Las acciones se desplomaron en Wall Street este miércoles, arrastradas por los valores tecnológicos que sufrieron tras los decepcionantes resultados del segundo trimestre de empresas pesadas como Alphabet y Tesla. El índice Nasdaq tuvo su peor caída en casi dos años.
Según los datos de cierre, el referencial en cuestión se depreció 3,6% hasta los 17.342,41 puntos, en lo que significó su mayor retroceso desde el 7 de octubre de 2022. En paralelo, el índice Dow Jones de Industriales finalizó en 39.853,87 puntos bajando un 1,3% y el S&P500 se situó en 5.427,13 puntos perdiendo un 2,3%.
Los balances de las dos empresas tecnológicas de mega capitalización podrían establecer una severa tendencia para próximas publicaciones trimestrales y también apuntar a una nueva derrota en el sector, que ha sido golpeado por una toma de ganancias y una rotación hacia sectores más sensibles económicamente durante la semana pasada.
Tesla se desplomó debido a que las ganancias decepcionaron y las perspectivas se vuelven impredecibles.
Las acciones de Tesla cayeron un 12% después de que sus ganancias del segundo trimestre no cumplieran con las estimaciones en medio de la caída de las ventas de vehículos.
Los márgenes de beneficio de Tesla cayeron a su nivel más bajo en cinco años cuando el fabricante de vehículos eléctricos recortó agresivamente los precios para hacer frente a una mayor competencia en mercados clave como China.
Los costos durante el trimestre aumentaron considerablemente debido al aumento del gasto en IA (inteligencia artificial) y robotaxis, aunque la revelación de estos últimos se retrasó hasta octubre desde agosto.
Alphabet cae a pesar de los mejores resultados.
Alphabet, matriz de Google, cayó un 5%, incluso cuando sus ganancias del segundo trimestre superaron las expectativas sobre el aumento de las ventas de publicidad y la fuerte demanda de sus servicios en la nube, pero las ventas de publicidad, que son la principal fuente de ingresos de la compañía, crecieron a un ritmo más lento en el trimestre, mientras que los ingresos de YouTube no cumplieron con algunas expectativas del mercado.
Los egresos de Alphabet también aumentaron sustancialmente año tras año en medio de un gasto continuo en el desarrollo de la IA, una tendencia que se espera que afecte los márgenes de ganancias en los próximos trimestres.
Las pérdidas en Alphabet y Tesla asustaron al sector tecnológico en general, que ya estaba sufriendo fuertes pérdidas durante la semana pasada.
Visa naufragó
Las acciones de Visa cayeron un 4% después de que el crecimiento de los ingresos del gigante de las tarjetas de crédito en el tercer trimestre no cumplió con lo esperado por el mercado, ya que los elevados costos de endeudamiento limitaron el gasto de los consumidores.
Las acciones de Texas Instruments subieron un 0,5 % después de que el fabricante de chips informara de unas sólidas ganancias para el segundo trimestre, con ganancias ajustadas por acción que superaron las estimaciones.
Las acciones de AT&T avanzaron un 4% después de que el gigante de las telecomunicaciones superó las expectativas en cuanto a la incorporación de suscriptores inalámbricos en el segundo trimestre, ya que sus planes ilimitados de nivel superior atrajeron clientes.
Mercados entre los trimestrales y la política
Los mercados también están atentos a cualquier novedad en la carrera presidencial, después de que el presidente Joe Biden se retirara durante el fin de semana y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris como la favorita demócrata. Una encuesta de Reuters/Ipsos la ve a Harris con una ligera ventaja sobre el candidato republicano Donald Trump.
Crudo impulsado por los inventarios estadounidenses
Los precios del petróleo subieron el miércoles un 0,8% poniendo fin a tres sesiones consecutivas de caída, ya que la baja de los inventarios de crudo en Estados Unidos impulsó las esperanzas de demanda del mayor consumidor del mundo.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de petróleo de Estados Unidos se redujeron en 3,9 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de un aumento de 0,7 millones de barriles.
Los informes revelaron que los inventarios se redujeron por cuarta semana consecutiva, ya que la demanda de petróleo probablemente repuntó con la temporada de verano y los constantes viajes.
La Argentina puede construir casi toda el área nuclear de una central atómica.
Hasta ahora.
Si el gobierno completa lo que intenta hacer con la empresa IMPSA, esa aseveración ya no será cierta.
Le energía es el sustento esencial de una sociedad industrial, la única forma de tener una sociedad realmente inclusiva para todos los habitantes del País. Si queremos enfrentar el cambio climático, la energía nuclear será un componente esencial. Y, hasta ahora, podríamos encarar un aumento de la capacidad de generación nuclear de manera soberana, sin pedir nada a nadie, dando trabajo a argentinos para que fabriquen los equipos necesarios y contando con las capacidades nacionales para proveer el combustible.
Hay tres empresas esenciales para sostener esa capacidad: La planta de agua pesada de Arroyito (Neuquén), parada por Macri, y que todavía se debe recuperar; el conglomerado CONUAR/ FAE, en Ezeiza; e IMPSA, en Mendoza.
La tecnología es un estado cultural que se apoya en conocimientos y habilidades de científicos, ingenieros, empresarios, obreros y empleados trabajando en equipo. Si se pierde, no se recupera más que con tremendos esfuerzos económicos y políticos de la sociedad y sus individuos. IMPSA es depositaria de ese estado cultural en lo que respecta a la fabricación de equipos pesados esenciales para las centrales nucleares. Perderla para los planes nacionales sería un crimen de lesa soberanía.
Y solamente la soberanía asegura la capacidad de decisión para proveer de un futuro sostenible a las generaciones futuras de argentinos. Los nuevos dueños, por lo visto, estadounidenses, si no la desmantelan y la abandonan, podrán desmantelarla y llevársela (junto con el personal más capacitado técnicamente), o, en todo caso, trabajar en Mendoza para el floreciente programa nuclear que están planteando ambas opciones de la política estadounidense.
Pero no para la Argentina. Nunca para la Argentina.
Por otra parte, y siempre en la energía, IMPSA es capaz también de diseñar y fabricar sofisticados equipos pesados para la generación hidráulica y también tiene capacidades en energía eólica. En el mundo que se viene, sediento de energía limpia de emisiones de gases de efecto invernadero, es un caramelo demasiado apreciado.
Ningún marco político o jurídico puede justificar desmantelar las posibilidades de un destino sustentable para las futuras generaciones de argentinos. Cuánto menos un Decreto de Necesidad y Urgencia y una Ley Marco impregnadas de inconstitucionalidades y maniobras turbias de aprobación.
Un futuro gobierno nacional, con vocación soberana, debiera revisar cualquier operación de venta de este o cualquier otro activo esencial para la soberanía energética nacional.
Contamos para ello con la voluntad de los argentinos de bien, que todavía quedan en la política nacional, así como la de todos los argentinos de bien, dispuestos a luchar para permitir un futuro sustentable para sus hijos y nietos.
GABRIEL NORBERTO BARCELÓ MIEMBRO IESO MIEMBRO CEEN
El Dr. Gabriel Barceló ha sido miembro del Directorio de NA-SA y gerente de Relaciones Internacionales de la CNEA.
Este viernes 19 de julio por la mañana, se cancelaron vuelos, se interrumpió la transmisión de las cadenas de televisión, las líneas de trenes no circularon y los procedimientos médicos se retrasaron en todo el mundo. Los trabajadores, frustrados, se enfrentaban a pantallas de ordenador azules y a la imposibilidad de volver a conectarse.
¿El origen del problema? CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad dedicada a prevenir exactamente este tipo de interrupciones globales.
CrowdStrike, fundada en 2011, es una plataforma de ciberseguridad basada en la nube cuyo software es utilizado por decenas de industrias de todo el mundo para protegerse contra piratas informáticos y accesos no autorizados.
Su software protege los ordenadores de muchas empresas de la lista Fortune 500, y la plataforma se ha forjado una reputación a lo largo de los años como una empresa capaz de resolver incluso los problemas de seguridad más difíciles. CrowdStrike fue contratada para investigar el ataque informático contra Sony Pictures en 2014, que dio lugar a la publicación de datos confidenciales del estudio cinematográfico, y el ataque del Comité Nacional Demócrata en 2016, que sacó a la luz los correos electrónicos de Hillary Clinton. CrowdStrike atiende a unos 29.000 clientes y factura unos 4 mil millones de dólares al año.
Un software de ciberseguridad como el de CrowdStrike tiene amplios privilegios para funcionar en un sistema informático, incluso en áreas sensibles. Esto significa que cuando se producen errores, el efecto dominó puede ser significativo.
CrowdStrike actualiza su software de seguridad de forma automática y silenciosa. Al parecer, una actualización defectuosa, realizada el viernes por la mañana, del software Falcon Sensor provocó fallos en máquinas con sistema operativo Microsoft Windows y causó el caos mundial.
“Lamentamos profundamente el impacto que hemos causado a los clientes”, declaró George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, en una entrevista en el programa Today. “Sabemos cuál es el problema. Estamos resolviendo y hemos resuelto el problema ahora”.
Kurtz dijo que las interrupciones no fueron un incidente de seguridad ni un ciberataque.
Se ha enviado a los ordenadores una corrección actualizada del software, pero los expertos dijeron que lo más probable es que los cortes persistieran mientras los clientes de CrowdStrike trabajaban para reiniciar los ordenadores que ya se habían visto afectados. Algunos sistemas pudieron instalar automáticamente la corrección, dijo Kurtz, mientras que otros requerirían la intervención manual de especialistas en informática.
CrowdStrike, que salió a bolsa en 2019, está valorada en unos 76 mil millones de dólares. Sus acciones cayeron dramáticamente el viernes después de las noticias de la interrupción y permanecieron en una baja de aproximadamente 8 por ciento esa mañana.
“Este es un evento sin precedentes y no es algo que nosotros ni nadie pensara que era probable”, escribieron los analistas de Evercore, una firma de banca de inversión, en una nota a los inversores. “Este suceso demuestra claramente que la cibernética necesita diversificarse y la idea de confiar en uno o dos proveedores será objeto de escrutinio”.
Reproducimos esta nota publicada en el portal Defensa y Seguridad. Creemos que es volver al proyecto Fénix original, patrulla radarizada armada, una especie de mini AWACS de cabotaje. Eso es lo que venimos apoyando desde siempre.
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En atención que existe una posibilidad que el IA 58 Pucará continúe volando en el marco del programa de modernización, conocido como Pucará Fénix, consideramos pertinente volver a publicar esta nota de nuestra autoría subidas en su momento al sitio AviaciónArgentina.net . Cabe destacar que la nota data de 2017.
La baja del avión FMA IA-58 Pucará por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya a principios del año 2017, se debió a una serie de factores, destacándose la ausencia de apoyo logístico de FAdeA SA, heredera de la Fábrica Militar de Aviones SE, quien construyó dichos aviones. A ello se unió la confirmación por parte del secretario de logística del Ministerio de Defensa que la modernización anunciada por la gestión del área de defensa en 2015, no será llevada a cabo por cuestiones económico técnicas (detalles que no trascendieron) y solo se mantendrá en línea de vuelo un reducido grupo, gracias al compromiso de Turbomeca, fabricante de los motores de proveer repuestos por unos años más, sentenciando el destino de esta noble aeronave, no exento de polémicas, especialmente en algunos medios especializados, especialmente por el pedido de cotización de la FAA, vía FMS para la venta de 24 aviones de entrenamiento Raytheon T-6 Texan II por un costo de US$ 300 millones, de los cuales solo lleguen entre 4/6 por los constantes recortes de presupuesto de defensa.
La historia del avión es por todos conocidos, tiene su origen a fines de los 60 y en 1982 fue desplegado en las Islas Malvinas, donde fue sometido a un ámbito geográfico muy exigente con sus consecuencias, pero demostró tener un gran potencial en materia de lucha contra helicópteros y por su solidez. La Real Fuerza Aérea mostró vivo interés después del conflicto de Malvinas por el IA-58 Pucará. Esto quedó evidenciado en el ciclo de pruebas que pilotos del Centro de Ensayos de Vuelo de Boscombe Down, realizaron sobre un Pucará, que los ingleses después de aproximadamente 50 horas de vuelo, describió al IA-58 como un excelente avión en muchos aspectos, muy maniobrero y muy buen diseñado para su rol específico (Aviation Week & Space Technology, 31 de octubre de 1983, citado por Tácticas y Armas para la Defensa Vol I, nro. 6 Agosto 1990, pág. 288).
Avión Pucará capturado y puesto en servicio en el Reiino Unido. Recibió elogios por sus prestaciones.
El avión suscitó interés en diversos países, que por el manejo irresponsable que ha tenido el país en materia de exportación de material militar, impidió que Argentina se beneficiara generando lazos políticos y estratégicos, además de inyectar capitales para financiar la industria de defensa argentina, que llegó a tener un elevado nivel en su momento. Solo se concretaron las exportaciones a Sri Lanka, Uruguay y la donación de un lote de aeronaves a Colombia. En todos los casos, la cadena logística falló con sus consecuencias operativas, que impidió que esta noble aeronave volara en dichos países por más tiempo. En nuestro país, el Pucará, la falta de visión de largo plazo en el Ministerio de Defensa y tal vez, ciertos intereses creados, impidieron que se concretaran programas de desarrollo, destacándose el IA-58 B que generó el interés de Venezuela, iba ir dotados con motores Garrett y hélices de cuatro palas. El Pucará C o Charlie, se destacó por ser monoplaza, mejoras diversas en los sistemas de comunicaciones, alerta radar, incluso tenía previsto contar con capacidad aire-aire y también aire superficie con misiles Magic II y el célebre Martin Pescador. Quedó todo en fase de prototipo.
La modernización del IA-58 nuevamente fue anunciada en el 2000, esta vez con un programa bastante ambicioso liderado entonces por Lockheed Martin Argentina que gestionaba la ex FMA, que incluía la remotorización con plantas Pratt & Whitney, designador láser, aviónica moderna e incluso cierta capacidad aire-aire (ver revista Tecnología Militar 2/2002). Finalmente, por cuestiones de presupuesto, el proyecto fue reemplazado por una serie de mejoras mucho más modestas, que afectaron a unos 20 aviones principalmente en sus comunicaciones y aviónica (Pucará Delta). Las serias limitaciones impuestas por los constantes recortes de presupuesto –a pesar que durante mucho tiempo el país creció a tasas “chinas”– afectó la operatividad de los nobles Pucarás.
La constante violación del espacio aéreo por parte de aeronaves generalmente vinculadas al tráfico de drogas y contrabando, llevaron a las autoridades a realizar distintas acciones para fortalecer la presencia del estado en las vulnerables fronteras NE y NO. Así nació el Operativo Escudo Norte, donde el avión Pucará fue considerado apto para interceptar aeronaves. Nuevamente fue considerada la modernización, pero esta vez el proyecto se realizaría sin apoyo expreso de la FAA, a tal punto cuando fue presentado el IA-58H, el entonces jefe de la institución en 2016, brigadier general Callejo no estuvo presente en el roll outde la versión remotorizada del Pucará. La aeronave modificada solo voló unos minutos sin novedades o problemas, pero sin los cambios previstos en materia de sistemas de armas, y otras innovaciones tecnológicas. Cabe destacar que los cambios de los motores, implicó modificaciones estructurales en las alas del Pucará, que fueron llevadas a cabo por la célebre Israel Aircraft Industries Ltd (IAI). Dichas modificaciones implican que el viejo Pucará dio paso a una aeronave nueva, por las modificaciones y por ende es preciso la homologación y certificación para su previa aceptación o incorporación a la FAA. Estos pasos no se llevaron a cabo.
El cambio de gobierno, significó la revisión de todo lo actuado por la gestión anterior, y ello incluyó al Pucará. Lo que ha generado una serie de interrogantes, especialmente si ha sido una decisión acertada, dado la necesidad de contar con un avión de ataque ligero y actuar en la frontera NE. Sino más bien se llevaron a cabo algunos estudios que estas labores fueran realizadas por aeronaves con prestaciones similares, como el T-6 Texan II y el Super Tucano.
El caso OV-10 Bronco
El Rockwell OV-10 Bronco, es un avión táctico de ataque liviano, nacido en los 60, prestando servicios en las USAAF, Marina y US Marine Corps en la guerra de Vietnam. Valorado por su maniobrabilidad, capacidad en materia de armamento, autonomía y bajo costo operativo, además de sus características STOL. A lo largo de su historia operativa estos aviones ejecutaron operaciones de observación, control aéreo avanzado, escolta de helicópteros, reconocimiento armado, enlace, ataque al suelo. Además, realizaron tareas de reconocimiento radiológico, observación aérea táctica, apoyo a la artillería naval y control aéreo de operaciones de apoyo tácticas y fotografía aérea.
Los US Marines modificaron aeronaves para operaciones nocturnas, además de realizar control aéreo avanzado hasta mediados de los 90, cuando fueron retirados del servicio. En la Marina, los OV-10 realizaron operaciones de ataque, interdicción, apoyo aéreo cercano a unidades de marines, fuerzas especiales y las fuerzas fluviales que operaban en el delta del Mekong.
Los operadores extranjeros utilizaron extensamente dicho avión en operaciones COIN. Tailandia lo utilizó en operaciones de patrulla fronteriza, además de cooperar en acciones contrainsurgencia. Filipinas lo empleó profusamente en acciones contra organizaciones terroristas en la isla Mindanao y contra otros grupos insurgentes. Asimismo, las aeronaves realizaron operaciones SAR, control aéreo avanzado.
En la región lo operaron Colombia y Venezuela (que los adquirieron luego de la venta frustrada de los IA-58). En el caso del primero fueron empleados extensamente en operaciones contrainsurgencia y fueron objeto de un proceso de modernización, a cargo de la empresa Marsh Aviation, llevándolos al estándar D, que incluyó capacidad para lanzar armamento guiado gracias al FLIR y otros sistemas, motores más potentes, hélices de cuatro palas, modificaciones estructurales y capacidad para operaciones nocturnas.
Las mejoras permitieron que las flotas de Bronco siguieran volando en Venezuela (que tuvo restricciones por la llegada de Hugo Chávez), Colombia y Filipinas, que los operaron hasta 2015. No obstante ello, la carrera operativa de los Bronco continúan en agencias civiles en los Estados Unidos, donde son operados por la NASA para tareas de investigación; por el Departamento de Estado que por medio de una empresa emplea los Bronco en programas de lucha contra el narcotráfico, el Bureau de Manejo de Tierras Públicas (Bureau of Land Management) los emplea en operaciones de lucha contra incendios forestales, como lo hace también el California Department of Forestry and Fire Protection. En el plano militar, en 2012, por 20 millones de US$ volvieron a la vida operativa dos OV-10, que fueron adquiridos a la NASA y el Departamento del Estado, empleándose en acciones antiterroristas exitosamente en Irak. Incluso Boeing habló del OV-10X como propuesta de cara al programa Light Armed Reconnaissance Aircraft.
