Cumbre de Impacto de la IA. Esta semana, Nueva Delhi acoge la cuarta cumbre mundial de inteligencia artificial, la primera que se celebra en el hemisferio sur. El tema de la India es el «impacto», y el gobierno del primer ministro Narendra Modi y la comunidad tecnológica esperan mostrar ejemplos de IA escalable en el país. El año pasado, Bhaskar Chakravorti argumentó que, si bien existen numerosos casos de uso para la IA en los países en desarrollo, lograr que la industria abandone su «obsesión por construir modelos lingüísticos extensos cada vez más potentes no será fácil». En AgendAR estaremos atentos a informar sobre estos nuevos desarrollos
Geopolítica de la soja: en 2025 China importó 112 millones de toneladas. 83 % de América del Sur
Con más de 1400 millones de habitantes, China importó 112 millones de toneladas de soja en 2025, un récord histórico, y Sudamérica alcanzó una participación sin precedentes del 83% en ese mercado. En medio del conflicto comercial que el gigante asiático tiene con Estados Unidos, el bloque sudamericano desplazó a la oleaginosa norteamericana. El dato surge de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analizó cómo las tensiones arancelarias reconfiguraron el comercio global del principal cultivo argentino.
En detalle, destacaron que China es el segundo país más poblado del planeta, detrás de la India, y combina esa escala demográfica con un peso económico decisivo en el comercio internacional. “Con 9,6 millones de kilómetros cuadrados —tercer país más extenso, solo por detrás de Rusia y Canadá— el gigante asiático concentra una demanda alimentaria acorde a su dimensión y poder adquisitivo», señalaron.
En ese contexto, explicaron, en parte, su rol como principal importador mundial de soja. China posee la mayor industria porcina del mundo y, durante la última década, explicó el 55% de las existencias globales de cabezas de cerdo. También produce más carne aviar que la Unión Europea y Brasil, aunque un 20% menos que Estados Unidos.
Esta estructura productiva genera una fuerte necesidad de insumos para alimentación animal. La harina de soja es la principal fuente proteica en las dietas de feedlot y, según el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en la campaña 2024/25 China utilizó 76 millones de toneladas de harina de soja, lo que representó el 74% del uso total de harinas para alimentación animal.
Para alcanzar ese volumen, indicaron, el país procesó 103 millones de toneladas de soja. Sin embargo, su producción doméstica fue de apenas 20 millones de toneladas, “una sexta parte del consumo total de soja en toda la campaña”, señaló el informe. El faltante debe cubrirse con importaciones, lo que consolida a China como el principal demandante global del poroto.
En ese sentido, en 2025 esa dependencia externa alcanzó un máximo: el país importó 112 millones de toneladas de soja, un récord histórico. Pero no solo fue inédita la magnitud de las compras; también lo fue la concentración de los proveedores.
“El 83% de las importaciones de soja en China durante el 2025 tuvo origen en Sudamérica”, destacó la BCR. Nunca antes la región había tenido semejante participación en el abastecimiento del mercado chino.
En este escenario, fue Brasil quien volvió a liderar los envíos: desde 2013 es el principal proveedor del gigante asiático y en 2025 le exportó 82 millones de toneladas, cinco veces más que Estados Unidos. La Argentina, en tanto, embarcó casi 8 millones de toneladas y Uruguay 3,1 millones.
Geopolítica
La explicación de este fenómeno no fue comercial sino geopolítica. “Tanto la intensidad de importaciones, como la concentración de orígenes sudamericanos no fue casual, sino que estuvieron directamente condicionadas por las tensiones arancelarias entre China y Estados Unidos”, precisó el trabajo.
A comienzos de 2025, Estados Unidos llegó a fijar un arancel del 145% a todos los bienes provenientes de China, mientras que el país asiático estableció alícuotas del 125%. El comercio bilateral quedó prácticamente paralizado. Más tarde, desde mayo, se abrió un período de tregua con bajas de tarifas, aunque supeditado al éxito de las negociaciones.
En los hechos, la soja fue uno de los productos más afectados. La estacionalidad habitual de compras chinas se alteró por completo. Los importadores asiáticos “adelantaron” su volumen habitual y compraron 26% más de soja entre abril y septiembre pasado, cuando el poroto sudamericano es más competitivo por la cercanía de la cosecha.
Según el informe, “el volumen importado para cada mes, desde mayo a septiembre inclusive, estuvo muy por encima de lo registrado en los últimos años para dichos meses”. En paralelo, restringieron compras al inicio y al final del año, período en el que Estados Unidos suele tener mejores precios.
El impacto sobre el comercio estadounidense fue evidente. En once de las últimas doce campañas, la cosecha norteamericana superó los 100 millones de toneladas y, en promedio, exporta el 46% de su producción. China explica el 56% de esos embarques. En 2025, sin embargo, Estados Unidos envió solo 17 millones de toneladas de soja a China, un 38% menos que el promedio de los últimos cinco años. Y desde septiembre, los embarques fueron nulos.
Compensación
La merma fue compensada por Brasil, la Argentina y Uruguay. En el caso argentino, la dinámica resultó particularmente llamativa. Los embarques hacia China se sostuvieron durante el segundo semestre, cuando ya pasó el pico de la cosecha y los precios no suelen ser tan competitivos.
Para la Argentina, septiembre y noviembre de 2025 marcaron récords de exportación de poroto a China. Octubre solo fue superado por 2022, en el contexto del primer “dólar soja”, y diciembre por 2018, también en un escenario de conflicto comercial entre Washington y Beijing.
Hacia fines de octubre, ambos países alcanzaron un acuerdo por el cual China se comprometió a comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense hasta finales de febrero. Ese volumen se concretó y ya comenzaron los embarques para cubrir las necesidades de los primeros meses de 2026.
Antártida Argentina: primer vuelo comercial a la histórica Base Petrel
A pocos días de conmemorarse un nuevo Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero, se produjo un hecho histórico: por primera vez un vuelo civil aterrizó en la reconstruida Base Petrel. Lo concretó la empresa local HeliUshuaia con apoyo del Comando Conjunto Antártico (Cocoantar). A la ida, demoró cuatro horas en unir los 1200 kilómetros que separan esta ciudad de la base por los fuertes vientos de frente, cercanos a 150km/h. Tras permanecer seis horas en tierra, la aeronave regresó en dos horas y media.
El vuelo inaugural siguió un riguroso y estudiado plan que comenzó con el despegue desde Ushuaia a las 9.30 del jueves 12 de febrero. “Antes de aterrizar en Petrel, sobrevolamos la Base Marambio e hicimos dos aproximaciones para validar los instrumentos y las condiciones meteorológicas de la zona”, relató Osvaldo Mella, responsable de la empresa de aviación.
Continuando con su ruta el avión se dirigió a la Base Petrel, en Isla Dundee. “El comandante Roberto Valdés posó la aeronave de forma impecable a las 13.42, marcando el éxito del puente aéreo que une a Tierra del Fuego con el sector antártico argentino. Fue un momento de mucha emoción para todos, un sueño cumplido después de años de esfuerzo. Concretamos el primer vuelo civil que aterrizó en la Base Petrel”, agregó Mella.
“Este vuelo demuestra que la aviación civil, trabajando en conjunto con el Estado, puede ir de manera ágil y segura a la Antártida, como lo viene haciendo Chile”, continuó, y destacó además el rol de la Armada Argentina: “Desde hace 20 años nos apoyan, gracias a ellos pudimos desarrollar este proyecto y los vuelos que realizamos”.
Respecto del tiempo que llevan trabajando en la conexión Ushuaia-Antártida, Mella detalló que el sueño “siempre fue ir más al sur, no al norte. En 2017 presentamos con Valdés el primer proyecto de conectividad antártica a Marambio y Petrel, que todavía no estaba habilitada como pista pública. Presentamos los proyectos a nivel provincial y nacional, pero nadie nos abrió la puerta. Hasta ese momento los vuelos siempre estuvieron operados por la Fuerza Aérea. En 2020 compramos un avión con características particulares, una aeronave para pistas no preparadas como es King Air B200, que puede aterrizar en pistas de tierra o de asfalto, con motores potenciados, equipos Garmin para vuelo, etc”.
Tras años sin respuesta, “en julio de 2025 volvimos a presentar el proyecto. Hicimos estudios de impacto ambiental, tuvimos reuniones con la Cancillería y con la Dirección Nacional del Antártico que son los organismos de injerencia, y notamos que a nivel nacional había intención de que se pudiera avanzar en el proyecto, cosa que antes no nos había pasado”.
Así, el trabajo de los últimos años fue coronado con el aterrizaje en Petrel la semana pasada. Durante las horas que pasaron en la base antártica ese día, recorrieron las instalaciones y vieron de cerca la tarea que se hace para mejorar las condiciones de la pista de aviación. “Hay un proyecto muy importante para desarrollar la base y se está trabajando con mucho ímpetu. La pista está espectacular. Almorzamos ahí, hicimos una caminata por la costa y por un glaciar, muy impresionante. Después de eso, cerca de las 18.20, despegamos para Ushuaia, adonde llegamos dos horas y media después”.
Fundada en 1967, la base antártica Petrel fue la base operativa permanente más importante de la Argentina, hasta que un incendio en el invierno de 1974 la dejó sin posibilidad de operar. En febrero de 1978 pasó a ser una base temporaria de verano.
A partir de 2015 se tuvo previsto reabrir la base en forma permanente. Durante la Campaña Antártica de Verano 2013/14 se iniciaron las tareas para acondicionarla, pero continuó siendo transitoria hasta la Campaña 2021/22 que volvió a ser permanente, con el proyecto para realizar una pista de aterrizaje, construcción de un muelle, recuperación del nuevo hangar e instalaciones modernas.
Por su ubicación y accesibilidad, Petrel es una base clave para la proyección argentina hacia el Polo Sur.
Próximos pasos
Durante febrero y marzo HeliUshuaia fue autorizada a realizar vuelos de capacitación y reconocimiento. “Este proyecto va a servir para traslados humanitarios, para apoyo a los programas antárticos del mundo. También es un proyecto turístico, como hace Chile, que tiene 200 vuelos por año y factura más de 100 millones de dólares anuales, todo a Base Frei, que además ni siquiera es Antártida propiamente dicha”, describió Mella.
“Pensamos mucho en desarrollar la logística antártica. Se abre un mundo: capacitaciones, emergencias, gente que quiera ir al continente blanco sin lo que demora cruzar el Pasaje Drake en barco, que son cuatro o cinco días. Es un potencial muy importante para Ushuaia y para el país. Ya tenemos consultas, de hecho, mientras el avión estaba volando una compañía de cruceros nos estaba pidiendo información”, recordó.
Además, “se puede llevar carga de hasta 800 kilos a un lugar donde no van aviones, y todo sin que al Estado le salga un peso; de hecho, los servicios que nos da la base los pagamos”.
Mella consideró que “durante muchos años dejamos de lado la Antártida y no se vio la importancia que tiene. Acá hay gente que desde hace muchos años trabaja a pulmón sin que nadie se entere. El mundo mira a la Antártida, 100.000 pasajeros pasan por Ushuaia para ir al continente blanco. Perdimos un tiempo valioso en el tema antártico, otros países se desarrollaron mucho más”.
Y añadió: “Quisiera recordar la figura de Oscar Valls que en los ’90 apostó todo por la conectividad antártica con una línea aérea que se llamó Kaiken y que algunos egoístas le impidieron desarrollar. Él es un precursor de esto”.
Importancia estratégica
En el marco del Tratado Antártico, la presencia activa y la modernización de las bases antárticas son fundamentales. El objetivo de convertir a la Base Petrel en un punto de escala para otros países posiciona a la Argentina como el prestador de servicios logísticos en el sector, compitiendo con las rutas que suelen salir de Punta Arenas (Chile).
Además, teniendo una pista alternativa de alta operatividad a nivel del mar, se mejora la seguridad en operaciones de búsqueda y rescate. Si Marambio está “cerrada” por clima, Petrel ofrece una alternativa real para evacuaciones médicas o emergencias de cualquier tipo. También, para futuras misiones de apoyo científico.
Sol Agusti
«Reforma laboral»: cómo es ahora el proyecto de Milei tras los cambios en el Senado
El proyecto pasa ahora a Diputados, donde el gobierno espera que su aprobación le resulte fácil. Después de las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto sigue aportando beneficios a los empresarios y reduce derechos que la legislación vigente reconoce a los trabajadores. Pero ya no afecta puntos sensibles para los sindicatos, ni reduce significativamente los ingresos de las provincias.
ooooo
El Senado le dio media sanción en la madrugada de este jueves a la reforma laboral promovida por el Gobierno. La aprobación se dio luego de un largo debate iniciado el miércoles por la tarde y en paralelo a una numerosa movilización en las inmediaciones del Congreso que derivó en diversos incidentes. La norma avanzó con cambios respecto del texto original.
Ejes centrales de la iniciativa
1. Modificación de la ley de contrato de trabajo
El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.
Remuneraciones: cómo será el pago
- Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
Cómo se calcularán las indemnizaciones por despido
- Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
Financiamiento de las indemnizaciones
- Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que el objetivo del Gobierno es abaratar los despidos a costa de desfinanciar el sistema previsional.
