El CONICET y la empresa alemana Merck lanzan la edición 2026 del Premio de Innovación en Ciencias de la Salud

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En un acto realizado en la Embajada de la República Federal de Alemania, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la empresa Merck S.A. firmaron la adenda correspondiente a la edición 2026 del “Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud”, una iniciativa conjunta orientada a estimular la aceleración de startups y desarrollos innovadores en ciencias básicas y aplicadas de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generar valor para la sociedad a través de proyectos científico-tecnológicos de alto impacto.

La convocatoria abrirá el 1 de junio de 2026 y cerrará el 19 de junio de 2026. Luego se desarrollarán las etapas de evaluación, mentoreo y presentación final de proyectos ante un Gran Jurado integrado por especialistas designados por ambas instituciones.

Durante la firma, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, sostuvo: “Este premio representa la importancia de trabajar de manera articulada entre el sistema científico, el sector privado y la cooperación internacional para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad. La Sexta Edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud consolida un espacio de excelencia para promover el talento científico argentino y transformar conocimiento en soluciones concretas”.

Y agregó: “Quiero destacar especialmente el compromiso de Merck y el apoyo de la Embajada de Alemania, así como felicitar y agradecer a los equipos de trabajo del CONICET y de Merck que hacen posible esta iniciativa con profesionalismo y dedicación, y a los científicos que participaron y fueron reconocidos en las ediciones anteriores, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar este premio como una referencia en el ámbito de la innovación en salud”.

A su turno, el director general de Merck Argentina, Marcelo Ponte, afirmó: “Nos enorgullece presentar una nueva edición del Premio Merck-CONICET, una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. Creemos que la colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”.

Por su parte, el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania, Peter Neven, expresó: “Desde la Embajada de Alemania acompañamos esta iniciativa con mucho orgullo porque representa dos pilares fundamentales de la relación entre Alemania y Argentina: la cooperación económica y la cooperación científica. El Premio Merck-CONICET es un gran ejemplo de articulación público-privada y del compromiso del sector privado con el desarrollo de la investigación y la innovación en salud. Además, refleja la sólida relación científica entre ambos países y la calidad de las instituciones argentinas, que son socios estratégicos para Alemania”.

El premio, organizado por el CONICET, a través de su Dirección de Relaciones Institucionales, y por Merck Argentina se ha consolidado como un punto de encuentro entre el talento científico argentino, la innovación en salud con impacto social y la cooperación estratégica entre instituciones públicas y privadas. Entre las principales novedades de la nueva edición, se estableció que el proyecto ganador del primer lugar recibirá un aporte no reembolsable de 13 millones de pesos, y se incluyó un segundo lugar, cuya propuesta seleccionada obtendrá 9,1 millones de pesos. Próximamente se publicarán las bases y condiciones de la convocatoria 2026.

Podrán participar de la Convocatoria emprendedores y equipos con propuestas de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana, incluyendo áreas como soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas y/o endocrinológicas y/o que afecten la fertilidad; test diagnósticos para enfermedades neurológicas y/u oncológicas y/o endocrinológicas y/o para fertilidad; microbioma; bio-interfaces y bio-sensores; inteligencia artificial aplicada a la salud; industria 4.0 aplicada a la salud; robótica aplicada a la salud; salud digital; y biotecnología.

Desde su creación, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todo el país y se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y promoción para proyectos innovadores capaces de transformar el ecosistema científico-tecnológico y aportar soluciones concretas a desafíos vinculados con la salud.

Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea, Turquía… Lecciones para Argentina

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Ningún país desarrollado abrió su mercado textil sin un plan de transición. Argentina lo hizo en 24 meses, sin reducción fiscal, sin financiamiento tecnológico y sin estrategia exportadora. La comparación internacional revela que el problema no es la apertura sino la ausencia de política industrial.

La destrucción de la industria textil argentina no es un fenómeno inevitable de la globalización. Es el resultado de una decisión de política económica ejecutada sin los instrumentos que utilizaron todos los países que lograron reconvertir exitosamente sus sectores textiles frente a la competencia asiática. La experiencia comparada de Italia, Corea del Sur, Turquía y Portugal demuestra que la apertura comercial funciona cuando va acompañada de estrategia. Sin ella, lo que se produce no es reconversión: es demolición.

Italia: la reconversión por escalamiento de valor

Italia enfrentó la presión competitiva de China y el Sudeste Asiático desde los años noventa con una estrategia que le tomó casi dos décadas perfeccionar. En lugar de competir en precio, el Estado italiano apoyó la migración de su industria textil hacia segmentos de alto valor agregado: diseño, textiles técnicos, fibras de alto rendimiento y marcas de moda con posicionamiento global.

Los instrumentos fueron específicos: financiamiento público a la innovación en distritos industriales, incentivos fiscales a la inversión en tecnología, programas de formación laboral para reconvertir trabajadores de producción masiva hacia manufactura especializada, y una apertura comercial gradual dentro del marco institucional de la Unión Europea que incluyó períodos transitorios con cuotas diferenciadas por producto. Italia perdió participación en volumen, pero incrementó el valor unitario de sus exportaciones textiles. El empleo se redujo, pero la productividad y el ingreso medio del sector aumentaron. El proceso llevó quince años y requirió coordinación entre gobierno nacional, regiones y asociaciones industriales.

Corea del Sur: del textil masivo al textil inteligente

Corea del Sur representa probablemente el caso más ambicioso de reconversión textil deliberada. Durante las décadas del ochenta y noventa, cuando la industria coreana comenzó a perder competitividad frente a China e India, el gobierno no abandonó al sector: lo reconvirtió mediante política industrial activa.

El Estado coreano desplegó un abanico de instrumentos que incluyó fondos de reconversión tecnológica para pymes textiles, subsidios directos a la investigación en textiles técnicos e industriales, programas de smart factory para digitalizar procesos productivos, y financiamiento blando para la transición hacia fibras de carbono, textiles electrónicos y materiales de alto rendimiento. La estrategia más reciente, lanzada en 2024, apunta a elevar la participación coreana en el mercado global de textiles industriales del 3% al 10% para 2030, con un fondo de 2,9 billones de wones destinado exclusivamente a la transformación productiva del sector.

El elemento central de la experiencia coreana fue el gradualismo: la apertura comercial se ejecutó a lo largo de dos décadas, sincronizada con la capacidad de absorción tecnológica de las empresas. El Estado no protegió al sector de la competencia, pero le dio instrumentos para competir.

industria textil
 

Turquía: apertura con devaluación y promoción exportadora

Turquía inició su liberalización comercial en 1980, pero la ejecutó con una combinación deliberada de devaluación sostenida del tipo de cambio, un programa robusto de promoción de exportaciones y la reducción gradual y preanunciada de las restricciones a la importación. Cuando la Unión Europea eliminó las cuotas textiles del Acuerdo Multifibras en 2005, las empresas turcas respondieron con una estrategia de escalamiento de calidad: ante la imposibilidad de competir con China en precio, elevaron el valor unitario de sus exportaciones mediante mejoras tecnológicas y diversificación de productos.

El resultado fue notable: las exportaciones textiles turcas se triplicaron entre 2001 y 2010 pese a la liberalización. La industria perdió empleo en segmentos de baja calificación, pero lo reemplazó en segmentos de mayor productividad. La clave fue que la apertura nunca operó en un contexto de apreciación cambiaria real como el que enfrenta Argentina.

Portugal: reconversión con fondos europeos

Portugal canalizó fondos estructurales de la Unión Europea para financiar la modernización de su industria textil durante más de una década. La reconversión incluyó programas de capacitación laboral masiva, incentivos a la inversión en maquinaria de última generación e integración en cadenas de valor europeas como proveedor especializado. El empleo textil portugués cayó, pero la transición fue administrada con redes de protección social y reentrenamiento profesional que amortiguaron el impacto sobre las comunidades dependientes del sector.

Argentina: la excepción que confirma la regla

Ninguno de estos países abrió su mercado textil sin antes desplegar instrumentos compensatorios. Ninguno lo hizo con apreciación cambiaria simultánea. Ninguno ejecutó la apertura en menos de una década. Y ninguno prescindió de una estrategia industrial explícita que definiera hacia dónde debía migrar el sector.

Argentina hizo exactamente lo contrario. En 24 meses, las importaciones de ropa crecieron 185% en volumen, las compras por courier se expandieron 274%, el tipo de cambio se apreció sustancialmente y la carga fiscal sobre la producción local se mantuvo intacta. El resultado está a la vista: 659 empresas cerradas, 20.700 empleos destruidos, 7 de cada 10 máquinas paradas y una capacidad instalada que se invirtió en el ciclo 2021-2023 hoy convertida en capital muerto.

La comparación internacional no sugiere que Argentina debiera haber mantenido un proteccionismo indefinido. Sugiere algo mucho más preciso: que la apertura comercial sin política industrial de acompañamiento no produce reconversión productiva sino destrucción de capacidades. Italia escaló en valor. Corea del Sur migró hacia textiles inteligentes. Turquía combinó apertura con competitividad cambiaria. Portugal financió la transición con inversión pública.

Argentina eligió un camino que ningún país exitoso transitó: apertura total, apreciación cambiaria, presión fiscal invariable y ausencia completa de estrategia de reconversión. El resultado no es una transición hacia un modelo superior. Es la eliminación de un sector que emplea cientos de miles de personas sin haber construido nada que lo reemplace.

El debate no es apertura versus proteccionismo. Esa es una falsa dicotomía que empobrece la discusión pública. El debate real es si Argentina puede permitirse destruir capacidad productiva y empleo sin tener un plan para lo que viene después. La experiencia internacional, sin excepción, responde que no.

Gustavo Reija

La carrera espacial de las Grandes Potencias. ¿Hay un lugar para Amèrica Latina?

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Argentina vivió la misión Artemis II como otra coronación de gloria: fue el único país de la región que pudo enviar un microsatélite. Y así volvimos a poner los ojos en el espacio. Es la historia de la evolución de la humanidad, pero también de la conquista, porque el espacio ultraterrestre siempre fue un escenario de disputa de poder, donde cada gesto es una demostración de las capacidades militares y tecnológicas que tiene un país para avanzar o defender. Frente a esto, América Latina tiene el desafío de encontrar su lugar en un tablero donde distintos actores compiten por definir las reglas del juego.

Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la Luna
Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la LunaGentileza SICyT

Según datos de Novaspace, la economía espacial alcanzó en 2025 los 626.000 millones de dólares, impulsada por un ecosistema que combina inversión pública, desarrollo privado y aplicaciones cada vez más extendidas en la vida cotidiana. Esta cifra no muestra un techo cercano: el Foro Económico Mundial proyecta que alcancé los 1.800.000 millones de dólares en 2035. Es un negocio inmenso y todos quieren la porción más grande de la torta.

Los especialistas coinciden en que América Latina puede aprovechar el desarrollo de tecnologías espaciales para reducir sus brechas estructurales en infraestructura, conectividad y acceso a servicios. Sus aplicaciones trascienden ese ámbito y son una herramienta clave para abordar desafíos como la mitigación de desastres y el cambio climático, la conectividad y la respuesta humanitaria. También tienen impacto en áreas como la seguridad, la investigación en salud, la sostenibilidad y la eficiencia en la cadena de suministro. ¿Más simple? Mirar al espacio podría ayudarnos a resolver problemas en la Tierra.

Y sin embargo, el espacio corre el riesgo de convertirse en la próxima frontera colonial, con los mismos sistemas extractivos que históricamente profundizaron las desigualdades entre países. Estados Unidos y China compiten por definir quién escribe las reglas. Las empresas privadas operan sin bandera ni obligaciones. Las potencias emergentes buscan su lugar. Y América Latina, una vez más, corre el riesgo de llegar tarde a una disputa que ya empezó.

Es una región muy heterogénea en términos de iniciativas, capacidades y alineamientos, que históricamente dependió de la tecnología espacial extranjera para su desarrollo. “Ocupa un lugar periférico, pero no irrelevante”, sostiene Luis Castillo Argañaraz, investigador del CONICET y doctor en Derecho y Ciencia Política. Aunque no lidera la carrera tecnológica ni la explotación de recursos, “tiene oportunidades reales de inserción en áreas como aplicaciones satelitales, cooperación internacional y desarrollo de capacidades específicas”, explica.

Potencial en órbita

Un punto clave para capitalizar es la ubicación geográfica privilegiada. “Los países más cercanos al Ecuador son excelentes para tener centros de lanzamiento, mientras que en el Cono Sur se pueden realizar actividades de observación astronómica que no pueden llevarse a cabo en ninguna otra parte del mundo”, explica Martina Elia Vitoloni, abogada especialista en derecho espacial e investigadora de la Universidad de McGill.

El Programa Estratégico de Sistemas Espaciales define la política espacial de Brasil con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica.
El Programa Estratégico de Sistemas Espaciales define la política espacial de Brasil con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica.

En este sentido, Castillo Argañaraz resalta dos lugares estratégicos. El desierto de Atacama, en Chile, es un punto clave para el desarrollo del Space Situational Awareness (SSA), que permite conocer qué objetos hay en el espacio, dónde están, cómo se mueven y qué riesgos pueden generar. “Gracias a estos sistemas es posible detectar satélites activos, desechos espaciales y monitorear la actividad de otros actores, tanto estatales como privados”, detalla Castillo Argañaraz. Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcântara, piedra angular del programa espacial de la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Ubicado en el estado de Maranhão, es uno de los mejor ubicados del mundo: su cercanía al ecuador le da una ventaja significativa en eficiencia de combustible, ya que permite a los cohetes aprovechar al máximo la rotación de la Tierra, especialmente para órbitas bajas y ecuatoriales.

Argentina tiene una de las trayectorias espaciales más sólidas de la región. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con más de tres décadas de experiencia, le da al país la capacidad de desarrollar y lanzar satélites de manera independiente, algo que muy pocos países de la región pueden decir.

