequeña, Líneas Aéreas del Estado (LADE). No hay planes concretos para ninguna, apenas alguna iniciativa de convertir a esta última en sociedad del derecho comercial.
Corredores Viales es otra de las que tendría novedades rápidamente: pasaría a un nuevo ente con Vialidad Nacional, mientras que la concesión de la hidrovía del río Paraná, que técnicamente no es una empresa pública sino un concesión, tuvo un proceso fallido y está en marcha un segundo que no tiene fechas ciertas.
El tablero de control está lleno de interrogantes. Los tiempos administrativos son largos, por ejemplo, muchos tienen que pasar por el Congreso con un informe circunstanciado. Los nombres propios que llevan este asunto son varios y van desde los ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el medio, un deslucido funcionario que tiene a cargo la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, un abogado mendocino con paso previo por el Grupo América. Paso un año y medio, y el tablero está demasiado quieto, sin demasiadas definiciones y con demasiadas incógnitas.
El Gobierno apunta a simplificar el sistema tributario y reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte para todo el país, El nuevo tributo sumaría al actual impuesto al valor agregado (IVA) el impuesto a los ingresos brutos (IIBB), que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y representa la mayor fuente de ingresos de esos distritos después de lo que reciben por coparticipación. La iniciativa no contempla una reducción de la tasa del 21% actual del IVA. Ni tampoco de IIBB. El agente recaudador sería ARCA (la ex-AFIP). Preocupación entre los gobernadores.
La propuesta es revolucionaria. La idea está casi cerrada y solo resta pasar por el tamiz profesional de algunos técnicos que colaboran con su elaboración. Sabe el Gobierno que económicamente es más que viable y que cambiará para siempre no solo la recaudación impositiva sino también la relación política entre la Nación y las provincias, además de entre los gobernadores entre sí. Y que tiene, además, el aval del FMI, con el que el Ejecutivo se comprometió a avanzar en una reforma tributaria, a más tardar, en 2026. Políticos al fin, desde la sede del organismo saben que en Argentina Javier Milei no podría aprobar semejante cambio con este Congreso, y que obligatoriamente debe esperar a después de las elecciones de octubre para tener un Poder Legislativo que acceda, se anime y, obviamente, apruebe una modificación fiscal tan profunda como, supone el Presidente, imprescindible para que su “misión” para este mandato esté completa.
Se trata de la creación del “súper-IVA”, un esquema recaudatorio del impuesto al consumo, pero compartido entre la Nación y las gobernaciones. Administrado desde la ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido con un nuevo tributo, y luego lo repartiría con las provincias, según el porcentaje de impuesto local que aplique cada región. Es un proyecto de calibres majestuosos para los ojos de los libertarios, que saldaría una de las grandes deudas y demandas de la sociedad argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron en 2023 a Milei para que manejara los destinos del país. El propio Presidente ya había dado el visto bueno a la elaboración de la idea hacia octubre del año pasado, y la propuesta entró así en etapa de laboratorio, la que ya está prácticamente terminada. Para Milei, sería una de sus (varias) obras maestras económicas: una reforma impositiva integral, basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo.
El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto de Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “súper-IVA”, que concentre no solo el impuesto al valor agregado, sino que sume además el denominado tributo a los ingresos brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución) se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser –luego de ingresado en el ahora organismo recaudador– girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”.
Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del “súper-IVA” los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal) por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Solo alguno que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina.
Milei busca dar vuelta la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.
Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el FMI. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “súper-IVA”.
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo del anterior impuesto a las actividades comerciales. Se aplica a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales, y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.
Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos treinta. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan el IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanear un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.
Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde el IIBB es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado, donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para el consecuente gasto de ese dinero son norma pétrea.