Vacaciones
- El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
Jornada laboral
- Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas. Respecto de las horas extras, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período inferior a la jornada legal.
Enfermedades y accidentes de trabajo
- Si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.
Cajas sindicales y financiamiento de los gremios
- Este punto recibió importantes modificaciones a favor de los gremios. Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios.
- El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales (los sindicatos no lograron revertir el artículo que limita la ultraactividad de los convenios colectivos).
Limitaciones al derecho de huelga
- La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales” al menos el 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas. Las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
Régimen para trabajadores de plataformas digitales
- El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
Estatutos profesionales
- El dictamen mantiene la derogación de cinco estatutos (periodista, viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía), pero una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley.
2. Formalización y creación del empleo
La reforma contiene una serie de incentivos impositivos para la contratación de nuevos trabajadores y para la registración de aquellos que están en la informalidad. El objetivo es alentar la creación de empleo registrado, aunque los críticos señalan que estos beneficios tributarios a los empleadores contribuirán a desfinanciar el sistema previsional.
¿Qué beneficios impositivos se proponen para formalizar a los trabajadores en negro?
- El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.
¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral?
- En los hechos, sí, sostiene la oposición. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social; la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.
¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores?
- El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; haber estado inscripto en el monotributo; haber sido empleado público.
3. Justicia laboral
La reforma introduce modificaciones en la ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad.
Desactivar la “industria del juicio”
- Se establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme; es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos.
Disolución de la Justicia Nacional del Trabajo
- Mantendrá su vigencia hasta que se concrete el traspaso de sus competencias a la Justicia porteña. Se abre una puerta para la “progresiva reorganización o transformación” de este fuero, aunque no podrá incluir materias laborales de competencia federal.
4. Reforma tributaria
Fue uno de los capítulos más conflictivos de la reforma hasta que el Gobierno accedió, por presión de los gobernadores, a eliminar del texto la reducción del impuesto a las ganancias para las sociedades.
Reducción de impuestos
- IVA: se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial.
- Internos: se elimina el gravamen a productos electrónicos; objetos suntuarios ; automotores , motos , aeronaves y embarcaciones; celulares; seguros; servicios de comunicación audiovisual.
Financiamiento del INCAA
- En 2028 se dará de baja el fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta/alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El texto original preveía su eliminación inmediata.
5. Incentivos para medianas empresas
Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar medianas inversiones nacionales y extranjeras.
Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones. Regirá por dos años.
¿Qué sectores podrán acogerse a este régimen? ¿A partir de qué monto?
- Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos —excepto automóviles—, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa; parte de US$150.000 a US$9 millones.
¿Qué beneficios impositivos contempla?
- Posibilita la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.
Laura Serra
El mapa indica la concentración de tierras de propiedad extranjera en Argentina
La Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. En términos generales, alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra en manos extranjeras, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente al territorio de Inglaterra. Sin embargo, ese promedio nacional oculta concentraciones territoriales específicas: “Aunque a nivel provincial ninguna jurisdicción incumple la ley, cuando uno baja al detalle aparecen departamentos que sí superan el límite, muchos de ellos en áreas clave”, explica Matías Oberlin, profesor de Historia y becario doctoral del CONICET.
El Observatorio de Tierras Rurales presentó el mapa el 10 de diciembre, un día después de que el Gobierno anunciara su intención de modificar la normativa: “Ante el debate público que se venía, pensamos que era importante que la sociedad pudiera acceder a esta información de manera clara”, señala Oberlin. El trabajo fue desarrollado junto con la socióloga Julieta Caggiano y equipos de trabajo vinculados con el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
La base de datos proviene del Registro Nacional de Tierras Rurales. Los investigadores aclaran que la definición utilizada considera extranjerizadas aquellas tierras en manos de ciudadanos que no residen permanentemente en el país o de empresas y capitales extranjeros, y no las de comunidades migrantes que trabajan y viven en el territorio. La normativa también establece que ninguna nacionalidad puede superar el 30% del cupo permitido y prohíbe la propiedad extranjera sobre cuerpos de agua.
En el caso del departamento mendocino de Malargüe, se muestra por qué mirar el detalle territorial modifica la lectura general. Con cerca de cuatro millones de hectáreas, roza el límite legal del 15% de extranjerización, lo que equivale a unas 600.000 mil hectáreas en manos extranjeras: “Es una barbaridad de superficie concentrada en una zona cordillerana con enorme valor hídrico y ambiental”, advierte Oberlin.
Se trata de un territorio de alta montaña con presencia de glaciares y fuentes de agua estratégicas, donde además se proyectan nuevas iniciativas extractivas. El gobierno nacional anunció al menos 16 proyectos mineros para la zona, varios de ellos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Desde la perspectiva oficial, el RIGI busca atraer inversiones mediante condiciones fiscales y regulatorias especiales que permitan acelerar proyectos de gran escala y competir con otros destinos mineros de la región. Para los investigadores, en cambio, este contexto vuelve central observar quiénes concentran grandes extensiones de tierra en áreas destinadas a la explotación de recursos naturales: “Muchas de estas tierras probablemente estén vinculadas a un modelo de producción extractivista. Malargüe es un ejemplo claro porque el propio Gobierno anunció múltiples inversiones mineras en la región”, sostiene Oberlin.
El intento de modificar la Ley de Tierras Rurales no es nuevo. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei incluyó su eliminación en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una iniciativa orientada a desregular distintos sectores económicos. Desde el oficialismo sostienen que la normativa limita la llegada de inversiones extranjeras, restringe el derecho de propiedad y envía señales negativas al mercado global.
La iniciativa fue frenada meses después por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que declaró inconstitucional la modificación por vía de decreto. El Gobierno no apeló el fallo y la ley continúa vigente, aunque el oficialismo mantiene su intención de reabrir el debate en el Congreso.
Para los autores del mapa, la discusión actual refleja procesos históricos más amplios: “El fenómeno no nace ahora. La extranjerización vinculada al modelo extractivo tiene raíces fuertes en la década del 90”, explica Oberlin. En ese período se flexibilizaron controles sobre la venta de tierras en zonas de frontera y se consolidaron adquisiciones emblemáticas como las tierras patagónicas del grupo Benetton o el caso de Lago Escondido, vinculado al empresario británico Joe Lewis.
La Ley de Tierras Rurales llegó recién en 2011, con amplio consenso parlamentario. Sin embargo, gran parte del proceso de concentración ya estaba avanzado: “Muchos de los puntos rojos que aparecen hoy en el mapa no se volvieron así después de la ley. Ya venían desde los años 90. Como toda normativa, regula hacia adelante y no puede revertir lo ocurrido antes”, señala el investigador.
El escenario volvió a modificarse en 2016 con el Decreto 820, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri. Hasta entonces, las empresas con más del 25% de capital extranjero eran consideradas extranjeras; el nuevo criterio elevó ese umbral al 51%, permitiendo que sociedades con fuerte participación internacional pasaran a computarse como nacionales.
Además, se redujeron mecanismos de control que permitían identificar beneficiarios finales y cruzar información financiera entre organismos estatales: “Por eso decimos que la fotografía actual puede ser inexacta. Es la imagen más precisa que podemos reconstruir con los datos disponibles, pero probablemente la extranjerización real sea mayor”, advierte Oberlin.
Estados Unidos encabeza la titularidad extranjera
Los datos del Observatorio indican que los capitales estadounidenses lideran la propiedad extranjera en la Argentina, con aproximadamente 2,7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a casi toda la provincia de Misiones. Le siguen capitales británicos, chilenos e italianos. El relevamiento también desmiente versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta concentración de tierras israelíes, que no aparece entre las principales nacionalidades propietarias
En su primer informe, el equipo propone una lectura histórica del fenómeno vinculada a debates sobre soberanía territorial en América Latina. Retoman el llamado “corolario Roosevelt” de la doctrina Monroe, una interpretación geopolítica que plantea la potestad de Estados Unidos de intervenir en la región para proteger intereses considerados estratégicos: “Como historiadores, lo que hacemos es analizar quién controla qué recursos y con qué finalidad”, plantea Oberlin.
Desde esa perspectiva, sostienen que las empresas que buscan expandir mercados o asegurar materias primas suelen operar en sintonía con intereses estatales de sus países de origen para consolidar territorios estratégicos. El departamento neuquino de Lácar funciona como ejemplo concreto de esa dinámica. Con niveles de extranjerización superiores al 50% y fuerte presencia de capital estadounidense, la región que incluye a San Martín de los Andes combina grandes fuentes de agua cordillerana, expansión inmobiliaria vinculada al turismo de alta gama y cercanía con una de las principales provincias hidrocarburíferas del país.
Neuquén es actualmente el mayor productor de petróleo y gas de Argentina. El control territorial en zonas con acceso a recursos hídricos y energéticos adquiere así una dimensión adicional: “Hay una triple dimensión: frontera cordillerana, control de fuentes de agua y acceso a recursos hidrocarburíferos”, sintetiza Oberlin.
Incluso en la provincia de Buenos Aires aparecen concentraciones relevantes. Los partidos de Campana y Zárate, ubicados sobre la costa del río Paraná y con fuerte presencia portuaria e industrial, superan el límite legal departamental con capitales chilenos vinculados a nodos logísticos estratégicos para el comercio fluvial: “Son puntos clave para el transporte y la circulación de mercaderías”, explica el investigador.
El relevamiento también identifica concentraciones en zonas de frontera del norte argentino y en departamentos ligados a corredores logísticos centrales: “Cuando una empresa extranjera controla tierras en áreas limítrofes puede generar zonas de menor control estatal. Eso abre debates sobre soberanía territorial”, señala Oberlin. La mayoría de los países de la región mantienen legislaciones restrictivas en áreas de frontera por motivos similares. Brasil posee normativas de protección desde la década del 70 y restricciones equivalentes existen también en Estados Unidos y varios países europeos.
Un debate que recién empieza
El mapa interactivo generó repercusiones más allá del ámbito académico. Según el equipo, legisladores de distintos espacios políticos solicitaron reuniones para profundizar en los datos y algunos dirigentes difundieron la herramienta en redes sociales. Desde el Ggobierno nacional, en cambio, no hubo contacto formal ni declaraciones públicas sobre el relevamiento: “Estamos abiertos al diálogo y celebramos que el tema esté en discusión porque es un problema que nos afecta a todos como país», señala Oberlin.
El Observatorio planea continuar con informes provincia por provincia y buscará cruzar datos de extranjerización con conflictividad agraria y concentración de tierras. Para los investigadores, el debate excede las estadísticas: “La tierra es un recurso irreproducible y central para cualquier sociedad. Pensar quién la controla implica discutir soberanía, un debate que tenemos pendiente”, concluye.
Se pueden chequear todos los datos y seguir de cerca la investigación en Instagram: @priha_fce
Matías Ortale
El consumo regular de cafeína en café o en té- ayuda a prevenir el deterioro cognitivo
Como especie, nos encanta la cafeína. El té es la segunda bebida más consumida en todo el mundo, después del agua, y la mayoría de los adultos en Estados Unidos comienzan el día con café. Y aunque muchas personas consumen cafeína para obtener un impulso de energía, un estudio publicado hoy en JAMA sugiere que este estimulante también tiene un beneficio cerebral a largo plazo: mantiene nuestra mente ágil con el paso del tiempo.
El estudio ofrece lo que los autores consideran los datos a más largo plazo hasta la fecha sobre la relación entre el consumo de cafeína y la cognición. Se descubrió que el consumo moderado de cafeína procedente del café y el té se asociaba con una reducción tanto del riesgo de demencia como de la tasa de deterioro cognitivo. Los especialistas elogian el estudio por su envergadura, pero señalan que los resultados deben interpretarse con cautela.
«Se trata de un estudio bien realizado para el tipo de datos disponibles. Sin embargo, dado que utiliza pruebas observacionales y no experimentales, los resultados solo pueden considerarse sugerentes», afirma Naveed Sattar, especialista en medicina cardiometabólica de la Universidad de Glasgow, Reino Unido.
Más que un simple estimulante
Muchos estudios han investigado la relación entre la cafeína y la cognición. Pero Yu Zhang, epidemiólogo de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y primer autor del estudio, afirma que los trabajos anteriores seguían a los participantes durante periodos relativamente cortos, mientras que la demencia se desarrolla a lo largo de muchas décadas.
Para su trabajo, el grupo de Zhang aprovechó dos estudios de salud de dos décadas de duración —el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study— para hacer un seguimiento de los hábitos de consumo de cafeína de más de 130 000 profesionales de la salud durante 43 años. Los participantes en estos estudios documentaron su dieta cada pocos años. También rellenaron cuestionarios sobre su función cognitiva y realizaron pruebas en las que debían repetir series de palabras como medida objetiva de la cognición.
El equipo descubrió que el consumo moderado de cafeína, equivalente a 2-3 tazas de café o 1-2 tazas de té al día, se asociaba con la mayor reducción del riesgo de demencia y de la tasa de deterioro cognitivo. Sin embargo, los niveles de consumo más bajos también se asociaban con beneficios para el cerebro.