Esa trayectoria tiene nombres concretos. En 1961 fue el primer país del hemisferio sur en lanzar exitosamente un cohete, el Alfa-Centauro. Fue pionera en desarrollar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones propios, como ARSAT-1 y ARSAT-2, y en el uso de tecnología radar avanzada con la serie SAOCOM, que permite observar la Tierra en cualquier condición climática. Logró su primera exportación espacial al aportar componentes al satélite Amazonia-1 de Brasil. Y su último hito fue el microsatélite Atenea, enviado en la misión Artemis II, un proyecto que reunió a la CONAE, organismos científicos, universidades y la empresa VENG S.A., y que da cuenta tanto de la capacidad técnica del país como del entramado de colaboración que la sostiene. Detrás de estos desarrollos, siempre aparece INVAP, la empresa estatal especializada en integración y ensayo de satélites, con experiencia exportadora y operación en órbita.

Mirar hacia arriba para resolver lo de abajo

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas profundas en el acceso a infraestructura básica que también se reflejan en la conectividad. Esa falta de acceso impacta directamente en la salud y la educación, y es más marcada entre zonas urbanas y rurales y entre países con distintos niveles de desarrollo. En ese escenario, las tecnologías espaciales empiezan a jugar un rol concreto para achicar esas distancias: “La infraestructura para seguimiento y mapeo de satélites puede mejorar la vida de comunidades aisladas por la distancia, garantizar acceso a telemedicina, educación virtual y otros servicios clave para su desarrollo”, explica la abogada.

En esa misma línea, la tecnología espacial también permite anticipar y responder ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes. “Por ejemplo, los datos satelitales pueden predecir dónde y bajo qué condiciones podría iniciarse un incendio, lo que facilita evacuaciones tempranas y una mejor planificación de los recursos. Es algo que la CONAE hace muy bien y que el año pasado fue clave para mejorar el monitoreo y la respuesta ante los incendios en la Argentina”, señala Vitoloni. A esto se suman las redes satelitales, que aseguran conectividad para los equipos de rescate incluso en áreas remotas, y satélites especializados capaces de detectar fugas de metano de forma más rentable que los sensores terrestres. En una región especialmente expuesta a estos fenómenos, esa capacidad no solo mejora la respuesta: puede marcar la diferencia entre anticiparse o llegar tarde.

Simulacro de despegue de Artemis y Atenea en la Estación Terrena en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, en Córdoba
Simulacro de despegue de Artemis y Atenea en la Estación Terrena en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, en CórdobaVerónica Schuler – Comunicación Conae

Ese potencial, sin embargo, convive con limitaciones estructurales. Las brechas en infraestructura, gobernanza y financiamiento siguen condicionando el desarrollo de políticas espaciales sostenibles en la región. “Hoy hay déficits importantes, sobre todo en la retención de talento. Muchos profesionales del sector espacial se van del país y eso genera una escasez de recursos humanos que la región no puede darse el lujo de ignorar”, advierte Vitoloni.

Un tablero, múltiples jugadores

Estados Unidos y China compiten con estrategias diferentes, pero con un mismo objetivo: asegurar su posición en un dominio estratégico. “A diferencia de la Guerra Fría, donde el motor era el prestigio estatal, la nueva carrera espacial está impulsada por la necesidad de establecer un nuevo ordenamiento jurídico y económico global”, explica Castillo Argañaraz. “El fin es que, al momento en que las actividades logren plena rentabilidad económica, las reglas de juego ya hayan sido establecidas por quienes lideraron la coalición científico-tecnológica más fuerte”, agrega.

El modelo estadounidense de cooperación combina inversión estatal con un fuerte impulso privado. Busca establecer las reglas del juego y ordenar la gobernanza espacial a través de los Acuerdos Artemis, unos principios de cooperación para la exploración espacial impulsados por la NASA y firmados ya por 61 países.

China avanza con un modelo predominantemente estatal que apuesta al liderazgo operativo y a la autonomía de sus infraestructuras, con el despliegue de estaciones propias y constelaciones soberanas. “A través de su diplomacia espacial intenta atraer a potencias emergentes y a Estados no alineados con Estados Unidos”, explica Castillo Argañaraz. Como respuesta al descontento con los Acuerdos Artemis, impulsa junto a Rusia la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), un proyecto que busca establecer una base científica permanente en el polo sur de la Luna y consolidar una red alternativa de cooperación espacial, a la que se han sumado Venezuela, Nicaragua y otros países de Asia, África y Europa del Este.

En este marco, la relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China se ha convertido en uno de los pilares más dinámicos de la cooperación Sur-Sur. “Ofrece a la región una alternativa al liderazgo tradicional de Estados Unidos”, detalla Castillo Argañaraz. “Para los países que firmaron los Acuerdos Artemis, esta doble vía de cooperación abre una tensión difícil de resolver”, agrega.

En lo que algunos describen como una ‘ruta de la seda espacial’, Pekín invierte en infraestructura terrestre vinculada al sector, con casos como el lanzamiento de satélites en Bolivia y Venezuela y la Estación de Espacio Profundo en Neuquén. Esta última, ubicada en Pampa de Pilmatue, fue construida con el propósito de seguir satélites y misiones espaciales; generó polémica por su hermetismo, y aunque Estados Unidos manifestó su preocupación por su posible uso militar, no existen pruebas públicas de espionaje.

“La mayor parte de los países latinoamericanos están buscando crear vínculos con otras potencias espaciales para desarrollar capacidades”, explica Vitoloni. En ese camino, la mayoría se sumó a los Acuerdos Artemis y, al mismo tiempo, coopera con China . Pero la especialista advierte un primer riesgo: “Se puede generar una situación de rehén en la que los países se adhieren porque necesitan los beneficios de la cooperación tecnológica para desarrollarse, pero no participaron en su elaboración ni pueden oponerse a las posiciones del país que lo elaboró en los foros internacionales”.

Castillo Argañaraz identifica un segundo riesgo, más estructural: “Se plantea un dilema sobre la autonomía estratégica, ya que la centralización de servicios como la geolocalización o la conectividad bajo un único modelo técnico y político impacta en la capacidad de decisión de los países latinoamericanos en un orden cada vez más fragmentado”. Así, adherirse a un modelo de cooperación sin haber participado en su diseño puede derivar en una dependencia tecnológica difícil de revertir.

Concepto de desarrollo para la ILRS.
Concepto de desarrollo para la ILRS.

Los actores privados también ocupan un rol predominante en la economía espacial con proyectos de impacto global. “Son el motor industrial y comercial de la nueva era espacial”, explica Castillo Argañaraz. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Axiom Space buscan la rentabilidad y la expansión de mercados mediante estrategias orientadas a la reducción de costos, la reutilización, el desarrollo de estaciones espaciales y el despliegue de mega constelaciones satelitales para ampliar la conectividad global.

SpaceX —la empresa aeroespacial de Elon Musk— es el caso más representativo. A partir del desarrollo de cohetes reutilizables, redujo significativamente los costos de acceso al espacio y reconfiguró el sistema de lanzamientos. En ese marco, Estados Unidos concentra cerca del 80% de los objetos en órbita a nivel global, con un peso decisivo de SpaceX dentro de su capacidad de lanzamiento. Solo en el último año realizó más de 100 lanzamientos y colocó en órbita alrededor de 3.000 toneladas de carga, principalmente satélites de la red Starlink, consolidando un modelo de despliegue masivo que refleja la concentración de la infraestructura en un número reducido de actores.

“Sin el sector privado es muy difícil desarrollar un ecosistema espacial”, señala Vitoloni. La especialista advierte además que en América Latina su desarrollo es limitado, en parte porque la mayoría de los países no lo fomentan y porque aún existen vacíos regulatorios, más allá del caso de Brasil, que aprobó su legislación en 2024, lo que también puede desincentivar la inversión privada.

La apuesta por la cooperación regional

En el plano institucional, los países de América Latina han generado conexiones y alianzas con distintas potencias espaciales. Los 18 países que participan en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la ONU (COPUOS) lo hacen de manera limitada y atravesados por la disputa entre los dos ejes, lo que dificulta la construcción de una postura regional común. “Casi toda la región forma parte de los Acuerdos Artemis, salvo Venezuela y Bolivia, lo que influye en cómo interactúan en el foro y tiene el riesgo de fragmentar la región”, advierte Vitoloni. “La fragmentación regulatoria predomina a nivel internacional, por lo que no me sorprendería si la región sigue el mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que ciertos Estados consideran algo permitido y otros no”, agrega.

En ese contexto, Castillo Argañaraz subraya la importancia de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que tuvo su primera reunión este año e imita el modelo de la Agencia Espacial Europea. “Reúne a 33 Estados de América Latina y el Caribe, con niveles muy desiguales de desarrollo espacial y compromiso político”, explica. Sin embargo, la ausencia de Brasil en su instrumento constitutivo podría afectar su viabilidad, aunque el país impulsa en paralelo un Consejo Espacial de los BRICS para institucionalizar la cooperación.

“La mera participación en iniciativas impulsadas por actores extrarregionales no implica una posición autónoma en la configuración del orden espacial emergente”, advierte Castillo Argañaraz. Sin una estrategia regional basada en la cooperación, el desarrollo de capacidades propias y una presencia activa en los foros internacionales, la participación latinoamericana puede quedar supeditada a intereses externos en la definición del futuro régimen espacial.

El precio de llegar tarde

Uno de los principales riesgos es la militarización del espacio. “El avance tecnológico no solo impulsa la exploración y comercialización del espacio, sino que también amplifica su dimensión militar, y se genera una dinámica en la que cooperación y rivalidad coexisten en tensión constante”, explica Luis Castillo Argañaraz.

En paralelo, en América Latina persisten vacíos regulatorios. “En la región no hay marcos normativos consolidados, más allá de la ley que aprobó Brasil en agosto de 2024. La mayoría de los países latinoamericanos no fomentan el sector privado espacial, lo cual es un gran error”, advierte Vitoloni. En ese contexto, la falta de regulación puede desincentivar la inversión y la consolidación de actores privados. Un ejemplo de ello es el caso de la empresa Satellogic, que inició operaciones en Argentina, se trasladó luego a Uruguay y finalmente estableció su sede en Estados Unidos en busca de mayor seguridad jurídica para la compañía y sus clientes.

Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave Orion.
Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave Orion.

El problema no es solo regional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, impulsado por la ONU y firmado por 115 países, constituye la base del derecho espacial internacional. Establece que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos y prohíbe la apropiación nacional. Sin embargo, su carácter general deja amplios márgenes de interpretación. Vitoloni explica que el acuerdo “plantea principios generales más que obligaciones, lo que les da a los gobiernos amplio margen de interpretación y ningún incentivo para actualizarlo porque regular implica perder libertad”. En ese vacío, advierte, se impone una lógica de llegada temprana para asegurar presencia y control operativo en la Luna, una dinámica que reabre debates sobre formas de apropiación en clave contemporánea.

Esta ausencia de reglas vinculantes se inscribe en una tendencia más amplia. La fragmentación regulatoria ya predomina a nivel internacional, y no sería extraño que la región siga ese mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que distintos Estados consideren válidas prácticas que otros no reconocen.

A esto se suma un riesgo concreto: el síndrome de Kessler, un escenario en el que la acumulación de basura espacial en órbita puede desencadenar una reacción en cadena de colisiones. Castillo Argañaraz explica que el aumento de satélites y mega constelaciones, como las de SpaceX, incrementa el riesgo de choques en órbita, generando desechos capaces de inutilizar otros satélites y afectar servicios como telecomunicaciones, conectividad y teledetección. “Esto transformaría la órbita terrestre en un entorno saturado de residuos, con impactos que trascienden el espacio y comprometen infraestructuras críticas en la Tierra, afectando la seguridad, la economía global y la gobernanza ambiental”, detalla el doctor.

Los especialistas aseguran que el problema no es solo jurídico sino también estructural: existe el riesgo de que un número reducido de actores termine tomando decisiones con impacto global, afectando a toda la humanidad y profundizando asimetrías que aún persisten en la Tierra. El espacio exterior debe entenderse como un recurso natural a preservar.

Quizás sea el momento de desafiar el paradigma de que el que llega primero escribe las reglas. Para eso es fundamental que América Latina defina en qué condiciones va a participar de la carrera espacial. La falta de cooperación regional es un problema que se repite en otros ámbitos, profundizando brechas y achicando márgenes de autonomía. En un momento en que el orden global se fragmenta, el espacio ofrece una oportunidad para que el Sur Global, a pesar de sus limitaciones estructurales, levante la voz y proponga algo distinto: un sistema basado en la cooperación, que proteja el patrimonio común y aproveche las capacidades de cada país en lugar de explotarlas. No para llegar tarde a una carrera que otros diseñaron. Para proponer otro juego.

Valentina Benta

Crisis en la industria de la madera

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El sector foresto-industrial atraviesa uno de sus momentos más complejos en años en la Argentina. Tras dos años de recesión, las empresas enfrentan caída de la demanda interna, problemas financieros y un escenario que no ofrece señales claras de recuperación en el corto plazo.

Los datos divulgados por el sector reflejan la magnitud del deterioro. El 54,7% de las empresas reporta bajas en ventas, mientras que el 45,6% reconoce dificultades para afrontar pagos como salarios, proveedores e impuestos. El freno en la construcción impacta de lleno en toda la cadena vinculada a la madera.

A este cuadro se suma un indicador adelantado que confirma la tendencia. El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA de hace poco se ubicó en 36,5 puntos, con una caída de 7,5 puntos respecto del relevamiento previo, lo que marca un predominio de expectativas negativas en la actividad manufacturera.

En ese contexto, desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) advierten que la actividad muestra señales de desgaste, con una industria que opera por debajo de su capacidad y con márgenes cada vez más ajustados.

Demanda débil y exportaciones limitadas

El mercado interno aparece como el principal problema. La caída en la construcción reduce el consumo de insumos y golpea a toda la cadena foresto-industrial. A esto se suma un escenario donde la exportación no logra compensar la debilidad local.

Solo un grupo reducido de empresas mantiene ventas al exterior con cierto volumen. En muchos casos, estas operaciones responden más a estrategias de supervivencia que a negocios rentables. Apenas unas 22 plantas entre aserraderos y fabricantes de láminas o compensados logran sostener exportaciones significativas.

El peso de la logística se consolida como un factor crítico. El aumento de los combustibles impacta de manera directa en los costos y complica la competitividad, especialmente en regiones alejadas de los centros de consumo o puertos. En ese marco, iniciativas como el desarrollo del puerto de Posadas aparecen como intentos por mejorar la ecuación logística, aunque aún requieren tiempo para generar impacto.

