Inundaciones y cambio climático: el caso de Bahía Blanca

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Una investigación atribuye el aumento de las lluvias extremas que desembocaron en las inundaciones que sufrió Bahía Blanca al cambio climático provocado por el hombre y no a la variabilidad natural del clima. Por qué estos eventos podrían ser cada vez más frecuentes y qué hacer al respecto.

La lluvia que cayó sobre Bahía Blanca, Villa Longa y Pedro Luro el último 7 de marzo fue de carácter totalmente excepcional si se la compara con los registros pasados. ClimaMeter, un equipo internacional de investigación del que forman parte Marisol Osman y Silvina Solmon, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con científicos de países europeos, no identificó una influencia significativa de fuentes naturales de variabilidad climática en estas precipitaciones, lo que implicaría que el principal factor de este fenómeno extremo sería el cambio climático generado por la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana.

El fenómeno de lluvias extremas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con un total de 290 milímetros de lluvia que cayeron el viernes 7 de este mes, rompió el récord de precipitación diaria en esta zona y derivó en inundaciones que provocaron la evacuación de 1.400 personas y 16 fallecimientos en la ciudad de Bahía Blanca.

“Lo que hicimos fue mirar situaciones parecidas en el pasado y hacer una clasificación en la que se puedan diferenciar distintas condiciones meteorológicas y variaciones en la atmósfera, como viento, lluvia o temperatura, dado que existe la variabilidad natural del clima: los veranos no son siempre iguales, pueden ser más húmedos o más secos, por ejemplo. Si se piensa que la atmósfera está más caliente hoy en general, y que se acumula más vapor cuando la temperatura está más alta, se esperaría que llueva más cuando se libera ese vapor de la atmósfera”, explicó Osman, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CNRS–IRD–CONICET-UBA) y del Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos.

La investigación se basó en un banco de datos, ERA5, que comprende registros del clima (temperaturas, lluvias, presión y viento, entre otros) y de reportes meteorológicos de los últimos 80 años a nivel global. “Esta interpolación de datos nos permite hacer comparaciones con eventos del pasado”, dice Osman. Y aclara que trabajar con datos de este tipo mediante el reanálisis de los mismos, “puede tener ciertas limitaciones y lo ideal sería que se pudiesen incorporar al modelo datos de estaciones meteorológicas cercanas, pero el proceso de disponibilización de esos datos tarda un poco más, sobre todo cuando se quiere tener algo rápido por un evento en particular como el de esta inundación. Con más tiempo vamos a poder usar los datos de las estaciones meteorológicas de la región, que probablemente coincidan”.

Con el objetivo de mitigar las inundaciones de la zona bahiense, se construyó el Canal Maldonado para el drenaje del agua del arroyo Napostá durante períodos de precipitaciones intensas. Sin embargo, en una lluvia que superó todos los registros precedentes esto no fue suficiente, provocando graves anegamientos urbanos. En el año 2012, Paula Zapperi, científica del CONICET y del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), publicó un estudio como parte de su tesis de doctorado en el que advertía sobre el efecto de las lluvias intensas en las áreas de menor pendiente de Bahía Blanca.

Informes como el Sexto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en inglés) señalan que este tipo de eventos extremos pueden volverse más frecuentes en distintas zonas del mundo y hasta empeorar si las temperaturas globales superan los dos grados centígrados con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial. Las últimas noticias no son alentadoras: el año 2024 fue el más caluroso del que se tenga registro en el planeta (desde 1850) y el primero en superar los 1,5 grados celsius de calentamiento.

Según Osman, “de seguir aumentando la temperatura, el reporte del IPCC no solo espera un aumento en la frecuencia de estos eventos de lluvia extrema, sino también su concentración en pocos días y horas, con lo que por eso también se debe pensar en la infraestructura disponible para que el agua escurra en menos tiempo”.

La investigadora también destaca el rol del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que empezó a emitir alertas dos días antes, que fueron incrementando su intensidad. “Ese tipo de medidas es parte de las estrategias que tienen que  tener las ciudades para adaptarse al cambio climático. El SMN ha construido un sistema de emisión de alertas que no tiene nada que envidiar al de otros organismos de otras partes del mundo. Pero esto tiene que ir acompañado de una buena coordinación con otras agencias del Estado que pongan a la población a salvo. Una medida absolutamente impopular, como suspender las clases ese viernes, salvó muchas vidas”, dijo. Y agregó: «Hay un componente de las ciencias sociales que trabajaba en el SMN, con funciones muy importantes en cuanto a la comunicación y al trabajo con la comunidad, que se ha visto reducido. Que el SMN siga contando con personal calificado es muy necesario, al igual que mantener y mejorar estos sistemas de alerta”.

Bruno Massare

La 1ª operación con los fondos del nuevo acuerdo con el FMI será… un pago al Fondo

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La primera operación concreta de uso de los dólares que lleguen del facilidades extendidas que se firmará, en breve, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está acordada. Los negociadores del Ministerio de Economía local y los miembros del staff técnico del organismo financiero cerraron la posibilidad de que parte del dinero que llegue por el nuevo acuerdo se utilice para cumplir con el vencimiento del pago de capital e intereses de los Globales y Bonares que deben liquidarse el 9 de julio próximo, y que representan el mayor compromiso financiero del país hasta fin de año. La deuda que habrá que cubrir alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales, y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos, representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que, despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.

La habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de facilidades extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción financiera para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente, como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc.), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadoras que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del facilidades extendidas se utilice para el vencimiento. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario dedeuda internacional aún no sería conveniente, dado que en el mejor de los casos se descarta que el riesgo país tendrá una contracción importante de los más de 750 puntos básico que rigen actualmente. Pero aún lejos de un 300 o aún menor nivel que le permita al equipo de Caputo recurrir a la colocación de algún bono de deuda. Menos por un monto como el que se necesita para cumplir con el vencimiento.

Para una operación de este tipo, saben en el Palacio de Hacienda, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que quedará despejar, luego del acuerdo con el FMI. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y luego comenzaría a caer el riesgo país, al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por el contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad.

El uso del dinero del FMI para el pago de julio es aire puro para los complicados pulmones de pago de deuda con que se vienen manejando Caputo y su gente desde comienzos de año. La falta de ritmo ascendente en la recuperación de las reservas, incluyendo los días de ventas de la semana que terminó, no le permite al ministro y su gente aventurar un futuro provechoso en cuanto al ingreso de divisas para reforzar el azul del BCRA, por fuera del dinero que llegará de Washington una vez que se terminen las negociaciones con el FMI y se firme en nuevo acuerdo. La posibilidad de mostrarle al mercado que el dinero está (venga de donde venga) es clave para restablecer la confianza de los viejos y nuevos tiburones que se manejan en el mercado de capitales local con catalejos enfocados desde dentro y fuera de las fronteras argentinas. Estos operadores vinculados a los money makers solo tendrán confianza en que se puede cerrar 2025 el día después que Economía haya cumplido en tiempo y forma con el pago de las obligaciones del vencimiento más importante del año, el de julio. Y que, en lo posible, se haga con un Ministerio de Economía a plena acción y con la situación controlada.

Estos Bonares y Globales que se liquidarán en julio son títulos públicos que forman parte de los instrumentos de deuda emitidos por el Estado nacional durante el canje de deuda que cerró el exministro de Economía Luis Guzmán, durante su gestión como habitante plenipotenciario del oficialismo en el Palacio de Hacienda, en los tiempos en que en la Casa Rosada intentaba hacerse fuerte el expresidente Alberto Fernández.

Los Bonares y Globales que se pagaron el 9 de enero se emitieron en septiembre de 2020, en la reestructuración de deuda negociada por el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) y se caracterizan por tener una tasa de interés muy baja (los que vencen en 2030 pagan menos del 1%), costo que va creciendo a lo largo de los años y varía según la fecha de vencimiento. Ambos títulos tienen características muy similares y lo que los diferencia es la ley aplicable: los Bonares están sujetos a la ley argentina y los Globales se rigen bajo la ley de Nueva York, Estados Unidos. Ambos son emitidos en dólares y tienen fecha de vencimiento final en 2029, 2030, 2035 y 2041, entre otras. La letra fina del acuerdo de 2020 indica que en total son más de vobligaciones que tienen plazos que van desde los 8 a los 25 años. Estos bonos pagan amortizaciones en cuotas semestrales de capital, al que hay que sumar los intereses.

Fueron emitidos por el gobierno anterior y representan, quizá, la única política de Estado, en términos financieros, que se sostiene de una gestión a otra.

Por lo demás, se sabe que el programa que se firmará será el de facilidades extendidas con el Fondo y que antes de la tercera semana de abril estará aprobado por el Board del organismo que maneja Kristalina Georgieva. Incluirá una reducción de la tasa de interés del 6,46% del acuerdo vigente desde el gobierno de Alberto Fernández a una del 5,63%. Esto es, 80 puntos básicos. Y teniendo en cuenta que el programa será a diez años con cuatro años de gracia para pagar capital, el ahorro total alcanzaría los 3 mil millones de dólares. A esto habrá que sumar la contracción que se produzca periódicamente por el perdón que el FMI aplica a los países emergentes por el castigo de haber tomado deuda por encima de la capacidad de pago de estas economías. En total, el ahorro por tasas de interés, podría alcanzar en diez años los 5 mil millones de dólares.

Esta definición quedó clara, y pasó algo desapercibida, en la exposición que el viceministro de Economía José Luis Daza dio en el Congreso el lunes pasado, al pedir de parte del Ejecutivo la aprobación del DNU que le habilita al Poder Ejecutivo las negociaciones finales por el facilidades extendidas. El funcionario no aclaró, como tampoco lo había hecho Luis “Toto” Caputo, el monto final que se negocia con el FMI, pero dio una tenue precisión mayor a la del ministro. Daza

dijo que “no hay un monto máximo”, lo que implica que ya está cerrado el mínimo que el FMI le girará a la Argentina. Tal como adelantó este medio, serán unos 9.800 millones de dólares, dinero coincidente con el total de divisas que el país le giró al Fondo desde el segundo trimestre del año pasado hasta febrero de este año, por el cumplimiento del facilidades extendidas vigente, y que hubiera correspondido que el FMI le devolviera al Banco Central. Esos casi 10 mil millones serán el piso que recibierá Argentina y, probablemente, de manera rápida y directa. El resto del préstamo sería girado a partir del cumplimiento de las metas trimestrales. Daza aclaró en su exposición en el Congreso que de la velocidad de la liquidación del acuerdo dependerá la “la forma de salida del cepo”.

Carlos Burgueño

Las Fuerzas Armadas argentinas buscan drones en Italia e Israel. ¿En serio?

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Zona Militar – A la fecha, a pesar de diversos esfuerzos y desarrollos listados en el pasado, las Fuerzas Armadas argentinas no disponen de vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE que cumplan diversos requisitos y misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del espacio aéreo nacional, así como del extenso y vasto litoral marítimo. Con esta imperiosa necesidad a cuestas, se ha formulado toda una serie de estudios, los cuales serán ampliados con próximas visitas que comisiones de la Armada Argentina (ARA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizarán a Italia e Israel, en el marco del aceitado vínculo bilateral que la Presidencia de la Nación mantiene con ambos gobiernos.

Si bien muchos detalles se mantienen en reserva, fuentes consultadas han indicado que la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea podría, aunque no necesariamente, coincidir con una futura visita del presidente Javier Milei a alguno de estos países. Más allá de este dato de color, la realidad indica que las autoridades militares vienen evaluando diversas alternativas y propuestas para incorporar nuevos vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE, los cuales pueden operar durante largos períodos de tiempo gracias a su gran autonomía, en vuelos de apoyo al Instrumento Militar en altitudes medias.

En el caso de la visita de la comisión a la República Italiana, el viaje de los representantes argentinos tendría como destino la ciudad de Trieste. En esta ciudad del norte de Italia se emplazan varias instalaciones y centros de desarrollo de la firma Leonardo, la cual ha ofrecido vehículos aéreos no tripulados de la familia Falco, sin precisar qué versiones.

Actualmente, y tal como señala la firma italiana de forma oficial, la familia de UAV de esa línea se compone del Falco EVO y Falco Xplorer, los cuales cumplen misiones que van desde funciones ISR hasta designación de blancos. En el caso del Xplorer, debe destacarse que se encuentra equipado con un radar SAR y sistemas de guerra electrónica y recolección de inteligencia SIGINT, los cuales lo convierten en una plataforma necesaria para operaciones en entornos marítimos.

Para la visita a Israel, la comisión tendría previsto visitar las instalaciones de la empresa Israel Aerospace Industries (IAI), la cual buscaría posicionar sus drones MALE de la familia Heron. No obstante, un detalle a tener en consideración es la no confirmación de si representantes del SIBAT, principal organismo para la exportación de equipamiento militar a otros países, participarían en el itinerario fijado por la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea.

Tal y como señala IAI, el Heron es un “… sistema aéreo no tripulado (UAS) de Altitud Media y Larga Autonomía (MALE) operado por clientes de todo el mundo en misiones estratégicas, tácticas y de seguridad nacional”.

Añadiendo que cuenta con la capacidad “… de realizar operaciones continuas durante hasta 45 horas a altitudes de hasta 35.000 pies, el Heron es una plataforma robusta y probada en combate…”, la cual dispone de “… hasta seis cargas útiles de misión diferentes de forma simultánea, lo que permite ejecutar misiones complejas de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) sobre terrenos variados, incluidos montañas, bosques, selvas, pantanos, entornos marítimos o áreas urbanas”.

Juan José Roldán

Comentario de AgendAR:

El licenciado Juan José Roldán se olvida, un error frecuente, que en su breve intervención en FAdeA, entre 2014 y 2015, INVAP diseñó dos MALES bimotores, e incluso construyó y testeó el motor «made in Argentina» de ambos. La planta de potencia fue la tercera diseñada por la Argentina desde los años ’50. Algo sabemos en el país de motores pistoneros.

Sabemos un poco de todo. De guiado robótico, sabemos bocha. INVAP construye (construía) satélites, los SAC A, B, C, D y los SAOCOM 1 y 2 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. A sumar, los 2 ARSAT 1 y 2 para la empresa (obviamente) ARSAT. Nacional, también obviamente.

Los satélites, don Roldán, son básicamente drones que vuelan por fuera de la atmósfera. Necesitan de mucha autonomía de navegación y respuestas rápidas, porque en órbita baja las cosas se mueven a veces a 28.000 km/hora y hay que esquivar o mitigar impactos, tormentas solares, cambios de densidad de la ionósfera, etc. Supongo que eso en la UCES se lo enseñaron. ¿O no?

El Mago Berta, a su vez, fue el preparador de la Escuadra Torino que ganó en Nürburgring en 1969. Los Torino eran muy veloces, y además, lindos. Diseño y fabricación cordobesas. Tremendos motores. Tremenda provincia.

¡Alto ahi!, me dice el colega Julio Mosle, periodista estrella de la difunta TELAM. «El Torino fue un rediseño total del Rambler a cargo del quíntuple campeón argentino de Fórmula Uno, Manuel Fangio, y se hizo en la planta de Monte Chingolo que la cordobesa IKA le había comprado a los Di Tella. Con el éxito del auto y los conflictos sindicales, la fabricación del Toro la IKA la mudó a Santa Isabel, en Córdoba Capital. Imaginate si seríamos picantes los chingoleros que IKA prefirió irse ahí… ¡¡En plano Cordobazo!!».

Otro día le explico el Cordobazo, licenciado Roldán. Pero hablemos en cambio de chicas lindas, como SARA, que es de Córdoba pero también de Bariloche. Mauricio Macri liquidó el proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino) al toque de asumir. También los satélites ARSAT 2,3,4,5 y 6. Y de paso, los SAOCOM 3 y 4, y ya que estaba, el SABIAMAR, mucho más sencillo que los SAOCOM porque es óptico, y no de radar.

Los ARSAT 1 y 2 que supimos conseguir siguen en vuelo. Tienen vida útil garantizada hasta 2030 o 2031. Ganan U$ 40 o 50 millones por año. Los SAOCOM 1 y 2 también siguen en órbita, con sus pantallas de radar en banda L del tamaño de una cancha de squash. En esa banda de longitud de onda bastante mayor que la X, la más frecuente en aplicaciones militares, se pueden detectar desde las estelas que deja un barco en el mar, a la presencia de aviones stealth, aunque sin la precisión de un radar de puntería en banda X.

Eso lo descubrimos después de ponerlos en órbita, porque los SAOCOM son satélites básicamente civiles y dedicados a medir agua en el suelo. Por algo sucesivos gobiernos atrasaron 20 años su construcción y despliegue, negándole fondos. Al menos, con la banda L uno sabe adónde buscar intrusos, y luego apuntarles con banda X. Es lo que hacen los cazas Sukhoi 54, donde casi todo el borde de ataque del ala es una antena enorme en banda L.

Avísele a sus lectores. Tremenda diseñadora y fabricante, INVAP.

Vemos que el Ejército Argentino no participará de esta misión de compras.

Tiene su lógica: fueron la única Fuerza Armada que respaldó el proyecto SARA, el cual la Fuerza Aérea y la Armada ignoraron apasionadamente, con esa vehemencia que tienen por comprar afuera y el turismo militar. Lo del Ejército a su vez tiene dos lógicas más: la segunda es bastante tradición industrial. El Ejército fundó YPF, Fabricaciones Militares, las acerías más importantes de Sudamérica e incluso, en 1927, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Algo de eso le queda.

La tercera es que el Ejército es la única fuerza armada que ve la atmósfera como terreno de operaciones a conquistar. La Fuerza Aérea y la Armada deberían hacerlo por definición fundacional, pero no ejercen.

Algo debe hacer el Ejército al respecto, y de bajo costo y despliegue rápido.