Contrariamente a trabajos anteriores, la asociación entre la ingesta de cafeína y la salud cognitiva se mantuvo incluso en aquellos que bebían grandes cantidades de café: el riesgo de demencia era un 18 % menor en las personas del grupo con mayor consumo de cafeína (hasta cinco tazas de café al día) que en las que bebían poco o nada.
Cafeína frente a genética
La asociación protectora se mantuvo incluso en los participantes con una variante genética llamada APOE4. Una sola copia de esta variante puede aumentar entre dos y tres veces el riesgo de una persona de desarrollar demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer. La protección para los portadores de APOE4 sorprendió a Shannon Kilgore, neuróloga afiliada a la Universidad de Stanford en California. Afirma que, por lo demás, las conclusiones del estudio son «apropiadas para un estudio observacional-asociativo», ya que refuerzan algunas conclusiones existentes y ofrecen nuevas pistas.
El diseño del estudio implica que no es posible concluir que el consumo de café reduzca el riesgo de demencia, y los autores tampoco especificaron ningún mecanismo para sus hallazgos. Pero una cosa que, según Zhang, interesó al equipo fue que las personas que bebían café descafeinado no experimentaban ninguno de los beneficios cognitivos observados en quienes bebían la versión con cafeína. Esto sugiere que los beneficios están relacionados específicamente con la cafeína, y no con otros compuestos del café que se consideran beneficiosos, como las sustancias químicas llamadas polifenoles y alcaloides.
Zhang se apresura a señalar que, aunque el grupo intentó controlar el efecto de factores de confusión como las elecciones de estilo de vida y la calidad de la dieta, podría haber otros factores, como los medicamentos, que influyeran en algunos de los resultados. «El tamaño del efecto es pequeño y hay muchas formas importantes de proteger la función cognitiva a medida que envejecemos», afirma. «Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas».
Amanda Heidt
México y su Corredor Interoceánico. Acuerdo con la UE y desafío a Trump
Acuerdo del gobierno de Sheinbaum con Europa
Corredor Interoceánico de México competirá contra el Canal de Panamá
México dio un paso clave en su estrategia de comercio exterior al formalizar un acuerdo con Europa para fortalecer el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una infraestructura que busca competir directamente con el Canal de Panamá.
La iniciativa apunta a consolidar una nueva ruta ferroviaria y marítima capaz de mover grandes volúmenes de mercancías entre ambos océanos.
El proyecto se posiciona como una opción estratégica en un contexto de saturación del Canal de Panamá y reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Con respaldo internacional, el corredor mexicano busca captar flujos de comercio, energía y carga que hoy dependen de rutas tradicionales.
Acuerdo México‑Europa: así impulsa el Corredor Interoceánico como nueva ruta comercial
El acuerdo entre el gobierno de México y la Unión Europea sienta las bases para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec funcione como una ruta logística clave para el comercio internacional. La iniciativa conecta el Golfo de México con el océano Pacífico mediante una red ferroviaria modernizada y puertos estratégicos.
El objetivo central es facilitar el traslado de mercancías, gas y graneles con menores tiempos y costos frente a otras rutas tradicionales. Para las empresas europeas, esta vía abre una alternativa para acceder a mercados de América y Asia.
Desde la perspectiva mexicana, el convenio busca posicionar al país como un nodo logístico relevante a nivel global. El proyecto apunta a atraer inversión extranjera y a fortalecer el papel de México en las cadenas internacionales de suministro.
Corredor Interoceánico vs. Canal de Panamá: por qué México busca competir
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se perfila como una alternativa al Canal de Panamá ante la saturación y limitaciones de esa vía, al combinar transporte ferroviario con servicios portuarios. A diferencia del canal panameño, el proyecto mexicano permite mover carga entre ambos océanos mediante trenes y puertos con alta capacidad operativa.
Con este esquema, México busca captar flujos de comercio afectados por demoras y altos costos logísticos, posicionando al corredor como una ruta complementaria en el comercio global.
Qué mercancías se moverán por el Corredor Interoceánico y por qué es clave
El Corredor Interoceánico tendrá como ejes el transporte de gas natural, graneles agrícolas, minerales y carga general, claves para el comercio entre México, Europa y otros mercados. La nueva ruta permitirá diversificar exportaciones e importaciones y reducir la dependencia de un solo paso interoceánico, en un contexto de riesgos logísticos globales.
A mediano plazo, el gobierno busca consolidarlo como una plataforma integral que fortalezca la posición de México en el comercio internacional y le permita competir con el Canal de Panamá.
Comentario de AgendAR:
México lanza esta movida porque el Canal de Panamá está condenado por el cambio climático.
El Canal necesita lluvias, o se seca… y se está secando muy lentamente desde hace décadas, y ahora más rápido.
El Canal funciona a fuerza de lluvia. Tiene que caer en
forma abundante sobre las cuencas selváticas de los cuatro arroyos que alimentan el lago Gatún. Pero ya no cae como antes, y la tendencia es claramente a la sequía. El fenómeno se nota en casi toda América Central, y en Honduras y Salvador es causa de ruina del pequeño campesinado, y de su inmigración cada vez más masiva (e ilegal) a través de México y hacia los EEUU.
El Canal de Panamá es muy diferente del de Suez.
Éste último es sencillamente una zanja muy larga que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, cuerpos de agua que, con pequeñas variaciones de marea, están al mismo nivel. Suez está lleno de agua salada y no desagua en uno u otro mal.
En cambio el Canal de Panamá es pura ingeniería. El lago Gatún es mayormente artificial: se formó tabicando con esclusas su salida hacia el los dos océanos que conecta. Es de agua dulce, y su superficie está a unos 28 metros sobre el nivel del mar en ambas bocas del canal.
El Gatún está contenido entre esclusas escalonadas entre el extremo atlántico y el extremo pacífico.
Cuando un barco ingresa por Colón, sobre el Mar Caribe, hacia el Pacífico, tiene que subir junto con el pelo de agua por dos esclusas, la de Colón y la de Agua Clara. El relleno con agua dulce de una y otra esclusa para levantar 26 metros el barco se logra bombeando agua desde el lago Gatún.
Una vez atravesado éste, el descenso hacia el Pacífico debe atravesar dos escalones: las esclusas de Pedro Miguel y la de Miraflores. El vaciado de las esclusas es mayormente gravitacional, como el de una cascada con dos escalones.
Así las cosas, cada vez que pasa un barco en una u otra dirección, las esclusas de salida pierden millones de metros cúbicos de agua dulce del Gatún en la dirección de tránsito.
Con cada barco que pasa, el lago Gatún pierde millones de metros cúbicos de agua lacustre por uno y otro extremos.
La reposición por lluvias mantuvo este sistema artificial en equilibrio desde 1914. El hecho nuevo es que las lluvias vienen desapareciendo, y que con el descenso gradual pero creciente del pelo de agua en el Gatún, las esclusas tardan más en llenarse, hay que cuidar el agua, los barcos Panamax van rascando el fondo, deben llevar menos carga para no quedar varados, y los tiempos de espera en altamar antes de iniciar un cruce se han alargado. En los años especialmente secos, con el Canal en sus mínimos, pueden ser hasta tres semanas haciendo nada en las áreas de espera. Y con cada día de espera, las navieras están perdiendo MUCHA plata. Panamá también, porque pierde tránsitos.
No hay márgenes demográficos para acumular agua el el Gatún. Panamá City se ha vuelto enorme, y compite con el Canal por el agua dulce.
El tamaño francamente demencial de los barcos que logran atravesar las esclusas, los Panamax, no ayuda: para caber en las esclusas no pueden exceder los 294 metros de eslora, 32 de manga, y de modo muy ajustado, los 12 de calado.
En 2016 se rehizo el canal para acomodar los Neopanamx, de 366 de eslora y los 51 de ancho. Plata tirada al mar (a ambos mares), porque las limitaciones de calado las pone la lluvia, no la demanda de transporte. Y andá a negociar con el cambio climático. Tener el pelo de agua de 1914 en el Gatún sería excelente. Pero es más fácil que llueva café.
Las tribulaciones del presidente Donald Trump por comprarse Canadá y Groenlandia, o invadirlos, no son simplemente las pelotudeces de un egomaníaco agravado por daños en la corteza frontal, y por ende locamente bocón. Detrás del tipo está el complejo militar-industrial, que necesita desesperadamente controlar la navegación en las vías de acceso a los dos nuevos pasajes del norte, que van desde el Atlántico hacia el Pacífico por el este y por el oeste.
Para Trump y sus almirantes en segundo plano, es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de Canadá, Dinamarca y Rusia. Obviamente todos los países con costa hacia el Mar Ártico creen que es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los EEUU. País hoy geopolíticamente amenazado por el cambio climático…aunque el Donald dice que no existe.
China no opina públicamente, pero no crean que no opina: con el embotellamiento del canal de Panamá, pierde plata y seguridad energética y alimentaria. Sin los nuevos pasajes del norte, o con estos bajo control de los EEUU, quedaría bloqueada. Este es un «casus belli» perfecto. Olvidate de Taiwan.
El estrecho de Drake es otra vía de pasaje entre el Atlántico y el Pacífico, aunque el oleaje gigante y las tormentas han hundido a demasiados barcos. Han sido al menos 10.000 marineros muertos desde que Chile empezó a hacer las cuentas.
El gigantismo no impide que un barco se de vuelta, acostado por una «rogue wave», o que quiebre su quilla al quedar momentáneamente sostenido por proa y por popa entre las cumbres de dos olas. Los seguros por atravesar el Drake son gigantescos. Pero es lo que hay
Compatriotas, no es por nada que tanto el gobierno de Joe Biden como el de Trump han venido apretándonos desde fines de la pandemia. Necesitan desesperadamente una base aeronaval en Tierra del Fuego para controlar el pasaje interoceánico por el Darke, aunque éste sea un plan C.
El transbordo de cargas en seco, a través de territorio mexicano, se ha vuelto no sólo razonable en plata, sino imprescindible en geopolítica.
Daniel E. Arias
Un reportaje de The Guardian acerca del plan nuclear de Milei
En un afloramiento rocoso sobre el río Chubut, uno de los pocos que atraviesa la árida estepa patagónica del sur de Argentina, Sergio Pichiñán señala, al otro lado de una amplia franja de matorral, unas coloridas formaciones rocosas en una lejana ladera.
«Ahí es donde antes extraían uranio, y cuando los mineros se marcharon, dejaron la montaña destruida, las casas abandonadas y nadie estudió nunca el agua», afirma, citando las sospechas que suscitan los casos de cáncer y enfermedades de la piel en su comunidad. «Si quieren volver a abrir esto, todos estamos muy preocupados por aquí».
Pichiñán vive en Cerro Cóndor, una aldea con una escasa población indígena mapuche debido a los duros veranos, los fríos inviernos y las escasas lluvias de la zona. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) extrajo uranio aquí en la década de 1970 y ahora es objeto de atención, ya que el presidente Javier Milei pretende cambiar la estrategia nuclear de Argentina.
Esta remota región recibe pocos visitantes, pero en noviembre una delegación de la Agencia Internacional de Energía Atómica la visitó como parte de una revisión integrada del ciclo de producción de uranio. Cerro Solo, junto a las minas cerradas, es uno de los yacimientos de uranio probados más grandes de la CNEA, y reanudar la extracción del mineral es el primer paso del nuevo plan nuclear de Milei.
Los demás consisten en desarrollar reactores modulares pequeños, utilizarlos para alimentar centros de datos de inteligencia artificial, exportar reactores y uranio, y privatizar parcialmente Nucleoeléctrica, la empresa estatal de energía nuclear.
Sin embargo, el plan está siendo objeto de duras críticas tanto por parte de los defensores como de los detractores de la energía nuclear. El programa nuclear no militar de Argentina tiene 75 años de antigüedad. El país exporta reactores de investigación que producen isótopos para radiología médica y ciencia, y sus tres centrales nucleares —Atucha I y II y Embalse— suministran alrededor del 5 % de la electricidad del país.
La producción de uranio en Chubut disminuyó en la década de 1980 y las minas se cerraron en la década de 1990; desde que otra mina cerró en Mendoza en 1997, Argentina ha importado uranio, por lo que muchos consideran que reiniciar la extracción de uranio es una medida estratégica.
Adriana Serquis, física nuclear, no está tan segura. Fue presidenta de la CNEA hasta 2024 y recientemente ha sido elegida diputada. Afirma: «El plan no parece orientado a abastecer nuestras propias centrales, sino más bien a exportar uranio directamente a Estados Unidos. Parecería que el objetivo es satisfacer las necesidades de otros mientras se destruyen nuestras propias capacidades».
Dioxitek, una filial estatal de la CNEA, procesa el uranio importado para convertirlo en dióxido de uranio para su uso en las centrales eléctricas de Argentina, pero en agosto del año pasado firmó un compromiso con la empresa estadounidense Nano Nuclear Energy para suministrarle hexafluoruro de uranio. Dado que los reactores argentinos funcionan con óxido de uranio natural o poco enriquecido en lugar de hexafluoruro de uranio, es probable que el uranio extraído en Argentina se exporte a Estados Unidos en lugar de utilizarse para la producción local de energía.