Sin embargo, para los gobernadores el IIBB es aire fresco en tiempos de asfixiantes ajustes. Ya son muchos los gobernadores que, en alerta, comenzaron a watsapearse para asegurar una posición contraria a la idea. Sin embargo, lo saben, no es fácil tener a Milei por delante. Más en un año electoral, sin Presupuesto y con la dependencia absoluta de la firma de recursos por parte de Luis Caputo. O, aun peor, la de su primo, con el que comparte apellido y que habita como asesor de lujo en el edificio de enfrente del Palacio de Hacienda.
Y-TEC, la empresa de tecnología de la petrolera YPF, firmó un acuerdo con la empresa israelí XtraLit para el desarrollo de oportunidades vinculadas con la producción de litio mediante tecnologías de extracción directa. El acuerdo marca un nuevo paso en la estrategia de XtraLit en el país, en donde el año pasado anunció un plan de inversiones por US$ 104 millones.
Las empresas anunciaron este lunes la firma de un acuerdo de cooperación con el objetivo de revolucionar la extracción de litio mediante el posible desarrollo conjunto de proyectos de extracción directa de litio (DLE por sus siglas en inglés) en la Argentina.
“Conocí a XtraLit durante mi viaje a Israel a principios de 2025 y quedé profundamente impresionado por el ecosistema de innovación israelí en general y por sus capacidades técnicas de primer nivel en particular”, declaró Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.
El CEO de XtraLit, Simon Litsyn destacó que el acuerdo «refleja nuestro compromiso compartido con la innovación sostenible para descubrir nuevas fuentes de litio en Argentina que no se habían abordado hasta ahora debido a la falta de tecnología relevante”.
“Esta alianza con Y-TEC representa un gran avance para XtraLit en el escalamiento de nuestra tecnología en Argentina”, afirmó Gerardo Tyszberowicz, director de XtraLit en Latinoamérica.
XtraLit
Fundada en 2021, XtraLit esta desarrollando una tecnología para la extracción eficiente de litio en salmueras con concentraciones altas o bajas del mineral. La empresa ya ha adquirido una amplia experiencia en la extracción de litio en proyectos en Medio Oriente y América del Norte.
El CEO de la empresa visitó la Argentina el año pasado por primera vez, motivado por el cambio de rumbo económico introducido por el gobierno de Javier Milei. En el país, Xtralit cuenta con el respaldo de Dragones Venture Partners, un grupo de inversores de venture capital entre los que figuran Diego y Martín Teubal, accionistas y directores de BGH, Dario Fainguersch, Daniel Aisenberg, Diego Zbar, Andrés Perez y Miguel Ángel Graña.
«Creemos firmemente que nuestra tecnología tiene un rendimiento mejor que el rendimiento de la mayoría. Sin embargo, no existe una tecnología que sea la mejor en todos los casos. Esto significa que para cada salmuera hay que encontrar la que mejor se adapte desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nuestro enfoque, nuestra tecnología, es la mejor para muchas salmueras, pero no para todas. Y hay otras tecnologías que serán mejores para otras salmueras. Es una situación saludable, hay lugar para la competencia», analizó Litsyn.
Un nuevo medicamento inyectable de producción nacional, similar al conocido Ozempic, fue recientemente aprobado por la ANMAT y comenzará a comercializarse en la Argentina hacia finales de mayo. Según informó el sitio especializado Kairos, donde están disponibles los precios de los medicamentos, este nuevo producto costará alrededor de un 80% menos que su equivalente importado.
Si bien el Ozempic fue autorizado para tratar la diabetes tipo 2, muchos profesionales lo recetan también para controlar la obesidad, aunque no esté especificado en el prospecto. La aparición de esta versión local se da en un contexto donde el Gobierno busca reducir el costo de los medicamentos más caros promoviendo el desarrollo de copias nacionales. Lo mismo sucede con muchas otras drogas, por lo que hay una histórica puja entre los laboratorios nacionales y los extranjeros.