Capacidad instalada y potencial sin aprovechar

A pesar del contexto adverso, el sector cuenta con condiciones estructurales favorables. La Argentina dispone de más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y una capacidad productiva que podría abastecer ampliamente el mercado de la construcción.

Sin embargo, esa capacidad no se traduce en mayor actividad. La participación de la madera en la construcción sigue siendo baja, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento que hoy no se concreta por falta de demanda y condiciones adecuadas.

Daniel Vier, secretario general de FAIMA y presidente de la Cámara Argentina de la Madera (CADAMDA), dijo que “la cadena productiva es amplia y transversal, con cientos de aserraderos, plantas de remanufactura y fabricantes distribuidos en todo el país”.

La actividad se redujo drásticamente, y la industria forestal-maderera enfrenta serveros problemas, se reclama que retorne la obra pública, entre otras medidas

La actividad se redujo drásticamente, y la industria forestal-maderera enfrenta serveros problemas, se reclama que retorne la obra pública, entre otras medidas

El dirigente precisó que en los últimos años surgieron plantas especializadas en sistemas industrializados como wood frame o panelizados, lo que marca un proceso de evolución dentro del sector.

Obstáculos estructurales

Las dificultades no se limitan a la coyuntura. Las empresas enfrentan problemas estructurales que condicionan el crecimiento.

Entre los principales factores aparecen la baja escala de demanda, que limita inversiones, y los altos costos financieros para adquirir maquinaria o avanzar en procesos de industrialización.

Vier comentó que “existe capacidad para escalar rápidamente, pero eso depende de que aparezca una demanda sostenida y condiciones que acompañen la inversión”.

A esto se suman la falta de estandarización en algunos segmentos, el déficit de mano de obra especializada y las dificultades logísticas.

Otro punto crítico es la heterogeneidad normativa. Las diferencias entre regulaciones municipales generan trabas y retrasos en proyectos vinculados a la construcción con madera.

Avances y desafíos pendientes

En los últimos años, el sector logró avances en industrialización, calidad de productos y profesionalización. También creció la incorporación de tecnologías y sistemas constructivos modernos.

Vier reseñó que “hay mayor conocimiento técnico y una mejora en los procesos productivos”, aunque aclaró que aún persisten desafíos relevantes.

Entre ellos se destacan la necesidad de estandarizar procesos a gran escala, fortalecer la formación técnica y avanzar en una normativa más homogénea en todo el país.

La percepción cultural también juega un rol clave. En algunos segmentos, la madera todavía se asocia a soluciones de menor calidad, una visión que no refleja el nivel actual de desarrollo de la industria.

Empleo, financiamiento y tensión financiera

La cadena foresto-industrial tiene un fuerte impacto en el empleo regional. Su desarrollo involucra múltiples etapas, desde la producción forestal hasta la industrialización y la construcción.

El deterioro de la actividad también se refleja en el frente laboral. El 22,2% de las empresas registró caídas en el empleo, con reducción de turnos, suspensiones y ajustes en dotación. A la vez, solo el 19,4% proyecta incorporar personal en los próximos doce meses, frente a un 26% que anticipa recortes.

Proceso de armado de paneles estructurales: el sector tiene potencial para crecer, pero la recesión y los costos limitan su expansión

Proceso de armado de paneles estructurales: el sector tiene potencial para crecer, pero la recesión y los costos limitan su expansión

Las dificultades financieras se profundizan. Casi la mitad de las empresas reporta problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones. Entre las principales consecuencias aparecen mayores costos financieros, pago de intereses y necesidad de endeudamiento de corto plazo.

Potencial y efecto multiplicador

El potencial de crecimiento es significativo. Con un mayor desarrollo del sistema, el sector podría generar miles de puestos de trabajo y contribuir a reducir el déficit habitacional.

Vier precisó que “la construcción con madera tiene capacidad para sumar hasta 50.000 viviendas anuales adicionales, gracias a la velocidad de ejecución de estos sistemas”.

Además, existe capacidad instalada ociosa que podría activarse rápidamente en un escenario de mayor demanda, lo que permitiría una recuperación relativamente veloz si cambian las condiciones macroeconómicas.

Importaciones y competitividad

El impacto de las importaciones se concentra en productos con mayor nivel tecnológico y en maquinaria, que en muchos casos no se fabrica a nivel local.

Esto plantea un desafío para la industria, que necesita avanzar en mayor valor agregado para reducir la dependencia externa y mejorar su competitividad.

Equipamiento de alta precisión para sistemas constructivos en madera: la inversión en tecnología choca con la falta de escala y financiamiento

Equipamiento de alta precisión para sistemas constructivos en madera: la inversión en tecnología choca con la falta de escala y financiamiento

A su vez, el cambio en el contexto macroeconómico y la mayor apertura comercial suman presión sobre los productores locales, que deben competir con bienes importados en un escenario de demanda débil.

Qué necesita el sector

Para revertir la situación, el sector plantea una serie de medidas clave. Entre ellas, un marco normativo claro y homogéneo, incentivos fiscales y financieros, y líneas de crédito para inversión productiva.

También resulta fundamental fortalecer la capacitación técnica y promover el uso de la madera en la construcción, tanto desde el sector privado como desde políticas públicas.

El impulso a proyectos de vivienda con madera aparece como uno de los principales motores posibles para reactivar la actividad, junto con la necesidad de mejorar la logística y reducir costos estructurales.

En un contexto de crisis prolongada, el sector foresto-industrial enfrenta el desafío de sostener su estructura productiva mientras espera condiciones que permitan aprovechar su potencial.

Vier concluyó que “el desarrollo de la construcción con madera puede convertirse en un eje estratégico, pero requiere demanda, financiamiento y reglas claras para consolidarse”.

José Luis Cieri

China vinculará a 680.000 innovadores / investigadores con empresas

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El regulador de propiedad intelectual de China ha estado actuando como intermediario, conectando a investigadores con patentes a empresas que pueden comercializarlas.

El mes pasado, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China informó que, como resultado de estas medidas, alrededor de 80.000 patentes de universidades e institutos de investigación fueron comercializadas entre 2023 y 2025.

El esfuerzo es parte del deseo del gobierno de transformar más investigación en productos y servicios. China holds more than five million domestic invention patents, but few are brought to market. En 2022, solo el 3,9 % de las patentes universitarias fueron comercializadas, según medios estatales.

Desde 2023, la agencia afirma haber identificado alrededor de 680.000 patentes en poder de universidades e institutos de investigación que podrían ser comercializadas, y ha conectado a los innovadores con 460.000 empresas que podrían hacer realidad las ideas.

Marina Zhang, quien estudia la innovación con un enfoque en China en la Universidad de Tecnología de Sídney en Australia, considera que el emparejamiento creará conexiones duraderas entre la academia y la industria.

Robert Conn, quien estudia la investigación y la filantropía científica en la Universidad de California, San Diego, dice que el enfoque es todavía nuevo, por lo que es demasiado pronto para saber qué tan efectivo será a largo plazo. Pero él cree que podría funcionar, porque las empresas en China a menudo están dispuestas a acatar las directivas del gobierno. “El sistema de China es de arriba hacia abajo, con el Estado desempeñando un papel central en el impulso de las asociaciones y la definición de rumbos”, dice.

El Ministerio de Educación de China también está explorando el uso de inteligencia artificial y macrodatos para identificar el valor potencial de las patentes universitarias y sus posibles aplicaciones, declaró a los medios estatales Zhou Dawang, un funcionario del ministerio.

Desafíos de la comercialización

Patenting has been strongly encouraged by universities in the country and has been tied to career advancement for researchers, says Li Tang, a public-policy researcher at Fudan University in Shanghai, China. Pero a veces, esto “llevó a lo que podríamos llamar patentamiento estratégico — en el que se solicitan patentes para cumplir con criterios de evaluación en lugar de para respaldar la comercialización posterior”, dice ella.

Como resultado, muchas patentes aún no han demostrado que funcionen, o que sean necesarias, dice Zhang.

Además de la labor de vinculación, el gobierno ha implementado incentivos que premian la comercialización exitosa de la investigación en lugar de la presentación de patentes.

Zhang says that the government is also taking steps to address systemic barriers that hold back research commercialisation in China. These include unclear rules around who shares the profits of a patent, and a shortage of technology-transfer professionals who help academics to translate patented technologies into commercial products, says Zhang.

Fuerzas del mercado

Conn dice que el enfoque impulsado por el Estado de China contrasta con el enfoque adoptado por otros países, como Estados Unidos. Allí, la transformación de la investigación en productos comerciales está mayormente impulsada por el mercado. Los capitalistas de riesgo estadounidenses “recorren los pasillos de las universidades” para identificar innovaciones que puedan financiar.

La Ley Bayh–Dole, presentada en 1980, otorgó a las instituciones estadounidenses la propiedad de las investigaciones financiadas por el gobierno, permitiéndoles otorgar licencias a empresas sin interferencia gubernamental. Los fondos filantrópicos y el financiamiento privado fortalecen aún más el proceso desde la investigación básica hasta las aplicaciones prácticas, agrega Conn.

Desde hace años, la financiación para la investigación en China se ha centrado en la manufactura y la ciencia aplicada en lugar de en la investigación básica, afirma. La intervención del Estado podría compensar el menor tamaño del sector de capital de riesgo de China, el cual está menos integrado en el ecosistema de investigación que su equivalente en Estados Unidos, señala Conn.

También ha habido un aumento en los fondos filantrópicos destinados a la investigación científica en China, dice Conn. Los fondos filantrópicos a menudo financian investigaciones iniciales de alto riesgo que podrían no recibir apoyo de capitalistas de riesgo o de instituciones de financiamiento público.

En marzo, China anunció planes para aumentar su gasto general en investigación y desarrollo (I+D) en al menos un 7% anual durante los próximos cinco años.

Elon Musk: Marte y marketing

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Según informó la agencia Reuters, la junta directiva de SpaceX -la empresa de tecnología espacial de Elon Musk- aprobó un plan de compensación que otorgaría a Musk 200 millones de acciones restringidas con derecho a voto privilegiado si la compañía alcanza una valoración de 7,5 billones de dólares y ayuda a establecer un asentamiento humano permanente en Marte con al menos un millón de residentes.

Las acciones son de Clase B y, según se informa, otorgan 10 votos por acción. Y este no es el único hito de la era espacial. Otra bonificación de hasta 60,4 millones de acciones restringidas está vinculada a objetivos de valoración adicionales y a que SpaceX opere centros de datos espaciales con al menos 100 teravatios de capacidad de procesamiento.

Por primera vez, el objetivo de «un millón de personas en Marte» se ha incorporado directamente a la estructura de incentivos corporativos como una meta de rendimiento aprobada por el consejo de administración. SpaceX, en la práctica, les está diciendo a los futuros inversores de la salida a bolsa que los cohetes son solo la capa de transporte. El plan más ambicioso abarca la población, el transporte de carga, la generación de energía, la computación, las comunicaciones y, finalmente, la gobernanza más allá de la Tierra.

SpaceX está pidiendo a los mercados que valoren una cuestión que nunca antes se habían planteado: ¿Cuánto vale una empresa si pudiera convertirse en el proveedor de infraestructura logística, de comunicaciones, energética, informática y de asentamientos para la humanidad más allá de la Tierra?

Qué es el «Manifiesto Palantir»: las Big Tech al servicio del poder militar de EE.UU.

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Palantir Technologies, empresa líder en procesamiento de datos y análisis militar en Estados Unidos, publicó el sábado 18 de abril un folleto comercial que también funciona como un manifiesto de 22 puntos, en el que insta a Silicon Valley a entregarse al servicio del complejo militar-industrial estadounidense.

“La élite técnica de Silicon Valley tiene el deber de participar en la defensa de la nación”, declaró Palantir en un texto que aboga por el surgimiento de una “República tecnológica”, redactado por el director ejecutivo Alex Karp y un colaborador cercano, Nicholas Zamiska.

“La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA; se trata de quién las fabricará y con qué fin”, explica la empresa en X.

Message diffusé sur X par la société Palantir. Traduction du premier point
Message diffusé sur X par la société Palantir. Traduction du premier point : «La Silicon Valley a une dette morale envers le pays qui a rendu son essor possible. L’élite des ingénieurs de la Silicon Valley a le devoir de participer à la défense de la nation.» © Palantir, via X

“Una era de disuasión, la era atómica, está llegando a su fin. Una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar”, predice además el manifiesto.

Más allá de la búsqueda —habitual— de nuevos contratos de defensa, el mensaje llega incluso a proponer la introducción del servicio militar obligatorio en Estados Unidos, y pide poner fin a la “impotencia” de los ejércitos japonés y alemán que se decretó tras la derrota del Eje en 1945.

El manifiesto también sugiere a las empresas tecnológicas que asuman un papel más enérgico en la lucha contra la “criminalidad violenta”.

Critica “la intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas”, e insta a Estados Unidos a rechazar “un pluralismo vacío y sin sentido”.

“Algunas culturas, e incluso algunas subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres, o incluso peor, regresivas y nocivas”, afirma el documento, sin precisar de qué culturas se trata.

Identificar los objetivos que Washington debe eliminar

Fundada por el multimillonario libertario Peter Thiel, Palantir toma su nombre de los artefactos imaginados por J.R.R. Tolkien, autor de ‘El Señor de los Anillos’. Estas piedras mágicas permiten, entre otras cosas, a los pueblos de la Tierra Media espiar a sus enemigos a distancia.

Un eco del mundo real, donde Palantir proporciona a sus clientes software de procesamiento de datos que les permite recopilar información dispersa en diferentes plataformas y formatos. De este modo, los analistas pueden identificar patrones complejos que, de otro modo, se perderían en la gran cantidad de datos.

Y el principal cliente de la empresa de Peter Thiel no es otro que el gobierno estadounidense, sus fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia y sus fuerzas policiales.

Los servicios de Palantir han sido ampliamente utilizados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para llevar a cabo las expulsiones masivas y a menudo violentas de migrantes indocumentados.

El pasado mes de abril, el Departamento de Seguridad Nacional le adjudicó un contrato de casi 30 millones de dólares para el desarrollo de un sistema basado en IA que permita rastrear a las personas que deben ser detenidas y deportadas.