Paralelamente, Nano Nuclear Energy firmó un memorando de entendimiento con la empresa británico-argentina UrAmerica, que tiene grandes participaciones en Chubut y planea extraer uranio. Uno de los objetivos declarados del acuerdo es «fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos mediante el abastecimiento de materiales para combustible nuclear procedentes de un socio confiable».
Diego Hurtado, expresidente de la autoridad reguladora nuclear nacional y exvicepresidente de la CNEA, afirma que las reservas probadas de uranio de Argentina satisfarían la demanda interna durante unos 70 años, aunque menos si se ampliara la energía nuclear.
«Argentina no tiene uranio de sobra», dice. «Exportar uranio no es un plan nuclear argentino; es minería al estilo de una república bananera: ‘Te voy a vender materias primas para que las uses para generar empleo y capacidad industrial en tu país en lugar de aquí’».
El plan nuclear supone un realineamiento hacia Washington por parte de Milei, quien ha declarado que su país es un «aliado incondicional de Estados Unidos». En septiembre, el presidente de extrema derecha inscribió a Argentina como el primer miembro latinoamericano del programa estadounidense Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (First).
Hurtado afirma que Argentina tiene poco que ganar con este acuerdo. «Desde finales de los años 60, Estados Unidos ha intentado sistemáticamente socavar el desarrollo nuclear de Argentina», afirma. «Tratan a América Latina como su patio trasero y no quieren competidores para su tecnología aquí».
Durante su mandato en la CNEA, Hurtado se reunió con especialistas nucleares estadounidenses que presionaron a Argentina para que rechazara el reactor chino Hualong One, que estaba previsto que fuera la cuarta central nuclear del país. Milei ha suspendido este proyecto.
Serquis, en un foro reciente sobre soberanía nacional en la Patagonia, dijo sobre la situación: «El modelo hegemónico de países como Estados Unidos o los países europeos, que han logrado ciertas tecnologías, dice: «Una vez que he subido la escalera, la derribo para que nadie más suba»».
Otras partes del plan también han sido objeto de críticas. Los reactores modulares pequeños (SMR) están a la vanguardia del desarrollo de la energía nuclear. Hasta la fecha, solo hay dos en funcionamiento: uno en China y otro en Rusia.
Argentina lleva décadas desarrollando un SMR, conocido como Carem, cuya construcción está en marcha desde 2014. En 2024, la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE estudió 52 proyectos de SMR en todo el mundo y situó a Carem entre los cuatro más avanzados. Argentina ha invertido más de 560 millones de libras esterlinas y las estimaciones muestran que el proyecto está completado en aproximadamente dos tercios.
Sin embargo, la administración Milei lo ha declarado un fracaso y, en la práctica, lo ha paralizado. El nuevo plan se centra en cambio en un nuevo proyecto de SMR, el ACR300, que solo se encuentra en un 1 % de desarrollo y que acaba de ser patentado por una empresa estatal argentina a través de su filial en Estados Unidos.
«No solo han dejado de invertir en el proyecto, sino que se están desmantelando todos los equipos de ingeniería e investigación», afirma Serquis. «Dicen que van a construir cuatro SMR en cinco años, pero eso es pura ficción».
Todo esto se produce en el contexto del desmantelamiento radical de Milei de los organismos públicos de investigación y protección del medio ambiente. «Milei asumió el cargo con un potente discurso de estigmatización de la ciencia y la tecnología, y rápidamente las difamó en todos los ámbitos, desde la CNEA hasta el Instituto Nacional del Agua, pasando por el Servicio Meteorológico Nacional y las universidades públicas», afirma Hurtado. «Es catastrófico».
Los sindicatos afirman que entre el 80 % y el 90 % de los trabajadores de la CNEA reciben salarios por debajo del umbral de la pobreza, lo que aumenta la emigración y la fuga de cerebros. En 2024, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del país solo gastó el 7 % de su presupuesto asignado. Las universidades públicas han visto recortados sus presupuestos.
La privatización parcial de la empresa pública de energía nuclear, Nucleoeléctrica, hace saltar otras alarmas. El plan, presentado oficialmente por el Ministerio de Economía en noviembre, tiene como objetivo vender el 44 % de la empresa estatal a un inversionista privado. Aunque no tendría la mayoría absoluta, el comprador tendría la mayor participación, lo que le daría el control de la toma de decisiones.
Demian Reidel, responsable de asuntos nucleares de Milei, fue presidente del consejo de asesores presidenciales hasta que fue nombrado director de Nucleoeléctrica, donde ahora se enfrenta a un escándalo sobre la contratación pública de la empresa y la supuesta sobrevaloración de los contratos de servicios y software.
No respondió a las solicitudes de comentarios, pero ha descrito la privatización como «lo que cualquier empresa normal hace para atraer inversiones».
Sin embargo, Nucleoeléctrica es una de las pocas empresas estatales de Argentina que tiene superávit presupuestario, con un récord de 17 200 millones de pesos (8,6 millones de libras esterlinas) en el primer trimestre de 2025. Los partidos de la oposición en el Congreso propusieron un proyecto de ley para declarar a Nucleoeléctrica como prioridad estratégica y evitar su privatización, pero es probable que no alcancen la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto presidencial de Milei.
Isidro Baschar, exmiembro del consejo de administración de la empresa, afirma que Argentina corre el riesgo de perder capacidades estratégicas y no obtener ningún beneficio de la privatización, y señala que la energía nuclear en todo el mundo es mayoritariamente estatal (aunque la mayoría de las centrales comerciales son de propiedad privada en Estados Unidos).
«La energía nuclear combina infraestructuras críticas, inversiones a muy largo plazo, licencias altamente especializadas y compromisos internacionales en materia de seguridad y no proliferación. Nada de eso puede sostenerse únicamente con la lógica del mercado», afirma.
Serquis, Hurtado y Baschar destacan la energía nuclear, junto con el potencial solar de las provincias altas y secas del noroeste y los fuertes vientos de la Patagonia, como elementos clave para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y combatir la crisis climática.
Milei es un conocido negacionista del cambio climático, que califica el calentamiento global de «mentira socialista», y quiere que las nuevas centrales nucleares no sustituyan a los combustibles fósiles, sino que atraigan más demanda. Él y Reidel han visitado Silicon Valley y diversas conferencias del sector para presentar Argentina, y en particular la Patagonia, a los inversionistas como un lugar privilegiado para los centros de datos de inteligencia artificial alimentados con energía nuclear.
Baschar afirma: «Proyectar centros de datos, o «ciudades nucleares», en la Patagonia parece atractivo en el laboratorio de ideas, pero es políticamente inviable. [La Patagonia] es la región del país con el mayor rechazo popular a estas iniciativas».
Chubut cuenta con un movimiento popular contra la minería muy amplio y profundamente arraigado. En 2003, un referéndum sobre la minería de oro a cielo abierto recibió un 81 % de votos en contra, lo que llevó a la aprobación de una ley que prohíbe esta práctica en toda la provincia. En 2021, los legisladores intentaron abrir la estepa central a la minería, pero se retiraron después de que los manifestantes bloquearan las autopistas, invadieran la capital e incendiaran edificios gubernamentales.
El movimiento antinuclear se remonta a la década de 1980, cuando se propuso la construcción de un vertedero de residuos radiactivos cerca de Gastre, una remota localidad del centro de Chubut. Tras años de oposición popular que acabó con el proyecto, ciudades y pueblos de toda la Patagonia aprobaron ordenanzas antinucleares que prohibían la presencia o el tránsito de materiales nucleares.
Ahora, cerca de las antiguas minas del centro de Chubut, decenas de miles de toneladas de residuos de uranio se encuentran detrás de una simple valla metálica y un cartel que dice «Área restringida».
Orlando Carriqueo, portavoz del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, una organización indígena de otra provincia patagónica, afirma que la opinión pública de la región está preocupada por las consecuencias de la extracción de uranio para la producción de combustible y por la gestión de los residuos. «Nos están convirtiendo en una colonia energética», afirma.
Los informes de la CNEA de los últimos tres gobiernos no muestran ningún control de la radiación en el lugar. A menos de un kilómetro de distancia, el río Chubut fluye en su camino para suministrar agua potable a las localidades de Trelew, Gaiman y Rawson, en la costa atlántica.
Pichiñán, que cabalga junto a las minas abandonadas, dice que teme que las generaciones futuras puedan ser engañadas con las mismas promesas incumplidas del pasado. «¿Qué pasó entonces, cuando nos dijeron que íbamos a ser ricos? ¿Dónde está toda esa riqueza? ¿Dónde están las personas que iban a tener trabajo y dinero?», pregunta.
«No quiero que mi hijo tenga 30 o 40 años algún día y tenga que mostrarle este tipo de abandono», afirma. «Pase lo que pase, no podemos permitir que hagan esto».
La CNEA se negó a hacer comentarios.
ESPECIALES DE AGENDAR: Trabajo, sociedad y una reforma miope
Este miércoles 11 de febrero es el momento más tenso -hasta ahora- de un debate que ya lleva décadas. Una y otra vez se intentó cambiar -disminuir- los derechos laborales conseguidos cuando nuestro país tenía una industria enfocada -sobre todo- en el mercado interno, y casi pleno empleo.
Esa legislación laboral no permaneció intacta, por supuesto. En algunos períodos fueron suspendidos, y en general se han ajustado y actualizado a lo largo del tiempo. Pero persiste en buena parte del sector empresario la convicción que representan una barrera para la producción. Por eso, hoy asistimos a la paradoja de un intento de flexibilizar la legislación laboral cuando más de la mitad de los trabajadores no tiene empleo formal o relación de dependencia.
No es que el problema no sea real. La naturaleza del trabajo ha cambiado mucho, y está cambiando más rápido que nunca, Cuentapropismo, plataformas, tercerización… Y la creciente automación.
En AgendAR no tenemos respuestas preparadas. Hoy te unimos unas notas que publicamos en los últimos años que ayudarán, esperamos, a enfrentar los problemas que se nos vienen encima.
A. B. F
ooooo
1- Una reforma laboral «de facto»: cómo es el empleo hoy en Argentina
2- “No podés sustituir las indemnizaciones con un contrato donde no exista el concepto de indemnización”
3- Una reforma laboral para un país donde la mitad de los que trabajan no está «en blanco»
4- Las raíces de la experiencia Milei
El sarampión regresó. Lo que es necesario saber
El sarampión ha sido tan poco frecuente en muchos países que algunos médicos nunca han visto un caso, pero eso está cambiando.
Estados Unidos registró más de 2000 casos el año pasado, más que en cualquier otro año en tres décadas, y podría superar el total de 2025 en 2026 (véase «Aumento del sarampión en EE. UU.»). El Reino Unido, España, Austria y otros tres países perdieron su etiqueta oficial de «libres de sarampión» en enero. Canadá perdió su estatus de libre de sarampión en noviembre, y se prevé que Estados Unidos siga su ejemplo en abril.
El virus del sarampión es muy contagioso y puede causar fiebre, tos y erupciones cutáneas, e incluso provocar la muerte. Las estimaciones muestran que cada persona con sarampión infectaría, de media, a entre 12 y 18 personas más si todas las personas de su entorno fueran susceptibles a la enfermedad. Hasta el 90 % de las personas que no son inmunes contraerán el sarampión si entran en contacto con una persona infectada.
Entonces, ¿qué tan preocupadas deben estar las personas vacunadas?
¿Qué tan protectoras son las vacunas?
La vacuna contra el sarampión es muy eficaz. Después de una dosis, el 93 % de las personas estarán protegidas contra la infección si se exponen al virus. La protección aumenta al 97 % después de dos dosis. Para la mayoría de las personas, esta protección dura toda la vida.
Cuando entre el 92 % y el 94 % de la población es inmune al sarampión, ya sea por vacunación o por infecciones previas, el virus ya no puede propagarse, un fenómeno conocido como inmunidad colectiva. «Es posible que se produzcan brotes muy pequeños o casos esporádicos, pero no se observará una transmisión sostenida», afirma Nathan Lo, médico y científico especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, en California. Por eso, añade, el objetivo de cobertura de la vacunación contra el sarampión se ha fijado en el 95 %. En Estados Unidos, la cobertura de vacunación entre los niños de jardín de infancia, que suelen tener entre 5 y 6 años, descendió del 95,2 % en el curso 2019-20 al 92,5 % en 2024-25, lo que abre la puerta a brotes.
¿Las personas vacunadas también corren riesgo?
Dado que la vacuna no es 100 % eficaz, las personas que están completamente vacunadas pueden seguir contagiándose. Un análisis reveló que el 12 % de los 4056 casos de sarampión confirmados en Estados Unidos entre 2001 y 2022 fueron infecciones «ruptura» en personas vacunadas.
«Por supuesto, solo se corre ese riesgo si se entra en contacto con alguien que tiene sarampión», afirma Lo. Esto podría suceder, por ejemplo, si hay un brote local o si se viaja a una zona afectada.