Detrás de esta nueva opción inyectable está el laboratorio Elea, que ya había lanzado una versión oral del medicamento bajo el nombre Dutide. Esta presentación, en comprimidos diarios, no estaba disponible previamente en la Argentina, aunque el laboratorio danés Novo Nordisk —titular del Ozempic original— sí la comercializa en otros países.
Ahora, Elea apuesta a competir directamente con el inyectable de Novo Nordisk. El Dutide en su formato de 1 mg, con cuatro jeringas precargadas, costará alrededor de 128.400 pesos, frente a los más de 653.000 pesos que cuesta el producto importado, marcando una diferencia de más del 80%.
Matías Deprati, médico especialista en medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires y director de asuntos médicos del laboratorio Elea, explicó que el Dutide inyectable no presenta diferencias farmacológicas ni de biodisponibilidad respecto del producto médico de referencia. “Está formulado con el mismo principio activo, mismas concentraciones, mismos excipientes y misma vía de administración que el medicamento anteriormente autorizado. En todos los análisis de consistencia, robustez, homogeneidad y actividad biológica, ambos medicamentos performan de la misma manera. No se encuentran diferencias”, detalló.
Por eso, la ANMAT autorizó su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) con las mismas indicaciones que el original. “La diferencia relevante está en el acceso: Dutide es más asequible para los pacientes y para los financiadores”, remarcó Deprati.
Ozempic se popularizó por su uso para bajar de pesomyskin – Shutterstock
La administración de este tratamiento es semanal —a diferencia de la formulación oral que se toma a diario—, y cada caja rinde para un mes. Su venta será bajo receta médica debido a los posibles efectos adversos de su principio activo, la semaglutida, y al mayor alcance que se espera dada la considerable reducción de su precio.
Deprati subrayó que Elea es el único laboratorio argentino que logró desarrollar, autorizar y comercializar tanto la versión oral como la inyectable de semaglutida. Ambas, sostuvo, ofrecen eficacia y seguridad comparables. “Dependen de la acción de la semaglutida, que es independiente de la vía de administración. Esto permite que los pacientes puedan elegir entre comprimidos diarios o inyecciones semanales, según su preferencia, en un proceso de decisión compartida con su médico”, explicó.
“Quienes prefieren evitar la toma diaria tienen la opción subcutánea semanal, y para aquellos más habituados a la ingesta oral también está disponible esa forma”.
En paralelo, Novo Nordisk anunció que traerá al país Wegovy, otra versión inyectable de semaglutida en dosis más altas (hasta 2,4 mg), indicada exclusivamente para la pérdida de peso. Este lanzamiento está previsto para la primavera de este año.
Wegovy medicamento para adelgazar del laboratorio Novo NordiskTwitter
En este escenario, durante al menos tres meses, el Dutide inyectable convivirá en el mercado con el Ozempic. Más adelante, se sumará Wegovy, enfocado directamente en el tratamiento de la obesidad. No obstante, Elea ya trabaja en una versión nacional de ese medicamento: el expediente para su aprobación ya fue entregado a la ANMAT y podría recibir el visto bueno hacia fin de año. “Ya se encuentra en fase de registro una versión con mayor concentración, de 1,7 y 2,4 miligramos”, adelantó Deprati, lo que permitirá cubrir también indicaciones específicas para la obesidad.
Qué es la semaglutida y cómo actúa
La semaglutida es una molécula que cumple una doble función terapéutica: regula los niveles de glucosa en sangre y suprime el apetito, favoreciendo así la pérdida de peso. Su mecanismo actúa a nivel cerebral, disminuyendo la sensación de hambre, lo que genera resultados visibles en poco tiempo, especialmente si se acompaña de actividad física y una alimentación saludable.
En los tratamientos con Ozempic y su equivalente local, la dosis inicial se ajusta progresivamente hasta alcanzar el máximo de 1 mg por semana. Luego del primer mes, ya se suelen observar mejoras, aunque los especialistas indican que al tercer mes es cuando se puede evaluar su efectividad en cada paciente.