Agentes de la Policía de Nueva York forman un cordón de seguridad mientras esperan a que sean trasladados los manifestantes detenidos tras una reunión de Seder celebrada en Union Square, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 6 de abril de 2026.
Agentes de la Policía de Nueva York forman un cordón de seguridad mientras esperan a que sean trasladados los manifestantes detenidos tras una reunión de Seder celebrada en Union Square, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 6 de abril de 2026. REUTERS – David Dee Delgado

Palantir también proporcionó al ejército israelí herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial durante su ofensiva en Gaza, que causó la muerte de más de 70.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamás —y confirmadas por la ONU y el Estado de mayoría hebrea—, y redujo gran parte del territorio a escombros.

En 2024, la empresa firmó una alianza estratégica con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para reforzar el “esfuerzo bélico” del país. Este último está acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Y es que Palantir no oculta su inclinación militarista. Shyam Sankar, su director técnico, recientemente nombrado teniente coronel en la reserva del ejército estadounidense, declaró al ‘New York Times’ que la empresa era “muy conocida” por su localización de los objetivos que el ejército estadounidense debía eliminar.

«Ayudar a Occidente a mostrarse feroz»

Según William Hartung, investigador principal del ‘Quincy Institute for Responsible Statecraft’, la cercanía entre Palantir y Washington se remonta a los inicios de la “guerra contra el terrorismo”.

Su misión, tras el 11 de septiembre de 2001, es evitar las fallas en el intercambio de información entre las diferentes agencias estadounidenses, que habían hecho posibles los atentados.

Esta apuesta resultó ser sumamente lucrativa. El Pentágono solicitó al Congreso una financiación adicional de 2.300 millones de dólares para desarrollar el ‘Maven Smart System’, una plataforma de selección de objetivos basada en inteligencia artificial diseñada por Palantir para el ejército estadounidense.

El contrato se había adjudicado inicialmente a Google, que finalmente se vio obligada a abandonar el proyecto ante la rebelión de sus empleados.

Diederick van Wijk, investigador del centro de estudios holandés ‘Clingendael Institute’, considera que los directivos de Palantir ven a su empresa como una entidad que asume con orgullo una responsabilidad que otros han rechazado.

“Lo que piensan —en particular Alex Karp y Peter Thiel— es que Silicon Valley se ha alejado de su principio fundador, es decir, la relación entre el ejército y la industria, para orientarse por completo hacia las tecnologías de consumo. Y les parece problemático que empresas que tienen tanto poder, datos y tecnologías no sean más patriotas”, indica van Wijk.

Es cierto que Peter Thiel y Alex Karp parecen discrepar en los contornos precisos de sus sistemas de creencias. Este último, por ejemplo, apoyó a la candidata demócrata Kamala Harris en 2024. Pero ambos profesan desde hace tiempo un apego a una visión idealizada de la civilización occidental, analiza Diederick van Wijk.

“Desde el principio, tenían una visión muy normativa de lo que debía ser esta empresa, limitada a trabajar para Estados Unidos, luego para Europa, pero siempre negándose a trabajar con Rusia y China. Siempre existía la idea de que esta empresa podía realmente ayudar a Occidente a mostrarse feroz, a ‘protegerlo a toda costa’, según una terminología que Alex Karp utiliza a menudo”.

Archivo: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán, mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán.
Archivo: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán, mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán. © Reuters/Jacquelyn Martin

Este llamamiento a volver a centrarse en el poder militar para defender un Occidente supuestamente en decadencia se hace eco claramente de los discursos de algunas figuras influyentes del segundo mandato de Trump, entre las que destaca el vicepresidente J.D. Vance.

La estrategia de seguridad nacional publicada el año pasado por la administración Trump ponía énfasis en lo que describía como el riesgo de “borrado civilizacional” al que se enfrentaría Europa occidental tras décadas de migración masiva.

Por su parte, Peter Thiel llegó incluso a declarar que consideraba la democracia incompatible con la libertad.

“Actuar sin rendir cuentas a nadie”

Una ideología lucrativa en la era Trump. El mero anuncio de la reelección del multimillonario hizo que la capitalización bursátil de la empresa se disparara en 23.000 millones de dólares, ya que los inversionistas se apresuraron a comprar acciones de la compañía.

Y las fronteras que separan al personal de Palantir y al Estado estadounidense son cada vez más porosas: tras su regreso a los negocios, Donald Trump nombró a varios directivos de Palantir para ocupar puestos clave en el gobierno, mientras que la empresa, a su vez, contrató a exlegisladores y funcionarios.

“En algún momento, esta tecnología habría surgido de todos modos”, señala Diederick van Wijk. “Nos centramos en esta empresa, cuando deberíamos centrarnos en la tecnología subyacente, la que permite cambiar por completo la dinámica de las fuerzas del orden y de la guerra”.

Pero Peter Thiel llama la atención con un discurso “antidemocrático, antigobernamental y antisociedad liberal. Es un libertario muy franco con ideas muy particulares”, continúa el investigador.

“De ahí viene el malestar. La empresa tiene un lado conspirativo que la convierte en una culpable evidente, pero que esconde una tendencia mucho más amplia: la de empresas tecnológicas tan poderosas, tan poco reguladas, que son capaces de innovar y actuar donde lo consideren necesario. Sin rendir cuentas a nadie».

La diputada Adriana Serquis pide informe sobre las inspecciones que hace EE.UU. de los centros atómicos argentinos

La diputada nacional y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, presentó el lunes un pedido de informes ante la Cancillería y el Ministerio de Economía para esclarecer la inspección de siete funcionarios de Estados Unidos en centros atómicos estratégicos de Argentina.

¿Quién los llamó, y para qué, y con qué derecho? Eso lo contestamos después.

La comitiva, integrada por miembros del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), recorrerá hasta el próximo viernes las sedes de Constituyentes, Ezeiza, Bariloche y la sede central de la CNEA.

La legisladora de Fuerza Patria advirtió sobre la implementación de sistemas de vigilancia digital compuestos por cámaras y sensores que serían controlados directamente por agentes estadounidenses. Serquis, doctora en Física e investigadora, calificó esta medida como sumamente lesiva para la soberanía nacional, al considerar que configura un escenario de tutela externa sobre desarrollos tecnológicos en los que Argentina es referente mundial.

El pedido de informes surge tras una disposición interna de la CNEA emitida el pasado 30 de abril bajo el concepto de «Visita de Protección Física». El cuestionamiento busca determinar bajo qué convenios internacionales se ampara esta auditoría, el rol específico de los funcionarios norteamericanos y la existencia de acciones de reciprocidad que permitan a técnicos argentinos inspeccionar centrales en territorio estadounidense.

La diputada señaló que el avance de estas inspecciones ocurre en un contexto de fragilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente y la agresión conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán. En este marco, Serquis enfatizó: «nuestro país no es un actor cualquiera: Argentina ha alcanzado un desarrollo nuclear relevante que le proporciona soberanía energética a mediano y largo plazo, pero también la obliga a ser extremadamente cauta en sus decisiones internacionales«.

El Gobierno nacional mantiene hermetismo sobre el alcance de estos acuerdos de cooperación. El sector científico y tecnológico nacional manifiesta preocupación ante la posible entrega de información sensible y la militarización de activos críticos mediante el incremento de fuerzas federales en las instalaciones, lo que consideran una auditoría sin precedentes sobre la capacidad soberana del país.

Comentario de AgendAR:

La Dra. Adriana Serquis dice la verdad pelada, y el gobierno peluca miente por acción y por omisión. ¿Qué nueva imbecilidad estamos firmando ahora con los EEUU?

El Tratado de No Proliferación (TNP) lo inventó EEUU en 1968 y lo impuso «urbi et orbi» con presiones diplomáticas, sanciones económicas o visitas de buena voluntad y por tiempo indeterminado de los US Marines, con caída del gobierno local incluía en el paquete.

Durante 27 años nos aguantamos de firmarlo, dando el mal ejemplo en toda la región, fundamentalmente en Brasil, que decidió hacer lo mismo. Concretamente, hasta 1995, la Argentina adujo que el TNP es discriminatorio.

Sobre eso, volvemos al final.

Al que firmó el TNP, le caen obligaciones pero no derechos. La mayor obligación es que todas sus instalaciones nucleares, si acaso las tiene, quedaron bajo monitoreo constante del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas. Institución que mereció cierto respeto desde 1957. Sin embargo, desde 2003 se ha vuelto un sello de goma de los EEUU.

Firmar estupideces asimétricas es inocuo si uno tiene el programa nuclear de Namibia, de Mónaco o de Uruguay, que no tienen ninguno. Nosotros tenemos. Y desde hace rato. Desde mucho antes de que hubiera nacido la burrocracia que hoy dirige la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Aquella agachada diplomática y tecnológica del TNP vino (¿cuándo no?) con la firma del presidente Carlos Menem. Hasta entonces, incluso durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Argentina acató estrictamente las salvaguardias del OIEA: si una instalación nuclear tenía componentes importados, no importa si combustibles o tornillos, se podía inspeccionar. Pasen y vean.

Todo lo otro, no.

«Todo lo otro» son instalaciones, laboratorios de desarrollo, talleres de construcción y componentes 100% nacionales. No se inspeccionan por una razón simplísima: no nos gusta que nos roben tecnología.

Y eso porque somos (mal que le pese a los EEUU) exportadores de fierros nucleares pacíficos, pero además terriblemente competitivos. Dominamos el mercado de los reactores de fabricación de radioisótopos médicos y de investigacion en diversas ciencias e ingenierías. Y hace tres décadas que estamos tratando de desarrollar una central nucleoeléctrica compacta como producto de uso local y de exportación. Nos referimos al CAREM.

A excepción de patriotas y gente del palo como Emma Pérez Ferreira, Pepe Abriata, Dan Beninson, Norma Boero y la propia Adriana Serquis, la alternancia de paracaidistas y chupamedias que aflige la dirección nuclear de la CNEA desde 1983 ha logrado que construir el CAREM sea como remar en dulce de leche. Pero amargo.

Esto es extensible a las centrales de potencia argentina, como Atucha 3 CANDU, obra que debió arrancer en 2015 y terminarse más o menos en 2023. Hoy estaría poniéndole 700 MWe de potencia continua al Sistema Argentino de Conexión. Remar al cuete también en reactores de radioisótopos y de investigación se nos ha vuelto norma. Desde 2022 que debió estar terminado, funcionando y ganando U$ 100 millones por año el RA-10 de Ezeiza. Hemos construido el mejor del mundo actual, el OPAL de Australia, y estamos por terminar el próximo mejor del mundo, el PALLAS de Holanda.

Pero no podemos terminar un reactor nuestro.

Está lleno el ambiente político de una caterva de burros, lamebotas y agentes de ya saben quiénes. Y frenan con éxito obras imprescindibles, o que incluso las cierran si ya existen pero le molestan a algún embajador. Por ejemplo el Laboratorio de Procesos Radioquímicos (LPR) de Ezeiza, o o la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén. Y mejor no mencionar el CTP, Complejo Atómico Pilcaniyeu, en Río Negro.

Allí en el CTP, construido por iniciativa del entonces presidente de la CNEA, se enriqueció uranio en cantidades mínimas y a grados mínimos. Esa pequeña planta sólo sirvió para decirle a los EEUU y a sus laderos que la próxima vez que nos hicieran boicot de combustible de reactores para castigarnos por nuestro éxito comercial, pasábamos a mayores.

Lo cerraron. Menem lo hizo y también De la Rúa, Duhalde, Macri y el actual muñeco.

Para diagnosticar el problema: en ambos mercados, el de reactores y el de centrales, estamos en paridad e incluso superioridad con los EEUU, según les venimos dando palizas en licitaciones internacionales. Eso aquí no se publica. Nadie tiene maldita la idea.

La firma de Menem en ese tratado colonial, el TNP, desde 1995 les permite a nuestros competidores en el hemisferio norte hacer inspecciones sorpresa y controlar con cámaras y otros sensores tecnológicos todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Y todo lo que desarrollamos.

Las prohibiciones expresas y tácitas contra nuestro programa nuclear fueron una bendición: le permitieron, o más bien obligaron a la CNEA a desarrollar el manejo del circonio, material clave para el combustible de nuestras centrales nucleoeléctricas. O más aún, la fabricación de agua pesada. Ésta es indispensable si se quiere usar uranio natural argentino, en lugar de comprar estúpidamente combustibles nucleares en el exterior.

Y desde ya, las sanciones de EEUU nos obligaron a tener la capacidad de enriquecer uranio en pequeña escala, lograda entre 1981 y 1982 para que los EEUU no nos impidieran exportar reactores. La muchachada del State Deparment estaba caliente como una pipa: les habíamos construido no uno, sino dos reactores a Perú. En su patio trasero, como dicen ellos.

Si no tenés capacidad de ofrecer el reactor y su combustible, en el patio y fuera de él no te compra nadie, porque los EEUU te organizan un rápido boicot de uranio enriquecido. En cuyo caso el cliente nos compró un reactor al cuete. En este mundo tramposo, para que el cliente no se muera de miedo de este tipo venganzas, si a un cliente le vendés un caballo, tenés que poder venderle también el pasto.

El pasto, en el caso de los reactores de investigación o de fabricación de radiosótopos médicos, es uranio enriquecido al 20%, un material que se llama HALEU, sigla extraordinariamente indescifrable: significa uranio de bajo enriquecimiento a alto nivel. La Argentina no tiene ni tuvo la capacidad técnica de llegar a esa cifra. Se necesitaría una planta mucho mayor que la que tenemos (teníamos) en Pilcaniyeu.

Pero alcanza con tenerla para que la maffia de enriquecedores de Occidente nos venda todo el enriquecido que pidamos, no sea cosa de que un boicot organizado por ya se imaginan qué país nos obligue a poner una planta mayor y hacernos pasar de cliente a competidor. Ojo, esto hoy sería políticamente imposible. ¿Pero tecnológicamente?

A preguntarle a Brasil, que viene arrimándose a esta capacidad desde los ’80. Hace ya una década nos hizo entrega de unas 7 toneladas de LEU (uranio de bajo enriquecimiento), con un nivel de entre 1,9 y 3,2, grado central nuclear, para nuestro siempre futura centralita nucleoeléctrica CAREM.

Curiosamente, esto sucedió por acuerdos previos entre cancilleres que los entonces presidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, que han sido para el desarrollo tecnológico de sus respectivos países lo que el cianuro a la puericultura, se resignaron a aceptar.