En Carolina del Sur, 876 personas se han infectado en un brote que comenzó en octubre, 838 de ellas no estaban vacunadas o no estaban seguras de su estado de vacunación. Solo 38 personas habían sido vacunadas, y 16 de ellas habían recibido solo una de las dos dosis recomendadas. Un manuscrito publicado en enero en el servidor de preimpresión medRxiv utiliza modelos para sugerir que existe un mayor riesgo de casos de contagio en situaciones en las que hay una mayor interacción entre personas vacunadas y no vacunadas.
La buena noticia para las personas que están vacunadas y aún así se infectan es que los síntomas suelen ser leves, afirma Lo, coautor del manuscrito, que aún no ha sido revisado por pares. «Es bastante raro ver las complicaciones típicas que cabría esperar» del sarampión, afirma.
¿Corren un riesgo especial los viajeros?
En mayo, una persona con sarampión abordó un vuelo internacional de 11 horas con destino a Denver, Colorado. El viajero, que no estaba vacunado, había contraído el sarampión en otro estado de EE. UU. antes de su viaje al extranjero. Durante el largo vuelo a Denver, presentó fiebre y tos. En las semanas siguientes, se identificaron otros nueve casos entre los residentes de Colorado que habían estado expuestos a este viajero.
«En general, es poco común que se produzcan casos de sarampión por exposición durante un viaje en avión, ya sea en un vuelo o en un aeropuerto», afirma Rachel Herlihy, epidemióloga del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado en Denver. En este caso, el nivel de contagiosidad del pasajero podría haber contribuido a la propagación del virus. «Creemos que esta persona estaba muy enferma de sarampión mientras viajaba», afirma. La larga duración del vuelo hizo que otros pasajeros estuvieran expuestos al virus durante un periodo prolongado, lo que podría haber favorecido los contagios.
Cuatro de las nueve personas que se infectaron estaban completamente vacunadas y presentaron menos síntomas y más leves que las que no lo estaban. Tres personas no vacunadas y una con estado de vacunación desconocido fueron hospitalizadas y se recuperaron.
Herlihy afirma que, aunque casos como estos son poco frecuentes, los viajeros son más vulnerables en cierta medida. «La exposición al sarampión durante los viajes es poco común», afirma. Sin embargo, es más probable que se exponga al virus mientras viaja que si se queda en casa, en un lugar donde no haya brotes activos.
¿Qué ocurre con los bebés que son demasiado pequeños para vacunarse?
En Estados Unidos, las directrices federales recomiendan que los niños reciban la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) alrededor de los 12 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años. Las personas están protegidas contra el virus aproximadamente entre dos y tres semanas después de recibir la vacuna.
Si hay un brote local, o si viaja con un bebé a una zona con un brote, los médicos pueden recomendar administrar a los bebés de entre 6 y 11 meses una dosis temprana de la vacuna triple vírica. Esa dosis se suma a las dos dosis que se recomiendan normalmente. «Entonces, su bebé termina recibiendo tres dosis de la vacuna MMR, lo cual no es ningún problema, ya que no hay efectos secundarios adicionales», dice Diego Hijano, médico especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, Tennessee.
Hijano señala que el sarampión puede presentar síntomas graves, especialmente en niños menores de cinco años. En Carolina del Sur, algunos niños que se han contagiado en el brote actual de sarampión han desarrollado encefalitis, que es una inflamación del cerebro.
«Puede provocar neumonía e infección cerebral, por lo que no es algo que se pueda descartar como un resfriado común o un catarro», afirma Hijano. «Esto puede llevar a su hijo al hospital».
Mariana Lenharo
Nuevo directorio en Nucleoeléctrica, tras la renuncia de Demian Reidel
Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país, en medio de investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión. La dimisión fue confirmada por fuentes oficiales y se produce tras una serie de señalamientos vinculados a presuntas irregularidades en contratos y manejo de recursos.
El funcionario, que había asumido el cargo en abril de 2025, era considerado uno de los colaboradores cercanos al presidente Javier Milei dentro de la estructura estatal. Su salida se da en un contexto de creciente presión interna y cuestionamientos sobre la administración de la compañía.
Denuncias por presuntos sobreprecios y contratos bajo investigación
La renuncia se produce luego de que se multiplicaran las críticas internas y sindicales por presuntas irregularidades en procesos de contratación. Entre los principales cuestionamientos, se menciona un contrato tecnológico cuyo monto habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, lo que generó dudas sobre la transparencia en las adjudicaciones.
Además, Reidel quedó bajo sospecha por investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos y contratos con sobreprecios, lo que profundizó el clima de tensión dentro de la empresa estatal.
Durante las últimas semanas, también se registraron denuncias relacionadas con procesos de licitación y contratación de servicios en las centrales nucleares, lo que derivó en la suspensión de otros directivos y aumentó la presión sobre la conducción de la compañía.
Nuevo directorio en Nucleoeléctrica: quiénes son las autoridades designadas
Tras la salida de Reidel, este lunes se realizó la Asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina, en la que se definió la nueva estructura de conducción de la empresa.
Juan Martín Campos fue designado como nuevo presidente de la compañía, mientras que Martín Porro asumirá el cargo de vicepresidente.
El nuevo directorio estará integrado además por Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun como directores titulares. En tanto, José Ignacio Bruera Grifoni y Juan Cantarelli fueron designados como directores suplentes.
La conformación del nuevo equipo apunta a reorganizar la conducción de la empresa y asegurar el funcionamiento operativo de las centrales nucleares, en un contexto marcado por investigaciones internas y cambios en la estructura directiva.
Un nuevo capítulo en la conducción de la empresa estatal nuclear
La salida de Reidel se suma a una serie de cambios en áreas estratégicas del sector público y ocurre en un escenario de cuestionamientos sobre la gestión de empresas estatales y sus mecanismos de contratación.
La designación del nuevo directorio busca restablecer la conducción institucional de Nucleoeléctrica y garantizar la continuidad de las operaciones en un sector clave para la infraestructura energética del país.
Milei quiere comprar 3 submarinos a la francesa Naval Group, acusada de sobornos
En los últimos días de noviembre de 2024, luego de un cónclave celebrado entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, se acordó la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind para Prefectura, en una operación que ronda los u$s2.000 millones.
A esas precisiones, tal y como informó Ámbito, se sumó otra que no cayó nada bien en la industria naval argentina: el encargado de construirlos será la fábrica francesa Naval Group, de capitales privados y con participación mayoritaria estatal. Sin embargo, la inestabilidad económica y financiera que aqueja a la Argentina, lo que quedó de manifiesto durante los meses preelectorales más allá del bloque discursivo oficialista, impidió que se avanzase en la operación.
Ahora, cuando todo parecía diluirse, en las últimas semanas, fue el propio Milei quien puso nuevamente el tema en agenda al mencionar ante la prensa extranjera que ya estaba tomada la decisión política de efectuar la compra. Cabe señalar que desde el hundimiento del Ara San Juan en noviembre de 2017, mientras realizaba tareas de inteligencia, la fuerza submarina argentina se encuentra inactiva.
No obstante, un elemento escapa al radar de la discusión pública: las numerosas denuncias internacionales por sobornos que tiene la mencionada empresa francesa desde fines del siglo XX hasta el presente. Más allá de los sucesivos cambios de nombre y los casos de corrupción en, por caso, Pakistán, Malasia y una llamativa filtración en India, las acusaciones incluyeron el contrato por cinco submarinos rubricado con Brasil en el marco del Lava Jato.
Las investigaciones, en la mayoría de los casos, apuntaron al rol de funcionarios públicos e intermediarios en los pagos de sobornos para obtener beneficios. Esas denuncias lograron que en 2017 la empresa francesa encabezara el Ranking de Corrupción Militar, de acuerdo con el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School (Tufts University), realizado para World Peace Foundation.
Cuando Ámbito consultó al Ministerio de Seguridad, en momentos en que aún era conducido por la hoy senadora Patricia Bullrich, sobre los motivos de la elección del astillero francés para, en su caso, la construcción de las lanchas, no obtuvo respuesta. Nada ha cambiado ya que quien la reemplazó, Alejandra Monteoliva, oficiaba como su lugarteniente. En el medio, se presentó una denuncia por licitación direccionada.
Sobre la espalda de Bullrich pesa el informe, de noviembre de 2024, de la Auditoría General de la Nación, la cual cuestionó la compra, mediante contratación directa, de cuatro lanchas a Israel tanto por el sobreprecio como por la opacidad en el desarrollo de la operatoria.
En esa línea, Argentina acaba de aprobar el financiamiento para comprar de manera directa cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de Euros, gracias a un préstamo de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, según informó el decreto 924, emitido el 26 de diciembre de 2025.
Cuadernos
Las denuncias de corrupción contra el mencionado astillero francés no comenzaron durante este centenio sino en el anterior. Ya en 1994, cuando Francia vendió tres submarinos a Pakistán, el fabricante estatal DCNS (hoy Naval Group) habría pagado 51 millones de euros en sobornos a los responsables políticos de ese país. A su vez, el astillero fue acusado de abonar 33 millones de euros a los intermediarios Ziad Takieddine y Abdul Rahman El-Assir, quienes a su vez son acusados de desviar los fondos hacia la fallida campaña presidencial de 1995 de Eduard Balladur en Francia.
Jean Guisnel, el principal especialista sobre el sistema de corrupción estatal que tiene a DCNS en el centro, lo describió como parte de “la naturaleza rutinaria y sistemática” de las prebendas. Por ejemplo, Guisnel contó y documentó que “entre 1991 y 2002, DCNS vendió barcos por un valor de 60.000 millones de francos (9.150 millones de euros), de los cuales entre un 8 y un 10 por ciento, es decir entre 732 y 915 millones de euros, se pagaron en Frais Commerciaux Exceptionelles (los FCE son gastos comerciales excepcionales). Estos pagos se destinaron a supuestos agentes y lobistas, quienes los redistribuyeron a sus beneficiarios finales. Se denominaba FCE a los pagos de comisiones, es decir, sobornos, que hasta la adhesión de Francia a la Convención de la OCDE contra la Corrupción en 1999 no solo eran legales, sino también deducibles de impuestos. Además, en algunos de los casos de la década de 1990, el pago de dichas comisiones se cargó a la agencia estatal francesa de exportación de armas, SOFRIMA, por lo que era una práctica habitual”.
Guisnel cuenta, en su libro “Armes de corruption massive”, que, durante un allanamiento que se produjo en 2008 en las oficinas de DCNS, se encontró un cuaderno de uno de los exdirectores financieros de la empresa, en el que se describe puntillosamente los procesos de comercialización y sobornos de los buques que fabricaba DCNS.
Ya en el siglo XXI, uno de los casos internacionales más resonantes se dio a raíz de la venta de submarinos a Malasia en 2002, que mucho después, en 2024, hizo que, en la propia Francia, la Fiscalía Nacional Financiera solicitara que Thales y DCNI (el ala internacional de DCNS), tres exejecutivos y un intermediario, sean llevados a juicio por sospecha de corrupción en la venta de submarinos.
Puntualmente, fueron acusados de sobornar al ministro de Defensa de Malasia, Najib Razak, para asegurarse de que eligiera la oferta francesa. De acuerdo con la documentación en poder de la Fiscalía, la empresa Terasasi, de escasa entidad y para la que no se encontró ningún trabajo de consultoría durante los registros de Thales y DCNI, habría servido como vehículo legal para realizar sobornos. Es más, un exfuncionario de la DCNI admitió durante la investigación que Terasasi era una empresa fantasma utilizada para evitar contratos directos con Abdul Razak Baginda, que habría oficiado como intermediario. Según el fiscal, esto se hizo para mantener la apariencia de cumplimiento de las normas anticorrupción.
En 2016, DCNS fue objeto de críticas por la filtración de un conjunto de planos e información sobre la capacidad de combate y sigilo de los seis submarinos Scorpene de la India. Los planos fueron presuntamente robados por un exoficial naval francés que trabajaba bajo contrato para DCNS.
Fue en 2017, cuando Francia, ante los daños que sufría la imagen de la fábrica naval, comunicó que el astillero naval DCNS, cuya empresa es en un 62% propiedad del Estado galo y en un 35% del grupo francés de electrónica de defensa Thales SA, pasaba a denominarse Naval Group. Los nombres anteriores de DCNS incluyen DCN y Direction des Constructions Navales.
Antecedentes
En 2017, se supo que fiscales franceses investigaban si DCNS había pagado un soborno como parte de un acuerdo de 2008 para vender cinco submarinos por un valor de 7500 millones de dólares a Brasil. Según informó en esa ocasión Le Palrisien, la investigación, iniciada en octubre de 2016, se refería a una posible «corrupción de funcionarios extranjeros» y estaba enmarcada dentro del Lava Jato, caso paradigmático de sobornos que involucró a cientos de políticos y figuras públicas de ese país.