Pragmático, el Ejército empezó «por abajito»: pidió un modelo de observación óptica desde baja altura, guiado autónomo, cámaras multiespectrales e infrarrojas, y de la mayor autonomía posible en vuelo, pero no necesariamente de gran distancia.

«Necesitamos 40 kilómetros, no mucho más. Es el alcance máximo de nuestra artillería», le dijeron al entonces dúo INVAP-FAdeA. El modelo de demostración, es decir el pre-prototipo, era chiquito, con un motor de 14 HP que sonaba como una cortadora de pasto. Había muchos asuntos a testear, entre ellos el sistema de comandos a distancia y luego la navegación plenamente autónomo. Obviamente en sus primeros vuelos semiautónomos se dió un par de porrazos en el aterrizaje.

Con Macri presidente, llegó la orden de no repararlo. Mala para el Ejército, que ya en 2014 pensaba que las guerras terrestres en grandes espacios se parecerían a la de Ucrania. Si tenés poca munición de cañón de 155 mm., lo mejor es que caiga exactamente donde está el enemigo, llueve, truene o brille el sol, y sobre todo, de noche, para que no duerma.

También importa que los drones recuperables sean muchos, simples, de alta velocidad de reposición y de fabricación local, por asuntos de repuestos. Te boicotea el país proveedor y se quedan en tierra.

Difícil que los drones SARA se quedaran sin repuestos, o que se cubrieran de polvo en un hangar por obra de un kill-switch activado a distancia. Esas cosas, como acaban de descubrir Alemania y Ucrania con sus cazas F-35 y F-16 respectivamente, existen. Y aparecen públicamente sólo por algún desacuerdo entre cancillerías.

Como el de hoy entre Trump, que quiere terminar la guerra de Ucrania ya antes de que Rusia siga ganándola, y la OTAN fundacional de nueve miembros, que quiere seguirla hasta que caiga el último ucraniano. Ya sabían desde antes de comprarlos que sus cazas Lockheed de toda marca y modelo tenían kill switches, pero con los rusos avanzando no muy despacio hacia el río Dnieper, acaban de recordarlo.

¿DEMASIADO JÓVENES O DEMASIADO CHETOS?

Los licenciados en defensa de universidades privadas como la UCES son demasiado jóvenes para acordarse de Berta y de la Escuadra Torino, y demasiado faltos de escuela pública como para hacer compartido aulas con hijos de obreros y técnicos industriales. En suma, demasiado chetos y criados en un Tupperware como para entender que no hay Argentina posible sin fábricas, y demasiado liberales para entender que un país sin industria de armamentos propia es, básicamente, inapto para la autodefensa.

La vieja FM, la FMA y los Astilleros TANDANOR y Río Santiago tenían miles de proveedores industriales privados, metalúrgicos, metalmecánicos, químicos, electrónicos, dedicados mayormente al mercado interno, con cantidad de exportadores, y siguen las firmas. Mi amigo Miguel Irazoqui en los ’60 y de veinteañero trabajó en el complejo industrial aeronáutico cordobés cuando éste producía desde aviones militares y de transporte a Rastrojeros. Él particularmente se dedicaba al maquinado de ruedas de ferrocarril para exportar a… China. SIC.

La industria de defensa, cuando la tuvimos, fue la defensa de nuestra industria. Y hasta hace muy poco.

A AgendAR le gustaría saber la opinión del Gral. Brigada (RE) Juan Paleo, uno de esos industrialistas que a veces produce el Ejército, sobre este asunto de comprar a Italia o Israel aparatos que podemos fabricar sin ellos, en cantidad serial, con motores y sensores ya desarrollados y probados por INVAP, Fix-View y aprobados por la Fuerza Aérea y la Armada. Se pagan en pesos y los drones resultantes la Argentina los puede exportar a quien se nos dé la real gana.

Y eso sin que Tel Aviv, otrora proveedora no entrometida de nuestra aviación, venga a decirte «a Bolivia, no, porque dejamos sin aviónica al proyecto Pampa 3. Por alguna causa, en esa capital habían decretado antisemita a Evo Morales, a la sazón presidente de Bolivia. Imagínese comprarse los Heron y quedarse sin mantenimiento porque Netanyahu se chifla si la Argentina vota en la ONU contra la masacre de los pueblos palestinos.

Nunca pudimos exportar un Pampa porque de sus alrededor de 20.000 componentes, sólo 3.400 son de industria nacional. Peor aún, nunca pudimos fabricarlo en series de 6 o 12 por año, porque el resto del avión viene de arafue y se gatilla en dólares. Y si un buen avión de precio razonable no se vende durante 43 años, algo está fallando en el país, más que en el avión.

Nuestra idea fija es que los drones argentinos sean argentinos en su casi totalidad, para producir trabajo en lugar de deuda externa, y que sean pagables en pesos argentinos a empresas argentinas.

Empresas argentinas, entre otras cosas, para que EEUU, la OTAN o Israel no nos elijan los enemigos con el verso de la «interoperabilidad» con la OTAN.

¿Nuestros conflictos legítimos son únicamente los que fija la OTAN? ¿Qué partes de la OTAN, que está un poco fracturada? Armas argentinas para que si los malos de nuestra historia pasada y futura (no han cambiado) se vienen por la ocupación unilateral de más territorios argentinos, que al menos les dé un poco de miedo.

La política de comprar chatarra OTAN sólo sirvió para perder las islas del Atlántico Sur, y la de desarme unilateral de nuestra democracia, rara forma de castigar a TODOS los militares para perdonar a los genocidas, nos costó unos 2,2 millones de km2 adicionales de territorios marinos.

Los drones argentinos como los SARA, degollados en la cuna, pueden resucitar no bien la Argentina renacionalice sus Tres Poderes, limpie de basura legislativa reciente su Constitución Nacional, y logre detener el avance del Reino Unido sobre nuestro Atlántico Sur y nuestra porción de Antártida, continente del que fuimos los primeros ocupantes fijos, y desde 1904.

Volver al futuro no es ciencia ficción ni tecnología ficción. Es política ficción, algo más fácil y más difícil.

Si el proyecto SARA resucita con MALES, HALES (de gran altura), o simples drones de ala fija y «de ida y vuelta», o cuadricópteros kamikaze, dejaremos de ser el único país de Sudamérica al que entre gringos ajenos y vendidos propios le cambian continuamente los límites marinos y antárticos, y en su detrimento. Y quién te dice, Córdoba vuelve a fabricar cosas que vuelan, y a emplear recursos humanos calificados.

La necesidad tiene cara de hereje, pero es buena maestra. San Martín necesitaba cañones para cruzar la cordillera y limpiar a Chile de godos virreinales, y la entonces nebulosa Confederación Argentina le negaba recursos. Don José confió al cura franciscano Fray Luis Beltrán la fabricación de armamento propio para una campaña que vendría difícil.

Beltrán, con la sola ayuda de la Enciclopedia Francesa, baquía propia de metalúrgico en las maestranzas de O’Higgins y no poca vocación de aprender por prueba y error, terminó fundando las maestranzas de Plumerillo, Mendoza, las primeras piezas de artillería del mundo capaces de desmontarse en módulos, cruzar los Andes a lomo de mula, rearmarse en la ladera occidental y empezar, en Maipú y a tiros de paquetes de metralla, con la liberación de Sudamérica.

El Plumerillo no era un barrio de finde para los mendocinos ricos, que odiaban a San Martín. Fue la sede de nuestra primera Fabricaciones Militares.

Sí, los cañones españoles eran mejores, pero predecibles, y las nuestros sorprendieron con su sola existencia al ejército español, al que los espías de San Martín le pasaban fake-news a velocidad del Gran Diario Argentino. Y Beltrán y San Martín no fueron a comprar cañones a España. No fabricar armas propias sólo sirve para que otros te fabriquen guerras, frecuentemente en tu propio territorio. Y lo principal: no se compran armas al enemigo.

Dicho por don Bartolomé Mitre, político nada industrialista y general que perdió todas sus batallas, el cura Beltrán fue un “matemático, físico y químico, artillero, relojero, pirotécnico, dibujante, herrero, carpintero”. Fue tal su influencia que aún hoy, sin ya casi nuestra principal industria mayor, la fierrera, el día de su nacimiento se conmemora el día del metalúrgico. Beltrán fue una especie de INVAP resumido en una sola y escueta persona.

Restituir el proyecto SARA sería poder sostener guerras largas sin ayuda ajena, sobre todo en RRHH calificados en sistemas de navegación, sensores y aviopartes.

Es algo que al parecer hoy no logra hacer Ucrania, aunque en 2022 tenía el puesto número 14 entre los países exportadores de armas. Los ucranianos no están perdiendo por cobardes o por pocos, o porque las tácticas rusas sean geniales. Están perdiendo porque los rusos fabrican cada vez más su propio armamento, y la OTAN, no. Europa Occidental depende en más o menos un 65% de armas y componentes fabricados en EEUU. Eso incluye a las anomalías con marcas propias de cazas supersónicos, como Suecia con su Gripen y Francia con sus Rafale.

Para el caso, si la cosa se pudre a nivel global, Italia e Israel tampoco logran zafar solos en esto del armamento propio, con sus Falco y sus Heron tan cautivos de aviónica británica o estadounidense a bordo. Tendrían que aprender rápidamente chino y ruso, para ver qué logran salvar de la inundación. ¿Y estos van a ser nuestros proveedores?

¿Nos van a dar clases de tango, además?

Daniel E. Arias

En AgendAR hemos publicado mucho sobre drones, el arma más característica de las guerras en este siglo XXI. Acercamos 8 de estos artículos aquí.

Rafael Grossi: «Considero “seriamente” postularme a Secretario General de la ONU»

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El director del OIEA ganó relevancia en los últimos años debido a su gestión frente a diversas crisis internacionales, particularmente la guerra en Ucrania.

NUEVA DELHI -El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, señaló que considera postularse para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU. En una entrevista con India Today Global, el diplomático reconoció haber considerado seriamente la posibilidad de ocupar el cargo, que quedará vacante en 2026.

“Estoy pensando seriamente en eso”, apuntó durante la entrevista, en la que habló del creciente sector nuclear de la India, al que calificó como uno de los “más dinámicos” de Asia y del mundo.

“Creo que la gente ha estado hablando sobre la posibilidad de mi candidatura, al observar lo que hemos discutido hoy: el papel crucial que jugó el OIEA en el contexto de una guerra, donde hemos logrado mantener conversaciones con el presidente [Vladimir] Putin y el presidente [Volodimir] Zelensky sin comprometer nuestras misiones. También hemos desempeñado un papel importante en Medio Oriente y en la colaboración entre China y Japón respecto a [la planta nuclear de] Fukushima”, argumentó.

A pesar de las especulaciones sobre su posible postulación como futuro secretario general, Grossi precisó que aún no recibió una propuesta formal, y destacó: “El proceso aún no empezó”. Aunque la selección para 2026 está a un año de distancia, ya se abrieron los debates sobre los posibles aspirantes. La tradición de rotación geográfica de la ONU sugiere que el próximo secretario general podría ser de América Latina y el Caribe, y diversos sectores promueven una candidatura femenina, tras 78 años de liderazgo masculino.

El proceso de selección del secretario general de la ONU involucra varias etapas. Los candidatos son propuestos por los miembros del Consejo de Seguridad, quienes consideran cualidades como la experiencia, habilidades diplomáticas y representativas, y el apoyo internacional. Los cinco miembros permanentes del Consejo tienen derecho a veto, lo que significa que un solo país puede bloquear una candidatura. Tras las deliberaciones y negociaciones, el Consejo de Seguridad recomienda al candidato, y luego la Asamblea General debe aprobarlo.

En América Latina, se mencionan como posibles candidatas al cargo la expresidenta chilena Michelle Bachelet (también fue directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013, y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022); la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa. Todas ellas aparecieron en encuestas informales realizadas entre el personal de la ONU, lo que refleja el interés por su liderazgo.

La semana pasada, Bachelet dijo en un foro en Nueva York que está evaluando ser candidata para liderar las Naciones Unidas. “Estoy pensando… Quizás voy a ser candidata a la secretaría general” de la ONU, dijo la exmandataria, de 73 años.

Además, se barajan otros nombres, como el del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos (ganador del Premio Nobel de la Paz en 2016), aunque su equipo desmintió cualquier intención de postulación.

Estos nombres evidencian la diversidad de opciones y la complejidad del proceso de selección, que requiere alcanzar un consenso entre los países miembros de la ONU.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el cargo en enero de 2027. Aunque pueda parecer temprano para debatir sobre posibles candidatos, muchos coinciden en que es esencial iniciar la discusión con anticipación. Como destacó Elina Valtonen, ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, “es muy importante comenzar a hablar de esto, porque también creo que es una cuestión de qué debería ser del futuro de la ONU y del Consejo de Seguridad”.

Valtonen, al igual que otros dirigentes, subraya la relevancia de que la ONU tenga a su primera mujer como líder. “Este cargo debe basarse, sin duda, en méritos, pero creo que sería realmente notable si nuevamente no fuera una mujer la elegida”, señaló en una conferencia de prensa en enero pasado.

A pesar del creciente impulso para que la próxima secretaria general sea una mujer, la figura de Grossi ganó relevancia en los últimos años debido a su destacada gestión frente a diversas crisis internacionales. Su capacidad para navegar situaciones complejas, especialmente en su papel en la guerra en Ucrania, consolidó su imagen como un líder pragmático y experimentado, capaz de manejar los retos más difíciles en el escenario global.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, Grossi desempeñó un papel crucial en la supervisión y aseguramiento de la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas. En un contexto de creciente preocupación por los riesgos de un accidente nuclear debido a los ataques cerca de plantas como la de Zaporiyia, la mayor de Europa, Grossi trabajó para garantizar que el OIEA mantenga su capacidad de intervención y apoyo, al promover la desmilitarización de las instalaciones nucleares y el establecimiento de zonas de seguridad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el secretario general del OIEA, Rafael Grossi, en Sochi, el 6 de marzo de 2024.
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el secretario general del OIEA, Rafael Grossi, en Sochi, el 6 de marzo de 2024.- – Kremlin

Su involucramiento no solo se limitó a su trabajo con Ucrania, sino que también ha buscado canales diplomáticos con Rusia. En este sentido, una de sus acciones más significativas fue su reunión con Putin, en la que se discutieron temas clave de seguridad nuclear en el contexto de la guerra.

Además, su postura firme en rechazo al uso de armas nucleares y su continuo llamado a la diplomacia nuclear en tiempos de tensión internacional reforzaron su reputación como un defensor del multilateralismo y la paz. En medio de la incertidumbre generada por la guerra, Grossi subrayó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos entre las potencias nucleares y de aplicar regulaciones rigurosas que eviten el uso indebido de la tecnología nuclear.

La disolución del Instituto Nacional del Cáncer

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Preocupa la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, que se suma a los despidos y renuncias masivas en el Ministerio de Salud de la Nación. Una solicitada firmada por casi 1200 organizaciones y particulares que circuló esta semana alerta sobre los posibles impactos de esta medida en la salud de la población y sobre todo en los sectores más vulnerables. 

La semana pasada, el Ministerio de Salud anunció que absorberá las tareas del Instituto Nacional del Cáncer (INC) tras el despido de un tercio de las y los trabajadores de su planta, a quienes no se les renovaban los contratos desde diciembre de 2024. Estas medidas ponen en riesgo la continuidad de varias líneas de políticas sanitarias que se desarrollan desde este organismo, como las de control, prevención y cuidados paliativos.

Tras conocerse esta noticia, más de 1200 organizaciones y particulares, entre los cuales hay pacientes, médicos, políticos y sindicalistas, publicaron una solicitada en la que manifiestan su preocupación por esta medidas y los posibles impactos que puedan tener en la salud de la población más vulnerable, que es la que mayoritariamente accede a estos servicios, en un país adonde la pobreza alcanza a la mitad de las personas.

“Es una expresión de preocupación y un pedido de que no se cierre el Instituto Nacional del Cáncer, una solicitada que estamos compartiendo con los medios porque no tenemos respuestas y, salvo el propio ministro –de Salud, Mario– Lugones, en este momento no hay una persona designada con quien podamos hablar por cualquier tema referido al cáncer”, afirma Alexis Descourvieres, que integra la Red Unidos por el Cáncer y el grupo de mamás y papás contra tumores cerebrales pediátricos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).

Por su parte, Daniel Gómez, que fue director del INC entre 2013 y 2014, advierte que la pregunta central es adónde serán absorbidas las funciones de esta institución dentro del ministerio. “Si es en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, se le agregan cuatro capas de burocracia para cada trámite. Ahora, para cada cosa que haya que hacer, se van a necesitar cuatro firmas más por arriba, porque pasan al nivel más bajo de la Administración Pública Nacional y tendrá que pasar por todos los rangos burocráticos: ministro, viceministro, secretario, subsecretario y recién ahí director”, advierte el ex funcionario.

Otra “gran ventaja adicional” que tenía el INC era que los directores y las personas que allí se desempeñaban eran especialistas en oncología. “Ahora, las firmas que se agregan a los procesos no van a ser de oncólogos, pueden ser contadores, economistas o politólogos, que no van a tener la misma capacidad de comprensión de la necesidad y la urgencia que exigen ciertas decisiones en este tema”, se lamenta Gómez.

Incidencia de cáncer en la Argentina

Incidencia de cáncer para las principales localizaciones topográficas en varones y mujeres estimadas por la IARC para la Argentina en 2020. Tasas ajustadas por edad según población mundial por 100.000 varones y mujeres. Fuente: argentina.gob.ar

Entre supuestos y acusaciones

En su cuenta de la red social X. el ministro y empresario de la salud, Mario Lugones, argumentó que “esto se dio a partir de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos a punto de vencerse, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”, y aseguró que garantizarán todas las funciones del INC.