El uso de semaglutida está pensado como parte de un tratamiento prolongado. Los médicos pueden ajustar o incluso suspender la medicación en función de los resultados y los riesgos de un posible efecto rebote, que en algunos casos puede presentarse al discontinuar el fármaco.
Para Deprati, “el diferencial de este lanzamiento es optimizar el acceso y democratizar terapias innovadoras en patologías muy prevalentes en la Argentina”. Según dijo, eso permitirá que más personas puedan recibir medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, mejoran el control metabólico, ayudan al descenso de peso y reducen el riesgo cardiovascular.
Alejandro Horvat
LO MISMO, PERO DE AGENDAR Y CON MIRADA LADINA.
La semaglútida es un competidor del glucagon natural, una de las dos hormonas pancreáticas reguladoras de la glucosa disponible en sangre. La otra es la más conocida insulina, que promueve la entrada de la glucosa en sus dos grandes destinos finales: el cerebro y demás órganos, y el tejido muscular. De este modo, elimina la glucosa adonde su exceso hace daño (la sangre) y la deja donde sí se la necesita a gritos (los tejidos en hipoglucemia).
Muy simplificadas, la diabetes de ambos tipos, I y II, son asuntos de logística, crónica y grave respectivamente.
¿Y qué hace el glucagon? Lo contrario. Cuando el páncreas dectecta que falta glucosa en sangre, le da una patadita de glucagon al hígado para que eleve la éste eleve la producción de glucosa. El hígado obedece y desintegra en subunidades de glucosa de rápida captación su propio almacén de larga vida, el glucógeno, un polímero inmenso que no puede salir de ningún lado ni entrar a ningún otro salvo fraccionado. Y así el hígado bien aleccionado dispara un chute de glucosa a la sangre, para que que cada órgano o tejido cliente que están penando se sirvan su porción.
Glucagon lo acentuamos como palabra grave sin tilde y no aguda con tilde, por causas obvias.
El sistema pancreático de la insulina y la glucosa funciona como un sube y baja natural de la glucemia. Mejor aún, esto lo logra en tiempo real, de modo de mantener valores medios aunque uno haya gastado demasiada glucosa en ganar una maratón de 40 kilómetros, o se haya inundado la sangre de ella tras dar cuenta de medio kilo de bombones.
Lo que hace esa forma de glucagon artificial que es la semaglútida es unirse a los receptores hepáticos e intestinales de glucacon, pero de forma preferencial, a expensas del glucacon nativo, y de modo más prolongado: un 1mg. se elimina totalmente en una semana. Eso deprime de modo perdurable la sobreproducción de insulina, baja la glucemia , le da descanso a los islotes de Langerhans (los cúmulos de células pancreáticas que producen insulina), y el efecto final se ejerce en el cerebro. Al detectar el órgano más consumidor de glucosa un «todo normal» en sangre, el apetito su primer combustible desaparece tras el primer bombón, y los otros 450 gramos se regalan a una novia o novio.
Con esta forma sobrenaturalmente perdurable de glucagon, la semaglútida, en dosis de hasta 7 mg. semanales esto sucede también con las grasas de almacenamiento y liberación rápida que los humanos acumulamos en la mitad del cuerpo. Se fraccionan en ácido grados y simples, y estos se queman como diésel, a falta de nafta premium. El cuerpo humano admite cualquier combustible, como los viejos Land Rover militares, no las versiones tilingas de hoy.
Los depósitos de grasa fácilmente degradable en ácidos grasos son pocos. En los congresos internacionales de diabetología celebrados cada mes en El Cilindro del Racing Club de Avellaneda, son llamados indistintamente «el salvavidas», «la zapán», la «busarda» y también «la bufanda presidencial», cuando pinta un primer mandatario de gran papada.