Sin embargo, la cercanía geográfica y temporal no queda ahí, ya que hubo un caso controvertido durante la gestión de Bullrich en Seguridad con Mauricio Macri en la Casa Rosada. En esa oportunidad, tal y como informó Ámbito en marzo de 2025, Bullrich avanzó, mediante contratación directa en el marco de la emergencia en seguridad, en la compra de cuatro lanchas OPV solo que esta vez al Astillero Israel SHIPYARDS por 49 millones de dólares. Sobre ese procedimiento, y otro, puso su lupa la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe de noviembre de 2024.
De acuerdo con la AGN, según el estudio comparativo que llevó a cabo el Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se abonó 138% más que las mejores ofertas que se podían encontrar en el mercado por lanchas similares. Fue más allá aún: “Se verificó que la adquisición de 4 Lanchas Shaldag por un monto de USD 49.000.000 al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd., por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, se apartó de la normativa de contratación aplicable”.
Finalmente, el informe concluye: “Se comprobó que las diversas irregularidades detectadas en materia de razonabilidad y transparencia y, el incumplimiento de la normativa aplicable, impiden evaluar la pertinencia del gasto efectuado”.
A este antecedente se sumó una denuncia penal presentada por el ingeniero naval Raúl Podetti, en la cual señala que en el caso de las lanchas OPV se direccionó la licitación hacia el mencionado Naval Group, que trabajará, de acuerdo con fuentes oficiales, junto con el astillero marplatense SPI. Especialistas marcan que este no tendría la capacidad física para desarrollarlos.
Julián Maradeo
Argentina, el país que se olvidó del mar, pero recuerda Naval Group:
La denuncia del ingeniero naval Raúl Podetti mencionada en esta nota, fue reproducida en AgendAR el 14 de noviembre pasado . Pero ya el 22 de agosto de 2018 nuestro columnista Daniel Arias escribió sobre otra compra, también impulsada por el presidente Macron ante otro presidente argentino. Una compra igualmente dudosa para el nuestros intereses.
Es cierto que Naval Goup, con otros nombres, es la constructora naval más antigua de Europa. Fue fundada en 1614 por Luis XIV, el Rey Sol pero su historia en las últimas décadas ha siso muy oscura.
A. B. F.
Personal de CONAE y VENG, en el rompehielos Irízar rumbo a la Antártida
En el marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26, personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación S.A (VENG) se encuentra navegando a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI) con destino a la Base Antártica Conjunta Belgrano II.
Allí, junto a personal de la dotación del RHAI, continuarán con la construcción de la Estación Terrena; este operativo forma parte del plan de fortalecimiento de la Red de Estaciones Terrenas de la CONAE. En esta ocasión, el objetivo principal de este equipo es finalizar la infraestructura técnica de soporte que permitirá, en campañas posteriores, avanzar con la instalación del sistema de antenas.
“El proyecto data de 2010 y los materiales, herramientas e insumos se empezaron a enviar a través del rompehielos en 2021. Se prevé que continuemos con esta instalación hasta el año 2030 aproximadamente. Este trabajo consiste en levantar dos antenas que serán operadas manual y remotamente desde Córdoba”, señaló Nicolás Cugat, ingeniero responsable de CONAE a bordo del rompehielos.
Con respecto al buque, agregó que es fundamental, “sin él no podríamos llevar la tonelada de material a la Base Antártica Belgrano II. Tengo solo palabras de agradecimiento hacia la Armada Argentina y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) por la predisposición y la prioridad que nos dan. También quiero agradecer a la dotación del RHAI que nos ayuda con la instalación y mantenimiento de la Estación Terrena”.
Por su posición estratégica (77º 52’ S), esta estación se convertirá en la más austral del país y en una de las más australes del mundo. Su ubicación mejorará la cobertura y la frecuencia de contactos con satélites de órbitas polares y permitirá hasta quince contactos diarios con satélites de observación de la Tierra. Además, permitirá fortalecer las capacidades espaciales y darle continuidad operativa a la recepción, seguimiento y control de misiones satelitales.
CONAE es la agencia espacial argentina, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, encargada de diseñar, ejecutar y controlar el Plan Nacional Espacial con fines pacíficos. En tanto, VENG es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial.
Acuerdo Trump-Milei: los puntos que preocupan a empresas argentinas. Y chinas
La firma del acuerdo comercial entre la Argentina y EE.UU. es un hito histórico que fortalecerá el vínculo geopolítico entre Javier Milei y Donald Trump, abrirá oportunidades de mercado para las empresas locales y fomentará inversiones en el país. Pero, a la vez, este pacto no estará exento de polémicas. Las dos más visibles son el impacto en América Latina de la guerra tecnológica y comercial que enfrenta a Trump con China y una serie de controversias que abrirá este acuerdo con sectores gravitantes de la economía en la Argentina.
Lo que se selló no es un Tratado de Libre Comercio (TLC), sino un acuerdo de aranceles recíprocos. Eso implica que, para Trump, sólo basta una decisión ejecutiva para ponerlo en marcha. En la Argentina, como se anunció, deberá pasar por el Congreso.
Pero este pacto es mucho más, porque implica un proceso de facilitación de inversiones y desregulación que beneficia a compañías norteamericanas —en detrimento de las chinas— y que abre varias cajas de Pandora en la Argentina, con cambios en la propiedad intelectual para la biotecnología (semillas) y medicamentos, pero también en minerales críticos o la infraestructura tecnológica (5G y 6G).
La mayoría de los productos que vende la Argentina vuelven al nivel arancelario previo al famoso Liberation Day, (en su mayoría 0%). Luego hay un porcentaje que accede a 0% (35 posiciones) y otros en los que se fija un arancel máximo del 10% como tope. Habrá además, cupos para casi todos los productos agrícolas. La Argentina eliminará 221 posiciones arancelarias.
Según el cálculo del Gobierno, esto recuperará exportaciones por más de US$1000 millones. Pueden ser más si se anticipa que algunas empresas pueden invertir en la Argentina para exportar a EE.UU. aprovechando los aranceles extraordinarios.
Un caso interesante es el de la carne. No está en el acuerdo firmado entre las partes, sino en una negociación paralela entre los gobiernos. Para que se active el aumento de la cuota que el país venderá en EE.UU., Trump firmó una decisión ejecutiva. El ingreso preferencial para este producto se quintuplicaría (en 2026 pasarían de 20.000 toneladas a 80.000 toneladas). También ellos venderán a la Argentina, con una cuota que llegará a las 80.000 toneladas.
Otro tema que generó sorpresa es la cuota de 10.000 autos con arancel 0% que llegará de EE.UU. Se trató de una negociación bilateral —como la carne, se maneja por fuera del Mercosur—. Se sumarán así a los cupos de 50.000 autos (muchos chinos) extrazona que entran sin pagar el arancel común. Para un mercado local de más de 600.000 en 2025, es aún poco para presionar precios (el 53% del valor de autos son impuestos).
A esto se suma que las normas de seguridad aprobadas para los autos estadounidenses serán aceptadas desde ahora por las autoridades argentinas, lo que facilitará su importación, según la letra del acuerdo.
El ruido local
Más allá de que comiencen a llegar los Tesla a la Argentina, el acuerdo provocará algunas tensiones con sectores económicos locales. Es que algo parecido a lo que pasa con los autos ocurrirá con los remedios del país del norte. Una aprobación de la FDA —la Anmat del norte— será automáticamente aceptada por las autoridades argentinas, según el pacto firmado. Pero hay cosas que preocupan más a los laboratorios.
En el pacto con Trump, Milei se compromete a llevar antes del 30 de abril al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. En la industria local creen que ese tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) beneficia más que nada a las empresas de países desarrollados (EE. UU.), que así solicitan y obtienen mayor cantidad de patentes en todo el mundo. En el sector industrial local darían su opinión sobre el acuerdo el lunes que viene, pero creen que este pacto los deja en situación de desigualdad.
No es lo único que preocupa allí. “En medicamentos, la anomalía es la resolución 118/12, firmada en su momento por Débora Giorgi y Juan Manzur, que restringía fuertemente la patentabilidad de medicamentos en Argentina”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un hilo de X sobre una de las normas que derogará el Gobierno de manera inminente y que también tiene que ver con las patentes del sector. La otra es la resolución 283/15 del INPI, “la que no permite el patentamiento de innovaciones genéticas en biotecnología”, explicó “el coloso”, como lo llama Milei. Esto preocupa a los productores, que podrían vislumbrar un alza de costos en las cosechas, sobre todo en soja y trigo, a la hora de la reutilización de las semillas que hoy no pagan canon.
El acero y el aluminio seguirán pagando un arancel del 50%. No habrá cambios allí. Se trata de un sector que, por la sobrecapacidad china, está en el ojo de la tormenta para Trump. De hecho, será uno de los temas que se introdujo en el debate que se hará en el G20 en ese país. Estados Unidos se comprometió en el acuerdo sólo a continuar las negociaciones.
Sin nombrarlo, China aparece en el compromiso firmado. En la letra chica del mismo se afirma que la Argentina “priorizará a Estados Unidos” como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos, incluyendo productos en bruto, procesados y terminados, “por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado”. El último textual tiene un sólo nombre: China. Esa priorización, además, llegará con la facilitación a empresas de EE.UU. para sumarse al RIGI, el régimen de inversiones creado por Javier Milei para empujar a sectores clave (energía y minería).
No es la única referencia velada al país oriental. El artículo 2.9 impulsa a no importar bienes que se produzcan en países que no respondan los derechos laborales enarbolados por la OIT. A contramano, en 3 años, a los bienes de EE.UU. se les eliminará un impuesto a las importaciones. Es la tasa estadística, que actualmente tiene un arancel del 3%.
Por último, aunque cada hora aparecen nuevos detalles sorprendentes, el acuerdo habla de proveedores de infraestructura en telecomunicaciones (5G y 6G) y satelital “confiables”. No dan nombres en particular para los mismos. En el Gobierno negaron que fuera una cláusula contra la empresa china Huawei.
El pacto formalizado entre Trump y Milei no es solo un acuerdo para mejorar la competitividad y productividad argentinas, y abrir mercados para las empresas de ambos países, sino que es la potenciación de un alineamiento geopolítico que muchos ven como duradero en el tiempo y, ahora cristalizado, difícil de romper, incluso para cualquier gobierno en el futuro.
Francisco Jueguen
Argentina como Europa: los nacimientos y la cantidad de hijos por mujer siguen bajando
En realidad, este fenómeno demográfico es más aguddo entre nosotros que en la mayoría de los países europeos. En la última década tuvo lugar la caída de nacimientos más abrupta y mantenida de la historia reciente argentina; pese a ser un fenómeno global, la versión local presenta varias particularidades
Lejos de estabilizarse, como ya ha sucedido en varios países europeos, en la Argentina la natalidad sigue cayendo año a año. También continúa a la baja el promedio de hijos por mujer y la edad promedio a la que ellas son madres. Así lo demuestra el último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, publicado a finales de enero, cuyos datos corresponden a 2024. Ese año, los nacidos vivos en territorio argentino fueron 413.135, número que representa una baja del 47% respecto de 2014, cuando habían nacido 777.000.
Fue en esta última década que tuvo lugar la caída de nacimientos más abrupta y sostenida de la historia reciente de nuestro país. Se trata de un fenómeno que, pese a ser global y a afectar a gran parte del mundo, muestra en su versión argentina varias particularidades.
“Acá, los nacimientos caen en escalones, con momentos de estancamiento y bajones bruscos, como el de la última década, que fue muy fuerte”, sintetiza el demógrafo Rafael Rofman, investigador provincial del Cippec, quien destaca que actualmente la Argentina presenta estadísticas similares a las de Chile, Uruguay y varios países del centro europeo en materia de nacimientos.
Comparativo histórico de nacidos vivos
Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS)
El investigador subraya, a su vez, que lo esperable es que, al igual que ya sucedió en los países nórdicos, también en la Argentina y en el resto de la región, la tendencia a la baja de los nacimientos llegue a un tope y los números comiencen a estabilizarse. Pero ese punto todavía no ha llegado y no es posible saber cuándo y de qué manera va a suceder.
La caída de los nacimientos tiene correlación con la baja en la tasa de fecundidad, indicador que marca el promedio de hijos que tiene cada mujer en edad fértil en la Argentina, que también se encuentra en su baja histórica. Mientras que para comienzos de 2000 se calculaba que las argentinas tenían un promedio de 2,5 hijos, este número se redujo a 2,3 para 2014.
Desde entonces la caída fue tan estrepitosa que en solo 10 años, para 2024, pasó a ser casi la mitad: 1,23. Este número se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2,1), es decir, la fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada –sin contar la migración– se mantenga.
La tasa de fecundidad argentina es similar a la de Italia (1,21) y Polonia (1,2), y es de las más bajas de la región, junto con la de Chile (1,03) y la de Uruguay (1,25). Refleja una tendencia global que llega a todo el mundo en menor o mayor medida, salvo algunos países de África. En los países nórdicos, el número ya estabilizado ronda cerca de los 1,7 hijos por mujer, destaca Rofman.
“Es muy difícil saber en qué número nos vamos a estabilizar nosotros porque el gran problema con estos temas es que depende de una acumulación de millones de decisiones individuales que se toman por razones personales. Pero, si uno mira lo que ya sucedió en países más desarrollados, todo indica que tendríamos que estabilizarnos en torno a una tasa de fecundidad del 1,5 o 1,7. Habrá que esperar unas décadas más para saber. Después puede llegar a haber algún repunte”, anticipa este demógrafo.