“Lo que no dicen es cómo van a hacerlo”, cuestiona Gómez, y agrega que el argumento de las “supuestas” irregularidades detectadas en las compras y otros procedimientos es incongruente: “Para eso hay auditorias y, si se llega a detectar alguna irregularidad, hay que resolverla, y si hay alguien involucrado, se inicia un sumario administrativo o una causa penal, pero no por eso hay cerrar la institución, porque cerrás todo y dejás a la gente sin nada”, subraya.

Desde su creación, por el Decreto 1286/2010 y su consolidación mediante la Ley 27.285, en 2016, como organismo descentralizado y autárquico, el INC ha sostenido programas esenciales de prevención, control, tratamiento e investigación del cáncer. Por ejemplo, el control de los cánceres de mama y colorrectal, el sistema centralizado de test de VPH, el cuidado integral del niño con cáncer, los cuidados paliativos, la vigilancia epidemiológica y el registro oncopediátrico. Además, el INC impulsa la investigación oncológica mediante asistencia financiera a proyectos y becas; capacita recursos humanos en cáncer, asegurando la formación de profesionales en todo el país, y provee material de divulgación e información crucial para equipos médicos y pacientes.

“Además, es la ley de aplicación de la Ley Oncopediátrica”, advierte Descourvieres, sobre esta normativa sancionada en 2023, que establece derechos y coberturas niñas, niños y adolescentes con cáncer. “Es donde se auditan los nuevos diagnósticos de nenes con cáncer y les dan los certificados oncopediátricos que les permiten tener viáticos gratis en caso de que tengan que desarraigarse para atenderse fuera de sus lugares de origen, porque allí no están los equipamientos ni los centros tecnológicos para asistirlos”, ejemplifica el referente, que además hizo un pedido de información pública formal respecto del presupuesto, de quiénes van a ser las autoridades y cuál va a ser el funcionamiento.

El cáncer es la tercera causa de muerte en el país y, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), por cada 100.000 habitantes, más de 200 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer anualmente. Muchas de ellas se atienden en el sector público, cada vez más desarticulado, ya que a la situación en el INC hay que agregar despidos en otras áreas del Ministerio de Salud, que incluso han motivado renuncias masivas de las y los trabajadores, porque no podían garantizar la continuidad de las funciones esenciales que debían realizar.

“Para nosotros es incertidumbre, es dolor y es bronca”, cuestiona Descourvieres, y concluye: “Es la deriva total en un montón de aspectos, como también está pasando con el socorro a las personas de Bahía Blanca: en todo lo que tiene que ver con la intervención estatal, sobre todo a nivel de la Nación, –los gobernantes– se desentienden de los compromisos, argumentando que se tienen que encargar de la macroeconomía y que todo demás depende de las provincias, lo cual es ilegal e inconstitucional porque en nuestra Constitución Nacional incorporamos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la Declaración de los Derechos Económicos Sociales y el Pacto de San José de Costa Rica, que están por encima de cualquier otra ley, decreto o resolución ministerial”.

Vanina Lombardi

Despidos en la Dirección Nacional de Emergencias agravaron la crisis en Bahía Blanca

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El devastador temporal que azotó Bahía Blanca, objetivamente se agravó debido a la falta de respuesta del Estado, ya que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, al comenzar el feriado largo de carnavales, cerró la Dirección Nacional de Emergencias y despidió a sus 485 trabajadores, quienes tenían la responsabilidad de brindar asistencia en situaciones de desastre. La medida, que se enmarca en el ajuste del Estado impulsado por Federico Sturzenegger, dejó a la ciudad sin un organismo clave para responder a emergencias.

La falta de reacción estatal en las primeras horas del desastre evidenció las consecuencias de esta decisión. Mientras los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, se trasladaron a la zona para coordinar la respuesta, Pettovello no hizo acto de presencia.

La ayuda enviada desde su cartera se limitó a productos de higiene y materiales de construcción, transportados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fuentes provinciales denunciaron que solo se enviaron “80 colchones” para una población de 300.000 habitantes, de los cuales el 70 % fue afectada por el fenómeno, según señaló el propio Intendente Federico Susbielles.

Además, Capital Humano no suministró alimentos a la población afectada, admitiendo que no cuentan con stock en la actualidad. Esta situación se conoció en medio de una denuncia del dirigente social Juan Grabois sobre la escasez de suministros en comedores populares, lo que llevó a una orden judicial para que el ministerio informe su inventario de alimentos en un plazo de 48 horas.

Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de la Dirección Nacional de Emergencias no fue una medida improvisada, sino que sus funciones fueron absorbidas por los ministerios de Seguridad y Defensa. No obstante, esto significó la desaparición de equipos especializados en respuestas inmediatas y asistencia post-catástrofe.

Importancia de la Dirección desmantelada

Para comprender el impacto de esta pérdida, fuentes gremiales citadas por Infogremiales, recordaron el rol clave que tuvo la Dirección durante los incendios en Corrientes en 2022. En aquella ocasión, en menos de 48 horas se desplegó un operativo con distribución de agua potable, kits de limpieza, colchones, frazadas, ropa y alimentos, además de relevamientos posteriores para gestionar ayudas económicas a las familias damnificadas. Con la disolución del organismo y de los centros de referencia locales, este tipo de asistencia ha quedado sin un ente específico a cargo.

Ante la crisis en Bahía Blanca, la gobernación bonaerense envió a Pettovello un pedido formal de ayuda, detallando la situación de las familias afectadas y recordando que, en los últimos dos años, 50 municipios de la provincia sufrieron inundaciones sin recibir asistencia del Gobierno nacional.

Justificación inexplicable

Desde Capital Humano justificaron la eliminación del organismo argumentando que existía una “superposición de áreas” y aseguraron que la atención ante emergencias quedará en manos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si este nuevo esquema podrá garantizar la misma capacidad de respuesta que el equipo desmantelado.

El cierre de la Dirección Nacional de Emergencias ha generado críticas de distintos sectores y ha puesto en evidencia una preocupante falta de planificación en la gestión de crisis. La emergencia en Bahía Blanca ha sido la primera prueba de este modelo, dejando dudas y preocupación entre los damnificados y los gobiernos locales, que ahora deben enfrentar catástrofes sin el respaldo estatal que existía previamente.

La crisis del sector pesquero en Argentina

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El octavo complejo exportador del país busca que se declare la emergencia; tiene salida comercial, pero se ve afectada por la caída de los precios internacionales, el tipo de cambio local y los altos costos para poder operar.

A las 20, Antonio Solimeno sigue en su oficina en Mar del Plata. Llegó a las 6.30 de la mañana y, a los 78 años, sigue trabajando. Como casi todas sus jornadas laborales, ya van casi 14 horas, pero, de todas maneras, el negocio no le cierra. Abiertamente manifiesta que el sector de la pesca está “muy, muy mal” y que “los números no le dan a nadie”.

El presidente de Solimeno, una empresa que cuenta con 13 barcos y dos plantas frigoríficas, que emplea un total de 850 personas y es una de las más importantes del país, asegura que empezó totalmente de abajo y que empezó a crecer después de haber encargado (junto con su padre) su primer barco a un astillero marplatense en 1972. Descendiente de una familia pesquera de raíces italianas, cuenta que el primer problema por el que atraviesan ahora es la caída entre un 20% y un 30% de los precios internacionales, sobre todo del langostino y del filet de merluza, dos de los principales productos de la Argentina en este sector.

“El otro problema es interno. En 2024, la inflación fue del 118%, pero el dólar quedó casi anclado en un 27%. Pagamos costos en pesos que se ajustan por inflación, pero percibimos dólares oficiales que valen poco”, explica el empresario. Añade que hay una altísima presión tributaria, y solo como ejemplo dice que paga por los 850 trabajadores en relación de dependencia US$800.000 por mes al fisco, solo por cargas sociales. “El Estado no para con los impuestos y las tarifas. Tenemos Ingresos Brutos, la tasa de seguridad e higiene y otros tantos. Aumentan el combustible y la energía. Sin embargo, ¿qué nos ofrecen?“, se pregunta. ”Hace 67 años que trabajo en el puerto en Mar del Plata y durante todo este tiempo casi no he visto obras. Tenemos problemas de dragado también. Es tremendo lo que nos pasa. Veo un panorama desalentador para 2025 en las condiciones actuales y los precios continúan aumentando”, dice.

Más allá de la voz del empresario, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) realizó un informe sobre el panorama actual que le pone más números a la problemática y muestra una “gravísima situación”. Según el estudio, los altos costos tributarios, el derecho de exportación, así como los incrementos en los costos logísticos, salariales y previsionales están llevando a la quiebra a un sector que emplea a más de 40.000 trabajadores.

“El atraso cambiario encarece en pesos, insumos como combustibles, repuestos y salarios, achicando márgenes y explica gran parte de las pérdidas actuales” analiza la fundación. A modo de ejemplo, indica que “un barco que en 2018 tenía un 20% de rentabilidad, en 2024 operó con un 21% de pérdida por viaje debido a esta combinación de menores precios y costos disparados”.

Fulasp observa que entre junio y noviembre de 2024, los costos de operar un buque fresquero subieron tanto (indexados por inflación y ajustes) que las pérdidas semanales pasaron de $5 millones a más de $20 millones. “Esta escalada de costos fijos y variables asfixia a las empresas, que no pueden trasladarla a los precios de venta. A su vez, los valores de exportación de las principales especies (merluza, calamar, langostino) también descendieron, reduciendo la rentabilidad”, detalla.

Para Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, juega en contra el hecho de que “la macroeconomía en la Argentina es pendular. Nos cambian las reglas de juego 180 grados. Durante 10 años fuimos ajustando salarios y costos por inflación y los recuperábamos por la devaluación del tipo de cambio. Ahora, cuando cambiás los dólares de la venta externa al tipo de cambio oficial, no te alcanza para pagar tu costo en pesos. Tenemos el recurso, tenemos compradores, pero hay una crisis profunda de precio y estructura de costos”, añade.

Solo 10 especies representan el 93% del total de las capturas locales. Según Cereseto, de ellas, 9 están en crisis y 8 en terapia intensiva por el precio, no por el recurso en sí. “La única que no está en crisis es el calamar”, define.

Los números que refleja el Indec sobre el sector pesquero muestran que en 2024 hubo envíos al exterior por US$2007 millones, con un crecimiento del 2,5% interanual, aunque en enero de 2025, el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de 3,3% respecto a igual mes de 2024.

La salida económica, según el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, es “sentarnos alrededor de una mesa y todos hacer un sacrificio para salir adelante. Por ejemplo, cobrar derechos de exportación a una actividad que no deja plata no tiene lógica”, dice. Hace referencia a que, al igual que otros sectores, hay que suspender las retenciones por lo menos hasta que se ordene la macro. “Es cierto que las retenciones llegan a un 9%, escalonado ya que hay un premio para el valor agregado, pero la Argentina es tan cara que el valor agregado se realiza en otros países mayormente, como Perú o Tailandia”, afirma.

Una postal que puede desaparecer

Están los barcos congeladores, que procesan a bordo y dejan el producto congelado, envasado y listo para la venta, y los barcos fresqueros, que lo llevan a plantas en tierra para su procesamiento. La consultora económica Invecq también trazó un panorama económico complejo para el sector, en especial para los barcos fresqueros y plantas elaboradoras en tierra que “están operando en situación de quebranto”, advierte.

Toma como ejemplo un barco con una producción por marea de 3000 cajones de merluza en la ciudad de Mar del Plata. En noviembre de 2024 generó ingresos por $73,5 millones y afrontó costos por $89,2 millones. Tuvo una pérdida de $15 millones. En el segundo semestre de 2018 hubiera tenido un resultado positivo del 20%.

Sebastián Agliano es el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera de Mar del Plata y representa a 47 embarcaciones amarillas de las que se ven en el puerto y que tanto fascinan a los turistas. “Por cada empleado embarcado hay siete que trabajan en tierra. Esta cadena de producción (más artesanal) es un 25% menos rentable que cualquier otra. Lo peor de lo que está sucediendo es para Mar del Plata y para los buques fresqueros. Además, hay que tener en cuenta que nuestro principal comprador es Brasil, cuya devaluación nos impactó directamente. Nos estamos fundiendo”, reclama.

Recuerda que “la pesca aporta a la seguridad alimentaria y a la salud de los ciudadanos”, aunque, según datos oficiales, el consumo local de productos pesqueros es bajo en la Argentina: solo 4,8 kilos por habitante por año, muy lejos del promedio mundial, que supera los 20 kilos.

“Nos encontramos ante la necesidad acuciante de acciones por parte de la Administración para evitar que el sector pesquero que representamos se vea inmerso en una crisis terminal. Los principales destinatarios del paquete de medidas deberían ser los segmentos de esta flota fresquera, en su mayoría pymes o empresas familiares conformadas por personas físicas. Solicitamos que se declare la emergencia pesquera para este sector y, entre otras medidas de alivio, la suspensión del Derecho Único de Extracción durante los próximos 12 meses”, pide.

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), marca también que en los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$2300 millones solamente en concepto de Derechos de Extracción (DEX), un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo

El langostino, también en crisis

El langostino congelado procesado a bordo en buques congeladores en estuches de dos kilos directo para la exportación genera unos US$600 millones por año, un cuarto de las divisas que ingresan por parte del sector pesquero.

Sin embargo, este producto emblemático de la Argentina en los mercados internacionales está en crisis. Eduardo Boeiro, presidente Capeca, explica que (además de lo ya expresado por otros referentes del sector), “tenemos un alto costo laboral arriba de los barcos. Hoy la tripulación se lleva casi un 60% de lo que el barco trae, entre salarios, cargas sociales, etc. A su vez, esa producción tiene una retención del 6% y en 2024 el Gobierno incrementó el Derecho Único de Extracción. Más el combustible y otros ítems, la producción tiene una rentabilidad negativa”, dice.

Asegura que “en estas circunstancias, si no se llega a algún acuerdo con las tripulaciones, los gremios y el Gobierno (por retenciones y otros impuestos), va a ser muy difícil que la flota pueda salir a trabajar a partir del mes que viene, cuando empiece la temporada del langostino».

Una maraña

El sector está atravesado por “una maraña de regulaciones innecesarias”, según Invecq. Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el último eslabón “se exigen 133 trámites”. Y estas cifras no incluyen los pasos administrativos de orden comercial o productivo.

Además, agrega Invecq que tiene dotaciones mínimas exigidas muy por encima de lo necesario. Los requisitos de personal, a través de los convenios, no se ajustan a los avances tecnológicos. Entre otras medidas se paga la misma cuota de ART para el personal embarcado que para el de tierra.

Otro ejemplo de regulaciones insostenibles es que “si un barco sale con 12 tripulantes -entre maquinistas y marineros- pero por imposición de los CCT (Convenios Colectivos de Trabajo) está establecido que deberá navegar con 16, entonces está obligado a pagar el equivalente a 16 (y el remanente se divide entre los embarcados)”, registra la consultora.

Se trata de una muestra de las dificultades por las que pasa un sector con enorme potencial tanto para el consumo interno como para la exportación, siempre y cuando gane competitividad.

Paula Urien

Aumento en los precios de los medicamentos en la gestión Milei

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En febrero de 2025, la canasta de medicamentos más consumidos por adultos mayores subió un 1,4%, con un incremento del 2,7% en promedio en los 10 medicamentos que más aumentaron. Algunos productos presentaron subas de hasta 5,6% en el mes.

A nivel interanual, los aumentos fueron aún más pronunciados. Entre los medicamentos con mayores subas destacan el LASIX, utilizado para tratar la hipertensión arterial, con un incremento del 78,1%, y el DAFLON 500, empleado para fortalecer las venas y vasos sanguíneos, que aumentó un 75,3%.

Cambios en la cobertura de PAMI y aumentos en sus medicamentos

En marzo de 2020, PAMI implementó un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para garantizar tratamientos adecuados a los adultos mayores. Esto permitió que los jubilados accedieran sin costo a ciertos medicamentos y con descuentos del 80% en fármacos ambulatorios y del 100% en tratamientos especiales.

En diciembre de 2024, esto representaba un ahorro promedio de $84.988, equivalente al 26% de una jubilación mínima con bono.

Limitación de medicamentos

Sin embargo, a lo largo de 2024, esta política fue modificada. Se estableció un límite de hasta cinco medicamentos gratuitos solo para jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas y que, además, deben realizar un trámite para acceder al beneficio.

En agosto de 2024, PAMI ya había reducido la cobertura de 44 moléculas farmacológicas, y en junio se habían eliminado otras 11.

Canasta de medicamentos de PAM

El aumento de precios en la canasta de medicamentos de PAMI ha superado el incremento del PVP. Desde noviembre de 2023, los valores con cobertura de PAMI han subido un 373,1%. En los primeros meses, los aumentos fueron significativos: 14,5% en noviembre de 2023, 15,6% en diciembre, 33,8% en enero de 2024, y ajustes posteriores que oscilaron entre el 2,3% y el 24,4%.

Los medicamentos excluidos de la cobertura de PAMI también han sufrido fuertes incrementos. Entre agosto de 2024 y febrero de 2025, los tres productos con mayores aumentos fueron Dermaglós (+87,4%), Lanzopral y Pantus 40 (+71,7%).

Impacto en el poder adquisitivo de los jubilados

El incremento de 2,5% en los medicamentos de PAMI en febrero, en contraste con el ajuste del 2,7% en la jubilación mínima y el mantenimiento del bono en $70.000, ha provocado una caída en el poder adquisitivo de los jubilados.

Desde junio de 2023 hasta enero de 2025, la jubilación mínima con bono perdió 40,5 puntos porcentuales en términos de compra de medicamentos, mientras que la mínima sin bono cayó 42,6 puntos.