Este truco de las dosis le ha permitido a la sueca Novonordisk aprobar su molécula ante la FDA (Food and Drug Administration) en 2017 como tratamiento para la insulina de tipo II, y luego, en mayores dosis y con otro nombre y otra bula regulatoria, como tratamiento para el sobrepreso. Ambas se venden a precios alucinantes y en el mejor mercado de la Tierra, donde las patentes duran «forever». Efectivamente, el 60% de la población estadounidense tiene sobrepeso u obesidad, a veces desde la infancia, y el 16% de los adultos tienen diabetes II, y sólo el 8% tiene alguna idea de ello.
El impacto de la semaglútida en grandes dosis, con Wegovy a la cabeza, ha generado enflaquecimientos inesperados y súbitos: personas cachetonas que en medio año de uso tienen las mejillas pegadas entre sí, como si se les hubiera trancado la bombilla del mate, y a las que hoy se les caen los blue-jeans del año pasado. El slang yanqui ha inventado la expresión «Wegovy face» para caras rotundas devenidas en angostos mapas de Chile.
Eso sí, en cuanto los pacientes largan la semaglútida, rebotan de peso como pelotas de pingpong. Los mejores clientes del mundo son los cautivos.
La Argentina, especialmente la urbana más pobre y sin tiempo ni plata para gimnasio, esa población que vive de changas aquí y allá, y va colgada de un colectivo o tren, ésa que evade la bicicleta por el peligro de afano en la vía pública y come «fast food» porque no hay plata ni tiempo para mejor cosa, tiene tasas similares de sobrepeso, obesidad y diabetes II que la yanqui. Como dijo uno, «Ya somos Primer Mundo».
En suma, somos otro buen mercado para la semaglútida, al menos para el nivel OSDE 310 para arriba. Preveemos batallas legales de asociados contra auditores, y también que el área legal de las obras sociales sindicales, Ucrania parecerá un sitio de paz, amor y rock and roll por los amparos judiciales para conseguir Dutide. De la devastada salud pública, ni hablar.
Máxime cuando la ANMAT emite licencias automáticas a toda aprobación regulatoria de la FDA, y Elea es uno de los grandes jugadores del mercado interno. La ANMAT y el MinSal no son sordos a sus reclamos. Sea cual sea el origen nacional del principio activo (Corea, la India o incluso la propia Argentina), hay monopolio y precios de fantasía para el Dutide y de su próxima formulación para el sobrepeso. Y durarán un largo rato.
Que Dutide cueste menos un 80% menos que Ozempic no es una hazaña de la farmacología local, conste en actas.
En su última aparición televisiva, el ministro de Defensa, Luis Petri, volvió a demostrar más consignas rápidas y menos reflexiones estratégicas. En diálogo con Jonatan Viale, el titular de la cartera de Defensa explicó que “el relato K hizo que en la Argentina tengamos que explicar lo obvio”. A saber: que cortar calles es delito, que los presos deben estar presos, y que “defender la soberanía en las fronteras es tarea de las Fuerzas Armadas”.
Lo cierto es que el ministro sí necesita explicar. Pero no lo obvio, sino lo peligroso. Porque cuando afirma que “defender la soberanía en las fronteras” corresponde a las Fuerzas Armadas, se mete en un terreno en el que ni la legislación ni la doctrina militar argentina parecen acompañarlo. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Qué las Fuerzas Armadas sean quienes controlen pasos fronterizos, pidan documentos y detengan a sospechosos de contrabando en Salta o Formosa? ¿O que, como ya se viene practicando bajo reglas reservadas, se conviertan en un parche ante la incapacidad estructural del Estado para resolver lo que en esencia son problemas de seguridad interior y desorden federal?
El problema no es que las Fuerzas Armadas participen en tareas que refuercen la defensa nacional. El problema es que, con discursos como estos, se termina reduciendo la defensa nacional a patrullajes de frontera, a una suerte de gendarmería de repuesto que “está equipada y entrenada” pero sin misión militar definida.