Particularmente en la Argentina, la baja en la natalidad ya ha impactado en las políticas públicas. Un ejemplo es la reciente decisión del gobierno porteño de aprobar una reglamentación para el cierre de colegios privados. La medida responde a los numerosos cierres intempestivos de instituciones educativas, especialmente escuelas primarias y jardines de infantes, ocurridos en los últimos años. Detrás de estos cierres hay una frase que se repite una y otra vez en boca de los directivos y los docentes: “No hay chicos”. La crisis de la matriculación en escuelas es hoy la cara más visible del impacto del fenómeno de baja de nacimientos en el sistema educativo.
De Misiones a Ciudad de Buenos Aires: un escenario dispar
El escenario de baja de natalidad tiene variaciones de acuerdo a la región y la localidad que se estudie. La tasa de natalidad de algunas provincias llega incluso a duplicar la de otras. Entre las que mayor cantidad de nacidos vivos por cada 1000 habitantes tienen se encuentran Misiones (12,3), Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7). En el otro extremo se ubican la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, ambas con 6,9, Jujuy, con 8 y La Pampa y Río Negro, ambas con 8,1 y la provincia de Buenos Aires, con 8,4.
Tasa de natalidad por provincia en 2024
Fuente: Estadísticas Vitales Información Básica
En líneas generales, la caída de la natalidad suele ser atribuida sobre todo a cambios sociales, económicos y culturales, que incluyen una mayor autonomía de las mujeres y cambios en las expectativas reproductivas, así como también a una disminución de la maternidad adolescente y un aumento en la maternidad tardía.
“Hay muchas mujeres que bajan su fecundidad total, pero también hay muchas que postergan la maternidad. En las estadísticas argentinas ya se puede ver que la fecundidad de las mujeres más grandes no decrece. Incluso está aumentando la edad promedio de las madres”, dice Rofman.
El grupo etario que más hijos tuvo durante 2024 de acuerdo a las estadísticas vitales del Ministerio de Salud fue el que abarca a las mujeres de entre 25 y 29 años (25%), seguido por el de entre 30 y 34 años (23%), y por el de entre 20 y 24 años (22%). Como contrapartida, la tasa de fecundidad adolescente bajó más de un 65% en la última década.
Pese a que en general los países con mayor desarrollo económico tienen tasas de natalidad más bajas, esto no implica que pueda encontrarse una relación directa entre la abrupta baja de los nacimientos que se dio en la Argentina en los últimos 10 años y la situación económica nacional.
“Con el factor económico, la tendencia siempre es un poco más difusa. Por lo general, los países, al igual que las familias, a medida que se hacen un poco más ricos, tienen menos hijos. Y lo que vemos en la Argentina desde 2014 no es justamente una población que se está enriqueciendo, sino lo contrario. Entonces ahí la tendencia es más difusa, porque es cierto que la cuestión económica puede tener un peso a la hora de decidir cuándo ser madre o padre, o cuántos hijos tener. Pero en general la tendencia a nivel mundial suele ser al revés”, explicaron desde el Programa de Protección Social de Cippec.
El fenómeno de baja de natalidad argentino presenta algunas particularidades respecto a la tendencia regional y mundial. La principal es la manera en la que se producen las bajas de natalidad y de fecundidad.
“Mientras que en otros países, como Brasil y Colombia, donde la natalidad viene bajando de a poco, casi en línea recta, desde mediados del siglo pasado, en Argentina, por alguna razón que es más difícil de explicar, baja por la escalera. Entre el 2004 y el 2014, la natalidad no solo no había bajado, sino que había subido un poco. Y después bajó de manera muy fuerte”, explica Rofman, quien cree que puntualmente el declive de los últimos 10 años estuvo relacionado con una mayor efectividad de los anticonceptivos femeninos.
María Nöllmann
Minerales críticos: los acuerdos que EE.UU. suscribe con Argentina y otros países
El gobierno de los Estados Unidos suscribió el miércoles de la semana pasada con Argentina y otros países, una serie de acuerdos que apuntan hacia el proyecto de una zona comercial preferencial para minerales críticos, en el marco de la Cumbre Ministerial de Minerales Críticos convocada por el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.
Entre los compromisos más relevantes figuran un acuerdo tripartito con Japón y la Unión Europea para explorar un tratado comercial plurinacional, iniciativa que oficiaría como plataforma para la creación de la zona comercial preferencial, y un Plan de Acción con México.
La Cancillería argentina, por su parte, informó la firma de un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos que ratifica la asociación estratégica y el «compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo».
Por su lado, la Embajada de los EE.UU. en la Argentina agregó que «ambos países movilizarán el apoyo de los gobiernos y del sector privado mediante subvenciones, garantías, préstamos e inversiones de capital para impulsar proyectos de minería y procesamiento».
También precisó que implementarán medidas para «establecer mercados de alto estándar con marcos de precios de referencia que protejan frente a políticas no basadas en el mercado y prácticas comerciales desleales».
Argentina y EE.UU. se comprometieron a «identificar conjuntamente proyectos prioritarios y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses, creando una asociación sostenible de largo plazo basada en precios justos de mercado».
El acuerdo suscrito entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, se monta sobre la base de un memorando de entendimiento (MoU) sobre minerales críticos firmado en agosto de 2024.
Argentina es el quinto productor mundial de litio, uno de los minerales críticos de mayor demanda. En efecto, al menos un 30% de las importaciones de litio en los EE.UU. actualmente provienen de la Argentina.
EE.UU.: qué acuerdos en minerales críticos suscribió
Delegaciones de un total de 54 países y de la Unión Europea asistieron a la Cumbreo que contó con la presencia del vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Los funcionarios anunciaron que la intención última de los acuerdos es crear una zona comercial preferencial de minerales críticos. Las empresas de los países que formen parte de esta área comercial tendrán acceso a precios mínimos para blindar a las inversiones en los proyectos mineros de cualquier volatilidad en los precios internacionales.
Por el lado del continente americano participaron delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
Otros países relevantes que estuvieron presentes fueron Japón, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Marruecos, República Democrática del Congo, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Corea del Sur y Uzbekistán.
El Departamento de Estado notificó la firma de un total de once nuevos marcos bilaterales sobre minerales críticos o MoU con países como la Argentina, las Islas Cook, Ecuador, Guinea, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
Acuerdo tripartito con la Unión Europea y Japón
Sin embargo, el acuerdo más relevante que avanza en la dirección de la creación de la zona comercial preferencial fue suscrito entre la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU., la Comisión Europea (el poder ejecutivo de la U.E.) y Japón.
El acuerdo señala el desarrollo de Planes de Acción para la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos. Los firmantes desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados, como precios mínimos ajustados en frontera, que puedan mitigar las vulnerabilidades de la cadena. En ese sentido, EE.UU. y la U.E. se comprometieron en un plazo de no más de 30 días a firmar un MoU destinado a impulsar este objetivo.
El objetivo es poder avanzar hacia un tratado comercial plurilateral, abierto a la incorporación de más países. “A través del desarrollo de estos Planes de Acción, sentaremos las bases para un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos con socios afines», dijo el representante comercial de los EE.UU., Jamieson Greer.
En paralelo, Greer anunció que acordó con México un Plan de Acción para avanzar también hacia un comercio preferencial respaldado por precios mínimos y otras medidas. En ese sentido, ambos países se comprometieron a identificar proyectos específicos de minería, procesamiento y producción de minerales críticos de interés mutuo dentro de sus países o en terceros países.
El Departamento de Estado justificó la firma de todos estos acuerdos sobre la base de que el mercado de minerales críticos y tierras raras «está altamente concentrado, lo que lo convierte en una herramienta de coerción política y de disrupción en la cadena de suministro», en clara alusión a China.
Nicolás Deza
Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversiones con EE.UU. Linkeado al final de la nota
El gobierno anunció que enviará al Congreso el texto del acuerdo (36 hojas) en los próximos días.
El canciller Pablo Quirno informó que Argentina firmó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos
“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, dijo el Canciller.
El acuerdo es del cual se había anunciado el marco hace unos meses que contemplaba la revisión de aranceles, cuestiones de propiedad intelectual, la estabilización del precio de la soja, entre otras.
El anuncio se dio en medio del viaje de Quirno a Estados Unidos para participar de la cumbre ministerial de minerales críticos. Ese acuerdo se firmó ayer por la tarde.
De la firma participó también el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Estuvo ausente quien fuera el encargado durante todo el año de las negociaciones, el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne.
El anuncio se da semanas después de que la Unión Europea anunciara que enviaría a su máximo tribunal el acuerdo firmado con el Mercosur para su evaluación, lo que virtualmente lo congela por aproximadamente un año hasta que haya resolución.
Qué abarca
El acuerdo marco que se había firmado propone “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”.
En materia de aranceles, el acuerdo contempla la apertura recíproca para productos y Argentina se compromete a dar acceso preferencial a las exportaciones estadounidenses de medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.
Estados Unidos se comprometió a revisar la sección 232, que sanciona con aranceles del 50% a productos considerados estratégicos o que afectan a la seguridad nacional, como es el caso del acero.
Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en ese país y a productos no patentados para aplicación farmacéutica.
Ambos países se comprometen a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para el comercio de carne vacuna.
En las barreras no arancelarias, Argentina se compromete a bajarlas, incluyendo las licencias de importación. También se compromete a no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina y a eliminar gradualmente el impuesto a la importación para los productos estadounidenses.
Argentina deberá alinearse con normas internacionales para facilitar el comercio y permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EE. UU. o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EE. UU. o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación.
También aceptará la importación de autos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
En propiedad intelectual destaca los avances de Argentina para combatir la falsificación y la piratería, mientras que pide que el país se comprometa a mejorar sus estándares de propiedad intelectual y combatir los grandes centros con bienes falsificados, entre los que destacaba a la feria de La Salada.
Argentina abre su mercado al ganado vivo estadounidense y se compromete a dejar ingresar carne aviar en un año y a no aplicar restricciones de productos que usen términos con quesos y carnes.
“Ambos países trabajarán conjuntamente para abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas”, subraya el acuerdo.
El acuerdo sostiene que Argentina debe comprometerse a no importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y que fortalecerá la legislación laboral. Este punto coincide con el avance de las importaciones chinas y la reforma laboral que se tratará el 11 de este mes en el Senado.
En materia medioambiental platea combatir la tala ilegal y fomentar un uso eficiente de los recursos, incluidos los minerales críticos.
«Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes», plantea el marco.
Insiste en la inversión en minerales críticos y propone trabajar en conjunto para estabilizas el comercio global de soja.
Argentina deberá abordar “cuestiones distorsivas” de sus empresas estatales y revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral.
El país deberá reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la ley argentina para la transferencia de datos personales y no deberá discriminar los servicios y productos digitales estadounidenses.
María Victoria Lippo
ooooo
La información que dio a conocer el gobierno de EE.UU. (traducida):
5 de febrero de 2026
WASHINGTON – Hoy, el Embajador Jamieson Greer se unió al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, en la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas entre Estados Unidos y Argentina (ARTI).
“La profundización de la alianza entre el presidente Trump y el presidente Milei sirve como modelo de cómo los países de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pueden impulsar nuestras ambiciones compartidas y salvaguardar nuestra seguridad económica y nacional”, declaró el embajador Greer . “El Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y brinda un importante acceso al mercado para los exportadores estadounidenses, que abarcan desde vehículos motorizados hasta una amplia gama de productos agrícolas. Agradezco al ministro argentino Pablo Quirno su compromiso para lograr una alianza más sólida y equilibrada”.
Para leer el texto del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Argentina sobre Comercio e Inversiones Recíprocas, haga clic aquí . Para leer el arancel, haga clic aquí .
Para leer la Declaración Conjunta sobre el Marco del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas entre Estados Unidos y Argentina, haga clic aquí .
Para leer la hoja informativa, haga clic aquí .
Las causas del aumento de un 21% en el precio mayorista de la electricidad
El gobierno sorprendió el viernes pasado al actualizar un 21% el precio mayorista de la energía eléctrica para los hogares. La suba se explica fundamentalmente por la actualización del tipo de cambio de referencia y por la decisión política de poner fin al atraso que se acumuló durante el segundo semestre del año pasado cuando se utilizó esta variable como un amortiguador para evitar un mayor aumento de tarifas durante la campaña electoral.
Los usuarios que perciben subsidio no sentirán el impacto en sus facturas en el corto plazo porque al mismo tiempo se decidió aumentar de modo excepcional la bonificación para esos hogares como parte de la transición destinada a dejar atrás el régimen de segmentación vigente. Sin embargo, los hogares que pagan la tarifa plena, más del 40% del total, tendrán aumentos superiores al 10% ya que el precio mayorista es el principal componente de su factura.