Licuación del bono

Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bono se redujo en un 40,1% en términos reales, y la mínima sin bono, un 27,8%.

En este período, la inflación en la canasta de medicamentos de PAMI fue del 373,1%, superando en 197,4 puntos el incremento de la jubilación mínima con bono, que subió un 175,7%

Chubut reclama a la CNEA -al Estado nacional- que devuelva a la provincia sus minas de uranio

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La gobernación de Ignacio «Nacho» Torres desafió abiertamente a Nación al pedir la reversión a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina que está en manos de CNEA.

La gobernación de Chubut, que encabeza Ignacio Torres, intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a que devuelva las minas de uranio que tiene concesionadas en la provincia, incluyendo a Cerro Soloel mayor yacimiento de uranio del país. El Ministerio de Hidrocarburos provincial argumentó que la CNEA viene realizando una actividad exploratoria y productiva «prácticamente nula» y contraria al potencial económico de Chubut en minería de uranio, según reza una carta dirigida al presidente del organismo nuclear a la que accedió EconoJournal.

Sin embargo, fuentes con conocimiento del tema señalaron que la CNEA avanzó en los últimos meses con gestiones internacionales para encontrar inversores para desarrollar Cerro Solo. En términos políticos, el planteo de la administración de Torres es la primera acción concreta de la provincia en favor del habilitar la explotación metalífera que está prohibida por Ley desde hace más de 20 años. Torres se manifestó en las últimas semanas a favor de impulsar proyectos de uranio de manera compatible con la legislación minera vigente en el distrito patagónico, en clave también con la promoción de la explotación uranífera bajo la órbita del nuevo Plan Nuclear que lanzó el gobierno de Javier Milei.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, notificó por carta al presidente de la CNEA, German Guido Lavalle, una intimación para que la institución transfiera o revierta «todas las propiedades mineras de titularidad de la CNEA al estado provincial chubutense». La intención de la provincia es «lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados».

Las 18 propiedades mineras listadas en la misiva son Los Adobes, La Primera, Cerro Solo, Laguna Colorada, Puesto Alvear, El Ganso, El Molino, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, Sierra Cuadrada Sur, El Cruce, Mirasol Chico, Cerro Chivo, Cateo Union, Ganso Oeste, La Salteada, La Meseta y El Picahueso. De las propiedades listadas, 12 son minas de uranio, 4 son manifestaciones y 2 son cateos. La titularidad de la CNEA sobre estas propiedades es a perpetuidad ya que fueron otorgadas antes de la transferencia del dominio originario sobre los recursos naturales del Estado nacional a las provincias con la Reforma Constitucional de1994.

Cerro Solo destaca en la lista como el principal yacimiento de uranio de Chubut y de todo el país, con unos recursos razonablemente asegurados de 4420 toneladas de uranio. Un documento de la CNEA del 2020 indica que en Cerro Solo se podrían llegar a producir entre 500 y 550 toneladas anuales. Como dato de referencia, su producción alcanzaría para cubrir la demanda anual de 220 toneladas de uranio de las centrales nucleares argentinas y exportar el mineral. Actualmente no hay ningún proyecto de uranio en producción en el país.

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres.

El pedido de Chubut

En la carta, el ministro de Hidrocarburos remarcó que el contexto internacional es propicio para el desarrollo económico de los proyectos de uranio en Chubut, empleando métodos extractivos que no se contraponen «a ninguna norma de orden local o nacional». Pero la provincia intima a la CNEA a que devuelva la titularidad sobre los proyectos, aduciendo «inactividad» y «falta de inversiones» en exploración y producción por parte del organismo.

Ponce indicó que «desde los anos 80 hasta la actualidad las inversiones y trabajos realizados por la CNEA, tanto en exploración como en explotación de nuestros recursos fue prácticamente nula«. Sobre la base del dominio provincial sobre los recursos naturales y la presunta inactividad de la CNEA, el ministro argumentó que se «justifica la petición de reversión de todas aquellas propiedades mineras que hayan permanecido inactivas durante tiempo prolongado y de manera injustificada, a los efectos que sea la provincia quien arbitre los mecanismos para avanzar en su explotación».

El funcionario también remarcó el relanzamiento de la minería de uranio perseguido por el gobierno nacional a partir de un futuro Plan Nuclear. «La inactividad y la falta de inversiones de parte de CNEA evidenciadas durante décadas, exponen una clara contraposición a la política de desarrollo que encabeza el Gobierno Nacional y persigue la provincia del Chubut», añadió.

La carta también destaca que «existen nuevas tecnologías aplicables a la exploración de los recursos uraníferos descubiertos en la provincia, como la lixiviación in situ, que permiten el desarrollo de los recursos sin contraponerse a ninguna normal local o nacional». Ante una consulta de EconoJournal, fuentes allegadas al Ministerio de Hidrocarburos de Chubut remarcaron que el desarrollo de estos proyectos de uranio es «perfectamente compatible» con la ley 5001 de «prohibición de la actividad metalífera». «No esta en agenda la modificación de ese marco normativo», subrayaron.

Controversia

EconoJournal consultó a la CNEA sobre las afirmaciones del ministro. Desde la institución marcaron un contrapunto con la provincia en torno a las inversiones en Chubut. «La CNEA sigue avanzando en la recuperación de la minería de uranio en la Argentina, después de tres décadas de inactividad, con el objetivo de contribuir a la economía nacional y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. En este sentido, ha invertido realizando exploración en diversas provincias, obteniendo resultados positivos en la identificación de recursos uraníferos en varias ubicaciones, destacándose el gran potencial de la provincia de Chubut, entre otras. Actualmente, la CNEA impulsa el inicio de la explotación, trabajando estrechamente con las provincias para llevar a cabo esta actividad de manera responsable y con el máximo respeto por el cuidado del ambiente», comunicaron oficialmente desde el organismo a este medio.

Sin embargo, otra fuente nuclear conocedora del tema objetó los argumentos del ministro provincial y señaló que la CNEA invirtió desde 2006 al menos US$ 60 millones en minería de uranio en Chubut. También deslizó que hay un trabajo en curso con la Secretaría de Minería de la Nación para realizar una licitación internacional del proyecto Cerro Solo, con interés concreto desde varios países.

«Hay ofertas de China, Australia, EE.UU., Canadá. La demanda era tan grande que se optó por ir a una licitación internacional», disparó la fuente, antes de agregar: «se invirtieron decenas de millones de dólares entre 2008 y 2014». «En Chubut no hubo inversión privada desde 2012 aproximadamente, salvo en los últimos dos años que Piche Resources trabajó tanto en uranio como en oro. El uranio es un buen negocio ahora, pero en las malas la CNEA y el estado invertimos un montón«, añadió.

En esa clave, una fuente que actualmente no tiene vinculo contractual con la CNEA afirmó que la institución entre 2006 y 2015 invirtió aproximadamente US$ 100 millones en minería de uranio, de los cuales unos 60 millones de dólares fueron invertidos en Cerro Solo. «Pero en esos 10 años no se incrementó un gramo los recursos razonablemente asegurados ni se generó un yacimiento productivo», matizó de forma crítica sobre los resultados conseguidos.

Respaldo a la minería de uranio

La iniciativa del gobernador Ignacio Torres para relanzar la minería de uranio en Chubut no deja de ser una jugada fuerte en una provincia marcada por los conflictos en torno a la minería. Torres se manifestó a su favor con el argumento de que no será necesario modificar la ley 5001 que prohíbe la actividad metalífera. El fallido intento del ex gobernador Mariano Arcioni de modificar esa ley en 2021 derivó en fuertes incidentes en torno a la legislatura y la casa de gobierno provinciales.

Torres subrayó este mes en una entrevista en LN+ que la ley 5001 únicamente prohíbe la minería cuando es a cielo abierto y se utiliza cianuro en los procesos de producción. “Podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva de uranio”, dijo. No obstante, el gobernador remarcó que el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos debe ser transparente y tener licencia social para evitar conflictos como el ocurrido en 2021.

«Hay un mito, yo no soy antiminero, en Chubut hay minería, nosotros en su momento denunciamos que estaba mal querer aprobar una ley entre gallos y medianoche, un día antes de navidad con un manto de oscuridad que justamente es todo lo contrario a cualquier discusión que se debe dar de cara a la ciudadanía”, analizó.

Nicolás Deza

INVAP se endeudará en el exterior para finalizar proyectos en defensa, energía y desarrollo espacial

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El gobierno nacional incorporó en el Presupuesto Nacional avales a 7 provincias por US$ 1.715 millones con un plazo mínimo de amortización de hasta 3 años. Fue a través del DNU 186/2025 publicado el jueves en el Boletín Oficial.

La medida incluye a la empresa de alta tecnología de Rio Negro, INVAP, que busca finalizar proyectos en energía, defensa y desarrollo espacial, por hasta USD 100 millones, en emprendimientos que tienen destino de exportación de alta tecnología.

El marco en el que el gobierno de Javier Milei habilitó el endeudamiento con el exterior de las provincias y de la empresa de alta tecnología es de fuerte desfinanciamiento de nación a programas y proyectos estratégicos ligados a ciencia y tecnología. Esto es insoslayable. Si bien INVAP es una empresa que tiene claros los mecanismos de endeudamiento y desendeudamiento una vez que exporta tecnología de punta, el escenario actual en términos económicos no puede quedar por fuera del análisis de la medida publicada en el Boletín Oficial.

También dio el aval por otros US$ 600 millones a INVAP y Energía Argentina para obtener créditos del exterior para financiar diversas obras: en total, hasta US$ 2.315 millones.

Deudas provinciales

El artículo 6 del DNU- “avales de deudas provinciales” señala que se otorgan avales por las operaciones de crédito público (…) por los montos máximos o su equivalente en otras monedas”.

Las provincias alcanzadas con esta medida son la Ciudad de Buenos Aires (Pro), Santa Fe (UCR), Córdoba (PJ), Neuquén (partido provincial), Salta (peronismo aliado al gobierno), Chubut (Pro) y Chaco (UCR).

El mayor monto de avales es para Santa Fe porque se autoriza a la provincia a realizar tres operaciones de deuda: US$ 400 millones para infraestructura económica y social, US$ 125 millones para el acueducto biprovincial con Córdoba, y US$ 30 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier. En total US$ 555 millones.

Para Energia Argentina SA el aval bancario- financiero es de US$ 500 millones para “el financiamiento de la importación de gas natural y GNL y servicios asociados”.

El 60% de los radioisótopos que producirá el mundo será en reactores diseñados por INVAP.

Provincias y CABA

Para Córdoba son US$ 375 millones en dos avales: US$ 250 millones para infraestructura hídrica-saneamiento vial y US$ 125 millones para el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba.

Para Salta son US$ 200 millones también en dos avales: US$ 150 millones para tecnología e infraestructura para el desarrollo de la Puna y US$ 50 millones para un programa de Agua y Saneamiento.

Chaco tiene también dos avales: US$ 80 millones para el Plan Corredores de Interconexión y US$ 40 millones para infraestructura vial, hídrica y energética. Mientras tanto, en la provincia de Chubut el aval es para obtener préstamos por US$ 145 millones para el Programa de Ampliación y Optimización Regional Sur. Por su parte. para Neuquén son avales por US$ 20 millones para la puesta en marcha del Proyecto Multipropósito Nahueve Ing. Pedro Salvatori.

INVAP

Finalmente, para INVAP son US$ 100 millones. Es una garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones para la ejecución de Proyectos de exportación en las áreas nuclear, espacial y radares.

Por su parte, también el DNU autoriza un incremento en el cálculo de Recursos por $ 5 millones respecto a los recursos vigentes previos a este DNU) y una disminución de Gastos por $ 8.075 millones, en ambos casos en relación con los ingresos y créditos anteriores al DNU.

La disminución del gasto surge como “resultado de mayores autorizaciones para 21 programas presupuestarios por $ 2.214.469 millones y reducciones en 7 programas por $ 2.222.544 millones, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).

El peligro muy grave de la detección tardía del cáncer de pulmón

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Hasta un 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados cuando la enfermedad está avanzada por falta de información y políticas activas de prevención y detección temprana.

El sistema de salud destina uno de cada cinco dólares asignados a la atención oncológica a tratar el cáncer de pulmón debido a que, todavía, es alta la proporción de los pacientes que llegan a la primera consulta cuando la enfermedad está avanzada.

El primer estudio local sobre su impacto sanitario y económico lo hizo un equipo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y revela que el tratamiento del cáncer pulmonar demandó US$ 556,2 millones el año pasado, sobre todo por el costo de los medicamentos cuanto más tarde se detecta la enfermedad. Eso, de acuerdo con los autores, es 132 veces más que el presupuesto asignado a la prevención y el tratamiento de todos los cánceres en 2023.

“Tratar la enfermedad en estadios avanzados cuesta 10 veces más que hacerlo en etapas tempranas, cuando son mayores las perspectivas de mejores resultados clínicos [para los pacientes] o de menor impacto sobre su calidad de vida”, afirma el equipo del IECS, institución afiliada a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre los resultados que publicaron en la revista Public Health.

A partir de una proyección estadística, hay alrededor de 14.000 argentinos con cáncer pulmonar que reciben atención, se diagnostican unos 12.000 casos nuevos cada año y hay unos 10.000 decesos por esa causa anualmente, los investigadores calcularon cuánto le costó al sistema de salud la atención de la enfermedad el año pasado. Aunque no es el cáncer más frecuente en el país (quinto entre las mujeres y segundo entre los hombres, sin tener en cuenta los de piel), desde el IECS aclaran que “es el que más muertes provoca y el que más recursos consume”.

Para los cálculos, los economistas que también integraron el equipo tuvieron en cuenta los costos de consultas, estudios diagnósticos, cirugías, internaciones, radioterapia y medicamentos, seguimiento clínico y manejo de efectos adversos. El resultado, calculado en US$ 556,2 millones, se traduce en el 1,4% del gasto total (público y privado) en salud del país durante el año pasado, según detallan.

“El cáncer de pulmón sigue siendo un problema álgido de salud pública. Y hay mucho espacio para intervenciones. Cerca de la mitad de los diagnósticos se realiza en estadios avanzados, lo que limita las opciones terapéuticas y reduce la calidad y la esperanza de vida”, señala Andrea Alcaraz, coordinadora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IECS e investigadora principal del estudio.

Diferencias

En promedio, diagnosticar y tratar un paciente cuesta en el país unos US$ 22.900 por año. Pero hacerlo en un estadio inicial (cuando el tumor es localizado y pequeño) demanda US$ 3641, comparado con US$ 37.356 si la enfermedad se diagnostica en estadio IV (la etapa más avanzada), de acuerdo con el modelo matemático aplicado para estimar la carga de la enfermedad y costos médicos directos. El equipo atribuye esa diferencia a la mayor necesidad de medicamentos y, en menor medida, de internaciones. En las etapas II y III, la atención asciende, respectivamente, a US$ 8941 y US$ 18.140.

El 78% de los casos que se detectan son por consumo de tabaco, seguido de la exposición laboral a sustancias o materiales carcinogénicos (que pueden causar enfermedades ocupacionales asociadas con el cáncer pulmonar), de ahí que los profesionales también indaguen sobre el tipo y el ambiente de trabajo durante la consulta.

“Los recursos en salud son finitos y, con eso, se tienen que cubrir las necesidades de miles de enfermedades. Entonces, que una sola enfermedad se lleve el 1,4% de todo el gasto en salud es mucha plata. Se trata de dinero que se podría utilizar para muchas otras enfermedades y en estrategias de prevención primaria”, plantea Carla Colaci, médica e investigadora del IECS. “Nuestro estudio demostró que los costos son mayores cuanto más tarde se diagnostica el cáncer de pulmón. Por lo tanto –continúa–, detectarlo tempranamente podría bajar estos gastos y no solo mejorar la sobrevida de quienes padecen esta enfermedad, sino que además permitiría mejorar la redistribución del gasto en salud haciéndolo más eficiente.”

Paola Flores, jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Instituto Misionero del Cáncer, que funciona en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, de la ciudad de Posadas, explica que alrededor del 80% de los pacientes que atienden por primera vez tienen la enfermedad avanzada.

En diálogo con este medio, opina también que la cantidad de personas que fallecen por la enfermedad es “muy alta” en la Argentina y lo atribuye a la alta proporción de consulta tardía. “Cuanto más avanzada está en el momento del diagnóstico, menos posibilidades de curación tiene, a pesar de los avances en los tratamientos, por lo cual es imperativo trabajar en la prevención de cáncer de pulmón”, insiste la profesional.

Tos con o sin dolor, falta de aire y aparición de sangre (aunque sea mínima) al toser, según explica, son síntomas que no hay que subestimar. “En los tabaquistas es necesario fomentar la consulta preventiva aunque no decidan dejar de fumar. La población no fumadora, pero con riesgo por exposición ambiental o laboral, aun cuando sea pasada, o con antecedentes familiares de cáncer de pulmón también puede hacer un control preventivo”, opina. “Habría que fomentar que en todas las instituciones pública en el país haya un programa de prevención de cáncer de pulmón, no solo en el sector privado”, sostiene la médica.

Para Ignacio Zervino, coordinador de la Fundación Pacientes con Cáncer de Pulmón, “sería muy importante para una mejor atención de salud que más médicos de atención primaria, y también los responsables de establecer políticas, estén al tanto de las ventajas que aportan las campañas de tamizaje o screening específicas para este tipo de tumores. Es necesario difundir esta herramienta porque nadie recomienda lo que no conoce”, señala por escrito. “Está probado que establecer estos programas beneficia a la salud y además contribuye a disminuir los costos del sistema en general “, agregó.