Genial, tenemos el combustible, sólo falta la central.

Todas los componentes y la misma ingeniería de estas cosas no se podían comprar afuera por veto de los EEUU sobre nuestro comercio nuclear. Gracias a Dios por ello.

Porque por ende, las resolvimos en casa sudando tinta en los laboratorios, pura prueba y error, y fueron saliendo sin ningún componente extranjero, sin pagarle un mango a nadie, y sin dar derechos de espionaje consentido y gratis a través del inspectorado del OIEA. Y ahora, a partir de esta visita de una recua itinerante de empleados directos de la inteligencia nuclear de los EEUU, futuros inquilinos. Eso, sólo para hacer más claras las cosas en Sudamérica, a saber, quién manda.

Nuestra posición, como portal, es la de casi toda la gente honesta del programa nuclear argentino: si alguien quiere fierros nucleares argentinos, que los pague.

Y si quiere «know how», es decir la miríada de pequeños secretos comerciales de ingeniería y de ciencia de materiales necesarios para hacer un buen combustible, o incluso los rectores y centrales que funcionan gracias a ese combustible, poniéndose estaba la gansa. Los demás, fuera de la cocina.

Y los que han querido nuestros fierros y recetas de cocina son unos cuantos: Perú, Argelia, Egipto, Holanda, Arabia Saudita, y siguen las firmas. Licitación donde se presenta INVAP, firma de la Comisión Nacional de Energía Atómica, EEUU directamente desiste de competir. ¿Por qué? Porque su tecnología es vieja y cara.

El TNP ya nos había puesto cámaras y sensores en TODAS las instalaciones y laboratorios nucleares. Y el OIEA no le guarda secretos comerciales a los EEUU. Como que fue fundado por EEUU en 1957 para exportar SU tecnología. No les ha ido muy bien.

Últimas dos palabras sobre el TNP. Esta nueva humillación perfecciona un documento que nació asimétrico. Le da a las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU luz verde para meter sus proctológicas narices en todo nuestro programa. Pero en contrapartida, la Argentina (y todos los firmantes) no tienen acceso alguno a los programas nucleares de EEUU, Francia, el Reino Unido, Rusia y China.

El problema no es tanto que no tengamos acceso a la cocina de estos buenos muchachos: tenemos la nuestra. El problema es que el TNP obliga a las 5 potencias con armas nucleares legales según este documento a limitar sus arsenales. Cosa que se cumplió brevemente en este siglo, pero hoy vuelve a reinar con alegría la proliferación.

El TNP es el desarme de los desarmados. Así lo bautizó el diplomático argentino José María Ruda en 1968, y la frase pegó en casi todo el Tercer Mundo.

Será por eso que el TNP no sirve de mucho, incluso fuera del ámbito de las superpotencias. Es de cumplimiento opcional. Israel, la India, Pakistán, Sudáfrica y Corea del Norte desarrollaron sus arsenales nucleares ignorando olímpicamente el TNP. Israel y la Sudáfrica racista del «appartheid», desarrollaron su arsenal nuclear con colaboración no muy disimulada de los EEUU y de Francia, según el caso. Es un documento para el cual hay hijos y entenados.

A los entenados no les va tan bien. Haber firmado el TNP no salvó a Irak de ser invadido y despedazado por EEUU con la excusa de que ese país estaba cocinando su bomba. Nadie extraña a Saddam Hussein, pero conservarlo o tirarlo debió ser asunto de los irakíes, que soportaron su dictadura durante décadas. Pero tenían una clase media, escuelas, colegios, universidades y hospitales públicos.

Ya no más. Ahora están ocupados por facciones en guerra de todo tipo: las bancadas por los EEUU, como los Peshmergas de Kurdistán, o los chiítas pro iraníes, y también los sunnís del ISIS, o estado islámico. Hace 23 años que Irak dejó de ser un país y se volvió un campo de batalla. Hay dos generaciones de jóvenes que no conocen la paz, el empleo o la educación.

Y ni hablar del caso de Irán. Este país había aceptado inspecciones del OIEA en 2015 a cambio de que se le devolvieran unos U$ 120 mil millones de cuentas y activos incautados por EEUU, y de que se levantaran las sanciones sobre su comercio exterior. No son gratis: le han venido costando U$ 1200 billones de los nuestros, es decir millones de millones, desde 1987.

Los argentinos también hemos sufrido de esas mismas sanciones, sin darnos por enterados. Hasta 1986, Irán fue nuestro primer comprador de trigo. Adquiría 1,2 billones de toneladas por año, lo que en dólares actualizados nos dejaba U$ 487 mil millones, el 15% del saldo exportable argentino. Luego de que se movieran secretamente algunos hilos, dejamos de venderles. Ups.

Lo que nos hace aterrizar de nuevo en asuntos nucleares. El tratado entre Irán y los EEUU era bastante claro: Irán deja de enriquecer uranio a valores mayores a 3,2, lo suficiente como para mantener su única central nucleoeléctrica, la de Bushehr, y quizás construir otro par más. A cambio, se le devolvía algo de plata y algo de comercio exterior.

No era un programa grandioso para los iraníes, pero era lo que había. La inflación generada por el desequilibrio de su balanza de pagos los estaba matando.

Poco duró esa firma. El presidente Trump rompió unilateralmente el acuerdo en 2018, y hoy está bombardeando a Irán. Ojo, lo hace pese a que la política de los persas fue dar libre acceso al inspectorado del OIEA en materia de enriquecimiento de uranio. Los iraníes no hacían esto por sumisos o por idiotas. idiotas. Necesitaban al OIEA como testigo imparcial y científico de que enriquecían uranio a los exiguos valores acordados por ese tratado, llamado con el pintoresco nombre de JCPOA, por Joint Comprehensive Plan of Action, o Plan de Acción Integral Conjunto. Pintoresco, porque da a entender que Irán tiene un problema y EEUU, Francia, Alemania e Inglaterra se juntan para resolverlo. Lo que puede la solidaridad de la OTAN…

Luego de que Trump rompiera el JCPOA y volviera a matar a los persas a sanciones, estos también necesitaron al OIEA como testigo de que ellos iban subiendo de a poco el valor de enriquecimiento, en la medida en que EEUU le iba haciendo la vida cada vez más difícil. Y en el futuro necesitarán también del OIEA, como garante de que han enriquecido unos 450 kg. al 60%, cifra bastante inútil para bombas. Aunque no está mal para motores de submarino nuclear.

Sólo que 60% es un umbral técnico y geopolítico. Llegar a 93% desde uranio natural, arrancando con el 0.87% de isótopo 235 con que sale de la mina, es un trabajo brutal en términos eléctricos, tecnológicos, materiales y de recursos humanos. Ese trabajo se mide en UTS, Unidades Técnicas de Separación.

Es un término muy de la profesión, y me lo han explicado de muy distintos modos varios expertos del OIEA sin que lo entendiera demasiado. Pero mis laboriosos entrevistados acordaron en que partiendo de 117 kg. de uranio natural a 1 kg. de enriquecido al 60% hay que gastar 152 UTS. Y ojo al piojo, con sólo 31,3 UTS adicionales se llega a una masa ínfima de enriquecido al 93%, o grado bomba.

Es sólo un 17% del trabajo total partiendo desde el uranio natural. Las instalaciones y los expertos los iraníes ya las tienen, y bien dispersas, bajo casi 100 metros de roca dura, a cubierto de misilazos. Su mensaje a Washington y a Tel Aviv, pese a que ambos están deshaciendóles el país, sigue siendo: «Si nos joden más, damos el paso que nos falta». Y entonces, agarrate Catalina.

Nadie que haya vivido algunos años en democracia puede enamorarse de los ayatollahs. Se podrá pensar pestes de cualquier teocracia, pero la iraní está demostrando una paciencia temible, mientras sus enemigos no dejan crimen contra la humanidad sin cometer y ley internacional sin quebrar. Y sin éxito, para su mal.

Ahora está bastante claro que si uno tiene petróleo y tecnología nuclear pacífica, puede ser visitado, amable o violentamente, por los EEUU, que están muy interesados en dominar el comercio mundial de petróleo, pese a ser el primer productor.

Dicho en favor del OIEA, su director en 2003, el egipcio Muhammad El Baradei, a la sazón director general de ese organismo multilateral, inspeccionó científicamente a Irak hasta darlo vuelta, a pedido del presidente George W. Bush. Y El Baradei anunció públicamente que los persas no tenían indicios físicos, químicos o ingenieriles de tener un programa nuclear militar en todo su país.

El presidente George W. Bush entonces invadió el susodicho país, de todos modos, destruyó todo su estado, industrias, escuelas, hospitales e instituciones de gobierno incluidas, y cuando hubo hecho daños irremediables se retiró, tras dejar en Irak una guerra civil que todavía sigue. Ah, y además un acceso gratis de EEUU al petróleo iraquí. Eso para resarcirse un poco de su ayuda humanitaria.

Vuelvo al tema de las declaraciones de la Dra. Serquis: ya tenemos cámaras, y sensores químicos y radiológicos mucho más sensibles y batidores que las cámaras. Han sido plantados antes en algunas, y desde 1995 en todas las instalaciones nucleares argentinas. Reportan al OIEA, que después del raje/renuncia ElBaradei, acata lo que diga el State Department sin chistar.

¿Más cámaras y más narices electrónicas yanquis, además de narices humanas nacidas en Idaho o en Colorado? La situación tecnológica no cambia gran cosa. En las centrales y reactores ya había. Ahora la diferencia será que nuestros físicos e ingenieros nucleares podrán ser seguidos visualmente y en tiempo real hasta en los pasillos, no sólo en sus talleres y laboratorios. Tampoco esto es tan nuevo.

Pero la situación diplomática sí cambia con esta novedad: agrava hasta lo grotesco la humillación pública internacional, subraya a brocha gorda la sumisión colonial de la Argentina de hoy. Miren cómo le hacemos lo que se nos canta a estos insumisos, se dice urbi et orbni. Y los insumisos todavía piden más látigo.

Nuestro programa nuclear, otrora sofisticado y competitivo, este gobierno lo quiere reducir a la exportación de uranio argentino hacia los EEUU. Fuera científicos, minero, a tu mina. ¿Cuándo nos volvimos un país tan de brutos, colaboracionistas y buchones, tan bananero por elección propia, pero sin bananas?

Nuestra interminable vocación de colonia, ésa la tenemos adentro.

Algo así habría dicho el Diego.

Daniel E. Arias

Estados Unidos invierte en Brasil para disputar con China el control de minerales clave

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En la silenciosa inmensidad del estado de Goiás, en el centro-oeste brasileño a 300 kilómetros de Brasilia y lejos de los despachos diplomáticos, Estados Unidos acaba de ejecutar un movimiento de piezas que redefine la arquitectura del poder en América Latina.

La confirmación de la compra de la minera Serra Verde por parte de un consorcio estadounidense no es una simple transacción de mercado, sino la captura de un seguro de vida para la industria militar de Washington.

Al asegurar la única operación de tierras raras a escala fuera de Asia, la administración de Donald Trump planta bandera en el subsuelo brasileño para quebrar el monopolio que China ejerce sobre los minerales que definen la tecnología del siglo XXI.

La operación, valorada en unos 2800 millones de dólares, marca un punto de no retorno. La empresa USA Rare Earth tomó el control de esta reserva estratégica respaldada por el financiamiento directo de la Development Finance Corporation (DFC), el brazo de inversión del gobierno estadounidense. Para los analistas, la presencia de la DFC elimina cualquier pátina de “negocio privado”.

“No estamos ante un mero movimiento comercial, sino ante una extensión de la política de la Casa Blanca”, explica el profesor Roberto Goulart Menezes, de la Universidad de Brasilia (UnB).

Óxidos de tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio.
Óxidos de tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio.

El objetivo declarado de esta adquisición es crear una empresa multinacional capaz de liderar toda la cadena productiva: desde la extracción de las tierras raras en el centro de Brasil, pasando por las complejas etapas de separación y procesamiento de estos elementos, hasta la fabricación final de los superimanes. Estos componentes son hoy el corazón tecnológico de los motores de autos eléctricos, las turbinas eólicas y, fundamentalmente, de los cazas militares y misiles de última generación.

Para blindar este flujo, el contrato establece un régimen de exclusividad por quince años, un plazo que garantiza que la producción de Serra Verde alimente prioritariamente a la industria norteamericana.

También es declarada la intención de reducir la dependencia crítica de las industrias de Estados Unidos en relación con China. El gigante asiático concentra actualmente todas las etapas del proceso, respondiendo por casi el 80% de la extracción de tierras raras, el 89% de su separación y más del 90% de la producción global de superimanes.

Para Maurício Santoro, politólogo y experto en relaciones con China, este escenario sitúa a Brasil en un lugar privilegiado pero peligroso. “La mayor reserva del mundo está en China y la segunda está en Brasil. Las tierras raras se han vuelto un arma en las disputas geopolíticas; son el petróleo del siglo XXI”, señala el profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Para Santoro, este acuerdo es un preludio de las tensiones que dominarán los próximos años, donde Brasil actúa como un fiel de la balanza tecnológica global.

Trabajadores usan maquinaria pesada en una mina de tierras raras en el condado de Ganxian, en la provincia de Jiangxi, China.
Trabajadores usan maquinaria pesada en una mina de tierras raras en el condado de Ganxian, en la provincia de Jiangxi, China.CHINATOPIX

Sin embargo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta mostrar un “no alineamiento” que genera cortocircuitos con Washington. Goulart Menezes destaca que la postura del Planalto no busca una ruptura, sino una negociación desde la propia estrategia nacional. “Brasil no tiende a tornarse, con Lula, un aliado incondicional o una alternativa a los chinos. Quiere asociaciones internacionales, pero orientadas por su propia estrategia de desarrollo”, afirma el profesor de la UnB.

Este avance estratégico en Goiás ocurre en el momento de mayor fricción institucional entre Brasilia y Washington. La reciente crisis por la retirada de credenciales a agentes de inteligencia y seguridad es, para los expertos, un síntoma de una agenda cargada e ideologizada. El roce escaló tras la detención en Orlando del exdiputado Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro prófugo allí tras haber sido condenado a más de 16 años de cárcel por haber sido parte de la trama golpista para impedir la asunción de Lula da Silva.