Estados Unidos es un país con recursos mucho más importantes que nuestro país y eso no ha impedido que se estudie volver a la vida el veterano Bronco, dado las demandas de teatros de operaciones como Afganistán u otros lugares donde es preciso contar con herramientas adecuadas para conflictos asimétricos. Esto ha generado una fuerte puja por parte de potenciales proveedores, incluyendo al A-29 de Embraer.
Una segunda oportunidad para el Pucará
Existe un discurso contradictorio, dado que hablan que el Pucará es un avión anticuado y hasta antieconómico por el costo de la modernización. Lo que genera interrogantes sobre el argumento de la “antigüedad” del avión, como excusa para no invertir en él ¿El A4AR cuando fue adquirido no tenía 40 años? ¿Los F 1 franceses no son aviones también cargados de años? Mientras tanto se piensa gastar US$ 300 millones (a través de endeudamiento externo) por material que tiene prestaciones similares y sin transferencia de tecnología. Existen sectores que hablan de las variantes más modernas del célebre Tucano, pero tampoco pareciera que se hubiera dialogado sobre producirlo bajo licencia en el país.
El Pucará es una excelente plataforma, probada en combate, con una elevada tasa de supervivencia, dado que su diseño le permite seguir volando, a pesar de los daños que pueda sufrir. Puede operar en áreas de escasa infraestructura –algo muy común en nuestro país- que facilita su despliegue y operación. Expertos extranjeros que lo han volado han resaltado las posibilidades del avión, como lo probaron los británicos y el interés de muchos países en obtenerlo. El testimonio de un veterano piloto de aviones OV-10 y F-4 demuestran la valía del avión, luego de haber sido sometido a una serie de pruebas de vuelo: Sin exageración, esto superó al OV-10 por su gran trecho –el Pucará se hacía sentir como un caza– los rizos venían igualmente sin esfuerzo y los ocho cubanos eran aún mejores (…) Fue una impresionante exhibición de principio a fin. Me bajé feliz. (“IA 58 Probado en combate” en Tácticas y Armas para la Defensa, Vol 1 Nro. 6 de agosto 1990, pág. 290).
El ejemplo del Bronco, es una prueba elocuente que el Pucará puede seguir el mismo camino, extendiendo su vida útil, permitiendo que el país cuente con una plataforma apta no solo para misiones de ataque ligero, sino también para interceptar aviones que violen el espacio aéreo, reconocimiento, vigilancia y patrulla en apoyo a la seguridad de las fronteras.
La propuesta de modernización, que a nuestro juicio sería a un costo moderado (diversas fuentes hablan de US$ 4.5 millones por unidad), destacándose:
Convocatoria a una licitación internacional para modernizar el IA-58, para ser llevado al estándar H. FAdeA actuará como subcontratista, en atención a los problemas que ha tenido en el gerenciamiento de proyectos, manteniendo los lazos con IAI Ltd.;
Homologación y certificación del prototipo existente;
Invitar a la Fuerza Aérea Uruguaya a integrarse en el proyecto, que deberá contemplar la implementación de un sistema logístico para brindar un apoyo eficaz a las aeronaves de la FAU, garantizando su operatividad;
Las mejoras abarcarán aviónica moderna, incorporar FLIR, RWR, nuevos motores Pratt & Withney Canada PT-6A-62, capacidad aire aire, etc.
La modernización permitiría generar trabajo no solo a FAdeA, sino también para contratistas locales. El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías de la FAA, fue responsable de nuevos sistemas de aviónica, computadora de misión, además de otras innovaciones en materia de armamento lanzable, que pueden ser aprovechados en la modernización del Pucará.
A un costo moderado, el país podría poner en servicio un grupo de aeronaves de bajo costo de operación, útiles para diversas misiones, tanto para la defensa nacional como en apoyo a la seguridad interior. Las inversiones realizadas generarían trabajo, promovería la tecnología nacional y contribuiría a estrechar lazos en materia industrial con proveedores nacionales e internacionales.
Reflexión Final
En medios especializados hemos sido testigos de un intenso debate, por decirlo de alguna manera sobre posibles incorporaciones para la FAA, incluso un reconocido medio periodístico, criticando la gestión actual del Ministerio de Defensa, hizo una curiosa defensa de la compra de material francés. Sea como fuere, estamos hablando de cientos de millones de dólares, en un país que tiene muchos problemas urgentes, agregándose en la mayoría de las propuestas, con excepciones, no está incluida la participación de la industria nacional. Dado el elevado déficit fiscal, las compras se harían por medio de endeudamiento, canalizando el ahorro nacional en productos, que no tienen un mínimo de participación de la industria local. No tenemos que ir muy lejos, en la región, Perú acordó con Korean Aerospace la compra de aviones de entrenamiento intermedio, un programa de cooperación industrial, que permite a la industria local participar en el montaje de dichos aviones y servir de plataforma de proyección regional de la aeronave. La India es otro país que siempre exige la participación de su sector industrial en los contratos.
La propuesta tiene como objetivo reflexionar sobre una serie de aspectos: sobre el uso transparentes de los recursos nacionales y el considerar siempre la preservación de los intereses propios en áreas sensibles, como es la tecnología de defensa, además de promover ideas para preservar las capacidades en materia de industria aeronáutica existente, y el uso racional de los recursos, apelando a la experiencia internacional en la materia y que pueda ser trasladado a la realidad propia.
El Gobierno eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país y su implementación genera dudas porque favorecería la competencia desleal de importadores y el deterioro de la producción local, en rubros que ya atraviesan por profundas caídas de ventas. La fábrica Topper, en Tucumán, paralizó su actividad esta semana por exceso de stock, y el Parque industrial de La Rioja, que se destaca en el rubro textil, produce al 30%.
«Se cayó el consumo y la decisión del Gobierno profundizará más la crisis de la producción local», sostuvo a Ámbito un empresario tucumano del rubro calzado que tuvo que desprenderse de 90 empleados, sobre los 120 que tenía hasta abril.
Alejandro Muñoz tiene su fábrica y depósito de calzados en Aguilares, 90 kilómetros al sur de la capital tucumana, porque allí se encuentra Topper, exAlpargatas. Por su especialización, presta servicios para la marca argentina pero la caída de las ventas redujo también su trabajo.
De siete equipos activos hasta abril -cada uno de integrado por 13 operarios- solo dos continúan prestando servicios para la firma. En febrero, contó el empresario a este medio, la marca Ombú terminó con el vínculo con su fábrica debido a la falta de demanda. Elaboraba calzados de seguridad.
«Con el gobierno del expresidente Mauricio Macri me fundí por lo mismo, porque no se vendía. Pero me levanté con mucho esfuerzo y otra vez lo mismo. Si a la caída de las ventas se le suman facilidades para la importación, el resultado será la destrucción de la industria nacional», reflexionó Muñoz.
Con la planta de empleados que conserva, agregó, trabaja en el diseño de una marca propia para vender de manera directa al público. «Estamos preparando todo porque al no tener intermediarios, voy a tener precios competitivos pero todo dependerá de la evolución de la economía del país», cerró.
Futuro complicado
Topper Tucumán enfrenta un futuro incierto. Entre marzo y abril despidió a 120 trabajadores y frente a la falta de ventas, esta semana la fábrica licenció a sus 1.190 empleados (938 operarios), porque sus depósitos están con exceso de stock. Hace un mes, los empleados de mayor antigüedad fueron obligados a tomarse los días de vacaciones que tenían pendientes pero como fue insuficiente para generar ahorro, la empresa adoptó esta última medida. El retorno para todos será el próximo lunes 22.
Topper Tucumán licenció a 1.190 empleados en la última semana, incluyendo a 938 operarios.
En diálogo con Ámbito, Jorge Fugaracho representante provincial de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), reconoció que hay preocupación porque es un escenario similar al que se vivió durante la gestión del expresidente Macri, cuando la exAlpargatas despidió a 500 empleados. «Ojalá que esta vez no pasé, sería el peor escenario para una ciudad, como Aguilares, que tiene en los rubros textil y del calzado unas importantes fuentes de trabajo», sostuvo. «Las últimas medidas del Gobierno no parecen que vayan a ayudar a que se recupere la producción nacional», expresó el dirigente.
«Como en la pandemia»
La Rioja cuenta con un parque industrial en donde se encuentran, sobre todo, plantas de los rubros textil y del calzado. Desde enero de este año la reducción del personal es una constante y lo más grave se produjo en mayo, con el cierre de la firma TextilCom, en esta provincia y en Catamarca.
Contaba con una dotación de 140 empleados en el parque riojano y 124 en un edificio en la capital catamarqueña. Los trabajadores todavía no percibieron indemnizaciones, se les adeudan salarios y su reinserción en el mercado laboral es incierta.
Juan Serrano, vicepresidente de Unión de Industrias Riojanas (UNIR), sostuvo que el Parque industrial trabaja con valores bajos, en relación a su capacidad instalada.
La caída de ventas y la apertura de importaciones también golpean con dureza al parque industrial de La Rioja.
«Estamos en una instancia de supervivencia, como en los niveles productivos de la pandemia, a un 30% o 40%, debido a la caída de la actividad económica». Consultado sobre este último mes, lo describió como un escenario de estancamiento.
«No empeoró pero tampoco mejoró, se mantiene la tendencia negativa en el tiempo y se produce lo mínimo, ya que es más caro mantener la planta parada», dijo. Agregó que las empresas más afectadas son las que proveen al mercado interno del país.
Leemos en el portal especializado en energía EconoJournal que la empresa estatal Dioxitek pudo acceder a los dólares necesarios para pagar una importación de concentrado de uranio. Éste es el insumo clave en la fabricación de los complejos manojos de combustible para las centrales nucleares, algo que tenemos en el país y que hasta 1997 producíamos EN el país.
Sobre novedades ulteriores, rogamos ver la nota original de EconoJournal transcripta al pie.
¿Una minera canadiense en la Patagonia para vendernos nuestros propio uranio?
Argentina había decidido desde el vamos ser autosuficiente en combustibles nucleares en 1950, cuando se fundó la CNEA. Para mantener esa postura, tras mucho debate en 1967 decidió que sus centrales de potencia (hoy las dos Atuchas bonaerenses y la cordobesa Embalse) usaran además uranio natural, sin enriquecimiento. Y no tanto por lo caro o complejo del enriquecimiento, o porque las centrales de uranio natural son mejores, más seguras y más baratas (que lo son). Lo hizo para evitarse entreveros diplomáticos y sanciones con el objetor eterno y principal de que tengamos un programa nuclear independiente. Sí, los EEUU.
Fabricar manojos de combustibles nucleares para centrales de potencia es una ingeniería aparte. No se termina en la transformación del mineral de uranio en concentrado, ni de éste en dióxido de uranio. Tampoco de éste en pequeñas pastillas de cerámica negra de uranio, capaces de aguantar 1500o C en su interior. Se requiere también el dominio pleno de aleaciones de circonio, para construir finas estructuras de caños de circaloy que se rellenan con pastillas de uranio.
Y el resultado, tras mucha soldadura perfecta de caños y tapones, es un elemento combustible completo, capaz de soportar el diferencial de temperatura de las pastillas al rojo blanco adentro, y la presión del refrigerante a 120 atmósferas y casi 400o C, y la brutal irradiación de neutrones y rayos gamma. Es casi increíble que una estructura tan delicada soporte uno o más años en estas condiciones de trabajo. Y según el tipo de central, se cientos o miles de éstos manojos para conformar el núcleo de una central.
Cantidad de países con centrales nucleares no dominan ni importan todas estas ingenierías: compran los elementos combustibles completos, con pastillas de uranio, a su conveniencia. La tienen una fe infinita a sus proveedores. No es nuestro caso: en 1986 pudimos lograr, tras décadas de trabajo de centenares de expertos en cantidad de ingeniería distintas, que la Argentina fuera plenamente independiente en combustibles nucleares, tanto en lo que respecta a materiales como a tecnologías.
Esa independencia no duró mucho: puso brevemente todas nuestras centrales fuera de riesgo de extorsión diplomática, ese tipo de cosas que no se publican jamás pero deciden el destino de los países. Firmame esta declaración, dame esta concesión, aprobame esta ley o te quedás sin combustibles nucleares.
Para la Argentina, sería un riesgo altísimo. Sólo tenemos 3 centrales de potencia en línea, y suman unos escuetos 1763 MWe. Pero en revancha, tienen una factor de disponibilidad altísimo y que ha ido mejorando año a año, mayor del 90% en el caso de Atucha I y Embalse. Somos muy vulnerables a un apagón nuclear general.
El ciclo de combustibles tiene algunos materiales que son cuello de botella, particularmente dos metales: el uranio, por supuesto, y además el circonio, y los elementos metálicos bastante raros con los que se lo transforma en distintas superalaciones de circaloy.
Hasta los ’90 tuvimos minería propia y pleno dominio de los mismos, desde las bocaminas hasta la fabricación final del manojo, listo para su entrega a las centrales. Es una cadena larga y compleja de operaciones industriales en las que el valor del producto final depende más de la tecnología que de la naturaleza, y aquí lo tuvimos todo, «hecho en casa» y libre de patentes y de proveedores extranjeros.
Y eso por desconfiados. Un país que tiene tradición de neutralidad ante las guerras en que incurre el hemisferio norte ofende inevitablemente a perdedores y ganadores casi por igual, y eso por no tomar partido. Un boicot externo sobre la provisión de cualquiera de los metales básicos de la nos obligarían a parar las centrales. Casi 8 millones de argentinos en el AMBA y en Córdoba empezarían a vivir entre apagones. Ningún gobierno sobrevive a semejante evidencia de que no hay gobierno. No es una hipótesis: ¿no le pasó a Raúl Alfonsín, acaso?
Y hoy, con el mundo cada vez más en situación de preguerra, para comprarte un boicot lo único que hace falta es ofender a alguna de las potencias que ya están combatiendo «by proxy», en Ucrania.
La Argentina ya se comió un boicot de uranio enriquecido de EEUU en 1981, y no por neutral, ya que en el contexto de la Primera Guerra Fría entonces estaba alineada con Washington. Sin embargo, la CNEA tuvo el atrevimiento de vender dos reactores nucleares, uno de entrenamiento y otro de producción de radioisótopos en Perú, el RP-0 y el RP-10, y la represalia fue inmediata de los EEUU fue inmediata. Atucha I, entonces nuestra única central de potencia en operación, ni se enteró: quema uranio natural.
Pero todos nuestros reactores, particulamente el RA-3, fuente de radiofármacos de la medicina nuclear de Argentina y buena parte del Cono Sur, se paraban. Enfermos cardiológicos y oncológicos, a joderse.
Se paraba también nuestra exportación de los dos reactores nucleares a Perú: el RP-0 y el RP-10 se diseñaron con núcleos hechos de combustibles de uranio muy enriquecido (al 90%), lo habitual en todo el mundo en ese tipo de plantas. La provisión de ese material nos estaba garantizada por tratados firmados con los EEUU en 1958 y «bajo salvaguardias», es decir con derecho a vigilancia constante por parte del inspectorado del Organismo Internacional de Energía Atómica de que no se usara para ninguna otra cosa. Los rompieron.
En aquel momento nos tiró un cable la URSS, que nos ofreció enriquiquecido al 20%, obviando que nuestro país estuviera dirigido por la dictadura militar más anticomunista de nuestra historia nacional. Hubo que rediseñar los dos reactores peruanos, que se atrasaron un par de años en la entrega. A los EEUU el tiro les salió por la culata, porque eso nos obligó a desarrollar una planta, minúscula, experimental y deliberadamente atrasada, de enriquecimiento de uranio, la de Picaniyeu, en la estepa rionegrina, a 60 km. de Bariloche. Ha vivido poniéndonos a salvo de aprietes externos: el próximo sería contestado con la construcción de una planta de mayor tamaño y tecnología más moderna.
Tres lecciones: la economía manda sobre la la política internacional, esta última manda sobre la interna, y la decisión de 1967 de que nuestras centrales de potencia usaran uranio natural, pagó.
Pero si bien podemos enriquecer uranio, si nos obligan, lo que no podemos es inventarlo.
Rusia, hoy el primer proveedor de enriquecido del mundo y mayor exportador también de centrales nucleares, trata de asegurarse como sea la provisión de uranio. En tiempos de Mauricio Macri ofrecían resucitar la minería argentina de este metal, por pago y con la intención de llevarse parte de la producción a su país. No es que falte uranio en la inmensa geografía rusa, pero la demanda interna y externa obliga a ese país a asegurarse nuevas fuentes, y sobre todo, a negárselas a sus competidores.
Eso no prosperó. El problema de Rusia, para los gobiernos que nos hemos autoinfligido desde 2015, es ser Rusia y no EEUU, o alguno de sus países satélite en lo económico y/o militar y muy dedicados a la minería. No se sabe si por falta de morsas o de canguros, a los rusos no se les de bien disfrazarse de canadienses o australianos.
No existían minas de uranio en la Argentina hasta que la CNEA prospectó el territorio nacional y descubrió los yacimientos más bien chicos, que se han ido explotando en varias provincias. No somos un país uranífero, como lo son Canadá o Kazajistán, los mayores exportadores mundiales. Somos un país con uranio, punto. No nos da el cuero, geológicamente hablando, para exportar. A día de hoy, y si se retoma la minería nacional, tendríamos uranio suficiente para 20 o 30 años más con el pequeño plantel de centrales de potencia de NA-SA, Nucleoeléctrica Argentina SA, estatal.
Con tecnologías nuevas de explotación y la triplicación del precio de la tonelada de uranio en el mercado mundial, eso podría cambiar. Sólo que con la Ley Cavallo de minería, agravada hoy por el RIGI, o Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, toda nueva mina de uranio de propiedad extranjera que se abra en Argentina priorizará la exportación sobre el consumo interno. Nos venderá migajas de nuestro propio uranio, si quedan, y al precio que se les cante.
Como se ve con el diario del lunes, la decisión de dejar de usar uranio argentino y utilizar los excedentes soviéticos, cuando cayó la URSS, no fue una decisión basada en precio. Fue estratégica: una de esas típicas turradas de Carlos Menem para dañar un pilar enorme de nuestra independencia energética y tecnológica.
De paso y cañazo Menem fue el primer presidente en cerrar Pilcaniyeu, como parte más de una política antinuclear integral y al ras que le exige EEUU a nuestro país. Es que somos y seguimos siendo un tábano en el lomo de esa bestia. Desde que empezamos a exportar plantas complejas, con los casos del RP-0 y el RP-10 de Perú, los venimos echando a escobazos del mercado (chico y especializado) de los reactores nucleares multipropósito. La única vez que nos ganaron una licitación fue en 1993 en Tailandia. Desde entonces, que si pintamos nosotros, ni se presentan. Estas plantas son las que no producen electricidad pero sí radiofármacos y una diversidad de materiales y servicios complejos, y normalmente tienen una potencia inferior a las centrales de potencia, y una ingeniería totalmente distinta.
El paso siguiente (para nosotros) sería hacernos independientes en centrales de potencia, un mercado tambén mundial y miles de veces mayor. Ahora que los Small Modular Reactors (SMR) están de moda, nosotros tenemos uno en construcción, el CAREM. Ellos tienen decenas… de proyectos, puro Power Point, folletos y márketing, varios de los cuales copiaron del CAREM sin mayor vergüenza. Otra cosa es construirlos.