Lo más curioso, sin embargo, no es la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Lo más curioso es la falta de memoria. Hace menos de dos años, en plena campaña electoral, uno de los candidatos con más chances a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, sostenía con seguridad que “hoy no tenemos hipótesis de conflicto”. La frase mereció el rechazo inmediato del sector militar, especialistas, e incluso de algunos aliados del propio espacio político. Hoy, con otros términos, y desde el sillón ministerial, se parece bastante a lo mismo. Porque si estamos en un “continente de paz” (como declaró Petri), si el escenario geopolítico no justifica preocupaciones mayores, entonces la lógica natural es dedicar las Fuerzas Armadas a cubrir baches, no a prepararse para lo que por definición son: la guerra.
Lo que no explica Petri es por qué, si el continente está en paz, países como Chile, Brasil, Colombia o incluso Perú vienen apostando —con mayor o menor intensidad— al desarrollo y modernización de sus capacidades militares convencionales. ¿Están todos ellos equivocados, en una suerte de delirio belicista regional? ¿O será que Argentina se encamina —una vez más— en dirección contraria, resignando capacidades, presupuestos y doctrina bajo la idea de que el Ejército puede ser útil para tapar los baches de otras agendas institucionales?
La lógica de “reemplazo funcional” ya mostró sus límites. La Gendarmería, fuerza federal creada específicamente para ocupar ese espacio intermedio entre defensa y seguridad, hace años que se encuentra absorbida por demandas ajenas: policías provinciales colapsadas, gobernaciones que delegan el monopolio de la fuerza, y una demanda social creciente por respuestas inmediatas. Ahora, parece que el turno es de las Fuerzas Armadas, con la ilusión de que al vestir uniforme verde oliva, el problema desaparece.
La creación de la Gendarmería en 1938 fue, precisamente, para que las Fuerzas Armadas no fueran utilizadas como solución a los conflictos internos. Para que el Estado tuviera una herramienta especializada en zonas de frontera, pero sin comprometer la misión principal de sus Fuerzas Armadas. Esa distinción, que parecía clara desde la época de Roberto Ortiz, hoy se desdibuja en aras del oportunismo político y el cortoplacismo electoral.
Y mientras se arman estas puestas en escena, se esquivan las preguntas verdaderas. ¿Cómo se forma al personal militar si su misión es tan volátil? ¿Qué capacidades reales se planifican si la misión es tan volátil? ¿Dónde están las inversiones? ¿Y los salarios prometidos? Tengamos en cuenta, que mas allá de las declaraciones grandilocuentes ministeriales acompañadas por el retweet del submundo coptado por trolls de comunicadores paraoficiales, según el SIPRI, la Argentina volvió a perforar el récord de desinversión en materia de defensa durante el año 2024.
Por ahora, a poco de promediar la gestión, el ámbito de Defensa Nacional continua con el mismo ciclo pendular y de deterioro hacia las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no parece haber saltos cualitativos en los ciclos de políticas publicas relacionados al ámbito que busquen transformaciones reales, sino mas bien un revival de eslóganes y propuestas que, de un lado y otro de la medianera política, atrasan décadas.
La OPEC+ se dirige a su reunión del 5 de mayo con los precios del petróleo bajo renovada presión (a la baja), y los países miembros divididos sobre si acelerar los aumentos de producción, dejando los precios del petróleo preparados para caer o experimentar un rally de cobertura de posiciones cortas dependiendo de la decisión del grupo, según dijeron los analistas de Citi en una nota reciente.
«Esperamos resistencia de los países miembros de la OPEC+ a la aparente propuesta de aumento de producción, de modo que los precios del petróleo están en la cuerda floja: ¿una gran caída o un considerable rally de cobertura de posiciones cortas?», dijeron los analistas de Citi en una nota esta semana, destacando la naturaleza de alto riesgo de la reunión.