El episodio derivó en una acusación grave desde los Estados Unidos: Washington sostiene que un agente brasileño de la Policía Federal (PF) realizó tareas de espionaje ilegal contra Ramagem en territorio estadounidense para provocar su detención.

Según esta versión, el agente actuó movido por motivaciones políticas dictadas desde Brasilia, lo que rompió los protocolos de cooperación bilateral y llevó a la Casa Blanca a revocar su inmunidad y expulsarlo del país.

El gobierno brasileño, en un acto de reciprocidad, respondió retirándole la credencial al representante del ICE en Brasilia, profundizando lo que Santoro califica como un incidente “sin precedentes” en la historia de la cooperación policial de ambos países.

Pero hay un factor que desvela a los asesores de Lula: la posibilidad de una interferencia directa de Donald Trump en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre. La desconfianza es tan profunda que incluso fuentes dentro del aparato diplomático norteamericano admiten el riesgo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.Mark Schiefelbein – AP

“Es una posibilidad bastante real. ¿Lo hará? No lo sabemos, es una incógnita”, reconoce con pesimismo un alto diplomático estadounidense con oficina en Brasilia.

Para Santoro, la política exterior será, por primera vez en décadas, un tema central de la campaña. “Existe la especulación de que Trump podría declarar a los carteles brasileños (Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho) como organizaciones terroristas, lo que beneficiaría a la oposición y perjudicaría enormemente a Lula”, advierte.

El presidente Lula intenta navegar esta tormenta con un discurso de soberanía, contrastando su agenda de “paz y alimentos” frente a la lógica de “guerra” que atribuye a la gestión de Trump.

Brasil está frente a una grieta incómoda. Mientras sus líderes intercambian gestos de hostilidad diplomática y retiran credenciales en una coreografía de desconfianza mutua, una alianza forzada, en las tierras profundas de Goiás, obligará a Brasilia y Washington a convivir, aunque sea de espaldas, durante los próximos quince años.

Marcelo Silva de Sousa

Política y rumbo económico en Argentina, después del experimento libertario

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1) Argentina atrapada en un estancamiento estructural

Cuando miramos con perspectiva histórica, vemos que la Argentina no tiene simplemente “crisis”. Tiene un patrón. Un modo repetido de avanzar y retroceder, de crecer y caer, que impide consolidar un horizonte de desarrollo. Desde los años ’70 venimos encadenando ciclos de expansión cortos, seguidos por crisis más profundas. Son crisis que dejan cicatrices: empresas que desaparecen, capacidades productivas que no se recuperan, empleos formales que se pierden y no vuelven. A esto se suma un cuadro macroeconómico que se volvió estructuralmente frágil: alta inflación, volatilidad cambiaria, incertidumbre política y un sistema institucional con reglas que cambian todo el tiempo. El resultado es un país que no logra sostener inversión ni productividad.

En paralelo, la pérdida de competitividad internacional nos dejó con menos participación en el comercio mundial y con un aparato productivo que envejeció sin renovarse al ritmo del mundo. El deterioro educativo y el escaso gasto en investigación profundizan la brecha.
En síntesis: el principal problema no es la falta de talento o de recursos, sino la incapacidad de sostener un rumbo estable que permita desplegarlos.

2) Un aparato productivo desequilibrado y socialmente insostenible

La economía argentina hoy funciona como si fueran tres países conviviendo en uno. Por un lado, tenemos un sector moderno, exportador, tecnológicamente sofisticado, con empresas de alta productividad que generan innovación, emplean profesionales calificados y compiten a escala global. Pero ese sector emplea apenas al 20% de la población económicamente activa.

En el medio, un entramado pyme amplio, territorialmente extendido, que sostiene el empleo, produce para el mercado interno y tiene capacidades valiosas, pero está lejos de los estándares tecnológicos internacionales. Son empresas jóvenes, descapitalizadas y vulnerables a la inestabilidad.

Y en la base, un universo enorme de informalidad y exclusión: trabajadores sin derechos, actividades de subsistencia, baja productividad, ingresos inestables. Ese segmento representa la mitad de la PEA.

La estructura que debería distribuir oportunidades está fragmentada. Una minoría de empresas –solo el 1%– explica casi el 44% del empleo formal. El resto son unidades más pequeñas, con poca capacidad de inversión, muy afectadas por la carga tributaria, por la falta de crédito y por la volatilidad macroeconómica.

Esta heterogeneidad no es solo un problema económico. Es un problema social y de cohesión nacional. Un país que convive con productividades tan dispares difícilmente pueda sostener ingresos crecientes y equitativos. La desigualdad en la estructura productiva es la raíz de la desigualdad en los ingresos.

3) Fallas sistémicas que bloquean el desarrollo

La Argentina no está trabada en un solo punto, sino en un conjunto de engranajes que funcionan mal y se realimentan entre sí.
El sistema tributario es regresivo, complejo y lleno de excepciones que favorecen a los grupos con más capacidad de presión. Las pymes enfrentan una carga efectiva mayor que las grandes empresas; y el empleo formal resulta más costoso que el informal, lo cual alienta la precarización.

El sistema de protección social, diseñado para amortiguar crisis, terminó institucionalizando la exclusión: contiene la pobreza, pero no crea movilidad. El sistema previsional perdió su carácter contributivo y depende crecientemente de impuestos.

La deuda pública, especialmente la nominada en moneda extranjera, condiciona la política fiscal y reduce el margen para invertir en lo que realmente transforma: infraestructura, tecnología, educación, innovación.

Y a todo esto se suma un sistema financiero mínimo, incapaz de proveer crédito productivo porque la propia macroeconomía destruye los incentivos para el ahorro en moneda local.

El mercado laboral, por su parte, alternó períodos de flexibilización sin mejoras de productividad y etapas de re-regulación sin reducción de la informalidad. El resultado es una mezcla que no satisface a nadie: ni más empleo formal, ni más derechos efectivos, ni más inversión.
En conjunto, estos factores componen un ecosistema económico que desalienta la creación de riqueza y, por lo tanto, limita la distribución.

4) La estrategia transformadora: reconstrucción productiva e industrialización

La salida no puede ser solo macroeconómica: tiene que ser productiva. Y el mensaje central de las presentaciones es claro: la Argentina necesita industrializarse, modernizar sus capacidades y reconstruir su base empresarial.

Esto implica cinco grandes direcciones estratégicas:

  • a) Formalizar la economía y ordenar el sistema tributario
  • Reducir la regresividad, simplificar tributos, devolver IVA a sectores populares, ampliar el monotributo y facilitar el tránsito hacia la formalidad. Se trata de hacer que trabajar en blanco sea más accesible que trabajar en negro.
  • b) Impulsar a las empresas jóvenes y fortalecer al entramado pyme
  • Simplificación impositiva, asistencia financiera, crédito accesible y programas específicos para mejorar productividad, incorporar tecnología y participar en cadenas de valor.
  • c) Reorganizar la política fiscal en función del desarrollo
  • Reestructurar la deuda para hacerla sostenible, priorizar la inversión pública estratégica y coordinar la asistencia social entre niveles del Estado para evitar superposiciones y mejorar impacto.
  • d) Integrar ciencia, tecnología e innovación al aparato productivo
  • Vincular a las empresas con el INTI, INTA, el sistema universitario y el CONICET. Duplicar la inversión en I+D. Cerrar la brecha que separa a las pymes del sector moderno.
  • e) Duplicar la inversión real directa y modernizar la infraestructura
  • Conectividad física y digital, logística, energía, transporte. Sin eso, no hay competitividad internacional posible. La industrialización no es una consigna: es un proyecto nacional que articula empleo, productividad y distribución del ingreso.

Cristian Modolo, economista

«Grandes expectativas» en minería, pero sin rutas ni trenes, no avanzará

El desarrollo de la minería en la Argentina despierta grandes expectativas en las empresas del sector y también en el Gobierno que espera inversiones que vuelquen dólares a la economía, generen empleo, y mejoren las cuentas públicas. Pero las compañías advierten que necesitan más infraestructura, con rutas y vías ferroviarias, y que hoy son «gigantes dando pasos de bebé».

Empresas del sector y funcionarios de provincias con intereses mineros expusieron en el marco de Expo EFI 2026, donde hubo coincidencia respecto a la necesidad de obras, y hablaron de un modelo que convine desembolsos públicos y privados para realizarlas.

Dos paneles, uno con las empresas y otro con los funcionarios, analizaron el presente del sector. En medio una protesta ambientalista caldeó los ánimos en la sala entre las tres manifestantes que interrumpieron las exposiciones y los presentes -todos con intereses en minería- que pedían que sean retiradas. El incidente pasó sin mayores tensiones cuando la seguridad, luego de que expusieran el reclamo, las escoltara a la salida.

Durante el primer panel, Hernán Soneyro, presidente en Cantesur que se dedica a la minería no metalífera en la provincia de Córdoba, alertó que «estamos en un déficit muy importante de infraestructura». Ejemplificó que mientras en países con mayor desarrollo se consumen 6,6 toneladas de piedras por persona por año, en la Argentina ese número es menor a 1 tonelada. En el vecino Chile es el triple. «Tenemos hambre y queremos aprovechar. No queremos que nos pongan candado en la heladera», dijo al hablar sobre las restricciones.

En tanto que Francisco Poodts Garda, de Aldebaran Resources que tiene proyectos de cobre y oro en San Juan, consideró que «pensar un desarrollo sin trenes es imposible». La atención está puesta sobre la licitación del Belgrano Cargas.

«La infraestructura es el mayor desafío que tiene la industria. Estamos un poco atrasados en desarrollo», consideró. Asimismo, reflexionó: «Argentina tiene minería pero no ADN minero. Antes decías minería y nos miraban mal, se están dando los cambios de paradigmas. La minería llegó para quedarse».

«Hay una necesidad de la infraestructura de las carreteras y traer una línea ferroviaria», coincidió Rolando Ortiz, de Eramet Eramine que explota litio en Salta. Hoy las compañías se debaten, con pros y contras, si sacar la producción por Argentina o por Chile. El ejecutivo se mostró confiado de la marcha del país: «Los inversiones necesitan reglas estables, vemos cambios y esperamos que perduren».

Para las empresas la infraestructura es tan importante que no dudan en desembolsar ellas mismas los fondos para llevar a cabo las obras. Néstor Arias, geólogo de AbraSilver Resource Corp, explicó que la compañía opera «en lo que es casi un distrito minero por lo que hay un mantenimiento de las rutas por parte de los privados» y cree que «debería organizarse entre el privado y el público».

Ese caso también se percibe en San Juan, donde se encuentran los proyectos de Vicuña, de los más grandes del país. Sobre eso habló Norma Ramiro, Director of Corporate Affairs, quien repasó detalles de los desarrollos de la empresa que proyecta invertir u$s18.000 millones y aspira a ser top cinco mundial en cobre, oro y plata.

«La infraestructura es un desafío que tiene la industria. Y no solo caminos y energía, también capacidades técnicas, actualizadas en una minería más automatizada. Tenemos que desarrollar centros de capacitación», agregó la ejecutiva de Vicuña.

El segundo panel estuvo marcado en el inicio por la protestas ambientalista que demoró unos 5 minutos las exposiciones. Fue cuando tocaba el turno de las provincias, las cuales defendieron la actividad y aseguraron que se lleva a cabo con responsabilidad.

«Tenemos que desarrollar una economía sostenible», dijo Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. Esa provincia en particular es tema de debate por el cuidado del agua, que escasea y que es clave para la otra gran industria que tiene la región: el vino. «La minería no estuvo nunca prohibida en Mendoza, si hay una normativa ambiental muy restrictiva», explicó.

Ocurre que Mendoza, según las exploraciones que se llevan adelante, tendría un 30% en su suelo de lo que forma parte de Vaca Muerta. «El auge de la energía y la minería va a atravesar los límites de las provincias», dijo Latorre y agregó que «hay potencial geológico para potenciar el sector».

En sintonía, Teresita Regalado, su par de Catamarca, sostuvo que «la actividad minera derrama positivamente en el resto de la economía». Y se sumó a las opiniones respecto a la necesidad de mayor infraestructura. «Se avanzó en la conectividad pero el desafío continúa. La infraestructura es lo que permite el avance de la actividad», consideró.

De los más efusivos a la hora de defender a la minería fue Juan Pablo Perea, ministro de San Juan, quien aseveró que «es el futuro del país». «Todos trabajamos para que se desarrolle el sector, que no tengo dudas de que va a ser uno de los motores que va a sacar adelante a la Argentina», señaló.

Respecto a las críticas ambientalistas, Perea dijo que «tenemos la decisión política de llevar adelante (la minería), siempre con responsabilidad». Y remarcó respecto a la flamante reforma de la ley de Glaciares que «no fuimos a pedir que se proteja menos, pedimos que se proteja mejor. Nadie habla de desproteger los glaciares».

Por último expuso también Gustavo Carrizo, ministro del área en Salta, una provincia que, según señaló, promueve la infraestructura desde el sector público con la construcción de rutas y que espera por el Belgrano Cargas. En ese territorio, estimó, apenas se exploró el 1% de la capacidad minera.

Luis Caputo destacó el potencial de la energía y la minería

Más temprano, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina se encamina a un escenario de fuerte expansión exportadora apalancada en los sectores energético y minero, que se perfilan como los principales generadores de divisas en la próxima década. Durante su exposición, el funcionario proyectó cifras que, según definió, marcarán un “cambio de era” para la economía local.

El eje del planteo oficial se apoya en un crecimiento sostenido de las exportaciones y en la consolidación de un superávit estructural, en contraste con los años de déficit energético que caracterizaron la última década.

Exportaciones en niveles récord

Caputo afirmó que el país alcanzará por primera vez un volumen cercano a los u$s100.000 millones en exportaciones, impulsado por un aumento en las cantidades vendidas al exterior.

“Estamos en niveles récord de exportaciones en cantidades. Por primera vez vamos a estar llegando o acercándonos a los u$s100.000 millones”, sostuvo el ministro, quien relativizó el peso del tipo de cambio en el debate económico actual.

Según su visión, el foco debe estar puesto en generar condiciones para el desarrollo del sector privado, en lugar de centrar la discusión en variables nominales.