Inevitablemente, desde 1981 la política de los EEUU hacia nuestro desarrollo nuclear es aniquilarnos. Despacito y sin apuro, pero sin aflojar. No les ha ido mal, pero según nuestro record de mejores exportadores mundiales de reactores multipropósito, no todo lo bien que hubieran querido.
Si los echamos ya del mercado de reactores, en 30 años más podríamos hacerlo con el de centrales de potencia. Ellos lo saben, nosotros no.
VOLVAMOS A LA MINERÍA
Pilcaniyeu no ser reabrió hasta 2006, y no hace falta decir que en 2106 un presidente de su misma calaña la volvió a cerrar, y así quedó. Mientras sigamos teniendo gobiernos de relaciones carnales con los EEUU, como se autodenominó orgullosamente el de Carlos Menem, «Pilca» no reabre. Lo hizo brevemente entre 2006 y 2015. Luego volvimos a nuestro rol de estrella mayor de la pornografía diplomática.
La compra de uranio ruso fue aprovechada por el gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, en 1997. Tuvo un ataque de ecologismo y, dado que Menem le había otorgado la propiedad del subsuelo a las provincias, que antes era federal, usó su nueva autoridad de patrón para cerrar la única mina de uranio entonces en actividad en el país, Sierra Pintada, a tiro de piedra de San Rafael.
Lo hizo sin que Sierra Pintada hubiera tenido antes ningún efecto adverso sobre el agua, la tierra o la salud de trabajadores y vecinos. Sin embargo, Lafalla quedó de todos modos ante sus comprovincianos como un ecologista de pelo en pecho, y de yapa un duro capaz de pararse de manos ante el estado nacional, algo que siempre da vidas extra.
No era difícil hacerlo, el estado nacional en 1997 estaba en remate y desaparición, y Menem venía cumpliendo su mandato externo de ir liquidando el Programa Nuclear Argentino y esa decisión de Lafalla le venía como anillo al dedo. Sin oposición alguna de la oposición, además. Ésta se había vuelto tan antinuclear como el menemismo más explícito, y así de entreguista. En ese cuadro, cerrarle un activo a la CNEA era políticamente tan fácil como pegarle patadas a una vaca muerta.
La razón por la cual Sierra Pintada sigue cerrada desde 1997 es que la CNEA debe remediar los residuos habituales de toda minería: colas y agua de cantera con residuos de uranio. Y eso es cierto. Mientras tanto, como Rusia decidió volver a ser un país y no remata más sus excedentes de uranio militar, compramos concentrado de uranio de Kazajistán. Por supuesto, a un costo creciente en divisas, porque el precio internacional de este metal estratégico sube como un cohete.
Lo de remediación definitiva es algo que la CNEA ya hizo en otro complejo minero uranífero de Mendoza, el de Malargüe, iniciando actividades en 2010. La vieja planta fabril que transformaba el mineral bruto en concentrado fue desmantelada y gestionada, y sus colas de mineral (centenares de miles de toneladas de sólidos y polvos con un contenido residual de uranio), fueron encapsulados en una estructura artificial ciclópea. Está hecha de varias capas de distintos materiales geológicos traídos de distintos lugares de la provincia.
La estructura, cuya integridad ante lluvia, nieve, viento, raíces y roedores se estima en 500 años, hoy es una loma parquizada y arbolada, con senderos y miradores. La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) la considera totalmente habitable. Las autoridades provinciales y municipales también: el parque se llama oficialmente «El Mirador», y allí se hacen deportes, hay bicisendas, senderos aeróbicos y peatonales y un playón deportivo. Hoy es el sitio más verde y bonito de una típica ciudad petrolera y minera bastante gris, y situada en el paisaje más bien árido de La Payunia.
Lo que se monitorea constantemente en el parque son las emisiones de radón 226 del suelo. No son mayores que las de los otros suelos naturales de la zona. El escaso uranio residual que quedó en las colas de minería es MENOR que el de las rocas de origen, en las minas Los Huemules y Sierra Pintada. Cosa obvia: la mayor parte de uranio que se pudo extraer químicamente de esas rocas, hace tiempo que forma parte de los combustibles gastados de las Atuchas I y II, y de Embalse.
El asunto con las colas es que aunque tienen menos uranio que en la roca natural, ésta ha sido molida a grano talco. La mayor superficie de intercambio de las partículas tan finas con la atmósfera y el agua hace que la liberación de elementos de decaimiento del uranio, particularmente los volátiles, como el radón, sea más rápida que en la roca original íntegra.
Pero esas emanaciones de radón nunca fueron un peligro para la ciudad: un hippie que hubiera tomado la decisión de vivir un año entero en una carpa en medio de las colas, habría tenido el mismo riesgo de cáncer pulmonar que un fumador de un paquete por día. Pero el área quedó cerrada por Gendarmería, a nadie se la habría ocurrido la idea de usar aquellas lomadas de polvo gris como área recreativa o de acampada. Por lo demás, no ha habido avistamiento de hippies en Mendoza durante milenios.
Cuando se cerró el Complejo Fabril Malargüe, las colas estaban, además, a dos kilómetros de las casas más cercanas de la ciudad. Pero el radón que podía y puede aspirar hoy un malargüense viene mayormente de los materiales con que están hechas las casas y construcciones, o del subsuelo, y del agua freática. Esa parte de La Payunia es geológicamente uranífera, tanto en las rocas como en los suelos de llanura de pedemonte generados por su erosión.
Los malargüenses al parque lo llaman «La Empanada», porque es una cápsula redondeada con relleno. Cuando se iniciaron las obras estaba a un kilómetro de la ciudad, ahora ésta creció tanto que lo englobó. Si en 500 años la erosión hídrica y eólica y la acción de raíces y animales excavadores logran destruir las cinco capas de materiales que encierran las viejas colas de minería, no importará en absoluto. La cadena de decaimiento natural del uranio habrá eliminado las emisiones de radón hasta hacerlas indiscernibles respecto del paisaje.
El trabajo de encapsulamiento se financió con un crédito de U$ 17 millones del Banco Mundial. No se entiende que los estados nacional y provincial no pagaran esta tarea mucho antes y de sus respectivos bolsillos, en lugar de generar deuda externa, porque ambas partes se beneficiaron.
Después de todo, la primera y única planta fabril del desértico norte de la Payunia, donde se vive básicamente del chivo, del petróleo y del turismo, durante décadas fue ésa de la CNEA. «La Comisión», como le decimos los que la conocemos, es un organismo que vino a hacer, no a sacar. En la mejor tradición de YPF o Gas del Estado, hizo infraestructura de viviendas, eléctrica, de caminos, de redes de agua y hasta construyó escuelas en aquellos parajes que ayudó a poblar, y en el caso de la mina de Huemul, en un paraje remoto, desértico y frío, ponía no sólo la escuela sino los micros para traer y llevar a los chicos de los empleados.
Nuestro «estado empobrecedor» en acción, como dicen algunos imbéciles.
ALGUNAS SUMAS Y RESTAS
El gobernador Lafalla, quien hoy debe andar pisando los 80 años, debió hacer algunas cuentas, antes de cerrar Sierra Pintada en 1997. No parece que las haya hecho. El uranio que salió de aquella planta minera de Malargüe desde los ’50 hasta los ’70 en 2010 habría cubierto 10 veces el consumo eléctrico de toda Mendoza durante 2010. Justamente aquel año, la provincia vivía entre apagones y «brown outs», porque no llovía una gota y, sorpresa, ya no se puede contar mucho con el agua de deshielo. Los embalses hidroeléctricos estaban semivacíos.
Eso desde entonces ha ocurrido cada vez que sobreviene un año de «La Niña», la oscilación climática del Pacífico que trae sequías cada vez más frecuentes y severas a nuestro país. La última y peor duró tres años, desde fines 2019 a principios de 2023 y fue devastadora para toda la hidroelectricidad argentina.
¿Por qué traigo a cuenta «La Empanada» de Malargüe? Porque nuestro país, con la Ley Cavallo de minería, desde los ’90 se ha dado con ferocidad a la minería metalífera a cargo de multinacionales. Como éstas ahora pueden operar como sociedades de fantasía sin bienes ejecutables, las provincias metalíferas (casi todas las cordilleranas) se están brotando de diques de colas precarios.
Normalmente estas murallas de cascajo estéril encierran barros tratados por lixiviación húmeda, cuya acidez quema la piel y la carne. Filtran líquido percolado lleno de metales pesados liberados por la molienda fina y al tratamiento extractivo ácido. El percolado baja por las cañadas naturales, porque toda la impermeabilización de los diques de colas suele ser una lámina de nylon. Ojo, nylon grueso, el Mingo Cavallo cuidó ése detalle cuando hizo traducir su ley minera del inglés. Y tales diques ocupan cabeceras de arroyos que hoy empiezan a tener un contenido de metales pesados antes inexistente. Para la agricultura, ganadería y salud pública de las pueblos aguas abajo, esta amenaza química durará milenios o siglos. Eso si los diques no se derrumban antes.
Tales son los pasivos ambientales típicos que te dejan las grandes minas a cielo abierto agotadas, cuando cierran operaciones, embolsican todo centavo que no hayan fugado y se piantan del país, cantando don’t cry for me Argentina. Te dejan, como recuerdo de su paso, miles de desconcertados despedidos y problemas crónicos de aguas en una geografía, de suyo, muy seca.
Y algunos son desastres por suceder. Un dique de colas cordillerano y a gran altura, típico de estos tiempos, hecho como la mona, sostiene precariamente, millones de toneladas de barro tóxico y fluído, y -caso de San Juan- se le pide que aguante un sismo severo, grado 6,5 en la escala Richter. Es mucho pedir.
Pero, apa, San Juan tiene al menos 2 terremotos por siglo que marcan 7,5 en esa escala. Para el caso, el de 1944 destruyó enteramente la capital provincial. El de 1977 borró del mapa la ciudad de Caucete. Si un dique de colas en las alturas se derrumba por terremoto, los barros bajan por los arroyos como un alud, enterrando alguna que otra población a su paso. No se necesita mucha pendiente para ello, la fluidez de estos barros a veces es enorme, y acatan tan ciegamente la gravedad como el agua.
Pongamos el caso de una minera que te dejó un dique de colas a espera de derrumbe y se fue. Sos un goberna de los que ya no hay, te calentaste y la querés enjuiciar, pongan la tarasca y hacemos nosotros una remediación geológica «comme il faut», onda «La Empanada» o Parque Mirador de Malargüe. Bueno, tu problema es que como bienes ejecutables aquí dejaron una puerta, una chapa con el nombre de la empresa, y un teléfono adentro que no contesta nadie.
Siempre te queda el recurso de enjuiciarlas internacionalmente. Ya puedo oír las risas de los jueces canadienses, australianos, británicos y suizos. Exagero, los suizos no se ríen.
Hablo de «La Empanada» de Malargüe porque mientras va creciendo el daño ambiental por minería metalífera, esa estructura parquizada construida por la CNEA es un ejemplo excelente pero no repetido jamás de gestión definitiva. Treinta y un años cumple la Ley Cavallo de Minería, y se acabaron las empanadas. Lo que sucedió en Malargüe es una rareza.
Pedile una obra así a las multinacionales de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y contame cómo te va. Pediles, mientras una mina de oro, o de oro y cobre, o de vanadio, o de litio, sigue todavía activa, que vayan haciendo gestión definitiva simultánea con la explotación, antes de tomarse el piróscafo y dejarte lleno de preguntas de cómo sigue la historia. Vos pediles eso. Y después me contás cómo te fue.
Lo que demostró la CNEA en Malargüe es que el estado nacional es responsable final ante la Constitución y ante el pueblo. No puede rajarse a Canadá o a Australia y parapetarse judicialmente allí. No es una multi.
Y en el caso de Malargüe y su empanada, la CNEA se hizo cargo. Tarde, lamentablemente, 17 años tras el cierre de la planta. Pero hay dos causales de atraso: desde Alfonsín en más, la CNEA se quedó sin presupuesto y en 1997 tenía todas sus obras estratégicas paradas o cerradas. Por algo tenemos las mismas tres centrales de potencia planificadas en 1981. La otra causa es que la percepción social acerca de gestión de residuos mineros era mucho más permisiva que la actual, aunque la actual no se cumpla.
Desde el cierre de Sierra Pintada, los valores de uranio y radio 226 disuelto en el agua del sistema hídrico Tigre-Diamante bajaron más o menos a la mitad, según la Policía de Aguas de la provincia. Gran felicidad, pero antes tampoco eran altos, ni siquiera significativos biológicamente. Desde el punto de vista sanitario, la mitad de nada sigue siendo nada. ¿Tuvieron esos valores anteriores al cierre algún efecto epidemiológico? Esas cosas saltan a la vista cuando uno despliega casuística de leucemias en un mapa interactivo. ¿Cuál fue el impacto? Ninguno.
Es lógico, Mendoza es una provincia ligeramente radioactiva, y el resto del mundo también. Nuestra especie evolucionó como toda otra forma de vida en la biosfera, con radiación de fondo.
Cuando Lafalla cerró Sierra Pintada, lo hizo exigiendo una remediación total e inmediata de pasivos acumulados como condición de reapertura. En realidad, le importó un comino que la mina quedara sin remediar, lo que quería era cerrarla. Los prohombres que lo continuaron en el gobierno provincial se atrincheran en eso.
La CNEA les pidió repetidamente hacer remediación sobre la marcha, sin cerrar la mina, y por una cuestión bastante obvia. En 1997 el presupuesto de la CNEA pagaba con dificultad los sueldos, por lo demás bajísimos, del mayor y más desconcertado elenco de expertos nucleares del hemisferio sur. La producción de mineral de uranio para la CNEA era la única fuente legítima de fondos para dejar el sito emprolijado. Se necesitaba de Sierra Pintada para remedir Sierra Pintada.
Bueno, fue como hablarle a las paredes. Cuando el sanrafaelino Arturo Lafalla cerró Sierra Pintada los ecologistas mendocinos no fueron los únicos en celebrar. Los beneficiarios principales fueron las grandes empresas rurales frutihortícolas y viñateras de San Rafael, cuya demanda de mano de obra es fuertemente estacional. Al no tener la competencia de la mina como fuente constante anual de trabajo, que de yapa pagaba salarios más altos, se pudieron aplanar a estado basura los costos laborales en la zona.
Eso explica el trabajo infantil en las plantaciones de ajo. Antes del menemato, eso no existía. Hoy ya no indigna a nadie.
Mendoza hace muy bien en preocuparse muchísimo del contenido de uranio en sus arroyos y ríos. No le sobra el agua. La población se amontona en tres oasis cordilleranos de riego alimentados por deshielo, y estos ocupan sólo el 4% de la superficie provincial. El 96% de la provincia, por ende, es inexplotable e inhabitable por ser un desierto estricto ubicado a la «sombra hídrica» de los Andes.
Pero las nieves permanentes que alimentaron los oasis con fidelidad desde tiempos de los indios Huarpes, ahora están desapareciendo por el recalentamiento global, no el de Mendoza en particular, sino de todo el planeta. Mendoza es un caso agudo de un problema global, crónico y que empeora rápido.
Y con eso está en jaque la hidroelectricidad, que ha sido durante décadas la fuente de potencia de base de la industria metalmecánica mendocina, que no es poca. El futuro agrícola e industrial de la provincia probablemente dependa, en buena medida, de la desalinización por ósmosis inversa de aguas de napa hoy inservibles, y para volver a estado potable las aguas de desecho.
Pero eso requiere de una barbaridad de energía eléctrica, y de yapa con suministro constante, 24×7, es decir «potencia de base», en la jerga energética. Las fuentes intermitentes son… intermitentes, como declara su denominación. Si uno no quiere oscilaciones de tensión y frecuencia en la red que disparen apagones, se necesita potencia de base, predecible. Y si además quiere industria metalmecánica, ni te cuento. Mucha potencia de base.
¿Hay tanto gas y petróleo en Mendoza como para copar la parada? ¿Y a qué precio ambiental? Porque la actividad nuclear en la provincia no mató a nadie. Pero la combustión de hidrocarburos, sí. El smog matutino en Mendoza Capital, especialmente en invierno, acorta expectativas de vida. Mata a muchos y antes de tiempo, y de enfermedades cardiovasculares, de cánceres y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cosas más bien lentas y crueles. Pero no hay ningún ecologista haciendo ESAS cuentas.
Me puedo imaginar perfectamente en una década al gobernador provincial pidiendo a la CNEA y a NA-SA, si todavía existen, una central nucleoeléctrica, o dos. Va a ser la ocasión de decirle que puede colaborar poniendo el uranio, que en Sierra Pintada tiene de sobra, al menos para una década y media. Y reabrir la mina. Y espero que de su explotación se haga cargo directamente el estado, aunque en estos tiempos suena raro.
Lo hago porque las multinacionales mineras que Cavallo nos legó aquí hacen cosas por las cuales en sus países de origen sus ejecutivos estarían presos. Eso no va a cambiar.
Éstas son las cosas que pienso cuando ahora veo que algunos celebran que Dioxitek, limosneando al Ejecutivo, podrá pagar importaciones de uranio de Kazajistán y evitar un apagón nuclear a mediano plazo. Y las pienso aún más cuando me hablan de que la solución será que vengan canadienses a vendernos nuestro propio uranio patagónico. Bueno, el que les sobre.
Puaj.
Daniel E. Arias
ooooo
Dioxitek destrabó la importación de uranio para las centrales nucleares
La empresa estatal Dioxitek pudo acceder a los dólares necesarios para pagar una importación de concentrado de uranio, un insumo clave para la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares. El pago fue realizado a fin de junio, confirmaron desde la empresa. La operación fue en el marco del contrato trianual de compra de uranio a precio spot, adelantado el año pasado por este medio.
Dioxitek adeudaba el pago por el último embarque de concentrado de uranio que llegó al país el año pasado. La empresa pudo acceder recién en junio al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) para abonar US$ 34,5 millones a la compañía kazaja Kazatomprom Group. El pago fue por 175 toneladas de concentrado de uranio.
El contrato prevé una entrega anual en los meses de septiembre. «El pago habilita poder recibir el segundo embarque», apuntaron desde la empresa.
Dioxitek importa el concentrado de uranio y lo convierte en dióxido de uranio. Luego este es entregado a Conuar-FAE para la fabricación final de los elementos combustibles para las centrales nucleares.
Minería de uranio
En el largo plazo, un posible retorno de la minería de uranio en la Argentina sería una alternativa de abastecimiento en un contexto internacional crecientemente complejo para la importación de uranio.
Los precios spot del concentrado de uranio vienen al alza desde mediados de 2021, cuando cotizaban apenas por encima de los US$ 30 por libra. Cameco, uno de los principales productores del metal en el mundo, informó un precio spot de US$ 84,25 por libra al cierre de junio. En enero tocó los 100 dólares.
La suba responde a la falta de nuevos proyectos de uranio para atender a la demanda futura de las centrales nucleares. La Asociación Nuclear Mundial estimó que la demanda de uraniocrecerá en un tercio para el 2030. Kazajistán concentra el 40% de la producción mundial. Otro factor que agita las aguas en el mercado es la invasión de Rusia en Ucrania.