Informar, prevenir y detectar

En el último congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), datos de avance del Proyecto LuCaS-AR que promueve las pautas de detección temprana dentro de un programa de prevención definidas en el Consenso Argentino para el Tamizaje de Cáncer de Pulmón, de 2023, revelaron que un tercio de los 21 centros participantes son públicos y la mayoría está en la ciudad de Buenos Aires. En Misiones, según refiere Flores, el único programa de prevención está en el hospital Madariaga.

Ahí, en el Consultorio de Salud Pulmonar evalúan que la persona que consulta o fue derivada califique para el programa (fuma o fumó alguna vez, es mayor de 55 y no tiene diagnóstico activo de cáncer pulmonar ni síntomas que perciba claramente). Si es así, se indica una tomografía de tórax de baja dosis de radiación, de acuerdo con el consenso elaborado por referentes de 20 instituciones del país, incluido el Conicet y el IECS. Si el resultado de la imagen es normal, se repite una vez al año durante el seguimiento. El consultorio también cuenta con un programa de cesación tabáquica.

“La falta de información genera temor y el cáncer asusta”, dice Flores, que concurre a colegios a dar charlas. De hecho, cuenta que gran parte de los pacientes que llegan al consultorio llegan a través de los estudiantes secundarios que comparten la información de las charlas en casa.

Insiste en que en el país hay que revertir la tendencia con prevención y detección temprana. “El trabajo del IECS, con sus resultados, está justificando su financiamiento”, sostiene.

A ese estudio, que los autores declararon que se realizó con financiamiento de AstraZeneca, le siguió otro relacionado, con fondos del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Los resultados publicados en la revista Value in Health Regional Issues surgen de las vivencias cotidianas de 131 pacientes con cáncer de pulmón avanzado diagnosticado en tres hospitales y un centro privado de la Ciudad y La Plata. El equipo dirigido por Alcaraz se encontró con que la enfermedad tiene “un salto impacto en la economía de los hogares”, aun cuando el tratamiento oncológico está cubierto por el Estado en el país.

Las familias necesitaron destinar un 19% de sus ingresos a gastos asociados con el tratamiento, mientras que un 48% de los pacientes tuvo una reducción de los ingresos a causa de la enfermedad, un 16% perdió el trabajo y un 68% necesitó afrontar gastos de bolsillo para sostener la atención que afectaron o hasta superaron sus posibilidades económicas, lo que en salud se conoce como toxicidad financiera o sufrimiento económico. La magnitud fue mayor en los pacientes del sistema público.

“El impacto en la familia del cáncer de pulmón es muy significativo. Afecta muchas veces a personas en edad productiva que pierden su empleo o disminuyen sus ingresos, y que tienen que pedir dinero o endeudarse para afrontar gastos catastróficos”, explica por escrito Federico Augustovski, investigador principal del estudio y director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del IECS.

Fabiola Czubaj

Importantes científicos respaldan los análisis de la represión que contradicen a la ministra Bullrich

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El grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) manifestó su «solidaridad» con las víctimas de la represión del miércoles en las cercanías del Congreso y respaldó enfáticamente el análisis realizado por los investigadores del Conicet Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto. Exige la renuncia «inmediata» de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la apertura de un sumario interno en las fuerzas de Seguridad; y que el Conicet difunda «por todas las vías posibles» el estudio de los expertos y lo aporte «a la causa judicial correspondiente».

«Cabe destacar que el doctor Pregliasco es una autoridad mundial en el campo de las ciencias forenses y es autor de diversos trabajos publicados en las revistas de más alto impacto internacional en esa especialidad. Los peritajes de Pregliasco, que integra el Programa de Ciencia y Justicia del Conicet, han servido para fundamentar sentencias judiciales no solamente en Argentina sino también en los Estados Unidos», indicaron los científicos en un comunicado.


En su trabajo sobre el episodio en el que fue gravemente herido Pablo Grillo, publicado por el sitio Mapa de la Policía, Pregliasco describe la técnica de análisis utilizada y expone varias conclusiones. Entre ellas se destacan las siguientes: se observa en el video tanto el origen como la trayectoria del proyectil, ligeramente hacia abajo y sin impacto en ningún objeto intermedio ni el piso. El comportamiento no se corresponde con ningún protocolo de uso de las granadas de gas y la trayectoria es directa hacia el fotógrafo.

«Teniendo en cuenta que las declaraciones formuladas» por Bullrich «contradicen flagrantemente este informe», los científicos exigen una serie de puntos: «la difusión de la fuente de información divulgada por la ministra, que afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo a los manuales de uso del armamento correspondiente y que el proyectil pegó en alguna estructura metálica o en el piso para luego impactar en la cabeza de Pablo Grillo; el inicio de un sumario interno en las fuerzas de seguridad que intervinieron en estos hechos para determinar la responsabilidad de cada uno de los efectivos que lo protagonizaron; la renuncia inmediata de la ministra Bullrich».

«Por otra parte, solicitamos a las autoridades del Conicet, tanto a su Presidente como a su Directorio, que tomen las medidas necesarias para difundir este estudio por todas las vías posibles, incorporándolo a la página web del organismo y aportándolo a la causa judicial correspondiente«, concluye el comunicado.

Los firmantes son Hugo Aimar, Dora Barrancos, Fernanda Beigel, Sandra Carli, Cristina Carrillo, Eduardo Dvorkin, Daniel Filmus, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Jorge Geffner, Rolando González-José, Mirta Susana Iriondo, Alberto Kornblihtt, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Adrián Paenza, José Paruelo, Juan Pablo Paz, Félix Requejo, Marcelo Ruiz, Roberto Salvarezza, Adriana Serquis, Osvaldo Uchitel y Marcos Vaira.

El inestable vuelo de la Fábrica Argentina de Aviones

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Al promediar la segunda semana de febrero de 2025 se conoció la renuncia del hasta entonces presidente de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA), Fernando Sibilla, y de su vicepresidente y gerente general, Alejandro Solís. Independientemente de los motivos reales de estas dimisiones, el cambio de autoridades de la empresa, un año después de haber asumido el cargo, remite a un problema histórico de la compañía, rastreable hasta su nacimiento en 1927, la alta rotación relativa de sus conducciones.

El nuevo directorio de FAdeA está integrado por Julio Manco, como presidente y CEO; Emilio Magnaghi en la vicepresidencia, y el brigadier mayor retirado Pablo Solé como director. Manco y Magnaghi son dos abogados que, si bien ya venían siendo miembros del Directorio de la empresa, carecen de experiencia en la industria aeronáutica. Manco fue director general de Logística de la Presidencia de la Nación durante parte del gobierno de Mauricio Macri (Presidencia 2015-2019) y luego trabajó en la empresa de vuelos ejecutivos, Flapper. Magnaghi, además de haber sido presidente de la Cooperativa de Distribución de Energía Eléctrica de Godoy Cruz Ltda, parlamentario del PARLASUR y de haber estado involucrado a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 en la investigación judicial por la quiebra fraudulenta del desaparecido Banco de Mendoza, del que fue director; posee una estancia en la Provincia de San Luis, la Santa Romana, en la que montó un museo militar que se destaca por su colección de aviones “de verdad”. Ninguna de las actividades previas de Manco o Magnaghi acreditan experiencia en el complejo y altamente especializado universo de la industria aeronáutica, por mucho que se pretenda lo contrario en el mundillo político nacional.

Esta incapacidad para aquilatar adecuadamente lo que implica la industria aeronáutica no sólo ha sido prerrogativa de la ultraderecha libertaria actualmente en el gobierno. Luego de la reestatización de la empresa, en 2009, uno de los presidentes más influyentes de FAdeA fue el contador Raúl Argañaraz, quien había sido gerente de ENARSA y hombre del entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, en tiempos de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Argañaraz, al igual que su predecesor Jaime Saiegh, otro contador, también llegaron a FAdeA careciendo de experiencia en el rubro.

El caso del Brig. My. (R) Solé es distinto. Se desempeñó como director general de Logística de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) hasta 2023, una tarea que tampoco es equivalente a la que demanda la conducción de una empresa manufacturera de alta tecnología, pero su participación en el Directorio de FAdeA es observable por otros motivos. La silla que la FAA posee en el directorio de FAdeA es fruto de la concesión realizada por el Gobierno nacional a dicha fuerza luego de la reestatización de 2009. Algo cuestionable por dos motivos: la FAA es el principal cliente de FAdeA, por lo que su participación en el máximo órgano de gobierno de la firma puede generar importantes conflictos de intereses, y porque la historia de la FAA con FAdeA constituye uno de los orígenes fundamentales de los problemas de inestabilidad en su conducción.

Pero, ¿cuál es el problema?

FAdeA tuvo a lo largo de su historia varios problemas capitales que han ostentado una asombrosa persistencia a lo largo del tiempo y explican, aún más que las problemáticas coyunturales macroeconómicas y políticas de la Argentina, sus recurrentes fracasos como empresa de diseño y producción aeronáutica. La situación mencionada se ve reflejada en su tradicional incapacidad para consolidar sus aviones en series estandarizadas, con algunas honrosas excepciones como el DL-22 en la década de 1940 y el IA-58 Pucará en la de 1970-1980 (el IA-63 Pampa nunca consolidó su serie), sus recurrentes dificultades para autosustentarse desde el punto de vista económico; los reiterados atrasos tecnológicos en el estado del arte en los que ha incurrido, y su impotencia exportadora, esta última también con algunos contraejemplos puntuales, como la actual provisión de conjuntos para el C-390 de EMBRAER que, aunque de enorme relevancia desde el punto de vista productivo y tecnológico, en lo económico es un negocio menor para la empresa.

Entre todos los problemas que han aquejado a FAdeA desde su fundación, en 1927, como Fábrica Militar de Aviones (FMA), uno de los más trascendentales y menos tenidos en cuenta ha sido el manejo de su personal. En esto hay dos dimensiones a las que atender con igual cuidado: la de quienes conducían la empresa y la de sus trabajadores, sean operarios o profesionales, especialmente en el caso de los ingenieros. En este caso, para no alargar inapropiadamente el asunto, nos concentraremos únicamente en los perennes problemas de conducción.

Una de las particularidades de FAdeA es que históricamente su directorio y su presidencia tuvieron funciones ejecutivas con una alta injerencia en cuestiones operativas diarias, algo que no necesariamente ocurre en las empresas. De esa forma, los cambios de presidente o en el directorio en general han impactado fuertemente en la dinámica de funcionamiento de la compañía. Y ello se encuentra enlazado con el origen castrense de la empresa.

Comparaciones odiosas

FAdeA cuenta con 98 años de existencia. En ese lapso ha tenido un total de 48 presidentes o directores generales, según las distintas denominaciones que ha ido tomando a lo largo del tiempo el máximo cargo corporativo y ejecutivo de la empresa. En cambio, la brasileña EMBRAER, devenida la tercera empresa más importante del mundo en el diseño y fabricación de aviones, en sus 56 años de historia (1969–2025), ha contado sólo con siete presidentes o directores generales.

En el caso de FAdeA, si se hace la división entre años y presidentes/directores generales, da un promedio de 2,04 años por cada uno de ellos. En cambio, con EMBRAER ese cálculo arroja como resultado ocho años por presidente/director general (ver infográfico). La comparación puede hacerse también con INVAP, la empresa estatal rionegrina de alta tecnología que es casi la antítesis de FAdeA. Hoy INVAP es un referente internacional en el sector nuclear y no es el único campo de la tecnología en el que descolla. En sus 49 años de vida, INVAP ha tenido sólo cuatro gerentes generales, que es la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, ya que el directorio no cumple esa función. Dividiendo años de vida por número de gerentes generales, el resultado de INVAP es un sorprendente 12,2 años por cada gerente general.

Tanto EMBRAER como INVAP muestran con claridad en qué consiste la continuidad de las conducciones. En el caso de la empresa brasileña, se cuadriplica el tiempo de permanencia promedio de su máxima autoridad con respecto al promedio de FAdeA, y ello sin considerar que uno sólo de los presidentes de EMBRAER, el mítico iniciador de la empresa, Ozires Silva, sumó un total de 21 años al frente de la compañía, a lo largo de dos períodos discontinuos (1969–1986/1991–1995). En INVAP, el tiempo promedio de permanencia de los gerentes generales ha sido seis veces mayor que el de FAdeA, con los remarcables casos de su fundador, Conrado Varotto, quien detentó el cargo durante 15 años (1976–1991) y de su sucesor, Héctor “Cacho” Otheguy, quien desempeñó ese rol durante 26 años (1991–2017).

Lejos de la creencia popular de que es mejor que las personas que ocupan altos cargos de conducción no estén mucho tiempo en ellos, tanto en la gestión empresarial como en la de instituciones especializadas, lo que la experiencia revela es que la permanencia en los cargos de liderazgo de las personas físicas que los llevan adelante es fundamental para la continuidad de las políticas organizacionales, y dicha continuidad, a su vez, es imprescindible para alcanzar y sostener grandes logros. Por supuesto, siempre considerando personas que sean idóneas, honestas y comprometidas con el rol que les toca desempeñar. En el caso que no lo fueran, el remedio es su apartamiento de dicha función, no la arbitraria restricción temporal de los mandatos.

Orígenes de la inestabilidad

La génesis del problema de la alta rotación de las conducciones de FAdeA se remonta a sus inicios como institución militar. Al momento de la fundación de la empresa, la Argentina aún no contaba con una fuerza aérea y los medios aeronáuticos castrenses no vinculados a la actividad naval se encontraban bajo la órbita del Ejército Argentino (EA). La entonces Fábrica Militar de Aviones (FMA) surgió en ese seno y, en 1945, al crearse la FAA, pasó a depender de ella. Esa pertenencia institucional continuaría hasta la concesión de la empresa a la norteamericana Lockheed Martin Aircraft en 1994, salvo un pequeño lapso comprendido entre 1988 y 1993, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) intentó una privatización parcial de la compañía creando la Fábrica Argentina de Materiales Aeroespaciales S.A. (FAMA), integrada accionariamente por las empresas italianas Aeritalia y Augusta, y la italoargentina Techint, conservando la FAA una participación en la nueva entidad. El proyecto no duró mucho y finalmente la sociedad se disolvió retornando el control y la propiedad total a la FAA hasta su traspaso al Ministerio de Defensa, instancia previa a su concesión en 1994.

Como parte del mundo castrense, la FMA/FAdeA ni siquiera era una empresa individual sino que revestía el carácter de Área Material, algo análogo a una unidad militar común. Esta posición llevó a que, en lo atinente a su conducción, se aplicaran los criterios de rotación que son usuales en las instancias castrenses. Cada dos o cuatro años, las autoridades debían cambiar para ser destinadas a otras unidades y tareas. Además, esas autoridades siempre debían ser militares y los ingenieros o técnicos civiles permanecían subordinados a aquéllos en un régimen muy estratificado, propio de las fuerzas armadas.

La combinación de personal militar en la conducción, sumada a la rotación, generaba el primer gran escollo para la consolidación de un cuerpo de gerenciamiento profesional, comprometido y con objetivos y políticas a largo plazo, imprescindibles en un rubro como la industria aeronáutica, en la que un proyecto promedio no insume menos de cinco años.

¿Cómo era la dinámica de las autoridades militares en la FMA/FAdeA? Los militares destinados a la firma probablemente venían de posiciones que poco o nada tenían que ver con la empresa y su actividad. La creencia, muy arraigada en el mundo castrense, de que son idóneos prácticamente para cualquier tarea ha sido refutada reiteradamente por todo el planeta. Las Fuerzas Armadas se han encontrado históricamente entre las instituciones más ineficientes del Estado pero sus fallas suelen ser disimuladas con la apelación al secreto, la subordinación jerárquica y el empleo de enormes recursos, que en tiempos de paz pueden limitarse a lo material pero cuando arrecia la guerra incluye vidas humanas.

Pero retornemos a nuestro análisis de la FMA/FAdeA. Supongamos que los militares destinados a la conducción de la empresa tuvieran la mejor de las disposiciones para aprender el manejo de algo tan complejo como una industria aeronáutica: luego de dos o tres años recién estarían comenzando a entender cabalmente de qué se trata la actividad y, para entonces, les llegaba el pase a otro destino en el que probablemente sus conocimientos adquiridos en la FMA/FAdeA tampoco serían muy útiles. Por ejemplo, podían ser destinados a alguna agregaduría militar o a tareas administrativas en el Edificio Cóndor (sede de la FAA en la Ciudad de Buenos Aires). De esta forma, la institución (FAA) tenía una doble pérdida, por un lado, se deshacía de personal que empezaba a adquirir idoneidad para gestionar una fábrica de aviones, debiendo empezar nuevamente el ciclo de formación con los nuevos que llegaran para cumplir ese rol. Por el otro, en los nuevos puestos a los que destinaban a quienes salían de la FMA/FAdeA, las habilidades y conocimientos desarrollados no les serían muy útiles. Veamos dos casos concretos tomados del período considerado la “Edad de Oro” de la FMA/FAdeA, la década de1940.

Sólo dos argentinos participaron en forma directa del célebre equipo de diseñadores alemán que llegó a la FMA (entonces denominada Instituto Aerotécnico–IA) luego de la Segunda Guerra Mundial, liderado por el eximio ingeniero germano Kurt Tank. El equipo de Tank fue el responsable del diseño y fabricación del legendario Pulqui II. Los ingenieros aeronáuticos argentinos aludidos fueron Norberto Morchio y HumbertoRicciardi. El proyecto Pulqui II comenzó a fines de 1947 y el avión voló por primera vez en 1950. En plena etapa crítica del desarrollo de la aeronave, en 1949, Morchio dejó la empresa porque no veía futuro en ella para los ingenieros aeronáuticos civiles ante el trato que les dispensaban las autoridades militares, y Ricciardi se asimiló a la FAA siendo enviado como agregado al extranjero. O sea, en el momento crucial del desarrollo del avión más moderno, con relación al estado del arte de su tiempo, que la FMA/FAdeA haría en toda su historia, la empresa perdió a dos de sus mejores ingenieros que, a su vez, eran las mayores promesas para formar y conducir a una nueva generación de especialistas nacionales justo en el período en el que a nivel mundial en aeronáutica se hacía la transición de los motores a pistón a las turbinas (jets). Pero la situación fue aún peor.