Energía y minería: los pilares del nuevo esquema

El titular del Palacio de Hacienda presentó proyecciones de largo plazo que ubican a la energía y la minería como los motores del ingreso de divisas.

Para el período que va desde este año hasta 2035, estimó que el sector energético generará un superávit acumulado de u$s350.000 millones. A su vez, la minería aportaría otros u$s160.000 millones en el mismo lapso.

“Entre ambos sectores hay casi un Producto Bruto Interno en diez años”, remarcó, al tiempo que calculó que estas actividades podrían generar unos u$s50.000 millones adicionales por año en exportaciones.

Caputo incluso consideró que estas cifras son conservadoras y que el potencial podría ser aún mayor a medida que se consoliden los proyectos en marcha.

El impacto del RIGI y las inversiones

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se posiciona como una herramienta clave para atraer capitales.

El ministro detalló que actualmente hay 36 proyectos presentados por un total de u$s95.000 millones. Además, anticipó que en las próximas semanas podrían sumarse entre siete y ocho iniciativas adicionales por hasta u$s40.000 millones, principalmente vinculadas al upstream energético.

En este contexto, destacó la velocidad de maduración de las inversiones en hidrocarburos. “Un pozo tarda entre seis y ocho meses en desarrollarse y en menos de un año ya está generando dólares”, explicó.

De importador a exportador neto

El funcionario también puso el foco en el cambio estructural del sector energético argentino. Recordó que entre 2013 y 2023 el país importó energía por unos u$s30.000 millones, lo que presionó sobre las reservas y el frente externo.

“Ahora vamos a ser exportadores netos porque dimos previsibilidad y señales de precios”, afirmó, al vincular este giro con las políticas implementadas por el Gobierno.

En esa línea, sostuvo que el Banco Central se encuentra actualmente comprando divisas incluso en un contexto internacional adverso, marcado por la volatilidad en los precios de la energía.

Reservas y estabilidad macroeconómica

Caputo señaló que el flujo de inversiones en energía y minería ya está teniendo impacto en la acumulación de reservas. Según indicó, el escenario inicial contemplaba compras de divisas por u$s7.000 millones en una proyección conservadora y hasta u$s17.000 millones en un escenario más optimista.

Sin embargo, aseguró que los resultados actuales están superando esas estimaciones, impulsados principalmente por el dinamismo de ambos sectores.

Además, subrayó que este desempeño se da en un contexto de baja de tasas de interés y pese a un “shock externo” asociado al aumento del precio internacional de los combustibles.

Vaca Muerta y el cambio de modelo

El ministro atribuyó este cambio de tendencia a una modificación en las condiciones macroeconómicas y regulatorias. En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta como uno de los principales activos del país.

“La roca siempre estuvo ahí, las montañas son las mismas, pero ahora se ofrecen las señales necesarias para que el capital de riesgo se radique en la Argentina”, planteó.

Un nuevo ciclo para la economía argentina

El mensaje de Caputo apunta a consolidar la idea de un nuevo ciclo económico basado en la generación de divisas genuinas. Energía y minería aparecen como los ejes de esa transformación, con capacidad para revertir históricas restricciones externas.

De cumplirse estas proyecciones, el país no solo fortalecería su balanza comercial, sino que también reduciría su vulnerabilidad frente a shocks externos, en un contexto global atravesado por la volatilidad energética.

La clave, según el Gobierno, estará en sostener las condiciones que permitan convertir ese potencial en inversiones concretas y, finalmente, en exportaciones efectivas.

Matías Ortega

CIENCIA BREVE: Lo que los dientes de leche revelan sobre el cerebro infantil

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Los dientes de leche crecen en capas, «igual que los anillos de los árboles», afirma el investigador de medicina ambiental Manish Arora, y cada capa cuenta una historia. Arora y su equipo analizaron los dientes de leche que se les cayeron a niños en la Ciudad de México y reconstruyeron su exposición semanal a nueve metales, desde mucho antes del nacimiento hasta años después, como parte de un estudio longitudinal que se lleva a cabo desde 2007. Los investigadores descubrieron que existen períodos clave del desarrollo durante los cuales una mayor exposición a ciertos metales se asoció con más problemas de comportamiento y con diferencias en el desarrollo cerebral de los individuos.

La planta de El Palomar que produce los Peugeot parará por 4 semanas

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La planta de El Palomar de Stellantis, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, tendrá dos paradas programadas en los próximos meses, confirmaron desde la terminal. El objetivo de las mismas es “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno”.

La primera será del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la segunda será del 13 julio al 26 julio, según se comunicó a sus autopartistas. La medida del grupo automotor llega luego de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

La principal razón de la caída de la demanda se encuentra en la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Actualmente, aproximadamente un 60% de la producción es para el mercado interno y un 40% se exporta.

En ese contexto, el pedido de unidades por parte del país vecino, principal destino de exportación y el mercado más importante de Latinoamérica, cayó abruptamente el año pasado y continúa con cifras inferiores a las que venía manejando la compañía.

En 2025, la exportación del Peugeot 208 a este país pasó de 17.000 a 9809 unidades, mientras que el SUV 2008 tuvo un leve crecimiento. El panorama local es otro, considerando que el año pasado se patentaron 29.092 unidades del 208 (un 5% de participación sobre todo el mercado) y unas 15.347 del 2008 (un 2,6%, respectivamente).

Stellantis fabrica los Peugeot 208 y 2008 híbridos destinados al mercado brasileño
Stellantis fabrica los Peugeot 208 y 2008 híbridos destinados al mercado brasileño

Este año sus cifras se mantuvieron estables, ya que el hatchback del león ya lleva patentadas 9033 unidades (4,7% de market share) y el SUV unas 4428 (2,3%). Una muestra que las paradas de planta no encuentran justificación en la demanda del mercado local.

Las unidades que se destinan al mercado brasileño cuentan con motorizaciones híbridas flex fuel, y consultados por este medio, desde la automotriz confirmaron que la producción de las versiones híbridas no enchufables de estos modelos para la Argentina se postergó —originalmente se iba a llevar adelante este año— pero que no está cancelada.

Como parte del reordenamiento productivo, también dejarán de producir los utilitarios Partner y Berlingo, consecuencia de un fin de ciclo que la compañía ya había anunciado hace tiempo como resultado de su bajo flujo de ventas.

Desde la industria atribuyen estas situaciones, que no son propias de una sola marca, al aumento de los vehículos chinos en Brasil y el desafío de la competitividad local, donde el peso de la cadena impositiva genera dificultades para competir con otros mercados.

La terminal deja de producir los utilitarios Partner y Berlingo
La terminal deja de producir los utilitarios Partner y Berlingo

Un vehículo producido en la Argentina y exportado al exterior carga con alrededor de un 12% de impuestos, un porcentaje que surge de tributos nacionales —3% por débitos y créditos y 2% por derechos de exportación, que se están analizando eliminar—, un 7% provincial por Ingresos Brutos y cerca de un 3% adicional en tasas municipales.

Iñaki Zurueta

La informalidad sigue en aumento: 9 millones de personas trabajando “en negro”

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La informalidad no sólo se mantiene en números altos, sino que sigue en alza en la Argentina. Según confirmó el Indec, el porcentaje de personas que trabajan “en negro” alcanzó el 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en igual período de 2024 ese número era de 42%. Cuando asumió Javier Milei se ubicaba en 41,4%.

Hay que tener en cuenta que la medición del organismo estadístico se realizó en 31 aglomerados que comprende la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que tiene en consideración a 13,5 millones de personas ocupados –equivalente a una tasa de empleo de 45%–. En esos 31 aglomerados la informalidad abarca a 5,8 millones de ocupados informales, pero proyectado al total de la población alcanzaría a 9 millones de personas.

En un contexto de mercado de trabajo en el que el desempleo no se dispara, pero tampoco baja de manera considerable, comenzó a cobrar cada vez más protagonismo el empleo informal, tanto entre los asalariados como entre los cuentapropistas.

Así, la informalidad entre aquellos que tienen un salario llegó en el cuatro trimestre de 2025 a 36,3%, apenas por encima del 36,1% de igual período del año previo. Mientras tanto, entre los ocupados por cuenta propia, la informalidad subió un poco más en ese período: pasó de 62,4% al 63,3%.

El economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, comentó que, si bien la cifra de informalidad del cuatro trimestre de 2025 representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, “el promedio de informalidad de 2025 se ubicó en 42,9%, es decir, 1,1 puntos porcentuales por encima del 41,8% registrado en 2024, año marcado por el fuerte ajuste inicial del Gobierno”.

Además, Casas señaló que “por ahora, la recuperación económica no está llegando al empleo de calidad”. Y agregó: “Los datos de la situación y evolución del trabajo registrado muestran que, más allá de la informalidad, la calidad del empleo formal se deterioró a fines de año”.

El Indec indicó también que de ese total de trabajadores informales 44,5% son mujeres y 41,8%, varones. Además, precisó que entre quienes tienen hasta 29 años, la informalidad llega a 58,4%; de 30 a 64, a 37,6%, y de 65 años y más, a 58%. De la misma manera, se detalló que, por rama de actividad, la mayor informalidad se da en el servicio doméstico (79%), seguido por la construcción (73,8%). Con menores porcentajes, en tanto, se encuentran Hoteles y Restaurantes (59,7%), Comercio (52,6%), Servicios Sociales y Salud (20,8%) y Enseñanza (14%).

Carlos Manzoni

Columna: Los agentes de IA van a la producción. En Argentina llegarían al campo

La semana pasada, en el GTC de NVIDIA, varias de las empresas más grandes del mundo mostraron sus primeros despliegues de agentes de IA en sistemas de producción real. No demos. No pilotos con asterisco. Producción. FANUC, Honda, Mercedes-Benz, PepsiCo, Samsung, entre otras, ya tienen agentes operando en manufactura, logística y cadenas de suministro.

El cambio parece menor pero es definidor. Durante tres años, la IA fue un chatbot. Le preguntabas algo, te respondía. Útil para pensar, bastante menos para hacer. Los agentes son otra cosa: no esperan la pregunta. Leen contexto, deciden y actúan. Una farmacéutica presentó IA integrada en descubrimiento de drogas, ensayos clínicos, manufactura y supply chain, todo con fecha de producción plena para fines de 2026. Salesforce abrió Agentforce, su plataforma entera, para que estos agentes accedan a datos y workflows sin pasar por una interfaz humana.

Hasta ahora, usar IA requería un intermediario: alguien que hiciera la pregunta correcta, en el formato correcto, al modelo correcto. Los agentes eliminan eso. Ejecutan lo que la empresa decide que ejecuten.

La noticia llegó a Argentina por donde pocos esperaban: el campo. Según casos relevados en empresas CREA y publicados esta semana por Infobae, ya hay productores usando agentes de IA en operaciones concretas. No visiones. Casos. Una empresa forestal del grupo CREA Monte Cristo automatizó procesos internos y gestión comercial. Diego Agustín Álvarez, del grupo CREA Montoya, automatizó la carga de liquidaciones primarias: sube los comprobantes a una carpeta, el sistema extrae los datos, verifica duplicados, ordena registros y se los manda al contador. Sin tocar un botón.

El patrón es el mismo acá y afuera. No se trata de IA como estrategia abstracta. Se trata de IA como ejecución. Tareas repetitivas, visibles, que el dueño reconoce como fricción diaria.

Hay un detalle que vale la pena pensar: los primeros en mover agentes a producción no fueron startups. Fueron empresas grandes con operaciones complejas y datos ordenados. En Argentina, los primeros tampoco son startups. Son empresas agropecuarias con procesos rígidos y mucho dato crudo. El agro argentino tiene exactamente el perfil que la IA necesita para funcionar bien: tareas repetitivas con reglas claras y volumen de información.

¿Qué viene? Dos cosas. Más fierro: Project Stargate —la iniciativa de USD 500.000 millones respaldada por OpenAI, Oracle, SoftBank y el fondo MGX de Emiratos— ya tiene centros de datos en construcción en Texas, Nuevo México y Ohio. No es un fondo de venture capital. Es una apuesta industrial a que los agentes van a necesitar capacidad de cómputo que hoy no existe. Y más regulación: en agosto entran en vigencia los requisitos de transparencia del AI Act europeo para sistemas de alto riesgo y la Ley de Transparencia de IA de California. Las reglas van detrás de los agentes, pero van.

En Argentina, buena parte del tejido productivo sigue donde estaban los norteamericanos hace dos años: preguntándose si la IA es para ellos. Algunos ya contestaron. El campo lo demostró esta semana con nombres y apellidos.

Esteban Terranova

Lula promulgó en Brasil el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el martes pasado en Brasilia el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de que el texto fuera aprobado por el Congreso brasileño. La firma del decreto representa un nuevo paso institucional para la puesta en marcha de un entendimiento considerado estratégico para ambos bloques.

El acto se realizó en el Palacio de Planalto, con la presencia de autoridades del Gobierno y representantes parlamentarios. Según lo establecido, el acuerdo comenzará a entrar en vigencia de forma gradual a partir del 1 de mayo, con un esquema de reducción progresiva de aranceles.

Lula defendió el acuerdo y apuntó contra las medidas unilaterales

Durante la ceremonia, Lula destacó el largo proceso de negociación que derivó en la firma del tratado. “Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre, porque hay muchos intereses que intentan impedir que Brasil crezca y dispute espacio. Llega en un momento muy importante, al reforzar la idea consagrada del multilateralismo”, sostuvo.

Lula destacó el largo proceso de negociación que derivó en la firma del tratado: “Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre".

El mandatario también vinculó el avance del acuerdo con el escenario internacional y cuestionó las políticas comerciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Después de que (Trump) tomó las medidas que tomó, practicando gravámenes de forma unilateral contra el mundo entero, la respuesta que la Unión Europea y Brasil le dieron al mundo es que no existe nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en la relación cordial entre las naciones”, afirmó.

El tratado había sido firmado el 17 de enero en Paraguay, después de más de 25 años de negociaciones entre los dos bloques. El texto contempla la reducción o eliminación gradual de aranceles sobre más del 90% del intercambio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El acuerdo integrará un mercado de más de 700 millones de personas, al conectar al Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión plena- con la zona europea. Además, Lula señaló que el entendimiento podría servir como antecedente para otras negociaciones comerciales, entre ellas las que involucran a Singapur, Canadá y la eventual incorporación de Colombia al bloque regional.