Amarillo Grande
En la Argentina, la compañía Blue Sky, una firma canadiense perteneciente al Grosso Group, informó este año una nueva evaluación económica preliminar “positiva” en uno de los yacimientos del proyecto de uranioAmarillo Grande en Río Negro. A partir de los resultados de la campaña exploratoria, la compañía acelerará la realización de un estudio de prefactibilidad.
La viabilidad económica del proyecto atrajo la atención de inversores locales. Corredor Americano SA, del Grupo Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian, anunció el mes pasado que se asociará con Blue Sky para desarrollar el depósito Ivana de Uranio-Vanadio del proyecto Amarillo Grande. La empresa invertirá inicialmente hasta US$35 millones y obtendrá hasta un 50% de participación indirecta en la propiedad.
“La reciente PEA para nuestro proyecto Amarillo Grande confirmó el depósito de Ivana como un candidato potencial para la producción de uranio de bajo costo. La transacción propuesta con Corredor Americano proporciona beneficios convincentes para Blue Sky y sus accionistas al establecer un camino claro para llevar a Ivana a la producción en asociación con uno de los grupos más capaces de Argentina”, comentó Nikolaos Cacos, Presidente y Director Ejecutivo de Blue Sky.
Por otro lado, Blue Sky también acaba de adquirir el proyecto mendocino Corcova y el neuquino Chihuidos por un total de casi 80.000 hectáreas que son prospectivos para el descubrimiento de depósitos de uranio susceptibles de recuperación in situ (ISR).
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, dio positivo de un test de Covid-19, anunció la Casa Blanca dos días atrás, aunquepresenta síntomas leves de la enfermedad y está fuera de peligro. Este contagio se da en el marco de una suba pronunciada de casos de coronavirus en el país del norte causada, sobre todo, por un nuevo sublinaje de ómicron llamado KP.2, que según los especialistas consultados es el que más contagios está generando y se espera que también llegue a la Argentina. A nivel local, indican las cifras oficiales, el nuevo coronavirus no ocupa el centro de la escena epidemiológica, en la que el protagonismo lo tuvieron en los últimos meses los virus de la influenza y sincicial respiratorio.
En Estados Unidos, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales alcanzó niveles considerados “altos” o “muy altos” en 26 estados, según los datos informados. Otros indicadores también sugieren que el virus está aumentando su actividad, incluida la prevalencia de diagnósticos de Covid en salas de emergencia y la tasa de pruebas procesadas en laboratorios que dan positivo, aunque el brote permanece lejos de las cifras alcanzadas durante el invierno boreal.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designa tres variantes de interés (VOI) del nuevo coronavirus, que son EG.5, BA.2.86 y JN.1. Además, el 3 de mayo pasado fueron designadas cuatro variantes bajo monitoreo (VUM), todas descendientes de JN.1: JN.1.7, KP.2, KP.3 y JN.1.18.
De acuerdo con la OMS, a nivel mundial –y la Argentina no es excepción– la JN.1 es la variante dominante (notificada por 132 países), representando el 47,1% de los tests positivos realizados a nivel mundial, aunque su predominancia se encuentra a la baja si se tiene en cuenta que en los análisis anteriores representaba el 56% de los casos. Mientras que las cuatro VUM enumeradas muestran una prevalencia cada vez mayor a nivel mundial, en especial la KP.2.
“Lo que está circulando mucho en Estados Unidos y seguro va a llegar acá, si es que no llegó aún, es la KP.2, que es una variante de la JN.1, todas derivadas de ómicron. Si bien es cierto que tiene un alto nivel de contagiosidad, eso está totalmente comprobado, los índices de hospitalización son muy bajos. Cuando se trata de personas mayores el cuadro puede ser más grave, pero cuando se adquiere la patología en personas de menor edad que tienen un índice de vacunación más o menos lógico, los síntomas son leves”, describe el epidemiólogoHugo Pizzi.
El especialista agrega que el sublinaje KP.2 debe ser seguido de cerca por las autoridades sanitarias: “Tenemos que estar atentos, porque si circula con tanta asiduidad por el norte, eso ya tiene que estar acá, ya debe haber llegado con [las personas que viajan en] los aviones. Lo mismo está sucediendo en Europa, España en los últimos días comunicó que ha tenido en planilla más de 4000 y pico de casos, o sea que se expande con una velocidad increíble”.
Por su parte, el infectólogo Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, apunta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha solicitado que se fabrique una vacuna que incluya a la KP.2 por su alto nivel de contagiosidad.
Los expertos insisten en mantener el esquema de vacunación actualizado
“Esto revela que la vacuna contra el coronavirus va a ser como la de la gripe, se deberá actualizar todos los años. Por otro lado, se va a buscar una vacuna que combine influenza y coronavirus, pero esto no está avanzando tan rápido como se creía”, indica López.
¿Cuáles son las recomendaciones de los especialistas para prevenir un rebrote del Covid-19 en la Argentina? Como siempre, la vacunación.
“La recomendación es que se vacunen. Los mayores de 50 años deben tener actualizada su vacuna contra el coronavirus. No hay que tenerle miedo, hoy tenemos las vacunas de Moderna y Pfizer, que son muy buenas vacunas. La gente no está visitando los vacunatorios y es necesario que lo hagan. Olvidaron las medidas sanitarias aprendidas durante la pandemia. A pesar de que el uso de barbijo es una barrera efectiva contra enfermedades infecciosas, muchas personas no lo utilizan ni cuando tienen síntomas. La gente no estornuda ni tose en el pliegue del codo; antes llevaba, por ejemplo, un frasquito con alcohol para higienizarse y ya no lo usan más. La mayoría de los internados en hospitales son por gripe y neumonía, y todas estas enfermedades podrían prevenirse con vacunas que son gratuitas”, resalta Pizzi.
Influenza y virus sincicial respiratorio
En cuanto a la actividad de influenza en la Argentina, que alcanzó niveles “extraordinarios” en los últimos dos meses, según señala el Boletín Epidemiológico Nacional, mostró un descenso en la última semana a niveles moderados. Paralelamente, se observó un incremento en la tasa de positividad de virus sincicial respiratorio (VSR), aunque por el momento se mantiene por debajo de los valores máximos alcanzados en temporadas previas.
Según el mencionado boletín, entre los casos hospitalizados durante la semana 26 de este año (24 a 30 de junio), se registraron 16 detecciones de SARS-CoV-2, 119 casos de influenza y 280 de VSR.
“En influenza tuvimos un brote importante A H3N2, que es una cepa de alta transmisibilidad e impactó con mayor cantidad de chicos y adultos internados por influenza. Esto no ocurría hace bastantes años”, lamenta López.
“Hoy tenemos muchos casos de gripe. Para graficarlo, si bien varía según la jurisdicción, hay zonas con un 80% de ocupación de camas de internación. Sin embargo, hay mucha rotación. En la época de la pandemia había veces que teníamos a una persona internada durante meses, ahora no. Evidentemente genera un cuadro menos agudo”, resalta Pizzi.
Conocer desde muy temprano lo que a uno lo mantendrá entusiasmado sin desmayo a lo largo de la vida es una dicha que no tiene igual. En el caso de Gustavo Politis, eso fue la arqueología, de la que se enamoró siendo todavía adolescente.
“Una vez, cuando cursaba el segundo o tercer año, conocí a un muchacho un poco mayor que integraba una asociación de amigos de las ciencias naturales de Necochea, Jorge, a quien todavía frecuento –recuerda–. Salía al campo, al río, a los médanos, a buscar fósiles y restos arqueológicos. El río tiene unas barrancas espectaculares y me parecía fascinante encontrar un caparazón de gliptodonte, una punta de flecha, restos de cerámicas…Después, mi tío, que era marino mercante, pero había estudiado filosofía, un día me preguntó qué quería ser y le contesté que arqueólogo. Suspiró y dijo: ‘Ahhh… arqueólogo… Qué gran carrera. Los países son grandes cuando tienen arqueólogos, paleontólogos, filósofos. Eso hace grandes a los países, no solo ingenieros y médicos’.Tanto él como mis padres siempre me estimularon. Luego, cuando tenía 15 años, me dieron una beca en una feria de ciencias para ir una vez por mes a un instituto de investigaciones de Olavarría. El director, que era arqueólogo, me llevaba al campo y me ayudó a consolidar mi vocación muy precozmente. Eso facilita las cosas, hacer lo que a uno lo apasiona. Puedo ir a dar una conferencia a la universidad más distinguida o a una charla para un colegio en Tres Arroyos y lo disfruto igual. Me entusiasma hablar de lo que pienso, de lo que encontré, de lo que estoy investigando. Es algo que mantengo de toda la vida”.
Ahora, esa entrega y los aportes realizados a lo largo de más de treinta años de este docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa, que él mismo fundó, perteneciente al Conicet y a la Universidad del centro) fueron reconocidos con el Premio Humboldt de Investigación (Humboldt Research Award), uno de los más importantes de Europa y que se otorga a científicos y científicas de todo el mundo cuyos desarrollos fundamentales, nuevas teorías o conocimientos tuvieron un impacto significativo en su disciplina.
El premio de la Fundación Alexander Von Humboldt se otorga a pedido de una universidad; en este caso, la de Bonn, con cuyo Departamento de Antropología y Estudios Americanos venía colaborando Politis. Es una distinción que se otorga a los aportes de una vida. “La idea es que que uno pase un tiempo de entre seis meses y un año en Alemania para mejorar o impulsar ciertas áreas de investigación, participando en un par de seminarios ya establecidos y en otros que van a ir surgiendo, pero no tengo que dar clases, puedo dedicarme a investigar y, en mi caso, voy a aprovechar para escribir un libro que estoy preparando”.
Su intención es dar forma a una obra que conjugue las tres áreas en las que trabajó a lo largo de su carrera: la arqueología pampeana y del noreste argentino, en la que investiga desde hace tiempo junto con Mariano Bonomo. “Leí mucha historia de la época colonial en toda esta zona en clave indígena, antropológica, y [en el libro] quiero combinar eso con el conocimiento que tengo de las sociedades indígenas, amazónicas, de los guaraníes y otros pueblos –cuenta Politis–. Quisiera integrar la mirada arqueológica con la histórica y la etnográfica para presentar un panorama distinto de los últimos momentos previos a la llegada de los conquistadores y en los primeros dos siglos de la conquista en el Río de la Plata, porque eso de alguna manera definió la estructura social de América Latina. Los Estados y las naciones fueron definidas por los pueblos originarios y por cómo fueron los procesos de conquista, resistencia, etnogénesis con los conquistadores. Para hacerse una idea, en la segunda fundación de Buenos Aires vienen bajando desde Asunción diez españoles y 64 ‘mancebos de la tierra’ (es decir, mestizos, hijos de españoles con indígenas o directamente indígenas), más una cantidad indeterminada de indios guaraníes. O sea, eran pueblos híbridos, sociedades que se habían formado entre un pequeño núcleo de españoles y portugueses, y un número muy importante de indígenas de diferentes etnias. Y con cada una de esas etnias se fueron estableciendo relaciones diferentes. De hecho, hubo una alianza entre los españoles y los guaraníes, y otra alianza entre los portugueses y los tupíes que definió la expansión de la bandeirantes, de la corona portuguesa… Lo más novedoso es que vamos a presentar el sustrato indígena también desde la arqueología. No solamente la visión de los españoles, sino los datos que están surgiendo de las investigaciones arqueológicas en el Delta del Paraná, donde también estamos trabajando, en el Paraná, en La Pampa… Estoy muy entusiasmado”.
En el desierto de Atacama
De acuerdo con los estudios de Politis, si bien los pueblos originarios de esta parte del continente no tenían una estructura social comparable con la de los incas o los aztecas, ni llegaron a formar imperios o señoríos, eran cazadores recolectores con un grado de complejidad interesante. Los guaraníes poseían un manejo acabado del ambiente. Los chaná timbú atrajeron a los conquistadores a Asunción por su dominio de la horticultura, les proporcionaron la manutención y les permitieron insertarse en una sociedad estable. Por su parte, a los guaraníes les convenía la llegada de los españoles, porque incorporaron tácticas militares y éstos fueron aliados de lujo para enfrentar conflictos interétnicos que tenían con otros grupos. “Lo que pasa es que con el correr del tiempo los españoles los fueron sometiendo –aclara Politis–. Esa alianza fue como el beso de la mujer araña, terminó envolviéndolos. Sobrevino un proceso de etnogénesis y la sociedad que se formó en Paraguay no fue española, ni siquiera criolla, tenía una fuerte impronta guaraní. Estuve allí hace dos semanas, investigando con indígenas contemporáneos, y constaté que fuera de Asunción la sociedad paraguaya habla guaraní como primera lengua y no todos son bilingües. De hecho, nosotros estábamos siempre con un traductor. Encontramos una casa comunal ritual, grandísima, espectacular. Todavía hay zonas dentro de ese país donde lo indígena está muy presente, no intacto, obviamente, porque hay cinco siglos de interacción con la sociedad occidental. Pero se mantienen muchas tradiciones prehispánicas. El botón labial, esa perforación que se hacían como rito de iniciación que tenía que ver con la identidad étnica, tiene milenios de tradición”.
Politis viajará con su pareja, Ingrid de Jong, etnohistoriadora (estudia las «relaciones diplomáticas» que existían en el Siglo XIX entre los indios y los gobiernos de esa época) y también investigadora del Conicet. En marzo, durante un seminario, será la entrega formal del premio. Y en julio hay otros seminarios y una recepción en Berlín que contará con la presencia del presidente de Alemania.
La idea de la distinción, dotada de 60.000 euros, es que use una parte para cubrir el alojamiento en la universidad. Pero además recibirá fondos para el pasaje, para aprender alemán, para comprar libros. Y a los laureados de ciertos países entre los cuales se encuentra la Argentina, se les otorga también un apoyo continuo por el resto de la carrera para adquirir equipamiento, cubrir viajes a congresos y publicación de trabajo
Con Ingrid de Jong, su pareja, flanqueando una réplica del hombre de Neanderthal
Gustavo Politis tiene una larga y prolífica trayectoria de investigación. Luego de obtener su licenciatura, se doctoró en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de la Plata y realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Kentucky, en la de Maine y en el Smithsonian Institute. Desarrolló su carrera de investigación en el Conicet hasta alcanzar la categoría de investigador superior en 2010. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires entre 1988 y 1992, y dirigió el Incuapa hasta 2022. Además de su tarea como Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP fue profesor visitante en varias universidades nacionales y del extranjero.
Sus temas de estudio se centran en la arqueología de pueblos indígenas que habitaron la región pampeana. “Tuve la suerte de trabajar en sitios muy, muy antiguos, de los más antiguos de la Argentina y de América, lo cual me llevó a conectarme con la historia del poblamiento, la expansión del Homo sapiens en nuestro continente. Y hace unos años estoy trabajando con Mariano Bonomo en el Delta y en el río Paraná, donde hay otro tipo de sociedades también muy interesantes”, explica.
Además, Politis fue pionero en la Argentina y en América Latina en investigaciones de etnoarqueología, que estudian indígenas actuales, pero con una mirada arqueológica: “Se trata no solamente de ver lo que hacen, sino también qué es lo que dejan cuando hacen algo para después, por analogía, tratar de interpretar mejor el registro arqueológico –destaca–. Ese interés por entender otras sociedades, no solo del pasado, sino del presente, me llevó a estudiar grupos de cazadores recolectores del Amazonas, de los pocos que todavía existen en América. Tuve un proyecto muy largo con los Nukak, en Colombia, otro con un grupo llamado Hotï, en Venezuela, que duró menos por problemas políticos de la región, y otro con los Awá, que significa ‘gente’ en guaraní. Por último, siempre me interesó mucho reflexionar sobre la teoría y la práctica de la arqueología en nuestra región. De hecho, tengo bastante avanzado un libro sobre una historia política de la arqueología argentina. O sea, leer la historia, la construcción del pasado prehispánico, en clave política a través de los últimos 120 años. Analizar cómo la política y los movimientos sociales influyeron en la manera en que los arqueólogos fuimos reconstruyendo el pasado. Porque, como es obvio, la reconstrucción del pasado no es algo objetivo, está íntimamente relacionada con el contexto sociopolítico. Esto me tienemuy interesado y la posibilidad de estar casi un año un poco alejado de las actividades más burocráticas, administrativas me presenta un horizonte maravilloso”.
Entre otras distinciones, también recibió la Beca John Simon Guggenheim, el Premio Houssay Trayectoria, el Premio Investigador de la Nación Argentina y el SAF Research Award 2023 otorgado por el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales.
Por una extraña pirueta del destino, Politis está familiarizado con la figura de Alexander Von Humboldt desde su infancia. Criado en Necochea, cursó toda la primaria y la secundaria en una escuela alemana de ese nombre. “Nací en Vicente López, pero por el trabajo de mi papá, nos mudamos a esa ciudad de la costa atlántica y él quería que fuéramos a una escuela bilingüe –recuerda–. Así que inicié mi vida académica bajo el signo de Humboldt y ahora, sobre el final de mi carrera, este premio tiene un significado especial”.
El Gobierno británico anunció este jueves que nacionalizará los servicios de trenes a cargo de la operadora TransPennine Express (TPE, en inglés), que cubre gran parte de las conexiones ferroviarias en el norte de Inglaterra y Escocia, debido a las continuas cancelaciones del servicio.
El minstro de Transportes, Mark Harper, fue el encargado de informar de que el contrato de TransPennine no se renovará tras el 28 de mayo.
Los servicios que gestionaba la compañía, que forma parte de la multinacional FirstGroup, pasarán entonces a manos de «un operador de último recurso», lo que significa que una empresa intervendrá en nombre del ejecutivo para hacerse cargo de la gestión.
«Tras meses en los cuales los viajeros y las empresas del norte fueron víctimas de constantes cancelaciones, he decidido colocar (los servicios de) TransPennine Express bajo el estatus de operador de último recurso», declaró el funcionario.
Además, y para justificar la decisión, el funcionario presentó los registros de las últimas cifras que muestran que TPE canceló el equivalente a uno de cada seis servicios durante marzo.
«En mi tiempo como ministro de Transporte he dejado claro que la opinión del pasajero siempre debe ser prioritaria. Después de meses de que los viajeros sufrieran la peor parte de las continuas cancelaciones, tomé la decisión de incorporar TransPennine Express a OLR», afirmó Harper.
De igual forma, el ministro admitió que esto no solucionará de forma inmediata los problemas de frecuencias y horarios del servicio de tren, pero prometió que trabajarán para brindar una mejor prestación.
La respuesta de la empresa
FirstGroup criticó la decisión gubernamental asegurando sentirse «decepcionados» y afirmando que en el último tiempo realizaron mejoras en los servicios. En una nota consignaron que el número de pasajeros aumentó de 14 millones en 2004, cuando adquirieron el contrato, a 29 millones antes de la pandemia.
El operador, que cubre un área en el norte de Inglaterra y Escocia, agregó que se vio gravemente afectado por los paros de conductores, que continúan reclamando mejoras salariales, y que además no pudieron cubrir con otros operarios los turnos, por las continuas medidas sindicales.