Uno sólo de los presidentes de EMBRAER, el mítico iniciador de la empresa, Ozires Silva, sumó un total de 21 años al frente de la compañía.

El responsable indiscutido de la gestión de los significativos avances que realizó la FMA/FAdeA en la segunda mitad de la década de 1940 fue el Brig. My. Juan Ignacio San Martín, ingeniero militar y director el IA entre 1944 y 1949. Hombre de gran capacidad de conducción y compromiso, se transformó en el principal ejecutor de la política de desarrollo industrial aeronáutico que Juan D. Perón puso en marcha en Argentina al llegar a la Presidencia de la Nación en 1946. El problema fue que el éxito y el prestigio adquirido por San Martín llevó a que Perón lo sacara de la FMA/FAdeA para postularlo como gobernador de la Provincia de Córdoba, donde está asentada la fábrica de aviones, en las elecciones de 1949. San Martín las ganó y protagonizó una de las mejores gobernaciones provinciales de las que se tenga registro pero dejó a la FMA/FAdeA huérfana de su liderazgo justo cuando se hacía la transición tecnológica que mencionábamos antes pero, además, en vísperas de la transformaciónde la empresa en la plataforma para el spin off que a partir de 1951 pondría en marcha el desarrollo de la industria automotriz en la  Argentina. El cambio de conducción en un momento tan crítico y por motivos ajenos a la dinámica de la FMA/FAdeA no sería inocuo y cortaría con la intensa dinámica de avances que la compañía llevaba hasta entonces.

EMBRAER también fue una empresa que nació como militar, bajo el ala de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y permaneció como tal hasta su privatización en 1994. Sin embargo, lo militares brasileños, conscientes de lo daños que podría provocar en la organización la rotación de su conducción sacaron de dotación a los militares destinados a esa tarea. De esa forma, Ozires Silva y su equipo pudieron concentrarse en la tarea de gestionar EMBRAER a lo largo de los años sin verse afectados, a su vez, en sus propias carreras militares, ya que continuaron ascendiendo según el perfil profesional que tenían.

Otro problema castrense

La inestabilidad por los cambios de destinos de la conducción de la FMA/FAdeA no era el único comportamiento disfuncional provocado por aquella costumbre castrense. La empresa era un sitio de paso al que probablemente un director general de la FAA llegaba con el rango de comodoro pero, si hacía un buen papel, podía aspirar a pasar en el siguiente destino al Edificio Cóndor, en la glamorosa Buenos Aires, y ascendido a brigadier. Para que tal plan funcionara era mucho más útil, antes que realizar una meticulosa, rutinaria y poco atrayente tarea de consolidar los proyectos ya iniciados por un predecesor, comenzar otros nuevos que pudieran ser anunciados de manera rimbonbante a la prensa y al público en general. Esta es una de las razones por la cual, durante los años de mayor productividad de la FMA/FAdeA, se multiplicaron los prototipos de aviones que nunca llegaban a la serie y que eran abortados durante alguna fase de su desarrollo sin mayores dificultades ni explicaciones, tema que amerita un análisis en sí mismo pero que excede este espacio.

Malas continuidades y promesas truncas

El fin de la concesión a Lockheed Martin en 2009 ofició de reestatización de FAdeA, quedando bajo la propiedad y el control del Ministerio de Defensa. La situación era promisoria ya que se podría poner en marcha, otra vez, un programa de desarrollo de la industria aeronáutica nacional que no había estado entre los planes de la multinacional del armamento estadounidense, que se había hecho cargo de la empresa casi como un favor político a Carlos Menem, luego de un fallido intento previo por vender la entonces Área Material Córdoba (los cambios de denominación a lo largo de la historia de la FMA/FAdeA son otro síntoma de sus discontinuidades) y a cambio de la compra por parte del Gobierno argentino de 36 aviones A4 que ya nadie quería.

Para Lockheed Martin, FAdeA era un negocio muy marginal en los confines del mundo y concentró las actividades en el mantenimiento de los C-130 Hércules de la FAA fabricados por la propia compañía estadounidense, salvo por algunos intentos aislados de reflotar el programa IA-63 Pampa.

La reestatización, ideada y ejecutada bajo la conducción de Nilda Garré como ministra de Defensa (2005-2010), fue una excelente y oportuna iniciativa pero las promesas contenidas en esa decisión quedaron en gran parte truncas. En buena medida, una de las causas fue la reedición de la interferencia de la política del propietario sobre la empresa. Antes había sido la FAA, entrometiéndose en la vida de la Fábrica de aviones; ahora, era el Ministerio de Defensa y, por supuesto, nuevamente los vaivenes del país.

Una de las prácticas nocivas a las que se retornó fueron las efímeras conducciones de la empresa. Desde diciembre de 2009, cuando el Gobierno nacional tomó nuevamente el control de la empresa, hasta el cierre de esta nota, solo la dupla Mirta Iriondo-Franco Giuggioloni, presidenta y vicepresidente de FAdeA, respectivamente, entre enero de 2020 y febrero de 2024, lograron cumplir cuatro años de gestión continua (Giuggioloni hay había sido antes vicepresidente de FAdeA durante el período 2013-2016).

Técnicamente, la reestatización de la empresa estuvo a cargo de la Dirección General de Planificación Industrial y de Servicios para la Defensa (DGPISD), que entre 2007 y 2010 contó con la conducción de Iriondo. Ella fue la funcionaria del Ministerio de Defensa que con mayor claridad vio la importancia de prestar especial atención a la dirección de la nueva empresa, que nacía al calor de la finalización de la concesión a Lockheed Martin. Ella también comprendió que ni en la empresa, ni en el país, había personas con la experiencia y la idoneidad suficiente para guiar una compañía industrial aeronáutica que aspirara a alcanzar los estándares mundiales. La otra cuestión, relativa a la conducción, por la que Iriondo bregó, fue la separación del Directorio de la Gerencia General, apartando al primero de la gestión operativa de la compañía, que debería quedar a cargo de una conducción profesionalizada y aislada de las tribulaciones políticas que podían afectar al Directorio.

Las ideas de Iriondo eran las adecuadas pero cierta incapacidad para comprender las particularidades de una empresa industrial aeronáutica, y de FAdeA en especial, por parte de ciertos sectores de la conducción del Ministerio de Defensa de entonces, y las interferencias del Poder Ejecutivo, que pretendía que De Vido se hiciera cargo de FAdeA (a pesar de pertenecer a otro ministerio) terminaron frustrando la mayor parte de esas iniciativas y ella misma se alejó de la supervisión de la empresa para asumir la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológica (SsICyDT) del Ministerio de Defensa. Uno de los legados positivos que quedaron del esfuerzo de Iriondo fue la contratación, propuesta por ella, de Marcelo Ferroni como gerente general de FAdeA. Ferroni era un ingeniero aeronáutico de EMBRAER, con una vasta experiencia en otras compañías del rubro, que entre sus antecedentes ostentaba el de haber sido gerente general de la filial china de la compañía brasileña.

Ferroni fue gerente general de FAdeA entre 2009 y 2013 pero estaba solo, en medio de políticas que no lograban consolidarse, salvo puntuales excepciones como la asociación con EMBRAER por el C-390 y la modernización del IA-63 Pampa; y de un Directorio que carecía de la capacidad necesaria para la tarea asumida. Los resultados, por lo tanto, fueron magros.

En el período entre 2009 y 2013 hubo políticas que no lograban consolidarse, salvo puntuales excepciones como la asociación con EMBRAER por el C-390 y la modernización del IA-63 Pampa (foto).

Paradójicamente, el período de Lockheed Martin fue de una inhabitual continuidad en la conducción de la compañía. Tres presidentes cubrieron el tiempo de la multinacional estadounidense a cargo de la actual FAdeA (este nombre le fue dado a la compañía en 2009, luego de la reestatización): Harry Radcliffe, James Taylor y Alberto Buthet. El primero estuvo dos años en el cargo (julio 1995–julio 1997), pero los dos últimos, se desempeñaron durante cinco y siete años respectivamente (Taylor: julio 1997–enero 2002; Buthet: febrero 2002–diciembre 2009) y aunque el modelo de negocios de la empresa no contemplaba transformarla en un centro de diseño y producción de aeronaves, el interés de Lockheed Martin y la continuidad en la conducción permitió obtener algunos logros no menores como la formalización de procedimientos, algo previamente escaso en la empresa; la drástica disminución del problema de robos y el empleo para fines particulares de recursos de la compañía; la modernización de los estándares y las metodologías de trabajo; y la racionalización de la planta de personal. Pero, por supuesto, la continuidad es sólo un requisito para el éxito, hace falta también un modelo productivo y comercial adecuado para que una empresa como FAdeA pueda brindar todo su potencial y ello no estaba previsto que ocurriera con la concesión menemista a Lockheed Martin.

Los retornos no son buenos cuando se vuelve a un pasado que no fue positivo. Luego del intervalo de la concesión privatizadora de mediados de la década de 1990, la FAdeA de la reestatización bajo conducción civil recayó en algunas de las dinámicas de la anterior FMA de los tiempos militares, en lo que a la inestabilidad de las conducciones se refiere, salvo el caso del mandato de Iriondo y Giuggioloni. Pero también hubo otras condiciones de contorno que se reeditaron y que han mellado la capacidad de la empresa para dar mejores frutos. Entre ellas, se encuentra el escaso e intermitente apoyo del Gobierno nacional a FAdeA, mientras aquél no se privaba de interferir en su dinámica interna. Pongamos otro ejemplo ilustrativo, esta vez más reciente. Durante el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía de la Nación (julio 2022–diciembre 2023) el problema de disponibilidad de divisas del Gobierno federal llevó a fuertes restricciones a las importaciones. FAdeA no tuvo excepciones, ni siquiera por ser una empresa estratégica, y esto afectó seriamente su capacidad productiva y su prestigio frente a sus clientes. Esta situación se verificó incluso respecto a los negocios que era superavitarios en dólares, como los conjuntos que elabora para el C-390. El shipset completo de los seis conjuntos que FAdeA fabrica para el mencionado avión tiene un valor aproximado de U$D 1,5 millones. De ese total, los insumos extranjeros no suman más de U$D 500.000, el resto es valor agregado nacional. O sea, que por cada dólar que FAdeA precisa gastar en el exterior para producir esos shipsets, ingresarán, al venderlos, tres. Un negocio redondo y que debería ser cuidado con esmero, especialmente en un país con necesidades de divisas. Pues, no. El Ministerio de Economía sistemáticamente denegaba las solicitudes de importación, o los requerimientos de pago a los proveedores foráneos para los insumos necesarios en la fabricación de los shipsets mencionados, provocando recurrentes incumplimientos con EMBRAER, lo que llevaba a que FAdeA no pudiera entregar, ni facturar y menos cobrar eso conjuntos y, además, sufriera daños reputacionales ante su contraparte.

De esta forma, FAdeA ha quedado atrapada en algo similar a un loop temporal, una especie de eterno retorno a un pasado disfuncional del que precisa salir si desea prosperar y, para ello, uno de los cambios medulares que debe materializar es el de la idoneidad y continuidad de sus conducciones.

 Carlos de la Vega

El Comando Antártico Conjunto y Tandanor avanzan en la ampliación de la Base Petrel

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En el marco de uno de los proyectos más importantes para consolidar la presencia argentina en la Antártida, personal del astillero Tandanor junto al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) avanzan en la construcción de los nuevos módulos de la Base Conjunta Antártica Petrel. Esta instalación se está desarrollando en la Isla Dundee como parte de una iniciativa del Ministerio de Defensa destinada a fortalecer la infraestructura antártica y optimizar las capacidades operativas.

El ensamblaje de la estructura se encuentra a cargo del COCOANTAR, mientras que Tandanor supervisa la instalación para garantizar su correcta ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el trabajo coordinado ha permitido un avance sostenido en la instalación de los módulos, que en su conjunto cubrirán una superficie de 840 metros cuadrados.

El astillero cumplió un rol clave en la fabricación de la estructura y, antes del inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2024/25, capacitó al personal de COCOANTAR en el montaje y ensamblaje de los componentes. La instrucción, desarrollada en las instalaciones de Tandanor, estuvo orientada al montaje del Módulo 1, pieza clave en la próxima etapa del proyecto.

Esta nueva infraestructura tiene como objetivo favorecer la investigación científica y mejorar los servicios logísticos en la región. Contará con instalaciones apropiadas para el alojamiento del personal dedicado a tareas de investigación en la Isla Dundee y para quienes transiten hacia otros sectores de la Península Antártica.

El armado de Petrel es uno de los hitos de la CAV 2024/2025. El Comandante del Comando Conjunto Antártico, Comodoro de Marina Maximiliano Mangiaterra, destacó la importancia que tiene buque logístico ARA Patagonia (B-1), que se sumó a la campaña tras años de inactividad. En cuanto al rol del ARA Patagonia, Mangiaterra destaco que el buque “se sumó como buque cisterna para ayudar a todo lo que es el puente logístico, sobre todo de las cargas líquidas, que es el combustible de los buques, del antártico y de aviación. También una particularidad, que es llevar las estructuras para la construcción de los módulos del proyecto de la casa de Petrel”.

Los trabajos en la Base Petrel avanzan según el cronograma establecido, con un enfoque prioritario en la construcción de los módulos habitacionales 1 y 2. Esta base, fundada el 22 de febrero de 1967 como una Base Naval de ocupación permanente, fue evacuada en 1976 tras un incendio que destruyó la casa alojamiento principal. En 2021, a través del Decreto 809/2021, el Poder Ejecutivo asignó fondos adicionales para su reapertura, lo que permitió retomar las obras de infraestructura que hoy continúan en desarrollo.

Además de los avances en la construcción, cabe destacar que la pista de aterrizaje de la Base volvió a recibir vuelos de aeronaves de ala fija. En junio de 2024, la Fuerza Aérea Argentina operó por primera vez con un avión de transporte Saab 340-B, mientras que el Comando de Aviación Naval (COAN) de la Armada Argentina retomó en noviembre pasado las operaciones con aeronaves de ala fija en la Antártida después de 51 años, realizando dos vuelos con una aeronave TC-12B Huron de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia. La última vez que la Armada Argentina había operado este tipo de vuelos en el Continente Blanco fue entre 1967 y 1972, cuando la antigua “Estación Aeronaval Petrel” estaba en funcionamiento.

Después de la inundación: las enfermedades que pueden proliferar

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Agua segura, elementos de limpieza y servicios de atención son claves en estos momentos para proteger la salud pública en toda el área de Bahía Blanca y pueblos vecinos azotada por el temporal.

Con el servicio de agua potable comprometido en algunas zonas y las dificultades para sostener las medidas de higiene y sanidad básicas mientras se limpian viviendas y comercios potencia el riesgo de que proliferen enfermedades. A la par, está la urgencia de reponer los medicamentos para tratamientos que la población haya perdido durante el desborde del agua al interior de las casas.

En Cerri, la localidad arrasada, la población no puede consumir el agua de las canillas porque la inundación contaminó los depósitos generales de la red de suministro. Con una botella de agua mineral de dos litros se las arreglan en las familias para lavarse los dientes y tomar algunos mates.

“Las ciudades y el entorno tienen un ecosistema que es muy frágil. Cualquier evento meteorológico inusual, rompe el equilibrio y todos los seres vivos tratan de salvarse, con alimañas y roedores que lo hacen acercándose a la población. Además, esta inundación destruyó casas y servicios que alcanzó a los efluentes cloacales, con pozos negros explotados. Toda esta alteración del ecosistema que contamina el agua trae enfermedades hídricas. De ahí la importancia de que la población esté vacunada, tenga acceso a agua segura y reciba elementos de limpieza”, dijo Hugo Pizzi, director del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y profesor de la Facultad de Medicina de la UNC.

Mencionó que, en este contexto con higiene personal limitada por la emergencia, aumenta exponencialmente el riesgo de exposición a parásitos en la materia fecal, bacterias en alimentos no seguros y orina o materia fecal de roedores que pueden transmitir hantavirus y leptospirosis, entre las enfermedades infecciosas que citó.

Pizzi no olvidó el virus del dengue entre las enfermedades transmitidas por mosquitos o, por el contacto con agua contaminada, en especial con efluentes cloacales, infecciones como la fiebre tifoidea, la disentería giardiasis, la amebiasis o la hepatitis A.

“Y, poco probable, poliomielitis y cólera”, insistió en señalar. Por esto, el infectólogo sostuvo que es fundamental que la población tenga al día las vacunas de calendario.

Brigadas de vacunación

“La colaboración en este momento implica enviar brigadas de vacunación urgente, garantizar la provisión de agua segura donde no la haya y elementos de limpieza –explicó Pizzi–. Sigue, luego, la evaluación de lo sucedido en los hospitales, con unidades móviles de atención hasta poner en condiciones los servicios, los equipos y las áreas de conservación de medicamentos que fueron dañados porque aumentará la demanda de la población por malestares, dudas y suspensión de tratamientos o controles. El gran trabajo viene ahora y la salud pública es el gran adalid.”

Servicios médicos, como el área de neonatología del Hospital Penna de Bahía Blanca, quedaron arrasados por el agua
Servicios médicos, como el área de neonatología del Hospital Penna de Bahía Blanca, quedaron arrasados por el agua

Desde el Ministerio de Salud bonaerense, en tanto, indicaron que en el Hospital Penna de Bahía Blanca se mantiene la internación de pacientes que requieren cuidados mínimos, pero la Guardia no está atendiendo. “Se trasladaron cuatro pacientes de cuidados intensivos y, en el hall, se instaló una Guardia móvil que se llevó desde La Plata”, detallaron. “Los [pacientes] críticos se trasladaron a centros privados y el hospital municipal que están funcionando”, agregaron desde la cartera a cargo de Nicolás Kreplak.