Cuándo entra en vigor en la Argentina

El acuerdo entrará en vigencia en nuestro país este viernes 1 de mayo, tras ser incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 27.800 —promulgada por el Decreto 111/26 el 26 de febrero pasado. La misma fecha aplica para Uruguay y el mecanismo habilitará de inmediato la puesta en marcha de las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación pactadas.

Los capítulos de diálogo político y cooperación continuarán su proceso de ratificación en cada estado miembro de la UE. En la práctica, el esquema impactará principalmente sobre la eliminación progresiva de aranceles industriales y agrícolas. En algunos sectores, los gravámenes vigentes superan el 30%, por lo que la apertura representa una mejora sustancial en los costos operativos para exportadores de ambos lados del Atlántico.

La reciente tensión entre EE.UU. y Alemania, y el destino de la OTAN

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El lunes de la semana pasada, durante una visita a una escuela secundaria en la ciudad de Marsberg, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Estados Unidos estaba siendo «humillado» por Irán. El viernes, funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciaron un plan para trasladar 5.000 soldados de Alemania a Estados Unidos y otros países durante el próximo año.

Los funcionarios alemanes intentaron restar importancia al anuncio, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, calificó la medida de «previsible». Sin embargo, de forma inusual, los líderes republicanos del Congreso de EE.UU. se opusieron, argumentando que «reducir prematuramente la presencia estadounidense en Europa» enviaría un mensaje equivocado al presidente ruso Vladimir Putin.

Mientras Estados Unidos debate los detalles del reparto de la carga, Alemania se enfrenta a su propia política de seguridad.

El desafío tecnológico del «shale»: Vaca Muerta acelera la migración del diésel al gas

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La migración del diésel al gas natural en las operaciones de fractura se viene consolidado como un desafío tecnológico para la sostenibilidad de Vaca Muerta. Lo que en Estados Unidos comenzó como una búsqueda de eficiencia de costos, hoy se replica en la Cuenca Neuquina a través de una arquitectura de hardware y software que permite desplazar el uso de combustibles líquidos por el recurso propio del yacimiento.

Este salto cualitativo implica un cambio de motorización, pero a la vez la integración de sistemas de automatización capaces de gestionar la potencia y los transientes críticos (las variaciones bruscas de carga y torque) que demanda el pozo en su nueva escala de producción. Así lo plantearon en un encuentro técnico de la cadena de valor, Edward Eichstetter (CEO de EKU)Adrián Martínez (CEO de Calfrac) y George Jackson (VP de RPS), quienes presentaron la visión de un ecosistema que busca replicar el modelo estadounidense.

EKU, una compañía de origen alemán y con base en Estados Unidos, viene desarrollando durante la última década soluciones vinculadas a la electrificación de equipos de bombeo y al uso de gas natural en reemplazo del diésel, con foco en operaciones no convencionales. El desafío es producir más, pero con menor costo operativo, menos emisiones y una lógica tecnológica que permita escalar.

Argentina, un hub regional de talentos

Para Eichstetter, la región representa un hub de talentos que une experiencias de Europa y EE.UU. con el Cono Sur. «Más que traer automatización o tecnología para eficiencia, es una visión de cooperación porque todos los grandes productos vienen con clientes y proveedores. En conjunto con nuestra tecnología integrándola con Calfrac, buscamos integrar estos equipos de forma que el desplazamiento del diésel sea el máximo; mientras más automatización haya, mejor va a funcionar el sistema», aseguró en un encuentro con equipos técnicos de la industria.

El despliegue de bombas de fractura a gas es una sustitución de insumos, y un reto de ingeniería en el control de potencia. Eichstetter destaca que el uso de gas natural como combustible principal es un verdadero «game changer» que requiere una gestión inteligente. «Llevamos 10 años diseñando soluciones para usar gas. Ayudamos a automatizar ese proceso para que la bomba dé el mayor caudal posible de lo que logramos en EE.UU. El motor a gas para fractura tiene transientes muy importantes y, en conjunto con el controlador, tiene un efecto con el torque necesario para llegar a los niveles de presión requeridos», explicó.

Con la nueva manera de operar las bombas se maximiza el potencial de cada máquina, se reducen costos y es evita el error humano.

La plataforma Maximus desarrollado por EKU se presenta como el cerebro de esta transición, diseñado para absorber la complejidad operativa de sets que operan decenas de bombas simultáneamente. Según el directivo, la meta es reducir la carga del personal de campo: «Estamos tratando de quitar ese tipo de decisiones al operador. Se trata de ver cada equipo con su funcionamiento diferente, porque es muy difícil para un humano saber si un equipo tiene una diferencia específica cuando se operan 30 bombas. Se simplifica todo a caudal y presión para que el conjunto funcione de forma más eficiente».

Desde la visión del prestador de servicios, Adrián Martínez, de Calfrac, subrayó que la tecnología debe ser, ante todo, confiable y adaptable al recurso local. «Argentina en muchos de los campos tiene gas y con esta tecnología no hay que hacerle grandes adecuaciones para que pueda funcionar y es un ahorro muy importante. Desde 2017 somos players en Vaca Muerta con muchas tecnologías implementadas, y esto nos está cambiando la manera de operar», afirmó el directivo.

Martínez detalló que la automatización optimiza el rendimiento y actúa en resguardo de la vida útil del activo y la seguridad operativa. «Con el sistema que nos propone EKU, la manera de operar la bomba ya no va a estar sujeta a un error humano. Cuida el equipo, que es lo más interesante de esta tecnología, además de poder operar a distancia», resaltó, haciendo hincapié en que una operación promedio hoy demanda entre 20 y 22 horas de bombeo diario.

El impacto económico de migrar a gas

El impacto económico de migrar al gas es directo y medible en la estructura de costos de completación. Según los cálculos de Calfrac, el ahorro logístico es masivo. «Una operación de una etapa consume 13.000 litros de combustible. Con bombas de gas reduce ese costo; un litro es un dólar, son 13.000 dólares por etapa que se desplazan. El proceso va avanzando muy rápido: empezamos con dual fuel y en muy poco tiempo ya se habla de que sea 100% gas», detalló Martínez sobre la aceleración de la curva de aprendizaje en la cuenca.

Por su parte, George Jackson, VP de RPS, aportó la visión del diseño integral de hardware, destacando que Vaca Muerta es hoy la frontera tecnológica del shale. «Mi visión es que es el play de shale más desarrollado por fuera de EE.UU. Las máquinas de fracking son las más desarrolladas; es una extensión de lo que desarrollamos en EE.UU. y es interesante ver cómo otro país suma esa tecnología. Tomamos el motor y diseñamos todo el sistema que lo acompaña —transmisión y bomba— e integramos todo eso con la plataforma de EKU», explicó el ingeniero.

Uno de los mayores desafíos técnicos resueltos por esta tecnología es la capacidad de procesar gas de pozo sin tratamientos químicos exhaustivos. Jackson destacó la flexibilidad de los motores frente a la variabilidad del fluido: «El gas de la tierra es sucio y hace falta equipamiento para poder manejarlo. Típicamente uno tiene que tratarlo, sacarle el butano y el propano, pero uno de los beneficios del motor es que podemos manejar un rango de BTU muy amplio, de 600 hasta 2.300. Opera como si fuera diésel aunque trabaja con gas natural».

La robustez de estos equipos proviene de su herencia en la industria de la compresión, lo que garantiza una mecánica superior. Jackson subrayó que «históricamente fueron motores de recolección de gas, y ese diseño se traduce muy bien en el fracking porque trabajan 24/7 manteniendo el ritmo. Los motores a gas tienen una vida de 25.000 horas frente a las 15.000 de un diésel, con lo cual el retorno de inversión es más alto«.

Ignacio Ortiz

FAdeA: ahora hablan de su inserción global. En AgendAR hay escepticismo

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En un paso para fortalecer la presencia internacional de la industria aeronáutica nacional, se realizó la primera reunión de la “Mesa FAdeA Internacional”, un ámbito de articulación creado en el seno del Ministerio de Defensa de Argentina para potenciar la proyección global de la Fábrica Argentina de Aviones.

El encuentro tuvo lugar en la órbita de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, y reunió a representantes de distintos organismos del Estado vinculados a la defensa, la industria y la promoción de exportaciones, evidenciando una estrategia coordinada para posicionar productos argentinos en mercados internacionales.

Durante la jornada, FAdeA presentó un panorama actualizado de sus avances en comercialización internacional, con especial foco en sus principales desarrollos: el IA-63 Pampa y el IA-100. En ese marco, se detallaron las gestiones comerciales e institucionales en curso, así como las oportunidades detectadas para su inserción en el exterior.

La reunión contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Economía de Argentina y del propio Ministerio de Defensa, en un esquema que apunta a alinear políticas públicas y potenciar la competitividad internacional del sector.

La “Mesa FAdeA Internacional” se proyecta como una herramienta clave para coordinar esfuerzos interinstitucionales, generar sinergias y consolidar una estrategia sostenida de inserción global. El objetivo es fortalecer el posicionamiento de la industria aeronáutica argentina y ampliar las oportunidades de exportación de sus desarrollos tecnológicos.

Entre los participantes se destacaron Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa; Leandro Gargiulo, director nacional de Planes y Programas para la Industria y Producción de la Defensa; Ramiro Svenden, director de Política Industrial y Producción para la Defensa; el teniente coronel Daniel Martella, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; María Jimena Schiaffino, directora de Seguridad Internacional de la Cancillería; Julio Manco, presidente de FAdeA; Carlos Espinedo, gerente general de la empresa; y representantes de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, como Nicolás Giraldez Ballestrasse y Romina Querzoli.

Florencia Lucero Heguy

Comentario de AgendAR:

Las charlas no son noticias aeronáuticas, y máxime cuando ninguno los charlistas es ingeniero aeronáutico.

Tampoco ayuda a creerles la voluntad exportadora que la charla la organizaran quienes están parando y desguazando la FAdeA, siguen echando a sus RRHH y dejaron caer a su cadena nacional de proveedores.

Ninguno de los presentes ha terminado y vendido un IA100, el avión más simple, moderno y atractivo de la FAdeA. Y de paso, el único original y factible de construcción íntegramente local desde los años ’70.

Ese avión no existe ni como prototipo representativo de una serie. El problema es que el modelo de ensayo, terminado en 2015, es muy distinto dimensionalmente, por equipamiento, motorización y potencia. No es vendible a otras fuerzas aéreas, y tampoco lo compró NUESTRA fuerza aérea.

Ésta fue una actividad decorativa de una fábrica colonizada y dirigida por ñoquis con la misión de que no fabrique ni venda nada, y de que la termine de cubrir el polvo. Humo aeronáutico. Pero no muy aeronáutico.

Quizás los canapés eran buenos.

Daniel E. Arias

La Pampa lanzó la licitación para ampliar el parque solar de General Pico

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La Pampa oficializó el llamado a licitación para la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, un proyecto estratégico que apunta a consolidar la generación renovable y reforzar el abastecimiento energético del entramado productivo local. La iniciativa sumará 15 megavatios (MW) de potencia y se desarrollará bajo un esquema de inversión público-privada.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto y se formalizó a través de la Licitación Pública N° 1/26, presentada tanto en la provincia como ante inversores en un evento realizado en el barrio porteño de Recoleta. La obra se apoya en una primera etapa ya en marcha, también de 15 MW, y forma parte de un plan más amplio que prevé escalar hasta los 50 MW de capacidad instalada en el norte pampeano.

Durante la presentación, que convocó a representantes de 19 empresas de distintos puntos del país, el gobierno provincial detalló que la energía generada estará destinada principalmente a abastecer la demanda industrial de la región. En un contexto donde el costo y la disponibilidad de energía se volvieron variables críticas para atraer inversiones, el proyecto busca posicionarse como un factor de competitividad.

El proceso licitatorio apunta a seleccionar un socio privado que se encargue del desarrollo integral del parque: desde la ingeniería y provisión de equipos hasta la construcción, operación, mantenimiento y comercialización de la energía. El esquema prevé un contrato a 20 años con garantía de compra de la producción, lo que introduce previsibilidad en un mercado atravesado por la volatilidad macroeconómica.

Uno de los ejes centrales del modelo es la estructura de precios: durante los primeros siete años se establece un valor fijo surgido de la oferta ganadora, mientras que luego se ajustará en función del mercado, tomando como referencia el Precio Estabilizado de la Energía. Esta combinación busca reducir el riesgo inicial y mejorar la competitividad del proyecto para los inversores.

La propuesta se complementa con incentivos fiscales -como la exención de impuestos provinciales por dos décadas- y con la participación de Pampetrol, que integrará una Unión Transitoria con el adjudicatario. En ese esquema, la firma estatal tendrá el 20% del proyecto, mientras que el privado concentrará el 80%. Además, Pampetrol cederá utilidades como parte de un mecanismo orientado a reducir el costo final de la energía.

Entre los activos que aporta el sector público se destacan el predio de más de 100 hectáreas, la factibilidad de conexión al sistema eléctrico, estudios ambientales y el contrato de abastecimiento. Las ofertas deberán estructurarse en base a tres variables: costo del proyecto, precio de la energía y participación en utilidades.

El pliego también contempla una posible expansión adicional de otros 15 MW bajo el mismo esquema, lo que abre una ventana de crecimiento para el adjudicatario en el mediano plazo.

Energía para la producción

El parque solar se integra a una estrategia más amplia de desarrollo económico. Está ubicado dentro del Polo de Abastecimiento Energético y Desarrollo Productivo de General Pico, un espacio pensado para articular infraestructura energética con actividad industrial.

En ese marco, Ziliotto remarcó el vínculo directo entre energía y competitividad: “Manejar el precio de la energía es tener bajo nuestra decisión una de las principales variables del agregado de valor”, sostuvo.

La ampliación del parque forma parte de la hoja de ruta provincial para diversificar la matriz energética. El objetivo es alcanzar un 35% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables hacia 2030, en línea con la necesidad de garantizar suministro a sectores productivos en expansión y reducir la dependencia de fuentes tradicionales.

Con este proyecto, La Pampa busca posicionarse no solo como generadora de energía limpia, sino también como un polo atractivo para inversiones industriales que requieren previsibilidad en costos energéticos.