En este contexto, Graham Sutherland, director ejecutivo de FirstGroup, se despidió señalando: «Estamos muy orgullosos de haber servido a las comunidades del norte de Inglaterra y Escocia, transportando a millones de pasajeros. La decisión no altera nuestra creencia en el importante papel de los operadores ferroviarios privados en la entrega de un transporte vital y respetuoso con el medio ambiente para los clientes y las comunidades de todo el Reino Unido».
El gobernador Axel Kicillof anunció el envío de un proyecto para que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires discuta la creación de un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas y pidió públicamente precisiones sobre la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF y Petronas que se espera para Bahía Blanca.
Una inversión de 50 mil millones de dólares, que sería las más importante de la historia y que haría que la provincia de Buenos Aires representara la mitad de las exportaciones nacionales, se torna mediática por su propio peso específico. Pero como en el medio hubo cambio de gobierno, impulso de proyectos de regímenes de incentivos a las grandes inversiones y votación de Ley Bases, el proyecto de YPF y Petronas se transformó en una bola de nieve que Kicillof definió como «un tema banalizado, con un tratamiento inadecuado, poco serio y realista».
«No hay ningún ultimátum», subrayó el gobernador en referencia a los trascendidos que indicaban que YPF habría amenazado a la Provincia con quitarle la locación de la planta de GNL y cedérsela a la provincia de Río Negro, en la localidad de Punta Colorada, por la decisión provincial de no adherir al RIGI.
En medio de la discusión de la Ley Bases, el comentario fue deslizado por el propio presidente del directorio de YPF Horacio Marín en una entrevista televisiva. Sin embargo, Kicillof apeló a los contactos formales e indicó que Marín, antes que se aprobara el RIGI, envió una carta al Ejecutivo de Buenos Aires con una serie de consultas, que precedió diversas reuniones de trabajo «para el bien conjunto, donde no hubo discusiones ni disputas», según Kicillof, que utilizó la conferencia de este lunes para hacer públicas sus respuestas.
El gobernador bonaerense explicó que aquella carta de YPF formuló una serie de consultas sobre el RIGI, pero éste no está aprobado en su totalidad, no se reglamentó y se desconoce cómo se implementará, por lo cual, para Kicillof, se generó «un tratamiento mediático, fundado en el apuro por conocer cuestiones inexistentes». Aquella comunicación, además, formuló preguntas para el Estado bonaerense que exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, ya que incluyen leyes que debe tratar la Legislatura, como la adhesión al RIGI, y decisiones que deben adoptar el distrito de Bahía Blanca y el consorcio de administración del puerto.
«Estoy en permanente contacto con el intendente Federico Susbielles, pero no puedo contestar por él, por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ni por el Consorcio que maneja el puerto», remarcó Kicillof, que agregó: «Malo e ilegal sería que diga ‘vamos a hacer tal cosa’, cuando se trata de decisiones que no están a nuestro alcance, nosotros no aventuramos posiciones que superan el alcance de nuestras normativas».
En la carta, YPF pidió acceder a unos terrenos cercanos al puerto de Bahía Blanca, que beneficiarían el desarrollo del proceso. Si bien la Provincia ya reservó 1.500 hectáreas para el proyecto años atrás, las tierras en cuestión deberían ser expropiadas por el Estado bonaerense mediante el Poder Legislativo, y recién ahí serían transferidas al puerto bahiense. Si bien Kicillof dijo que cree que las tierras solicitadas «son útiles y convenientes», y manifestó su acuerdo en «acompañar, promover y empujar» esa expropiación y su posterior cesión, no dio vueltas y fijó posición.
«Si en la carta contestaría que sí me pondría por encima de diversas áreas, pero además, por más que quisiéramos expropiarlas o no, deberíamos saber si hay una voluntad concreta de las empresas YPF y Petronas por realizar el proyecto, porque difícil sería que tomemos acciones para realizar una inversión que no resolvieron«, dijo el gobernador, y agregó: «Pedirle a la provincia de Buenos Aires que actúe sin tener una vocación y una certeza formal de la empresa es poner el carro adelante de los caballos».
Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas
En su respuesta a Marín, Kicillof advirtió que «como muchas de las cuestiones consultadas involucran leyes», él y su gabinete resolvieron enviar un proyecto de ley para un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, este mismo lunes. La propuesta formulada por las autoridades bonaerenses, que está vinculada a las grandes inversiones, la producción y el trabajo, pretende «englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca«, según subrayó el gobernador.
La idea expuesta por el Ejecutivo provincial es contribuir y colaborar, para que los tiempos de decisión de diversas áreas del Gobierno provincial y municipal se aceleren. «Este régimen considera que los proyectos que apliquen y adhieran serán tratados de manera prioritaria en diferentes decisiones de aprobación o de normativas», amplió Kicillof, que dijo que también se proponen «ofrecer estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional a los proyectos que se adhieran, trabajando mediante una unidad ejecutora que agilice cada una de las necesidades de los proyectos».
Además, en su respuesta formal, el Estado bonaerense solicitó a YPF y Petronas información concreta sobre 16 puntos claves para el proyecto. Si bien los cálculos informales hablan de que Buenos Aires pasaría a representar el 50 por ciento de las exportaciones nacionales y que la planta crearía 6.300 empleos directos e indirectos durante su construcción, y tres mil durante el período de funcionamiento, Kicillof advirtió que «al momento no conocemos los detalles del proyecto, sus etapas, duración y cronograma de inversiones».
«No conocemos en detalle los efectos en materia de producción y empleo, ni conocemos con exactitud los beneficios económicos del programa. Nos los dijeron de manera informal, pero lo pedimos oficialmente», explicó el gobernador, que aclaró que «ojalá esto pudiera ser discreto y mantenerse en un ámbito privado», pero que «como se ha hecho público tengo la necesidad de decirlo». «Nos piden resolución ‘ya, ya, ya’ sobre un proyecto que no conocemos al detalle, entonces sería insensato y poco lógico», amplió.
Horas después de que el bahiense Lautaro Martínez convirtiese el gol para que la selección Argentina levante su segunda Copa América consecutiva, Kicillof realizó diversas analogías futboleras. Primero dijo que «esta cuestión no se define por penales», y aclaró que no mantiene charlas formales con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck porque apela a «reforzar la confianza en que tanto YPF como Petronas trabajarán con total profesionalismo evaluando la conveniencia de la localización del proyecto».
Vale recordar que Weretilneck envió un proyecto de adhesión al RIGI que el legislativo de su provincia aprobó inmediatamente, lo que incrementó las versiones respecto a la apuesta política patagónica para quedarse con la planta de GNL.
«Hoy la pelota está del otro lado», dijo Kicillof que ahora espera una respuesta concreta por parte de YPF. Remarcó en más de una ocasión que como gobernador hará «todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que se pueda concretar esta inversión en Bahía Blanca, a pesar de lo que los requisitos son muchísimos», y expresó un deseo: «Esperamos que esto se trate con seriedad, con propiedad, y que no se intente caer en la politiquería barata. Cuando se resuelva la localización, estaremos a disposición para solicitudes puntuales y concretas que muevan el amperímetro en decisiones de esta magnitud».
«La Provincia no sólo se ha manifestado, hemos demostrado nuestro interés en innumerables comunicaciones y reuniones con todos los actores involucrados, e incluso con un decreto que establece que esta inversión es de interés provincial», agregó Kicillof, y sentenció: «Por más que sigan chicaneando, nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad porque se trata de un proyecto determinante y estratégico para Bahía Blanca, su puerto y nuestra provincia».
La aplicación de las vacunas de calendario en 184 países durante el año pasado revela porcentajes tan bajos como alarmantes de cobertura infantil en la Argentina como para prevenir brotes de las enfermedades que se intentan evitar. Así, el capítulo argentino de un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef sobre la tendencia de inmunización contra 14 enfermedades es un llamado de atención para autoridades sanitarias y padres o adultos a cargo.
Ambas organizaciones de Naciones Unidas identificaron que la cobertura con las vacunas de la infancia “se estancó” durante el año pasado en todos los países. Afirman, a la vez, que todavía no se terminan de recuperar los valores previos a la pandemia de Covid, de acuerdo con una estimación de los datos proporcionados por los ministerios de Salud de los estados miembro o, cuando eso no ocurrió, de por lo menos una fuente documentada.
Evolución de la cobertura de vacunación en el país
Fuente: WHO, Unicef / LA NACION
“Habrá 2,7 millones más de niños y niñas sin vacunar o sin recibir la totalidad de las vacunas en comparación con los niveles de 2019″, proyectó el equipo de trabajo de la OMS y Unicef para la base de datos compartida (Wueinc, por su nombre en inglés) que este lunes actualizaron a 2023. Sarampión, meningitis, neumonía, hepatitis B, rubeola, polio, difteria, paperas, tos convulsa o el virus del papiloma humano (VPH) están entre las 14 enfermedades con vacunas de calendario.
“Estas tendencias, que muestran que la cobertura mundial de inmunización se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2022 y, lo que es más alarmante, todavía no ha vuelto a los niveles de 2019, reflejan los continuos problemas que plantean las interrupciones de los servicios de atención sanitaria, los problemas logísticos, las dudas sobre las vacunas y las desigualdades en el acceso a los servicios. Las últimas tendencias demuestran que en muchos países hay demasiados niños sin vacunar”, manifestó Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.
En el caso de la Argentina, la estimación indica que el año pasado cayeron las coberturas con respecto de 2022, aunque aclaran que podrían ser una subestimación dado que, según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación a ambos organismos, se modificó la manera de registrar las aplicaciones. “En 2023, el país hizo una transición al registro electrónico [y nominalizado] de vacunación a nivel nacional, lo que afectó la integridad de los informes”, advierten.
Registros
Sin embargo, el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), que administra la cartera sanitaria nacional dentro del sistema online de vigilancia sanitaria, se implementó oficialmente en 2013. En la práctica, hay provincias que, a pesar de lo informado a la OMS y Unicef, están registrando las aplicaciones en planillas de papel o tienen problemas para transferir los datos desde sus registros al Nomivac.
“Al haber sido 2023 un año de transición del cálculo de coberturas de calendario nacional, implicó cierto atraso en la carga y diferencias con algunos sistemas provinciales, ya que existen registros que aún no han impactado en el sistema nacional y están siendo revisados”, respondieron desde el Ministerio de Salud a este medio ante la consulta sobre los porcentajes de cobertura para el país informados en Wueinc y los que estiman oficialmente, aún sin difundir. “Se está trabajando para mejorar los registros. Fue un tema que se pidió en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) a los ministros”, ampliaron.
Al comparar los datos informados por la OMS y Unicef con los que el ministerio adelantó sobre la cobertura en 2023 para las vacunas incluidas en la estimación internacional, los porcentajes varían, pero en ambos casos están por debajo de los de 2022. La oficina de Unicef en el país, al ser consultada, aclaró que no participó en la elaboración del informe global.
La única dosis de la BCG que indica el calendario para los recién nacidos, la OMS y Unicef estimaron una cobertura del 69%, mientras que en los registros oficiales aparece un 72,3% de población cubierta el año pasado. En el caso la vacuna quíntuple (combinada para prevenir difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus Influenzae b), la estimación internacional indica una cobertura del 77% para la primera dosis recomendada a los dos meses de edad y del 66% para completar el esquema con la tercera dosis a los seis meses. Los datos de Salud muestran, respectivamente, un 79,5% y un 68,1% de cobertura.
La vacuna contra la hepatitis B tuvo una cobertura del 66,84% en los datos oficiales y del 64% en la estimación internacional. En el caso de la prevención del sarampión y la rubeola, que en el calendario nacional corresponde a la triple viral (incluye paperas), la cobertura estimada por la OMS y Unicef con la primera dosis al año y la segunda a los 5 años es, respectivamente, del 80% y el 54%.
La aplicación con la vacuna antipoliomielítica no supera el 78% con la primera dosis a los dos meses de edad, de acuerdo con la base de datos Wueinc, mientras que es del 80,32% en los datos de Salud, solo por citar algunos ejemplos.
“La baja de la cobertura es un fenómeno global que está dándose en la mayoría de los países, que aún no recuperan el nivel de cobertura prepandemia. La información que se publicó [por el informe de la OMS y Unicef] proviene de datos tomados de lo que se carga al Joint Reporting Forms de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto significa que aún hay registros de coberturas pendientes de impacto”, ampliaron desde la cartera a cargo de Mario Russo.
Pidieron aclarar que la provisión de vacunas a las jurisdicciones “se sostiene en tiempo y forma”. Eso depende de la cartera nacional. “Este año, entregamos el 100%, pero la tasa de inmunización depende de las jurisdicciones”, finalizaron.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) había expresado su preocupación, hace ya tres meses, por la caída de la vacunación hasta la adolescencia, pero sobre todo en el primer año de vida y el ingreso a la escuela. “Indudablemente, eso obedece a múltiples factores, como dificultades económicas para acceder al centro de salud, la escasez de recurso humano, horarios acotados, la disminución de las consultas y de los controles de salud que posibiliten la indicación de las vacunas correspondientes, falsas contraindicaciones, desconocimiento o baja percepción de riesgo por parte de la población y la falta de confianza”, explicó, entonces, Miriam Calvari, miembro del Comité de Infectología de la entidad.
Tras recordar que las vacunas son una de las principales herramientas principales para el control de enfermedades como sarampión, poliomielitis, tétanos, difteria, coqueluche, neumonía, meningitis y las diarreas por rotavirus, “con niveles altos de cobertura, evitan que reaparezcan aquellas que están controladas”, sostuvo la SAP. “Uno de los desafíos más importantes –plantearon los pediatras– sigue siendo sostener las coberturas adecuadas para lograr su control efectivo.”
La Fábrica Argentina de Aviones Sociedad Anónima (Fadea), con sede en Córdoba, firmó un acuerdo con la aérea JetSmart para “fortalecer su colaboración en el mantenimiento de aeronaves, enfocándose principalmente en la flota de aviones A320 y A321″.
La empresa quedó afuera de la lista original de empresas que el presidente Javier Milei pretendía privatizar y, desde marzo pasado, achicó su plantel en 150 personas (de 920 a 770) a la vez que busca nuevos acuerdos con el sector privado.
En 2023, Fadea concentró 89% de sus operaciones con el Estado (en el gobierno de Mauricio Macri ese número representaba el 70%) y recibió $2670 millones de transferencias corrientes del Tesoro. Aunque fue la cifra más baja desde 2017, también se relaciona con menos trabajos y dificultades para pagar al exterior por las medidas de la administración de Alberto Fernández.
En marzo pasado, se puso en marcha un plan de achique. Hubo suspensiones rotativas del 30% del personal -que cobróel 75% del salario- y se instrumentó un plan de retiros y jubilaciones anticipadas como parte de la “reestructuración” de la empresa estatal.
Sibilla, Petri y Pérez del Corral suscribieron el acuerdo de mantenimiento.
El directorio que asumió en febrero último, encabezado por Fernando Sibilla, quien ya había estado en la gestión macrista, apunta a que el año próximo los números estén “en equilibrio”. El plan para 2026 es facturar al menos la mitad con clientes privados.
Según el último Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Fadea recibió en los primeros cinco meses del año transferencias por $3.087 millones, equivalentes al 0,21% del total.
En la actualidad, la empresa realiza mantenimiento en ruedas, frenos y oxígeno de aviones de JetSmart y Flybondi, además de algunas tareas de pinturas para Aerolíneas Argentinas. Se trabaja en recuperar la habilitación comercial para hacer intervenciones en aviones de matrícula chilena (la perdió hace unos meses). La compañía tiene un acuerdo con Ethiad para mantener unidades de Latam, pero no se puede seguir sin la habilitación.
El mantenimiento de aeronaves comerciales es una de las divisiones en que está organizada la empresa. Otra es el mantenimiento de aviones militares (se trabaja con Hércules y se hacen algunos componentes para los Pampa).
Un tercer segmento es el de fabricaciones, que en estos meses está concentrado en la realización de conjuntos y aeroestructuras para la brasileña Embraer. “Es un negocio en crecimiento”, dicen fuentes de Fadea.
La cuarta división es la de Ingeniería (transversal a todas las otras unidades), que está trabajando para Invap, con sede en Bariloche.
El ministro de Defensa, Luis Petri, estuvo en la fábrica para recibir un Hércules al que se le había realizado una “intervención integral”. También fue parte de la firma del acuerdo con JetSmart.
En esa oportunidad, Gonzalo Pérez Corral, CEO de la aérea, planteó que este segundo acuerdo con Fadea es una “muestra más de la continuidad de trabajo que iniciamos en el país hace ya más de cinco años. Poder contar con estos servicios para el mantenimiento en el país de la flota de aviones más nueva de la Argentina es, a la vez, una oportunidad de crecimiento para las dos partes, así como una muestra de las capacidades que tienen los profesionales de la industria en este país”.
Desde la empresa indicaron que están cotizando mantenimiento de aviones militares para otros países de la región, a la vez que hay capacitación del personal para poder trabajar en unidades de Boeing, con la intención de ampliar el negocio.
Vuelo inaugural de un prototipo que reúne las cualidades de una aeronave de alas rotativas con las de una de alas fijas.
El RACER es un modelo de helicóptero conceptual de alta velocidad. Pretende aprovechar el aumento de velocidad para ofrecer un valor agregado: su fórmula es aerodinámica, sencilla, segura y de probada y, básicamente, pretende lograr la mejor relación entre velocidad, rentabilidad y rendimiento.
El modelo está basado en el demostrador X3 de Airbus Helicopters, que validó una configuración aerodinámica que combina un rotor principal tradicional con rotores laterales. Optimizado para una velocidad de crucero de 400 km/h, el Racer incorpora una serie de tecnologías innovadoras, entre las que se incluyen:
Un ala en caja característica diseñada para la eficiencia aerodinámica.
Un fuselaje híbrido de metal y materiales compuestos diseñado para reducir el peso.
Un nuevo generador eléctrico de corriente continua de alto voltaje.
Un fuselaje trasero de sección asimétrica, diseñado para optimizar las prestaciones en vuelo estacionario sin penalizar las fases de avance y de crucero.
La mejora del rendimiento medioambiental y acústico de los helicópteros es uno de los principales objetivos del programa de demostración del RACER. La configuración dinámica permite un 15% menos de consumo de combustible por milla náutica a 180 kts en comparación con un helicóptero convencional a 130 kts.
El sistema híbrido-eléctrico Eco-Mode de Safran permite que uno de los dos motores Aneto-1X pase a modo de espera durante el vuelo de crucero, genera un ahorro adicional de combustible de hasta un 30%. La arquitectura distintiva de la fórmula Racer también contribuye a reducir su huella acústica operativa.
El RACER puede servir para:
Servicios médicos de emergencia
Operaciones de búsqueda y rescate
Servicios públicos
Transporte comercial
«El objetivo del RACER no es ir lo más rápido posible, sino ofrecer capacidades operativas mejoradas a un precio adecuado para misiones en las que la velocidad puede ser realmente una ventaja», resume Julien Guitton. «Cuando preguntamos a los usuarios finales si les interesan las altas velocidades, la respuesta es invariablemente “sí, pero”. La velocidad a cualquier precio, sin tener en cuenta el impacto económico y medioambiental, no interesa a nadie».