El municipio informó más temprano que el Hospital Privado del Sur de la ciudad estaba sin servicio eléctrico y habían dispuesto trasladar a los internados al Hospital Móvil de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa). Ante la consulta, el Ministerio de Salud de la Nación indicó que se estaban derivando a esos pacientes y que preparan más kits para enviar con 43 medicamentos priorizados por la provincia de Buenos Aires.

A la guardia móvil del Penna están llegando, según ampliaron desde Salud provincial, consultas de urgencia asociadas “directamente con la inundación”, seguidas de los pedidos de reposición de medicamentos. En ese hospital provincial están relevamiento los servicios. “Entró muchísima agua en un hospital que tiene subsuelos”, definieron.

“Desde anteayer, están los equipos de infraestructura, mantenimiento y limpieza más los equipos médicos y técnicos médicos que están relevando todos los daños y empezando a ordenar para planificar la reoperativización de sectores y servicios”, continuaron.

Mañana podría llegar el tren sanitario con medicación, consultorios de atención ambulatoria y vacunas. Médicos y enfermeros reforzarían la atención postinundación, según explicaron. “Estamos viendo el estado de las vías”, señalaron en Salud provincial.

Unidades móviles recorren las zonas más afectadas
Unidades móviles recorren las zonas más afectadasMauro Rizzi

En el centro de la ciudad, también la planta baja de la oficina de PAMI quedó “devastada”, según describieron fuentes oficiales. La obra social de los jubilados está enviando camionetas con insumos y personal para restablecer la atención a los afiliados.

Desde el centro que dirige Pizzi en la UNC vienen advirtiendo desde el año pasado sobre este tipo de eventos meteorológicos inusuales. “Estamos inmersos en el efecto invernadero y estos fenómenos van a seguir ocurriendo –mencionó–. Lo que una ciudad puede evacuar en horas es imposible que lo haga con la caída de 200 o 300 mm de lluvia de golpe, como ocurrió en Bahía Blanca y alrededores.”

Mañana llegarán 200 bomberos voluntarios de la Región Sur y la Región Oeste de la provincia, que son los que más cerca están geográficamente de Bahía Blanca. Lo harán con motobombas para desagotar cocheras subterráneas o subsuelos, además de camionetas para asistir a los vecinos en la limpieza de las viviendas. Harán relevos cada 48 horas, con el envío de refuerzos en los próximos días.

“La desinfección de las casas y las calles es fundamental. El barro que arrastró genera olor porque no es solo tierra, sino que el agua recolectó todo a su paso y, eso, ahora está en descomposición. Eso hay que retirarlo y ayudar en la limpieza”, explicó Osvaldo Lori, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires. “Luego, sigue la desinfección y, en las viviendas, revisar las estructuras: los baños, la electricidad y la red domiciliaria de agua que se pudo contaminar porque el ingreso del agua afectó las cloacas por la presión. También, el agua arrastró alimañas, que también hay que eliminar”, mencionó entre las tareas a encarar.

Destacó, además, el proceso de acompañamiento emocional y psicológico por delante, con el estrés postraumático. “El agua hace desastres, más allá de los daños en lo estructural y los bienes. La gente pierde lo irrecuperable, desde una fotografía o el recuerdo de un familiar hasta documentación, estudios médicos o medicación. A partir de ahora, cada vez que llueva o se anuncie una tormenta, reaparecerá el miedo a que se repita un desastre así”, finalizó Lori.

Fabiola Czubaj

Alemania reconsidera su postura sobre energía nuclear. Y sobre armas nucleares

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El Gobierno alemán entrante, sacudido por la perspectiva de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retire las garantías de seguridad, está preparando un reajuste fundamental de su postura de defensa. La nueva coalición de democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) ya ha acordado impulsar cambios en el freno de la deuda que allanarían el camino a un gasto militar drásticamente mayor. El que probablemente será el próximo canciller de Alemania, el líder de la CDU Friedrich Merz, declaró que «en vista de las amenazas a nuestra libertad y a la paz en nuestro continente», el nuevo lema del gobierno tiene que ser «cueste lo que cueste».

Una prueba decisiva de la seriedad de estos esfuerzos es si el nuevo gobierno perseguirá un Plan B para un posible fin del paraguas de seguridad nuclear estadounidense para Alemania y Europa. Berlín necesita un ambicioso replanteamiento de la política nuclear que incluya un impulso para volver a compartir las armas nucleares a nivel europeo -con las potencias nucleares del continente, Francia y el Reino Unido- para disuadir a Rusia y a otros adversarios. También es esencial que Alemania invierta en investigación nuclear civil para mantener la latencia nuclear como cobertura. Afortunadamente, Merz se ha mostrado dispuesto a hacer ambas cosas.

Como parte del reparto nuclear de la OTAN, Alemania alberga unas 20 bombas nucleares B-61 estadounidenses en la base aérea de Büchel. Durante gran parte de las últimas décadas, la mayoría de los alemanes estaban a favor de sacar estas armas nucleares de Alemania. Esto formaba parte del deseo alemán de abandonar todo lo nuclear, ya fuera militar o civil. A mediados de 2021, una encuesta publicada por la Conferencia de Seguridad de Múnich reveló que sólo el 14% de los alemanes estaba a favor de que hubiera armas nucleares en suelo alemán.

La invasión rusa de Ucrania provocó un cambio drástico en la opinión pública. A mediados de 2022, el 52 por ciento de los alemanes encuestados para la revista Panorama se mostraron partidarios de mantener o incluso aumentar las armas nucleares estadounidenses en Alemania. El ataque de Rusia contra Ucrania, potencia no nuclear, que incluía la amenaza de utilizar ese tipo de armas para disuadir a Europa y Estados Unidos de apoyar a Kiev, dejó claramente huella en la población alemana.

A la luz de tales amenazas, parece que una mayoría de alemanes ha llegado a la conclusión de que es mejor estar directamente bajo un paraguas nuclear. Tras la invasión rusa, el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió llevar a cabo un acuerdo de 10.000 millones de euros (13.850 millones de dólares) con Estados Unidos para comprar aviones F-35 que sustituyeran a la vetusta flota de Tornados y que transportaran las bombas nucleares estadounidenses almacenadas en la base aérea de Büchel. Con este acuerdo, Scholz pretendía afianzar los compromisos de Estados Unidos con la defensa alemana.

De todos los últimos cancilleres alemanes, Scholz fue probablemente el que mantuvo una relación más estrecha con Washington. Intentó seguir por este camino incluso tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. En la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero, Scholz dijo: «No aceptaremos ninguna solución que conduzca a desvincular la seguridad europea de la estadounidense».

Esa declaración suena decisiva, pero sólo si se ignora que la decisión de desvincular la seguridad europea está en manos de Estados Unidos. Berlín no tiene poder de veto en este sentido.

El probable sucesor de Scholz, Merz, adopta un tono muy diferente. Antes de que se anunciaran los resultados oficiales la noche de las elecciones del 23 de febrero, declaró: «Mi prioridad absoluta será fortalecer Europa lo antes posible para que, paso a paso, podamos alcanzar realmente la independencia de EEUU». Merz también dijo que no estaba claro si «seguiremos hablando de la OTAN en su forma actual» cuando se celebre la cumbre del bloque prevista para junio, «o si tendremos que establecer una capacidad de defensa europea independiente mucho más rápidamente».

Merz está convencido de que esto debe incluir un Plan B para el posible fin del paraguas nuclear estadounidense. El canciller en funciones ha propuesto mantener conversaciones con Francia y el Reino Unido sobre si ambos están dispuestos a participar en un acuerdo para compartir armas nucleares con Alemania.

Se trata de un cambio radical en el debate alemán. Los ex cancilleres Angela Merkel y Scholz habían ignorado sistemáticamente las ofertas del presidente francés Emmanuel Macron de entablar un diálogo estratégico sobre la disuasión nuclear en Europa. En un discurso televisado el 5 de marzo, Macron respondió positivamente a lo que calificó de «llamada histórica» de Merz. El presidente francés dijo que había decidido «abrir el debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo por nuestra disuasión [nuclear].»

El alineamiento Merz-Macron proporciona una sólida base política para los debates sobre una mayor europeización del reparto nuclear. Por supuesto, existen muchos obstáculos, riesgos y preguntas sin respuesta, como se han apresurado a señalar los críticos de estas propuestas en el debate alemán.

Es fácil menospreciar las «sugerencias políticas un tanto presas del pánico» de un «creciente coro de expertos y responsables políticos de todo el establishment político dominante que temen el abandono de Estados Unidos», como ha hecho el investigador alemán sobre control de armas Ulrich Kühn. Pero teniendo en cuenta los estragos que ha causado la administración Trump en solo siete semanas, no da «pánico» pensar en una posible salida de Estados Unidos de la alianza transatlántica. No buscar seriamente un Plan B sería una grave irresponsabilidad en este momento.

Un primer requisito es una visión compartida de un acuerdo político realista para europeizar la disuasión ampliada y el reparto nuclear. Una opción sería recrear el grupo de planificación nuclear de la OTAN a nivel europeo, con Francia y el Reino Unido como potencias nucleares de anclaje. Para permitir la participación del Reino Unido, esto debería hacerse fuera del marco formal de la UE. En su núcleo, el grupo de planificación debería incluir un puñado de países europeos clave (Polonia, Italia y Alemania estarían sin duda entre ellos). La UE podría estar representada colectivamente a través del presidente del Consejo Europeo o del responsable de Asuntos Exteriores de la UE. Los dirigentes de Alemania y Polonia ya se han mostrado abiertos a acuerdos concretos de uso compartido de armas nucleares, como el estacionamiento de capacidades francesas en suelo alemán o polaco.

Por supuesto, la decisión final sobre cualquier uso de armas nucleares seguiría siendo de Francia y el Reino Unido, como Macron también subrayó durante sus comentarios del 5 de marzo. Esto refleja el acuerdo actual con Estados Unidos. Los miembros que participen en el reparto nuclear contribuirían financieramente a la carga de mantener el arsenal nuclear francés y británico.

Ya en 2019, Bruno Tertrais -uno de los estrategas nucleares más destacados de Francia- habló de un acuerdo de este tipo. Consciente de los obstáculos, también desacreditó algunas de las críticas más comunes. Por ejemplo, incluso combinados, los limitados arsenales de Francia y el Reino Unido no sustituirían plenamente a la disuasión ampliada de Estados Unidos, basada en un arsenal varias veces superior. Pero eso no significa que una disuasión basada en Francia o el Reino Unido no fuera creíble per se. Como argumentaba Tertrais, «un arsenal pequeño puede disuadir a una gran potencia siempre que tenga la capacidad de infligir daños considerados inaceptables por la otra parte».

Tampoco resulta convincente afirmar que centrarse en europeizar la disuasión nuclear distrae la atención de las inversiones necesarias en disuasión convencional (incluyendo capacidades de ataque de gran precisión). Tertrais sostenía que los europeos simplemente tienen que perseguir ambas cosas. Y sí, el Reino Unido depende de Washington para los elementos clave de su propio arsenal nuclear. Pero las capacidades francesas son totalmente autónomas, lo que resulta crucial para la credibilidad ante un posible giro de Estados Unidos contra Europa.

Afirmar que un impulso para europeizar el reparto nuclear incentivaría la proliferación nuclear a nivel mundial parece descabellado. Corea del Sur, Arabia Saudí o Turquía tomarán sus propias decisiones en materia nuclear basándose en sus propias evaluaciones de su situación de seguridad. Y a medio y largo plazo, Alemania y Europa también tienen que pensar en el control de armamentos y las medidas de fomento de la confianza con Rusia.

Por supuesto, los alemanes y otros países que ahora buscan protección nuclear en Francia y el Reino Unido podrían preguntarse hasta qué punto son políticamente estables y fiables estas potencias nucleares europeas. Es una pregunta válida. Después de todo, en el Reino Unido, Nigel Farage, líder del partido de extrema derecha Reform U.K., está ganando terreno. Francia puede estar a sólo unas elecciones de tener un presidente de un partido de extrema derecha o de extrema izquierda hostil a compartir la disuasión nuclear francesa.

Dicho esto, la única opción para Alemania, aparte de un paraguas nuclear europeo, sería conseguir sus propias armas nucleares. En este momento, dadas las repercusiones políticas, la carga financiera y el tiempo que llevaría fabricar una bomba alemana no es una alternativa rentable. Sin embargo, para protegerse, Alemania debe invertir en mantener la latencia nuclear, es decir, disponer de las capacidades básicas para llevar a cabo su propio programa de armas nucleares en una situación en la que no le quede otra alternativa.

Para ello, Alemania debe volver a comprometerse con la investigación nuclear civil, lo que debería ser una obviedad por otras razones en una era de inteligencia artificial de alto consumo energético y la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles en medio del actual cambio climático. Una economía líder como la alemana simplemente necesita estar a la vanguardia de la investigación nuclear civil.

Durante los primeros días del primer mandato de Trump, Merkel declaró que «los europeos debemos tomar realmente nuestro destino en nuestras manos.» Sin embargo, poco o nada se hizo al respecto. Hoy estamos viendo las dramáticas consecuencias de haberse tomado por fin en serio esa declaración.

Merz tiene mucha razón al pedir que pasemos a «esperar lo mejor y seguir preparándonos para lo peor». Por muy incómodo que esto pueda resultar para muchos en Alemania, esta estrategia tiene que incluir un Plan B para la disuasión nuclear.

Thorsten Benner

Argentina, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay: «tormentas cada vez más severas»

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La tormenta que cayó este viernes 7 sobre Bahía Blanca fue anómala no solo en el país sino también en la región. Tan solo vale recordar la catástrofe ocurrida el año pasado en Porto Alegre, donde cayeron durante tres días 258,6 milímetros de agua. En la ciudad argentina, bastaron solo 12 horas para que más de 290 milímetros de lluvia la devastaran.

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), fenómenos como el que sucedió en Bahía Blanca pueden repetirse en el futuro, incluso ser más frecuentes e intensos. En el caso argentino, esta advertencia incluye a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones en su área más comprometida. El reporte síntesis del IPCC proyecta que, cuanto más caliente sea la Tierra, se eleva el riesgo de sufrir estos eventos.

“En las evaluaciones del IPCC, que se basan en compilar y analizar la literatura científica sobre cambio climático en el planeta, se confirma que en el sudeste de América del Sur se han incrementado las tormentas severas”, asegura Carolina Vera, una de las autoras del reporte más reciente, publicado en 2023, y vicepresidenta del grupo 1 del IPCC, que se dedica a la previsiones meteorológicas. Las tormentas severas a las que se refiere Vera son eventos extremos que combinan lluvias y vientos intensos con o sin caída de granizo. Los expertos afirman que para frenar la progresión de estos fenómenos se debe actuar cuanto antes. Un nuevo análisis de la organización científica ClimateMeter concluyó que la lluvia anómala que ocurrió el viernes pasado es atribuible al cambio climático. Según este reporte, la cantidad de lluvia que cayó en este último evento es 7% mayor al de la lluvia que cayó durante la segunda mitad del siglo XX. “Uno podría decir que hay variables naturales que podrían hacer de esta época más propensa a lluvias fuertes, pero no es el caso. El cambio climático tiene mayor influencia en lo que pasó”, aseguró Marisol Osman, doctora en ciencias de la atmósfera en CIMA/Conicet Bahía Blanca, es una de las tantas ciudades comprendidas en la zona sobre la que advierte el IPCC, que abarca buena parte de la Argentina y el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Las precipitaciones atípicas en ese área del mapa pueden volver a derivar en escenas dramáticas.

Crecimiento de la probabilidad de eventos de tormenta en la región

Se toma como base 0 la época preindustrial (1850-1900)

*Mapa basado en datos del Atlas Interactivo y el reporte síntesis del IPCC (AR6). <br>*Aclaración: las proyecciones temporales están basadas en el escenario SSP5-8.5 del reporte síntesis del IPCC (AR6).<br>En este informe se proyecta un aumento máximo de casi 2°C de la temperatura media global para 2040, hasta 3°C para 2060 y de hasta 5,7°C para el final del siglo.
*Mapa basado en datos del Atlas Interactivo y el reporte síntesis del IPCC (AR6).
*Aclaración: las proyecciones temporales están basadas en el escenario SSP5-8.5 del reporte síntesis del IPCC (AR6).
En este informe se proyecta un aumento máximo de casi 2°C de la temperatura media global para 2040, hasta 3°C para 2060 y de hasta 5,7°C para el final del siglo.

Escenarios y proyecciones para la Argentina Hay dos hechos que generan consenso entre la mayoría de los científicos y de los gobiernos del mundo. Primero, que la temperatura global está en aumento y, segundo, que este fenómeno es consecuencia de la concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la alta concentración de dióxido de carbono (427 partes por millón en el aire) impulsó el aumento de 1,5° C de la temperatura media global con respecto a la época previa a la industrialización. Esta comparación es clave: los científicos atribuyen este incremento de concentración de gases a la actividad humana, especialmente la de los últimos 150 años. El valor de 1,5° C no es menor. El cambio no se había registrado de forma tan veloz, al menos en los últimos 2000 años, y representa modificaciones en los climas de todo el mundo. Además, según expertos, la tendencia de la temperatura sigue en ascenso. El último reporte IPCC se basa en estos datos para modelar cinco escenarios distintos. Caminos que el planeta podría recorrer dependiendo de las decisiones que el ser humano adopte, si aumenta o disminuye las emisiones. Hay dos planteos optimistas, uno intermedio y dos pesimistas. El escenario más grave, según Vera, es al que se llegaría si se continúa por el sendero actual. En este caso, la región sudeste de América del Sur se perfila como una de las más complicadas. Bahía Blanca es una de las localidades que supera la media de la probabilidad de tormentas severas, con más de un 12% de chances de un evento extremo. Para 2040, siguiendo la medición del IPCC -que compara el contexto actual con la época preindustrial-, esa probabilidad crecerá un 16% en esa ciudad. Para 2060, ese porcentaje se elevaría a 22,5% y, para el final del siglo, puede llegar a 26,9%.