El crudo Brent cayó brevemente por debajo de los 60 dólares por barril el 1 de mayo, casi revisitando los mínimos de abril después de que los titulares sugirieran que Arabia Saudí podría estar dispuesta a aumentar la producción y dejar que los precios cayeran aún más. «La noticia de que Arabia Saudí estaría dispuesta a aumentar la producción de petróleo en la próxima reunión de la OPEC y dejar caer los precios del petróleo generó incertidumbre adicional sobre los precios», añadieron los analistas.
Citi presenta una serie de escenarios para los próximos meses. En el caso bajista, una mayor debilidad del Brent podría encontrar soporte en 57 dólares en el segundo trimestre, 50 dólares en el tercer trimestre y 45 dólares en el cuarto trimestre si los fundamentos y la confianza empeoran. «Si la OPEC+ entrega un aumento adicional de producción, digamos una aceleración adicional de 0,5 mb/d, entonces el rango de altos 50 dólares/barril para el Brent podría mantenerse», dijo Citi, aunque señaló que un aumento más fuerte o un avance en las sanciones con Irán podría empujar el Brent hacia los 50 dólares.
Estos niveles son consistentes con los soportes de costos fundamentales, dijeron los analistas, citando la Encuesta de Energía de la Reserva Federal de Dallas. «La Encuesta de Energía de la Fed de Dallas sugiere que los productores en la región ’Permian (Otros)’… requieren un promedio de alrededor de 45 dólares/barril de ’precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)… para cubrir los gastos operativos de los pozos existentes’. Añadiendo alrededor de 4 dólares/barril de diferencial Brent-WTI, entonces el nivel de 49-50 dólares/barril podría formar otro nivel de soporte».
En el caso alcista, mientras tanto, Citi ve posible un rally sorpresa si la OPEC+ se abstiene de más aumentos o si las sanciones a Irán se endurecen, con el Brent potencialmente volviendo a los 70 dólares. «Nuestro caso alcista con precios en el rango de 70 dólares/barril implica una combinación de ningún aumento adicional de producción por encima de lo anunciado, o incluso una congelación, y alguna implementación de sanciones más duras relacionadas con Irán, ya que las conversaciones se han estancado», dijeron los analistas.
Para la OPEC, se avecina un difícil acto de equilibrio, ya que los precios de equilibrio fiscal para productores clave como Arabia Saudí son mucho más altos que los niveles actuales del mercado.
«Si la OPEC+ aún acelera su retorno de producción, entonces sería difícil saber dónde la OPEC+ reconsideraría su decisión de producción. Un umbral potencial de la memoria reciente es un retorno a los precios de la era COVID alrededor de mediados de los 40 dólares/barril, cuando hicieron recortes contundentes a la producción», dijeron los analistas.
Con el mercado «más condicionado a pensar en la baja», Citi advirtió que la volatilidad probablemente seguirá siendo elevada cualquiera que sea el camino que elija la OPEC+ en esta reunión crucial, que involucrará a 8 países miembros de la OPEC+ incluyendo Arabia Saudí, Rusia, Irak, EAU, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.
Luis “Toto” Caputo tiene tiempo. Pero el reloj ya comenzó la cuenta regresiva. El ministro de Economía debe conseguir, antes de la última semana de junio, unos US$ 2.500 millones. Es el dinero que le falta para cumplir con el último gran compromiso financiero del año, el pago de los cupones de los bonares y globales que vencen el 9 de julio; y que implican un desembolso de unos US$ 4.500 millones entre capitales e intereses. El ministro ya contabiliza para la obligación unos US$ 2 mil millones que ya negoció con algunos bancos de posición amistosa con el país, y cuyo préstamo fue anunciado el viernes 11 de abril, el mismo día en que se presentó en sociedad el Facilidades Extendidas.