Cuando se lanzó el proyecto, en el marco del programa europeo Clean Sky 2, los objetivos eran ambiciosos: una reducción del 20% del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 en comparación con un avión convencional del mismo peso, y una reducción igualmente significativa de la huella sonora. Las simulaciones, confirmadas por los primeros vuelos, demostraron que el Racer cumplía estos requisitos.
El Racer combina una arquitectura única (aerodinámica especial del fuselaje, rotor de helicóptero, ala fija y hélices propulsoras) con una gestión innovadora de la potencia del motor y un piloto automático que sabe aprovechar al máximo esta combinación. «El sistema Eco-Mode, desarrollado con el apoyo de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y otros socios, desempeña un papel esencial en la obtención del rendimiento que esperamos», subraya Julien Guitton. «Consiste en poner uno de los dos motores en espera durante el vuelo de crucero, con la posibilidad de volver a arrancarlo casi instantáneamente si es necesario. El avión vuela un poco más lento que con los dos motores en marcha, pero sigue siendo más rápido que un helicóptero convencional. Sobre todo, ahorra un 20% en consumo de combustible». El rendimiento del ala también se optimiza en todas las fases del vuelo, gracias al uso de flaps situados en el borde de fuga, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible. Al proporcionar el 40% de la sustentación total, el ala quita carga al rotor, reduciendo las cargas dinámicas y las vibraciones. El Racer también promete ser más cómodo que un helicóptero convencional.
«El sistema de control de vuelo y el piloto automático permiten aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece la fórmula compuesta», explica Julien Guitton: «Ajustando el reparto de potencia entre los rotores, podemos modificar la posición de la aeronave y realizar aproximaciones silenciosas totalmente inéditas.» Se esperan otros beneficios, como intervalos de mantenimiento más largos. «Nuestra capacidad para validar soluciones técnicas que ofrezcan largos ciclos de vida operativa es un reto importante para este programa», coincide nuestro contacto.
Uno de los premios científicos más importantes del país, el que otorga todos los años la Fundación Bunge y Born a una disciplina diferente, puso los ojos sobre el agro. En concreto, lo hizo sobre la agrobiotecnología. La Argentina está a la vanguardia de esta rama de la ciencia que es relativamente nueva, si se la compara con otras como la matemática o la física. ¿Y en qué consiste la agrobiotecnología? En permitir “la manipulación racional y específica de los recursos genéticos para fines definidos: la calidad nutricional, la tolerancia a condiciones ambientales adversas, la resistencia a plagas y la protección ambiental, el incremento del rendimiento, entre otros objetivos”, según explicó el presidente del jurado de la distinción, el doctor Néstor Carrillo.
Así, el premio Fundación Bunge y Born 2023 será entregado el lunes a Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en Santa Fe, en una ceremonia que se realizará en el CCK . También se entregará el Premio Estímulo 2023 a los doctores en Ciencias Biológicas Gabriela Soto y Federico Ariel.
Como se sabe, Chan lidera un equipo que desarrolló la tecnología HB4 que les permite al trigo y a la soja una mejor tolerancia al estrés hídrico mediante la transgénesis de un gen del girasol. Ese avance científico se concretó en una alianza con socios de Aapresid que hace más de 20 años crearon una empresa de biotecnología agrícola, Bioceres.
En una entrevista Chan explicó que desde el IAL, donde trabajan unos cien científicos, están avanzando en un conjunto de investigaciones y desarrollos que van desde un arroz tolerante a la salinidad, con edición génica, hasta un maíz con el gen HB11 para lograr mayor productividad y tolerancia a inundaciones y defoliación (y que podría usarse en soja y arroz). Además, llevaron adelante un proyecto de transferencia tecnológica para la agricultura familiar que permite aumentar la producción de hortalizas.
Chan defendió tambén la necesidad de sostener la inversión del Estado en la ciencia. “Ningún país prescinde del sistema público de ciencia y para eso basta mirar los países que son preponderantes en el mundo”, expresó.
-En los últimos 30 años hubo avances notables en la agrobiotecnología como la soja transgénica, ¿hacia dónde va ahora, qué se viene para el futuro?
-Es difícil saber qué se viene para el futuro, no tengo la bola de cristal. Se van descubriendo cosas nuevas todos los días. En este momento, lo que está más en boga es la edición génica en agricultura y aún en ganadería, que es la modificación genética del mismo organismo. Si bien se utiliza la metodología de transgénesis, lo que se hace es modificar lo que tiene la propia especie. Eso lo diferencia de la trasngénesis convencional como la soja RR o el HB4 que conozco mejor, donde hay un salto interespecie. En el caso del HB4 uno toma un gen de girasol y lo pone en una especie que no lo tiene.
La edición génica, que tiene más chance de ser aprobada, no implica un salto interespecie. El tema es que la naturaleza ya hizo su trabajo en la evolución. Entonces las especies evolucionaron lo mejor que pudieron para ellas. Lo que han hecho a lo largo de la evolución es un montón de mecanismos para poder perpetuarse.
Lo que hay es un nicho entre eso que quiere la especie y lo que quieren las personas. Las plantas tienen como un mandato religioso: crecer y multiplicarse. Cuando tienen una condición que le es muy desfavorable, las plantas florecen más rápido y dan semillas muy rápido, dan muy pocas, pero aseguran su descendencia: ese es el nicho en el cual el ser humano puede trabajar. Nosotros no queremos que den pocas plantas, queremos que duren más y que den más semillas.
Hay otro nicho que es el nutricional. Por ejemplo, los alergénos (metabolitos de los productos que producen alergias). Plantas como el maní tienen alergénos para algunas personas; otras, en cambio, los comen felices con la cerveza. Uno podría modificar en la propia planta ciertas vías metabólicas, cambiando algunos genes para que tengan menos alergénos. Eso no incrementaría la producción, pero aumentaría el valor nutricional o de salubridad para una parte de la población. Eso es lo que permite hoy la edición génica, que es lo que está más en boga para ser desarrollos, aunque la transgénesis sigue en su camino porque la transgénsis abre otras puertas que no puede abrir la edición génica.
– ¿En qué casos? ¿cuál es la diferencia?
-Mi caso, por ejemplo. El HB4 es un gen de girasol que no está en el trigo. Se lo presta o lo copia para que sobreviva más tiempo a la falta de agua. Y eso no se puede hacer con edición génica porque el gen no existe en el trigo. Hay muchos genes que son iguales y otros que son distintos.
-¿En el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral están trabajando con edición génica?
-Sí, tenemos algunas líneas de arroz, que queríamos que fueran tolerantes a salinidad. Pero todo esto lleva muchos años. Ya tenemos las plantas, se analizaron una vez a campo, ahora hay que hacer ensayos. El arroz crece en verano, podés hacer un ensayo por año. Están las cámaras de cultivo con las condiciones de luz, pero son exactamente iguales a lo que ves en el campo. Allí hay una mezcla de estreses que tiene que ver con la calidad del suelo, la calidad de iluminación, las temperaturas extremas que se dan a veces, con heladas y calor. En la cámara es todo muy cuidadito, se pueden hacer algunos estudios en cámara, pero no siempre se validan a campo. En el campo pasan muchas cosas porque es la vida real. Estamos avanzando con edición génica en eso. Y no solo nosotros, también hay un grupo en Mar del Plata que lo está haciendo con tomates, para que toleren mejor una de las enfermedades que lo atacan.
La edición génica está más en boga, no porque sea más potente, sino porque va a ser más aceptada por la percepción pública. Uno tiene tantos problemas con la cuestión de los transgénicos, porque tiene una parte de la población que es contraria. En mi opinión personal no es que va a ser mejor, pero el hecho de que va a ser aceptado, nos va a ahorrar mucho trabajo. El trabajo regulatorio nos ha consumido años. El cultivo editado, si el cambio es muy chico y podría haber ocurrido en la naturaleza, no se va a considerar OGM y se va a cultivar sin ningún problema.
¿En qué otras líneas de investigación trabajan?
-Se trabaja mucho en lo que es expresiones de genes de plantas, en los distintos niveles donde esa expresión se regula. Hay grupos que trabajan en ARN pequeños y en la tecnología del ARN. Hay otro grupo que trabaja en enzimología, en cómo se regulan las enzimas de las plantas. grupos. En mi grupo estamos con varios proyectos a la vez. Por un lado, tenemos proyectos que son bien básicos, nos hacemos preguntas de la biología y tratamos de contestarlas con experimentos. Por ejemplo, estudiamos mucho la estructura de las raíces de las plantas y cómo impacta la estructura de la raíz en la producción aérea, qué moléculas están involucradas.
Estamos estudiando con una investigadora joven que está trabajando con maíz, con otro gen que se llama HB11, que genera mayor productividad y tolerancia a inundaciones y defoliación. Eso está muy avanzado. También se hizo arroz y soja con ese gen.
Estudiamos en la memoria del estrés, un tema bastante nuevo que iniciamos recién el año pasado. La pregunta es si una planta que sufrió un estrés, por ejemplo, por falta de agua cuando viene un segundo estrés, llueve de nuevo y viene un segundo estrés, si responde peor o mejor que una planta que nunca recibió el primer estrés. Se está estudiando mucho en el mundo con estrés por calor y por otros efectos ambientales. Falta mucho por estudiar, pero sería como una vacunación de la planta frente al estrés.
En temas más aplicados estamos desarrollando nuevas tecnologías de mejoramiento cultivos, construcciones genéticas más modernas que tengan un impacto positivo en la producción y la tolerancia al estrés sobre todo por sequía que es el más dañino.
Después tenemos otro proyecto que iniciamos con el programa “Argentina contra el hambre”, que es muy interesante, pero es más para agricultura familiar, para pequeños productores de hortalizas. El conocimiento está basado en lo que aprendimos con los transgénicos, que era que las plantas que producían más, tenían los tallos más anchos, tenían más tubos, que son los haces vasculares. Son tubos de conducción como los caños del tallo de la planta.
Desarrollamos una técnica en la cual poniéndole un peso al tallo durante 48 horas en un estadío determinado de la planta, que para cada cultivo es distinto, se genera un aumento en la producción que llegaba al 50%, que es enorme claro. Eso lo hicimos con tomates, chía, pimientos, pepinos, berenjenas y un montón de cultivos. En cada uno es un poco distinto el peso que se aplica y el estadío, pero nosotros logramos hacer unos videos explicativos para que la gente lo pueda reproducir y hemos ido asociaciones de Agricultura Familiar y asociaciones barriales a explicar cómo se hace. Son proyectos sociales.
Es muy simple, le ponemos como un brochecito y a las 48 horas se lo tenemos que sacar. La planta hace fuerza para enderezarse y ver el sol. Parece como si nosotros hiciéramos gimnasia. Y en ese ejercicio que hace la planta para enderezarse gimnasia, ensancha el tallo. Es como cuando hacés gimnasita y tenés más bíceps. Es bastante asimilable a eso. Y al tener un tallo más ancho, conduce más y genera más producción. Conduce más agua y nutrientes.
Lo de los tomates, que es lo más estudiado, es un cambio notable. Desarrollamos un manual y videos. Lo he llevado a otras partes del mundo, me lo han pedido, lo debe estar aplicando mucha gente, no tengo un registro.
Tiene un origen ancestral, después de iniciar este proyecto nos enteramos que esta técnica se hacía con los árboles sin saber por qué, los doblaban y los ataban al piso por un tiempo con una especie de ancla, después lo sacaban y el árbol después crecía más fuerte. Y es un poco el principio este que estamos viendo nosotros, que ya lo tenemos absolutamente corroborado con una repetición de ensayos enormes y en un montón de cultivos diferentes. Es muy interesante, lo que pasa es que tenemos una forma de aplicarlo a gran escala. Funciona en soja, girasol, en el nivel de laboratorio con pocas plantas, pero no hay una forma fácil de ponerle el gancho a la planta abajo del primer par de hojas durante 48 horas sin romper el tallo. Entonces el broche de la ropa hay que poner el tallo en el agujerito. Es muy manual. Cuando uno agarra cancha, hace 100 plantas en un ratito, por eso sí sirve para agricultura familiar. No hemos solucionado el tema de cómo masificar esto.
El trigo HB4 es un desarrollo entre científicos del Conicet, la Universidad del Litoral y la empresa Bioceres, entre otrosManuel Cascallar
Inversión en ciencia
-Recientemente hubo un debate público, a raíz de declaraciones de un candidato presidencial (Javier Milei), sobre el financiamiento estatal para la ciencia. En el caso de ustedes, que lograron un resultado concreto. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
–Ningún país prescinde del sistema público de ciencia y para eso basta mirar a los países que son preponderantes en el mundo. Todos los países europeos tienen Ministerio o Secretaría y tienen financiamiento público de la ciencia. El sector privado no arriesga en etapas muy tempranas. La ciencia básica requiere de dinero, aunque la verdad yo creo que al final de todo somos bastante baratos nosotros, pero no importa; el privado no pone hasta que no vea algo que no sea muy prometedor. Por eso los países todos los países ponen mucho dinero.
Cada uno tiene sus organismos o universidades. Tanto Francia, España o Alemania. Ni hablar de los países como Israel, Noruega o Corea. Todos tienen una inversión enorme del Estado en ciencias, con una inversión en porcentaje del PBI infinitamente mayor que el nuestro. En toda la ciencia argentina estamos en 0,31% de inversión del PBI, mientras que Corea o Israel tienen entre el 4% y el 5%, diez veces más. Además, ellos tienen el PBI más alto, es decir que la inversión neta es muchísimo más alta.
Yo no sé si esta persona es ignorante sobre eso, pero yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica, tal vez fallamos en la comunicación de lo que hacemos. Cuando hay tantas personas seguidoras de alguien que dice que nosotros no nos ganamos el pan con el sudor de la frente hay que preguntarse por qué toda esa gente piensa eso, a ver si hay algo que nosotros tengamos que corregir. Es posible que hayamos fallado en la comunicación, tal vez en alguna otra cosa y hay que rever eso, no porque esta persona tenga razón y que creo que no la tiene.
No quiero que otra vez dependamos de que cada gobierno que sube estemos rezando a ver si apoya o no apoya la ciencia. Así, cada vez que retrocedemos diez casilleros después, para remontarlos, se convierten en 50: se pierden generaciones de investigadores que se van al exterior, se pierde know how y gente formada. La ciencia en otros países es una política de Estado que no tiene que ver con el partidismo político, tiene que ver con la soberanía nacional. Eso no quiere decir que los científicos no tengamos ideología, todos la tenemos. Más allá de la ideología, lo que tiene que primar es el bien de nuestro país soberanos.
El ejemplo del HB4, que permitió a la empresa Bioceres cotizar en Nueva York, no es algo menor porque empezó con 20 personas en mi oficina o se usaban las instalaciones de Aapresid para juntarse y llegó a ser una empresa que cotiza en la Bolsa de New York. Hubo un camino recorrido y lo fue por esta tecnología que fue desarrollada en el sistema estatal. Después ellos aportaron un montón, en el momento en que se hizo la asociación público-privada, con los ensayos a campo y el mantenimiento de la patente. Está todo dentro de la legalidad y en blanco, como debe ser.
Y no es el único caso, está Gabriel Rabinovich que está haciendo avances contra el cáncer. Se vio también en la pandemia, con muchísima gente formada en el Conicet que ayudó a desarrollar un kit de diagnóstico y también a desarrollar una vacuna. En este caso el problema no fue la ciencia, no teníamos una empresa que hiciera el escalado. Hubo todo el conocimiento para hacer las vacunas y no hubo empresas que hicieran el escalado. El Conicet tenía gente para eso y también para hacer estadísticas, respiradores o equipos de esterilización.
Cien años antes, la gripe española se comió un porcentaje mucho mayor de población que la última pandemia. Hay un porcentaje gigante de diferencia entre no saber y saber que había que lavarse las manos, ponerse un barbijo o aislarse. Ni hablar de las vacunas. Esta pandemia fue tristísima, para la gente que se le murió alguien fue terrible, pero el daño fue muy inferior a la gripe española.
-A partir del desarrollo del HB4, ¿cómo es la relación con los productores agropecuarios?
-Aunque no tengo todo el tiempo disponible para viajar, trato de ir a hablar para explicar lo que hacemos. El año pasado fui con gente de Aapresid al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Me dio la impresión de que estaban enamorados del HB4, sabían lo que hacían. Les había dado un resultado bárbaro. Lamentaban que no hubiera más semillas. Como tardó tanto la aprobación, la multiplicación de semillas requiere de varios años. Fíjese la sequía. Si esto se hubiese aprobado cinco años antes, hubiese tenido otro impacto económico. El problema es que no hubo semilla suficiente. Hay un grupo grande de productores que sabe de qué se trata esto.
Ceremonia
El acto de entrega, en el que se celebrará la edición número 60 del premio, de los Premios Científicos 2023 de la Fundación Bunge y Born será en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el lunes 2 de octubre, a las 18.30 horas. La transmisión se podrá seguir en la web www.fundacionbyb.org/premios-cientificos-2023 y en el canal de YouTube de la Fundación Bunge y Born.
Cristian Mira
Comentario de AgendAR:
Con las ideas de este entrevistador, no podría estar más en desacuerdo. Pero las respuestas de Raquel Chan parecen calibradas para defender las cosas que están bajo demolición:
* el papel del CONICET en el campo,
* las dos formas de intervención génica en agricultura, y sus consecuencias regulatorias
*el rol de éstas intervenciones génicas en tiempos de ciclos de sequía e inundación cada vez más frecuentes y peores,
* y el rescate de técnicas agrícolas inmemoriales, como el uso de «plomadas» removibles en plantines para multiplicar la producción, por ahora sólo prácticos en la producción frutihortícola.
Todo esto es de 2023, pero Raquel Chan contesta cada burrada del nuevo gauleiter del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, como anticipándolas.
Al toque de asumir como presidente del INTA, Molina Hafford hizo prohibir en la comunicación pública del Instituto todos estos términos: cambio climático, biodiversidad, agroecología, huella de carbono, y Prohuerta.
Esto último término lo cito en mayúsculas, porque es el nombre de un programa oficial, y relativamente exitoso, para promover el autoabastecimiento alimentario en los cinturones externos de las megalópolis y entre la población rural agrupada y dispersa. Su suerte parece sellada (la del programa).
Bueno, sus objetivos también.
Los primeros términos eliminados del diccionario del INTA, como «cambio climático», son conceptos básicos de la producción agropecuaria con bases científicas. Esto dicho después de un año de inundaciones seguido por tres de sequía despiadada como no los hubo jamás.
En el tercer año de seca, 2022, entre las lluvias y napas freáticas desaparecidas y largas olas de calor, la pérdida interanual de las cosechas industriales fue del 40%, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
Curiosamente, Molina Hafford, negador del calentamiento global pero a cargo de la mayor institución de investigación y tecnología del campo argentino, es ingeniero agrónomo.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está sufriendo una fuerte reducción de su personal y el cierre de muchas de sus sedes de extensión en todo el país. Desde el Gobierno nacional se decidió que el 30% de su personal debe ser despedido, una señal de la poca importancia que el Poder Ejecutivo le asigna al organismo. En respuesta a esta política, se realizó una protesta que incluyó un corte en la avenida General Paz, al igual que ocurrió con los despidos durante la gestión de Mauricio Macri. Esta vez fueron reprimidos con gases y golpes por parte de la Infantería de la Policía de la Ciudad, que le quebró la mano a un trabajador.