<span class=nd-epigrafe-etiqueta>Bahía Blanca, arrasada.</span> Los autos quedaron a la deriva luego de ser arrastrados por la corriente
Bahía Blanca, arrasada. Los autos quedaron a la deriva luego de ser arrastrados por la corriente

La ecuación es clara: más calor significa más lluvia. Los cambios en la temperatura de la Tierra pueden generar que las interacciones entre las corrientes de aire frío y cálido sean más violentas. “El aumento de la temperatura media global significa que hay más energía en la atmósfera, lo que puede propiciar mayor cantidad de eventos severos”, resume Vera. Y añade que también puede derivar en otra consecuencia: que el agua de lagos, de ríos y del mar se evapore con más velocidad y abundancia, lo que provoca más precipitaciones. “Pero también en las evaluaciones del IPCC insistimos en que un desastre no se produce solo por la ocurrencia de una amenaza meteorológica, como es en este caso la lluvia intensa”, aclara la experta. En este sentido, enumera dos factores más: las condiciones previas de exposición y de vulnerabilidad. “Bahía Blanca tiene una vulnerabilidad que son sus ríos y la exposición se relaciona con que estos ríos forman parte de una cuenca que se inicia en sierras que están más al norte”, explica Vera. Es decir que la lluvia que puede caer sobre la ciudad no es el único factor desencadenante, el agua que llevan los ríos se suma como una condición que agrava el panorama. “Es por eso que a la gestión del riesgo de desastres se la considera una medida de adaptación al cambio climático”, indica.

Picos de precipitaciones en Bahía Blanca

Registro histórico de lluvias. En milímetros

Fuente: Servicio Metereológico Nacional y Archivo La Nación
Fuente: Servicio Metereológico Nacional y Archivo La Nación

Alertas tempranas Para Ana Carolina Herrero, especialista en hidrología urbana, los sistemas de alerta temprana son cruciales en este contexto. Según la Organización Meteorológica Mundial, estos procesos se componen de cuatro etapas: monitoreo de las amenazas climáticas, cálculo del riesgo ante dichas amenazas, comunicación del riesgo y capacidad de respuesta. Para la experta, los primeros dos puntos funcionan “bastante bien” en todo el país. En Bahía Blanca, por caso, se había emitido una alerta climática y, de hecho, se habían suspendido las clases para el viernes trágico. Pero, considera que los dos últimos, relacionados con la información a la población y la reacción frente al evento extremo, son deficientes.

<span class=nd-epigrafe-etiqueta>Panorama desolador.</span> El drama quedó a la vista cuando el agua empezó a bajar durante el fin de semana
Panorama desolador. El drama quedó a la vista cuando el agua empezó a bajar durante el fin de semana

Herrero destaca que los sistemas de alerta temprana tienen que estar centrados en la ciudadanía, para que se reduzca o evite la posibilidad de lesiones o pérdidas de vidas, además de daños al ambiente. En este sentido, subraya la importancia no solo de las obras de infraestructura, sino también de las medidas llamadas no estructurales. “Son, por ejemplo, acciones de capacitación, concientización y normativa de usos de suelo, entre otras. Antes era más complicado, pero ahora hay evidencias muy contundentes del cambio climático y sus efectos. Si bien el tema es abordado en todas las estructuras del Estado, todavía hay mucho por hacer para trabajar en la prevención del desastre”, concluye.

Matías Avramow

Estados Unidos abandona las políticas ambientales de Biden y estimula la producción de gas y petróleo

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 El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implicó también un giro en la política energética, que quedó reflejado en el característico eslogan del partido republicano, Drill, Baby, Drill”, que el mandatario mencionó en su discurso de asunción, el 20 de enero pasado, para incentivar la perforación de gas y petróleo. Menos de dos meses después, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, lo volvió a dejar claro en la conferencia de energía más importante del mundo, que congrega en esta ciudad a los ejecutivos petroleros de las principales empresas.

“La administración anterior se centró de manera miope en el cambio climático, considerando a las personas simplemente como daños colaterales. Mi predecesor estuvo en este escenario hace un año diciendo que las exportaciones de gas natural licuado (GNL) pronto estarían en el espejo retrovisor. Piénselo por un momento. El gas natural hoy en día suministra el 25% de la energía primaria global y ha sido la fuente de energía de más rápido crecimiento en los últimos 15 años. La energía eólica y solar, favoritas de la última administración y de gran parte del mundo, suministran aproximadamente el 3% de la energía primaria global”, dijo el funcionario, quien abrió la CERAWeek by S&P Global.

Wright criticó las energías renovables por ser más costosas e inestables, ya que generan electricidad cuando se dan las condiciones climáticas, pero evitó mencionar que producen mucho menos emisiones de carbono. En cambio, el secretario de Energía defendió la producción de gas y destacó cómo este recurso cambió la economía de Estados Unidos. Esto se debe a la cuenca del Permian, similar a la de Vaca Muerta, donde la tecnología del fracking le permitió ser uno de los mayores exportadores de GNL, superando incluso a Qatar y Rusia.

“Más allá de los obvios problemas de escala y costo, simplemente no hay forma física de que la energía eólica, solar y las baterías puedan reemplazar los innumerables usos del gas natural”, dijo Wright en un giro de 180 grados en la política energética de EE.UU. El gobierno de Joe Biden había destinado más de US$300 millones en subsidios para reducir la contaminación climática y acelerar la transición a la energía limpia.

“Me han llamado negacionista o escéptico del clima. Esto es simplemente incorrecto. Soy un realista climático. La administración Trump tratará el cambio climático como lo que es: un fenómeno físico global que es un efecto secundario de la construcción del mundo moderno”, dijo Wright, y volvió a criticar las políticas del gobierno anterior.

“La administración Trump pondrá fin a las políticas irracionales y casi religiosas de la administración Biden sobre el cambio climático que impusieron sacrificios interminables a nuestros ciudadanos”, anunció, y generó el aplauso de sus asesores, que estaban sentados en la primera fila, pero que no contagió al resto de los más de 500 empresarios presentes en la sala principal del hotel Hilton Americas Houston.

“La administración Trump tiene la intención de ser mucho más científica y basarse en las matemáticas. Las políticas climáticas de la administración anterior han empobrecido a nuestros ciudadanos, han sido destructivas para nuestros negocios y han polarizado políticamente. La cura fue mucho más destructiva que la enfermedad. No hay ganadores en ese mundo, excepto para los políticos y los grupos de interés en rápido crecimiento. El único grupo de interés que nos preocupa es el pueblo estadounidense”, comentó el secretario de Energía.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, cuando asumió el cargo, en enero pasado
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, cuando asumió el cargo, en enero pasadoRod Lamkey – FR172078

En ese sentido, explicó que una de las primeras medidas que impulsó Trump fue poner fin a la pausa en los permisos de exportación de GNL que había establecido Biden. “Es difícil de creer que hubo oposición a estas políticas que claramente benefician a los estadounidenses, a nuestros aliados y a nuestro medio ambiente”, dijo. El funcionario explicó que Estados Unidos pasó de ser el mayor importador neto de gas del mundo hace 17 años a ser el mayor exportador y reducir el costo de este recurso a la mitad.

“Es una historia tremenda de innovación, tecnología y despliegue de capital estadounidense. Es una ventaja económica tremenda para EE.UU. seguir aumentando nuestra producción de gas y un gran servicio a nuestros aliados en todo el mundo que a menudo dependen de naciones poco confiables u hostiles para este combustible crítico”, concluyó.

Sofía Diamante

BlackRock, el fondo que administra 11 billones de dólares, compra 2 puertos en el Canal de Panamá

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BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, maneja más dinero que el Producto Interno Bruto de cualquier estado nacional, salvo Estados Unidos y China.

Este gigante, en representación de sus clientes, es uno de los principales accionistas de empresas como Apple, Walmart, o las farmacéuticas Pfizer, Merck, y Johnson & Johnson.

¿Cuál es su negocio? Invertir los fondos que le confían sus clientes, entre ellos, instituciones financieras, compañías de seguros, bancos centrales, fondos soberanos, fondos de pensiones y familias adineradas.

Con más de 11 billones de dólares (once millones de millones, o, en notación anglo, once trillones) bajo su administración, las decisiones que toma BlackRock pueden mover montañas. No son literalmente propietarios de todo ese dinero, pero como pueden decidir dónde se invierte, se suele decir que controlan una parte importante del sistema financiero internacional, o que son «los dueños del mundo», por su gigantesco poder e influencia.

Y no es el único. BlackRock junto a Vanguard y State Street son conocidos como «Los Tres Grandes» en el mundo de las finanzas, tras convertirse en los mayores fondos de gestión de activos del mundo.

Sus respectivos directores ejecutivos, Larry Fink, Salim Ramji, y Ronald O’Hanley, son considerados por muchos analistas de mercado como unos de los grandes poderes en la sombra, razón que explicaría por qué probablemente no hayas escuchado hablar de ellos.

Símbolo del éxito empresarial para algunos, o de una peligrosa oligarquía económica para otros, «Los Tres Grandes» son parte de un exclusivo grupo en el que también participan otras empresas como Fidelity Investments, Morgan Stanley o Goldman Sachs.

Esta semana BalckRock anunció un acuerdo comercial (que incluye la participación de Global Infrastructure Partners y Terminal Investment) para adquirir la firma china CK Hutchison, con sede en Hong Kong, dueña de decenas de puertos en 23 países, incluidas las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, adyacentes al Canal de Panamá, en una operación valorada en US$19.000 millones.

El acuerdo llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara al gobierno panameño con recuperar el control del canal que el país centroamericano tiene desde 1999, alegando que está controlado por China.

Los puertos, situados en ambos extremos de la vía fluvial, han estado en el centro de las tensiones políticas entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, tras las críticas de Trump a la presunta injerencia china en la zona.

Si se completa, la compra de los puertos panameños podría contribuir en gran medida a aliviar las preocupaciones del gobierno estadounidense, dicen expertos.

El multimillonario Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, se habría comunicado directamente con la Casa Blanca para comentarle sus planes de adquirir los dos puertos panameños, según publicó Bloomberg.

El acuerdo «refleja una extraordinaria confluencia entre la visión de ‘Estados Unidos Primero’ de Trump y la búsqueda global de ganancias de Wall Street», señala el artículo.

El mismo día que se anunció el acuerdo comercial, Trump lo elogió públicamente en un discurso.

«Justo hoy, una gran empresa estadounidense anunció que comprará los dos puertos que rodean el Canal de Panamá», dijo el presidente el 4 de marzo.

«El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses, para estadounidenses, no para otros», agregó.

Embarcaciones en el Canal de Panamá
Pie de foto,BlackRock acordó comprar dos puertos en el Canal de Panamá a la empresa china CK Hutchison.

El poder de BlackRock

¿Quiénes son los dueños de BlackRock? Un grupo de inversores entre los que se encuentran otros bancos y fondos de inversión como Vanguard y State Street, los mismos que forman parte de «Los Tres Grandes».

Como si se tratara de una maraña de fondos que a su vez son dueños de otros fondos, los cuales a su vez tienen participación en los activos que manejan los demás, pareciera ser que los grandes capitales se mueven dentro del mismo círculo.

La junta directiva de BlackRock, encargada de tomar las decisiones de la empresa, está liderada por su presidente y director ejecutivo, Larry Fink, junto a otros 16 miembros.

Larry Fink, el multimillonario líder de BlackRock durante casi cuatro décadas.
Pie de foto,Larry Fink, el multimillonario director de BlackRock durante casi cuatro décadas.

Con la enorme cartera de inversiones que posee a lo largo y ancho del planeta, y sus extrechas conexiones con gobiernos de todos los colores, ¿qué hay de cierto en lo que dicen algunos de que «son los dueños del mundo»?

«No es una idea descabellada», dice Graham Steele, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, quien lideró la Oficina de Instituciones Financieras del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFI, por sus siglas en inglés) hasta enero de 2024.

«BlackRock ha acumulado un poder financiero descomunal», argumenta Steele en diálogo con BBC Mundo.

«Son tan poderosos como algunas naciones soberanas», señala el experto, incluso antes de considerar el valor estratégico de algunos de los activos que poseen.

Ese poder financiero viene de reunir billones de dólares de inversiones de trabajadores y empresas y usar esos fondos para controlar grandes corporaciones e infraestructura física estratégicamente importante, explica Steele.

Y junto al poder económico, el mayor fondo de inversión del mundo, acumula un enorme poder en el terreno político en EE.UU. y otros países en los que ha invertido.

«Ejerce influencia política a través de un lobby agresivo», comenta Steele, al crear relaciones con funcionarios gubernamentales y prestar servicios a agencias de gobierno.

Según su análisis, BlackRock es una versión moderna de los poderosos «trusts» (fideicomisos basados en un acuerdo para que una persona o una entidad administre los activos de otra) que existieron a inicios del siglo XX.

Ese tipo de acuerdos comerciales, apunta, dieron origen a algunas de las leyes antimonopolio fundamentales de Estados Unidos, enfocadas en regular la concentración del poder económico, dice Steele.

Las críticas a BlackRock

Desde que se fundó en Nueva York en 1988, BlackRock siempre ha estado en la primera fila de los grandes acontecimientos.

Cuando la Reserva Federal necesitó la ayuda de Wall Street para su plan de rescate durante la pandemia, acudió directamente a Larry Fink.

Y así también ocurrió después de la crisis financiera de 2008, cuando la Reserva Federal contrató a BlackRock para deshacerse de los títulos hipotecarios tóxicos de algunos bancos.

En los últimos años, la firma ha intentado proyectar una imagen de liderazgo en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, pero sus detractores señalñan que se trata tan solo de marketing.

Las críticas más recurrentes señalan que la firma opera con un doble estándar: habla de compromiso con el cambio climático y continúa invirtiendo en combustibles fósiles; predica la libertad en los mercados, pero distorsiona la competencia por su gigantesco tamaño.

Tampoco favorecen su imagen sus gigantescas inversiones en la industria armamentística y en empresas acusadas de violar los derechos humanos.

En EE.UU., algunos desde el Partido Republicano acusan a BlackRock de ser una empresa «woke», es decir, demasiado liberal para los estándares tradicionales. Incluso estados como Virginia Occidental, Florida y Luisiana, han evitado hacer negocios con BlackRock por considerarla negativamente progresista.

A los conservadores les molesta que BlackRock se haya mostrado flexible en temas como equidad racial y de género, o abierto a conversar sobre límites de emisiones.

Por otro lado, en Wall Street, las firmas más pequeñas ven a BlackRock como invencible y pese a las advertencias sobre posibles prácticas anticompetitivas, el fondo de inversión continúa expandiéndose.

En Europa y otras regiones del mundo, el fondo es visto con recelo por las inversiones que ha realizado en sectores estratégicos, como el de la energía o las telecomunicaciones, y por las adquisiciones que ha realizado, por ejemplo, de empresas públicas en países con finanzas públicas en crisis.

Ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca, cuyas políticas apuntan a desregular los mercados, y tras el acuerdo comercial elogiado por el presidente para hacerse con el control de los puertos panameños, pareciera que BlackRock tiene una vez más el terreno fértil para seguir consolidando su poder.

Cecilia Barría

China suspende la importación de soja de Dreyfus, CHS y EGT. ¿Ventaja para Argentina y Brasil?

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China comunicó que se suspendieron tres licencias a exportadores de soja norteamericanos. Se trata de las empresas Dreyfus, CHS y EGT, informó el departamento de aduanas de China en un comunicado.

Con esta acción se reafirma la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos. La medida se da luego de que el gobierno de Trump imponga aranceles a determinados productos chinos.

China también gravó las importaciones de productos agrícolas y alimenticios estadounidenses por valor de 21.000 millones de dólares, incluidos soja, trigo, carne y algodón, informó Reuters.

Este nuevo escenario reconfigura el mercado chino y Sudamérica aparece como un gran proveedor. Lo mismo para Australia. El país asiático comenzó tiempo atrás un proceso de menor dependencia de Estados Unidos, pero ahora se intensificará.

«Desde la perspectiva de la soja, los proveedores sudamericanos probablemente se beneficiarán. Los proveedores de otras semillas oleaginosas, como la canola, también podrían experimentar un impulso», dijo a Reuters Dennis Voznesenski, analista del Commonwealth Bank en Sydney.

La novedad de las tres empresas estadounidenses responde a las represalias contra la decisión de Trump de imponer un arancel adicional del 10 % a China.

Actualmente, el gigante asiático realiza dos tercios de sus compras de sorgo a Estados Unidos. La aplicación del arancel beneficiaría a los productores australianos.

“El sorgo sería un claro ganador. Probablemente la cebada también se beneficiaría», dijo Rod Baker, analista de Australian Crop Forecasters en Perth.

Por su parte, Reuters insistió en que el último arancel a la soja estadounidense anuncia una dependencia aún mayor de Brasil y Argentina. También habrá cambios en la demanda de proteína animal.

«Habrá un desvío del comercio después de que China apliquen aranceles a las importaciones de productos estadounidenses», dijo Pan Chenjun, analista senior de proteínas animales en Rabobank en Hong Kong. En este sentido, Brasil podría tener un impulso mayor.