Pero le falta más de la mitad del dinero, ya que la intención del funcionario y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es la de mostrarle al mundo que después del acuerdo con el organismo, Argentina estaba ya lista para volver al maravilloso mundo de la colocación de deuda voluntaria en los mercados financieros internacionales. El riesgo país sigue navegando por arriba de los 700 puntos básicos, lejos de los 300 o 400 que debería exhibir para poder lograr alguna colocación de deuda financieramente prolija y con un costo accesible para cualquier economía normal; lo que aleja la posibilidad de las aspiraciones de Economía para conseguir el resto del dinero necesario para el vencimiento del 9 de julio. En el Palacio de Hacienda aseguran, confían en realidad, que falta poco para que el riesgo país reaccione, y que para junio ya todo estará “on track”. Nuevamente, tiempo hay, pero el reloj comenzó a correr. Tienen Caputo y Quirno algo más de treinta días para que el endiablado riesgo país pueda perforar los 500 puntos y llegar a un nivel de colocación de deuda de un 8% máximo.
¿Qué sucedería si esto no se lograra? Como ya se explicó en este medio, el FMI autorizó a Caputo a utilizar parte del dinero que ya se envió el martes 14 de abril para cumplir con el compromiso. Habría que descontar entonces unos 2.500 millones de los 12 mil millones de dólares que giró el FMI aquel día para fortalecer las reservas. Todo en orden entonces. El dinero para cumplir con el pago está disponible, aunque Caputo y Quirno no logren esa colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales. El problema surge hacia delante, para luego de ese 9 de julio. El Gobierno se comprometió ante el FMI a lograr un incremento neto de las reservas del Banco Central por unos US$ 4 mil millones; para cumplir la tríada de metas firmadas. Las otras dos son fáciles de lograr: el superávit primario de 1,3% del PBI (será superior al 1,6%) y la no emisión de pesos. Pero así como 2024 se complicó por la falta de dólares en la entidad que maneja Santiago Bausilli; lo mismo ocurre ahora en 2025. El Gobierno debe comprar dólares, tanto para el vencimiento del 9 de julio como para incrementar las reservas en esos 4 mil millones de dólares obligatorios. Si no lo hiciera, debería negociar un waiver hacia fin de año; algo que, indudablemente, sería un papelón.
La deuda que habrá que cubrir el 9 de julio alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales; y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.
En el caso de no lograrse la colocación voluntaria buscada en los mercados internacionales, la habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de Facilidades Extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales. Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadores que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del Facilidades Extendidas se utilice para este vencimiento de julio. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario de deuda internacional se viene complicando.
Muchos analistas del mercado financiero, algunos de ellos con contacto directo con los funcionarios del oficialismo, creen que para poder volver seriamente a los mercados financieros internacionales, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que queda pendiente, luego del conocerse la letra del acuerdo con el FMI y la manera (hasta acá exitosa) de salida del esquema de crawling peg al 1% mensual. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará (o no) espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y, luego, comenzaría a caer el riesgo país al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por lo contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad. No es un secreto.
Lo dijo indiscretamente el jueves pasado la búlgara Kristalina Giorgieva en el ámbito de la Asamblea Conjunta de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin eufemismos, la directora gerente del organismo, llamó a votar al oficialismo, para que las reformas sigan por el buen camino. Algo que el estatuto del FMI prohíbe explícitamente con la siguiente consideración en su estatuto: “El FMI es una organización que se centra en la estabilidad económica y monetaria internacional, y no tiene jurisdicción ni autoridad para interferir en los procesos electorales de los países miembros. La soberanía de cada país sobre sus propios asuntos internos, incluyendo sus elecciones, es un principio fundamental del derecho internacional”.
Evidentemente, la crisis institucional es mundial.
El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)
El primer paso concreto hacia la exportación GNL desde Argentina se materializará en 2027 con la puesta en producción de la unidad flotante Hilli Episeyo, una instalación de licuefacción provista por la empresa noruega Golar y operada por Southern Energy