Enrique Martínez ocupó la presidencia del INTI desde el año 1986 hasta 1988 y desde 2002 hasta 2011. Su gestión fue reconocida por federalizar la institución y por hacerla crecer en sus funciones. También fue diputado de la Nación, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA y hoy está volcado al trabajo con organizaciones de la economía popular. Ya jubilado pero siempre activo, Martínez habló sobre la función que cumple el INTI, los ataques que ha recibido el organismo y por qué le interesa tanto el rol que puede cumplir la economía popular.
¿Por qué el INTI es atacado por los gobiernos de derecha?
Uno debería concluir que el INTI es un organismo que no ha sido bien interpretado desde hace ya décadas. Nació como organismo de doble propósito, de certificación del cumplimiento de normas de calidad internacionales para un país que se estaba instalando en el mercado internacional de bienes. Y, por otro lado, para desarrollar los proveedores nacionales de las multinacionales que se instalaban en el país. Cuando se fundó el INTI, en 1957, era importante tener un organismo de certificación pero también un organismo de promoción industrial. Había multinacionales que estaban empezando a instalarse en la Argentina, terminales automotrices y producciones más internacionalizadas de todo tipo, que necesitaban proveedores nacionales y había que desarrollarlos. Con el tiempo el INTI ha tenido cambios que tienen que ver, justamente, con el cambio de la estructura de producción en el mundo. Hoy por hoy, a tantos años de su creación, las multinacionales tiene una red de proveedores muy afilada, a la cual le trasmiten tecnología y muchos de ellos son internacionales, ni siquiera están en el país. Por lo tanto, el desarrollo de proveedores ha dejado de ser una gran prioridad para estas empresas globales. Entonces, se mantiene la lógica de la certificación, y cuando aparecen gobiernos que no entienden lo que el INTI le aporta el desarrollo nacional, que no respetan el concepto federal de este país, deja de importarles la extensión y sobre todo la presencia de la institución en el territorio. A un gobierno de derecha le interesa muy poco que haya industria nacional en Jujuy o en Chaco porque lo que les interesa es fortalecer a los grandes emprendimientos, no a las empresas que producen todos los bienes de uso cotidianos en el país, y por supuesto no les interesan en lo más mínimo las empresas que son puramente de capital nacional.
¿Esa mirada lleva a la reducción que están proponiendo?
De esa lógica surge la decisión de cerrar todas las agencias de extensión que no tienen laboratorio. Yo me ilusioné, inicialmente, porque sigo siendo un ingenuo a pesar de mi edad, cuando designaron como presidente del INTI, en un gobierno que no respeta la tecnología, a un hombre que había sido director del Departamento de Energía del organismo hace muchos años [Daniel Afione], y que después se trasladó a una multinacional como Toyota, que tiene un respeto por la idea de tecnología. Aún con ese antecedente, este hombre se ha confundido y no puede soportar la presión o el reclamo de bajar el presupuesto y apela a esta lógica que deteriora la presencia de la entidad. Ha llevado muchos años llegar a tener las agencias de extensión y los laboratorios regionales que tiene el INTI para que hoy se decida que una veintena de agencias de extensión van a terminar cerrando, así al voleo, simplemente porque no tiene un laboratorio, sin saber cuáles son los servicios que han prestado en el pasado o los que prestarán en el futuro. Me parnece muy grosero el deterioro y muy lamentable que el INTI se vea sometido a estos vaivenes. Esto ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelve a pasar en este Gobierno.
El argumento del Gobierno es que hay que ahorrar dinero y en algunos lugares, directamente provincias enteras, es muy poca la industria y por eso no se necesitaría una sede del INTI.
Como hay muy pocas industrias no necesitarían los servicios del INTI y a mediano plazo tampoco van a necesitar tener población y en consecuencia van a contribuir a vaciar regiones. La lógica de de ese silogismo es que no va a haber población.
¿Pasará otra vez como en los ‘90 que se vacíen pueblos?
Así es, y que se llegue a considerar a ciertas provincias como inviables, como aquella famosa frase de Domingo Cavallo en esa década.
Hoy el sindicato está resistiendo estas medidas que van en contra del INTI pero cuando usted estuvo al frente de la institución también tuvo una relación conflictiva.
Mi relación fue conflictiva con el sindicato durante casi toda mi gestión a pesar de que fuimos los creadores de la relación en base a la ley de contratos de trabajo. Como nosotros no teníamos eco en el gobierno central para incorporar a la gente a la planta permanente y cuando llegamos el 80% estaba en condición de monotributista, inventamos, porque fue un invento absolutamente del Consejo del INTI, que los monotributistas pasaran a ser empleados bajo le Ley de Contrato de Trabajo, como si fuera un organismo privado, pero con una resolución del Consejo Directivo que asimiló la forma de relacionarse en materia laboral con ese personal al de planta permanente. Con lo cual, durante toda mi gestión, no hubo absolutamente ningún problema de despidos, sino todo lo contrario. Hasta llegamos a generar un plan de vivienda financiado por dos bancos privados en el que fue indistinto que accedieran a los créditos el personal de planta permanente y el personal de ley de control del trabajo. ¿Por qué tuvimos problemas? En particular, los gremios del INTI no se caracterizan por la claridad en las relaciones laborales, entonces todo el tiempo se piden cosas, más o menos forzadas. No han logrado entender, como muchos gremios estatales, el sentido de la función estatal. Nosotros hicimos un plan estratégico que nos llevó meses gestionarlo con las asambleas de personal en todo el país, que fue aprobado por unanimidad, porque lo sometimos a consideración de las asambleas de personal. Ese plan estratégico, apenas nos fuimos, nadie lo defendió. Un ejemplo, digamos, de cómo se puede tener una relación conflictiva sin entender cuál es el conflicto.
«La economía popular es una producción que está buscando atender necesidades comunitarias», sostiene Martínez.
¿Cómo es el trabajo que estuvo llevando a cabo con las organizaciones de la economía popular? Yo intenté tener acceso a algunos presidentes que estuvieron en gobiernos accesibles, no en el de Mauricio Macri, y ni por casualidad en el actual, pero durante la gestión de Alberto Fernández tuve la posibilidad de tener una buena relación con Sandra Mayor, que fue la última presidenta del INTI, y le propuse la creación de una Dirección de Promoción de la Producción Social. Se creó el programa y sin ninguna formalidad hemos colaborado con la gente que trata de llevar eso adelante. También hicimos un programa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tuvo tres años de vigencia, en el que publicamos un manual de cómo creemos que se debe instalar un parque de producción social y se lograron instalar dos: uno en Tafí Viejo, en Tucumán, y otro en General Pico, en La Pampa, y después de eso intentamos llevarlo a lo cotidiano con este trabajo en el INTI, que es muy embrionario. Probablemente, en este Gobierno no reciba el menor interés. Pero es es una pelea conceptual que creemos que está mal definida. La economía popular no es una economía de resistencia, no es la economía del aguante de los trabajadores sin patrón, es una producción que está buscando atender necesidades comunitarias y donde el lucro ocupa un segundo lugar. Eso es absolutamente respetable como objetivo empresario, en la Argentina no tiene ninguna vigencia, pero, para dar una idea, en Inglaterra forma parte del programa del Ministerio de Trabajo, en Estados Unidos hay organizaciones privadas que tienen que ver con la promoción de la producción social, y en Escocia se enseña la producción social en el colegio secundario. En muchos lugares se le tiene un respeto a este sector y al papel del Estado que hoy no existe en la Argentina.
En estos momentos donde hay tantos problemas en la economía tanto en el sector público como en el privado, las organizaciones de la economía popular pueden ser también una salida para muchas personas, ¿no? La economía popular, definida por los protagonistas, por las organizaciones sociales, lamentablemente no es una economía independiente, es una economía complementaria o dependiente de la formal. Por ejemplo, los cartoneros son productos de la exclusión y viven en función de la economía formal. No han logrado integrarse hacia adelante como organismos con cierta autonomía, produciendo bienes finales, convirtiendo en más digna la primera etapa, porque la imagen de un cartonero metido adentro de un volquete no parece ser una perspectiva de vida deseable. Siempre hemos reclamado que eso se piense como un sistema de recuperación y reciclado que puede perfectamente organizarse en forma digna si termina con la producción de bienes finales. Hay un par de cooperativas, de las muchas que existen, que lo han logrando. Pero para eso hay que concebirlo como una función social, no como un rebusque. Yo he tenido muchísimas entrevistas con miembros de la economía popular y sostienen que si tuvieran un trabajo digno al cual acceder lo harían y que están haciendo eso, cartonear, porque no tienen más remedio. Por eso me parece que hay que desarrollar la producción social. Todos aquellos aspectos que el capitalismo ha dejado de lado y que significan atender necesidades comunitarias, pueden ser atendidos por organizaciones que no tengan como final el lucro, sino el atender esa necesidad. Hoy está muy claro que producir alimentos es un negocio que permite al que lo produce especular con esa producción, y hasta sacarla del mercado para que aumente el precio, si tiene suficiente poder para hacerlo, cosas que no tienen nada que ver con el derecho de la gente a comer. Por eso hay que construir organizaciones que trasladen los bienes desde la tierra hasta la mesa y le agreguen valor para que la gente coma calidad y al mejor precio, eso es producción social y nunca lo hemos logrado conversar adecuadamente.
Cuando se pueden asociar estas iniciativas se reúnen en cooperativas , pero también por esta falta de lucro suelen estar atadas a planes sociales, que apuntalan un poco esos ingresos y que hoy también se ven atacados. Hemos creado una asociación civil sin fines de lucro (el Instituto para la Producción Social) que intenta demostrar en el terreno que es posible trabajar como un servicio social, y que es posible que la gente que trabaje allí cobre un sueldo razonable. Todo es cuestión de escala y de los márgenes que se aplican. Nosotros tenemos un portal de comercio electrónico que tiene más de cuatro años y vende productos alimenticios y otros productos de más de 70 proveedores, muchos de ellos cooperativas. Hemos hecho un acuerdo muy reciente, por ejemplo, con FECOFE, que es una federación de cooperativas que se desprendió de Federación Agraria, que tiene productos alimenticios muy interesantes para sumar productos al portal. Y estamos negociando en este momento con una organización social para que sume todos sus productos de indumentaria porque nos parece necesario. Llegamos al consumidor en cualquier punto de la Argentina más barato que los supermercados. No necesariamente tiene que ser más caro para que estas organizaciones sobrevivan bien, es un problema de eficiencia entre lo que podríamos llamar la tecnología de esa actividad y la vocación social, con lo que se consiguen cosas que en la Argentina son bastante sorprendentes. Los productos se pueden conseguir en el sitio de Consumo Popular Organizado y tenemos convenios con la Universidad Nacional de Lanús y con la Universidad Nacional de San Martín que son muy recientes, que se están empezando a desarrollar. Queremos explorar la forma en que los clubes, los centros de jubilados, e incluso las escuelas, entiendan que variando levemente el modo en que se aprovisionan de algunos alimentos se puede ahorrar. Buscamos demostrar que cosas tan básicas como la distribución de alimentos se puede hacer con un objetivo distinto que solo ganar dinero.
Desde el momento en que el presidente de YPF, Horacio Marín, planteó que si Buenos Aires no adhería al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la provincia que gobierna Axel Kicillof perdería el proyecto para instalar una planta de licuefacción de gas natural en la ciudad de Bahía Blanca, los distintos sectores de la oposición bonaerense empezaron a presionar por carriles legislativos para que el distrito se sume a la iniciativa que se incluyó en la Ley Bases, es decir, que adhiera al RIGI.
Hubo estudios de factibilidad y reserva de cientos de hectáreas y disponibilidad de tierras en el Puerto de Bahía Blanca de parte de YPF y la empresa petrolera nacional de Malasia, Petronas. Se ha estimado que la inversión total necesaria para convertri el gas natural que se extrae de Vaca Muerta en GNL exportable al mundo alcanza a no menos de Treinta mil millones de dólares y puede ascender a un tercio más.
El proyecto implica la participación de ambas petroleras. El año pasado, se aprobó en la Cámara de Diputados bonaerense una ley que dota de facilidades impositivas y condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria a las inversiones, teniendo como horizonte el proyecto de GNL entre YPF y Petronas, producto del aumento de producción de gas en Vaca Muerta. Meses atrás, Kicillof también sacó un decreto donde declara “de interés provincial la iniciativa expuesta por Y.P.F. S.A. y la empresa estatal malaya Petronas para la instalación de una planta de licuefacción de gas natural en el Puerto de Bahía Blanca, la infraestructura necesaria para su concreción y la realización de estudios relacionados con la cuestión marítima, de suelo, técnicos, económicos y ambientales relacionados con la explotación del gas natural licuado en Argentina”.
En el medio apareció la opción de llevar el proyecto a la provincia de Río Negro, puntualmente a la zona de Punta Colorada, donde el gobierno provincial ya se aseguró la puesta en marcha de un oleoducto y ahora va por el premio mayor. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se movió con velocidad en términos políticos. Primero acompañó a través de sus legisladores nacionales la Ley Bases y este viernes 12 de julio la Legislatura votó un proyecto del Ejecutivo rionegrino para adherir al RIGI, convirtiéndose de esta manera en la primera provincia que suscribe al Régimen en cuestión.
“Trabajo genuino, desarrollo, ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para los rionegrinos. Eso es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al cual adherimos en Río Negro a través de un proyecto de ley que hace minutos fue aprobado en la Legislatura”, remarcó el gobernador rionegrino una vez sancionado el proyecto.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (REUTERS/Matias Baglietto)
Hasta el momento, no hay miras de que Kicillof vaya a suscribir a la propuesta incluida en la ley recientemente sancionada en el Congreso. Sin embargo, Buenos Aires “sigue en carrera” para obtener la locación de la planta de GNL.
Según se pudo establecer, YPF envió dos cartas similares: una a Buenos Aires y otra a Río Negro. En ellas se consulta sobre siete puntos de factibilidad y beneficios de instalar la planta en cuestión, ya sea en Ingeniero White (Bahía Blanca, PBA) o en Punta Colorada (Río Negro). Son tres puntos de aspectos económicos y cuatro puntos de factibilidad, entre ellos la adhesión al RIGI. Aún no fueron contestadas.
Fuentes del gobierno bonaerense confirmaron que contestarán la misiva a la brevedad, pues la intención de YPF es tener resuelto ese tema antes del mes de agosto.
Con las dos cartas contestadas, técnicos de YPF y de Petronas evaluarán las condiciones económicas que, sostienen en la petrolera argentina, “son los puntos más importantes”, así como los pros y los contras de cada posible locación. Tras ello, tomarán una decisión.
Por su parte, YPF contrató a una empresa norteamericana que será veedora del proceso para dar cuenta de que se tomarán pautas técnicas y económicas para elegir el destino final. El proyecto de la planta de GNL proyecta una inversión de alrededor de 40 mil millones de dólares.
Esta semana, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, mantuvo una reunión con el presidente de YPF. Según destacó el jefe comunal, “de radicarse en el Puerto de Bahía Blanca, la iniciativa será competitiva en tasas e impuestos con estándares comparables a los puertos más relevantes del mundo en la materia”, aseguró y agregó también que “nuestra ciudad también ofrece aristas que claramente la diferencian de otras opciones de todo el país y en ellas se inscribe la calidad y formación del recurso humano especializado en licuefacción y regasificación, empresas de servicios, universidades, institutos científicos y licencias sociales y ambientales vigentes”.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles y el presidente de YPF, Horacio Marín
Al decreto de Kicillof se le sumaron en las últimas semanas algunas gestualidades políticas de parte del PRO y La Libertad Avanza. Los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO bullrchista), de San Isidro, Ramón Lanús (PRO bullrchista), y de Junín, Pablo Petrecca (PRO), presentaron en sus concejos deliberantes proyectos para que los municipios que gobiernan adhieran al RIGI. Este tridente invitó a la provincia de Buenos Aires a una acción similar.
Tras la frase de Marín de “sin RIGI no hay GNL”, florecieron los proyectos en la Legislatura bonaerense para que Buenos Aires se sume al régimen. El primero -incluso antes de ser sancionada la normativa en el congreso-, fue del diputado provincial de La Libertad Avanza Agustín Romo; le siguieron proyectos similares del PRO tanto en la Cámara de Diputados -espacio presidido por Agustín Forchieri, que responde a Diego Santilli– como en la Cámara de Senadores -una iniciativa presentada por el legislador Alex Campbell, que lleva la firma de todos los senadores del bloque que preside Alejandro Rabinovich-. Ninguna iniciativa avanzó hasta el momento. Todas ponen a la planta de GNL como argumento práctico para la adhesión.
“Creemos que presentar un proyecto para adherir al RIGI es la mejor manera porque la adhesión es una atribución del Poder Legislativo. Estamos haciendo el trabajo que el gobernador Kicillof debería impulsar, pero no lo hace. Pareciera que no quiere que las empresas inviertan y produzcan más, ni que los bonaerenses tengan más oportunidades de trabajo”, sostuvo Forchieri.
En la misma sintonía, el senador Campbell planteó que “este régimen al cual tiene que adherir la provincia de Buenos Aires va a ayudar a para que la planta de GNL, de gas licuado, se instale en la provincia de Buenos Aires y no se vaya a otra provincia y darle las condiciones adecuadas a que las grandes inversiones que se quieran instalar en la Argentina vengan a la provincia de Buenos Aires”, dijo Campbell. En los próximos días, Buenos Aires contestará la requisitoria de YPF y Petronas.
Ayer jueves 11 de julio en la sede central del Sindicato de Mecánicos se reunieron los secretarios generales de la CSIRA, Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, junto con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocados con preocupación frente a la pretendida modernización laboral promovida por el gobierno nacional.
En un contexto complejo y recesivo en el que se dieron de baja 330.000 cuentas sueldo, según la información publicada por el Banco Central, y en el que la situación económica de las empresas ha empeorado según los datos arrojados por la segunda encuesta realizada a 25 organizaciones sindicales miembros de la Confederación.
El 65% de las empresas consultadas declararon que las caídas de las ventas superan el 15% impactando negativamente sobre los trabajadores, la capacidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones. El 40% de las fábricas utiliza 6 de cada 10 máquinas, sólo el 56% puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas y el 80% de las empresas han tenido despidos por un lado y han realizado acuerdos de retiros voluntarios por el otro, mientras que el 60% señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión y licenciamiento.
El SMATA y los sindicatos miembros de la CSIRA ratifican que el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) llevan a nuestro país a una acelerada disminución industrial de impacto inmediato para las Pymes. Es necesario un acuerdo entre trabajadores, sindicatos, empresas y Estado que genere los instrumentos necesarios para sostener el empleo y para incorporar a su primer empleo a las próximas generaciones.