La resolución 604/25 de fines de diciembre había fijado un Precio Estabilizado de la Energía (PEE) de $61.200 por MWh en promedio y un Precio Estabilizado de Servicios Adicionales (PESA) de $4927, lo que arrojaba un total, sin tomar en cuenta la potencia, de $66.127 por MWh. La resolución 22/2026 publicada este viernes elevó el PEE a $73.629 y el PESA a $6447. En total, el valor se elevó a $80.076, un 21 por ciento más que el valor fijado en diciembre.
Las razones del aumento del precio mayorista
Una de las razones que explica esta suba es el tipo de cambio ya que la programación estacional anterior había tomado un valor de referencia de $1330 y en esta nueva programación, que estará vigente entre el 1 de febrero y 30 de abril el dólar se fijó en $1450, un 9% más.
Otro factor clave es la decisión de recuperar el atraso que se había acumulado en el segundo semestre del año pasado en el precio mayorista cuando el gobierno decidió actualizar esa variable por debajo de la inflación o incluso bajarla en términos nominales, al mismo tiempo que siguió recomponiendo los márgenes de distribuidoras y transportistas para no poner en riesgo la rentabilidad del negocio regulado.
En octubre cuando el gobierno autorizó un aumento promedio de 1,9% en el precio de la electricidad que contempló un incremento de 3% en el Valor Agregado de Distribución y un 7,12% en el precio estacional del transporte, al mismo tiempo que redujo el precio estacional de la energía un 0,22 por ciento.
El gobierno optó entonces por asumir una suba de los subsidios en medio de la campaña electoral, pero sin poner en riesgo la rentabilidad de distribuidoras y transportistas porque el objetivo oficial es avanzar con una reforma del sector eléctrico que prevé, como condición necesaria, que las distribuidoras puedan firmar acuerdos con las generadoras sin la intervención de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Mayorista (MEM), que es controlada por el Estado. Para que eso ocurra, los balances de las distribuidoras deben estar medianamente saludables.
Esa reforma eléctrica también está incidiendo paulatinamente en los costos del sistema porque está cambiando el mix que conforma los precios. El Precio Estabilizado de la Energía para hogares y comercios incluye ahora los contratos MEM firmados con Cammesa, que son más onerosos, y no todo el mix del sistema, ya que se comenzó a dejar afuera de ese cálculo a las máquinas térmicas y renovables que están compitiendo en el mercado a término y el spot. “Este aumento no responde a un shock puntual sino a un cambio de reglas: se empieza a reflejar el costo real del sistema eléctrico. La discusión de fondo ya no es el ajuste sino cómo se gestiona la energía en un mercado que deja atrás los precios administrados”, sostuvo a EconoJournal Nadia Sager, CEO y fundadora de Geinsa.
Qué impacto tendrá en las tarifas
Los hogares que perciben subsidio no sentirán ahora el impacto de este ajuste porque el gobierno incrementó el porcentaje de bonificación que reciben sobre ese precio mayorista como parte de la transición para dejar atrás el esquema de segmentación que estaba vigente desde 2022.
Los hogares subsidiados tienen una bonificación del 50% del precio de la energía sobre un bloque de consumo mensual de 300 kWh -que se reduce a 150 kWh marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre- y a ese porcentaje se le sumó un 25% adicional que se irá reduciendo mes a mes a lo largo del año. Ese adicional elevó en enero el porcentaje de subsidio al 75%, un valor mayor al 67% que venían percibiendo los N2 de ingresos bajos y al 52% que recibían los N3 de ingresos medios, según cifras del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), organismo de doble dependencia UBA y CONICET.
Quieres sí verán llegar facturas más abultadas son los hogares que no tienen subsidio, antes conocidos como N1, ya que hasta diciembre venían pagando el 95% del costo de la energía y ahora no solo pagarán el 100% sino que ese 100% implica un costo mayor por este ajuste que se le aplicó al precio mayorista. Para ese segmento, la suba de tarifas en febrero estará por encima del 10%, sobre montos significativamente más sustanciosos en comparación con lo que pagan los hogares subsidiados.
Fernando Krakowiak
Educación: se otorgan los primeros «doctorados prácticos» en China
El mes pasado, Zheng Hehui defendió su doctorado en ingeniería civil en la Universidad del Sureste de Nanjing, China. Pero Zheng no había escrito una tesis. En su lugar, habló de un producto que había desarrollado: un conjunto de bloques similares a los de Lego, fabricados con acero reforzado, que se encajan entre sí para formar un pilón de puente.
Zheng forma parte de la primera promoción de estudiantes de doctorado chinos que son evaluados en función de sus logros prácticos que dan lugar a nuevos productos, técnicas, proyectos e instalaciones. Su invento se está utilizando en un enorme puente atirantado para tren y carretera construido sobre el río Yangtsé.
Desde septiembre, al menos 11 estudiantes de «doctorado práctico», todos ellos ingenieros, han obtenido su título de doctorado por esta vía. Su trabajo incluye el desarrollo y la aplicación de una técnica de soldadura y su equipo, y la creación de un sistema de extinción de incendios para un gran hidroavión. Las universidades de otros países ofrecen «doctorados industriales», en los que los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con una empresa, pero muchos de estos títulos siguen exigiendo una tesis escrita.
Los doctorados prácticos forman parte de las reformas educativas más amplias del Gobierno chino, que comenzaron en 2010, para formar «ingenieros de élite» que puedan ayudar a impulsar la innovación en el país. En 2022, el Gobierno ordenó a las universidades de primer nivel que se asociaran con las principales empresas para crear escuelas de posgrado para ingenieros.
Una ley aprobada en 2024 permite a las universidades graduar a los estudiantes de maestría y doctorado sobre la base de sus logros prácticos. En la actualidad, solo los estudiantes de materias relacionadas con la ingeniería pueden acogerse a esta modalidad sin tesis.
Problemas del mundo real
Este modelo alternativo de concesión de títulos es importante y muy necesario, afirma Guo Tong, ingeniero civil de la Universidad del Sureste. «[Este modelo] puede orientar a los estudiantes a realizar investigaciones reales que resuelvan problemas de la vida real en aquellas industrias que tienen importancia estratégica o puntos críticos tecnológicos en China».
Para Li Jiang, científico de la información de la Universidad de Nanjing, el nuevo modelo de evaluación aborda un problema que ha afectado a la educación de los ingenieros: «Existe una gran brecha entre los conocimientos teóricos que aprenden en los libros y la capacidad práctica que nuestra sociedad necesita de ellos».
Los candidatos a los doctorados prácticos deben crear prototipos y demostrar que sus inventos pueden utilizarse en la vida real y a gran escala, según Sun Yutao, que investiga políticas de innovación en la Universidad Tecnológica de Dalian, en Dalian (China).
Talento futuro
El programa forma parte del esfuerzo de China por crear una reserva de talento para industrias clave y emergentes, como la inteligencia artificial y los semiconductores, con el fin de impulsar la innovación, según declaró Zhu Xiumei, subdirectora del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, en una conferencia de prensa celebrada en diciembre.
En los últimos tres años, se han creado en China 50 facultades de posgrado para ingenieros con el fin de poner en práctica esta política. Los estudiantes de estas escuelas trabajan con dos supervisores simultáneamente: uno con formación académica y otro con sólida experiencia práctica. Durante los exámenes orales, son evaluados por un panel compuesto por académicos e ingenieros en activo.
«Muchos profesores de ingeniería de las universidades chinas siempre han sido académicos y nunca han trabajado en la industria. Por eso es importante emparejarlos con expertos de la industria para que impartan clases a esos doctorados», afirma Li.
La Universidad de Tsinghua, por ejemplo, se ha asociado con 56 empresas de 14 sectores clave en los últimos tres años, según declaró su vicerrector, Wu Huaqiang, en la conferencia de prensa. En el marco de este programa, la universidad ha reclutado a 1430 estudiantes de posgrado, que han resuelto muchos problemas industriales y han obtenido más de 100 patentes, según Wu.
Algunas de las universidades que ofrecen el programa tienen cursos estrechamente relacionados con la defensa nacional. Una de ellas, la Universidad Politécnica del Noroeste en Xi’an, colabora con 16 grandes grupos chinos, entre ellos China North Industries Group, que fabrica armas y equipo militar.
Sin embargo, el número de estudiantes que obtienen doctorados prácticos es muy reducido en comparación con el número de los que siguen la vía doctoral convencional. En 2024, más de 97 000 estudiantes de doctorado se graduaron en China.
Retos por delante
Según Sun, uno de los principales obstáculos para quienes supervisan los doctorados prácticos es cómo evaluar los logros de los estudiantes. Explica que es relativamente fácil juzgar si una tesis es buena, pero mucho más difícil evaluar un producto de la vida real, y mucho más decidir si supone un avance para una industria.
Según Li, la contratación de buenos expertos del sector podría ser otro problema. « Si los expertos industriales contratados por la universidad no son lo suficientemente buenos, eso afectará a la calidad de los doctorados», afirma.
Sun cree que las posibilidades de que el programa se amplíe a otras titulaciones científicas son escasas, ya que estas se ocupan de la investigación fundamental, que tiene menos relevancia para las prácticas industriales.
Sin embargo, Guo ve la posibilidad de que las evaluaciones se incorporen a disciplinas prácticas que combinan la ingeniería con la investigación médica, como los campos del diseño de dispositivos médicos avanzados y el diagnóstico inteligente.
Xiaoying You
De la ilusión a la realidad: El acuerdo Mercosur-UE no será muy importante para el sector cerealero y oleaginoso argentino
Después de más de 25 años de negociaciones, la Comisión Europea finalmente ratificó un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, el cual ahora debe ser aprobado por el Parlamento de la UE-27 y los poderes legislativos de las naciones integrantes del bloque sudamericano, proceso que podría extenderse por varios meses más. El acuerdo también debe ser validado por los Poderes Legislativos de los países integrantes del Mercosur para entrar en vigencia.
Como el acuerdo establece la posibilidad de validez bilateral, en caso de ser aprobado por el Parlamento de la UE-27 y algún poder legislativo del Mercosur y de la UE-27, bastaría para que entre en vigencia en el territorio de ambos sin necesidad de que las restantes naciones de ambos bloque lo ratifiquen.
Para el sector cerealero y oleaginoso argentino, el acuerdo no contempla beneficios importantes. En lo que respecta a cereales se establece una cuota anual de maíz y/o sorgo libre de impuestos, que comenzará con 166.667 toneladas en el primer año de vigencia del acuerdo para alcanzar el millón de toneladas en un plazo de cinco años.
Si bien una década atrás Argentina era un importante proveedor de maíz de la UE-27, con establecimiento de nuevas exigencias sanitarias los embarques de maíz convencional cayeron con fuerza para quedar solamente en pie las exportaciones de maíz Flint (“colorado”) destinadas a la elaboración de cereales para desayunos.
Las autoridades de la Unión Europea establecen una tolerancia de 0,01 parte por millón de diclorvós en granos, algo que es muy difícil de lograr porque se requieren al menos 120 días para que el insecticida aplicado en granos almacenados se volatilice casi completamente. Si bien el diclorvós está prohibido en la Argentina desde fines de 2018, siguen apareciendo partidas de granos con el producto, con lo cual era inviable realizar embarques destinados a la Unión Europea.
En ese marco, la cuota en maíz tendrá escasa relevancia para a Argentina debido a la restricción de orden fitosanitario. En los primeros once meses de 2025, según el último dato oficial disponible, Argentina exportó 112.692 toneladas a Polonia, España y Países Bajos. Una cifra insignificante para el volumen comercial del maíz.
En el caso del sorgo, en cambio, el cupo podría diversificar la matriz comercial del producto, que actualmente se encuentra muy concentrada en China. Pero no generaría un cambio sustancial en la dinámica exportadora del negocio.
El acuerdo contempla para el Mercosur un cupo libre de impuestos de 450.000 toneladas por año para el bioetanol destinado a la industria química y otro cupo de 200.000 toneladas para todos los demás usos (incluyendo corte con combustibles), que se introducirá con un esquema de desgravación gradual a lo largo de cinco años.
Si bien se trata de una cuota auspiciosa para la industria de bioetanol argentina –que se elabora en parte con maíz–, la realidad es que la potencia regional en materia de biocombustibles es Brasil y es muy probable que acapare la mayor parte del cupo.
En lo que respecta al complejo oleaginoso, el aspecto más relevante es el relativo al biodiésel, que contempla un cronograma de desgravación progresivo por el término de once años, luego del cual el arancel debería ser cero.
En la actualidad Argentina exporta biodiésel a la UE-27 en el marco de un acuerdo especial que contempla un cupo de 1,2 millones de toneladas anuales y precios mínimos, además de un arancel del 6,5%.
Es importante destacar que el acuerdo incluye una cláusula de salvaguardia bilateral en caso de que el aumento de las importaciones procedentes del Mercosur cause –o incluso sólo amenace con causar– un daño grave a los sectores pertinentes de la UE.
Una vez realizada la denuncia, en el caso de los productos considerados “sensibles”, las investigaciones finalizarán en un plazo de cuatro meses y, en casos urgentes, se podrán introducir medidas provisionales en un plazo de 21 días. Entre los productos “sensibles” se incluye el maíz, sorgo, bioetanol y biodiésel.