Por otra parte el sector de trabajo y los empresarios han hecho los cambios pertinentes frente a los nuevos desafíos en los convenios colectivos, no es cierto que no se haya privilegiado a los nuevos cambios y adaptaciones por actividad, y sin necesidad de modificar la reglamentación vigente. Prueba de ello son los trabajos por actividad sectorial de los planes estratégicos que han realizado empresas y sindicatos asistidos por Universidades Nacionales, públicas y privadas.
Creemos en una reforma laboral que proteja los derechos adquiridos en el marco de los convenios colectivos de trabajo, impulsado por una gestión gremial que ha demostrado sentido de responsabilidad en defensa de la industria y las fuentes de empleo.
Para acceder al texto completo del documento «SIN INDUSTRIA ARGENTINA NO HAY EMPLEO» de los Secretarios Generales y los Equipos Técnicos de la CSIRA, cliquear aquí
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) recibirá este jueves a los cinco gobernadores rebeldes que se negaron a firmar el Pacto de Mayo y a adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El espacio sindical que encabeza Ricardo Pignanelli del SMATA se ofrecerá como trinchera de guerra a los mandatarios provinciales que se oponen a los programas del gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con el apoyo de otros 18 gobernadores.
El grupo de los cinco díscolos estará encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Secundarán al bonaerense los jefes provinciales de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Pampa, Sergio Ziliotto.
Además del SMATA, forman parte de la CSIRA la UOM de Abel Furlán y los gremios textiles, del calzado y otros del ámbito industrial, todas actividades amenazadas por las desregulación de los mercados y la apertura de las importaciones.
En este contexto, la confederación gremial de los industriales dará marco para un acto político en rechazo a la Ley Bases, la vuelta de Ganancias y el RIGI, sumándose al esquema opositor al gobierno de Milei.
La CSIRA se convierte en la primera gran facción del sindicalismo en jugar una carta fuerte en medio del proceso de reacomodamiento de las fuerzas gremiales tras el triunfo de Milei en el Congreso.
El alineamiento de los industriales con Kicillof, líder del G5 de los gobernadores, será la continuidad de un primer paso que ya dieron en la previa al debate en el Senado cuando Pignanelli reunió en SMATA a Pablo Moyano, a los referentes del sindicalismo kirchneristas, a los líderes de las CTA y a las Madres de Plazo de Mayo.
El espacio pasa sin escalas de un pasado silencioso y de gestiones subterráneas a un presente como escenario político de un sector de una oposición en formación.
Las empresas cuentan con valiosos datos pero no siempre pueden acceder a ellos o pasarlos a un formato que se pueda aprovechar en los modelos de IA. En TERAMOT jovenes graduados del Balseiro crearon un producto para lograrlo a bajo costo. Y se fueron a Silicon Valley para tener un impacto global.
El Instituto Balseiro es un lugar de elite, se llega a él tras haber cursado dos o tres años en carreras de Exactas o Ingeniería y pasar un riguroso examen. Pero quienes lo logran tienen asegurada una beca y un lugar totalmente preparado para dedicarse a una única cosa: estudiar. Y eso hicieron esos jóvenes que pensaban encontrar nuevas leyes del universo. No sospechaban en ese momento que estaban adquiriendo conocimientos que les posibilitaría crear Teramot una empresa que tiene un producto de ingeniería de datos que promete transformase en el pilar de la inteligencia artificial empresarial.
Y como si fuera poco llegaron a Silicon Valley donde inauguraron una oficina para comenzar a jugar en las grandes ligas: esas mismas donde están OpenAI, Anthropic, Meta, y Google, por nombrar las cuatro compañías que están llevando adelante los modelos fundacionales de la Inteligencia Artificial Generativa que más llaman la atención entre los especialistas.
«En un momento de mi carrera sentí que quería pasar a la actividad privada. Quería hacer que las cosas funcionen. Y eso me llevó a trabajar con datos antes de que se hablara de carreras como la de Data Scientist», dice Bruno Ruyu, CEO y fundador de Teramot.
Las empresas cuentan con datos. El problema es que muchas veces no tienen idea de qué tienen y cómo estructurarlos. «Además la data no es lo mismo como la necesita alguien de marketing que un CFO, al trabajar en empresas como YPF fui viendo cómo las corporaciones necesitan poder trabajar con datos en el lenguaje que cada unidad de negocios«, comenta Ruyu.
Ese filtrado de datos muchas veces se hace a partir de una consultoría específica que lleva demasiados meses y altos costos. Sin embargo Bruno sentía que todo se podía automatizar. Su experiencia acumulada en la industria, mas sus años en el Balseiro, le indicaban que había maneras de encarar del problema de una forma más abstracta. Los datos dentro de las organizaciones están mezclados como si fuesen las piezas de varios rompecabezas. Pero cuando el problema se abstrae aparecen patrones: se pueden juntar las piezas por color y de golpe la complejidad decrece. El objetivo es rearmar el rompecabezas desde la perspectiva de cada unidad de negocios, de forma tal que tengan la imagen que les sirve y no la de los demás rompezabezas.
Si bien su intuición le decía que había alguna forma de resolver el problema, no era nada fácil hacerlo. Y ahí se contactó con su antiguo compañero del Balseiro Lucas Uzal que había desarrollado una importante carrera como investigador del Conicet en áreas de Inteligencia Artificial además de haber incursionado en algunas empresas. «Me venía resistiendo a dejar completamente mi etapa en el Conicet, y las propuestas de Bruno me tentaban pero al final comencé primero en otro lado», señala Lucas Uzal que se sumó como cofundador y CAIO (Chief Artificial Intelligence Officer). Ambos se habían entusiasmado con las redes neuronales y sus posibilidades cuando vieron el tema en el Balseiro, y ahora tenían un proyecto en común. El equipo fundador se completó con Leonardo Ruspini como CTO y cofundador de Teramot, dedicado a la ingeniería nuclear y especializado en desarrollo de software.
En Teramot se decidieron por incluir técnicas de machine learning para entrenar modelos que puedan abstraer patrones comunes entre los datos que se quieren estudiar. La idea es ahorrarse el trabajo de consultoría de la ingeniería de datos y tenerlos disponibles de una forma mucho más rápida por los tomadores de decisión.
«Lo que en una empresa puede llevar 7 u 8 meses lo resolvemos en poco tiempo: desde horas a pocos días y a muchísimo menor costo. Y enseguida se puede testear todo por plataformas bien amigables como WhatsApp. Un marketer, por ejemplo, puede pedirle al bot que le ordene las ventas de determinado producto, y luego que le haga un gráfico de las ventas por región. Lo interesante además es que nuestra tecnología también disminuye las alucinaciones que tiene la IA justamente por tener mal trabajado el tema de los datos», enfatiza Ruyu.
Los modelos de IA Generativa están entrenados con grandes cantidades de datos y la carrera que persiguen los LLM (modelos de lenguajes grande) como ChatGPT, Gemini, y Claude es responder las preguntas y pedidos de los usuarios a medida que comprenden mas contextos. Pero no pueden hablar sobre temas específicos de cada compañía. Esos datos no están disponibles en forma pública y son parte del activo intagible de las organizaciones. Estas «burbujas de datos» tienen sin embargo mucho valor, contienen gran parte de la experiencia y el valor de la empresa. Entonces las compañían buscan herramientas para agregarlos a los LLM.
Lucas Uzal, cofundador de Teramot
El problema es que si los datos no están bien organizados se favorecerá la alucinación del modelo. Esto es la IA responderá algo aparentemente muy verídico pero que es falso. Una empresa no puede correr ese riesgo porque conlleva además temas de posibles litigios en su contra. Por lo general los fabricantes ajustan lo que denominan la «temperatura» del modelo, esto es que sea mas creativo (con el riesgo de mayor alucinación) o que se ajuste más a los datos. Pero si los datos están mal por más que se siga una línea conservadora como la que propone Anthropic, las alucinaciones igual aparecerán.
«No es que los datos sean falsos. Es que no están en el ‘Data Lake’ correcto», revela Bruno Ruyu. Si por ejemplo queremos preguntar sobre una notebook, y el Data Lake sólo contiene el manual del usuario de esa notebook, ahí la IA generativa andará muy bien, pero si en lugar del manual del usuario de esa notebook el modelo fue entrenado con el de otra dirá cosas muy verosímiles pero que serán falsas. La artesanía de formar estos Data Lakes, era una materia de la que sólo podían ocuparse consultores especialistas en ingenierías de datos. Eso es lo que están resolviendo en Teramot usando, a su vez, técnicas de IA para definir bien los Data Lakes.
La solución de Teramot ataca entonces un problema importante y crucial en la movida de las empresas hacia la IA. Y eso es lo que vieron en CITES que les dio una primera inversión de US$ 780000 y a la que se agrega la reciente inversión de Ryta Zasiekina por US$ 100.000 adicionales. La inversora ángel y fundadora del innovador proyecto fintech Concryt , Ryta Zasiekina, se enteró de Teramot cuando conoció a su director ejecutivo y cofundador, Bruno Ruyu, en el Programa Ejecutivo de Stanford a principios de este año, en el que ambos estaban estudiando. No se trata además sólo de dinero sino cómo se abren redes de contactos en las grandes ligas gracias a la partipación de Zasiekina.
Con la apertura de oficinas en Silicon Valley en Teramot están listos para su nueva etapa en la que buscarán tener su solución instalada en más clientes para comenzar su crecimiento globlal. La empresa vende su producto como un modelo SAS (software as a Service) que lo tienen en la nube de AWS ya que son partners de la empresa de Amazon y además ello les posibilita mostrar una solución escalable y segura algo crucial cuando se trabaja con datos de clientes.
«El modelo de negocio de Teramot además democratiza el acceso al desarrollo de IA para un gran abanico de organizaciones», señala Gabriel Puertas, Head of Product and Operations. De hecho pensaron en un ticket bajo de unos usd 200 dólares que les permita sumar una buena base de clientes.
Cuando se estaban formando en el Balseiro seguramente no lo habían soñado, pero aquellos jóvenes que discutían ecuaciones ahora están ante el desafío de hacer del Big Data un Smart Data, para que los datos puedan reorganizarse, y así ser la piedra fundamental de una revolución que promete cambiarlo todo.
En un campo a las afueras de Kiev, los fundadores de Vyriy, una empresa ucraniana de drones, trabajaban hace poco en un arma del futuro.
Para mostrar cómo funcionaba, Oleksii Babenko, de 25 años, director ejecutivo de Vyriy, se subió a su motocicleta y recorrió un camino de tierra. Detrás de él, lo seguía un dron, mientras un colega monitoreaba los movimientos desde una computadora del tamaño de un portafolio.
Hasta hace poco, un humano habría pilotado el cuadricóptero. Ya no. En cambio, después de que el dron fijara su objetivo —Babenko— voló por sí solo, guiado por un software que utilizaba la cámara de la máquina para rastrearlo.
El rugido del motor de la motocicleta no fue rival para el dron silencioso que acechaba a Babenko.
Si el dron hubiera estado armado con explosivos y si sus colegas no hubieran desactivado el rastreo autónomo, Babenko habría muerto.
Vyriy es tan solo una de las muchas empresas ucranianas que trabajan para dar un gran paso adelante en la militarización de la tecnología de consumo, motivada por la guerra con Rusia. La presión para superar al enemigo, junto con enormes flujos de inversión, donaciones y contratos gubernamentales, ha convertido a Ucrania en un Silicon Valley de drones autónomos y otros armamentos.
Las empresas están creando una tecnología que vuelve cada vez más tangencial el juicio humano en torno a los objetivos y los ataques. La disponibilidad generalizada de aparatos comerciales, software fácil de diseñar, algoritmos potentes de automatización y microchips especializados de inteligencia artificial ha sido el impulso de una carrera letal de innovación hacia territorios desconocidos, la cual ha avivado una posible nueva era de robots asesinos.
El dron probado por Vyriy, una de las muchas empresas ucranianas impulsadas por la guerra con Rusia a trabajar en la militarización de la tecnología de consumo.Credit…Sasha Maslov para The New York Times
Las versiones más avanzadas de la tecnología que permite la autonomía de los drones y otras máquinas han sido posibles gracias al aprendizaje profundo, una forma de inteligencia artificial que utiliza grandes cantidades de datos para identificar patrones y tomar decisiones. El aprendizaje profundo ha ayudado a generar populares modelos de lenguaje de gran tamaño, como GPT-4 de OpenAI, pero también sirve para que los modelos interpreten y respondan en tiempo real a imágenes de video y cámaras. Esto significa que el software que alguna vez ayudó a un dron a seguir a un surfista sobre nieve por una montaña ahora puede convertirse en una herramienta letal.
En más de una decena de entrevistas con emprendedores, ingenieros y unidades militares de Ucrania, surgió la imagen de un futuro cercano en el que pudiéramos ver enjambres de drones autoguiados que coordinen ataques y metralletas con visión por computadora que abatan a soldados automáticamente. También se están desarrollando creaciones más extravagantes, como un helicóptero planeador no tripulado que utiliza ametralladoras.
Aunque estas armas no son tan avanzadas como los costosos sistemas militares de Estados Unidos, China y Rusia, sí son significativas por su bajo costo —de apenas miles de dólares o menos— y su fácil disponibilidad.
A excepción de las municiones, muchas de estas armas se construyen con códigos encontrados en línea y componentes que pueden comprarse en Best Buy y una ferretería. Algunos funcionarios estadounidenses afirmaron que les preocupaba que estas capacidades pudieran utilizarse pronto para llevar a cabo atentados terroristas.
Para Ucrania, estas tecnologías podrían darle una ventaja contra Rusia, un país que también está desarrollando dispositivos asesinos autónomos, o simplemente ayudarle a mantener el ritmo. Los sistemas complican más un debate internacional sobre las repercusiones éticas y legales de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Agrupaciones de derechos humanos y funcionarios de Naciones Unidas quieren limitar el uso de armas autónomas por temor a que puedan desencadenar una nueva carrera armamentística mundial que podría salirse de control.
En Ucrania, estas preocupaciones son secundarias, dado que la prioridad es defenderse de un invasor.
“Necesitamos máxima automatización”, opinó Mykhailo Fedorov, ministro de transformación digital de Ucrania, quien ha liderado las iniciativas del país para utilizar empresas emergentes del sector tecnológico a fin de expandir las capacidades de combate avanzado. “Estas tecnologías son fundamentales para nuestra victoria”.
Los drones autónomos como el de Vyriy ya se han utilizado en combate para atacar objetivos rusos, según funcionarios ucranianos y videos verificados por The New York Times. Fedorov señaló que el gobierno estaba trabajando para financiar empresas de drones y ayudarlas a aumentar su producción con rapidez.
Un dron armado con una ojiva, que se utilizará en la línea del frente en la región de Járkov, al noreste de Ucrania.Credit…Finbarr O’Reilly para The New York Times
En un destartalado taller en un edificio de apartamentos del este de Ucrania, Dev, un soldado de 28 años de la 92.ª Brigada de Asalto, ha ayudado a promover las innovaciones que han convertido drones baratos en armas. Primero colocó bombas sobre drones de carreras, luego les agregó baterías más grandes para que volaran más lejos y hace poco incorporó visión nocturna para que las máquinas pudieran cazar en la oscuridad.
En mayo, fue uno de los primeros en utilizar drones autónomos, entre ellos los de Vyriy. Dev comentó que, aunque algunos necesitaban mejoras, los consideraba el próximo gran salto tecnológico en llegar al frente.
“Ya hay una gran demanda” de drones autónomos, dijo. Las máquinas han sido especialmente útiles contra las interferencias que pueden interrumpir los enlaces de comunicación entre el dron y el piloto. Si el dron vuela solo, el piloto tan solo podría apuntar a un objetivo y dejar que el dispositivo haga el resto.
Por toda Ucrania han aparecido fábricas y laboratorios improvisados que construyen máquinas a control remoto de todos los tamaños, desde aviones de largo alcance y barcos de ataque hasta drones kamikaze baratos, abreviados con la sigla FPV (la sigla en inglés de “visión en primera persona”), porque los guía un piloto que usa unas gafas similares a las de realidad virtual, las cuales muestran una vista desde el dron. Muchos son precursores de máquinas que en algún momento actuarán por sí solas.
Los esfuerzos por automatizar los vuelos de FPV comenzaron el año pasado, pero se retrasaron debido a contratiempos en la construcción del software de control de vuelo, según Fedorov, quien afirmó que esos problemas se habían resuelto. El siguiente paso era escalar la tecnología con más gasto público, comentó Fedorov, quien agregó que unas diez empresas ya estaban fabricando drones autónomos.
“Ya tenemos sistemas que se pueden producir en masa y que se están probando de forma exhaustiva en el frente, es decir que ya se utilizan activamente”, dijo Fedorov.
En una tarde calurosa del mes pasado en la región oriental ucraniana conocida como el Donbás, Yurii Klontsak, un reservista de 23 años, entrenaba a cuatro soldados para usar el arma futurista más moderna: una torreta con sistema autónomo de detección de objetivos que funciona con un control de PlayStation y una tableta.
Yurii Klontsak, reservista ucraniano, demostrando cómo se utiliza Wolly, una ametralladora automatizada.Credit…Sasha Maslov para The New York Times
Mientras de fondo sonaban estallidos de bombardeos cercanos, Klontsak explicó cómo el arma, llamada Wolly por su parecido con el robot de Pixar WALL-E, puede fijar en automático un objetivo a una distancia de hasta 1000 metros y saltar entre posiciones preprogramadas para cubrir con rapidez un área de grandes dimensiones. La empresa que fabrica el arma, DevDroid, también está desarrollando un sistema de puntería automática para seguir y alcanzar objetivos en movimiento.
“Cuando vi el arma por primera vez, quedé fascinado”, admitió Klontsak. “Entendí que era la única forma, si bien no de ganar esta guerra, al menos de mantener nuestras posiciones”.
El arma es una de las varias que han aparecido en el frente con software entrenado por inteligencia artificial para rastrear y disparar a objetivos de forma automática. Casi igual que en la identificación de objetos de las cámaras de vigilancia, el software rodea a las personas y otros posibles objetivos con un recuadro digital en una pantalla. Lo único que debe hacer el tirador es apretar el gatillo a distancia con el control de un videojuego.
El comandante Oleksandr Yabchanka, a la izquierda, publicó en Facebook una petición abierta de una ametralladora teledirigida computerizada. Ello estimuló la innovación y las empresas intentaron ayudar.Credit…Sasha Maslov para The New York Times
A menudo, las exigencias del campo de batalla unen a ingenieros y soldados. Oleksandr Yabchanka, comandante de Lobos Da Vinci, un batallón conocido por su innovación en armamento, recordó cómo la necesidad de defender la “carretera de la vida” —una ruta utilizada para hacer llegar suministros a los soldados que luchaban contra los rusos a lo largo de la línea del frente oriental en Bajmut— había estimulado la inventiva. Mientras imaginaba una solución, publicó una solicitud abierta en Facebook de una metralleta computarizada por control remoto.
Después de varios meses, Yabchanka obtuvo un prototipo funcional de una firma llamada Roboneers. El arma fue útil para su unidad casi al instante.
“Podíamos sentarnos en la trinchera a beber café, fumar cigarros y dispararles a los rusos”, comentó.